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Como respuesta al conflicto armado que se ha desarrollado en Libia a lo largo de 2011, la UE ha ejecutado las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad que no implican el uso de la fuerza, ha destinado más de 150 millones de euros de ayuda humanitaria a la región, ha puesto en marcha la operación FRONTEX "EPN Hermes Extensión 2011", y ha proyectado una operación militar de apoyo a la asistencia humanitaria, la EUFOR Libia, que nunca se ha desplegado. En una perspectiva más general, las revueltas populares que se han sucedido en varios Estados del sur del Mediterráneo, entre ellos Libia, en el que se ha desembocado en una guerra civil, han certificado el fracaso de la política exterior de la UE en esta región. En efecto, durante la última década la política euromediterránea de la UE ha estado mucho más centrada en la cooperación económica y comercial —sobre todo en el campo energético— y en el control de la inmigración irregular, que en el escrupuloso respeto del ordenamiento internacional y la promoción de la democracia, el Estado de derecho y el respecto de los derechos humanos, así como el desarrollo económico y social de la población de los Estados del sur del Mediterráneo. ; As a response to the armed conflict occurred in Libya during year 2011, the EU has applied those Security Council sanctions not involving the use of force. Likewise, the EU has allocated more than E 150 million to humanitarian assistance in the region having implemented Frontex Operation «EPN Hermes Extension 2011» as well and having designed a military operation in support of humanitarian assistance there —the so-called EUFOR Libya, never deployed before. From a more general perspective, people's uprisings in several Southern Mediterranean States —which in the Libyan case has led to a civil war— have proved the failure of EU's foreign policy in the region. In fact, EU's Euro-Mediterranean Policy in the last decade has been mainly focused on financial and trade cooperation (especially in the energy field) and on irregular migration control, to the detriment of the full respect for International Law, and the promotion of democracy, the rule of Law and the respect for human rights, and the economic and social development of the peoples in Southern Mediterranean States. ; Trabajo elaborado en el marco del proyecto de investigación coordinado, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, "La Política Mediterránea de la Unión Europea en perspectiva: el proceso de Barcelona, la Unión para el Mediterráneo y los intereses españoles" (DER2009-14238-C02-01).

Una de las consecuencias de la creciente movilidad de los ciudadanos en la Unión Europea es el aumento exponencial de sucesiones que presentan una dimensión internacional. La sucesión de estos nacionales de la Unión se plantea cuanto menos compleja, debido a la disparidad legislativa existente en materia de sucesiones y la inseguridad jurídica que provoca la multiplicidad de regímenes jurídicos en el ámbito del Derecho internacional privado de sucesiones en la Unión Europea. El nuevo Reglamento de sucesiones permitirá disponer de un sistema uniforme para determinarla competencia judicial, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia sucesoria en el ámbito de la Unión Europea. El objeto de este trabajo es reflexionar sobre las consecuencias de la aplicación del sistema unitario que plantea el Reglamento en materia de sucesiones internacionales y, en particular, en relación a la ley aplicable, su incidencia en la figura del reenvío, las ventajas e inconvenientes que aporta y sus consecuencias en los sistemas nacionales de Derecho internacional privado de los Estados miembros. ; One of the consequences of the increasing mobility of citizens within the European Union is the exponential increase of international successions. The succession of these EU citizens appears complex because of the disparity of the existing legislation concerning successions and the legal uncertainty caused by the multiplicity of legal regimes in the field of Private international law on succession in the European Union Member States. The adoption of the new Regulation on successions in the European Union provides a uniform system for determining the jurisdiction, the applicable law and the recognition and enforcement of judgments in matters of succession at the European Union level. The purpose of this paper is to analyze the consequences of the application of the unitary system proposed in the Regulation for international successions, especially in relation to the applicable law, their impact in the institution of renvoi, their advantages and disadvantages and their consequences on the national systems of Private international law of the EU Member States.

