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Este trabajo busca conocer el papel de los jueces en la deriva punitiva que según la doctrina mayoritaria caracteriza la evolución reciente del sistema penal español. Ello no es posible acudiendo a datos oficiales, por lo que recurrimos a investigaciones realizadas con datos primarios sobre imposición y ejecución de penas. Se comparan dos conjuntos de datos generales existentes correspondientes a 1998 y 2015/16 respectivamente. Para aislar la variable "juez", se comparan únicamente los delitos contra la propiedad sin violencia ni intimidación, cuya penalidad no ha sufrido reformas legislativas relevantes. Los análisis permiten verificar que en 2015/16 se impuso en mayor medida la pena de prisión, aunque de menor duración que en 1998, y suspendida con mayor frecuencia.
El trabajo concluye que, de acuerdo con los datos disponibles, los jueces españoles no parecen haber contribuido a la deriva punitiva experimentada por nuestro sistema penal

El proceso Penal Colombiano está regido por la Ley 906 de 2004. Con este nuevo Código se dio origen al sistema penal acusatorio el cual incorporó nuevos modelos de gestión respecto a la administración de justicia, donde factores como el trabajo en equipo, la planeación, la organización y demás, (Consejo superior de la Judicatura, 2004) se unen en pro de dar cabal cumplimiento al principio de celeridad, lo que permite que el sistema judicial sea más rápido y efectivo. La Celeridad procesal es uno de los principios que rigen este sistema acusatorio y se aplica de manera obligatoria dentro del proceso penal Colombiano como también en el proceso penal Estadunidense, que a pesar de su forma de Gobierno federal, aun así existen mandamientos constitucionales que obliga a que en cada proceso penal sin importar el Estado, se apliquen los principios que rigen de manera general. Dicho lo anterior, surge para el investigador el siguiente interrogante: ¿El Principio de Celeridad aplicado en el proceso penal colombiano guarda relación con el sistema penal estadounidense?, para dar respuesta al mismo, se empleara como metodología el método cualitativo con el instrumento de recolección de información documental empleando artículos indexados, doctrina, y normatividad. ; Facultad de Derecho - Centro De Investigaciones Sociojurídicas ; The Colombian Criminal Procedure is governed by Law 906 of 2004, with this new Code gave rise to the accusatory criminal system which incorporates new management models regarding the administration of justice, where factors such as teamwork, planning, Organization and others, (Superior Council of the Judiciary, 2004) join in order to fully comply with the principle of speed, which allows the judicial system to be faster and more effective. The procedural speed is one of the principles that govern this accusatory system and is applied in a mandatory way within the Colombian criminal process as well as in the criminal process of the United States, which despite its form of federal government, even there are constitutional orders that oblige that in every criminal proceeding, regardless of the State, the principles that govern in a general way apply. Having said the above, the following question arises for the researcher: Does the Celerity Principle applied in the Colombian criminal process relate to the American criminal system? To answer it, the qualitative method with the collection instrument will be used as a methodology of documentary information using indexed articles, doctrine, and normativity.

Los procesos de globalización se han extendido fuera de las fronteras de cada Estado en el ámbito económico, político, cultural y tecnológico. Como en anteriores revoluciones industriales, han impuesto su modelo económico apoyándose en una concreta ideología. La ideología de la globalización se asienta sobre el pensamiento neoliberal de la eficacia tecnocrática y del beneficio. La mundialización ha afectado a la criminalidad, tanto en su extensión como en su estructura y forma de aparición. Para hacer frente a la criminalidad de la globalización, el sistema penal ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. La ideología de la globalización y sus efectos en el ámbito de la delincuencia, ha influido de forma decisiva en la concepción teórica del Derecho Penal. Esta relación se refleja en la Dogmática Penal, en los modelos funcionalistas, en el Derecho Penal simbólico o en el Derecho Penal del enemigo. La globalización también ha extendido los valores propios de las democracias occidentales. Y como resultado, ha contribuido a la ideología de la tutela de los derechos humanos en casi todo el Planeta. Su influencia en el sistema penal ha sido decisiva. Se explica así la fuerte tendencia en las últimas décadas a la internacionalización del Derecho Penal y las manifestaciones del Derecho Penal intercultural.

