The history of Rwanda cannot be reduced to the genocide, but at the same time, memories of the past cannot be built by silencing the pain of victims and victimizers, denying its existence. Given the overall lack of knowledge about the country, this genocide (that took place 20 years ago) is as unexplainable as the new image of economic prosperity and political stability. The purpose of this article is to contribute to the historical-political analysis of Rwanda from July 1994 to c. April 2014,foregrounding the existence of spaces for civil society to elaborate the memory of the recent past and solutions to overcome the ethical rupture constituted by the genocide. ; La historia de Rwanda no puede quedar reducida al genocidio, de igual forma que las memorias del pasado no se pueden construir silenciando el dolor de victimas y victimarios, negando que existió. Ante el gran desconocimiento de ese país, resultan tan sorprendentes como incomprensibles tanto el genocidio (hace 20 años) como su nueva imagen de prosperidad económica y estabilidad política. El objetivo de este artículo es contribuir al análisis histórico-político de Rwanda desde julio de 1994 hasta c. abril de 2014, destacando la inexistencia de espacios para que la sociedad civil elabore la memoria del pasado reciente y las soluciones para superar el rompimiento ético que significó el genocidio.
Resumen: El año 1999 ha sido testigo de un acontecimiento paradigmático en el contexto de la seguridad internacional. La intervención militar del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la República Federal de Yugoslavia –sin la autorización del Consejo de Seguridad– como consecuencia de la violación sistemática de los derechos humanos de la población albano-kosovar por parte del gobierno yugoslavo. Durante la campaña aérea y luego de haber finalizado esta con la capitulación de Yugoslavia, muchos analistas todavía buscan las razones "reales" o "estratégicas" de la intervención del Pacto Atlántico sin advertir que en la decisión de los diecinueve países que integran la OTAN primaron sobre todas las demás las consideraciones relativas a la defensa de los derechos humanos de la población albano-kosovar.
La caída del régimen de Mobutu Sese Seko (1965-1997) no sólo implicó la ocupación del territorio congolés por parte movimientos rebeldes apoyados por los gobiernos de Rwanda y Uganda, sino que introdujo a la República Democrática del Congo en un sistema de criminalización internacional del Estado. Este último esquema permitió el establecimiento de una red nacional/internacional de beneficios recíprocamente desiguales, lo cuales fueron usufructuados tanto por las empresas transnacionales involucradas en el tráfico de minerales de tercera generación y por los señores de la guerra (warlords) que fungieron como empresarios de la inseguridad para, posteriormente, convertirse en políticos "profesionales". De igual forma, ciertas franjas de la sociedad congolesa, se beneficiaron desigualmente al recuperar para sí mismas funciones estatales en una fórmula de Estado en la sociedad condicionada por el contexto de la economía de guerra que prevaleció desde la caída del mobutismo hasta los años tempranos de la década del 2000. ; Mobutu Sese Seko regime's (1965-1997) fall not only included the Congolese territory occupation from rebel movements supported by the Rwanda and Uganda governments, but it also introduced the Democratic Congo Republic to an international state criminalization system. This last scheme permitted the establishment of a national/international reciprocal, uneven benefit network, that became usufruct by the transnational enterprises involved in third generation mineral traffic as well as the warlords who acted as insecurity businessmen in order to become, subsequently, "professional" politicians. Certain stripes of Congolese society received unequal benefits when they recuperated the same state duties under a State motion under a war economy society determined, as well; system that prevailed from Mobutu's fall to the early years of the 2000 decade.
This text is intended to analyze the post-conflict in Africa, focusing on the case of Rwanda, on theframework of warlike situations in different countries of that region, in order to lighten the apprehensionover post-conflict periods.It seeks to tackle the subject of how the post-conflict period is politically managed and how it ishandled in the African national and international political agenda, to finally study in depth theRwandan case. It also reviews the African conflicts and post-conflicts (I) to focus the analysis on theways and directions that transitional justice policies are taking in Rwanda. From this work we expectto gather reflection, analysis and debate comparative elements about the peace process in Colombia. ; Con el presente texto se pretende reflexionar en torno al posconflicto en África, con énfasis en elcaso ruandés, en el marco de situaciones belicosas en distintos países de esa región, con el fin dedespejar el campo de aprehensión del período posterior a los conflictos. Se busca abordar el tema de la gestión política que se hace de la etapa posconflicto y el trato que recibeen la agenda africana de política nacional e internacional, para adentrarse en un campo relacionadocon el caso ruandés. Asimismo, se hace un repaso de los conflictos y posconflictos en el continenteafricano (I) con el propósito de centrar el análisis en las formas y orientaciones que están tomandolas políticas de justicia transicional en Ruanda (II). Se espera que de este ejercicio se desprendanelementos comparativos de reflexión, análisis y debates acerca del proceso de paz en Colombia.
