A la luz de la reforma procesal penal que inminentemente transformará nuestro ordenamiento jurídico procesal, y que es preocupación permanente de las Facultades de Derecho de nuestro país y de académicos, juristas, abogados y estudiantes en general, resulta interesante plantear la importancia del estudio del Derecho Procesal. Este estudio, normalmente circunscrito a analizar los distintos procedimientos que nuestra legislación contempla, resulta evidentemente insuficiente a la hora de comprender una reforma legislativa que se ha denominado "la gran reforma del siglo". Estudiar etapas procesales, plazos y recursos no es suficiente para que los alumnos (y en general los juristas) sean capaces de enfrentar un cambio tan radical.
Es deber puntualizar que la actividad básica de la ciencia, es la investigación; por ende, lo que ocupa a los profesionales del Derecho, es explorarla utilizando sus cánones particulares, para de esta manera generar un sistema jurídico óptimo, convergiendo como excelente instrumento al alcance de los operadores jurisdiccionales y promotor concurrente de la seguridad jurídica; es así como encontrándonos inmersos en tales parámetros, impulsó el gestar esta tesis, pues resulta evidente el presentarse como serio problema en el derecho procesal penal, el existir no sólo bondades, sino también sustanciales deficiencias prácticas en el Procedimiento Penal de Faltas regulado por la ley Nº 27939, en contrastación a la práctica procesal acaecida aplicando el procedimiento abrogado que contenía el Código de Procedimientos Penales, debido a factores de índole normativo, operacional así como relativo a algunas garantías específicas del debido proceso, siendo menester mejorar su regulación, toda vez que la anterior generó inoperancia de la función jurisdiccional, lo cual el Código Procesal Penal no ha superado significativamente. La experiencia extraordinaria vivenciada, a resultas de desarrollar este trabajo de investigación, trasunta a diagnosticar o exponer una visión integral del problema, así como de su hipótesis; respetando el esquema, pautas y elementos intervinientes en el proceso de investigación jurídico-social, orientado a lograr interés en los lectores sobre el tema, y por supuesto suscitar en terceros, el propósito de realizar otros trabajos que aludan a las Faltas. De esta manera, "El Proceso Penal de Faltas", obra estructurado, utilizando para ello como material de estudio, a una población constituida por los procesos penales de faltas tramitados en el Distrito Judicial La Libertad, imputados y agraviados en dichos procesos así como abogados litigantes en materia penal del citado distrito judicial; convergiendo por tanto estos, como conjunto de unidades, teniendo a su mérito como muestra de lo primero aludido a todos los expedientes sobre Faltas tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Trujillo ( 2°, 6° y 8° Juzgados de Paz Letrado), La Esperanza, Pacasmayo, Chepén, Otuzco y Huamachuco, seleccionándose el bienio Diciembre 1999 – Diciembre 2001 y Diciembre del 2003 a Diciembre del 2005, mediante muestreo probabilístico estratificado, al igual que para las partes del proceso antes referido, y simple al azar para el último en comento; información en comento que juntamente con la bibliografía diversa y legislación seleccionada y utilizada tanto nacional como extranjera, han confluido como elementos comparativos y de ilustración de importante relevancia, a cuyos datos instrumentales se arribara empleando como métodos, la concordancia y discordancia, el inductivo – deductivo, el análisis – síntesis, y el Analógico. Deviene en satisfactorio señalar que a resultas del presente trabajo de investigación, se logró corroborar tanto las bondades como deficiencias significativas del actual Procedimiento Penal de Faltas (Ley Nº27939) en comparación al abrogado, sin obviar el aludir al Código Procesal Penal vigente en varios distritos judiciales de la República, respecto al tema en cuestión, determinando la contrastación de las variables independientes y dependientes que constituyen la esencia del problema, es más se pudo contrastar la hipótesis de investigación con la medición de muestras, inferir conclusiones y proponer mecanismos de optimización procedimental, teniendo en cuenta el encontrarnos inmersos en un Estado Constitucional de Derecho, para finalmente arribar en la corroboración de la hipótesis planteada, con importante reflejo en la justicia de Paz Letrada del Perú, pues mantiene en riesgo el incidirse en la inoperancia de la función jurisdiccional. Quepa acotar que