Malgrat que des de feia ja molt de temps existien raons socials, mediques i jurídiques més que suficients, han tingut de passar més de cent vint anys (1889-2011) per a que es dugués a terme la necessària reforma de l'obsolet article 30 CC. mitjançant la qual s'ha prescindit, per fi, de l'estranya, per anòmala, i criticada condicio iuris – figura humana i supervivència independent més enllà de les primeres 24 hores – que caracteritzava l'adquisició de la personalitat civil en el Dret espanyol, sense parangó en els ordenaments del seu entorn jurídic. El nou criteri, fonamentat únicament en el naixement entès des de la seva consideració jurídica – despreniment del claustre matern -, permet prescindir, des d'aquest "moment", de qualsevol limitació a la projecció jurídica, tant personal com patrimonial, del nounat, incloent per tant els efectes successoris mortis causa. El desencadenant de la novetat legislativa, vehiculada per la nova Llei del Registre Civil (2011), no fou un altre que la regulació dispensada amb anterioritat (2010) per l'article 211-1.1 del Codi civil de Catalunya, que va fer descansar ja en el mer naixement l'atribució de la personalitat civil. Tant la tramitació parlamentària de la modificació de l'art. 30 CC. com el desenvolupament de la qüestió competencial plantejada pel Govern de l'Estat en contra del precepte català, confirmen, en un procés de mútua interferència, la influencia determinant que sobre la reforma duta a terme va tenir la decisió de Catalunya de legislar sobre aquesta matèria. ; A pesar de que desde hacía ya mucho tiempo existían razones sociales, médicas y jurídicas más que sobradas, han tenido que pasar más de ciento veinte años (1889-2011) para que se llevara a cabo la necesaria reforma del obsoleto artículo 30 CC., mediante la cual se ha prescindido, por fin, de la extraña, por anómala, y criticada condicio iuris – figura humana y supervivencia independiente más allá de las primeras 24 horas - que caracterizaba la adquisición de la personalidad civil en el Derecho español, sin parangón en los ordenamientos de su entorno jurídico. El nuevo criterio, fundamentado únicamente en el nacimiento entendido desde su consideración jurídica –desprendimiento del seno materno -, permite prescindir, desde este "momento", de cualquier limitación a la proyección jurídica, tanto personal como patrimonial, del recién nacido, incluyendo por tanto los efectos sucesorios mortis causa. El desencadenante de la novedad legislativa, vehiculada por la nueva Ley del Registro Civil (2011), no fue otro que la regulación dispensada con anterioridad (2010) por el artículo 211-1.1 del Código civil de Cataluña, que hizo descansar ya en el mero nacimiento la atribución de la personalidad civil. Tanto la tramitación parlamentaria de la modificación del art. 30 CC. como el desenvolvimiento de la cuestión competencial planteada por el Gobierno del Estado en contra del precepto catalán, confirman, en un proceso de mutua interferencia, la influencia determinante que sobre la reforma llevada a cabo tuvo la decisión de Cataluña de legislar sobre esta materia. ; Even though there were more than enough social, medical and legal reasons, the necessary reform of the obsolete Art. 30 CC has lapsed for over a hundred and twenty years (1889-2011), whereby it has finally dispensed the strange, anomalous, and criticized condicio iuris –independent human figure and survival beyond the first 24 hours– that characterized the acquisition of legal personality on Spanish law unparalleled in neighbor legal systems. The new approach, based solely on the birth understood as a legal consideration -detachment of the womb- discharges from this "moment" of any limitation to the legal projection, personal and patrimonial, of the newborn, thus including successoral effects mortis causa. The trigger for the new legislation, conveyed by the new Civil Registry Act (2011), was none other than the previously approved regulation in 2010 of the Catalonian Civil Code, which of links the attribution of legal personality on the mere fact of birth (Article 211-1.1). Both the parliamentary process of the amendment of art. 30 CC as well as the development of the issue of jurisdiction raised by the State Government against the Catalan law, confirms, in a process of mutual interference, the decisive influence that the reform carried out in Catalonia had on the decision to legislate on this matter.

. ; Constituye un gran error olvidar que los profesionales del derecho no pueden ser simples aplicadores de códigos normativos, sino que a partir de una serie de declaraciones de principios deben ser intérpretes de la ley, siempre en clave constirucionalista. Nadie es aséptica por naluraleza ante un conflicto social. No interesa que el poder judicial sea débil, vulnerable e ineficaz, para así criticarlo cada vez que se discrepe de sus decisiones. Al poder político le gustan mucho más los juristas que se limitan a aplicar de forma literal y neutra la ley. El objetivo primordial del derecho es decidir lo que es justo. La administración de justicia tiene que ser honesta, servida por personas con una sólida formación jurídica; pero, al mismo tiempo, dotadas también de una inseparable formación complementaria en campos tan próximos al derecho como son la ética, la criminología, la educación psicosocial. El lenguaje jurídico debe ser también vehículo de comprensión de la ley. ; We make a great mistake when we forget that law professionals cannot be merely appliers of legal codes, but that they must interpret the law, always from the constitucionalist standpoint. Nobody is aseptic by nature in the face of a social conflict. Legal powers cannot be weak, vulnerable and inefficatious, and we must be able to criticise them when we do not agree with their decisions. Political power prefers jurists who merely apply the law literally and neutrally. The main objective of the law is to decibe what is fair. The administration of justice must be honest, served by people with solid legal training. Hoewer, they must also be endowed with an inseparable complementary training in areas close to law such as ethics, criminology.