En el año 2017 comencé a investigar la construcción de un orden carcelario en la unidad penitenciaria Nº33 de La Plata, sobre todo me interesa lo que se podría denominar estrategias de gobernabilidad carcelaria recuperables para la investigación empírica a partir de los diversos formatos de relaciones sociales entabladas, entre el personal del SPB y las mujeres que allí se encuentran privadas de la liberad. La unidad 33 aloja exclusivamente población femenina y dentro del sistema penal provincial, es una unidad particular ya que es la única que contiene algunos pabellones especiales para alojar mujeres embarazadas y madres con hijos hasta los 4 años. Estas características hacen que las estrategias de gobierno tengan que ser diferentes a las utilizadas en otros penales. Utilizo la etnografía por su especificidad para dar cuenta de la producción y reproducción de sentidos y formas de sociabilidad específicas al interior de los espacios sociales. ; Universidad Nacional de La Plata

Si uno mira el funcionamiento del sistema penal de cualquiera de nuestros países, se va a encontrar con una realidad realmente desgarradora. ¿Es casual que la mayoría de gente que habita en nuestras cárceles sea pobre? ¿Existe alguna explicación y justificación para este fenómeno social? ¿Tiene relación la organización social y política con el funcionamiento del sistema penal? ¿Cómo se caracteriza a un derecho penal consistente con estado constitucional de derechos? Para abordar estas preguntas, en un primer momento y a lo largo de este ensayo, utilizando fuentes confiables y objetivas, se demostrará que quienes son víctimas del sistema penal son las personas más pobres. En un segundo momento se realizará un análisis doctrinario sobre este fenómeno y se pretenderá demostrar que no existe justificación razonable, desde algunos parámetros (la democracia, la igualdad, la proporcionalidad y la justicia,) para tolerar tanta violación a los derechos humanos, para concluir sobre su inaceptabilidad de este patrón estatal tolerado socialmente dentro de un marco constitucional de derechos. Finalmente, después de tanta crítica, se presentarán algunas pautas para pensar en un derecho penal distinto. Para efectos de este ensayo, justicia penal y sistema penal se utilizarán indistintamente. Se entenderá como tales el conjunto de elementos que la conforman y la manera de operar actualmente, que es un modelo basado en el encierro como idea central y en formas represivas de manifestación. Entre los elementos, tenemos al derecho penal, configurado por las leyes penales, procesales y de ejecución de penas; a los actores en sus distintas agencias, incluido políticos, policías, militares, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias; y a los momentos por los que atraviesa una persona sometida al derecho penal, que van desde la detención, pasando por el proceso y terminando en el encierro.

2007/2008 ; Lo studio dei procedimenti speciali nel sistema della responsabilità amministrativa derivante da reato, introdotta nell'ordinamento italiano con il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha preso le mosse dalla scelta operata dal legislatore di prediligere il processo penale quale paradigma di accertamento dell'illecito dell'ente. Si è anzitutto evidenziato, anche attraverso il raffronto con altre esperienze, europee ed extra europee, che l'assegnazione al giudice penale della decisione su una res iudicanda amministrativa rappresenta una soluzione fortemente innovativa, tant'è che nessun parallelismo potrebbe instaurarsi tra tale cognizione e l'accertamento amministrativo richiesto dalla legge di depenalizzazione e modifiche del sistema penale (art. 24 l. 24 novembre 1981, n. 698). Lasciando a latere la questione della natura della responsabilità dell'ente – se si tratti, cioè, al di là dell'etichetta, di responsabilità amministrativa, penale o di altro genere – e precisato che l'importazione del modello processuale penale implica l'estensione alla persona giuridica dell'impianto garantistico offerto alla persona fisica, sono state passate in rassegna le cause di tale originale combinazione. A parte la valenza politica che l'attrazione dell'illecito della societas all'interno del processo penale reca con sé in termini di riprovevolezza del crimine d'impresa, è l'esistenza di un reato, primo tassello del mosaico raffigurante la complessa fattispecie dell'illecito amministrativo, a legittimare la devoluzione della vicenda dell'ente alla giurisdizione penale anziché all'autorità amministrativa, unitamente a ragioni di garanzia ed efficienza. Proprio in relazione a questi ultimi parametri emerge la pertinenza della previsione di giudizi speciali nel rito de societate; scelta, che avrebbe nondimeno potuto essere ostracizzata, data la mancata attenzione del legislatore delegante verso questa materia e in presenza dell'indicazione che ancorava la riduzione della sanzione amministrativa a situazioni di particolare tenuità del fatto (art. 11 comma 1 lett. g l. n. 300 del 2000) ovvero all'adozione da parte dell'ente di comportamenti di reintegrazione dell'offesa (art. 11 comma 1 lett. n l. n. 300 del 2000). Sul versante dell'efficienza, è nota la genetica finalizzazione dei