el proceso de faltas persigue intereses públicos; característica determinada por el principio de necesidad del proceso penal (artículo 139 – inciso 10º de la Constitución), sin obviar estar sujeta a prescripciones constitucionales como son, la defensa de la persona humana y su dignidad, presunción de inocencia, juez imparcial, prohibición de compeler a declarar o reconocer culpabilidad contra si mismo, derecho de defensa, igualdad procesal, respeto a la libertad de conciencia y de religión, instancia plural, etc., viabilizándose de esta forma arribar en actos decisorios del juez, con orientación hacia la verdad material y respeto al debido proceso, dirigido a obtener una sentencia justa, haciendo pasible de sanción al auténtico responsable o absolver al verdadero inocente o a quien no se le hubiere probado su responsabilidad; traduciéndose de esta manera en un adecuado sistema penal a este nivel,manteniendo en vigencia el respeto por los derechos humanos que cumple una función negativa concerniente a los límites de la intervención penal, en faltas. Es menester pues, tener presente que esta tesis no busca lograr la sofisticación de un procedimiento haciéndolo menos breve y litigioso, sino un proceso que respete derechos fundamentales y procure la paz así como prevenga la proclividad delictiva, asumiendo la Sociedad y el Estado un rol activo. ; -- It is duty to point out that the basic activity of science, is research; thus, it occupies the right professionals, is explore it using their particular canons, to thus generate an optimal legal system, converging as an excellent instrument to the scope of the jurisdictional operators and concurrent promoter of legal certainty; This is the case as finding us immersed in such parameters, pushed to take shape this thesis, as clearly presented as a serious problem in the criminal procedure law, exist not only benefits but also substantial shortcomings practices in the criminal offences procedure regulated by law No. 27939, contrasting to the procedural practice which occurred using the abrogated procedure containing the Code of Criminal Procedures to factors normative, operational as well as on some specific guarantees of due process, being needed to improve its regulation, given that the previous generated ineffectiveness of the judicial function, which the Code of Criminal Procedure has not exceeded significantly. The extraordinary experience felt, to develop this research work as a result, breathes to diagnose or outline a comprehensive vision of the problem, as well as his hypothesis; respecting the scheme, patterns and elements involved in the process of jurídico-social research, aimed at achieving interest in readers on the subject, and of course raise in third, the purpose of other works that allude to the Faults. In this way, "The Process Criminal of Faults", building structured, using as material for study, a population made up of criminal proceedings of processed in La Libertad Judicial District, accused and aggrieved faults in such processes as well as lawyers litigants in criminal matters of the aforementioned judicial district; converging both these as a set of units, taking to his merit as a sample of the first referred to all the files on fouls kept in Courts of Peace Counsel of Trujillo (2 °, 6 ° and 8 ° courts of peace counsel), La Esperanza, Pacasmayo, Chepén, Otuzco and Huamachuco, selecting the biennium December 1999 - December 2001 and December 2003 to December 2005, by probabilistic sampling stratified, as well as for the parts of the previously referred, and simple process to chance for the ultimate in commented; information on commented that along with the diverse bibliography and selected and used both domestic and foreign legislation have come together as a comparative elements and illustration of major relevance, to whose instrumental data counter using methods, the concordance and discordance, inductive - deductive, analysis - synthesis, and the analog. It becomes satisfying to note that as a result of this research work, managed to substantiate both the benefits as significant deficiencies of the current procedure criminal of misdemeanours (Law No. 27939) compared to the abrogated without bypass refer to the code of criminal procedure existing in several judicial districts of the Republic, on the subject in question, determining the contrasting of the independent and dependent variables that constitute the essence of the problem, moreover could contrast the hypothesis of research with the measurement of samples, infer conclusions