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Hipótesis El trabajo de investigación que se presenta parte de la hipótesis de que el modelo penal de la seguridad ciudadana está desplazando al modelo penal garantista en el sistema penal español. Objetivos y metodología Para confirmar dicha hipótesis se ha elaborado un instrumento de medida formado por diez rasgos que caracterizan al modelo penal de ley y orden. Posteriormente se ha utilizado dicho instrumento para identificar en cada fase del sistema penal ejemplos (normas y prácticas) de los diez rasgos. En concreto, se ha realizado un análisis detenido del discurso público sobre la delincuencia, las decisiones de política criminal adoptadas, los procesos legislativos desarrollados, las rutinas policiales, las prácticas judiciales y la realidad penitenciaria. Principales resultados Se han detectado multitud de dinámicas, procesos y prácticas que denotan que el modelo de la seguridad ciudadana se está implantando en el sistema penal español, aunque con diferente intensidad en cada fase, siendo más claro en el momento legislativo y estando menos presente en el de ejecución penitenciaria. Se concluye, por tanto, que el instrumento diseñado es idóneo para medir el grado de penetración del modelo a lo largo del sistema. Concretamente, se presentarán algunos de los resultados más llamativos, haciendo especial hincapié en aquellos relacionados con el uso del sistema penal para controlar de manera más intensa a las clases marginales, desatendiendo a las causas socioeconómicas de la delincuencia. En ese sentido, se pondrán de manifiesto, entre otras, las diferencias cuantitativas que resultan de la comparación entre las sanciones previstas, impuestas y ejecutadas en delitos habitualmente cometidos por clases desfavorecidas y privilegiadas. También se presentarán otros datos procedentes del análisis de las rutinas de los operadores de cada fase del sistema respecto a unos y otros delitos. ; Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.

El 15 de diciembre de 2017, el Parlamento boliviano sancionó la Ley No. 1005, a través de la cual se puso en vigor un nuevo ordenamiento penal para todo el territorio del Estado, denominado "Código del Sistema Penal", con una vacatio legis de 18 meses desde su publicación en la Gaceta Oficial del Estado (No. 1021, de 20/12/17), legislación que dispuso, contemporáneamente, la abrogación del Digesto que en ese entonces estaba en vigencia (y que aún lo está), ordenado por la Ley No. 1768 de 1999. Sin embargo, sorpresivamente, el propio Gobierno que impulsó la reforma del sistema penal del país —por razones que no vienen al caso comentar—, tomó la decisión de promover su inmediata abrogación, medida que implicó, ciertamente, un retorno al viejo digesto de 1999, que es el que rige actualmente en el país. No obstante, nos pareció interesante analizar algunas figuras del malogrado proyecto y volcarlas en un breve comentario. ; On December 15, 2017, the Bolivian Parliament approved Law No. 1005, through which a new criminal code was put into effect for the entire territory of the State, called "Code of the Criminal System", with a vacatio legis eighteen months since its publication in the Official Gazette of the State (No. 1021, of 12/20/17), legislation that ordered, at the same time, the abrogation of the Digest that was then in force (and still is), ordered by Law No. 1768 of 1999. However, surprisingly, the Government itself that promoted the reform of the country's penal system —for reasons that are not relevant to comment—, made the decision to promote its immediate abrogation, a measure that implied, certainly, a return to the old digest of 1999, which is the one currently in force in the country. However, we thought it would be interesting to analyze some figures of the ill-fated project and turn them into a brief comment.

The present investigation on the evaluation of the evidence in the accusatory criminal process, obeys to the importance that implies that the judges acquire security to condemn or acquit the persons accused of a criminal act. Intellectual activity that judges must perform, taking as premises, what is established in Article 20 section A fraction ll, of the Political Constitution of the United States of Mexico, which states that the tests will be assessed in a free and logical manner , in such a way that to sustain a conviction, the level of conviction of the judge, must exceed the standard of proof beyond any reasonable doubt to subsequently motivate and justify his decision according to a Constitutional Law State. ; La presente investigación sobre la valoración de la prueba en el proceso penal acusatorio, obedece a la importancia que implica que los juzgadores adquieran seguridad para condenar o absolver a las personas acusadas de un hecho delictivo. Actividad intelectual que deben de realizar los jueces, tomando como premisas, lo establecido en el artículo 20 apartado A fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual, se indica que las pruebas serán valoradas de forma libre y lógica, de tal manera que para sustentar una condena, el nivel de convicción del juzgador, deberá superar el estándar de prueba más allá de toda duda razonable para posteriormente motivar y justificar su decisión conforme a un Estado de Derecho Constitucional.

