The political crime in Colombia in relation to International Humanitarian Law ; El delito político en Colombia frente al Derecho Internacional Humanitario

Abstract

In the Colombian Constitution of 1991, the political crime receives a differentialand preferential treatment, compared with common crimes, as they can be pardonedor amnestied by the President; in reference of them extradition does notproceed and generate no disabilities for public office. Therefore, in Colombia it iscurrently under discussion in the context of the peace dialogues which crimes canbe related to political crimes. Some actors of Colombian politics have interpretedthat Colombia cannot apply transitional justice measures for punishable offensessuch as homicide against protected persons, and attacks on property protectedby International Humanitarian Law, as it would breach international obligationsarising from the Rome Statute. However, other sections of public opinion havedefended the possibility of an amnesty for crimes committed in the context ofarmed conflict, including attacks on people and property protected by IHL. InColombia there is no legal or constitutional concept of political crime, but thereare rules and court decisions that excludes from this category certain offences. Atthe end of the article, alternatives that contribute to overcoming one of the legalobstacles to the peace process are presented. ; En la Constitución Política colombiana de 1991, el delito político recibe un tratamiento diferencial, preferente, respecto de los delitos comunes, ya que pueden ser indultados o amnistiados por el Presidente; respecto de ellos no procede la extradición y no generan inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos. Por ello, en Colombia se debate actualmente, en el contexto de los diálogos de paz, sobre qué delitos pueden considerarse conexos a los delitos políticos. Algunos actores de la política colombiana han interpretado que Colombia no puede aplicar medidas de justicia transicional para conductas punibles como el homicidio contra persona protegida, y atentados a los bienes protegidos por el DIH, pues se estarían incumpliendo obligaciones internacionales derivadas del Estatuto de Roma. Otros sectores de la opinión, por el contrario, han defendido la posibilidad de una amnistía por delitos cometidos en el contexto del conflicto armado, incluidos los atentados a personas y bienes protegidos por el DIH, siempre que no tengan el carácter de sistemáticos, o que no se trate de los máximos responsables. En Colombia no existe un concepto legal o constitucional del delito político pero sí normas y decisionesjudiciales que excluyen de esta categoría ciertas conductas. Al final del artículo, se plantean alternativas que aportan a la superación de uno de los obstáculos jurídicos al proceso de paz.