and propose procedural optimization mechanisms, taking into account find us immersed in a constitutional state of law, to finally arrive in corroboration of the posed hypothesis, with important reflection on peace Peru legal justice, because it keeps risk influencing the ineffectiveness of the judicial function. Fit delimit the misconduct process pursues public interest; characteristic determined by the principle of necessity of criminal proceedings (article 139 - subsection 10th of the Constitution), without obviating be subject to constitutional requirements are, the defence of the human person and his dignity, presumption of innocence, impartial judge, prohibition of compel to testify or admit guilt against if, right of defence, procedural equality, respect for freedom of conscience and religion, plural instance, etc., responding thus arrive in decision-making acts by the judge, with emphasis on the material truth and respect for due process, to obtain a fair sentence, making punishable sanction the real responsible or absolve the real innocent or whom not you has tested its responsibility; translating this way in an adequate criminal system at this level, while maintaining effective respect for human rights that plays a negative role concerning the limits of the criminal intervention in fouls. It is necessary, therefore, bear in mind that this thesis does not seek to achieve the sophistication of a procedure making it less brief and litigious, but a process that respects fundamental rights and seek peace as well as prevent criminal proclivity, assuming the society and the State an active role. ; Tesis
Es deber puntualizar que la actividad básica de la ciencia, es la investigación; por ende, lo que ocupa a los profesionales del Derecho, es explorarla utilizando sus cánones particulares, para de esta manera generar un sistema jurídico óptimo, convergiendo como excelente instrumento al alcance de los operadores jurisdiccionales y promotor concurrente de la seguridad jurídica; es así como encontrándonos inmersos en tales parámetros, impulsó el gestar esta tesis, pues resulta evidente el presentarse como serio problema en el derecho procesal penal, el existir no sólo bondades, sino también sustanciales deficiencias prácticas en el Procedimiento Penal de Faltas regulado por la ley Nº 27939, en contrastación a la práctica procesal acaecida aplicando el procedimiento abrogado que contenía el Código de Procedimientos Penales, debido a factores de índole normativo, operacional así como relativo a algunas garantías específicas del debido proceso, siendo menester mejorar su regulación, toda vez que la anterior generó inoperancia de la función jurisdiccional, lo cual el Código Procesal Penal no ha superado significativamente. La experiencia extraordinaria vivenciada, a resultas de desarrollar este trabajo de investigación, trasunta a diagnosticar o exponer una visión integral del problema, así como de su hipótesis; respetando el esquema, pautas y elementos intervinientes en el proceso de investigación jurídico-social, orientado a lograr interés en los lectores sobre el tema, y por supuesto suscitar en terceros, el propósito de realizar otros trabajos que aludan a las Faltas. De esta manera, "El Proceso Penal de Faltas", obra estructurado, utilizando para ello como material de estudio, a una población constituida por los procesos penales de faltas tramitados en el Distrito Judicial La Libertad, imputados y agraviados en dichos procesos así como abogados litigantes en materia penal del citado distrito judicial; convergiendo por tanto estos, como conjunto de unidades, teniendo a su mérito como muestra de lo primero aludido a todos los expedientes sobre Faltas tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Trujillo ( 2°, 6° y 8° Juzgados de Paz Letrado), La Esperanza, Pacasmayo, Chepén, Otuzco y Huamachuco, seleccionándose el bienio Diciembre 1999 – Diciembre 2001 y Diciembre del 2003 a Diciembre del 2005, mediante muestreo probabilístico estratificado, al igual que para las partes del proceso antes referido, y simple al azar para el último en comento; información en comento que juntamente con la bibliografía diversa y legislación seleccionada y utilizada tanto nacional como extranjera, han confluido como elementos comparativos y de ilustración de importante relevancia, a cuyos datos instrumentales se arribara empleando como métodos, la concordancia y discordancia, el inductivo – deductivo, el análisis – síntesis, y el Analógico. Deviene en satisfactorio señalar que a resultas del presente trabajo de