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El interés de la presente investigación se deriva, como se pone de manifiesto en todo una serie de pronunciamientos de los órganos judiciales internacionales ¿Corte Internacional de Justicia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos o Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia¿ en estos últimos veinte años, de la compleja realidad contemporánea donde múltiples actores, en ocasiones motivados por su propio interés pero en otras actuando como simples marionetas o testaferros de un Estado, atentan contra bienes o intereses objeto de protección internacional. El Estado puede servirse de ellos como un mero instrumento para alcanzar su objetivo, compartir ambos ¿Estados y particulares¿ el mismo propósito, o prestar su ayuda o asistencia para la consecución de un objetivo no asumido en su integridad pero en el que se hallan presentes sus intereses. Ante esta realidad el objetivo del presente estudio es identificar las distintas hipótesis que pueden darse y establecer al mismo tiempo, de conformidad con la jurisprudencia y la práctica estatal, los principios y normas jurídicas aplicables para determinar cuándo el Estado se encuentra detrás de una actuación en principio privada a fin de depurar su responsabilidad internacional y, asimismo, en qué grado ese comportamiento es merecedor de reproche en el ordenamiento jurídico internacional. CONTENIDO.- Con este objetivo la presente tesis doctoral se ha estructurado en tres partes. La primera ¿Introducción General¿ la cual cumple una doble función aproximativa. En primer lugar, al Derecho de la responsabilidad internacional del Estado, sector donde se incluye nuestro objeto de estudio (Capítulo I). En segundo lugar, al aspecto concreto de la responsabilidad internacional del Estado donde se enmarca nuestra investigación, el denominado elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito (Capítulo II). La segunda ¿De la Práctica a la Teoría¿ tiene por objeto el estudio y análisis de los dos principios fundamentales de carácter consuetudinario que rigen la responsabilidad internacional del Estado en lo que atañe al comportamiento privado. De un lado, el principio de no atribución al Estado del comportamiento de los particulares (Capítulo III) y, de otro, el principio conforme al cual al Estado se le atribuye el comportamiento de los particulares que actúan en su nombre (Capítulo IV). La tercera ¿De la Teoría a la Práctica¿ se centra en el estudio de la jurisprudencia internacional más reciente. Se examina la responsabilidad internacional en la que puede incurrir el Estado por la conducta de los particulares en el marco de los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos (Capítulo V). En último lugar, se aborda el debate suscitado en torno al grado de control necesario en el proceso atributivo. Este debate obliga a detenerse en dos cuestiones: i) el examen de los distintos grados de control manejados por los órganos judiciales para la atribución al Estado de los actos de los particulares; y ii) el análisis de la noción de control en el ordenamiento jurídico internacional como un concepto polivalente (Capítulo VI). CONCLUSIÓN.- El verbo atribuir en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado se utiliza para hacer alusión tanto a la atribución de un comportamiento, como para referirse a la atribución de responsabilidad internacional. Para evitar equívocos, es importante tener presente este uso indistinto del verbo atribuir en el origen de la responsabilidad internacional del Estado, debido a la necesidad de establecer en cada caso concreto cuál es el comportamiento realmente atribuible al Estado, así como la concreción del criterio aplicable. Asimismo, es necesario un esfuerzo en aras a establecer la uniformidad de los términos empleados para referirse a las distintas categorías de personas o entidades a través de las cuales el Estado actúa de conformidad con los criterios de atribución consagrados en la obra codificadora de la CDI. Con ello se evitarían equívocos e interpretaciones erróneas, indicándose con precisión los requisitos exigidos para la atribución en cada categoría de supuestos. La sentencia de la CIJ en el asunto Nicaragua (1986) influyó decisivamente en la concreción de cuándo al Estado se le atribuye el comportamiento de los particulares con los que mantiene exclusivamente un vínculo de hecho. Sin embargo, la falta de claridad del órgano judicial en los fundamentos jurídicos en los que se pronunció sobre las cuestiones atributivas condujo a dos interpretaciones. En la actualidad es posible sostener que el órgano judicial de Naciones Unidas realiza diferentes exámenes de las circunstancias fácticas desde la óptica de un doble criterio de atribución: el control total y el control efectivo. Partiendo de la interpretación mayoritaria de la sentencia que puso fin al asunto Nicaragua (1986), el TPIY decidió apartarse deliberadamente del criterio del control efectivo. En su lugar, postuló el criterio del control general como parámetro o estándar idóneo para considerar atribuible al Estado la totalidad del comportamiento de los particulares integrados en grupos de estructura jerarquizada. Sin embargo, la propuesta realizada por el TPIY es más bien una alternativa sobre el grado de control necesario para calificar a los particulares como órganos de facto o asimilados ¿control total¿ y no sobre el criterio del control efectivo utilizado por la CIJ para calificar a los particulares de agentes de facto. Consideramos acertada la interpretación de la CIJ en lo que respecta al criterio de atribución del comportamiento consagrado en el artículo 8 del Proyecto CDI de 2001. En la medida en que este criterio cumple la función de calificar un acto de los particulares como hecho del Estado, la finalidad última del mismo es considerar al Estado como autor. Para considerar al Estado autor de un acto concreto cometido por los particulares, el Tribunal de La Haya exige el control del mismo por parte del Estado o, si se quiere, se exige la prueba del dominio del hecho. El esquema atributivo consagrado por la CDI en la obra codificadora se ha visto completado por la labor jurisprudencial. Aquél incluye exclusivamente la autoría inmediata (art. 4 Proyecto CDI de 2001) y mediata (art. 8 Proyecto CDI de 2001). Sin embargo, la jurisprudencia ¿CIJ y Corte IDH¿ admite la coautoría cuando es posible probar que la comisión del hecho concreto tuvo lugar mediante la coparticipación o actuación conjunta de los órganos estatales y los particulares. Quedan así cubiertas en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado las tres formas de autoría (inmediata, mediata y coautoría) existentes en los ordenamientos jurídicos internos. A día de hoy, el principal problema se plantea en relación con los supuestos de complicidad (ayuda o asistencia) del Estado en los actos de los particulares generadores de un hecho susceptible de ser reputado como hecho ilícito. Nuestra propuesta es que la ayuda o asistencia sea considerada a efectos de determinar la responsabilidad internacional del Estado a título de cómplice. No parece ajustado a Derecho considerar la complicidad como un criterio de atribución del comportamiento ¿pues merece un reproche menor¿, ni tampoco que dicho comportamiento quede subsumido, en los casos donde sea posible, en la violación de la obligación general o específica de protección ¿pues merece un reproche mayor¿. Es más acorde con la lógica jurídica considerar la complicidad como una forma de participación, de ahí que estimemos que la misma debería haberse incluido en la obra codificadora de las Naciones Unidas mediante una disposición análoga a la contenida en el artículo 16 del Proyecto CDI de 2001. El Estado cómplice en la comisión de un hecho concreto debe ser tratado como lo que es, partícipe en la comisión de un ilícito internacional, declarándose la responsabilidad internacional por ese título y determinándose la obligación de reparar en función de su grado de participación. BIBLIOGRAFÍA.- Las fuentes de conocimiento manejadas y valoradas en el presente estudio son principalmente de origen legal, institucional, jurisprudencial y doctrinal. En lo que atañe a estas últimas, aun manejándose aportaciones doctrinales de otras disciplinas, los estudios utilizados son en su mayoría contribuciones de iusinternacionalistas. 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1- Introducción En un breve artículo ciertamente premonitorio, William Schneider (1994) identificaba las características de la nueva cultura política que, condicionada y a su vez potenciada por las nuevas tecnologías de la información, estaba cambiando la relación histórica entre partidos, líderes y electores. Schneider avanzaba tres características principales de este nuevo acontecer político (Schneider, 1994: 779), a saber: el pragmatismo entendido como la dilución de las ideologías; el personalismo con la emergencia de la figura del candidato por sobre la del partido; y por último el populismo como un movimiento claramente anti-elitista y anti-establishment. En el mundo post guerra fría, la demanda acentuada de participación popular y de control del demos sobre los procesos de decisión y las herméticas elites gubernamentales, obligaría al sistema político a rever las estrategias de comunicación, facilitar la inclusión de las masas y mejorar los procesos de rendición de cuentas. Esto conduciría a une mejora del sistema político y del funcionamiento democrático de las instituciones2. Sin embargo, escasos son los cambios que las principales democracias del mundo han introducido en sus instituciones para mejorar el proceso de inclusión democrática, como así lo atestan el mantenimiento de sistemas electorales a menudo arcaicos y la renuencia de las élites políticas a la utilización de mecanismos de democracia directa. Donde sí ha existido una modificación orientada a complacer a la ciudadanía es, como bien menciona Schneider, en el discurso y en la estrategia política. Cortejar a las masas e incluirlas en un proyecto común (del cual excluiremos a las élites) ha progresivamente reemplazado el debate ideológico. El discurso político se transforma entonces en una técnica de movilización del pueblo en contra de una comunidad política desarticulada y debilitada cuyas instituciones flaquean en sus componentes organizativo y representativo (Badie, 1997: 227). Es en este ámbito de quebranto de los valores de la democracia representativa donde la crisis de la representación y "la faillite du politique" cobran amplio sentido y donde el populismo se inscribe entonces como un proceso subversivo de los canales tradicionales de movilización política, creando nuevas lealtades (apolíticas o anti políticas) culturales, nacionales, comunitarias, étnicas, etc., en reemplazo de las anticuadas construcciones sociales (élites, establishment, clase política, etc.). Pero si el populismo se define antes que nada en oposición al sistema político, no es en sí ni una teoría política ni un programa económico alternativo (Touraine, 1997: 242), y es por eso que podemos argumentar que el populismo se inscribe más en la práctica discursiva que en el dominio de lo normativo. Pero, a fin de cuentas, ¿qué es el populismo? Todo y nada se ha escrito sobre este fenómeno que apasiona y confunde tanto por su complejidad (e inconsistencia) teórica, su variabilidad histórica y la ambigüedad moral que este fenómeno histórico, político e ideológico ha generado entre críticos y defensores. El estudio del populismo ha sido objeto de enfoques disciplinarios que, en lugar de integrar el fenómeno en un contexto general, han contribuido a su compartimentación (Holmes, 1990: 27). Así, los historiadores se han focalizado en los aspectos descriptivos del fenómeno, los politólogos han intentado construir definiciones operativas del concepto, los sociólogos se han centrado en aplicar las teorías de la movilización para explicar la construcción de los movimientos populistas, y los enfoques marxistas, por ejemplo, han aportado clarificaciones sobre la relación entre el populismo y el desarrollo del sistema capitalista moderno. Ernesto Laclau, uno de los más fecundos pensadores sobre la cuestión, ha propuesto que el sustento del populismo reside en la oposición semiótica entre una entidad denominada Pueblo y otra denominada Poder (Laclau, 1977: 167) y que es la propia vaguedad de estas construcciones discursivas la que avala la permanencia y resistencia de este fenómeno. El populismo se articularía y construiría a partir de dos premisas centrales. La primera es una dependencia epistemológica de lo negativo, del enemigo; el populismo, como movimiento con un débil componente ideológico y normativo, se construye preferentemente sobre la crítica más que sobre la propuesta. Es en la identificación del enemigo donde el populismo gana la mitad de la batalla. La segundad premisa, igualmente negativa, es la construcción de un sentido y vínculo comunitario a través del "sacrificio colectivo". Es necesario para esto una articulación narrativa que oponga al Pueblo (o sociedad virtuosa) a una élite egotista destinada al sacrificio (Schulte-Sasse, 1993: 96). El populismo, por lo tanto, no sólo debe definir (y construir) un enemigo, sino que la eliminación de ese enemigo pasa a ser el factor aglutinante del discurso y el accionar político. Si el enfoque de Laclau permite efectivamente un amplio espectro de análisis, es la imprecisión conceptual del "fenómeno populista" lo que ha llevado a la manipulación y abuso teóricos de un concepto por demás interesante. En efecto, la política del antagonismo no es privilegio exclusivo de los movimientos populistas, sino que es producto de la banalización y pauperización del discurso político, contribuyendo así a la creación de sociedades binarias donde los matices y la búsqueda de compromisos inclusivos ceden terreno frente a posiciones radicales. Aquellos que anunciaban el amanecer de una "política de consenso" más allá de las tradicionales demarcaciones izquierda/derecha, constatan en la actualidad la emergencia de nuevas fronteras políticas que fragilizan el consenso y de partidos políticos que aprovechan la debilidad del debate democrático para anunciarse como representantes directos investidos de la voz del pueblo (Mouffe, 2005: 51). En este sentido, la práctica discursiva que construye categorías excluyentes como pueblo/poder, amigo/enemigo, sociedad civil/élites, nacional/foráneo etc., no define únicamente al populismo, sino que ha pasado a ser una estrategia recurrente de movilización política en las democracias modernas. Por lo tanto, la fuerza explicativa de este proceso semiótico en referencia al populismo se diluye, ya sea porque se ha "populizado" la política o porque se ha politizado el populismo. 