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El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
In: Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional 36
In: Aranzadi doctrina
Derecho conductual y nudges: implicaciones jurídicas y lingüísticas
El objetivo del presente estudio es considerar los conocimientos sobre el comportamiento (behavioural insights), que han conducido al llamado Derecho conductual (behavioural law) y a los acicates (nudges), Los nudges y el diseño conductual de políticas públicas desde una perspectiva jurídica, imprescindible en su necesario análisis inter/transdisciplinario. Partiendo de esa relevancia jurídica de los acicates, se analizan cuestiones concretas referentes a su incidencia en los ciudadanos desde la perspectiva de un Estado Social y Democrático de Derecho como el español. PALABRAS CLAVE Derecho conductual; acicate; autoritarismo; proporcionalidad; buena administración; lenguaje administrativo. ABSTRACTThe aim of this study is to consider the knowledge about behavior (behavioral insights), which has led to behavioral Law and nudges, from a legal perspective, essential in its necessary inter/transdisciplinary analysis.Based on this legal relevance of incentives, we then analyze specific issues relating to their impact on citizens from the perspective of the Rule of Law, the Social Rights and the Democracy.KEYWORDSBehavioral law; nudging; authoritarianism; proportionality; good administration; administrative language
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Principle of proportionality and criminal law judicial review. A comparison between Chilean and Colombian experiences ; Principio de proporcionalidad y control constitucional de las leyes penales. Una comparación entre las experiencias de Chile y Colombia
This work proposes to review the use of the principle of proportionality in the decisions of the Constitutional Courts of Chile and Colombia dealing with judicial review of criminal law. The purpose of the work is to investigate how such a tool has contributed to the function of increasing the rationality in the control of criminal political decisions of the legislative branch. To do so, the work first examines the differences between the constitutional justice systems. On this basis, it is ascertained whether, to what extent and on what occasions these constitutional courts have asked the questions and incorporated the demands that the proportionality principle as an argumentative tool in the judicial review of substantive criminal law requires. ; Se propone una aproximación a la utilización del principio de proporcionalidad en el control de las leyes penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno y de la Corte Constitucional colombiana, para indagar en qué medida tal herramienta ha contribuido al propósito de elevar la racionalidad en el control de las decisiones político criminales del legislador. Con tal fin se examinan las diferencias que median entre los sistemas de justicia constitucional de Chile y Colombia para, sobre esta base, indagar si en qué medida y en qué ocasiones los tribunales constitucionales de ambos países han formulado las preguntas e incorporado las exigencias que reclama la aplicación de aquella herramienta argumentativa en el control constitucional de las leyes penales sustantivas.
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Proportionality as a Criterion of International Law of Investment: An Overview of the Tribunal's Decision on the Occidental Case ; El criterio de proporcionalidad en el Derecho Internacional de las Inversiones: Una visión del discernimiento del Tribunal Arbitral en el Caso Occidental
The proportionality principle is a criterion that can be found within the internal legislation of the States as well as in Public International Law, and particularly in its Investment branch. This principle forces the State to apply the least harmful measure in regard to an act attributable to the investor. Whatever measure the State applies, it has to be implemented progressively taking in account other possible measures that the State is legitimized to execute for that specific case. The issue pertaining the Occidental case deals with the unilateral termination of the participation petroleum contract due to the unauthorized cessation of rights in behalf of a third party. The tribunal of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) evaluated the presence of the proportionality principle within the sanction that the Ecuadorian State applied to Occidental. In this sense, the tribunal condemned the sanction taken by the Ecuadorian State because they claimed that the measure was not proportional; this claim was done in spite of the Ecuadorian´s legislation since it contemplates this type of sanction for unauthorized cessation of rights to a third party. With that being said, it is imperative to question oneself about a possible contradiction among the proportionality principle and the legality principle in reference to this particular case. The issue can be solved by applying Public International Law, under the premise that affirms that the proportionality principle does not infringe the faculty a State has to execute the various measures contemplated within its legislation, therefore, it does not transgress the legality principle. ; La proporcionalidad es un criterio que puede encontrarse tanto en la legislación interna de los Estados como en el Derecho Internacional Público, al igual que en su rama de inversiones. Este criterio presupone la ejecución de la medida menos gravosa por parte del Estado frente a un acto imputable al inversionista, la cual debe aplicarse de manera progresiva respecto de otras posibles medidas ajustables al acto que faculta su implementación. El problema planteado frente al caso Occidental parte de la caducidad del contrato de participación petrolera por la delegación de participación que realizó dicha compañía a un tercero. Al aplicar el concepto de proporcionalidad, el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en adelante, CIADI) condenó al Estado ecuatoriano pues consideró que la medida de caducidad, pese a estar contemplada en su legislación, no era proporcional. Ante esto, cabe cuestionarse si en este caso existe una contradicción del principio de proporcionalidad con el de legalidad. El problema tiene su respuesta en el Derecho Internacional Público, sobre la base de la postura que determina que la proporcionalidad no quebranta la facultad estatal de ejecutar las medidas estipuladas en su legislación, es decir, no transgrede el principio de legalidad.