investigación, se logró corroborar tanto las bondades como deficiencias significativas del actual Procedimiento Penal de Faltas (Ley Nº27939) en comparación al abrogado, sin obviar el aludir al Código Procesal Penal vigente en varios distritos judiciales de la República, respecto al tema en cuestión, determinando la contrastación de las variables independientes y dependientes que constituyen la esencia del problema, es más se pudo contrastar la hipótesis de investigación con la medición de muestras, inferir conclusiones y proponer mecanismos de optimización procedimental, teniendo en cuenta el encontrarnos inmersos en un Estado Constitucional de Derecho, para finalmente arribar en la corroboración de la hipótesis planteada, con importante reflejo en la justicia de Paz Letrada del Perú, pues mantiene en riesgo el incidirse en la inoperancia de la función jurisdiccional. Quepa acotar que el proceso de faltas persigue intereses públicos; característica determinada por el principio de necesidad del proceso penal (artículo 139 – inciso 10º de la Constitución), sin obviar estar sujeta a prescripciones constitucionales como son, la defensa de la persona humana y su dignidad, presunción de inocencia, juez imparcial, prohibición de compeler a declarar o reconocer culpabilidad contra si mismo, derecho de defensa, igualdad procesal, respeto a la libertad de conciencia y de religión, instancia plural, etc., viabilizándose de esta forma arribar en actos decisorios del juez, con orientación hacia la verdad material y respeto al debido proceso, dirigido a obtener una sentencia justa, haciendo pasible de sanción al auténtico responsable o absolver al verdadero inocente o a quien no se le hubiere probado su responsabilidad; traduciéndose de esta manera en un adecuado sistema penal a este nivel,manteniendo en vigencia el respeto por los derechos humanos que cumple una función negativa concerniente a los límites de la intervención penal, en faltas. Es menester pues, tener presente que esta tesis no busca lograr la sofisticación de un procedimiento haciéndolo menos breve y litigioso, sino un proceso que respete derechos fundamentales y procure la paz así como prevenga la proclividad delictiva, asumiendo la Sociedad y el Estado un rol activo. ; -- It is duty to point out that the basic activity of science, is research; thus, it occupies the right professionals, is explore it using their particular canons, to thus generate an optimal legal system, converging as an excellent instrument to the scope of the jurisdictional operators and concurrent promoter of legal certainty; This is the case as finding us immersed in such parameters, pushed to take shape this thesis, as clearly presented as a serious problem in the criminal procedure law, exist not only benefits but also substantial shortcomings practices in the criminal offences procedure regulated by law No. 27939, contrasting to the procedural practice which occurred using the abrogated procedure containing the Code of Criminal Procedures to factors normative, operational as well as on some specific guarantees of due process, being needed to improve its regulation, given that the previous generated ineffectiveness of the judicial function, which the Code of Criminal Procedure has not exceeded significantly. The extraordinary experience felt, to develop this research work as a result, breathes to diagnose or outline a comprehensive vision of the problem, as well as his hypothesis; respecting the scheme, patterns and elements involved in the process of jurídico-social research, aimed at achieving interest in readers on the subject, and of course raise in third, the purpose of other works that allude to the Faults. In this way, "The Process Criminal of Faults", building structured, using as material for study, a population made up of criminal proceedings of processed in La Libertad Judicial District, accused and aggrieved faults in such processes as well as lawyers litigants in criminal matters of the aforementioned judicial district; converging both these as a set of units, taking to his merit as a sample of the first referred to all the files on fouls kept in Courts of Peace Counsel of Trujillo (2 °, 6 ° and 8 ° courts of peace counsel), La Esperanza, Pacasmayo, Chepén, Otuzco and Huamachuco, selecting the biennium December 1999 - December 2001 and December 2003 to December 2005, by probabilistic sampling stratified, as well as for the parts of the previously referred, and simple process to chance for the ultimate in commented; information on commented that along with the