2- El populismo europeo El populismo europeo, vigente desde mediados/fines del siglo XIX, está fuertemente ligado al sentimiento nacionalista y, en algunos casos, a la consolidación del Estado. Desde fines del siglo XVIII, las nociones de nación y pueblo han articulado las construcciones de las diferentes instituciones y regímenes políticos, pero independientemente de cuáles hayan sido los caminos recorridos, todos se han visto inculcar por el Estado un cuerpo de valores destinado a exaltar las particularidades propias de cada pueblo, cimentadas en un sentimiento de solidaridad excluyente (Hermet, 1997: 34). Esta construcción de una solidaridad e identidad nacional siguió dos caminos diferentes. En los países liberales como Gran Bretaña y Francia, donde existía ya una ciudadanía en vías de expansión, la adhesión al proyecto nacionalista se logró bajo el entendido que si las masas hasta ahora sometidas devenían progresivamente actores políticos, el sistema sólo podría sostenerse a través de la solidaridad y pertenencia a una identidad común, a la vez nacionalista y cívica. Es en el ejercicio creciente de sus responsabilidades y derechos cívicos y políticos donde el pueblo (la ciudadanía en este caso) edifica un proyecto único del cual todos son parte. Por el contrario, en estados más autoritarios que liberales y de creación reciente y cuyo proceso de unificación aún no estaba terminado, como en Alemania o Italia, la nacionalización acelerada de esas identidades fragmentadas, tanto a nivel político como religioso, se construyó antes que nada sobre la solidaridad cultural de la población, a fin de paliar el lento (o inexistente) proceso de construcción cívica (Hermet, 1997: 35). El primer tipo de construcción nacional es lo que ha pasado a denominarse nacionalismo cívico liberal, más acotado a los Estados de Europa occidental. El segundo caso es el de un nacional-populismo o un nacionalismo orgánico y autoritario, más propio de Europa central y oriental Estas construcciones arquetípicas reflejan las dos grandes concepciones sobre la nación y la ciudadanía. La idea de nacionalismo occidental u oriental es intercambiable con la noción de nacionalismo político (el caso francés) o cultural (caso alemán). Si bien es sabido que todos los nacionalismos poseen a su vez características políticas o culturales, la distinción entre estas dos vertientes dependerá de la importancia relativa y de la prioridad histórica de los principios de la organización política o de las preocupaciones culturales (lengua, literatura, historia, folklore, etc.). En el caso de la nación política (Francia): el pueblo = Estado = nación. Toda la población residente sobre el territorio controlado por el Estado constituye la nación. Es el Estado quien crea, quien define la nación (creación desde arriba). En este caso, la unidad política precede a la unidad cultural. En este modelo, la ciudadanía puede ser adquirida por todos aquellos nacidos en el territorio (ius solis), y que adhieran a esta concepción (en el caso francés, a los valores republicanos). Típicamente esta forma de nacionalismo no reconoce la diferencia cultural (ej. velo musulmán). En el caso del nacionalismo cultural (Alemania), la unión se logra a través de una identidad común, lingüística, étnica o cultural. La Nación crea el Estado; la unidad cultural precede a la unidad política. En estos casos, la ciudadanía no puede ser adquirida, sino que es innata, reservada a un grupo primigenio definido en términos étnico-culturales (ius sanguinis). Este nacionalismo no reconoce la asimilación cultural (ej: los judíos o los turcos) (Greenfield, 1999: 48-49). El nacionalismo cívico liberal fue en gran medida impulsado por la clase dominante del momento-la burguesía económica-, y reposa sobre principios abstractos de igualdad y libertad propios de individuos desarraigados de los lazos comunitarios y necesarios para la creación de regímenes burgueses liberales (Khon, 1967). La burguesía, que no se reconocía en le "petit peuple", se oponía a la creación de una identidad nacional basada en características culturales populares. El nacional-populismo, por el contrario, más pasional que intelectual, se desarrolló ahí donde los constructores del Estado nación no tenían otro recurso que exaltar los particularismos culturales (o étnicos) de la comunidad en su proceso de construcción política. En los países de Europa Oriental, donde las élites burguesas carecían del empuje necesario (en parte por una débil industrialización y la permanencia de fuertes estructuras rurales, con históricos lazos de solidaridad entre sí y de subordinación a la autoridad), los valores liberales no lograron influenciar la construcción del Estado. El nacional populismo puede ser visto, igualmente, como un fenómeno de resistencia y de rechazo hacia una opresión exterior, como fue el caso de los Balcanes bajo la dominación Austro-Húngara, de Irlanda hacia Inglaterra o del país vasco contra España. Esta forma de solidaridad se cristalizó en gran medida en las minorías oprimidas en el seno de imperios multiétnicos que, ansiosos por imponer una uniformidad liberal o autoritaria, provocaron como reacción la consolidación de identidades nacionales deseosas de garantizar su libertad, autonomía e integridad a través de la edificación de un Estado propio. El nacional populismo, exacerbando en algunos casos el carácter casi mesiánico de pertenencia a una cultura única, producirá emancipaciones ideológicas peligrosas como el fascismo. El populismo europeo ha conocido diferentes corrientes políticas a lo largo del siglo XX que desgraciadamente no podemos tratar aquí. Conviene sin embargo mencionar que en su acepción más reciente, el populismo europeo se ha visto revigorizado por una unión discursiva con la extrema derecha (o lo que se ha denominado como la "nouvelle droite"), que maneja a placer los discursos identitarios, nacionalistas y anti-elites en un peligroso cocktail ideológico a fuerte potencial de movilización. Mazzolenni ha identificado 5 características centrales de este "neo-populismo" europeo (2003: 117). En primer lugar el populismo conduce a una valorización del pueblo, del "hombre de la calle". El llamado al pueblo implica la participación política directa y la desconfianza de la democracia representativa. El "culto al pueblo" se acompaña con la crítica a las élites. En cuarto lugar, un equilibrio precario se instala entre crítica y aceptación del sistema. Como las instituciones son necesarias para aportar la legitimidad política, la crítica no puede abiertamente intentar destruir el sistema político; en algunos países pueden entonces instalarse "simulacros de democracia". Por último, el populismo es acompañado casi siempre de la exaltación del líder carismático en el cual se concentran el proyecto y las aspiraciones del pueblo. Convengamos, sin embargo, que no todos los movimientos populistas europeos son de derecha, reflejando así la "flexibilidad" ideológica (u oportunismo político) de estos partidos así como la heterogeneidad de la base de apoyo a los movimientos populistas. Estos y otros puntos han conducido a ciertos autores a ver en el resurgimiento del populismo de derecha una amenaza al orden democrático (Mouffe, 2005), pero otros, más mesurados, ven en el éxito de estos partidos de "nueva derecha" un realineamiento de los clivajes tradicionales y de las lealtades partidarias (Sciarini et al. 2002, Hug y Treschel, 2002, Lachat y Kriesi, 2008, Oesch, 2008). En este sentido, los partidos populistas se beneficiarían de un posicionamiento ideológico en terreno fértil y de una hábil estrategia política frente al inmovilismo de los partidos más tradicionales, socialistas y de centro derecha, limitados en su accionar por lealtades de clase y concepciones morales anquilosadas. 3- El populismo Latinoamericano El caso latinoamericano no escapa, como sus colegas europeo o norteamericano, a las dificultades de conceptualización producto de diferentes enfoques disciplinarios. Weyland (2001) ha realizado un importante trabajo estudiando los diferentes conceptos que han sido utilizados para abarcar el populismo latinoamericano y demostrar que la confusión conceptual proviene del hecho que los académicos enfatizan diferentes atributos como características decisivas del concepto, sin ponerse de acuerdo si estamos hablando del ámbito político, económico, social, discursivo u otro (Weyland, 2001:2). Tres grandes enfoques han predominado en el estudio del populismo. Entre 1960-80, la utilización de conceptos cumulativos predominó en el estudio del fenómeno3, influenciada por las teorías desarrollistas (modernización y dependencia) que argumentaban la fuerte subordinación de la esfera política a los factores socio económicos. Estos autores resaltaban en el populismo un conjunto central de características políticas y socioeconómicas. Los regímenes populistas serían en parte una respuesta a los fenómenos de urbanización, de industrialización y de participación masiva que fragilizaron las instituciones existentes y permitieron la emergencia de regímenes inestables centrados a menudo en una lógica de acción política personalista y carismática, plebiscitaria y redistributiva, destinada a agrupar y movilizar las masas desorganizadas y amorfas (Germani, 1974). Ciertos autores han querido ver en el populismo un proceso de desarrollo intermedio entre el pasaje de una sociedad tradicional o pre industrial hacia una sociedad moderna industrializada, orientada a la sustitución de importaciones y donde un régimen oligárquico cede terreno frente a la emergencia de la sociedad de masas (Cardoso y Faletto, 1979). Otros autores, como Roberts (1995: 89), han intentando descifrar el populismo utilizando conceptos radiales o de adición4. Así, los populismos latinoamericanos tendrían las siguientes características: Un liderazgo paternalista y personalista; una coalición política heterogénea y multi –clase; un proceso de movilización política top down que cortocircuita las instancias tradicionales de mediación; una ideología amorfa y ecléctica; y un proyecto económico que utiliza importantes políticas redistributivas y clientelares. La existencia de estos 5 aspectos caracterizaría al populismo pleno, mientras que la presencia de una o más características constituiría sub-tipos particulares de populismo. Por último, la tradición más reciente se ha centrado en el estudio del populismo latinoamericano como un concepto clásico en el ámbito político. El populismo no puede ser enfocado como un concepto económico, argumenta Weyland (2001:11) porque su utilización es confusa y problemática y la política económica es, en manos populistas, un instrumento, no un fin. La definición política ve al populismo como una manera particular de competir y ejercer el poder. El populismo se sitúa en la esfera de la dominación, no de la distribución. El populismo intenta antes que nada construir formas de control político, y la distribución de beneficios a través de políticas socio-económicas es una herramienta para facilitar ese control. El líder populista busca ganar y ejercer el poder, y su oportunismo tiene como corolario un débil compromiso en el campo ideológico y programático. Construido a partir de la dicotomía amigo/enemigo que permea toda acción política, el populismo debe ser definido como una estrategia política, entendida como la capacidad de los líderes de perpetuarse en la arena política. Bajo el populismo, el "gobierno" es ejercido por un líder carismático, no por un grupo u organización política (Weyland, 2001: 18). El populismo surge principalmente cuando ese líder logra arrear y agrupar el apoyo masivo de gran parte del pueblo en un movimiento espontaneo y atomizado donde la lealtad de cada individuo se inscribe en una lógica vertical de subordinación entre él y el líder, y no en una lógica horizontal de solidaridad mecánica de pertenencia a un proyecto común. En este sentido, los movimientos populistas y sus adherentes carecen de la cohesión ideológica necesaria para que el movimiento sobreviva a la partida/muerte del líder. 4- Democracia populista Vs. Populismos semi-democráticos A modo de breve conclusión, desearía discutir brevemente uno de los puntos subrayados en la introducción. Si una de las características principales de la nueva cultura política y democrática es el populismo, entendido como un discurso anti élite y anti establishment (y hasta anti intelectual), conviene interrogarse entonces en qué se parecen las democracias populistas modernas (como la Americana o la Francesa) y los regímenes populistas democráticos o semi-democráticos (Argentina, Venezuela, Ecuador, etc.). Por lo tanto, hay que distinguir entre lo que es una característica secundaria del sistema – el populismo como lenguaje político – de un principio ordenador y legitimador del poder -el populismo en los regímenes latinoamericanos-. La diferencia puede ser entendida con un claro ejemplo. Mientras que el lenguaje populista en las democracias modernas tiene como cometido "igualar" al líder político con el votante común, el populismo latinoamericano presupone todo lo contrario, la excepcionalidad del líder. El populismo americano o francés actual elimina todo privilegio, todo "passe-droit" que la figura del líder político piense poder tener por su pertenencia a un grupo privilegiado; por el contrario, presupone que el contrato de confianza ciudadano entre gobernados y gobernantes demanda una conducta intachable y responsable de estos últimos. En el caso de los populismos semi-democráticos, el líder es por naturaleza excepcional y, ya sea por la escasa instrucción cívica y ciudadana, por la corrupción del sistema político o por lo que es aún peor, la creencia dogmática en el carácter mesiánico del líder, éste se encuentra, de facto, por encima de la ciudadanía (y por ende de la ley). El culto al líder al que se libran los populismos latinoamericanos y la triste complacencia de las ciudadanías amorfas erosionan el accionar democrático, debilitan la separación de poderes y conducen a la utilización irresponsable y clientelista de los recursos nacionales. Si es innegable igualmente que el discurso populista en las democracias modernas puede ser antes que nada una estrategia política en época de crisis y vacas flacas, no obstante éste se construye sobre una premisa incuestionable: la igualdad ciudadana y la necesidad de contralor del poder político. Lo importante aquí no es la incorporación ética por parte de las élites de los principios de igualdad y responsabilidad, sino la sanción, electoral o legal, de todo comportamiento que infrinja ese contrato de confianza. Lejos de mí la idea de asimilar al elector francés o americano a un quijote cívico y moralizador, pero en su estrategia "maximizadora" de bienestar no se encuentra la tolerancia a la corrupción política, al abuso de poder o a la desigualdad manifiesta entre gobernantes y gobernados. Si bien admitimos que el populismo latinoamericano emerge en un contexto histórico de débil institucionalización en las décadas del 20-30 en adelante (en cierta medida heredero de las tradiciones caudillistas), y que el vínculo primordial entre líder y pueblo fue en parte necesario para asegurar derechos sociales y cívicos antes del otorgamiento de plenos derechos políticos, ¿qué argumentos justifican 60 años después de un Perón o un Vargas la ciega obsecuencia ante un "déspota iluminado"?.1- El presente artículo retoma partes de un trabajo más extenso dedicado al estudio del fenómeno populista en los Estados Unidos (en vías de publicación). Lo que se presenta a continuación sirve como introducción teórica en dicho artículo. La conclusión de este artículo sí representa una reflexión original.2- Autores como Schumpeter, sin embargo, han argumentado contra el concepto clásico de democracia popular extendida, avanzando que una parte importante de la ciudadanía carece de los conocimientos necesarios para realizar juicios instruidos y determinar el bien común y que por lo tanto estaría ésta a la merced de élites políticas "manipuladoras". En este sentido, el ciudadano debería limitarse a la elección de líderes y a su sanción periódica vía los procesos electorales. Ver J. SHUMPETER, 1994 (rev. ed), Capitalism. Socialism and Democracy, Routledge.3- Los conceptos cumulativos elaboran definiciones combinando los atributos de diferentes campos a través de la lógica de inclusión "Y". Sólo las características comunes de todos los dominios son adoptadas como determinantes del concepto. Los conceptos cumulativos aportan un alto estándar de inclusión con un pequeño número de casos y excluyen la posibilidad de casos "límite". Un problema recurrente de los conceptos cumulativos es su debilidad empírica si hay escasa superposición entre las diferentes áreas de estudio, generando así pocos casos reales que cumplan con el fuerte contenido teórico.4- Los conceptos radiales utilizan la preposición lógica "O", conectando los atributos propuestos por los autores en diferentes campos. Si un caso posee al menos una de estas características puede ser incorporado al estudio del concepto. Si los conceptos radiales poseen las ventajas de abarcar un amplio universo de casos, la pertinencia de cada caso dependerá del número de características totales que posea, falseando entonces la comparación entre los diferentes casos. Así, en el caso del populismo, tendríamos populismos "leves" que poseen unas pocas características conceptuales contra populismos fuertes que se asemejarían a los "tipos ideales". 5- BibliografíaAERSINGER, P., «Ideology and Behavior : Legislative Politics in Western Populism» in Agricultural History, Vol. 58 (jan. 1984), pp. 43-58.AGULHON, M., et al. «Le populisme ? Neuf réponses» in Vingtième Siècle. Revue d´histoire, Nº56, Numéro spécial : Les populismes (Oct.