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LIMITS TO CROSS-BORDER HEALTHCARE LAW AND THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AFTER THE STJUE OF 23 SEPTEMBER 2020 ; LÍMITES AL DERECHO DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA Y PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Health protection is one of the fundamental pillars of the European Union and of the process of social-democratic constitutionalism. The achievement of a Community health care system is now more than ever one of the great challenges for the European community. In spite of these objectives, the European Union has adopted a logic that relies more on an interventionist model than on simple coordination, rather than on a harmonised system for all Member States. Unfortunately, this particular cooperative pluralism has made each of the Community countries competent and responsible for the coordination rules laid down by the Union. In this sense, Directive 2011/24/EU is set as the reference standard to guarantee the right of all European citizens to receive safe and quality healthcare, both in the public sphere and in the private sphere of another Member State. The aim is to guarantee the freedom of movement and movement of persons without damaging health. Today, the right to health care is a fundamental social right of a primary nature, which is linked to the right to life and dignity. ; La protección de la salud constituye uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea y del proceso de constitucionalismo social-democrático. El logro de un sistema de asistencia sanitaria comunitarizado se convierte, ahora más que nunca, en uno de los grandes retos a lograr por el colectivo europeo. A pesar de estos objetivos, en la Unión Europea se ha consagrado una lógica que apuesta más por un modelo intervencionista y no de simple coordinación, antes que por un sistema armonizado para todos los Estados miembro. Lamentablemente, este particular pluralismo cooperativo ha determinado que sean cada uno de los países comunitarios los competentes y responsables de las reglas de coordinación establecidas por la Unión. En este sentido, la Directiva 2011/24/UE se configura como la norma de referencia para garantizar el derecho de todos los ciudadanos europeos a recibir asistencia sanitaria segura y de calidad, tanto en el ámbito público, como en el privado de otro Estado miembro. Se pretende con ello garantizar la libertad de desplazamiento y circulación de personas sin que con ello quede vulnerada la salud. En efecto, a día de hoy, el derecho a la asistencia sanitaria se configura como un derecho social fundamental de carácter primario, el cual queda vinculado al derecho a la vida y a la dignidad.
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Límites al derecho de asistencia sanitaria transfronteriza y principio de proporcionalidad tras la Sentencia del TJUE de 23 de septiembre de 2020 ; Limits to cross-border healthcare law and the principle of proportionality after the STJUE of 23 september 2020
La protección de la salud constituye uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea y del proceso de constitucionalismo social-democrático. El logro de un sistema de asistencia sanitaria comunitarizado se convierte, ahora más que nunca, en uno de los grandes retos a lograr por el colectivo europeo. A pesar de estos objetivos, en la Unión Europea se ha consagrado una lógica que apuesta más por un modelo intervencionista y no de simple coordinación, antes que por un sistema armonizado para todos los Estados miembro. Lamentablemente, este particular pluralismo cooperativo ha determinado que sean cada uno de los países comunitarios los competentes y responsables de las reglas de coordinación establecidas por la Unión. En este sentido, la Directiva 2011/24/UE se configura como la norma de referencia para garantizar el derecho de todos los ciudadanos europeos a recibir asistencia sanitaria segura y de calidad, tanto en el ámbito público, como en el privado de otro Estado miembro. Se pretende con ello garantizar la libertad de desplazamiento y circulación de personas sin que con ello quede vulnerada la salud. En efecto, a día de hoy, el derecho a la asistencia sanitaria se configura como un derecho social fundamental de carácter primario, el cual queda vinculado al derecho a la vida y a la dignidad. ; Health protection is one of the fundamental pillars of the European Union and of the process of social-democratic constitutionalism. The achievement of a Community health care system is now more than ever one of the great challenges for the European community. In spite of these objectives, the European Union has adopted a logic that relies more on an interventionist model than on simple coordination, rather than on a harmonised system for all Member States. Unfortunately, this particular cooperative pluralism has made each of the Community countries competent and responsible for the coordination rules laid down by the Union. In this sense, Directive 2011/24/EU is set as the reference standard to guarantee the right of all European citizens to receive safe and quality healthcare, both in the public sphere and in the private sphere of another Member State. The aim is to guarantee the freedom of movement and movement of persons without damaging health. Today, the right to health care is a fundamental social right of a primary nature, which is linked to the right to life and dignity.