diverse bibliography and selected and used both domestic and foreign legislation have come together as a comparative elements and illustration of major relevance, to whose instrumental data counter using methods, the concordance and discordance, inductive - deductive, analysis - synthesis, and the analog. It becomes satisfying to note that as a result of this research work, managed to substantiate both the benefits as significant deficiencies of the current procedure criminal of misdemeanours (Law No. 27939) compared to the abrogated without bypass refer to the code of criminal procedure existing in several judicial districts of the Republic, on the subject in question, determining the contrasting of the independent and dependent variables that constitute the essence of the problem, moreover could contrast the hypothesis of research with the measurement of samples, infer conclusions and propose procedural optimization mechanisms, taking into account find us immersed in a constitutional state of law, to finally arrive in corroboration of the posed hypothesis, with important reflection on peace Peru legal justice, because it keeps risk influencing the ineffectiveness of the judicial function. Fit delimit the misconduct process pursues public interest; characteristic determined by the principle of necessity of criminal proceedings (article 139 - subsection 10th of the Constitution), without obviating be subject to constitutional requirements are, the defence of the human person and his dignity, presumption of innocence, impartial judge, prohibition of compel to testify or admit guilt against if, right of defence, procedural equality, respect for freedom of conscience and religion, plural instance, etc., responding thus arrive in decision-making acts by the judge, with emphasis on the material truth and respect for due process, to obtain a fair sentence, making punishable sanction the real responsible or absolve the real innocent or whom not you has tested its responsibility; translating this way in an adequate criminal system at this level, while maintaining effective respect for human rights that plays a negative role concerning the limits of the criminal intervention in fouls. It is necessary, therefore, bear in mind that this thesis does not seek to achieve the sophistication of a procedure making it less brief and litigious, but a process that respects fundamental rights and seek peace as well as prevent criminal proclivity, assuming the society and the State an active role. ; Tesis
El principio de publicidad de las actuaciones judiciales se encuentra consagrado como un derecho fundamental en el artículo 24.2 de nuestra Constitución. Este derecho no es de carácter absoluto y se encuentra sometido a ciertas limitaciones previstas legalmente. La publicidad del proceso penal implica que tengan conocimiento de las actuaciones, no solo los propios interesados, sino también extraños al proceso. Esta actividad de difusión de la noticia, garantía de funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad democrática, se efectúa principalmente por los medios de comunicación. El problema se produce cuando se informa sobre un hecho noticiable que se encuentra sub iudice y los Mass Media, a través de un "juicio paralelo", pretenden, de forma continua y sesgada, examinar y valorar el proceso judicial, las pruebas y las personas implicadas en los hechos y asumen así el papel de juez e inducen a éste a un veredicto anticipado de culpabilidad o inocencia ante la opinión pública. Esta actividad colisiona con posiciones subjetivas de los individuos, que también tienen la consideración de derechos fundamentales como son los derechos a: (i) un proceso justo; (ii) un juez imparcial; (iii) la presunción de inocencia y (iv) recibir y comunicar información. Con esta tesis doctoral se ha procedido a estudiar dicha problemática así como las respuestas que la legislación, la jurisprudencia y la doctrina dan, en nuestro Ordenamiento jurídico y en derecho comparado, para conciliar estos derechos fundamentales con los intereses mediáticos de le prensa, así como las garantías previstas legalmente en el ámbito penal, civil y contencioso- administrativo para la salvaguarda de los mismos. En la parte final del trabajo se apuntan posibles soluciones al problema de los "juicios paralelos" que puedan dar respuesta al interés general de la sociedad en su pretensión de obtener una justicia eficaz en la represión del delito a la vez que respetuosa con los derechos de todos los ciudadanos que se pueden ver involucrados en el proceso ...