-Dec., 1997), pp. 224-242.BADIE, B., «Une Faillite du Politique» in «Le populisme ? Neuf réponses» in Vingtième Siècle. 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This article is an inductive argumentation and an empirical-analytical paradigm that evaluates the actual relationship between Gross Domestic Product (GDP) per capita and the Carbon Dioxide (CO2) in country groups of the G8 considered as developed in a period of time from 1960 to 2011. It was developed an Augmented Dickey-Fuller unit root (ADF), a Granger Causality Test and a Johansen Cointegration test. The results evidence the non-stationary of constrains in both countries. It was obtained a VAR model with two variables with a number of lags of four - VAR2 (4) to which were tested for causality by demonstrating a unidirectionality of GDP per capita to CO2. Keywords: economic growth, economic development, income distribution, environmental economics. References [1]G. Brundtland, «Our Common Future,» de Report of the World Commission on Environment and Development , 1987. [2]R. 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Fosten, «Dynamic misspecification in the environmental Kuznets curve: Evidence from CO2 and SO2 emissions in the United Kingdom,» Ecological Economics, vol. 76, pp. 25-33, 2012. ; El presente artículo es de carácter investigativo con razonamiento inductivo y paradigma empírico-analítico, evalúa la relación existente entre el Producto Interno Bruto Per Cápita– PIB per cápita y el dióxido de carbono – CO2 en los grupos de países del G-8 considerados como desarrollados con un periodo de análisis de 1960 a 2011, se utilizó la prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller Aumentada – DFA, se generó un modelo de vectores autorregresivos – VAR, se realizóla prueba de causalidad de Granger y se desarrolló la prueba de cointegración de Johansen. Los resultados demuestran la no estacionariedad de las variables en estudio, se obtuvo un modelo VAR de dos variables con un número de rezagos óptimo de cuatro – VAR2 (4) a lo cual se le realizó la prueba de causalidad demostrando una unidireccionalidad por parte del PIB per cápita al CO2. Palabras clave: crecimiento económico, desarrollo económico, distribución de la renta, economía del medio ambiente. Referencias [1]G. Brundtland, «Our Common Future,» de Report of the World Commission on Environment and Development , 1987. [2]R. Bermejo, Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como biomimesis, Bilbao: Hegoa, 2014. [3]R. B. y. P. C. Fander Falconí, «Flacso,» 16 03 2016. [En línea]. Available: https://www.flacsoandes.edu.ec/agora/62767-la-discutible-curva-de-kuznets. [Últimoacceso: 15 01 2021]. [4]E. Urteaga, «Las teorías económicas del desarrollo sostenible,» Cuadernos de Economía, vol. 32, nº 89, pp. 113-162, 2009. [5]V. K. 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[spa]Enmarcada en el estudio de la reacción internacional y la participación extranjera en la guerra civil española, esta Tesis analiza la respuesta al conflicto que se dio en Irlanda. Tal y como ocurrió en el resto de países democráticos, el contencioso español captó la atención de los habitantes de la isla de un modo significativo. El público se formuló su propia opinión al respecto, abriéndose un debate que se instaló en los principales resortes de la sociedad civil. Las formaciones políticas tomaron partido a favor de uno u otro bando y animaron a sus seguidores a secundar su postura. El Gobierno en funciones hubo de lidiar con una serie de imperativos que la conflagración impuso en su agenda, y los grupos de poder que ostentaban un peso relevante manifestaron su visión sin tapujos. Esto se advino en un momento en que la coyuntura interna de la isla atravesaba por un periodo delicado, puesto que el Free State pugnaba por consolidar el estatus que el Tratado de 1921 le había conferido, mientras que las élites dirigentes se disputaban el control del nuevo Estado. El carácter católico de la nación irlandesa jugó un papel crucial en la reacción que la guerra de España despertó entre sus ciudadanos. Pensemos que la defensa de este credo alimentaba una sangrienta disputa sectaria en el Norte, al tiempo que servía de factor diferencial para aislar la identidad gaélico-celta del resto de las Islas Británicas, de mayoría anglosajona y protestante. El tratamiento de las noticias sobre la Península que implementaron los rotativos del Sur, la postura adoptada por la Iglesia católica y la campaña a favor de los insurgentes que impulsó el conservadurismo irlandés, contribuyeron a decantar en un primer momento la opinión pública del lado rebelde. El conflicto fue interpretado como una pugna religiosa, condición que eclipsó otro tipo de lecturas posibles. La intensidad del clivaje vino acompañada, cuando no motivada, por una manipulación interesada de la información que se daba a la población. Las clases dominantes de la isla habían hecho un esfuerzo en los años precedentes por alejar a los sectores populares de las propuestas emancipadoras más radicales, alimentando para ello un temor rojo que terminó cuajando en el ánimo mayoritario. La corporación eclesiástica venía mostrando su cara más reaccionaria, enfrentándose sin complejos a cualquier atisbo de modernidad que pudiera cuestionar su poder. De hecho, muchos de sus adalides recibieron con gusto las formulaciones ideológicas que abogaban por reconquistar su preeminencia en todas las áreas de la vida comunitaria, es decir el corporativismo católico o, en su defecto, el vocacionalismo de Estado. La ultraderecha irlandesa adoptó una postura beligerante, volcando todas sus energías en la defensa de los facciosos. Los factores que motivaron esta actitud son complejos y variados, aunque en líneas generales respondieron a intereses propios, internos, antes que a una verdadera afección desinteresada. Por su parte, la izquierda radical no dudó en ofrecer toda su solidaridad a los republicanos españoles. Respuesta que le valió el acoso de muchos sectores sociales, políticos y religiosos. La insistencia de la contra-propaganda obrerista y la progresiva falta de legitimidad en la que cayó el discurso pro-franquista, terminaron por bascular el apoyo popular a la causa insurgente hacia una postura más templada. De este modo, las opiniones divergentes pudieron expresarse con un cierto margen de libertad. Aún así, la defensa de la causa lealista continuó chocando con la firme condena de la Iglesia y la oposición frontal de los estratos más acomodados. De Valera subscribió el plan de No-Intervención desde fechas tempranas, decisión que le valió la crítica de los contrincantes parlamentarios y de sus enemigos políticos. Dublín se esforzó en marcar un perfil de actuación diferenciado respecto a la Gran Bretaña, aunque no llegó a permitir que la cuestión española abriera ninguna brecha de disentimiento profundo entre ambos países. Salamanca encontró un aliado potencial en algunos grupos de presión irlandeses como el Irish Christian Front, la jerarquía católica y ciertos grupúsculos filo-fascistas como los blueshirts o el NCP. De hecho, a punto se estuvo de organizar una cruzada moderna en defensa de la cristiandad, que hubiera traído hasta España a millares de voluntarios dispuestos a combatir. Diversos intereses truncaron esta iniciativa y, finalmente, la propuesta se tradujo en una pírrica participación en la guerra de una pequeña compañía expedicionaria que no tardó en ser devuelta a su hogar. Por su parte, las formaciones que asumieron en la isla la salvaguarda del Gobierno de Madrid se vieron obligadas a aunar fuerzas y conglomerarse en un Frente Unido, a imagen y semejanza del Frente Popular español, para resistir el embate de la reacción. Contra viento y marea, esta plataforma convocó diversos actos de solidaridad en defensa de la legitimidad republicana, organizó comités de apoyo al pueblo español y trató de advertir a los trabajadores irlandeses del verdadero significado del conflicto. Aún más, algunos de sus mejores activos no dudaron en alistarse a las filas de las Brigadas Internacionales, haciéndose un lugar en la historia por su ardor en el combate y su sacrificio heroico. El objetivo de esta Tesis consiste, por un lado, en evocar el avance del estado de la cuestión que se ha alcanzado en Irlanda durante los últimos años, y por el otro, en aportar aquella información que las investigaciones que nos anteceden habían eludido. La justificación de todo ello, guarda relación con la escasa atención que la historiografía española ha prestado a esta temática hasta el momento, circunstancia que contrasta con la cantidad de trabajos que se han dedicado a analizar la respuesta que se dio en lugares como la Gran Bretaña, Francia, Italia o Alemania. Dicha carencia se presenta como un motivo de peso para tratar de llenar el vacío que existe en este campo. Para ello, hemos tratado de comprender los paradigmas que la historiografía irlandesa había establecido en torno al objeto de estudio, revisando las principales fuentes que habían consultado sus representantes y, en segundo lugar, hemos intentado descubrir y analizar otras fuentes novedosas que no habían sido trabajadas hasta la fecha. Los antecedentes de nuestra disertación se asientan en el trabajo desarrollado unas décadas atrás por algunos académicos irlandeses. Michael O'Riordan fue la primera persona que estudió con una cierta solidez la vivencia de los reclutas isleños en las Brigadas Internacionales. Su obra Connolly Column, se insería en la vertiente de publicaciones que analizaban el papel jugado por los distintos contingentes de voluntarios extranjeros que lucharon a favor del Gobierno de Madrid. Diletante antes que historiador de formación, su libro fue superado un tiempo después por la labor de los profesores Robert Stradling y Fearghal McGarry, quienes a finales de los años noventa editaron, respectivamente, el resultado de sus investigaciones centradas en la reacción irlandesa ante la guerra civil. Estos fueron los trabajos que nos pusieron en la pista del fenómeno que ocupa nuestra atención. La estructura de los temas abordados responde a un doble condicionante. Por un lado, resultaba complicado esquivar la división del contenido de sus obras que habían usado McGarry y Stradling. Por el otro, las propias fuentes que hemos consultado han impuesto, a tenor de las deducciones obtenidas, una determinada distribución de los resultados. El primero de estos imperativos guarda relación con el deseo de implementar una exposición holística del fenómeno. En este sentido, era menester acotar el marco histórico, construir una narración general de los hechos, y, profundizar en el relato de la experiencia vivida por los voluntarios que se trasladaron hasta la Península para combatir. Estas secciones de nuestro trabajo ocupan las Partes primera, segunda y tercera del mismo, y la estructura de sus capítulos guarda un parecido con los trabajos de McGarry y Stradling. La redacción de los apartados que los integran ha contado, aún así, con el auxilio de ciertas fuentes que estos autores no habían usado en su momento. Esto se hace patente en lo que concierne a la primera Parte. La segunda y tercera Parte incorporan algunos datos novedosos que derivan del análisis de periódicos y artículos que los susodichos investigadores pasaron por alto. El segundo condicionante al que nos habíamos referido guarda relación con la cuarta y quinta Parte de esta Tesis, donde se presenta la mayor dosis de originalidad que encierra nuestro ensayo. Son fruto de un estudio documental intensivo, que nos ha permitido recoger el testimonio aportado por una cantidad nada deleznable de material de archivo prácticamente inédito. La extensión de estos descubrimientos ha exigido ordenar los resultados de manera diferenciada según su contenido o procedencia. Así, la cuarta Parte aloja toda la información derivada de las cajas y legajos albergados por el National Archive of Ireland, vinculada eminentemente con la reacción de las autoridades irlandesas ante la guerra. Por el contrario, la quinta Parte expone los hallazgos encontrados en diversos archivos que se ubican en el Estado español, los más destacados de los cuales son el Archivo General Militar de Ávila y el Centro Documental de la Memoria Histórica. La elección de las fuentes ha respondido a un criterio abierto, inclusivo, en cuyo origen subyacía el deseo de cotejar la mayor cantidad posible de inputs de información. Este trabajo se sitúa en el campo de la historia política, a lo que se suman algunas consideraciones de otra índole. A efectos de contenido temático, los centros a los que debíamos acceder en Irlanda eran, sin lugar a dudas, la National Library y el National Archive. La faena de biblioteca, en lo que a bibliografía y sección de hemeroteca se refiere, quedó satisfecha en el University College Cork, donde pude permanecer como investigador visitante. Por otro lado, la sanción de una aportación novedosa al estado de la cuestión debía resolverse a base de indagar con detenimiento en los archivos españoles. Era éste un campo de trabajo relativamente virgen en relación con los estudios que se habían impulsado en la isla, hecho que lo convertía por sí mismo en uno de los motivos que justificaban la elaboración de esta Tesis. Stradling y McGarry, tal y como habían hecho hasta entonces algunos especialistas extranjeros en materia de guerra civil, habían visitado, sin obtener grandes rendimientos, los centros de Ávila y Salamanca. En este sentido, mi primer cometido consistía en superar el alcance de la exploración que ambos habían llevado a cabo en estos archivos. La disponibilidad de tiempo, un mejor dominio del castellano y la voluntad de perseverar, permitían atisbar algunas expectativas de éxito en torno a este objetivo. Mi proyecto de investigación preveía extender las pesquisas a otros centros del Estado, meta que me condujo hasta las salas del Archivo General Militar de Segovia y el Archivo General Militar de Guadalajara. Anhelaba encontrar aquí más datos acerca de los voluntarios irlandeses que lucharon en la guerra y, aunque en poca cantidad, di con algo interesante. Las visitas al Arxiu Nacional de Catalunya, al Centro de Patrimonio Documental de Euskadi y al Archivo del Nacionalismo Vasco, tenían por objetivo la detección de relaciones y concomitancias entre el nacionalismo de estos lugares e Irlanda. De nuevo, estas diligencias concluyeron con un resultado favorable. Finalmente, requerí consultar los fondos de algunos equipamientos como la Biblioteca Foral de la Diputación de Bizkaia o los depósitos documentales y bibliográficos del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona), para trabajar con algunas ediciones de prensa que podían enriquecer el trabajo. Las revistas y publicaciones periódicas que han sido citadas en esta Tesis fueron localizadas, de forma mayoritaria, en el archivo Special Collections y en la biblioteca de la universidad de Cork. Los fondos inter-universitarios a los que se puede acceder hoy en día a través de la Red, hicieron el resto. La prensa escrita que consulté en Irlanda ha representado un elemento de primer orden a la hora de obtener datos suculentos e información precisa con la que operar. Pude ocuparme de algunos portavoces radicales como el United Ireland o The Irish Democrat gracias a los microfilms que se guardan en la universidad de Cork. El análisis de otros periódicos de ámbito más general como el Irish Press o el Irish Independent, me vino facilitado por los servicios on-line de la Boole Library que ofrece la UCC, a los que logré tener acceso gracias a la condición de 'visiting researcher' con la que decidieron congraciarme. La inspección de rotativos como La Vanguardia y el ABC pudo solventarse sin problemas en España. Por el contrario, la depuración de algunos noticiarios como el Our Fight o el Volunteer for Liberty exigió pasar algunas jornadas de trabajo en archivos especializados como el Centre d'Estudis Històrics Internacional. La mayor parte de la bibliografía utilizada en esta Tesis es de manufactura anglosajona, predominantemente irlandesa. La estancia de investigación que realicé en Irlanda me facilitó, en gran medida, su consulta. Años atrás, en motivo de mi primera visita a la isla, logré adquirir