Con el presente texto se pretende reflexionar en torno al posconflicto en África, con énfasis en el caso ruandés, en el marco de situaciones belicosas en distintos países de esa región, con el fin de despejar el campo de aprehensión del período posterior a los conflictos. Se busca abordar el tema de la gestión política que se hace de la etapa posconflicto y el trato que recibe en la agenda africana de política nacional e internacional, para adentrarse en un campo relacionado con el caso ruandés. Asimismo, se hace un repaso de los conflictos y posconflictos en el continente africano (I) con el propósito de centrar el análisis en las formas y orientaciones que están tomando las políticas de justicia transicional en Ruanda (II). Se espera que de este ejercicio se desprendan elementos comparativos de reflexión, análisis y debates acerca del proceso de paz en Colombia. ; This text is intended to analyze the post-conflict in Africa, focusing on the case of Rwanda, on the framework of warlike situations in different countries of that region, in order to lighten the apprehension over post-conflict periods. It seeks to tackle the subject of how the post-conflict period is politically managed and how it is handled in the African national and international political agenda, to finally study in depth the Rwandan case. It also reviews the African conflicts and post-conflicts (I) to focus the analysis on the ways and directions that transitional justice policies are taking in Rwanda. From this work we expect to gather reflection, analysis and debate comparative elements about the peace process in Colombia.
La etnicidad ha sido y continúa siendo una dimensión crítica en la política africana, al aportar los ingredientes primarios a la mayoría de los confl ictos del continente. Sin embargo, el problema no es la heterogeneidad étnica per se, sino el manejo político del que es objeto. A propósito de cumplirse 20 años del genocidio en Ruanda, este artículo revisa como el enfrentamiento entre los hutus y los tutsis se remonta al período pre-colonial, pero obedece, sobre todo, a la institucionalización de las diferencias físicas durante la colonia, lo que coloca al imaginario occidental como premisa de la desigualdad. ; Ethnicity has been and remains a critical dimension in African politics, as the primary ingredient of most of the conflicts on the continent. However, the problem is not ethnic heterogeneity per se, but its political use. On the occasion of the 20th anniversary of the Rwanda genocide, this article reviews how the confrontation between the Hutus and Tutsis goes back to pre-colonial period, but obeys mostly to the institutionalization of the physical differences in the colony, which places the Western imaginary as a premise of inequality. ; 169-180 ; matacarnevali@gmail.com ; Semestral
Focuses on the historical role of ethnic differences in the conflict between the Hutu and the Tutsi, as opposed to the emphasis of the international community on political and economic aspects of the conflict; Rwanda and Burundi. Summary in English p. 209.
En 1994 Ruanda vivió un terrible genocidio entre las etnias Hutu y Tutsi al que la victoria militar del Frente Patriótico Ruandés le puso fin. El gobierno del FPR implementó los Tribunales Gacaca como un mecanismo de justicia y verdad, que tuvo como objetivo principal impedir la impunidad de los responsables de los delitos cometidos durante el genocidio para promover la reconciliación entre los ruandeses. El presente artículo analiza los alcances de los Tribunales Gacaca que contribuyeron al proceso de reconciliación de la población ruandesa y los aprendizajes que de ello se deriva para Colombia en la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP. El análisis se centra en la justicia y en la reconciliación como elementos principales de los Tribunales Gacaca, realizando un paralelo de sus postulados y experiencias en la práctica, basado en la legitimidad del mecanismo y el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos, con el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. ; In 1994, Rwanda underwent a terrible genocide between the Hutu and theTutsi ethnic groups. The Rwandan Patriotic Front stopped the killings. The newgovernment of the RPF built the Gacaca Courts as a justice and truth mechanism, its goalwas to prevent the impunity of the genocide suspects and to promote reconciliationamong Rwandans. The present article makes a contribution to the analysis of thiscase in order to establish how the experience of the Gacaca Courts can teach ussomething about the reconciliation process and for the current implementation ofthe Peace Agreements between the FARC-EP and the Colombian Government. Theanalysis focus on justice and reconciliation as the principal elements of the GacacaCourts in order to build a parallelism between their postulates and experiences inimplementing international legal standards of human rights, and the legitimacy ofthe mechanism of the Special Peace Jurisdiction in Colombia.
As they are international crimes, it is fundamental to specify the powers of international and national courts. For this matter, two principles have been structured, both primacy and complementarity. To be able to understand its reach, this work examines what occurred with the International Military Court –the Nuremberg Trials– and the ad hoc criminal courts –for ex Yugoslavia and Rwanda–. At the same time, the reasons for implementing a complementarity principle in the International Criminal Court are examined, rejecting the idea of its primacy over national courts. ; Tratándose de crímenes internacionales resulta fundamental precisar las competencias entre los tribunales nacionales e internacionales. Para este efecto se han estructurado dos grandes principios, a saber, el de primacía y el de complementariedad. A fin de comprender su alcance, se examina lo acontecido con el Tribunal Militar Internacional –los llamados juicios de Nuremberg– y los tribunales penales ad hoc –para la ex Yugoslavia y Rwanda–. Asimismo, se analizan las razones que llevaron a implementar el principio de complementariedad respecto de la Corte Penal Internacional, rechazándose la idea de su primacía sobre los tribunales nacionales.