El proceso Penal Colombiano está regido por la Ley 906 de 2004. Con este nuevo Código se dio origen al sistema penal acusatorio el cual incorporó nuevos modelos de gestión respecto a la administración de justicia, donde factores como el trabajo en equipo, la planeación, la organización y demás, (Consejo superior de la Judicatura, 2004) se unen en pro de dar cabal cumplimiento al principio de celeridad, lo que permite que el sistema judicial sea más rápido y efectivo. La Celeridad procesal es uno de los principios que rigen este sistema acusatorio y se aplica de manera obligatoria dentro del proceso penal Colombiano como también en el proceso penal Estadunidense, que a pesar de su forma de Gobierno federal, aun así existen mandamientos constitucionales que obliga a que en cada proceso penal sin importar el Estado, se apliquen los principios que rigen de manera general. Dicho lo anterior, surge para el investigador el siguiente interrogante: ¿El Principio de Celeridad aplicado en el proceso penal colombiano guarda relación con el sistema penal estadounidense?, para dar respuesta al mismo, se empleara como metodología el método cualitativo con el instrumento de recolección de información documental empleando artículos indexados, doctrina, y normatividad. ; Facultad de Derecho - Centro De Investigaciones Sociojurídicas ; The Colombian Criminal Procedure is governed by Law 906 of 2004, with this new Code gave rise to the accusatory criminal system which incorporates new management models regarding the administration of justice, where factors such as teamwork, planning, Organization and others, (Superior Council of the Judiciary, 2004) join in order to fully comply with the principle of speed, which allows the judicial system to be faster and more effective. The procedural speed is one of the principles that govern this accusatory system and is applied in a mandatory way within the Colombian criminal process as well as in the criminal process of the United States, which despite its form of federal government, even there are constitutional orders that oblige that in every criminal proceeding, regardless of the State, the principles that govern in a general way apply. Having said the above, the following question arises for the researcher: Does the Celerity Principle applied in the Colombian criminal process relate to the American criminal system? To answer it, the qualitative method with the collection instrument will be used as a methodology of documentary information using indexed articles, doctrine, and normativity.
El objetivo de este artículo es sostener que el derecho a usar la propia lengua en juicio es un derecho fundamental resguardado por la le-gislación chilena, intrínsecamente vinculado al debido proceso y a la igual-dad.Se argumenta en torno a la valoración de la cultura en una sociedad multicultural y a la justificación de un trato diferenciado para las personas que pertenecen a minorías indígenas. Las conclusiones reflexionan sobre la noción de comunidad multicultural y sobre los estándares que los juicios orales deben satisfacer para respetar los derechos fundamentales de talante lingüístico de los indígenas que intervienen en un proceso penal.
El principi de publicitat de les actuacions judicials es troba consagrat com un dret fonamental en l'article 24.2 de la nostra Constitució. Aquest dret no és de caràcter absolut i està sotmès a determinades limitacions previstes legalment. La publicitat del procés penal implica que tinguin coneixement de les actuacions, no només els propis interessats, si no també estranys al procés. Aquesta activitat de difusió de la notícia, garantia del funcionament del Poder Judicial en una societat democràtica, és realitzada, principalment, pels mitjans de comunicació. El problema es produeix quan s'informa d'un fet que és notícia i que es troba sub iudice, i els mass media, mitjançant un "judici paral·lel", pretenen de forma continuada i esbiaixada examinar i valorar el procés judicial, les proves i les persones implicades en els fets, assumint el paper de jutge, induint a un veredicte anticipat de culpabilitat o innocència a aquest en front de l'opinió pública. Aquesta activitat topa amb posicions subjectives dels individus que també tenen la consideració de drets fonamentals com són els drets a: (i) un procés just; (ii) un