aquellos títulos más esenciales que habrían de sentar las bases de este ensayo. Desde Granada, mientras cursaba los estudios del DEA, continué alimentando esta actividad compilatoria. Posteriormente, cuando ya trabajaba en la Tesis, el CDMH y el CEHI me sirvieron para localizar algunas obras que podían ser de utilidad. A grandes rasgos, puede señalarse que nos hemos servido tanto de obras contemporáneas del estilo de The Book of the VX International Brigade o las memorias de O'Duffy, como de obras actuales redactadas por historiadores de nuestro tiempo. Lógicamente cada capítulo y apartado ha requerido una contextualización bibliográfica en particular. Algunos libros guardaban una utilidad transversal, por lo que han servido como herramientas generales. Otros fueron requeridos para atajar simples cuestiones puntuales, de modo que han ocupado una categoría secundaria. Finalmente, hemos usado algunas publicaciones a modo de instrumentos auxiliares. Eso sí, la mayor parte de los textos de los que nos hemos servido, ya fuesen recuerdos de veteranos, manuales escritos por historiadores, crónicas periodísticas de la guerra, artículos de prensa o revistas de corte académico, entre otros, estaban escritos en lengua inglesa. ; [eng]This project of investigation surveys Irish responses to the Spanish Civil War, recounting the participation of Irishmen on both sides of that conflict. Specially, it analyses the motives behind their involvement in Spain, their experiences there, and it attempts to place both in the context of comparative international responses to the war. It's correct to say that the Spanish Civil War aroused strong passions in Ireland, so this research examines various interest groups on the Irish front: supporters of the Spanish Republic, the pro-Franco Irish Christian Front, the Catholic Church, etc. It also considers the formation of diplomatic policy, and the party political responses. However, all those reactions help to illustrate the impact on Ireland of the rise of radical ideologies in 1930s Europe. So, this P.H.D. describes the political culture of interwar Ireland. The central part of this research studies the corps of 700 Irish volunteers, formed by Eoin O'Duffy (politician who had previously organised the banned quasi-fascist Bueshirts in Ireland), that fought on the Nationalist side of Franco. And by the other hand, explains the history about the group of IRA members and Irish Socialists who fought in support the cause of the Second Republic (around 250-300 men), organized by the Republican Congress and the Irish Communist Party with Frank Ryan as their leader; sometimes referred to as the "Connolly Column". Moreover, this work turns around different axes of research related with the connections between Ireland and Spain during the interwar period. This is, the foreign affairs among both countries, their diplomatic relations, the reception of Irish news and events in the Spanish medias of that time, etc. Specially, trying to put forward the Catalan and Basque particular ties with Ireland. By doing so, it analyzes several bonds that were established between various political parties, institutions, organizations and other bodies from those lands.

Introducción o motivación de la tesis: Esta Memoria se enmarca dentro de los estudios sobre Historia de las matemáticas en la España decimonónica, en particular de su presencia en las instituciones docentes, desarrollados en el Seminario de Historia de la Ciencia y de la Técnica de Aragón bajo la dirección del Prof. Dr. Mariano Hormigón en la Universidad de Zaragoza. A lo largo de más de tres décadas han sido abordados distintos aspectos de la matemática y de la Ciencia española, principalmente en el periodo que va desde la Ilustración a la Guerra Civil. Continuando con esta línea de trabajo en torno al estudio de la evolución de las matemáticas dentro de las Fuerzas Armadas españolas, en esta Memoria se presenta un estudio global del desarrollo de la enseñanza de las matemáticas en la Armada española a lo largo del siglo XIX, especialmente en los centros de formación de Guardias Marinas. Desarrollo teórico: A lo largo de la Memoria se realiza un análisis de contenidos de los textos de matemáticas ¿ manuales, tratados o compendios para la formación de los oficiales ¿ utilizados en la Armada española en el siglo XIX, debidamente contextualizados en su uso docente en los diferentes centros y planes de estudio. La agrupación de todos los textos seleccionados por disciplinas matemáticas presenta un total de seis obras sobre Aritmética, nueve sobre Álgebra, seis sobre Geometría elemental, tres sobre Geometría Descriptiva, cuatro sobre Geometría Analítica, cinco sobre Análisis Matemático, seis sobre Trigonometría Rectilínea, ocho sobre Trigonometría Esférica y cinco obras españolas y siete extranjeras para el estudio comparado de la obra de Pedro José Rodríguez Riola. Cuatro apéndices recogen la sistematización realizada para el estudio de estas obras. Se presentan en los dos primeros las Portadas e Índices de los libros seleccionados, reconstruyendo los índices de las obras que carecen de ellos. Un tercer apéndice muestra en siete subapartados las tablas que resumen los datos generales de las obras seleccionadas y el análisis comparativo de sus contenidos para las diferentes disciplinas matemáticas. El último apéndice recopila los Reglamentos, órdenes y programas de los exámenes de ingreso en la Escuela Naval Flotante, a fin de determinar el nivel matemático exigido a los Aspirantes al ingreso en este centro. El primer capítulo de la Memoria, Marco institucional y legal: centros docentes y Planes de Estudio, está conformado por dos apartados. En el primero, Presencia de las Matemáticas en la Armada a finales del s. XVIII, se repasan los antecedentes de la formación básica y superior de las Academias de Guardias Marinas en cuanto a planes de estudio y textos de matemáticas. En el segundo apartado, Las Matemáticas en la organización y estructura de los estudios desarrollados en la Armada en el siglo XIX, se revisan cronológicamente las cinco etapas en que se ha divido el siglo en relación al centro de formación existente: Academia de Guardias Marinas (1802-1824), Colegio Real y Militar de Caballeros Guardias Marinas (1825-1828), sin centro docente (1828-1844), Colegio Naval Militar (1844-68) y Escuela Naval Flotante (1869-1909). Para cada etapa se realiza una síntesis del periodo y se analizan los desarrollos de la formación básica y superior (si la hay): planes de estudio, disciplinas matemáticas y textos matemáticos utilizados. El segundo capítulo, Las Matemáticas en los textos de formación náutica militar, se compone de diez apartados. En el primer apartado, Revisión de la producción matemática en la Armada en el siglo XIX, se seleccionan aquellas obras de cuyo uso para la formación de los Guardias Marinas o para la preparación de las pruebas de ingreso en la Escuela Naval Flotante tenemos constancia. En los seis siguientes apartados se realizan los estudios comparativos del tratamiento y desarrollo de la Aritmética, el Álgebra, la Geometría elemental, la Geometría Descriptiva, la Geometría Analítica y el Análisis Matemático en la Armada durante el siglo XIX. Para cada una de las materias se examinan las obras utilizadas, se determina la presencia en los textos de los principales contenidos de la materia y se formulan conclusiones sobre la evolución y grado de actualidad de la materia a lo largo del siglo XIX. Entre los autores revisados destacan Gabriel Ciscar y Ciscar, Saturnino Montojo y Juan Cortázar, tanto por su número de obras como por su prestigio científico a nivel nacional. Son las personalidades más influyentes a lo largo del siglo XIX en la formación de los oficiales, por lo que se realizan estudios comparativos en las materias que fueron tratadas por los tres autores: Aritmética, Álgebra y Geometría elemental. En los apartados octavo y noveno se presenta un estudio más detallado y pormenorizado de los tratamientos y desarrollos de la Trigonometría Rectilínea y Esférica, al ser ambas materias de especial importancia en la formación de los Guardias Marinas por sus aplicaciones a la navegación. En el décimo y último apartado se revisa la vida y obra de Pedro José Rodríguez Riola, un autor singular cuya obra estaba pendiente de localización y estudio. Este mahonés ejerció como Professor of Mathematics and Navigation of Midshipmen of the U. S. Navy Yard, Gosport, en el estado norteamericano de Virginia, desde 1827 hasta su fallecimiento en 1838. Su principal obra, Elements of spherical trigonometry, designed as an introduction to the study of nautical astronomy, es ampliamente examinada al objeto de determinar qué obras, tanto españolas como extranjeras, pudieron influir en su elaboración. Conclusiones: En el transcurso del siglo XIX cabe distinguir tres periodos en cuanto a lo que a la enseñanza de las matemáticas en la Armada Española se refiere. En un primer periodo, correspondiente a la formación en las Academias de Guardias Marinas (1802-1824) y en el Colegio Real y Militar de Caballeros Guardias Marinas (1825-1828), la formación básica en matemáticas sufre un retroceso respecto del nivel alcanzado en el último tercio del siglo XVIII, limitándose al estudio de la Aritmética, la Geometría elemental, la Trigonometría Rectilínea y algunas nociones sobre los círculos, líneas y puntos en la esfera. El Plan de Estudios sigue el Curso de Estudios Elementales de Marina, obra que Ciscar adapta plenamente a las necesidades del momento en la Armada, de manera que los cadetes puedan asimilar todos los contenidos durante su formación. Mediante esta obra, Ciscar delimita claramente lo que un Guardia Marina debe o no debe conocer a lo largo de sus estudios. En Aritmética y Geometría elemental se presentan unos conocimientos básicos bajo un enfoque eminentemente práctico, utilizando desarrollos sintéticos en el caso de la Geometría. En Trigonometría Rectilínea se mantiene una concepción geométrica de las expresiones trigonométricas heredada de las líneas trigonométricas utilizadas en el siglo XVIII, mientras que en Trigonometría Esférica Ciscar presenta un reducido número de definiciones y propiedades básicas, apoyándose en figuras geométricas y triángulos rectilíneos, lo que supone un retroceso de contenidos respecto al siglo anterior. En cuanto a la formación superior durante este periodo, las obras de La Caille y Bézout muestran concisamente los principales contenidos sobre el Cálculo diferencial e integral y tratan de forma reducida las Ecuaciones diferenciales. La Caille sigue un enfoque geométrico, mientras Bézout se apoya principalmente en herramientas algebraicas. En el segundo periodo, correspondiente a la formación impartida en el Colegio Naval Militar (1844-1868), se produce un avance sustancial en la instrucción matemática bajo la influencia de Saturnino Montojo, figura clave durante esta etapa por su elaboración de tratados para la formación en el centro sobre Aritmética, Álgebra y Trigonometría. En el Colegio aumentan tanto las asignaturas como el nivel de la formación matemática básica: se instruye a los Aspirantes en Aritmética, Álgebra, Geometría elemental, rudimentos de Geometría Analítica, Trigonometría Rectilínea y Trigonometría Esférica. En Aritmética Montojo realiza un tratamiento más amplio y algebraico que Ciscar, aunque con un manejo básico de los números irracionales y las aproximaciones numéricas. El Álgebra elemental y superior aparece por primera vez como materias propias de los estudios básicos en la obra de Montojo, siendo reseñable la introducción de Series. En cuanto a la Trigonometría Rectilínea, se pasa de un enfoque puramente geométrico a otro algebraico y analítico. Desde una concepción geométrica de las expresiones trigonométricas heredada de las líneas trigonométricas, Montojo evoluciona hacia un enfoque algebraico-analítico basado en las funciones trigonométricas y construye las tablas trigonométricas logarítmicas mediante desarrollos en serie. Si bien la evolución es menos significativa en cuanto a métodos de resolución de triángulos rectilíneos, cabe destacar la incorporación del Teorema del Coseno y de las fórmulas de Briggs como herramientas de resolución. Los contenidos sobre Trigonometría Esférica evolucionan considerablemente durante este periodo de la mano de Montojo. El manejo de los triángulos esféricos, junto con sus propiedades básicas, pierde protagonismo, aumentando la importancia de la resolución de triángulos esféricos. El Teorema del Seno y el método del Perpendículo dejan de ser los pilares del enfoque geométrico, que es sustituido por un nuevo enfoque algebraico basado en el Teorema del Coseno para los lados. Montojo introduce también esta orientación algebraica en el estudio de los triángulos oblicuángulos, apoyándose en las analogías de Gauss-Delambre y de Neper. Incorpora además nuevos contenidos, entre los que destacan el cálculo de áreas de triángulos, las analogías diferenciales y diversas relaciones entre la Trigonometría Esférica y la Rectilínea, como el Teorema de Legendre. En cuanto a la formación superior, también se eleva el nivel en matemáticas al incluirse en los Cursos de Estudios Sublimes el Cálculo diferencial e integral, la Geometría Analítica, la Geodesia y la Geometría Descriptiva. En el tercer periodo, correspondiente a la formación impartida en la Escuela Naval Flotante (1869-1909), se produce un incremento del nivel matemático exigido a los Aspirantes a Guardias Marinas. En las pruebas de ingreso destacan la cantidad y calidad de los contenidos matemáticos que se exigen en Aritmética, Álgebra, Geometría elemental, Geometría Descriptiva, Geometría Analítica, Trigonometría y Cálculo diferencial e integral. Entre los autores de obras utilizadas para la preparación de las pruebas de ingreso destaca Juan Cortázar, tanto por la variedad de materias que trata como por el nivel de los contenidos presentados. Muchos de ellos, anteriormente contemplados en la formación de las academias y colegios precedentes, pasan a ser requisito de acceso a la Escuela Naval Flotante. Respecto a la formación ofrecida en la Escuela, las materias presentan un mayor nivel, en correspondencia con la acrecentada base matemática de acceso de los aspirantes. Las asignaturas impartidas son Análisis (Cálculo diferencial e integral, junto con nociones básicas de Ecuaciones diferenciales y Series), Complemento de Álgebra, Trigonometría Rectilínea, Trigonometría Esférica, Geometría Descriptiva y Geometría Analítica. Se eliminan pues la Aritmética, el Álgebra elemental y la Geometría elemental, cuya evolución se sigue en las obras preparatorias. Así, en Aritmética Cortázar muestra un enfoque algebraico, similar al de Montojo, en el que profundizan a finales de siglo las obras de Terry y Rivas, Serret y Salinas y Benítez, especialmente en cuanto al estudio de la divisibilidad, los logaritmos y las aproximaciones numéricas. Por otra parte, el Álgebra elemental se va entrelazando con contenidos propios del Álgebra superior en las pruebas de ingreso. No obstante, los contenidos no son introducidos de forma gradual durante el último tercio del siglo, sino que varían de un curso a otro, lo que muestra la ausencia de criterios fijos sobre los conocimientos de Álgebra superior necesarios para la formación de los Guardias Marinas; es destacable el tratamiento de los Determinantes por parte de Salinas y Benítez para los exámenes de ingreso de 1900. En cuanto a la Geometría elemental, Cortázar y Terry y Rivas ofrecen un tratamiento más teórico y profundo que Ciscar, que se acentúa a finales de siglo en las obras de Rouché y Comberousse y Ortega y Sala. La Geometría Descriptiva pasa a integrarse por primera vez en la formación de los Guardias Marinas en la Escuela Naval Flotante, especialmente en las pruebas de ingreso, aumentando a lo largo del periodo los elementos tratados y la profundidad con que son estudiados. En los primeros años de la Escuela, un capítulo de la obra de Bielsa y Ciprián o el texto de Ibáñez y Valera cubren todos los contenidos necesarios para la prueba de acceso, que aumentan significativamente con el texto de García Villar. También la Geometría Analítica es tratada por primera vez de forma independiente en la