El presente artículo pretende problematizar el genocidio de Ruanda perpetrado hacia fines del siglo XX en el África Central desde una perspectiva antropológica socio-histórica, haciendo uso de diversas fuentes bibliográficas. En ese sentido, se focalizará en primer lugar en el análisis de la especificidad de las relaciones entre los tutsis y hutus construidas desde antes y durante la colonización europea. En segundo lugar, se pretende abordar las transformaciones políticas e implicancias en dichas relaciones a partir de la descolonización. Finalmente, se analizará la trasmisión construida, por parte de los medios masivos de comunicación locales y estadounidenses, de las masacres entre los hutus y tutsis acaecidas en 1994. ; This article aims to problematize the Rwandan genocide perpetrated by the end of the twentieth century in Central Africa from a socio- historical anthropological perspective and using various literature sources. In that sense, it will focus primarily on the analysis of the specificity of relations between Tutsis and Hutus built before and during European colonization. Secondly, it aims to address the political transformations in these relationships and implications from decolonization. Finally, the built transmission will be analyzed by the local mass media and American media, massacres between Hutus and Tutsis that occurred in 1994. ; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
How the Newspapers El País, Le Monde, Le Soir and The New York Times Treated Information on the Genocide in Rwanda in 1994O tratamento informativo do genocídio de Ruanda de 1994 nos jornais El País, Le Monde, Le Soir e The New York TimesThe genocide in Rwanda in 1994 claimed the lives of 800 000 people. This occurred in the face of inactivity on the part of Western governments, which only acted at the beginning of the massacres to evacuate western citizens and failed to create a security zone until more than two months later. The article analyzes how the newspapers El País, Le Monde, Le Soir and The New York Times covered the genocide, so as to assess the relevance each newspaper afforded to the situation and to provide a rough idea of how they contributed to what people knew about it. The research is based on an analysis of quantitative content in which the coverage providing information on the genocide is compared to the press coverage of other international conflicts that were ongoing at the time, such as the situations in Bosnia, South Africa and the Middle East. The results show the Rwandan conflict occupied more space than all the other conflicts on the international scene at the time, and a correlation was found between the volume of information and the degree to which the respective countries were implicated in the conflict. ; How the Newspapers El País, Le Monde, Le Soir and The New York Times Treated Information on the Genocide in Rwanda in 1994O tratamento informativo do genocídio de Ruanda de 1994 nos jornais El País, Le Monde, Le Soir e The New York TimesDOI: 10.5294/pacla.2018.21.4.11El genocidio de Ruanda ocurrido en 1994 se cobró la vida de 800 000 personas ante la inactividad de los Gobiernos occidentales, que solo actuaron al inicio de las masacres para evacuar a los ciudadanos occidentales y más de dos meses después para crear una zona de seguridad. Este artículo analiza el tratamiento informativo que los diarios El País, Le Monde, Le Soir y The New York Times concedieron al genocidio, para valorar qué relevancia se le otorgó en cada periódico y esbozar de qué manera contribuyeron al conocimiento informativo de la ciudadanía. La investigación se apoya en un análisis de contenido cuantitativo, en el que se compara el seguimiento de las informaciones sobre el genocidio con la cobertura periodística establecida en otros conflictos internacionales en las mismas fechas, como la situación en Bosnia, Sudáfrica y Oriente Medio. Los resultados indican que el conflicto de Ruanda ocupó más espacio que el resto de la actualidad internacional y se comprueba una correlación entre el volumen informativo y el grado de implicación de los países respectivos. ; O tratamento informativo do genocídio de Ruanda de 1994 nos jornais El País, Le Monde, Le Soir e The New York TimesHow the Newspapers El País, Le Monde, Le Soir and The New York Times Treated Information on the Genocide in Rwanda in 1994O genocídio de Ruanda em 1994 causou a morte de 800 mil pessoas ante a inatividade dos governos ocidentais, que somente atuaram no início dos massacres para evacuar os cidadãos ocidentais e mais de dois meses depois para criar uma zona de segurança. Este artigo analisa o tratamento informativo que os jornais El País, Le Monde, Le Soir e The New York Times deram ao genocídio para avaliar que relevância cada jornal outorgou a ele e esboçar de que maneira contribuíram para o conhecimento informativo da cidadania. A pesquisa está apoiada numa análise de conteúdo quantitativo, na qual se compara o seguimento das informações sobre o genocídio com a cobertura jornalística estabelecida em outros conflitos internacionais nas mesmas datas, como a situação na Bósnia, na África do Sul e no Oriente Médio. Os resultados indicam que o conflito de Ruanda ocupou mais espaço que o restante da atualidade internacional e comprovou-se uma correlação entre o volume informativo e o grau de implicação dos respectivos países no conflito.
