CONSTITUTIONAL JUSTICE, HUMAN RIGHTS AND COUNTER-MAJORITARIAN ARGUMENT ; JUSTICIA CONSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS Y ARGUMENTO CONTRAMAYORITARIO

Abstract

The author, in the context of the debate on the relationship between constitutional justice and the democratic process, argues in favour of considering the constitutional judicial review as a necessary but not sufficient condition for the existence of a democratic rule of law. After analyzing the positions and general arguments of this debate, as well as some specific aspects of how it is being developed in Latin America, he argues for a model of a weak democracy, in which a series of rights, mainly civil and political rights are constitutionally entrenched and are considered preconditions of the democratic process. For this very reason, these two types of rights may be protected by constitutional courts, even against the majority legislature, without undermining the democratic dimension of the political system. With regard to welfare rights, given their distributive dimension and their relation with the welfare and needs of the population, their guarantee should not be left exclusively in the hands of the judges, because they can hardly be considered preconditions of democracy. That does not means, the author says, that they should not be constitutionalized, or that somehow the constitutional court should not be involved in their guarantee by the legislature. ; El autor, en el contexto del debate sobre la relación entre la justicia constitucional y el proceso democrático, argumenta a favor de considerar al control jurisdiccional de constitucionalidad como un requisito necesario, pero no suficiente, para la existencia de un Estado democrático de derecho. Tras analizar las posturas y argumentos generales de ese debate, así como aspectos singulares del modo en que se viene desarrollando en Latinoamérica, abogará por un modelo de democracia débil, en el que una serie de derechos, fundamentalmente civiles y políticos, estén atrincherados constitucionalmente y sean considerados precondiciones del proceso democrático. Por este último motivo, estos dos tipos de derechos podrían estar protegidos por la justicia constitucional, incluso frente al legislador mayoritario, sin merma de la dimensión democrática del sistema político. Respecto de los derechos sociales, dada su dimensión distributiva y su relación con el bienestar y las necesidades de la población, su garantía no debería de quedar exclusivamente en manos de los jueces, ya que difícilmente pueden ser considerados precondiciones de la democracia: esto no significa, afirma el autor, que no hayan de ser constitucionalizados ni tampoco que en su garantía por parte de los parlamentarios no participe, de algún modo, la justicia constitucional.