Competition policy is a dynamic process in which two questions arise: the configuration of the institutional framework and, on the other hand, the potential negative effects of the reforms processes. Based on surveys to employers (International Institute for Management Development, IMD), this paper evaluates the evolution of the effectiveness of competition policy at international level and how some countries' competition policy (or authority) reforms change this perceived effectiveness: United Kingdom, France, Netherlands, Finland and Spain. Results show that the last Spanish competition policy reform (creation of the CNMC), was non-positive, despite some improvements in recent years.
Las políticas e instituciones están sometidas a ciclos de reforma y contra-reforma. Éstas pueden impulsar periodos de auge o declive en la efectividad de las políticas públicas. Estos ciclos son especialmente volátiles y amplios en los países que tienen problemas de estabilidad institucional. En España, la política de competencia ilustra estos ciclos volátiles y amplios en la efectividad de las políticas públicas como pocas otras. En los últimos 20 años (1995-2014), España ha vivido dos ciclos completos de intensos auges y declives en la efectividad de la política de competencia, con una ganancia media de efectividad del 14 por 100. El último ciclo de diez años (2005-2014) ha recogido un aumento destacable y posterior caída en la efectividad de la política de competencia, saldándose sin ganancia significativa en la misma: un inane y desgastante ciclo completo de reforma y contra-reforma. La comparación de resultados con un conjunto de 54 países del mundo muestra que esta volatilidad cíclica en la efectividad de la política de competencia en España es una anormalidad estadística. Dada la relevancia del marco institucional y el enforcement, nuestros resultados apuntan a la necesidad de estabilizar la calidad institucional en materia de competencia como garante de una mayor efectividad de la misma.
In an effort to comply with European requirements, the State legislator has introduced a special administrative review for public procurement matters, entrusting an independent administrative authority with the task of settling the disputes. However, the autonomous regions are entrusted with the task of regulating them. In this context, Castilla y León plans to introduce a Public Procurement Review Administrative Court, with the peculiarity of being attached to the Consultative Council of the Autonomous Region. ; En su intento por cumplir con las exigencias europeas, el legislador estatal ha introducido un recurso administrativo especial en materia de contratación pública, cuya resolución se encarga a un órgano administrativo independiente. No obstante, su regulación se entrega a las CCAA. En este contexto, Castilla y León prevé la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que –como singularidad– se adscribe al Consejo Consultivo de la CA.
In the face of confusion that a constitutional state of exception can generate, especially regarding determinate who is the holder of the powers to face it. This work seeks to give a certainty quota, which allows orienting the concurrence of central and communal authorities on said stage. In that sense, despite that the natural autonomy of the local council, it postulates the superiority of the Head of State, in contrast to the municipal act, because of the governmental origin of the declaration of a state of exception. However, this it also justifies the municipal intervention, expressed in the duties of collaboration and coordination with the central authority, like a product of the systemic unity that characterizes the public administration. ; Ante la confusión que puede generar un estado de excepción, específicamente en lo que respecta a determinar quién es el titular de las competencias para enfrentarlo, este trabajo busca otorgar una cuota de certeza que permita orientar la concurrencia de autoridades centrales y comunales en dicho escenario. En tal sentido, y a pesar del carácter autónomo de los municipios, postula la preponderancia del jefe de Estado frente al actuar municipal en un contexto de excepción constitucional, como consecuencia del origen gubernativo de dicha declaración. Sin perjuicio de ello, también justifica la intervención del municipio, amparada en sus deberes de colaboración y coordinación con la autoridad central que emanan de la unidad sistémica que caracteriza a la Administración Pública.