riti speciali alla celere definizione dei carichi giudiziari, obiettivo imposto dal canone costituzionale della ragionevole durata dei processi (art. 111 comma 2 Cost.). Tale esigenza deflativa viene avvertita anche nel processo all'ente poiché il modello di accertamento confezionato per l'illecito dell'ente ricalca quello previsto per il reato, impostato cioè sulla classica successione fatta di indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento, di talché presenta le stesse ricadute che l'acquisizione della prova in contraddittorio comporta sui tempi processuali. Inoltre, occorre sottolineare che la scelta di procedere contestualmente per il reato nei confronti della persona fisica e per l'illecito nei riguardi della persona giuridica (art. 38 comma 1), seppur giustificata dal presupposto di pregiudizialità esistente tra illecito penale e illecito amministrativo, duplica l'attività processuale con conseguenti rallentamenti sul funzionamento della macchina giudiziaria. Si è, quindi, appuntato che, se alla base dell'inserimento dei riti speciali nel processo all'ente vi sono giustificazioni di economia processuale, nessuna valida ragione, a fronte dell'esigenza di coerenza sistematica, può sussistere nel ritenere inammissibili il giudizio immediato e il giudizio direttissimo, i quali non figurano nel decreto giacché il legislatore non ha ritenuto di dover dettare un'apposita disciplina. A ciò si aggiunga che l'efficienza processuale si salda con l'effettività della sanzione, obiettivo caldeggiato dal legislatore delegante (art. 11 comma 1 lett. f l. n. 300 del 2000), in cui risultano assorbiti scopi di prevenzione generale e speciale; quest'ultimo, peraltro, risulta predominante nel sistema della responsabilità amministrativa da reato, in cui tanto le sanzioni quanto, e impropriamente, il processo partecipano della finalità di recupero dell'ente alla legalità. In relazione all'aspetto garantistico, si è sottolineato come sia la legge a suggerire che anche all'ente vengano assicurati i benefici derivanti da scelte processuali alternative, laddove prevede il riconoscimento al soggetto collettivo degli stessi diritti e delle medesime facoltà spettanti all'imputato (art. 35); vantaggi, da reputare compatibili con la natura astratta del presunto responsabile amministrativo. Vero è che la praticabilità di soluzioni alternative all'ordinario iter processuale, tanto nel procedimento relativo al reato quanto in quello riguardante l'illecito amministrativo, determina la separazione delle regiudicande, fenomeno che ha comportato la trattazione delle conseguenze che tale divaricazione produce sul simultaneus processus (art. 38). In particolare, si è parlato dell'incompatibilità del giudice della responsabilità amministrativa a decidere in ordine al reato della persona fisica, e viceversa; si è, poi, affrontato il tema dell'acquisizione della sentenza irrevocabile emessa nei confronti dell'ente o dell'imputato, nel procedimento dell'altro (art. 238-bis c.p.p.), con la precisazione che esula da tale meccanismo acquisitivo la sentenza di patteggiamento, sia essa applicativa della pena all'imputato o della sanzione all'ente, poiché carente sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità e, quindi, inidonea ad influire sulla decisione da assumere nell'altro procedimento. A seguire, sempre gravitando sul tema della circolazione probatoria, si è visto come sia recuperabile nel processo all'ente, seppur con qualche aggiustamento, la norma di cui all'art. 238 c.p.p.; infine, l'attenzione si è focalizzata sulle regole che governano l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato del reato presupposto e del legale rappresentante dell'ente nel separato procedimento a carico, rispettivamente, del soggetto collettivo e della persona fisica; compito, questo, che ha messo in luce il problema della qualificazione penalistica del rapporto sussistente tra reato e illecito amministrativo. La seconda parte del lavoro è dedicata alla trattazione dei singoli procedimenti speciali, la cui disciplina è stata ricostruita tenendo presente gli aspetti peculiari di ciascun rito e rinviando – in subordine – alle disposizioni del codice di rito penale nonché alle relative norme di attuazione e coordinamento, in quanto compatibili (art. 34), al fine di colmare lacune e superare incongruenze. In sostanza, questo particolare approccio metodologico ha richiesto di stabilire, di volta in volta, quali norme codicistiche possano essere trasferite nel microsistema del processo agli enti. Tanto precisato, vale qui riportare le problematiche più significative emerse dall'analisi della materia che, a ben vedere, si concentrano soprattutto attorno ai riti deflativi del dibattimento, vale a dire il giudizio abbreviato (art. 62), l'applicazione della sanzione su richiesta delle parti (art. 63) e il procedimento per decreto (art. 64). Partendo dal primo, è il presupposto speciale negativo del rito, consistente nella preclusione al suo accesso quando per l'illecito amministrativo sia prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva (art. 16), il punto su cui si sono addensate le maggiori perplessità. Seppure nobile è apparso il tentativo del legislatore di contemperare