Escuela, tanto en las pruebas de ingreso como en su formación, ampliándose paulatinamente los contenidos a lo largo del último tercio del siglo mediante un enfoque cada vez más algebraico. En los primeros años la obra preparatoria de Meunier-Joannet presenta unos contenidos básicos sobre Geometría Analítica en dos dimensiones. Posteriormente, las obras de Merás y Uría y Salmon, también preparatorias, aumentan de forma considerable los contenidos; el primero estudia principalmente el plano bajo un enfoque geométrico y el segundo el espacio basándose plenamente en el Álgebra. Más tarde, la obra de De María, de uso en la formación de la Escuela, supone un aumento considerable de contenidos respecto a las anteriores obras, especialmente en dos dimensiones, bajo un planteamiento algebraico. El Cálculo diferencial e integral presenta un enfoque plenamente analítico en las obras de Meunier-Joannet y Miranda; ambos textos, adaptados para la enseñanza en escuelas navales, recogen la mayoría de los contenidos del Cálculo diferencial e integral, junto con conceptos básicos de Series y Ecuaciones diferenciales; el texto de Miranda tiene un mayor equilibrio en el tratamiento de los contenidos. En Trigonometría Rectilínea se sigue un enfoque algebraico-analítico basado en las funciones trigonométricas, aunque no todos los autores dejan atrás las líneas trigonométricas, coexistiendo ambos enfoques durante la parte final del siglo. En la elaboración y uso de las tablas trigonométricas logarítmicas del Seno, Tangente y Secante hay un retroceso respecto a la obra de Montojo por parte de algunos autores que, como Cortázar y Barreda y García, estudian los desarrollos en serie aunque sin aplicarlos directamente a la construcción de las tablas. Por otra parte, el manejo por parte de Cortázar del Teorema del Coseno ¿que aparece en la obra de Cortázar antes que en la de Montojo¿y las fórmulas de Briggs facilitan los procesos de resolución de triángulos rectilíneos, sin que esto suponga un cambio metodológico; simplemente cada autor aporta su toque personal a la hora de clasificar y resolver los distintos casos. La Trigonometría Esférica continúa con el enfoque algebraico seguido por Montojo y Cortázar en el estudio de los triángulos oblicuángulos. Adicionalmente, van adquiriendo importancia otros contenidos, como el cálculo de áreas de triángulos y las relaciones entre la Trigonometría Esférica y la Rectilínea. Por otra parte, y dada la singularidad del autor, se ha revisado la vida y obra de Pedro José Rodríguez Riola, mahonés que ejerció como Professor of Mathematics and Navigation of Midshipmen of the U.S. Navy Yard, Gosport, en el estado norteamericano de Virginia, desde 1827 hasta su fallecimiento en 1838. Su obra más importante, Elements of spherical trigonometry, designed as an introduction to the study of nautical astronomy, reunió el conjunto de conocimientos trigonométricos necesarios para la práctica de la Astronomía náutica, presentados de forma que pudieran ser estudiados por personas escasamente versadas en Matemáticas ¿esto es, Aritmética elemental, Geometría Plana, principios de Trigonometría Plana y rudimentos de Álgebra. La obra, influenciada principalmente por Ciscar y Keith, incorpora también elementos procedentes de Keill, Simson y Playfair. A partir de estos autores, Rodríguez realizó, con un estilo personal, un destacable trabajo de selección y síntesis en forma de prontuario destinado a la formación introductoria básica de los niveles inferiores de acceso a la Marina estadounidense. Bibliografía consultada: ARROYO, R. (1994) ¿Las enseñanzas de náutica en el siglo XVIII¿. Revista de Historia Naval, 46, 7-30. AUSEJO, E. & MEDRANO, J. 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Desde la perspectiva de fines del siglo XX, los regímenes políticos de la España de los años veinte y treinta aparecen como una secuencia de ensayos en respuesta a la profunda crisis sufrida por el sistema de la Restauración (1876-1923). Bajo ese enfoque, la Segunda República (1931-1936) se nos muestra inscrita en el esfuerzo por encontrar una nueva alternativa tras el fracaso de la Dictadura primorriverista (1923-1930) y las dictablandas del general Dámaso Berenguer y del almirante Juan Bautista Aznar. No es, pues, una cuestión casual acortar cronológicamente nuestro objeto de estudio entre el 13 de Septiembre de 1923 y el 18 de Julio de 1936. En esas fechas se gestó el desplazamiento de los antiguos partidos dinásticos por otros grupos de la que sería la derecha autoritaria Alfonsina (conservadores subversivos, en calificación de Gil Pecharromán) y, más tarde, por el movimiento republicano y los socialistas. Lo entonces acontecido sirvió de referente para posteriores actuaciones políticas, desde la valoración ideológica de sus elementos rechazables, corregibles o asumibles. Ciertamente, hay que subrayar que las costumbres y la vida cotidiana de los españoles cambió sustancialmente entre 1923 y 1936. La tímida pero imparable introducción de nuevos medios de transporte transformó el paisaje urbano. El automóvil, dirigido hacia la locomoción individual de los consumidores más pudientes, comenzaba a proliferar por las vías de las principales ciudades, forzando la ampliación de calles y modificando los usos habituales de la red pública. En paralelo, el crecimiento demográfico de las urbes impulsó tanto la construcción de viviendas (la más de las veces desordenada y de escasa calidad) como la expansión del Metropolitano (Madrid, Barcelona), al igual que las líneas de tranvías y los autobuses de enlaces con la provincia. Estos últimos, junto a los camiones, vinieron a completar el transporte de personas y mercancías por ferrocarril, estimulando el tendido de numerosos kilómetros de caminos vecinales y carreteras provinciales. También la radio irrumpió a mediado de los veinte. De lámparas para los de mayores posibilidades y de galena para el común de las gentes, los receptores comenzaron a formar parte del mobiliario doméstico, canalizando las noticias que antes sólo llegaban a través de la prensa. Por su parte ésta, comenzó a difundir información gráfica gracias a los últimos adelantos técnicos. La expansión del telégrafo y del teléfono contribuyeron a la mejora de las comunicaciones, aunque sujetos a la protección menopolística de la Dictadura (Telefónica, CAMPSA, Tabacalera, Compañía Arrendataria de Fósforos, etc.). Fueron también los años del avance de la aviación y de la promesa de los dirigibles, acariciando algunos la posibilidad de convertir a Sevilla en el aeropuerto terminal de Europa (Tomás de Martín-Barbadillo). Por último y para concluir el cuadro de aquellas innovaciones modernizadoras, cabe subrayar cómo la mujer se incorporó lenta pero inexorablemente a la vida pública (participación en el plebiscito de 1926, ingreso creciente en la población activa, nombramientos de concejalas en 1928, estreno del voto femenino en las elecciones de 1933). Buena parte de estos fenómenos se amplificaron en la Sevilla que estaba preparándose para celebrar con el máximo ornato la tan esperada como retrasada Exposición Iberoamericana (1929). Al sensible crecimiento vegetativo de la ciudad se le sumó la inmigración atraída por los puestos de trabajo del proyectado Certamen, precipitando el hacinamiento en barriadas periféricas surgidas sin orden ni concierto (Cerro del Águila, Villalatas, Amate). Y es que Sevilla mostraba sensibles contrastes. Por un lado, sufría frecuentes inundaciones y también, paradójicamente, un deficiente suministro de aguas, responsabilidad de una empresa extranjera (The Seville Water Works Company Limited). Contaba con un sistema de alumbrado para la Exposición (farolas diseñadas por Aníbal González), mientras muchos ciudadanos carecían de suficiente fluido eléctrico. Capital orgullosa de sí, pero capaz de plegarse a los designios de José Cruz-Conde (el tercer hombre más influyente de España, después del Alfonso XIII y de Primo, según el diplomático Carlos Morla Lynch). Feudo aparente del conservador marqués de Torrenueva y, a la vez, centro de disturbios estudiantiles que tantos problemas dieran al gobernador, conde de San Luis, y al ministro de la Gobernación, marqués de Hoyos. Baluarte anarquista y comunista durante la República, radical y socialista en las elecciones de 1931, pero también vivero de la primera sublevación grave contra el régimen nacido el 14 de abril (Sanjurjo). Cuna de líderes republicanos (Martínez Barrio, José Díaz) y campo de experimentos del Nuevo Orden tras el 18 de julio. A la vez cofrade y crisol de huelgas violentas. Foco destacado de la Masonería española y lugar de nacimiento de la Liga Católica. Ciudad semindustrial y terciaria en medio de una provincia agrícola. Es en esas coordenadas cronológicas y espaciales donde emplazamos el objeto de estudio: la Diputación Provincial de Sevilla. Un análisis fundamentado en la respuesta a estos dos interrogantes: 1ª) ¿qué puede aportar el estudio de las instituciones político-administrativas al conocimiento de la España contemporánea?; y 2ª) ¿por qué elegir dentro del conjunto de este tipo de organismos a la entidad provincial? El Estado, como comunidad de personas asentadas en un territorio fijo y sujetas a una dirección política común, se encuentra constituido por tres elementos básicos: población, territorio y poder (Andrés de Blas, Ramón Cotarelo). Este último –es decir, el poder o la capacidad para imponer obediencia desde una autoridad- se sirve de dos tipos de instrumentos (Duverger): los ideológicos (legitimidad, soberanía) y los materiales (órganos y aparatos del Estado). Planteado este esquema conceptual, se entiende que el estudio de las instituciones político-administrativas resulta imprescindible para observar las formas de ejercer el poder. Lo llamativo es que este relevante campo de investigación no haya despertado todavía el suficiente interés entre los estudiosos, mientras que otras cuestiones como el movimiento obrero, el papel del sindicalismo o la politología –especialmente la de los partidos externos al sistema- sí han recibido brillantes tratamientos, tanto en forma de síntesis globales como en obras de rango local. Es decir, hasta no hace mucho se ha analizado más la historia de los contra-poderes que el comportamiento preciso del propio poder, bien por las influencias ideológicas derivadas de la coyuntura política de los últimos años del franquismo y la transición democrática, bien por la acumulación de trabajos en determinadas parcelas historiográficas marcando tendencia generales, consideradas dignas de atención. Compárese, a modo de ejemplo, el número de monografías sobre la historia del sindicalismo con aquéllas otras que tratan de los organismos públicos responsables, en mayor o menor medida, de paliar las causas de la conflictividad social. Diseccionar las pautas de comportamiento de las instituciones (insistimos, soportes del poder) obliga a mostrar también las interrelaciones gobernantes-gobernados. No se trata sólo de esbozar la composición de unas corporaciones, saber quién ocupa determinados cargos o precisar el origen de la selección del personal político (sea por elecciones o por nombramiento gubernativo). Es todo eso, pero también lo es enlazar su actuación gestora con las realidades materiales y humanas objetivas sobre las que hubo de desplegarse. Este estudio sobre la Diputación Provincial de Sevilla ha sido realizado sobre la premisa de no perder esos referentes de la realidad. Otro aspecto a resaltar en la parcela de la historia de las instituciones lo constituye su interacción con la política. Ya durante el siglo XIX y la gestación del Estado liberal no pocos tratadistas se esforzaron en deslindar las esferas de lo político y lo administrativo. Ante el panorama de la creciente politización del funcionamiento del Estado y el enraizamiento del fenómeno caciquil, la práctica totalidad de los proyectos de reforma de la Administración recogieron declaraciones de expresa –y teórica- separación entre el apasionado campo de las luchas partidistas y el área –supuestamente neutra- de las decisiones de gobierno. Hasta tal punto llegaron a calar estos mensajes en la opinión pública que no fue excepcional el que un gobernador, un concejal o un diputado provincial formulasen públicos votos por dejar "en las puertas" su utillaje político y prometieran dedicarse a la gestión de los asuntos públicos bajo la más estricta independencia. Sin embargo, esos propósitos se hicieron tan inviables como el total divorcio entre la figura del político y del gestor público. Y es que, naturalmente, la Política y la Administración son dos asuntos distintos pero comparten intersecciones en los órganos del Estado, en las corporaciones y en los cargos públicos. Sabido es que el político es una figura y la función que pueda desempeñar en el aparato del Estado es otra. Ambas poseen, evidentemente, mucho en común, aunque presentan diferencias sustanciales. Es en este punto donde la historia de las instituciones tiene bastante que ofrecer al campo de la historia política. Comprendida dentro de ésta se encuentran: los programas; las pugnas ideológicas; los organigramas de las formaciones políticas; las campañas electorales; la génesis, desarrollo y evolución de las agrupaciones; el funcionamiento de los partidos; y, entre otros extremos, los individuos políticos. Ahora bien, ese conjunto de elementos se guía por determinadas conductas que pueden cambiar parcial o totalmente (de hecho, lo hacen) cuando el político o un partido pasa a asumir responsabilidades públicas. En este aspecto, fue bien relevante el cambio de actitud que registraron los partidos externos antes de 1923 en Sevilla: cuando eran beneficiarios del encasillado, guardaban sus baterías más agresivas contra el caciquismo de las formaciones dinásticas. Tampoco sería menor la transformación de republicanos y socialistas a la hora de ocupar los ayuntamientos o las diputaciones provinciales a raíz del cambio de abril de 1931. Valga una muestra: Hermenegildo Casas, presidente de la Diputación Provincial durante el primer bienio, abandonó su agresividad verbal como miembro del Ayuntamiento hispalense de 1930. Es más: su gestión al frente del organismo de la provincia le desmarcó de su propio partido (PSOE), del que acabaría saliendo en 1934. Creemos conveniente, por tanto, completar la historia política con las conclusiones aportadas por este tipo de estudios. Por último, resulta muy útil el análisis de las instituciones –y, dentro de éstas, de las locales- para inferir el modelo de Estado en que están inscritas y en qué medida cumplen su función ante los ciudadanos. Ese enfoque constituye, a nuestro juicio, un ángulo privilegiado para comprender tanto los problemas del edificio estatal español durante el primer tercio del siglo XX (déficit, desestructuración, ineficacia) como el arranque de las alternativas regionalistas o nacionalistas, que tuvieron sus orígenes no sólo en componentes culturales (lengua, tradición) sino en la escasa operatividad que el Estado centralizado brindó a sus ciudadanos-contribuyentes. Y es que los responsables políticos durante la Dictadura primorriverista y la Segunda República no corrigieron las inercias y los vicios del edificio estatal. Si Primo de Rivera no se atrevió a suprimir las diputaciones provinciales, tampoco los gobernantes republicanos reorganizaron en profundidad la estructura del Estado –adjetivado como integral- salvo el reconocimiento de algunas autonomías (Cataluña). Y todavía resulta una cuestión pendiente. Baste recordar la última polémica suscitada por el cuestionamiento de los gobernadores civiles como figuras adecuadas dentro del Estado de las autonomías. Lo afirmado en párrafos anteriores avala suficientemente el valor de la historia de las instituciones político-administrativas. Ahora bien, ¿qué particularidades ofrecen las diputaciones para ser objetos de estudio? Varias son las razones que justifican la opción. En primer lugar, las diputaciones eran piezas estratégicas dentro del sistema político-administrativo español. Encargadas de velar por los intereses de las provincias, estaban emplazadas entre el Gobernador Civil y los ayuntamientos, lo que les convertía en elementos clave en coyunturas electorales durante la Restauración. Muchos reformistas