Contenido: - Presentación | Gladys Lecchini - Cambios en el estado y la política en el África post Guerra Fría | Gladys Lechini - Marruecos y el 11-M: La actuación de Al Qaeda en el reino alauí y su proyección hacia España | Juan José Vagni - El Magreb frente a la Asociación Euromediterránea: Retos pendientes | Magdalena Carrancio - 10 años de democracia en Sudáfrica. Balance y perspectivas | María Gisela Pereyra Doval y Verónica Taulamet - A 10 años del genocidio en Rwanda | Diego Buffa - ¿Es posible la paz en Sudán? | María José Becerra ; Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)
En este documento se analiza la justicia internacional desde la perspectiva de las mujeres sobrevivientes de violaciones cometidas durante el genocidio en Rwanda y se exponen las oportunidades que en el último decenio se han desperdiciado en los juicios por violencia sexual ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR). Durante el genocidio en Rwanda, en todas las prefecturas del país se desató una violencia sexual generalizada principalmente en contra de las mujeres tutsi. Miles de mujeres fueron violadas en las calles, en los puntos de control instalados en las carreteras, en sembradíos, o bien dentro o cerca de edificios del gobierno, hospitales, iglesias y otros lugares donde buscaron refugio. Las mujeres fueron sometidas, individualmente y en grupo, a la esclavitud sexual con el propósito de violarlas. Eran violadas con palos punzantes u otros objetos, hasta causarles la muerte. Luego sus cuerpos fueron abandonados, por lo general desnudos, ensangrentados, los brazos y piernas extendidos, expuestos a la vista de todos. La propaganda de odio que se emprendiera antes y durante el genocidio alimentó la violencia sexual mediante la satanización de la sexualidad de las mujeres tutsi. A la luz de las pruebas y los delitos que el TPIR debe conocer, prácticamente todos los que han de comparecer ante este tribunal internacional deberían ser imputados y condenados, según corresponda, por su papel en la ejecución de estos actos, o por su responsabilidad como líderes por no prevenir las acciones de sus subordinados. Sin embargo, a 10 años de haberse cometido el genocidio en Rwanda, el TPIR ha dictado 21 sentencias: 18 condenas y 3 absoluciones. El 90 por ciento de estos fallos no incluyó ninguna condena por violación. Lo que resulta todavía más perturbador es que el número de absoluciones por violación fue el doble de las condenas por el mismo delito. La Fiscalía ni siquiera presentó cargos de violación en el 70 por ciento de los casos adjudicados. De continuar esta tendencia, será cada vez mayor la probabilidad de que no se haga plena justicia a las mujeres víctimas del genocidio en Rwanda ante el TPIR. Este documento se basa en entrevistas con sobrevivientes de violaciones en Rwanda, entre ellas algunas de las mujeres que atestiguaron ante el TPIR. En la primera parte se examinan los funestos antecedentes del fiscal del TPIR en la investigación y enjuiciamiento de las violaciones sexuales. Los 10 años transcurridos revelan una falta de voluntad política a nivel de los altos directivos para integrar los delitos de violación sexual en una estrategia de enjuiciamiento estable y constante. Diversos factores han dificultado los procesos, entre otros, las investigaciones inadecuadas, la aplicación de una metodología de indagación inapropiada y la falta de capacitación del personal. Algunos casos han continuado sin acusaciones de violación, a pesar de que en algunos de ellos el fiscal tenía en su poder pruebas fehacientes del delito. En un número considerable de casos, los cargos por violación se han agregado tardíamente como enmiendas, en lugar de formar parte integral de la estrategia de enjuiciamiento. Los abogados principales de la fiscalía siguen teniendo interpretaciones y opiniones divergentes y hasta contradictorias sobre la responsabilidad legal de la violencia contra las mujeres y sobre el enfoque legal que han de adoptar en la corte. La segunda parte del documento se basa en las voces de los testigos de las violaciones, incluidas algunas de las mujeres que atestiguaron ante el TPIR. En esta parte se revela la profunda decepción y frustración de las víctimas de las violaciones frente al proceso de justicia internacional. Las mujeres de Rwanda explican lo que en su opinión ha sido el fracaso del tribunal, que no sólo les ha negado justicia, sino también agudizado el sufrimiento que continúan padeciendo. En el documento se destacan algunas de las deficiencias del proceso (el cual se ha estructurado sin considerar la necesidad de brindar una atención y una protección óptimas a las víctimas de violación), como la carencia de información y seguimiento y la falta de una explicación completa por parte de la fiscalía sobre los posibles riesgos. En la corte, por lo general como consecuencia de la conducción de juicios conjuntos con múltiples acusados, las víctimas de violación se enfrentan a un ambiente hostil en el que se ven sometidas a contrainterrogatorios prolongados y repetitivos, a lo cual se suma la renuencia de algunos jueces a limitar el período de repreguntas. Debido a una falta de preparación adecuada, algunas víctimas de violación se han sentido humilladas y apenadas al momento de presentar su testimonio porque no se les advirtió que tendrían que hablar explícitamente sobre partes de su cuerpo o sobre actos sexuales. Luego de los juicios, las víctimas de violación con frecuencia observan que, a pesar de la prometida anonimidad, regresan a sus hogares para enterarse de que se ha revelado su identidad como víctimas de violación, tras lo cual se ven sujetas a