esigenze efficientistiche con obiettivi di specialprevenzione, non si è taciuta, per un verso, la disparità di trattamento in tal modo creata tra ente e imputato, per il quale non vigono limiti di ammissione al rito speciale in vista del tipo di pena da applicare; per altro verso, non sono mancate riserve circa l'ampia discrezionalità che deriva dal sistema di applicazione delle sanzioni interdittive perpetue, congegnato, ad eccezione del caso dell'impresa illecita (art. 16 comma 3), su una valutazione prognostica di irrecuperabilità dell'ente alla legalità, di intuibile precocità se agganciata al momento processuale deputato alla valutazione di ammissibilità del rito speciale. Altra questione degna di nota attiene alla possibilità per il soggetto collettivo dichiarato contumace, cioè a dire non costituitosi in giudizio secondo le formalità prescritte dall'art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, di richiedere il rito abbreviato. Di fronte a opinioni dottrinali divergenti, si è ritenuto di proporre una soluzione positiva, agganciandola alla previsione normativa che estende all'ente lo status processuale dell'imputato (art. 35); si è, infatti, osservato come rispetto a questa precisa indicazione non meritino accoglimento interpretazioni che considerano l'atto formale di costituzione (art. 39) presupposto necessario affinché l'ente possa esercitare il proprio diritto di difesa. Se, infatti, tale adempimento si profila doveroso per il compimento di atti che implicano la presenza dell'ente, naturalmente nella persona del suo legale rappresentante, resta superfluo per tutti quegli atti che tale materializzazione non richiedono. Ciò ha permesso di ritenere legittimato ad avanzare richiesta di giudizio abbreviato, come pure quella di patteggiamento, anche il difensore dell'ente, non costituitosi, purché munito di procura speciale. Si aggiunga, inoltre, che la scissione tra costituzione e diritto di difesa è, parimenti, alla base della ritenuta ammissibilità dell'opposizione al decreto di applicazione della sanzione pecuniaria dell'ente che abbia deciso di non partecipare attivamente al processo. Occorre, per inciso, sottolineare come la questione esposta si profili incerta anche a livello giurisprudenziale; non può quindi che auspicarsi un intervento chiarificatore che tenga nella giusta considerazione le esigenze di garanzia e di difesa dell'ente. Ulteriore aspetto che si è ritenuto di approfondire concerne il ruolo della parte civile nel rito abbreviato instaurato nei confronti dell'ente. Preso atto che l'ammissibilità della pretesa civilistica nel procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo conosce orientamenti difformi e, appurato che la soluzione negativa pare essere quella maggiormente convincente, si è voluto nondimeno precisare che laddove dovesse ammettersi la costituzione di parte civile contra societatem, al danneggiato da illecito amministrativo verrebbe riconosciuta la classica alternativa tra accettazione del rito – con il consueto limite in tema di diritto alla prova e l'efficacia extrapenale della sentenza di esclusione della responsabilità per insussistenza dell'illecito (art. 66) – e il trasferimento della domanda risarcitoria in sede civile. Passando all'istituto dell'applicazione della sanzione su richiesta delle parti (art. 63), si è innanzitutto proceduto ad esaminare i presupposti speciali del rito che si schiudono in tre diverse, e alternative, condizioni oggettive di accesso. Tra queste, non sono mancate riserve, per l'ampia discrezionalità implicata, circa il presupposto che àncora la praticabilità dell'accordo sulla sanzione alla "definibilità", con patteggiamento, del procedimento per l'accertamento della responsabilità penale dell'autore del reato. In altri termini, al fine di valutare l'ammissibilità della richiesta dell'ente, il giudice dell'illecito amministrativo deve, fittiziamente sostituendosi a quello del reato, stabilire in via preliminare se la vicenda dell'imputato persona fisica si presti ad essere definita attraverso il concordato sulla pena. Tale momento non è, peraltro, l'unico a presentare connotati di discrezionalità, dovendosi tenere presente che essa ricorre anche in riferimento al limite all'accesso al rito, derivante dal fatto che si faccia luogo in concreto all'irrogazione di una sanzione interdittiva in via definitiva; decisione che viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Rilevante è apparsa, anche per l'interesse che ha suscitato nella prassi, la questione relativa all'applicazione della sanzione della confisca del prezzo o del profitto dell'illecito da reato in sede di sentenza patteggiata. Si è ritenuto di fornire sul punto risposta positiva, alla luce del carattere indefettibile ed obbligatorio accordato a tale misura ablatoria dalla norma di cui all'art. 19, laddove il giudizio si concluda con sentenza di condanna. Tale riferimento, peraltro, non è stato ritenuto decisivo a supportare un approdo di segno opposto; senza entrare nella complessa tematica dell'identità della sentenza di patteggiamento, si è voluto ricordare il recente approccio esegetico delle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Diop Oumar, in Cass. pen., 2006, p. 