De la complejidad estructural de la Iglesia Católica y la vasta diversidad de sus entidades se deduce la necesidad de que los sujetos de la autoridad eclesiástica competente, entre ellos el Obispo diocesano, dispongan de instrumentos que les permitan acceder, de una forma lícita y objetiva y para el ejercicio de sus funciones de gobierno, a la información concerniente a las entidades que actúan en el territorio de las Iglesias particulares. Partiendo de los criterios clasificatorios de la diversidad de entidades, en este artículo se intenta delimitar los parámetros y contenido del instituto de la vigilancia, en su sentido amplio y estricto, para terminar realizando una propuesta de instrumentos que pueden servir al ejercicio de este derecho-deber por parte del Obispo diocesano como sujeto de autoridad eclesiástica competente. ; As complex as the Catholic Church's structure is and as diverse as its entities are, it is necessary for ecclesiastical competent authorities such as the diocesan bishop to have tools which legally and objectively allow them to access information about the entities related to Particular Churchs, in line with their government duties. Drawing on the qualifying criteria of the variety of entities, this paper aims to define the parameters and the content of the monitoring organism in its widest and most narrow sense, so as to eventually suggest tools that can be necessary for the diocesan bishop to exercise this right and duty as the ecclesiastical competent authority. ; Derecho canónico
The intellectual property as legal space brings the disciplines of Copyright and Industrial Property that make up a set of legal rules that aim to protect the artistic creator, scientist and businessman. It is in the commercial that intellectual property has transpired, from the origins of the property until its recognition of intangible assets, which in turn become the object of likely international trade to be exported and imported, and that necessarily have to be legalized by the competent authority. In Venezuela, all customs and tax administration system provide the competent authority with the power to authorize the entry and exit of those goods protected by intellectual property, which are traded internationally. This study aimed to analyze the system of protection of Intellectual Property Rights in Venezuelan customs legislation. For this, it conducted a documentary legal research, descriptive. The technique used as a methodology for the analysis of the results is deductive. The investigation concludes that the customs system, recommendation, you must activate a series of laws to protect intellectual property rights violated; application is questioned in this investigation mechanisms. The recommendations were about the reform of the law by the National Assembly, the restructuring of the system through collaboration of public bodies and the scientific community for the strengthening of knowledge on the subject. ; El derecho de propiedad intelectual como espacio jurídico, reúne las disciplinas de Derecho de Autor y Propiedad Industrial que conforman un conjunto de normas jurídicas que tienen como finalidad proteger al creador artístico, científico y al comerciante. Es precisamente en lo comercial que la propiedad intelectual ha trascendido, desde los orígenes de la propiedad hasta su reconocimiento sobre bienes inmateriales, que a su vez se convierten en objeto del comercio internacional susceptibles de ser exportados e importados, y que necesariamente tienen que ser legalizadas por la autoridad competente. En Venezuela, la aduana y todo el sistema de administración tributaria constituyen la autoridad competente con la facultad para autorizar la entrada y salida de aquellos bienes protegidos por la propiedad intelectual, los cuales son objeto del comercio internacional. El presente estudio tuvo como objetivo analizar el sistema de protección del Derecho de Propiedad Intelectual en la legislación aduanera venezolana. Para esto, se llevó a cabo una investigación jurídica documental, de tipo descriptiva. La técnica utilizada como metodología para el análisis de los resultados es la deductiva. De la investigación realizada se concluye que el sistema aduanero, por recomendación internacional, debe activar una serie de mecanismos legales a fin de proteger los derechos intelectuales vulnerados, aplicación que se pone en duda en la presente investigación. Las recomendaciones fueron en torno a la reforma de la ley por parte de la Asamblea Nacional, la restructuración del sistema mediante la colaboración de los entes públicos y a la comunidad científica para el reforzamiento de los conocimientos sobre la materia.