amenazas y represalias. Luego de una década de existencia, resulta desalentador ver cuán poca justicia el Tribunal Penal Internacional para Rwanda ha podido llevar a las víctimas de la violencia sexual. En esta era de justicia internacional, deben desplegarse esfuerzos concertados para aprender de las experiencias de las víctimas de violación en Rwanda y asegurarse de que las Naciones Unidas no continúe en deuda con las víctimas de violación. Este análisis de la justicia internacional a través de los ojos de las víctimas de violación revela la urgente necesidad de velar, como cuestión prioritaria, por que los tribunales penales internacionales no pasen por alto los crímenes de violencia sexual ni permitan la conducción de un proceso judicial que margina, deshumaniza y degrada a las víctimas de violación. ; This paper offers an examination of international justice from the perspective of rape survivors from the Rwandan genocide, and exposes the squandered opportunities that have characterized sexual violence prosecutions over the past decade at the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Throughout the Rwandan genocide, widespread sexual violence, directed predominantly against Tutsi women, occurred in every prefecture. Thousands of women were raped on the streets, at checkpoints, in cultivated plots, in or near government buildings, hospitals, churches, and other places where they sought sanctuary. Women were held individually and in groups as sexual slaves for the purpose of rape. They were raped to death using sharp sticks or other objects. Their dead bodies were often left naked, bloody and spread-eagled in public view. The hate propaganda before and during the genocide fuelled the sexual violence by demonizing Tutsi women's sexuality. Given the evidence and the crimes that the ICTR is tasked with prosecuting, virtually every defendant coming before this international court should be charged and convicted, where appropriate, for his role in perpetrating these acts, or for command responsibility in not preventing the acts of subordinates. Yet on the tenth anniversary of the Rwandan genocide, the ICTR had handed down 21 sentences: 18 convictions and 3 acquittals. An overwhelming 90 per cent of those judgements contained no rape convictions. More disturbingly, there were double the number of acquittals for rape than there were rape convictions. No rape charges were even brought by the Prosecutor's Office in 70 per cent of those adjudicated cases. If the trend continues, full and fair justice for women victims of the Rwandan genocide appears increasingly unlikely before the ICTR. This paper is based on interviews with Rwandan rape survivors, including some who have testified as witnesses before the ICTR. The first part is an examination of the dismal record of the ICTR Prosecutor's Office in investigating and prosecuting sexual violence crimes. The past decade reveals a lack of political will at the senior management level to integrate sexual violence crimes into a consistently followed prosecution strategy. Prosecutions have been hampered by inadequate investigations, the use of inappropriate investigating methodology, and a lack of training for staff. Some cases have moved forward without rape charges, sometimes even when the prosecutor is in possession of strong evidence. In a significant proportion of the cases, rape charges have been added belatedly as amendments, rather than being made an integral part of the prosecution strategy. Trial team leaders continue to have differing, and even contradictory, interpretations of legal responsibility for the violence against women and opinions on what legal approaches to adopt in the courtroom. The second part of the paper is based on the voices of the rape witnesses, including some who have testified before the ICTR. It reveals the deep disappointment and frustration of rape victims with the international justice process. Rwandan women articulate what they see as the failure of this court, which not only denies them justice, but exacerbates the suffering they continue to experience. This paper highlights some of the hortcomings in the process, which is structured without regard to providing optimal care and protection to rape victims, including a lack of information and follow-up, and the lack of full disclosure by the Prosecutor's Office on the possible risks. In the courtroom, often as a result of joint trials with multiple defendants, rape victims find the environment hostile as they are subjected to repeated and lengthy cross-examinations, coupled with a reluctance on the part of some judges to limit excessive cross-examination. Because of a lack of adequate preparation, some rape victims have felt humiliated and embarrassed on the stand because they were not warned that they would have to speak explicitly about sexual parts or acts. Following trial, rape victims often find that despite the promised anonymity, they return home to find their identity revealed as rape victims, and are subject to threats and reprisals. After a decade of existence, it is discouraging to see how little justice the ICTR has delivered to the victims of sexual violence. In this era of international justice, concerted efforts must be made to learn from the experiences of the Rwandan rape victims to ensure that the United Nations does not continue to short-change rape victims. Looking at international justice through the eyes of rape victims points to an urgent need to better ensure, as a priority, that international criminal courts neither overlook sexual violence crimes nor allow a judicial process that marginalizes, dehumanizes