2769 ss.) secondo cui la clausola di equiparazione (art. 445 comma 1-bis c.p.p.) deve essere letta nel senso di ritenere la sentenza di patteggiamento siccome produttiva dei consueti effetti della condanna, salve le deroghe previste dalla legge. Pertanto, sulla scorta di tale assunto, si è sostenuto che se si fosse voluto escludere la confisca dalla decisione patteggiata lo si sarebbe dovuto esplicitare, restando il silenzio sintomatico della parificazione ad una pronuncia di condanna. Seguendo questa impostazione, si è ritenuta poco convincente l'ipotesi che sia incompatibile con il rito in esame l'applicazione della sanzione della pubblicazione della sentenza, solo per il fatto che essa venga riferita ad una pronuncia di condanna (art. 18). Tale misura stigmatizzante non rientrerebbe, infatti, tra le pene accessorie che, ex art. 445 comma 1 c.p.p., il patteggiamento preclude, poiché la classificazione tra pene principali e pene accessorie, cui la citata norma allude, risulta sconosciuta al sistema sanzionatorio delineato per le persone giuridiche. D'altro canto, proprio la peculiarità dello strumentario sanzionatorio ha richiesto di vagliare, di volta in volta, la compatibilità con il patteggiamento relativo all'ente dei premi che tradizionalmente afferiscono a questa alternativa processuale. Quanto al decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, tra le varie problematiche affrontate, quella su cui si sono concentrati i maggiori dubbi interpretativi concerne la confisca. Esclusa, nel processo all'ente, l'operatività della norma secondo cui il giudice che pronuncia decreto penale di condanna dispone la confisca cosiddetta obbligatoria (art. 460 comma 2 c.p.p.), poiché essa è ivi misura di sicurezza, categoria non prevista nel sottosistema di riferimento, ci si è chiesti se trovi o meno applicazione la confisca sanzione (art. 19). Taluna dottrina ha ritenuto di fornire una risposta negativa, sostenendo che se venisse disposta si andrebbe incontro ad una soluzione affetta da illogicità, poiché, da un lato, la confisca è sanzione che deve sempre essere disposta, dall'altro, il decreto può pronunciarsi se deve essere irrogata unicamente la sanzione pecuniaria. Si è nondimeno, proposto un differente ragionamento, che porta, per contro, alla soluzione positiva. In prospettiva sistematica e meno agganciata al dato formale, si potrebbe ritenere che il limite della sanzione pecuniaria, quale presupposto del rito, non può intendersi come deroga alla norma che stabilisce l'indefettibilità della confisca in presenza di una sentenza di condanna; espressione suscettiva di lettura estensiva, così da ricomprendere anche il decreto che, in effetti, ha natura di sostanziale condanna. Al contrario, proprio il carattere imperativo della sanzione in oggetto risulterebbe dato utile ad interpretare il limite della sanzione pecuniaria siccome preclusivo della sanzione interdittiva e, a fortiori, di quella della pubblicazione della sentenza che ad essa accede. Così postulando, si verrebbe a ricostruire un parallelo, per un verso, con la logica codicistica che, con il presupposto della pena pecuniaria, intende escludere dall'ambito operativo del procedimento monitorio la pena detentiva e, per altro verso, con l'istituto dell'applicazione della sanzione all'ente che, come visto supra, pure è stato ritenuto compatibile con la confisca. Altra questione degna di essere segnalata afferisce all'operatività dell'effetto sospensivo (art. 463 c.p.p.) ed estensivo (art. 464 comma 5 c.p.p.) dell'opposizione nel processo cumulativo, quello cioè instaurato contemporaneamente per l'accertamento tanto della responsabilità amministrativa dell'ente quanto di quella penale della persona fisica, qualora, pronunciato decreto di condanna a carico di entrambi, solo uno di essi faccia opposizione. Premesso che la produzione dei suindicati effetti risulta ancorata alla situazione della commissione del medesimo reato da parte di più soggetti, la risposta dipende dal tipo di lettura che si vuole prediligere nel decifrare il rapporto sussistente tra reato e illecito amministrativo. Pertanto, ove si ritenga che la responsabilità dell'ente configuri un'ipotesi di concorso di persone nel reato, nessun ostacolo potrebbe esserci a che l'esecuzione del decreto opposto dall'ente, o dall'imputato, venga sospesa nei confronti del non opponente, con il conseguente verificarsi dell'effetto estensivo della pronuncia di proscioglimento. Viceversa, se si esclude il vincolo concorsuale poiché trattasi di illeciti diversi, il richiamato meccanismo non potrebbe funzionare, a meno che non si voglia adattare il dato letterale della norma codicistica attraverso una lettura estensiva che valorizzi il rapporto di pregiudizialità esistente tra i due illeciti, penale e amministrativo. Tale impostazione avrebbe il pregio di evitare che il rimedio della revisione – istituto che nel processo agli enti tende a favorire un'esigenza di omogeneità dei giudicati quando non sia stato possibile procedere unitariamente all'accertamento del reato e dell'illecito amministrativo che ne deriva (art. 73) – diventi strumento ordinario per risolvere l'eventualità del conflitto tra la pronuncia emessa nei riguardi dell'ente