a comienzos de siglo las consideraban auténticas lacras, viveros de caciquismo y paradigmas de la corrupción. En general, eran fieles obedientes a las consignas de Gobernación, transmitidas a través del gobernador de turno, y atendían regularmente el sometimiento político de las localidades de la provincia. Pero no es solo ésta la única vertiente atractiva de las diputaciones para los investigadores. De hecho, después de 1923 siguen presentando un enorme interés por la entrada en vigor del Estatuto Provincial de José Calvo Sotelo, en aquel entonces director general de Administración Local (marzo 1925). Aquella obra legislativa superaba a la vieja Ley Provincial de 1882 tanto en sus aspectos técnicos como en sus efectos prácticos: las diputaciones recibieron competencias y un sensible reforzamiento de sus recursos, alentando el desarrollo de una amplia actividad en materia de obras públicas y beneficencia. Obviamente, cabe adjudicar parte de aquel desenvolvimiento material a la coyuntura de bonanza económica de los años veinte, pero también es cierto que los responsables de las corporaciones provinciales durante los gobiernos Berenguer/Aznar y las nuevas comisiones gestoras republicanas reconocieron las cualidades del Estatuto, al plantear proyectos de reforma inspirados en él. Es decir, la abundancia material de los años veinte no hizo sino realzar las capacidades potenciales intrínsecas del Estatuto Provincial. Con independencia de lo expuesto, la elección de la provincia como ámbito de análisis merece otros comentarios. En primer lugar, si situamos el centro de nuestro enfoque sobre la Diputación, conviene metodológicamente abrir el campo de estudio al conjunto global de los municipios de la provincia y, también, al Gobierno Civil. Bajo ese primas pretendemos superar el estrecho marco local al que están referidos la mayor parte de los trabajos disponibles. Actualmente asistimos a una proliferación de la historia local –tal vez excesiva- que, si bien resulta imprescindible, por otra complejiza cada vez más la elaboración de posteriores síntesis, aparte desniveles cualitativos. Por ello, juzgamos interesante el análisis de escalas intermedias como pueden ser la provincia o la región, siempre y cuando la temática seleccionada lo permita. La provincia, aunque nacida de la mano del legislador, ha cobrado carta de naturaleza tanto para el sistema político-administrativo como para los ciudadanos. Incluso el actual Estado de las autonomías ha corroborado la vigencia de las viejas provincias de Javier de Burgos. Y además –subrayamos esta cualidad- las provincias significaban mucho más en las década de los veinte y los treinta que hoy. En el caso de Sevilla, según el censo de 1930, la capital aglutinaba unos 228.000 habitantes mientras que en la provincia vivían 576.000; es decir: la suma de los municipios rurales doblaba sobradamente los efectivos demográficos de la capital. Es más, 17 localidades agrupaban a 267.000 ciudadanos, lo que indica la existencia de auténticas agrociudades con un peso demográfico y económico nada desdeñable dentro del conjunto provincial. Estos ingredientes bastan para justificar esta línea de investigación: la historia de Sevilla no es sólo la de la capital, sino también la de su entorno provincial y la de las mutuas interrelaciones entre ambas. Indudablemente, si alguna institución nos sirve para contemplar una amplia panorámica de la provincia, ésa es la Diputación Provincial. Sus diversas y heterogéneas áreas de gestión abarcaban tanto las obras públicas como la beneficencia, la enseñanza y el control de los ayuntamientos, las comunicaciones y la administración provincial de las elecciones… Suficientes argumentos para dedicar no sólo uno, sino varios trabajos monográficos a estas cuestiones. El afirmar que las diputaciones constituyen una interesante parcela de trabajo no es ningún descubrimiento original. Desde finales de los años setenta y a lo largo de los ochenta han aparecido una serie de valiosas obras sobre estas instituciones, aunque los esfuerzos pioneros se remontan a casi hace treinta años. Fue el profesor Cuenca Toribio uno de los primeros que se internó en este campo al publicar en 1963 un artículo titulado "Los orígenes del la Diputación sevillana" (Archivo Hispalense, nº 118, marzo-abril 1963). Entre 1964 y 1966; en la misma revista, el entonces cronista oficial de la provincia, Manuel Justiniano y Martínez realizó un esbozo de la historia de la Diputación hispalense durante la Dictadura y la República. A escala más general y en 1966, la Diputación Provincial de Barcelona promovió una obra colectiva en varios volúmenes sobre la historia de estos organismos bajo el título de La Provincia. Ya en la década de los setenta vieron la luz otros trabajos locales –véase el apéndice bibliográfico-, como fueron los de Salcedo Izu (Navarra, 1972), Lladonosa Pujol (Lérida, 1974), González Mariñas (Galicia, 1978) o Piña Homs (Baleares, 1979), aparte uno colectivo titulado: Asistencia hospitalaria. Estudios de las Diputaciones Provinciales, (1978). Pero la definitiva consolidación se produjo en la década de los ochenta y comienzos de los noventa, al aparecer un buen número de monografías sobre diputaciones, alguno de cuyos títulos recogemos aquí: Manuel Santana Molina (La Diputación provincial en la España decimonónica); José González Casanovas (Las Diputaciones Provinciales en España, 1812-1985); Fariña Fajardo y Pereira Figueroa (La Diputación de Pontevedra, 1836-1986), Borja de Riquer (ed.), (Historia de la Diputaciò de Barcelona); Enrique Orduña Rebollo (Evolución histórica de la Diputación Provincial de Segovia, 1833-1990); Pedro Ortega Gil (Evolución legislativa de la Diputación Provincial en España, 1812-1845. La Diputación Provincial de Guadalajara); Encarnación Lemus López (Extremadura, 1923-1930. La historia a través de las Diputaciones Provinciales); José Ángel Semas y José Antonio Armillas (La Diputación de Aragón: gobierno aragonés del reino a la comunidad autónoma); aparte los trabajos, aún inéditos o en curso de realización sobre los organismos provinciales de Valladolid (Heliodoro Pastrana) o León (Luis Carlos Sen Rodríguez). El IV Symposium de Historia de la Administración (cuyas Actas fueron publicadas por el Instituto Nacional de Administración Pública en 1983) y el Symposium Internacional sobre Organización del Estado Moderno y Contemporáneo en Italia y España, celebrado en Barcelona en 1991, significaron dos hitos historiográficos en esta materia al poner al día el estado de la cuestión. El elenco de trabajos citado conforma un grupo internamente heterogéneo. Cada uno trata períodos distintos y tienen sus propios enfoques, estableciendo paradigmas de referencia muy dispares. Dentro de este conjunto hemos seleccionado las pautas metodológicas consideradas más pertinentes y adecuadas para la elaboración de la presente Tesis Doctoral. A continuación planteamos cuáles han sido los objetivos, las hipótesis generales y la metodología que han orientado las coordenadas de esta obra. El análisis de la trayectoria histórica de una Diputación puede abordarse desde numerosas premisas y ángulos. Tras analizar la bibliografía disponible hemos optado por delimitar nuestra área de investigación en dos direcciones. En primer lugar, algo obligado: acotar el tratamiento de los que representa la institución. Esta se ofrece como órgano político (la corporación provincial) y como organismo administrativo. Si la primera vertiente es de por sí suficientemente amplia (todo lo relacionado con la dimensión política de la entidad), la segunda –es decir, las distintas líneas de gestión- pronto se reveló ante nosotros como un campo inabarcable en toda su complejidad. No cabía, consecuentemente, hacer sólo una historia de la beneficencia o de las obras públicas provinciales en profundidad y, por ello, decidimos mostrar un esbozo general de la variada actividad gestora de la Diputación en sus epígrafes correspondientes. Una panorámica que contiene campos de estudio de alto interés, señalando a los establecimientos benéficos y sanitarios dependientes de la Diputación como merecedores en un futuro de obras monográficas bajo perspectivas cronológicas más amplias. Hecha la anterior advertencia, conviene precisar otra observación previa de calado aún más hondo si cabe, por cuanto define el estilo global del estudio realizado. Si hemos restringido el terreno de la gestión administrativa a unas pinceladas generales, no ocurre así con las interacciones de la Diputación respecto de otras instituciones político-administrativas y la propia realidad provincial. Y es que no concebimos procedente historiar la trayectoria de este tipo de entidades sin tener presente el contexto representado por los gobiernos civiles o los ayuntamientos. Una institución exenta, esto es, presuponiéndola sin interconexiones con sus inmediatos órganos jerárquicos (superiores o inferiores) encierra un error de partida que puede desembocar en unas conclusiones metodológicamente erróneas o, cuando menos, incompletas. En el caso que nos ocupa, no podríamos responder a muchos interrogantes sin tener en cuenta extremos como cuál fue el marco legal de estos organismos, quién fue gobernador en determinadas coyunturas o en qué situación se hallaba socio-económicamente la provincia. Es más, los diputados provinciales fueron en muchas ocasiones concejales o diputados en Cortes. En consecuencia, las instituciones hay que analizarlas insertas en el ámbito de la estructura estatal al que pertenecieron. Eso es justamente lo que hemos hecho en el caso de la Diputación Provincial sevillana. Establecidos el marco propuesto, formulamos una serie de hipótesis de trabajo generales y otras, más concretas y específicas, según los aspectos de las materias tratadas. Siguiendo el método comúnmente utilizado (formulación, contraste de hipótesis, verificación-síntesis y elaboración de conclusiones), hemos de reconocer con toda honestidad que algunas de nuestras premisas se modificaron en el transcurso de la investigación ante la consulta de las fuentes. Así, por ejemplo, le ocurrió a la apreciación previa sobre el balance general de la Diputación primorriverista sevillana en su aspecto gestor, considerada a priori menor de lo que en realidad fue. El asunto de la persistencia del caciquismo más allá de 1923 fue otro de los interrogantes planteados en las primeras fases del proceso. En nuestro análisis pudimos confirmar para la corporación provincial sevillana una clara permanencia de viejos políticos, tal y como demostrarse en sus trabajos Javier Tusell pero, igualmente, constatamos la emergencia de figuras nuevas en el espectro de la derecha autoritaria, aceptando por consiguiente la opinión de Gómez-Navarro. Matices y definiciones conceptuales han resultado elementos obligados en la elaboración de una síntesis entre ambos fenómenos, en apariencia dispares. Por último, resultó sorprendente comprobar cómo el balance de la Diputación sevillana durante la Segunda República fue más pobre de lo que podría creerse, aparte el sorprendente grado de politización alcanzado en la vida administrativa de esta institución y las artes neocaciquiles practicadas por los partidos hegemónicos en la Sevilla de aquellas fechas. Sobre las fuentes utilizadas podemos distinguir cinco grandes grupos en orden a una clasificación de los centros de documentación donde hemos trabajado: a) archivos provinciales o locales; b) nacionales; c) privados; d) hemerotecas; y e) bibliotecas. En primer lugar, figuran los archivos provinciales o locales, destacando naturalmente el de la Diputación Provincial de Sevilla. Este archivo presenta sus fondos modernos perfectamente catalogados, pero su documentación contemporánea –considerada aún como administrativa- no se encuentra totalmente organizada. El inventario que utiliza es de 1964 y es objeto de reactualización hoy en día. En el año 1995 estos fondos fueron objeto de traslado, al cambiar la sede de la Diputación desde la Plaza del Triunfo al antiguo cuartel de Intendencia. Hasta ese año, la documentación utilizada en este trabajo se partía entre la biblioteca y el archivo de legajos propiamente dicho. La primera, amplia y muy completa, contenía los documentos encuadernados; entre ellos, el Boletín Oficial de la Provincia o las series de Actas de la corporación provincial (Pleno, Comisión Permanente, Comisión Gestora). Los legajos y carpetas quedan referidos a las áreas competencia de la Diputación (Secretaría, Intervención, elecciones, quintas, beneficencia, etc), aunque su ordenación no es absolutamente correcta. Por ejemplo, no resultó extraño encontrar documentos sobre caminos vecinales de comienzos de los veinte dentro de una carpeta que prometía guardar actas electorales de los treinta. La prolongación de este estado de cosas procede más de la falta de recursos que de una ausencia de preocupación sincera y real por mejorar la organización de estos fondos. Así lo demuestra el que la directora de este archivo, Antonia Herrera Heredia, publicase en el Ministerio de Cultura una obra titulada Manual de organización de fondos de corporaciones locales. El Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (1980). De cualquier modo y para nuestros propósitos, la asimetría organizativa de los fondos custodiados en la Diputación ha producido un uso desigualmente intenso de sus documentos. Esta carencia ha debido ser cubierta con otras fuentes indirectas. Los archivos municipales, en cambio, lo hallamos en un estado razonablemente bueno gracias a la preocupación de las áreas o delegaciones de Cultura de los ayuntamientos y el apoyo prestado por la Diputación Provincial, que ha contribuido a la labor de inventario y publicación de los fondos locales, en ocasiones en mal estado y dispersos- la consulta de archivos en diversos municipios (Alcalá del Río, Carmona, Morón, Lora, etc) nos ha proporcionado un amplio soporte documental del que ya conocíamos su valor. Al fin y al cabo, lo que en su día fue nuestro primer trabajo de investigación (un análisis de la política municipal durante la Segunda República en Lora del Río) significó el primer aporte en un campo que, ahora, con el presente estudio sobre la Diputación Provincial se desarrolla en profundidad a una escala más amplia. Por otro lado, hemos considerado imprescindible la consulta de otros fondos localizados en Sevilla, hasta la fecha sorprendentemente inéditos. La exhumación de este tipo de documentos trasciende como mucho la mera anécdota de su descubrimiento, pues gracias a sus informaciones hemos podido reconstruir con mayor precisión biografías personales y profesionales de la galería de figuras aquí tratadas. Entre éstos archivos destacarían principalmente dos: el de la Capitanía General de Sevilla y el de la Prisión Provincial. Ninguno de los dos se encuentra en una situación óptima y no resultó sencillo el acceso a los mismos pero, como compensación, ofrecieron informaciones extraordinariamente valiosas. Nuestras consultas en la Capitanía General nos ha proporcionado una imagen más precisa de lo que significaron las delegaciones gubernativas o el grado de censura durante la Dictadura de Primo de Rivera, entre otros extremos. El de la Prisión Provincial –de reciente ordenación- ha permitido precisar el perfil biográfico de muchas de las autoridades que fueron represaliadas en 1936. Otros archivos locales consultado como el del Gobierno Civil (prácticamente reducido a sus libros registro de asociaciones), el Histórico Provincial o el de Hacienda también han sido objeto de nuestra atención, aunque su importancia para nuestro estudio se encuentra en un segundo plano. En cuanto a los archivos de impronta nacional hemos visitado los siguientes, al considerarlos ineludibles: Archivo Histórico Nacional; Archivo Histórico Nacional-Sección Guerra Civil; Archivo General de la Administración y Servicio Histórico Militar. La temática y el período tratados justifican su consulta, aunque la utilidad de los mismos ha sido muy variable. Así, si los archivos nacionales de Madrid y Salamanca nos han resultado muy fructíferos, no cabe decir lo mismo del Servicio Histórico Militar o el de la Administración. Del primero, naturalmente, sólo esperamos información castrense sobre el período primorriverista, dominado por la