or demeans rape victims. ; L'auteur, qui porte sur la justice internationale le regard de celles qui ont survécu à un viol pendant le génocide rwandais, dénonce ici les occasions manquées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) de poursuivre les violences sexuelles au cours des dix dernières années. Pendant tout le génocide rwandais, toutes les préfectures ont été le théâtre de violences sexuelles généralisées, dirigées le plus souvent contre des femmes tutsies. Des milliers de femmes ont été violées dans les rues, aux postes de contrôle, dans les champs, à l'intérieur ou à proximité de bâtiments publics, d'hôpitaux, d'églises et d'autres endroits où elles cherchaient refuge. Des femmes ont été détenues, seules et en groupes, comme esclaves sexuelles, pour être violées. Elles ont été violées à mort, à l'aide de bâtons pointus ou d'autres objets. Leurs corps ont été souvent abandonnés nus, ensanglantés, les bras et jambes écartés, exposés à la vue de tous. La propagande de haine avant et pendant le génocide a alimenté la violence sexuelle en diabolisant la sexualité des femmes tutsies. Etant donné les preuves et les crimes que le TPIR est chargé de poursuivre, pratiquement tous les accusés déférés devant cette juridiction internationale devraient être inculpés et déclarés coupables, le cas échéant, pour avoir eux-mêmes perpétré ces actes ou, s'ils étaient à des postes de commandement, pour n'avoir pas empêché leurs subordonnés de les commettre. Pourtant, à la date du dixième anniversaire du génocide rwandais, le TPIR avait rendu 21 jugements: 18 condamnations et 3 acquittements; 90 pour cent de ces jugements ne contenaient aucune condamnation pour viol. Plus troublant encore, les acquittements pour viol ont été deux fois plus nombreux que les condamnations prononcées pour ce chef d'inculpation. Dans 70 pour cent des affaires jugées, le viol ne figure même pas parmi les charges retenues par le Bureau du Procureur. Plus cette tendance se poursuit, plus s'amenuisent les chances de voir le TPIR accorder pleinement satisfaction aux femmes victimes du génocide rwandais. Ce document repose sur des interviews de Rwandaises qui ont survécu au viol et dont certaines ont témoigné devant le TPIR. Dans la première partie, l'auteur, qui examine ce qu'a fait le Bureau du Procureur du TPIR pour instruire et poursuivre les crimes de violence sexuelle, dresse un triste bilan. Les dix dernières années révèlent un manque de volonté politique au niveau le plus élevé de l'administration, qui renâcle à intégrer les crimes de violence sexuelle dans une stratégie de poursuites cohérente. L'insuffisance des enquêtes menées, l'emploi de méthodes d'investigation inappropriées et le manque de formation du personnel ont été autant de pierres d'achoppement à l'engagement de poursuites. Certains dossiers ont avancé sans que le viol figure parmi les chefs d'accusation, alors même que le procureur détenait de solides preuves. Dans une proportion non négligeable des affaires, le viol a été ajouté tardivement sous forme d'amendement à l'acte d'accusation, mais sans faire partie intégrante de la stratégie du ministère public. Les chefs des équipes spécialisées dans les procès continuent d'avoir des interprétations divergentes et même contradictoires de la responsabilité légale des violences commises contre les femmes, et des opinions différentes sur la méthode d'approche qu'il convient d'adopter dans la salle d'audience. La seconde partie du document donne la parole aux témoins des viols, dont certain(e)s ont témoigné devant le TPIR. Elle révèle l'amertume des victimes de viol, profondément déçues par la justice internationale. Les femmes rwandaises expriment ce qu'elles perçoivent comme un manquement de ce tribunal, qui non seulement leur dénie la justice mais exacerbe encore la souffrance qu'elles continuent d'éprouver. Ce document met en évidence quelques-unes des carences du processus, qui se déroule sans que l'on pense à apporter aux victimes de viol une assistance et une protection optimales, qui devraient inclure information et suivi, et sans que le Bureau du Procureur ne les avertisse de manière circonstanciée des risques qu'elles peuvent encourir. Comme souvent les procès sont communs à de nombreux accusés, les victimes de viol jugent hostile l'environnement de la salle d'audience, où elles sont soumises à des contre-interrogatoires longs et répétitifs, d'autant que certains juges sont réticents à limiter les excès en la matière. Insuffisamment préparées, certaines victimes de viol se sont senties humiliées et gênées à la barre des témoins car on ne les avait pas averties qu'elles devraient parler explicitement de certains actes ou organes sexuels. Après le procès, il arrive souvent que, de retour chez elles, elles découvrent que, malgré la promesse d'anonymat qui leur a été faite, leur identité de victimes de viol est connue et qu'elles fassent l'objet de menaces et de représailles. Au bout de dix ans d'existence, il est décourageant de voir le peu de justice que le TPIR a rendu aux victimes de violences sexuelles. En cette ère de justice internationale, des efforts concertés doivent être faits pour tirer les leçons des expériences des victimes de viol au Rwanda afin que celles-ci ne soient plus mises à mal à l'avenir par les Nations Unies. Si l'on porte sur la justice internationale le regard des victimes de viol, on s'aperçoit qu'il est impératif de mieux veiller, avant toutes choses, à ce que les juridictions pénales internationales ne négligent pas les crimes de violence sexuelle et ne laissent plus aucun procès marginaliser, déshumaniser ou humilier les victimes de viol.