La disparidad normativa autonómica viene produciendo distorsiones en el régimen de actividad de las empresas que perjudica su gestión. Frente a ello, sin embargo, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado no dispone medidas positivas de carácter armonizador, estableciendo más bien una estrategia de corte desregulador que incluye disposiciones técnicamente discutibles. Partiendo de ello, el trabajo se centra en el estudio crítico del sistema de determinación de la autoridad competente para la supervisión de las actividades económicas, articulado en base a los conceptos de autoridad de origen, de destino y del lugar de fabricación. Se destaca así que la autoridad de origen debe ser la del primer acceso y que las autoridades de destino deben controlar el ejercicio de las actividades conforme a su propia normativa. El examen arroja que la aplicación del sistema requerirá superar ciertos defectos de técnica legislativa —bastando en algunos casos la vía interpretativa y requiriendo en otros una modificación legal—, así como una estrecha cooperación de las Administraciones públicas implicadas. ; The disparity of regional regulations generates distortions in the economic regime of companies being prejudicial to their management. However, the Act on market unity guarantee does not include positive harmonisation measures, instead establishing a deregulated strategy which includes some technically disputable provisions. Henceforth, the paper is focused on the critical study of the system of determination of the competent authority for the supervising of economic activities, based on the concepts of authority of origin, of destination and the place of manufacturing. It highlights that the authority of origin must be that of the first access and that the authorities of destination must control the exercise of activities in conformity with their own regulation. The examination reveals that the application of the system would require overcoming certain technical legislative defects —an interpretation being sufficient in some cases and a legal modification being required in others— as well as a close cooperation of the public administrations involved.
The aim of the study was to identify the legal mechanisms for the establishment of e-government and the development of e-governance from the perspective of international law and national legislation of countries where the level of e-governance is very high. Empirical and theoretical methods of scientific knowledge, as well as the comparative analysis were used for a comprehensive coverage of the research topic. It is found that the community-oriented principles are the basis for the functioning of e-government with a view to the digital transformation values. The establishment of digital government in different countries with a very high level of e-governance has its own peculiarities related to the status of the national legal framework, institutional capacity and economic development, information policy and information security. It was established that the e-governance should be improved by eliminating the digital gap, raising the level of digital literacy, creating a single competent authority to regulate public e-governance policy, introducing a network system of access to e-government services, and establishing a system for training civil servants on the provision of electronic services. Further research on e-governance may be focused on follow-up study and argumentation in order to determine effective legal tools of its regulation.
El presente trabajo presenta una solución a un problema central, derivado de su cultura, que sufren hoy en día los productores plataneros del cantón El Carmen, provincia de Manabí, Ecuador; como es la discriminación de personas de sexo femenino. Dicha propuesta es producto de una metodología basada en la revisión documental, entrevistas realizadas a varios productores de la zona, visitas de campo, con el fin de obtener información para así comprender ambas temáticas de manera integral. Consecuentemente, diseñar una solución coherente a sus deficiencias. Se ha planteado una propuesta de inclusión laboral bajo la figura política pública, enfocada en la producción platanera del cantón El Carmen, dirigida a la inclusión de las mujeres, puesta en práctica por el órgano competente, quién, bajo el ejercicio de sus atribuciones, deberá capacitar y asesorar técnicamente a los productores del sector. Todo esto a fin de promover la equidad en el desarrollo económico e incluir a la mujer como parte fundamental de la cadena productiva, para el bienestar común del cantón agrícola. AbstractThe present work focused on the proposal for a solution to a key problem, derived from their culture, suffering today banana producers Canton El Carmen, Manabí, Ecuador, the discrimination against women. This scheme is the result of a methodology based on the document review, interviews with several producers in the area and also, the field visits. The main aim was to get information and thus understand both issues holistically and consequently. To develop a coherent solution its shortcomings. It raised a proposed labor inclusion under a public political figure, led and implemented by the inclusion of women, by the competent authority, who shall train and technical advice to farmers in the sector. All this in order to promote equity in economic development and include women as a fundamental part of the production chain, for the common welfare of agricultural canton.