e quella relativa alla persona fisica. La terza parte del lavoro nasce dalla presa d'atto che i riti premiali non rappresentano le uniche occasioni difensive vantaggiose in termini di sollievo sanzionatorio. Si è così proceduto ad analizzare gli istituti processuali che, improntati alla logica specialpreventiva di neutralizzazione del rischio di commissione di futuri reati, propiziano l'attuazione da parte dell'ente delle condotte riparatorie previste dall'art. 17, vale a dire il risarcimento integrale del danno, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – ovvero un efficace impegno in tal senso –, la predisposizione di modelli organizzativi idonei a prevenire il rischio di commissione di reati all'interno dell'impresa e, infine, la messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca. La realizzazione di tali comportanti, suscettivi se allo stadio di semplice "promessa di attuazione" di provocare la sospensione della misura cautelare interdittiva (art. 49) oppure la sospensione del processo (art. 65), consentono alla persona giuridica incolpata di sfuggire dall'applicazione della sanzione interdittiva e di ottenere una riduzione della sanzione pecuniaria, in caso di condanna. Certo, un simile congegno, che sollecita l'ente ad attivarsi durante il processo per rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo, prima di approdare ad un accertamento di responsabilità anche non definitivo, è anomalia che mal si concilia con il canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.), la cui operatività non incontra, nonostante qualche perplessità manifestata al riguardo, limiti dovuti alla natura astratta della persona giuridica. Proprio il ruolo centrale assegnato all'impegno riparatorio onde neutralizzare gli effetti dei soli strumenti interdittivi (nell'immediato, se applicati in funzione cautelare, ex art. 9 e 45 comma 1, e in vista di futura condanna), con conseguente superfluità di tale impegno ove si prospetti l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, nonché l'inversione dell'onere della prova che grava sull'ente (art. 6) – il quale deve provare l'insieme dei fatti impeditivi descritti in tale disposizione per andare esente da responsabilità – ha permesso di mettere in risalto la congenialità dei riti alternativi al sistema processuale pensato per gli enti; adattabilità, peraltro, favorita anche dalla peculiare disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo ex art. 22. Il congegno ivi formulato, di fatto improntato alla potenziale imprescrittibilità dell'illecito – poiché la contestazione dell'illecito interrompe la prescrizione, la quale «non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio» (comma 3) – fa sì che le garanzie processuali non possano essere strumentalizzate dal responsabile amministrativo al fine di differire la decisione finale onde sfruttare l'epilogo favorevole della prescrizione dell'illecito. Questa situazione, da sempre censurata dalla dottrina nel processo alla persona fisica siccome fonte di inefficienza processuale e ragione della scarsa capacità deflazionistica dei riti speciali, si presenta, nel contesto dell'accertamento della responsabilità amministrativa, come fattore incentivante la definizione del procedimento tramite percorsi semplificati. Siffatta congenialità, tuttavia, non è sfuggita ad un approccio critico, segnatamente laddove le difficoltà connesse alla dimostrazione di innocenza indurrebbero l'ente ad affrettare i tempi di un processo in cui la contestazione dell'addebito diventa sintomatica di una presunzione di illegalità dell'impresa. In altri termini, la presenza dei riti alternativi nel processo agli enti sembrerebbe superare le premesse logiche del relativo inserimento, cioè a dire esigenze di economia processuale e riconoscimento all'ente delle stesse opportunità difensive spettanti alla persona fisica in virtù dell'equiparazione voluta dall'art. 35 con l'imputato, per risolversi in occasioni di giustizia sommaria. E ciò striderebbe con le ragioni stesse della scelta del processo penale come sede di accertamento dell'illecito amministrativo; preferenza che si giustifica in quanto all'ente vengano riconosciute le fondamentali garanzie del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza. ; XXI Ciclo ; 1978

It is necessary to determine and establish the purpose of Criminal Law as it is essential to clarify its field of action in the dialectic discussion of which are legal assets or ethical-social values that must be protected. The purpose of criminal law is both the protection of legal assets from potential threats or danger and ethical-social, axiological protection, including legal assets and general prevention confirming regulatory recognition. ; Es necesario determinar y establecer el propósito del Derecho Penal, pues éste radica en tener en claro su campo de actuación en la discusión dialéctica sobre qué bienes jurídicos o valores ético-sociales son los que tiene que proteger. El objetivo del derecho penal es tanto la protección de los bienes jurídicos ante posibles amenazas o peligro; como la protección axiológica ético-social, incluidos los bienes jurídicos y la prevención general confirmando el reconocimiento normativo.