This article reviews the processes of consolidation of the principle of legality and of the criminalisation of crimes against humanity in international criminal law from a historical perspective. It starts with the Nuremberg Tribunal of 1945 and then traces the development of these two processes side-by-side: the enshrinement of the principle of legality in a series of universal treaties protecting human rights between the 1960s and the 1980s and the criminalisation of crimes against humanity in the Statutes for the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and for Rwanda and in the Rome Statute of the International Criminal Court. ; En este artículo se revisan los procesos de consolidación del principio de legalidad y de tipificación de los crímenes de lesa humanidad en el ámbito del derecho penal internacional desde una perspectiva histórica. Para ello, se repasa el desarrollo de ambos procesos, partiendo del Tribunal de Núremberg hasta culminar con la consagración del principio de legalidad en una serie de tratados universales de protección de derechos humanos suscritos entre las décadas de 1960 y 1980 y con la tipificación internacional de los crímenes de lesa humanidad en los estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex-Yugoslavia y para Ruanda y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El diez de julio de 1999 varios países africanos firmaron un acuerdo en Lusaka, Zambia, para cesar las hostilidades que azotaban a su región desde hacía años. Los firmantes fueron Angola, Congo Democrático, Namibia, Rwanda, Uganda, Zambia y Zimbabwe. Estos países se habían visto involucrados en una inmensa guerra o incluso cadena de guerras, centradas en el territorio de la actual República Democrática del Congo, desde al menos 1996. El conflicto comprende una variedad de causas; las más importantes refieren a disputas étnicas entre los distintos países. Congo, el país más grande de África Central, ha sido progresivamente desmembrado en regiones en las cuales su gobierno cada vez ha perdido más el control. Los grandes conflictos que rodean a la serie de guerras en ese país son dos: el conflicto Ituri entre los grupos lendu y hema, y el conflicto Kivu, entre el gobierno congoleño y un general rebelde. El primero refiere a la provincia homónima del norte del país, y ha provocado la intervención de Uganda - un país que a su vez tiene su propia guerra civil contra un ejército mesiánico particularmente brutal, llamado el Ejército de Resistencia del Señor. El segundo, que es el que más aparece en las noticias por estos días, ha provocado la introducción de la influencia rwandesa. Además de esos dos conflictos étnicos, también ha habido fuertes disputas por el poder en Kinshasa, la capital de la RDC. Esta ciudad, que se encuentra en el extremo occidental del país y por lo tanto muy lejos de las zonas de conflicto, también ha recibido intervenciones del extranjero. Distintos regímenes de otros países africanos, como Libia, Namibia y Zimbabwe, han enviado tropas y apoyo para contribuir al esfuerzo bélico por la toma del poder en el país, en su caso más reciente del actual Presidente, Joseph Kabila hijo. Tras la firma del cese al fuego de 1999, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que establecía una fuerza militar bajo su bandera que lo monitorease. La Misión de la Organización de las Naciones Unidas en el Congo pasó a ser conocida por sus siglas en francés, que son las mismas que en español: MONUC. La misión no es sencilla: en una de las zonas de guerra más activas de África, a MONUC le corresponde, además de supervisar el respeto por el cese al fuego y protegerse a sí misma, trabajar para resolver temas pendientes de la guerra, como el destino de los prisioneros de guerra. Además, es la encargada de la logística de las provisiones humanitarias que envía Naciones Unidas a las distintas poblaciones azotadas por el conflicto. El capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas de 1945, que gobierna legalmente su presencia, les permite proteger a civiles bajo amenaza inmediata de violencia física. Entre los países que más han contribuido tropas a MONUC no se encuentra ninguna de las potencias mundiales más tradicionales. El país que más soldados ha provisto a MONUC es también el más poderoso: India, con 4.372 tropas. Su enemigo principal, Pakistán, extrañamente también participa de la misma misión, con 3.551 tropas. Un país más de la misma región, Bangladesh, provee 1.330 soldados. El siguiente país en contribuir más tropas es Uruguay, con 1.324 miembros del Ejército. Es notoriamente la contribución más alta en proporción a la población del país de origen. MONUC se divide en dos secciones: una occidental y una oriental. La primera está establecida en el cuartel general de toda la misión, en Kinshasa. La segunda, en la región oriental, se encuentra geográficamente en la región más complicada del país. Los nombres de las ciudades donde MONUC tiene bases, hasta hace poco olvidados por el