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¿Regulation or competition? The case of the Argentine Law of Audiovisual Communications Services and the Proportionality Principle as a delimiting criterion ; ¿Regular o competir? El caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la República Argentina y el principio de proporcionalidad ...
The purpose of this article is to highlight the importance of the Proportionality Principle as a valid legal criterion to determine when a given industry must be ex ante regulated by the Government through a specific sectorial regulatory framework or whether the application of the general antitrust and competition laws to such industry must be considered as a valid alternative. To this ends, this article analyzes the case of the Argentinean Law of Audiovisual Communications Services as it was treated by the Supreme Court of Argentina in the Grupo Clarín case. ; En este trabajo se pretende señalar la importancia del principio de proporcionalidad como un criterio jurídico válido para determinar cuándo una determinada industria debe ser regulada de modo sectorial y ex ante o cuando resulta preferible hacerlo mediante modalidades menos intrusivas como, por ejemplo, el régimen de defensa de la competencia. A estos efectos, se utilizará como ejemplo lo ocurrido en la República Argentina con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su tratamiento por la Corte Suprema de Justicia en el caso del Grupo Clarín.
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The appliance of the principle of proportionality in the administrative sanctions of the Public Service Law ; De la aplicación del principio de proporcionalidad en las sanciones administrativas del derecho de servicios públicos domiciliarios ; Sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade nas ...
This article analyzes the provision's domiciliary service in an efficient and timely way, it's the maximum expression of the social's state law, the function's republic president to perform control, inspection and vigilance to the companys through the Superintendency of Residential Public Services (article 370, Constitution Political,1991) which is empowered to impose sanctions on those who violate the rules that regulate the topic (article 81 , Law 142, 1998) as intervention of the state in the economy. Finally will make a study of the scope of applying the principle's proportionality in the administrative sanctions of the law of domiciliary public services, seen as a limit of the punitive power of the State and as a mechanism to making arbitrary decisions. ; En este artículo se analiza la prestación de los servicios públicos domiciliarios de manera eficiente y oportuna como pilar fundamental en cumplimiento de los fines del Estado social de derecho, así como la función del Presidente de la República de ejercer control, inspección y vigilancia de las entidades prestadoras, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (artículo 370, Constitución Política, 1991), la cual está facultada para imponer sanciones a quienes violen las normas a las cuales están sujetas (artículo 81, ley 142 , 1998) como manifestación de intervención del Estado en la economía; y se finaliza con el estudio del alcance de aplicar el principio de proporcionalidad en las sanciones administrativas del derecho de los servicios públicos domiciliarios, visto como límite del poder punitivo del Estado y como mecanismo para evitar la toma de decisiones arbitrarias. ; Este artigo analisa a prestação de serviços públicos domiciliares de maneira eficiente e oportuna como pilar fundamental em cumprimento aos objetivos do Estado de Direito Social, bem como o papel do Presidente da República no controle, inspeção e fiscalização de entidades. prestadores, por meio da Superintendência de Serviços Públicos Domiciliares (artigo 370, Constituição Política, 1991), que tem o poder de impor sanções àqueles que violarem as regras a que estão sujeitos (artigo 81, lei 142, 1998) como manifestação de intervenção estatal na economia; e termina com o estudo do escopo da aplicação do princípio da proporcionalidade nas sanções administrativas da lei dos serviços públicos domiciliares, vistos como um limite ao poder punitivo do Estado e como um mecanismo para evitar a tomada de decisões arbitrárias.
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Application of the principles of proportionality and legality in the disciplinary law, at the time of the appraisal of the disciplinary sanction for the officials of the judicial branch ; Aplicación de los principios de proporcionalidad y legalidad en el derecho disciplinario al momento de la tasaci...