El Derecho, como reflejo de la sociedad que pretende regular, no puede quedar al margen de los cambios y transformaciones que en el seno de esta se producen. Luego las leyes son una suerte de traje a medida de la sociedad que pretenden regular; sólo así adquirirán estas la vigencia y eficacia deseables para cualquier norma jurídica.

La presente tesis aborda el análisis del modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídica en el ordenamiento jurídico español, establecido mediante LO 5/2010 de Reforma del Código Penal. Además de unas breves notas sobre la evolución legislativa, histórica y de derecho comparado, se estudian los problemas mas relevantes de la responsabilidad penal corporativa, como la incapacidad de acción y culpabilidad de la persona jurídica, aspectos diferenciadores entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, sistemas de prevención a través de compliance program, la cuestiones de orden procesal y la jurisprudencia más relevante en la materia. De manera independiente, se entra en el debate sobre si esta responsabilidad penal, como sostienen algunos autores, implica no solo el nacimiento de un nuevo sujeto para esta rama del derecho, sino si éste sujeto, en la era postindustrial, ha desplazado a la persona física como verdadero protagonista de las relaciones sociales y jurídicas (teoría deshumanizante). PALABRAS CLAVE: Responsabilidad penal, persona jurídica, empresa, antijuridicidad, culpabilidad, compliance program, administrativo sancionador, acción comunicativa, proceso penal. METODOLOGÍA: Estudio de bibliografía jurídica, revistas especializadas y base jurisprudencial, nacional y extranjera. Asistencia y participación en cursos y proyectos de investigación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. CONCLUSIONES: 1.- La instauración de la responsabilidad penal de la persona jurídica se debe solo a razones de política criminal. No existe fundamento jurídico, ni filosófico, que sustente la pretendida capacidad de la persona jurídica para ser sujeto activo en derecho penal. 2.- Los diversos modelos de responsabilidad de las personas jurídicas se han visto multiplicados en derecho comparado, si bien su incremento no lo es uniformemente en cuanto a su naturaleza penal. En la historia más reciente fue precisamente el derecho administrativo sancionador el que incluyó (creándola) la responsabilidad de la persona jurídica. 3.- La responsabilidad penal de las personas jurídicas desnaturaliza el derecho penal. La persona jurídica no tiene capacidad de acción ni capacidad de culpabilidad. Es solo un fin patrimonial. 4.-. Ninguna de las teorías construidas por la doctrina para justificar la responsabilidad penal de las personas jurídicas (espíritu normativo, funcional, carácter de la empresa, defecto de organización, cultura empresarial constructivista, etc.) se ajustan al principio de legalidad a la hora de conectar hecho y culpabilidad. 5- La ambigüedad conceptual del artículo 31 bis va a permitir a la jurisprudencia perfilar y definir con absoluta libertad el modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica, vulnerándose principios como el de legalidad y taxatividad Penal, seguridad jurídica, o el de prohibición de interpretación extensiva de la norma penal. 6.- Artículo 31 bis. Establece un modelo de responsabilidad por transferencia, combinando un sistema de identificación y un sistema vicarial. No cabe individualizar en ningún caso responsabilidad por hecho propio. todo queda circunscrito a un hecho objetivo del que solo puede derivar una responsabilidad objetiva. Aceptar una idea de culpabilidad corporativa entraña admitir una pura visión teórica y extremadamente especulativa. 7.- Se acepta, como no puede ser de otro modo, que las personas jurídicas intervienen en el tráfico jurídico-económico, llegando a participar en acciones delictivas. Sin embargo, esta participación, que es puramente instrumental, no puede ser objeto directo, sino indirecto, del Derecho Penal. 8.