mundo, cada vez resultan más familiares: Kisangani, Bunia, Goma, Bukavu. Las tropas uruguayas participan tanto de la brigada occidental, en Kinshasa, como de la oriental. En esa región, al menos antes del caos de las semanas más recientes Uruguay tenía soldados en Kalemie, los lagos Albert y Kivu, los aeropuertos de Kindu y Bukavu. Sin embargo, al parecer es común que las tropas de distintos países se releven entre sí y desplacen entre las distintas bases de la región. El estallido de violencia más reciente en Congo proviene del asalto lanzado por Laurent Nkunda, un general congoleño rebelde. Nkunda ha emergido como un importante líder de la etnia tutsi, cuya población ocupa partes de Congo oriental y de la vecina Rwanda. En 1994, hordas de milicianos y simples civiles de la rival etnia hutu se lanzaron a las calles de ese último país a exterminar a todo ser humano tutsi que se cruzasen. Lograron matar a más de ochocientos mil antes de que terminase el espasmo de violencia, que culminó con la huida de muchos de estos hutus a las junglas del vecino Congo. En aquel entonces existía en Rwanda una misión de Naciones Unidas, pero sus órdenes, dominadas por el legalismo diplomático que domina la ONU, les impedían utilizar las armas para proteger a los civiles inocentes que los hutus perseguían por las calles. El general canadiense de esa misión, Roméo Dallaire, vive desgarrado hasta el día de hoy por ese fracaso. En los años que han pasado desde entonces, los hutus que se refugiaron del otro lado de la frontera han mantenido las tensiones con los tutsis de ambos países, Congo y Rwanda. El ataque de Nkunda, apoyado extraoficialmente por el gobierno rwandés, es un intento por expulsar de la región a las milicias hutu que el gobierno de Kinshasa se rehúsa a capturar. A este escenario complejo, en el cual aparentemente las propias tropas de Nkunda han cometido excesos de violencia, se suman factores de mayor complicación. Para empezar, el ejército de Congo, un país de reciente entrada a la democracia electoral y que había esperanzado a muchos, increíblemente optó por dar media vuelta y retroceder ante el avance rebelde. No sólo abandonó a la población que debía proteger, sino que sus tropas -que se visten de forma irregular, incluyen adolescentes armados y no marchan en formación- han saqueado ciudades, campamentos de refugiados y masacrado civiles de su propio país. Paradójicamente, el ejército rebelde se ha mostrado disciplinado, ordenado y cauto en su despliegue militar. Esta nueva explosión en el conflicto congoleño ha hecho estallar las junglas del Este del Congo. Las fotografías de la prensa internacional muestran ríos de civiles recorriendo los caminos de tierra de la región en búsqueda de refugio. Para empeorar la situación, muchos campos de refugiados fueron evacuados -por fuerzas aún sin identificar con certeza- e incendiados, lo cual ha obligado a muchas personas a reducirse hasta el último estrato de la supervivencia y huir a las junglas. En medio de esto se encuentran las fuerzas de MONUC, que rápidamente se han visto desbordadas. La respuesta internacional hasta ahora ha sido lamentable. Por ejemplo, el gobierno francés –aún con un canciller destacable como Bernard Kouchner- se ha tomado el trabajo de aclarar que piensa oponerse al envío de refuerzos para MONUC que puedan separar a las fuerzas en conflicto y proteger a los civiles que se encuentran en el medio. La Unión Europea apuesta por esa palabra mágica que a sus ojos soluciona todo: la diplomacia. Entretanto, Uruguay responde a informes poco probables que indican que sus fuerzas se retiraron de la línea de fuego para salvarse a sí mismas. Ante informes de que más del 70% del equipamiento de las fuerzas uruguayas está averiado o inutilizable, y aún sabiendo que los suministros básicos escasean, el gobierno de Uruguay se ha limitado a notificar que el próximo vuelo de socorro para sus propias tropas llegará el diecisiete de noviembre. La excusa que se presenta es que es la primera oportunidad en la que se contará con el C-130 correspondiente. Dos contingentes uruguayos están atrapados en medio de la zona de guerra: 15o soldados en Rutshuru y otro grupo de guardias en la devastada ciudad de Goma. La comunidad internacional se ha manifestado con su usual decisión y efectividad: expresando "preocupación" y "urgiendo" un cese al fuego. Mientras tanto, en las junglas de Kivu manda el más fuerte, y en medio quedan civiles inocentes, que ya venían de situaciones horrendas. Está claro que se trata de una situación caótica en la cual, si ni las grandes potencias están dispuestas a arriesgar un ápice de esfuerzo, menos podrán hacer países de menor poder. Sin embargo, es un hecho que Uruguay tiene una presencia en la región. Quizá pueda hacer algo por salvar vidas inocentes, evitar una repetición de lo ocurrido en Rwanda en 1994 y, quizá, restaurar la dignidad de Naciones Unidas. Lo primero es proteger a sus tropas. Lic. en Estudios Internacionales. Universidad ORT - Uruguay