El TJUE ha desarrollado una rica jurisprudencia en torno a la edad como causa de discriminación prohibida, si bien con una exclusiva proyección en el ámbito de las relaciones laborales, pues hasta ahora es el único ámbito donde el Consejo ha ejercido la competencia prevista en el art. 19 TFUE en relación con esta causa de discriminación. Tal y como se articula en la Directiva 2000/78, la edad es merecedora de un nivel intermedio de protección, sobre todo en comparación con otras discriminaciones prohibidas por el Derecho de la Unión, como el sexo o la nacionalidad. Ello se debe a la propia redacción de la Directiva 2000/78, que establece un marco general mínimo para luchar contra la discriminación por razón de edad, circunscrito al ámbito del empleo y la ocupación. No obstante, el TJUE aporta importantes precisiones respecto al alcance y la articulación de las causas de justificación de una diferencia de trato basada en la edad, tal y como se establecen en dicha Directiva, así como respecto a ciertos efectos jurídicos de la no discriminación por razón de la edad, especialmente en las relaciones entre particulares. En este sentido, el TJUE ha afirmado la aplicación supletoria e incluso independiente del principio general del Derecho que prohíbe la discriminación por razón de la edad, también en las relaciones horizontales, siempre que la situación litigiosa se englobe dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. La jurisprudencia Mangold/Kücükdeveci confirma con certeza que la Directiva 2000/78 no ha establecido un principio general de no discriminación por razón de la edad, sino que esta norma está destinada a facilitar la aplicación concreta de este principio general del Derecho en el ámbito del empleo y la ocupación, pero sin alterar el contenido ni el alcance jurídico del mismo. Ahora bien, en el Asunto Kücükdeveci el TJUE ha revisado el fundamento de este principio general del Derecho al entender que, a partir de su positivación en el art. 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, es ésta la sede desde la que dicho principio despliega sus posibilidades y los límites de su eficacia. Este razonamiento ha sido utilizado por el TJUE para afirmar que otras manifestaciones específicas del principio de no discriminación, como la orientación sexual, también se benefician del estatus de principio general del Derecho de la Unión. ; The ECJ has developed a significant amount of case law on age as a prohibited ground of discrimination, this case law having been so far exclusively reflected in the labour relations field. This is the only field where the Council has exercised the competence set forth in art. 19 of TFEU on this ground of discrimination. Under Directive 2000/78, age is granted an intermediate level of legal protection, especially when compared to other prohibited grounds of discrimination under EU Law, such as sex or nationality. This results from the drafting of Directive 2000/78 itself, which establishes a minimal general framework to fight discrimination on the ground of age, one exclusive to the employment and occupation fields. However, the ECJ provides significant specifications as to the scope and wording of the pleas for unequal treatment on the ground of age, as established in the said Directive. Likewise, the ECJ, details the particular legal effects of non-discrimination on the grounds of age, especially on relations between individuals. In this sense, the ECJ confirms the supplementary, even independent, application of the legal general principle prohibiting discrimination on grounds of age to horizontal relations, provided that the dispute is framed within the EU Law scope of application. The Mangold/Kücükdeveci case law confirms that Directive 2000/78 does not establish a general principle of non-discrimination on grounds of age, but it facilitates the application of this legal General Principle of EU Law to the labour field, without altering the principle's legal content or scope. Yet, in the Kücükdeveci case, the ECJ has reviewed the basis of this General Principle of EU Law, enshrined in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, upon considering the latter the legal framework within which the principle becomes effective. This has been the reasoning provided by the ECJ so as to hold that other specific manifestations of the principle of non-discrimination, as for instance sexual orientation, are granted the status of General Principles of EU Law as well.

This study conducts a brief analysis, based on the scientific foundations of some European and, more particularly, Spanish regulations, of the thorny subject concerning the privileges enjoyed by high-ranking officials, authorities and civil servants in relation to criminal proceedings. More specifically, we seek to determine the extent to which such special protection may affect the principle of equality and, going a step further, whether such an exception must be justified and protected by a democratic constitution. ; En esta contribución se analiza brevemente, a la luz de las bases científicas de algunas regulaciones europeasy, en particular, de la española, el espinoso tema de los privilegios de altos cargos, autoridades y funcionarios públicos en el ámbito del proceso penal, más en concreto se busca precisar hasta que punto dicha protección especial puede afectar al principio de igualdad y, yendo más allá, si tal excepción al mismo debe estar justificada y protegida por una constitución democrática.