militarización de buena parte de las estructuras públicas (Navajas Zubeldia) y, hasta cierto punto, nos ha servido para complementar algunas informaciones obtenidas en la Capitanía General de Sevilla. Sin embargo, el segundo defraudó nuestras expectativas. El Archivo General de la Administración alberga un copioso conjunto documental, si bien su complejo sistema de inventario no permite un acceso ágil al documento. Por otro lado, es difícil hallar allí información concreta sobre una provincia determinada al no corresponder en ocasiones los contenidos reales del legajo con su descripción. Estos problemas devienen de la reciente creación del Archivo y de la transferencia a su sección de Gobernación de los fondos el Ministerio del Interior y del antiguo archivo que existía en Guadalajara (palacio del Infantado). Ambos cuerpos documentales no ofrecían una óptima catalogación y, como añadidura, han presentado problemas para fusionarlos correctamente. Las carencias encontradas en estos centros sobre el tema que estábamos tratando y el exigible afán por documentar al máximo la investigación nos llevaron también a consultar otros archivos como el de Segovia, la Fundación Pablo Iglesias o la Fundación de Investigaciones Marxistas, éstas últimas en Madrid. Otras dos inspecciones de interés han sido las realizadas en el Archivo Nacional de Cataluña (donde se conserva la documentación relativa a la Mancomunidad catalana) y la Fundación Francisco Largo Caballero que completaron nuestra indagación, además de sugerirnos líneas de trabajo post-doctorales. Las hemerotecas han representado otra fuente de información, en especial las municipales de Sevilla y Madrid, aparte la utilización de alguna prensa local conservada en colecciones particulares. Con todo, conviene precisar algunos extremos con respecto al uso de la prensa en la parcela de la historia política y de las instituciones. Por un lado, hay que advertir que las informaciones periodísticas sobre las instituciones político-administrativas locales o provinciales ocupaban espacios muy pequeños o casi marginales en los rotativos. Tal vez el Ayuntamiento de la capital se escapa un poco a esta regla por las consecuencias inmediatas que su gestión representaba para los lectores de la capital, o sea, la mayor parte de la clientela de la prensa escrita por aquel entonces. Pero, en el caso de la Diputación y los municipios de la provincia, las informaciones se limitaban muchas veces a extractar las sesiones celebradas y a la publicación de algunos anuncios. Sólo en coyunturas de crisis política o sonados recambios en las corporaciones, la prensa dejaba traslucir algo más que la frialdad de las simples fuentes oficiales o actas transcritas. Estas excepciones se dieron con relativa frecuencia durante los años republicanos y menos durante la Dictadura, debido a la censura ejercida sobre los medios de comunicación. Desde luego, el sexenio no se reveló de una dureza extrema en cuanto a censura de prensa se refiere, pero sí la practicó en grado suficiente como para interferir las labores del historiador. Valga un solo ejemplo: el cese de José Cruz-Conde como gobernador civil de Sevilla. El final del mandato de una figura tan señera, que además era director de la Exposición Iberoamericana y estaba dotado de grandes influencias políticas, se reflejó en la prensa de pasada, aludiendo ambiguamente a un roce con el gobernador militar: el infante Don Carlos. El conflicto, en realidad, tenía más calado del que puede sospecharse de la lectura de los periódicos de aquel entonces. Tras el roce entre Cruz-Conde y el infante latió el conflicto de los Artillero, cuerpo al que pertenecía el primero: aquella fue la oportunidad de los crecientes enemigos de la Dictadura para sacudirse un baluarte del primorriverismo en Sevilla. Tampoco faltaron ciertas sonrisas entre lo más destacado de la escena social hispalense ante la despedida de Cruz-Conde. En lo tocante a su falta de profundidad en los aspectos más espinosos, puede aplicarse similares consideraciones a las fuentes oficiales. Evidentemente, éstas son imprescindibles para reconstruir la gestión administrativa y las directrices generales de una actuación, pero no son completas ni cubren todos los aspectos que interesan a un historiador. Por ejemplo, entre la documentación conservada en las instituciones no se encuentra normalmente correspondencia particular de los políticos, papeles de extraordinaria utilidad para comprender muchas de las decisiones políticas adoptadas, con quiénes se relacionaban los políticos, qué calidad tenían esos contactos epistolares, etc. en otro orden de cosas, tampoco las fuentes oficiales aclaran muchas de las sutilezas de la gestión administrativa: un acuerdo puede estar perfectamente recogido en las actas de la corporación y, sin embargo, dejar de cumplirse; unos fondos destinados para un menester pueden desviarse suavemente hacia objetivos menos confesables; el nombramiento de un funcionario puede reunir todos los requisitos legales pero, en verdad, procedía de una compleja maniobra caciquil en unas oposiciones, el beneficiario de la concesión de una obra –directa o por el sistema de subasta- presentaba, en apariencia, una mediocre oferta pero era familiar de uno de los diputados provinciales, etc. además, la propia complejidad burocráticas favorece el desorden documental de los fondos institucionales. Siendo esto así, nos parecía obligado acudir a otro tipo de fuentes: los archivos privados. Precisamente, desde el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla se viene promoviendo desde hace algún tiempo la exhumación de conjuntos documentales particulares. La labor es ardua por varias razones. En primer término, porque no existe una cultura de conservación del patrimonio documental en muchas de las familias más insignes que, en su día, marcaron una época y, en consecuencia, la información puede haberse perdido. En otras ocasiones, porque existen documentos pero en un mal estado de conservación o muy incompletos. Por último, puede darse el caso de que el fondo esté incluso organizado pero, curiosamente, nadie sabe de él, bien por celo de quienes lo custodian, bien porque nadie le ha prestado la debida atención. Este último grupo es el que debe merecer los esfuerzos de recuperación más intensos. En el curso de la investigación hemos indagado sobre la existencia de archivos privados de apellidos que figuraron al frente de la Diputación Provincial de Sevilla. Desafortunadamente, no hemos hallado indicio alguno en la mayor parte de los casos. Los descendientes del presidente de la Diputación durante la Dictadura, José María López-Cepero, no han mantenido bajo su propiedad ninguno de los papeles que poseyeron en su día. Tampoco se ha conservado rastro de la documentación de Pedro Parias y lo mismo caber afirmar de la mayor parte de os miembros de la Diputación. Sin embargo, nuestra búsqueda tuvo fortuna al encontrar dos fondos especialmente trascendentes para este estudio. Nos referimos al archivo de José Cruz-Conde (hallado en el domicilio particular de la familia en Córdoba) y a los fondos del presidente de la Diputación Hermenegildo Casas, en México. Ambos han resultado fundamentales para nuestra investigación al haber pertenecido a figuras clave en la política sevillana de aquellos años: Cruz-Conde fue mucho más que un gobernador civil, en realidad el indiscutible amo de la escena pública en la provincia (y en Córdoba) entre 1926 y 1929; Hermenegildo Casas, el principal líder socialista hispalense al comienzo de la República y presidente de la Diputación entre 1931 y 19354. Bien es verdad que los archivos privados no suelen ser cuantitativamente copiosos. De hecho, el de Hermenegildo Casas se encuentra muy esquilmado debido a las pérdidas que sufrió en su largo periplo hacia el exilio mexicano. Sin embargo, sus escasos documentos nos dicen mucho de su trayectoria masónica y de sus principios ideológicos, acercándoos a los pliegues más íntimos de su fibra humana: todavía en los años setenta ensalzaba su andalucismo y fervor por Sevilla en cada ocasión que se le presentaba. Algunos hallazgos en ese pequeño fondo muestran otras dimensiones distintas a las de la lucha política. La oración fúnebre pronunciada por el socialista Juan Simeón Vidarte con motivo del fallecimiento de Casas (1967) en toda una muestra de militancia masónica y de fraternal compañerismo más allá de las siglas de partido y de las controversias que les separaron durante la Segunda República. Al archivo de Cruz-Conde es acreedor de mayores comentarios. Su contenido puede dividirse en dos bloques principales: a) el de diversos asuntos particulares; y b) el de su correspondencia. En el primero apareen documentos relacionados con su situación económica particular (gestionada por la casa Lázaro and Brothers de Madrid), diversos títulos y certificados, recortes de prensa, el proyecto de reforma de Sevilla (1926) que fue rechazado por él, papeles relativos a la Exposición Iberoamericana, organización de Renovación Española en Córdoba y, entre otros, una interesante memoria sobre la situación política antes de la Dictadura y durante el Directorio Militar. El segundo apartado está compuesto por su correspondencia, organizada y en buen estado de conservación. Ojear esas cartas equivale a realizar un recorrido a través de todo un elenco de personales que caracterizaron la vida política de los años veinte y parte de los treinta. En ellas, cartas recibidas o copia de las contestadas, se recogen decenas de firmas, como las de Eduardo Aunós, el conde de Bustillo, Federico Berenguer, Manuel Blasco Garzón, Hermenegildo Casas, Carlos Cañal, José Calvo Sotelo, el duque de la Unión de Cuba, José María Gil Robles, José María Pemán y Pemartín, José Antonio Primo de Rivera, José Yanguas, etc. Con todo, los avatares del tiempo y de la Guerra Civil produjeron lamentables mellas en esta modélica organización de un archivo privado: no figura, por ejemplo, ningún cruce epistolar con el marqués de Estella. Aparte lo descrito, el archivo de Cruz-Conde también contiene algunos papeles menores sin catalogación precisa y un interesante diario escrito de puño y letra por don José a lo largo de sus asilos diplomáticos en el Madrid de la guerra civil (1936-1939). El ex-gobernador de Sevilla estuvo implicado en los preparativos del Alzamiento del 18 de Julio en Córdoba pero, sin embargo, las circunstancias de última hora (muerte de Calvo Sotelo) y los requerimientos del general García de la Herrán le hicieron permanecer en Madrid. El fracaso de la sublevación obligó a Cruz-Conde a buscar asilo diplomático en diversas legaciones y embajadas (Perú, Argentina, República Dominicana) hasta acabar sus días en el Hospital francés a fines del mes de enero de 1939. Precisamente, este diario es objeto de un estudio que estamos llevando a cabo y que verá la luz en un futuro próximo. Tanto la tarea de extraer información para la presente Tesis Doctoral como la profundización biográfica en la figura de José Cruz-Conde han sido posibles mediante la amabilidad de su familia y, muy especialmente, de Antonio Cruz-Conde, sobrino-nieto del que fuera director de la Exposición, a quien agradecemos su colaboración desde estos párrafos. Han sido también de sumo valor las aportaciones de las publicaciones de la época. Hemos examinado una ingente bibliografía política de los años veinte y treinta en la Biblioteca Nacional (Madrid) y en otros centros como la Biblioteca Arús o la comúnmente conocida como Biblioteca Figueras, ambas en Barcelona. Singular énfasis queremos poner en la segunda porque en ella hemos encontrado obras que no se hallaba en la Nacional y, sin duda, recoge referencias bibliográficas de sumo interés para los analistas del siglo XX español. Por otro lado, también hemos accedido a otros centros como la Biblioteca del Ministerio del Interior, la de Administración Pública, la del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) o la del Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP). Tal y como el lector puede intuir, entre estas bibliotecas existen bastantes duplicidades y sería bastante racionalizador simplificarlas en una sola, correctamente dotada y organizada. La Biblioteca del Parlamento Andaluz y, sobre todo, la de la Universidad de Sevilla también han sido objeto de nuestras consultas. Por último, quisiera agradecer la disposición de Eduardo Ybarra al dejarnos investigar en su acogedora biblioteca particular. Volviendo al análisis de las fuentes originales consultadas y para cerrar este apartado, conviene hacer una última mención sobre la historia oral, son de sobra conocidos los argumentos en pro y en contra de la historia realizada a partir del recurso de las entrevistas personales. Nosotros hemos utilizado este recurso excepcionalmente y con la debida precaución por dos razones. De entrada, porque los entrevistados no son de primera mano (todas las personalidades que nos interesaban habían fallecido ya) y, en segundo lugar, porque son familiares de la figura que había motivado nuestra atención. Por todo ello, sólo han sido tomadas en cuenta cuando no existía documentación o cuando, indirectamente, hemos podido comprobar la veracidad de sus informaciones. Particularmente, he de agradecer la cooperación que nos prestaron la hija del marqués de Castellón (diputado provincial por el distrito de Utrera-Marchena entre 1924-1925), las familias de López-Cepero y de Muñoz Conde, Elena Casas Ordoñez (hija de Hermenegildo Casas) y, de nuevo, Antonio Cruz-Conde. Dicho lo anterior, la estructuración definitiva de los capítulos que siguen obedecen a un planteamiento cronológico en el que se intercalan núcleos temáticos específicos, todo ello precedido de un primer capítulo introductorio donde se traza una síntesis de las diputaciones provinciales desde su nacimiento hasta 1923, acercándonos a la situación vivida por la Diputación sevillana poco antes de la irrupción de la Dictadura primorriverista. Como queda indicado, el capítulo introductorio describe la génesis y evolución de los organismos provinciales en el siglo XIX. Las diputaciones fueron piezas en la construcción del Estado liberal en España y, como tales, sufrieron los avatares políticos del primer tercio de la pasada centuria. Nacidas sobre el papel en la Constitución de 1812, vivieron con interrupciones los primeros años de su existencia. Tras el Trienio Liberal, esos órganos desaparecieron durante la segunda etapa absolutista del reinado de Fernando VII y no sería hasta 1833 cuando tuvo lugar su definitiva implantación. La división territorial diseñada por Javier de Burgos les otorgó un dominio delimitado sobre el que ejercer su gestión, mediatizada ésta por la guerra carlista. El reinado de Isabel II y el sexenio revolucionario transfirieron cartas de naturaleza tanto a las provincias como a las instituciones político-administrativas encargadas de administrarlas (además de las diputaciones, también los gobiernos civiles). El segundo epígrafe del capítulo se dedica a valorar el papel de estos organismos dentro del sistema de la Restauración canovista y sus profundas raíces caciquiles. Por último, se concluye con una aproximación al estado en que se encontraba la Diputación Provincial de Sevilla en los años finales de la crisis del sistema. La sublevación de Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, irrumpió bajo una aureola de propósitos regeneradores envueltos en dictados autoritarios, constituyendo un auténtico impacto para las diputaciones. Precisamente, el capítulo segundo se inicia con un esbozo acerca de lo que significó en Sevilla la última corporación provincial del turno y en qué forma ésta hubo de asumir las normas del Directorio Militar. El entonces presidente de la Comisión –Serasúa Barandiarán- supo acomodarse a la nueva situación manteniendo unas relaciones más que cordiales con el gobernador civil: el general Francisco Perales Vallejo. Aquel fue uno de los primeros gestos de entendimiento entre los viejos políticos y las autoridades militares, en principio tan firmemente anticaciquiles como regeneradoras. Y es que los enérgicos proyectos de la Dictadura se fueron domesticando al poco de acceder al poder. Incluso, el dictador acarició la idea de suprimir de un plumazo los viveros de caciquismo representados