jutge imparcial; (iii) la presumpció d'innocència i (iv) rebre i comunicar informació. Amb la present tesis doctoral s'ha procedit a estudiar la referida problemàtica així com les respostes que la legislació, la jurisprudència i la doctrina donen en el nostre Ordenament Jurídic i en dret comparat, per tal de conciliar aquests drets fonamentals amb els interessos mediàtics de la premsa, així com les garanties previstes legalment en l'àmbit penal, civil i contenciós – administratiu per a la salvaguarda dels mateixos. En la part final del treball s'apunten possibles solucions al problema dels "judicis paral·lels" que poden donar resposta a l'interès general de la societat en la seva pretensió d'obtenir una justícia eficaç en la repressió del delicte a la vegada que respectuosa amb els drets de tots els ciutadans que es puguin veure involucrats en el procés judicial. ; The principle of publicity of judicial actions is set forth as fundamental right in article 24 of the Spanish Constitution. Nevertheless, this is not an absolute right: it has some legal limitations. The publicity of the criminal procedure implies that not only those directly affected by the procedure know the state of acts but third people. Information disclosure, which serves as a warranty of the functioning of the judicial system, is done in a democratic society by the media. The problem arises when mass media start a parallel trial while reporting on case which is still sub iudice, assessing and judging with a biased viewpoint the procedure, its participants and the evidences submitted, assuming the judge's role and, therefore, trying to induce him/her to an anticipate judgement before the public opinion. Such activity collides with the position of the defendant, who has his/her own fundamental rights such as the right to (i) a fair trial; (ii) an impartial judge; (iii) the presumption of innocence and (iv) receive and communicate certain information. In the present thesis, the problem of parallel trials and the collision of rights have been studied taking into account the solutions provided by Law, case law and scholars both of Spanish Legal System and comparative Law in order to reconcile such fundamental rights with media's interest and also the legal guarantees for defendants in civil, criminal and administrative procedures. In the final part of this thesis, there are some possible solutions to the problem of parallel trials which try to give an answer to society's general interest to find an efficient justice system in punishing crimes which also respects the rights of all citizens which may be part of the process.
El Código Procesal Penal de Colombia reguló el principio de oportunidad, como excepción al principio de legalidad. Se contempla una serie de causales de aplicación del criterio de oportunidad, pero se hace necesaria una mayor precisión legislativa con relación a las mismas. Por otro lado, se necesita que se sigan pautas uniformes por parte de la Fiscalía con respecto a la aplicación de dichas causales. Hasta el momento han tenido muy poca aplicación, lo que es producto no sólo de la falta de recursos sino de la carencia de una cultura proclive a tal tipo de manifestaciones procesales; por ello, se requiere de diversos correctivos para asegurar que su implantación futura no arrase con los principios de un proceso penal democrático.
La Constitución Política colombiana define quiénes y bajo qué circunstancias pueden ser procesados los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en servicio activo y en relación con el cumplimiento de sus funciones. A su vez, la Ley 1407 de 2010 establece en qué forma se llevará a cabo el Procedimiento Penal Militar, partiendo de una serie de principios –cuya observancia no puede desconocerse– por tener como fundamento la preservación constitucional de garantías individuales y el respeto por los derechos humanos, de modo que así como el proceso penal ordinario adolecería de vicios y correspondientes nulidades en caso de transformarse en un nicho de violación de derechos, el proceso militar también correría con idéntica suerte por ser ambos alimentados por los más básicos preceptos constitucionales. La presente ponencia pretende hacer una revisión general de los principios procesales militares a la luz de la Carta Política colombiana.