- Desde perspectivas procesales entiendo que el legislador ha improvisado el estatuto procesal de la persona jurídica. ABSTRACT: This dissertation approaches the analysis of legal persons' appointment of criminal responsibility model in the Spanish legal system, established by the organic law LO 5/2010 from the Criminal Code Reform. As well as some brief review about the legislative, historic and comparative law evolution, the most important problems of corporate criminal responsibility are studied. Some of the latter are incapacity of action and legal person's guilt, some distinguishing aspects between disciplinary administrative law and criminal law, prevention systems through a compliance program, procedural matters and the case-law more relevant on the subject. In an independent way, it is brought up for discussion if criminal responsibility, as maintained by some authors, implies not only the birth of a new subject for this branch of law, but also if this subject, in the post-industrial age, has replaced the natural person as the real main character of social and legal relationships (dehumanized theory). KEY WORDS: Criminal responsibility, legal person, company, anti-juridicity, guilt, compliance program, disciplinary administrative, communicative action, criminal proceeding. METHODOLOGY: Domestic and foreign study of legal bibliography, technical journals and jurisprudence basis; Attendance and participation in courses and research projects on the criminal liability of legal persons. CONCLUSIONS: 1. - Criminal responsibility establishment of legal person is only due to criminal policy reasons. There is no legal or philosophical fundamental which maintains the supposed legal person's ability to be an active subject in criminal law. 2. - Legal persons' responsibility different models have been increased in comparative law, although this growth is not uniform in terms of its criminal nature. In the most recent history it was precisely the disciplinary administrative law the one which contained (by creating it) the liability of the legal person. 3. - Criminal responsibility of legal person distorts the criminal law. The legal person has not the ability of action or guilt. It is only an assets purpose. 4. - None of the theories built by the doctrine in order to justify the criminal responsibility of legal persons (normative spirit, practical, company personality, organization defect, constructivist corporate culture, etc. . .) is adjusted to the principle of legality when connecting fact and guilt. 5 - The conceptual ambiguity of Article 31 bis allows the case-law to shape and define with absolute freedom the legal person's criminal liability model. That fact infringes principles such as legality and taxativity of criminal law, legal certainty or prohibition of an over interpretation of criminal rule. 6. - Article 31a sets a responsibility model by transfer, combining identification and a vicarious liability system. It is not possible to pick out liability from the fact itself. So that, everything is confined to an objective fact which can only cause an objective liability. Accepting the idea of corporate guilt involves also the acceptance of a simple theoretical and extremely speculative point of view. 7. - It has been accepted , as it could not be any other way, that legal persons take part in the legal –economic traffic, and they even get to participate in criminal activities . However, that involvement, which is purely instrumental, cannot be a direct but indirect object of Criminal Law. 8. - From procedural perspectives I understand that legislator improvises the legal person procedural statute.

A partir de la vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el modo en que el Estado debe reaccionar frente a delitos cometidos por ciudadanos menores de edad es objeto de discusión. El Garantismo se presenta, a través de la idea de la responsabilización penal, como solución universal que, así, no contempla singularidades locales y atenta contra su pretensión garantista originaria. Dado que abre posibilidades a nuevas formas de tutela-represiva es necesario profundizar la discusión, detectando contradicciones y evitando dar por naturales algunos dominios conceptuales hegemónicos. No se trata de un problema solamente jurídico sino que está relacionado con un proyecto de Nación.

O presente trabalho visa fornecer elementos para a justa análise da proposta de reimplantação da pena de morte, no Brasil.
Inicialmente, a título propedêutico, apontam-se a origem, a razão de ser, o conceito e a classificação das penas.
Enfoca-se, a seguir, a evolução do sistema penal patrício, expressão dos valores sociais consagrados ao longo do tempo.
Mereceu especial cuidado o estudo de nova reforma penal que pode incorporar a pena capital no seu elenco de sanções, com o propósito de enfrentar o problema da violência.
Finalmente, projeta-se uma visão do futuro, partindo-se da crítica ao sistema penal vigorante, com ênfase no instituto da prisão e se pretende demonstrar a inadequabilidade da pena de morte, entre nós, em face do Caráter Nacional.