por las diputaciones, pero todo quedó en una mera sustitución de corporaciones en enero de 1924, a excepción de las provincias vascongadas que conservaron sus diputados. En la sevillana, todos los miembros del pleno provincial fueron reemplazados por otros entre los que se contaron figuras de la vieja política pero, también, la emergencia de hombres nuevos (sobre todo católicos). La segunda parte del capítulo aborda las transformaciones acontecidas en la Administración Local de la provincia de Sevilla, de acuerdo con nuestro objetivo de incardinar a la Diputación dentro de la jerarquía institucional. En consecuencia, se tratan los cambios producidos en el Gobiernos Civil y en los ayuntamientos, reservando un apartado al fenómeno de los delegados gubernativos, bisturí anticaciquil en la última epidermis municipal y supuesto espejo de las virtudes que habrían de conducir el futuro del país. El ruido de las primeras purificadoras fue mucho mayor de lo que en realidad se consiguió, aunque ciertas cosas sí llegaron a cambiar. La persistencia de caciques no implicó la subsistencia del caciquismo anterior al 13 de Septiembre de 1923 y, de hecho, la gestión de los organismos administrativos registró notables modificaciones. Un ejemplo fue la actividad desplegada por la Diputación dirigida por el abogado católico José María López-Cepero y Muru entre enero de 1924 y marzo de 1925. Precisamente, en ésta última fecha Calvo Sotelo publicó su Estatuto Provincial gracias al cual la actividad de las diputaciones mejoró sensiblemente durante casi cinco años. El tercer bloque de contenidos está dedicado al estudio del desarrollo de aquel Estatuto para el caso sevillano. Una vez expuesto en el segundo capítulo su significado legislativo y sus innovaciones, en éste se contemplan los efectos palpables producidos por el Estatuto en combinación con los acontecimientos políticos que se dieron cita en la Sevilla del período 1925-1930. Fue entonces cuando se fraguó el mayor esfuerzo económico de la institución provincial, en forma de caminos vecinales, mejoras en la beneficencia y contribución a la puesta a punto de la Exposición Iberoamericana. Esa gestión se adecuó a las pautas marcadas por el régimen, secundadas y suscritas plenamente por las dos figuras que ocuparon la presidencia de la Diputación en aquellos años: José María López-Cepero (abril 1925 – junio 1928) y Pedro Parias (julio 1928 – enero 1930). No obstante, el consenso alcanzado en lo administrativo se conjugó con una serie de crisis políticas –conectadas con el progresivo desgaste del régimen- entre las que destacamos la del Ayuntamiento (1927) y la de la Diputación (1928). La actuación del gobernador civil José Cruz-Conde es la clave de aquellos sobresaltos políticos en su afán por controlar el status quo de la Unión Patriótica (UP) y, sobre todo, por llevar a buen término la citada Exposición. No dudó en sustituir a los católico-mauristas por el apoyo incondicional de los grupos económicos (Unión Comercial) que apostaban decididamente por la celebración del Certamen, promesa para el desarrollo del comercio exterior. Relacionado con aquel auge de las élites económicas reservamos un espacio para el estudio de un fenómeno hasta la fecha prácticamente inédito: el rotarismo. De hecho, el Rotary Club de Sevilla experimentó un sensible auge entre 1927 (fecha de su inauguración) y 1930, militando en esta cantidad diputados provinciales pertenecientes a actividades industriales, mercantiles o profesiones liberales. Finalmente, la caída de Cruz-Conde, los últimos reajustes políticos, el balance presupuestario de las corporaciones provinciales primorriveristas y el significado de la III Asamblea de diputaciones, organizada en Sevilla, jalonan la fase terminal de la Dictadura en nuestro estudio. El cuarto capítulo refiere lo que fue el crítico año de 1930. Hemos centrado especial atención en los meses que median entre la Dictadura y la República porque, además de servir de bisagra a los dos períodos que determinan este trabajo, durante el mismo se planteó la reforma del marco legal de las diputaciones. En ese año, incluso bajo una atmósfera revisionista contra lo ejecutado durante el sexenio, nadie quiso volver a la vieja Ley Provincial de 1882, decantándose la mayor parte de las diputaciones por realizar una reforma a partir de lo plasmado en el Estatuto de Calvo Sotelo. Esa postura equivalió a reconocer la superioridad de la legislación provincial primorriverista respecto de la de la Restauración. Actitud aún más significativa por cuanto en 1930 muchos personajes de la vieja política se habían reincorporado a los ayuntamientos y diputaciones. En Sevilla, los conservadores –acaudillados por el marqués de Torrenueva- dominaron toda la estructura político-administrativa de la provincia, desde el Gobierno Civil a los ayuntamientos pasando, lógicamente, por la Diputación. El objetivo político de los gobiernos Berenguer y Aznar radicó en preparar las próximas citas electorales, definitivas para el futuro curso político del país y el sostenimiento de la monarquía de Alfonso XIII. Pero no pudo lograrse por falta de consenso entre las propias filas monárquicas, aderezado además por el progresivo crecimiento de las dificultades económicas. Problemas políticos y económicos actuaron como una auténtica pinza sobre aquellas corporaciones transitorias e incapaces de desarrollar una labor gestora a medio plazo. La Diputación sevillana acusó todos estos factores, aunque con la mejor voluntad intentara sobreponerse a ellos. Creó –algo tardíamente- la Caja de Ahorros Provincial (el precedente de la actual Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez) con una mínima infraestructura y bajo un contexto desfavorable para las imposiciones. Por otro lado, consiguió ganar un pulso al propio Gobierno Berenguer cuando éste intentó resumir el cobro de las contribuciones del Estado en la provincia, cesión efectuada durante la Dictadura. Algunos logro, pues, se registraron en el haber de la Diputación presidida por el conservador Manuel Sarasúa. Sin embargo, poco pudieron hacer los monárquicos ante el impacto de las elecciones del 12 de abril de 1931. Los sorprendentes resultados que arrojaron las urnas precipitaron la proclamación del régimen republicano, transformando radicalmente el perfil político de la provincia de Sevilla. Precisamente, el quinto capítulo centra su interés en el análisis pormenorizado de los primeros meses de República, fechas en las que se operó una deliberada planificación republicanizadora de las corporaciones locales. De ahí la relevancia que le otorgamos al estudio de las elecciones municipales del 12 de abril y 31 de mayo de 1931. Junto a ello, analizamos las características de los nombramientos gubernativos efectuados en el Gobierno Civil y en la Diputación Provincial (ésta pasaría a ser dirigida por una Comisión Gestora designada por el gobernador y los partidos). De gran interés ha resultado el examen de los rasgos neocaciquiles adquiridos por algunos políticos republicanos y el constatar la conversión de personajes antes adscritos a las filas monárquicas, corroborando en ambos extremos las observaciones de Shlomo Ben Ami en su Anatomía de una transición. Por otro lado, se trata el controvertido rema de la Masonería y sus relaciones con el mundo de la política a través de los órganos de la estructura administrativa local. Hemos cuantificado qué número de masones ocupó cargos políticos en el Gobierno Civil, la Diputación y los ayuntamientos para, con posterioridad, delimitar las fronteras de la fraternidad masónica y los compromisos partidistas. ¿Influía la masonería en la política republicana a través de los hermanos emplazados en cargos de representación? ¿Ejercitó la Orden el recurso a las vías de favor o, por el contrario, fue instrumentalizada por los hermanos para conseguir beneficios particulares? Son cuestiones planteadas y a las que pretendemos responder –según la documentación consultada- en su correspondiente epígrafe. En último lugar, realizamos un somero examen de los resultados de las elecciones generales de 28 de junio de 1931 (además de las parciales de 12 de julio y 4 de octubre) con la finalidad de conocer cuál era el pulso político de la provincia en esas fechas. Llegados a este punto, procedemos al examen de la gestión provincial republicana durante el primer bienio, prácticamente coincidente con la presidencia del socialista Hermenegildo Casas Jiménez. En ese balance abordamos un heterogéneo abanico de asuntos: la transformación ideológica de la beneficencia; el fomento de las obras públicas como fórmula para conjurar el desempleo, la politización del organismo administrativo; etc. Especial relieve le concedemos al papel desempeñado por la Diputación –gracias a los empeños de Casas- en la dirección del proceso autonómico para la región andaluza. Los avatares políticos nacionales y el desgaste de los republicanos-socialistas tuvieron su traducción en Sevilla y en su Diputación. Por un lado, Hermenegildo Casas abandonó el PSOE y se unió al grupo de disidentes del PRR, encabezados por Diego Martínez Barrio; por otro, las elecciones de 1933 cambiaron el espectro político y, en consecuencia, la corporación fue renovada a favor de una sólida mayoría radical liderada por el médico José Manuel Puelles. No obstante, aquella Diputación tuvo una corta existencia (febrero-septiembre 1934) debido a la crisis del PRR, muy acusada en las filas del radicalismo sevillano. Casi todos los cuadros del partido siguieron a Martínez Barrio, dejando unos huecos rellenados con personajes procedentes de la vieja política o de las derechas moderadas, bajo el control de Guillermo Moreno Calvo, subsecretario en los gobiernos lerrouxistas. En consecuencia, la corporación provincial propiamente rectificadora fue la dirigida por José Prieto Carreño, con un perfil político lerrouxista y cedista, más el añadido de algún agrario. La labor de rectificación emprendida por aquellos diputados no tuvo éxito. Tal y como describimos en el capítulo séptimo, las dificultades económica y la precariedad del marco legal de la Diputación fueron factores adicionales en la crisis política casi permanente del lerrouxismo hispalense (siempre en reorganización). Al final, el escándalo Nombela y el hundimiento político de Guillermo Moreno Calvo dieron al traste con los equipos políticos del PRR tanto en la Diputación como en los ayuntamientos. No faltaron lerrouxistas que ensayaran aproximaciones hacia la operación centrista tejida por el gabinete del Portela Valladares y, de hecho, uno de ellos fue el presidente José Prieto Carreño. Incluso, curiosamente, el ex-socialista Hermenegildo Casas aceptó durante una semana asumir la presidencia de la Diputación poco antes de las elecciones del 16 de febrero de 1936. Sin embargo, todos estos propósitos quedaron desbaratados tras el triunfo del Frente Popular en las urnas. Al igual que los demás comicios, las elecciones de febrero son analizadas para extraer el mapa político de la provincia. Con dicho análisis arranca el último capítulo, centrado en los recambios introducidos por el Gobierno Azaña en las instituciones político-administrativas sevillanas. A la Diputación volvió José Manuel Puelles de los Santos con una mayoría de diputados martinbarristas, aunque sin faltar representantes de los demás partidos: PSOE, Izquierda Republicana y comunistas. Lógicamente, prestamos suma atención a la gestión desplegada por aquella corporación en su esfuerzo por recuperar las líneas de trabajo del primer bienio, incluyendo la reactivación del proceso autonómico. De especial interés se han revelado las elecciones a compromisarios celebradas en abril de 1936 con motivo de la caída de Alcalá-Zamora como presidente de la república. Los compromisarios que habrían de elegir a Manuel Azaña como nuevo jefe del Estado estuvieron integrados en Sevilla mayoritariamente por miembros del Frente Popular, ante unas derechas que se abstuvieron de presentar candidatos. El rechazo de una parte del espectro de partidos a participar en esas elecciones era una muestra de hasta qué grado se había deteriorado la convivencia política. La República se había convertido en un régimen de una parte del país, en parte por la instrumentalización de unos y en parte por la desafección de otros. La Guerra Civil sería la trágica consecuencia de esa ruptura. Esta obra está inscrita en las líneas de trabajo abiertas en el Departamento de historia Contemporánea en torno al tema Política y políticos en la Sevilla contemporánea. Agradezco desde estos párrafos la colaboración de sus miembros y, en especial, a María Parias y Leandro Álvarez, con quienes he tenido el gusto de intercambiar puntos de vista en el proceso de elaboración de la presente Tesis Doctoral. Quiero reconocer, igualmente, las conversaciones, contraste de pareceres y densas jornadas de trabajo que he sostenido con el director del presente estudio, profesor Alfonso Braojos, a quien me une no sólo el compartir proyectos intelectuales sino también una bien fundada amistad. No resulta posible hilvanar todos aquellos nombres con quienes, de un modo u otro, sostengo deuda de gratitud. Asumiendo los riesgos de una sucinta relación y disculpando los probables olvidos, quiero referir en primer lugar el amable trato dispensando por el personal de los archivos consultados, en especial el de la Diputación Provincial de Sevilla, tanto por l que se refiere a su actual directora, Carmen Barriga, como a las encargadas del servicio, siempre atentas a mis peticiones y valiosas informadoras de los fondos allí custodiados. Iguales consideraciones he de consignar respecto de los empleados de la Hemeroteca Municipal. También el director de la prisión provincial Sevilla-1, Javier Romero, es acreedor de mi reconocimiento al facilitarme los trámites pertinentes ante instituciones Penitenciarias y el acceso a la documentación recientemente ordenada. Por otro lado, las consultas en la Capitanía General de la Segunda Región Militar hubieran permanecido en un mero deseo a no ser por los permisos concedidos por el Capitán General y los buenos oficios del comandante Carpintero y del capitán Subirá. Con independencia de los favores concedidos por los titulares de documentación particular y reiterándoles mi gratitud, quiero hacer mención a todos aquellos investigadores con los que he cambiado impresiones, ofreciéndome ideas estimables. Largas horas de charla y amistad he compartido con Manuel Ruiz Romero hablando de temas políticos en relación con el proceso autonómico andaluz durante la Segunda República. Una relación ésta que no sólo ha sido fecunda sino que comenzó con la mayor honestidad profesional que puede haber entre dos investigadores: intercambiándose información extraída de los archivos que cada uno había visitado. Igual transparencia y honradez intelectual he encontrado en el profesor y compañero Juan Ortiz Villalba. Su amplio conocimiento sobre la historia cordobesa me han servido para profundizar en los aspectos biográficos de José Cruz-Conde, objeto de un futuro proyecto investigador. También he encontrado colaboración y ayuda en otros colegas que han abordado el tema de la historia de las diputaciones. Entre ellos quiero destacar , en primer lugar, a la profesora Encarnación Lemus (Universidad de Huelva) y a los profesores Eduardo Alonso Olea (Universidad del País Vasco), Manuel Requena Gallego (Universidad de Albacete), Pedro Carasa Soto (Universidad de Valladolid) y José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja). Los aportes bibliográficos facilitados por la biblioteca de la Facultad de Derecho y el Instituto García Oviedo han resultado imprescindibles para completar los repertorios de obras de referencia. La última sección de agradecimientos, tal como corresponde a lo más importante, va dirigida a mis seres más queridos: mis padres que compartieron conmigo los primeros pasos de esta investigación y, especialmente, mi mujer, sin cuyo aliento, sacrificio, compresión y ayuda esta obra no habría tenido objetivo mi meta. A todos ellos, pues, y a todos los que no han sido mencionados, se dirige mi pública gratitud. Naturalmente y siendo justa la advertencia, las imprecisiones o ausencias que el lector pueda encontrar son de exclusiva responsabilidad del autor.