158 p. ; El derecho penal pretende resolver el conflicto social provocado por el delito, por ello la pena es la respuesta natural que esgrime la sociedad contra el delincuente para dar solución a esta contrariedad; pero su ejercicio requiere necesariamente del proceso penal, en el que Ferrajoli se ha esforzado en demostrar que su materialización en los Estados democráticos solo es posible en la medida en que se respeten las garantías judiciales que poseen los procesados; por ello, aunque se pretenda ejecutar el castigo establecido legalmente, es necesario garantizar una serie de derechos para que el acusado sea vencido en juicio en debida forma. Este es el paradigma que ha sostenido el Estado moderno, pues entiende al derecho penal desde las dos caras de su ejercicio: la protección de los bienes jurídicos de los asociados y el respeto por la libertad de los enjuiciados, que entre otras cosas es el derecho fundante de la culpabilidad bajo el respeto de la dignidad humana en el que se esgrimen los derechos que se comprenden con la denominación de "debido proceso", en los que caben las garantías de orden sustancial y procesal. ; Introducción Capítulo 1. Democracia y libertad de expresión Capítulo 2. Elementos que conforman la libertad de expresión: el derecho a informar y a opinar Capítulo 3. Democracia y proceso penal Debido proceso y publicidad Capítulo 4. El ejercicio de los roles en el proceso penal El desarrollo de los derechos de los sujetos procesales y la materialización de la publicidad interna del proceso Conclusiones Bibliografía
41 p. ; Así como la libertad de expresión es el vehículo sobre el cual transita la democracia, esta también se concreta en otros espacios de la vida de los asociados. El derecho penal no es ajeno a ello y, por esto, en esta parte de nuestra disertación se pretenderá estudiar su relación, en su naturaleza sustancial y procesal, para desembocar en el estudio de la tensión existente entre el derecho a la libertad de expresión en el ámbito del ejercicio del derecho penal. Pues bien, asociando las características del Estado social de derecho al derecho penal, se podría afirmar que tal modelo de Estado se encuentra íntimamente ligado al concepto de dignidad humana y, desde este punto de vista, a la protección de los intereses fundamentales de la sociedad (Roxin, 2007: 447- 448). De tal manera, el Estado no solo protege al individuo o a la colectividad de los ataques injustos de sus congéneres, sino que también protege al individuo, posible infractor de la norma penal, del ejercicio del ius puniendi o derecho penal subjetivo. La racionalidad del derecho penal se encuentra al evitar que este se sobrepase en su ejercicio de poder. Si bien el Estado tiene el poder y la fuerza para imponer una pena, esta debe surgir de un proceso que facilite la legitimidad de la sanción. Por ello el individuo sometido a un juicio de responsabilidad debe contar con todas las garantías posibles (sustanciales y procesales), que hagan factible el ejercicio de la imposición del castigo de manera justa y proporcional, en otras palabras, de forma racional y legítima. ; Democracia y debido proceso penal Democracia, teoría de la comunicación y proceso penal Debido proceso penal de doble vía: la legalidad del derecho sustancial y procesal Democracia y principio de publicidad en el derecho procesal penal Publicidad, sistemas procesales y verdad Democracia, principio de publicidad y teleología en el proceso penal Peligros generados con la mala utilización del principio de publicidad Juicios paralelos Conclusiones
Por Decreto Legislativo de 20 de enero de 1997 se aprobó el nuevo Código Procesal Penal, cuya entrada en vigor se demoró hasta el 20 de abril de 1998. Desde ese momento se produjo un cambio trascendental en el modelo salvadoreño de la justicia penal, pasándose, en esencia, de un sistema con fuertes resabios inquisitivos y fundamentalmente escrito, en el que, en muchos casos, la instrucción y el enjuiciamiento del delito estaban atribuidos al mismo órgano jurisdiccional, a un sistema acusatorio de carácter eminentemente oral, en el que se produce una separación clara entre las funciones de investigación e instrucción, que se otorgan a la Fiscalía General de la República, bajo el control del juez de paz y de instrucción, y la de enjuiciamiento, que se atribuye a los tribunales de sentencia y al tribunal de jurado, según la clase de delito de que se trate.
El presente estudio no se limita al panorama jurídico español, sino que también analiza críticamente las medidas adoptadas en otros ordenamientos en materia de lucha contra el terrorismo, con la intención de contribuir al debate acerca de qué concesiones o excepciones en materia de derechos fundamentales resultan aceptables para garantizar la seguridad frente al terrorismo.[Texto de la editorial]
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