Fiscal Sustainability as a Constraint on Administrative Reparation for Victims of Forced Displacement ; La sostenibilidad fiscal como limitante de la reparación administrativa de las víctimas de desplazamiento forzado

Abstract

Forced displacement is a social, economic, political, and cultural phenomenon that has marked the recent history of Colombia throughout the twentieth century and has left serious consequences in some 7,265,072 people, victims of this scourge (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2020) who have suffered the consequences of displacement and uprooting as a direct result of the internal armed conflict in which various armed actors –such as guerrillas and paramilitary groups, in addition to the State itself– have been perpetrators to a greater or lesser extent. Additionally, victims have suffered from uprooting and the loss of relatives and property, as well as the impossibility of continuing or developing a life project. Being this a current topic on the public agenda and academia, as well as in political and social sectors, this article presents an analysis of how the criterion of fiscal sustainability can constitute a limit to the guarantee of reparation through administrative channels for victims of forced displacement in Colombia. For this purpose, some relevant aspects are taken into account that allow a conceptual approximation to the way in which insufficient attention by the State to this population group led the Constitutional Court to declare an unconstitutional state of affairs in this regard by means of Ruling T-025 of 2004. Different orders were issued to the national government, both central and territorial, in order for it to adopt the necessary measures to initially mitigate the negative effects of displacement, as well as to overcome the unconstitutional state of affairs declaration in the medium and long term. All of this is formulated from the perspective of the recognition and guarantee of the effective enjoyment of human rights, which have been violated for the victims of violence in the country. ; El desplazamiento forzado constituye un fenómeno social, económico, político y cultural que ha marcado la historia reciente de Colombia a lo largo del siglo xx y ha dejado graves secuelas en cerca de 7 265 072 personas víctimas de este flagelo (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2020). Estas han sufrido las consecuencias propias del desplazamiento y el desarraigo que se desata como consecuencia directa del conflicto armado interno en el que diversos actores armados —como las guerrillas y los grupos de autodefensas, además del mismo Estado— han sido perpetradores en mayor o menor medida de este crimen. Se suma todo ello al escenario de desarraigo y de la perdida de familiares y de los propios bienes, así como a la imposibilidad de continuar o desarrollar un proyecto de vida. Por tratarse de un tema vigente en la agenda pública y la academia, así como en sectores políticos y sociales, este artículo presenta un análisis acerca de cómo el criterio de sostenibilidad fiscal puede llegar a constituir un límite a la garantía de reparación por vía administrativa para las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Para ello, se tienen en cuenta algunos aspectos relevantes que permiten una aproximación conceptual a la manera en que la insuficiente atención a este grupo poblacional por parte del Estado condujo a que la Corte Constitucional declarara el estado de cosas inconstitucional (eci) en este aspecto, mediante la Sentencia T-025 del 2004. Se emitieron así diferentes órdenes al gobierno nacional, tanto central como territorial, con el fin de que se adopten las medidas necesarias que permitan, en un primer momento, mitigar los efectos negativos del desplazamiento, como también superar la declaratoria de eci en el mediano y largo plazo. Todo esto se formula bajo la perspectiva del reconocimiento y la garantía del goce efectivo de los derechos humanos que han resultado conculcados para las víctimas de la violencia en el país.