The deficiencies in filing a criminal complaint, supported by the order to open investigation, lead to the subsequent annulment of the case after a lengthy process. Therefore, it becomes urgent that the competent authority duly justifies his examination and determinations, which although the Government Attorney General's Office is responsible for criminal prosecution, it is the judge's responsibility to control legality, and in this sense, assessing if the facts identifying the criminal actions are contained in the document containing criminal prosecutions. If so, the pertinent legal grounds should be indicated without changing the facts. This will contribute to eliminate excessive costs and the sensation of unpunishment derived from such technical deficiency flaws ; Las deficiencias en la formulación de la denuncia penal, avaladas por el auto de apertura de instrucción, terminan por conducir a una posterior declaración de nulidad luego de un prolongado proceso, por lo que se hace imperativo que el operador jurisdiccional justifique debidamente su examen y calificación, pues, sin que ello signifique negar la titularidad de la acción penal al Ministerio Público, le compete al juez realizar el control de legalidad, y en tal sentido, evaluar si en el escrito de promoción de la acción penal se ha realizado una adecuada subsunción de los hechos que identifican al injusto penal imputado, y en su caso, señalar la fundamentación jurídica pertinente, con la limitación de que al hacerlo se evite variar los hechos. Esto contribuirá a eliminar los excesivos costos y la sensación de impunidad generados por las referidas deficiencias técnicas
Capítulos en libros ; El matrimonio, tradicionalmente, era la unión legal de un hombre y una mujer dirigida a establecer una comunidad de vida; a fundar una familia. Con el paso de los años, varias reformas legales (en especial la Ley 13/2005, de 1 de julio por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio y la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código civil y la Ley de Enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio). Ellas han afectado a esta institución para adaptarla a la sociedad actual. Por este motivo es necesario conocer qué requisitos necesita reunir una persona y qué trámites debe seguir tanto de fondo (edad núbil; inexistencia de vínculo matrimonial subsistente; capacidad de obrar; no estar incursos en algún impedimento matrimonial, prestación del consentimiento; etc.) como de forma (expediente matrimonial; testigos, autoridad competente para la celebración; inscripción en el Registro civil, etc.) para poder contraer matrimonio válidamente de acuerdo con nuestra legislación. ; Marriage, traditionally, was the legal union of a man and a woman aimed at establishing a community of life; to found a family. Over the years, several legal reforms (especially Law 13/2005, of 1 July, which modifies the Civil Code regarding the right to marry and Law 15/2005, of July 8, which modifies the Civil Code and the Law of Civil Procedure in matters of separation and divorce They have affected this institution to adapt it to today's society. For this reason it is necessary to know what requirements a person needs to meet and what procedures must be followed in the background (Nobility age, no existing marriage bond, ability to act, not be subject to a marriage impediment, provision of consent, etc.) as a way (matrimonial file, witnesses, competent authority for the celebration, registration in the civil registry, etc.) to be able to contract marriage validly in accordance with our legislation ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
As the years go by, the legal sciences evolve and adapt to new realities and social contexts, which look for people to interact and live in harmony with their peers, so it is essential to regulate human behavior and activity in each area of the law. In this article, a legal form of medicine, specifically, the clinical record, was studied that it's originated from the medical care service between the health professional and the patient. Therefore, the main objective of this research was to establish the basic and legal aspects of the clinical file, the law professional must know, so that they can proceed legally on behalf of health users before the competent authority. To fulfill the objective of this research, a qualitative documentary methodology was used through a systematic review of the literature whence it was possible to establish the basic legal aspects of knowledge and interest to the lawyer, as well as the sanctions contemplated by Mexican legislation against physicians for mishandling the medical record. ; A medida que avanzan los años, las ciencias jurídicas van evolucionando y adaptándose a nuevas realidades y contextos sociales, y estas pretenden que las personas interactúen y vivan en armonía con sus semejantes, por lo que es indispensable regular la conducta y actividad humana en cada área del Derecho. En este artículo se estudió una figura jurídica del área de la medicina, específicamente el expediente clínico, el cual se origina a partir del servicio de atención médica entre el profesional de la salud y el paciente, por lo que el objetivo principal de esta investigación fue establecer los aspectos jurídicos básicos del expediente clínico que debe conocer el profesional del Derecho para que pueda proceder legalmente en representación de los usuarios de la salud, ante la autoridad competente. A efecto de cumplir con el objetivo de esta investigación, se usó la metodología cualitativa documental, a través de la revisión sistemática de la literatura, donde se identificó los aspectos jurídicos básicos que son del interés del abogado y que este debe conocer, así como las sanciones que contempla la legislación mexicana en contra de los médicos por el mal manejo del expediente clínico.