La globalizzazione ed il multiculturalismo stanno ponendo all'ordinamento giuridico e, in specie, al diritto penale, una sfida inedita. L'intensificarsi dei flussi migratori ha infatti posto in discussione la tavola valoriale su cui si fondava l'ordinamento e ha sconfessato e reso labili i confini nazionali, che, lungi dal rispecchiare la tradizionale geografia delle confessioni religiose, vengono rimodellati dal continuo fluire di individui e gruppi provenienti da luoghi e culture profondamente diverse. In una società multiculturale e multireligiosa, il ricorso al diritto penale come mezzo di gestione dei conflitti che sorgono dal rapporto tra valori tutelati dalle fattispecie di reato e modelli culturali con essi confliggenti, rischia però di rendere il suo intervento inefficace e controproducente. La coesistenza di modelli culturali diversi richiede, infatti, strumenti flessibili, mentre il diritto penale è tradizionalmente un mezzo rigido di soluzione dei conflitti. Nel contesto di questa società complessa, nella quale le tensioni sociali e politiche indotte dai flussi migratori ed il timore del terrorismo internazionale, ostacolano la percezione delle diversità culturale come valore aggiunto di arricchimento attraverso il dialogo con "l'altro" e ne accentuano piuttosto le differenze in funzione di rafforzamento del senso identitario, è di notevole interesse indagare sul valore da attribuire all'orientamento culturale-religioso nel sistema penale italiano sia sul piano del c.d. "formante legislativo" che su quello "giurisprudenziale". E' proprio la prassi applicativa infatti che, in un contesto normativo connotato dall'assenza di un'esplicita presa di posizione da parte del legislatore, è in grado di restituirci la sensibilità del "diritto vivente" il quale nell'esperienza italiana presenta un approccio di tipo assimilazionista, connotato da minore elasticità rispetto alle posizioni emerse in dottrina, propense invece a riconoscere al fattore culturale effetti quantomeno in termini di mitigazione della risposta sanzionatoria. La giurisprudenza affronta la questione in termini di bilanciamento tra interessi, facendo tendenzialmente prevalere la tutela penale sul "fattore culturale-religioso". Se questa soluzione giurisprudenziale in favore della tutela penale appare però ragionevole quando viene in rilievo l'offesa ad interessi fondamentali della persona, diventa meno giustificabile quando è trasposta sui reati posti a tutela dell'ordine pubblico. E' diffusa in dottrina la convinzione che tutto ciò rifletta uno Zeitgeist ispirato a sentimenti di chiusura nei confronti del diverso così da far scontrare vistosamente il "fattore culturale-religioso" con l'euristica della paura provocando un'estremizzazione delle istanze di tutela.

Estados Unidos y Europa occidental concentran un gran volumen de investigaciones sobre la forma en que el sistema penal castiga mujeres acusadas de asesinato. Aunque con matices, estos trabajos sostienen que, en líneas generales, el sistema de justicia muestra un trato paternalista hacia las mujeres. Por su parte, en Latinoamérica, las investigaciones sobre la penalización de mujeres imputadas por asesinato son ciertamente más escasas. El presente trabajo se propone como una contribución a este campo de estudios ofreciendo un análisis sobre Argentina. En primer lugar, presentaremos una breve revisión bibliográfica que permita sistematizar las investigaciones (e hipótesis) más relevantes sobre la forma en que la administración de justicia castiga mujeres acusadas de estos crímenes, prestando particular atención a las producciones para Latinoamérica y el Caribe. En segundo término, sirviéndonos de la información del último censo penitenciario del país, analizaremos y compararemos las penas fijadas para mujeres y varones condenados por asesinato en la República Argentina. Esto nos permitirá investigar si el género del acusado por estos crímenes influye en las condenas impuestas por los jueces, de qué modo lo hace y, por lo tanto, si la hipótesis paternalista puede ser útil para dar cuenta de contextos como el argentino.

En el presente artículo, se ofrecen algunas reflexiones respecto a los métodosalternativos de solución de controversias o MASC aplicables a la materia penal y la legislación relativa, desde una perspectiva doctrinal y crítica sobre las formas de intervención en la resolución de controversias, analizándose la reforma constitucional penal, Código Nacional de Procedimientos Penales y, principalmente, de la nueva Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, con lo que se hace posible armonizar nacionalmente a los MASC en esta materia, así como, se propone un protocolo de actuación para los terceros ajenos al conflicto que podrían encauzar y derivar controversias, como lo puede ser, un mediador, conciliador, fiscal o juzgador, en pro de un sistema penal humanizador.