The correct application of the proportionality principle in disciplinary matters, has generated a series of conflicts for the disciplinary judge at the moment to sanction the officers of the Judicial Branch, generating in some occasions a strong tension with other constitutional and legal principles, whereby its pretended with this document to stablish if actually the proportionality and legality principles are rightly applied, specifically about the officers of the Judicial Branch, investigated and judged by the Sectional and Superior Councils of the Judiciary. This article pretends then to determine, if the normative elements inside the 734 of 2002 Law, are sufficient and suitable to applicate correctly the proportionality principle harmonically with the legality principle, at the moment to stablish the disciplinary sanction that is imposed to the officers of the Judicial Branch; all this developed under the frame of a legal social investigation, that inquires at the bottom of the disciplinary jurisdiction —disciplinary operators— the legal and factual phenomena that they deal with at the moment to quantify the sanction, using at the time an inductive deductive investigation method, analyzing a few disciplinary decisions where officers of the Judicial Branch had been sanctioned. Finally this dissertation will be developed analyzing the application of this two principles in the disciplinary, legislative field and the decisions of the Constitutional Court, to present a series of recommendations facing the application of the disciplinary power in the investigations followed to the officers of the Judicial Branch. ; La correcta aplicación del principio de proporcionalidad en materia disciplinaria, ha generado una serie de conflictos para el juez disciplinario al momento de sancionar a los funcionarios de la Rama Judicial, presentándose en algunas ocasiones una fuerte tensión con otros principios legales y constitucionales, por lo cual se pretende con este documento establecer si en la actualidad se aplican de forma correcta los principios de proporcionalidad y legalidad en materia disciplinaria, específicamente respecto de los funcionarios de la Rama Judicial, investigados y sancionados por los Consejos Seccionales del país en primera instancia, y en segunda, por el Consejo Superior de la Judicatura. Este artículo busca entonces determinar, si los elementos normativos que se encuentran dentro de la Ley 734 de 2002, son suficientes e idóneos en la aplicación adecuada del principio de proporcionalidad en consonancia con el principio de legalidad, al momento de la tasación de las sanciones disciplinarias que se les imponen a los funcionarios públicos de la Rama Judicial. Todo esto desarrollado bajo un marco de investigación sociojurídica, que indaga al interior de la Jurisdicción Disciplinaria —operadores disciplinarios— los fenómenos fácticos y jurídicos que enfrentan al momento de la cuantificación de la sanción, empleando a su vez un método inductivo-deductivo de investigación, analizando varias providencias disciplinarias en las cuales han resultado sancionados funcionarios de la Rama Judicial. Finalmente, esta disertación se desarrollará analizando la aplicación de estos dos principios en el campo disciplinario, legislativo y en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, para así presentar una serie de recomendaciones frente al ejercicio de la potestad disciplinaria en las investigaciones a funcionarios de la Rama Judicial.
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Application of the principles of proportionality and legality in the disciplinary law, at the time of the appraisal of the disciplinary sanction for the officials of the judicial branch ; Aplicación de los principios de proporcionalidad y legalidad en el derecho disciplinario al momento de la tasaci...
The correct application of the proportionality principle in disciplinary matters, has generated a series of conflicts for the disciplinary judge at the moment to sanction the officers of the Judicial Branch, generating in some occasions a strong tension with other constitutional and legal principles, whereby its pretended with this document to stablish if actually the proportionality and legality principles are rightly applied, specifically about the officers of the Judicial Branch, investigated and judged by the Sectional and Superior Councils of the Judiciary. This article pretends then to determine, if the normative elements inside the 734 of 2002 Law, are sufficient and suitable to applicate correctly the proportionality principle harmonically with the legality principle, at the moment to stablish the disciplinary sanction that is imposed to the officers of the Judicial Branch; all this developed under the frame of a legal social investigation, that inquires at the bottom of the disciplinary jurisdiction —disciplinary operators— the legal and factual phenomena that they deal with at the moment to quantify the sanction, using at the time an inductive deductive investigation method, analyzing a few disciplinary decisions where officers of the Judicial Branch had been sanctioned. Finally this dissertation will be developed analyzing the application of this two principles in the disciplinary, legislative field and the decisions of the Constitutional Court, to present a series of recommendations facing the application of the disciplinary power in the investigations followed to the officers of the Judicial Branch. ; La correcta aplicación del principio de proporcionalidad en materia disciplinaria, ha generado una serie de conflictos para el juez disciplinario al momento de sancionar a los funcionarios de la Rama Judicial, presentándose en algunas ocasiones una fuerte tensión con otros principios legales y constitucionales, por lo cual se pretende con este documento establecer si en la actualidad se aplican de forma correcta los principios de proporcionalidad y legalidad en materia disciplinaria, específicamente respecto de los funcionarios de la Rama Judicial, investigados y sancionados por los Consejos Seccionales del país en primera instancia, y en segunda, por el Consejo Superior de la Judicatura. Este artículo busca entonces determinar, si los elementos normativos que se encuentran dentro de la Ley 734 de 2002, son suficientes e idóneos en la aplicación adecuada del principio de proporcionalidad en consonancia con el principio de legalidad, al momento de la tasación de las sanciones disciplinarias que se les imponen a los funcionarios públicos de la Rama Judicial. Todo esto desarrollado bajo un marco de investigación sociojurídica, que indaga al interior de la Jurisdicción Disciplinaria —operadores disciplinarios— los fenómenos fácticos y jurídicos que enfrentan al momento de la cuantificación de la sanción, empleando a su vez un método inductivo-deductivo de investigación, analizando varias providencias disciplinarias en las cuales han resultado sancionados funcionarios de la Rama Judicial. Finalmente, esta disertación se desarrollará analizando la aplicación de estos dos principios en el campo disciplinario, legislativo y en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, para así presentar una serie de recomendaciones frente al ejercicio de la potestad disciplinaria en las investigaciones a funcionarios de la Rama Judicial.