En un escenario marcado por la elevación a pandemia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, el Estado español decidió declarar el estado de alarma. De modo preliminar vamos a estudiar si el estado de alarma es el nivel de excepcionalidad adecuado, a la luz de la configuración por la que ha optado el sistema español ¿diferenciadora, en lugar de gradualista¿.
A continuación, haremos específica referencia a los ilícitos de naturaleza administrativa en que se puede incurrir al vulnerar la limitación de circulación impuesta. Así, pretendemos analizar cuál es la normativa sectorial más adecuada para encuadrar el reproche punitivo, y cuál es la autoridad competente para la incoación, tramitación y resolución del expediente.
Por último, haremos una breve referencia a la incidencia que tiene la suspensión de términos e interrupción de plazos sobre la tramitación del expediente administrativo sancionador correspondiente. COVID-19k eragindako osasun publikoko larrialdi-egoera pandemiara igotzeak markatutako egoera batean, Espainiako Estatuak alarma-egoera deklaratzea erabaki zuen. Lehenik eta behin, alarma-egoera salbuespen-maila egokia den aztertuko dugu, Espainiako sistemak hautatu duen konfigurazioaren arabera ¿bereizlea, gradualista izan beharrean¿.
Jarraian aipatzen den osasun publikoko larrialdi-egoera pandemiara igotzearen ondorioz, berariaz aipatuko ditugu ezarritako zirkulazio-muga urratzean gerta daitezkeen administrazio-arloko arau-hausteak. Horrela, aztertu nahi dugu zein den zigor-gaitzespena kokatzeko araudi sektorial egokiena, eta zein den espedientea hasteko, izapidetzeko eta ebazteko agintaritza eskuduna.
Azkenik, labur-labur aipatuko dugu terminoak eteteak eta epeak geldiarazteak zer eragin duen dagokion zehapen-espediente administratiboaren izapidetzean. In a scenario where the public health emergency situation caused by COVID-19 was considered to be pandemic, Spain decided to declare a state of alarm. First, we are going to study whether the state of alarm is the appropriate level of exceptionality, in the light of the configuration adopted by the Spanish system ¿ a differentiating, rather than staggered one.
Next, we will make specific reference to the illicit acts of an administrative nature that may occur by violating the movement limitation imposed. Thus, we intend to analyze which the most appropriate sector-specific regulation to frame the punitive reproach and who the competent authority for the initiation, processing and resolution of the file should be.
Lastly, we will make a brief reference to the impact of the suspension of terms and the interruption of limitation periods regarding the corresponding sanctioning administrative proceedings.
The criterion expiration SRI occurs because of term expiry probably this is not fulfilled because it is subject to arising situations that may suspend the expiration, taking into account as well as the legislation extends a determiner faculty, it also establishes. the ways in which you can suspend the deadline for the expiration handing over the administration continue through the determiner faculty of the foregoing, the Tax Code in its Article 95 sets; "The limitation periods are interrupted by the legal notice of the order of verification issued by competent authority" then it states that the order of determination loses legal effect when acts of control do not start from twenty working days in which the count starts when the order of determination is notified, or also, if already started this process will come to suspend for more than fifteen days consecutively, however, the active subject may request be granted a new order of determination, provided that the expiry date is found, according to the provisions of this Art. 95 pending. ; El presente trabajo tiene por objeto realizar el análisis de determinados fallos de casación expedidos por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional respecto al criterio de caducidad de la Administración Tributaria para ejercer su facultad determinadora, donde claramente se desprende del estudio de las sentencias, que el juzgador en uso de su potestad jurisdiccional y en su afán de administrar justicia apegado a la Ley no siempre hace justiciables los derechos del recurrente, debido a la mala interpretación de la Ley, la cual considero está viciada de falencias y su aplicación no siempre conlleva a garantizar derechos, y si a esto le sumamos el indiscriminado abuso que puede existir por parte tanto de los contribuyentes y profesionales que le asisten para incurrir en este proceso y dilatar el mismo, así como también la no oportuna gestión por parte de la Administración Tributaria dentro de su facultad determinativa cubriéndose de una norma abierta a interpretaciones, norma que es necesario sea reformada.