A través de este trabajo se quiere mostrar el abismo que se suscita entre la actividad judicial realizada por los magistrados de las Altas Cortes, que orientan la jurisprudencia nacional y quienes fungen en los cargos inferiores de la jerarquía judicial; esto es, los Jueces Penales del Circuito, -que en Bogotá, constituyen un grupo aproximado de 48 funcionarios activos-, en relación con el tratamiento que se ha venido dando desde la creación del SPA, al tema de los preacuerdos y las negociaciones. La cuestión no ha sido pacífica. De ello dan cuenta las vertientes que en ejercicio del recurso extraordinario de casación o por control de exequibilidad normativa, o en sede de tutela, han generado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Han transcurrido casi quince años desde la implementación del sistema y aún no existe unificación en cuanto al tratamiento de estos institutos, por virtud del ejercicio de interpretación que llevan a cabo en su quehacer cotidiano, la Fiscalía, amparada en su función orientadora de la Política Criminal del Estado, los Jueces Penales y Magistrados de Salas Penales en el país, que convergen y determinan los pronunciamientos de las Altas Cortes y la Corte Suprema de Justicia en sus Salas Penal y de Tutelas, lo cual conduce a la inseguridad jurídica, en tanto no existe certeza en el ciudadano acerca de la solución que desde los estamentos de justicia, se dará a su conflicto. (texto tomado de la fuente) ; Throughout this work we want to demonstrate the gap that arises between judicial activity by the judger of de higher courts, which guide the national jurisprudencie and who serve in the lower positions of the judicial hierarchy. Such as the Judges of the Criminal Circuit, which constitutes a group of about 48 active employees in Bogota.- in relation to the treatment that has been taking place since the creation of the SPA,to the issue of the preliminary agreements and negotiations. The topic has not been peaceful. Of this it has been noticed the aspects ...

Las relaciones entre el Estado, el derecho de igualdad y no discriminación y la forma en la que se comprende el trastorno mental, así como el tratamiento que recibe por parte del sistema penal, han evolucionado. De esta manera, es esencial comprender cómo se teje su dinámica para evidenciar que su interacción ha producido la discriminación sistemática y en forma persistente de los enfermos mentales en las diversas épocas. Esta situación no puede permanecer impune en los días actuales, ya que la discriminación de los enfermos mentales en el sistema penal es incompatible con el Estado constitucional de derechos y justicia. La solución está en el respeto y la promoción del derecho a la salud mental de forma universal, con la utilización del tratamiento idóneo conforme los estándares internacionales y dejando de lado el internamiento, que es un tratamiento ineficiente.

Com o objetivo de problematizar e de normalizar o papel dos atores do sistema de justiça criminal no contexto letal do superencarceramento, o estudo analisa documentos públicos utilizados para contextualizar as mortes de 2013 no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, sob a perspectiva teórica da Criminologia Crítica. Por meio da orientação metodológica da Análise de Discurso Crítica (ADC), as análises realizadas, cotejadas com as teorias e perspectivas epistemológicas que conduziram o estudo, permitiram concluir que a articulação entre massacre e burocracia é o que sustenta a falta de escândalo com a supressão de direitos e, consequentemente, com as mortes estudadas.Palavras-chave: Mortes. Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Discursos. Prática social. Criminalização.

L'article aborda la possibilitat que la intel·ligència artificial s'utilitzi com a eina no només per esbrinar la veritat dels fets relatius a un procés penal, sinó també per interpretar i resoldre qüestions estrictament jurídiques. Atès que, en l'actualitat, els «sistemes experts» desenvolupats per a aquest fi utilitzen els precedents jurisprudencials com a base de coneixement, s'argumenta que aquests algorismes, en un Estat de Dret, no poden funcionar sobre la base de la regla purament estadística de «més probable que no», sinó que han de programar-se sobre la base de la regla políticament correcta de «més enllà de tot dubte raonable», que deu estendre's també al dubte sobre la interpretació de la llei. El sistema d'intel·ligència artificial, per tant, davant una jurisprudència contradictòria, hauria de proposar la interpretació més favorable al reu i el jutge només podria apartar-se d'ella a condició de refutar de forma raonada la versemblança del precedent més favorable. ; The paper illustrates the possibility of using AI not only as an instrument to check the facts in a criminal trial but even to interpret and resolve significant legal matters. Currently, the "expert systems" developed for this purpose take advantage of the judicial precedents as the basis of knowledge: given that, it is argued that these algorithms cannot work in a Constitutional State based on the statistical rule of "more likely than not", but they should be programmed according to the "political" alternative rule of 'beyond all reasonable doubt', which should be extended even to doubt in interpreting the law. Thus, in the case of opposing judicial precedents, AI systems should suggest the most favourable interpretation for the defendant, and the judge should dissent only by explaining why he does not hold plausible the most favourable judicial precedent. ; El artículo aborda la posibilidad de que la inteligencia artificial se utilice como herramienta no solo para averiguar la verdad de los hechos relativos a un proceso penal, sino también para interpretar y resolver cuestiones estrictamente jurídicas. Dado que, en la actualidad, los «sistemas expertos» desarrollados para este fin utilizan los precedentes jurisprudenciales como base de conocimiento, se argumenta que tales algoritmos, en un Estado de derecho, no pueden funcionar sobre la base de la regla puramente estadística de «más probable que no», sino que deben programarse sobre la base de la regla políticamente correcta de «más allá de toda duda razonable», que debe extenderse también a la duda sobre la interpretación de la ley. El sistema de inteligencia artificial, por tanto, ante una jurisprudencia contradictoria, tendría que proponer la interpretación más favorable al reo y el juez solo podría apartarse de ella a condición de refutar de forma razonada la verosimilitud del precedente más favorable.