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Unreasonable of law
In: Revista Kavilando, Band 1, Heft 2, S. 29-33
ISSN: 2027-2391, 2344-7125
This paper intends to cover some views (not all), with regard to Reason of the Unreason of law. Yes, so to speak, can or could think of a reason for the law,why not much more, in an "unreasonable" or rather how many additional "unreasonable" the same.
The principle of propotionali ty: obstacles to disciplinary authority abuse ; El principio de proporcionalidad: cortapisa al abuso de la potestad disciplinaria
This article examines the importance of the principle of proportionality in disciplinary law from his appearance on sanctioning administrative law; duty and attention of the disciplinary authority in the imposition of sanctions in accordance with the new trends of constitutional law, with the legal development in Colombian disciplinary law and recognition doctrine and jurisprudence, in order to verify its practical impact and location in the processing of a process to the imposition of disciplinary sanctions. This article analyzes the reform to the Unique Disciplinary Code, that was objected by the National Government through the Administrative Department of the Public Function, in order to verify the importance given to the proportionality principle. ; En el presente artículo se estudia la importancia del principio de proporcionalidad en el derecho disciplinario a partir de su aparición en el derecho administrativo sancionador; así como el deber y atención de la autoridad disciplinaria en la imposición de las sanciones de acuerdo con las nuevas tendencias del derecho constitucional, con el desarrollo legal en el derecho disciplinario colombiano y su reconocimiento doctrinario y jurisprudencial, a fin de verificar su incidencia práctica y ubicación en el trámite de un proceso disciplinario al imponerse sanciones. Se analiza la reforma al Código Disciplinario Único, objetada por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, a fin de verificar allí la importancia que dio al principio de proporcionalidad.
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Subsidiariedad y proporcionalidad en el control parlamentario de la normativa europea
Este artículo describe y analiza el régimen jurídico de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad de la normativa europea por el sistema parlamentario español, con los siguientes objetivos: Tratamiento, en primer lugar, de los aspectos generales del trabajo: qué es el principio de subsidiariedad, la regulación europea y la normativa contenida en los reglamentos parlamentarios, así como la experiencia parlamentaria estatal y autonómica. En segundo lugar, trataremos los aspectos relativos al principio de proporcionalidad en la regulación de la Unión Europea y su régimen de alerta temprana. Para finalizar, afrontaremos el funcionamiento de la cooperación interparlamentaria entre los distintos niveles parlamentarios en presencia. ; This work describes and analyzes the early warning system for monitoring the principles of subsidiarity and proportionality in the Spanish Par-liament, that is about both parliamen-tary control functions as the principle of subsidiarity. We address, in the first place, the general aspects of the work, which is the principle of subsidiarity, European regulation and standards con-tained in parliamentary regulations as well as state and regional parliamentary experience. We also discuss the relative proportionality principle that it is part-ner in the regulation of the European Union or the regime of early warning, vital for the right working of the subsidiariety or how general courts have a role within the framework of the Eu-ropean Union alongside the regional parliaments. Finally, we will analyze interparliamentary cooperation.
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Administrative law in pandemic contexts ; El derecho administrativo interpela en contextos de pandemia
Based on the founding bases of administrative law as a legal discipline, we examine two issues that arise as a result of the COVID-19 pandemic related to the control and effectiveness of the measures adopted by the authorities on the basis of the methodology for proportionality. The aim is to demonstrate that administrative legality is a construction that depends on the sectors concerned and the legal assets involved in State action, and that constitutional powers are not static or absolute when faced with exceptional circumstances. ; RESUMEN A partir de las bases fundacionales del derecho administrativo como disciplina jurídica, se examinan dos problemáticas que surgen como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 relacionadas con el control y la eficacia de sendas medidas adoptadas por las autoridades desde el esquema metodológico de la proporcionalidad. Se pretende demostrar que la legalidad administrativa es una construcción que depende de los sectores de referencia y de los bienes jurídicos comprometidos por la actuación estatal, y que las competencias constitucionales no son estáticas o absolutas cuando se deben enfrentar a circunstancias excepcionales.
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