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La fuerza normativa de la Constitución frente a las normas preconstitucionales. Esta tesis tiene como punto de partida dos ideas principales, las cuales han sido desarrolladas por la doctrina especializada: El reconocimiento pleno del valor normativo de la Constitución Como se sabe, el reconocimiento del valor normativo pleno de la Constitución tiene como origen las ideas doctrinales y jurisprudenciales que antecedieron a la sentencia dictada por el Juez John Marshall en 1803 en el caso Marbury vrs. Madison, en cuya razón se le reconoció al juez ordinario la facultad de realizar el control de constitucionalidad por sobre las disposiciones del legislador que vulneraban el Derecho de la Constitución. Otra idea que se infiere de la anterior es que no se puede entender ese carácter normativo pleno de la Constitución sino se encomienda a los tribunales ordinarios, o a un tribunal especializado, la Defensa de la Constitución. El reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución supone el establecimiento de garantías y de controles para hacerla valer frente a las actuaciones y las omisiones de las autoridades públicas. En este sentido, es claro que el control de constitucionalidad por omisión constituye el mayor alcance del reconocimiento del principio de la supremacía de la Constitución y de su posición privilegiada en la cúspide del ordenamiento jurídico. Sobre el particular existe gran discusión en la doctrina sobre los alcances del control de las omisiones legislativas en cuanto puede suponer una vulneración del principio de separación de poderes o división de funciones, pese a que el Legislador, como todos los poderes públicos se encuentra supeditado a la Constitución. De ahí que en el caso particular no veo ningún problema en admitir el control de constitucionalidad por sobre las omisiones absolutas y relativas que lesionan el Derecho de la Constitución. Las omisiones absolutas son aquellas donde existe una ausencia total de desarrollo del precepto constitucional de ejecución diferida, mientras que en el caso de las omisiones relativas el desarrollo del precepto normativo es parcial, únicamente con respecto a determinados grupos o individuos. Pues bien, entre las hipótesis que hemos desarrollado en este trabajo de investigación, podemos mencionar las siguientes: El reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución supone la derogatoria de todas aquellas disposiciones preconstitucionales que contradicen la norma fundamental. Lo anterior en aplicación del principio de lex posteriori derogat priori. Es decir si se reconoce el carácter normativo de la Constitución, esta norma, una vez que ha entrado en vigencia deroga todas aquellas disposiciones que se le oponen, aunque no establezcan, como en el caso de la Constitución Italiana, una cláusula de derogatoria de todo el derecho anterior que se opone a la norma fundamental. Es una competencia de todos los tribunales ordinarios, y del mismo Tribunal Constitucional, a la hora de determinar cuál es el derecho aplicable a un caso concreto, dilucidar si la norma preconstitucional ha sido derogada por la entrada en vigencia de la nueva Constitución (artículos 10 y 197 de la CP). Lo anterior por cuanto, el juicio de derogatoria siempre es anterior al de validez, y además es consustancial a la labor de un órgano jurisdiccional justamente el determinar si el derecho que ha de aplicar se encuentra vigente. Ya veremos con detalle las diferencias existentes entre las nociones de la vigencia de una norma jurídica, la validez de una disposición, la derogatoria como sanción a aquella disposición que ha perdido su período de vigor de modo tácito o expreso, y la nulidad como sanción aquella disposición que no se adecua a la norma superior, que le ha dado origen. El control de constitucionalidad se verifica sobre las normas postconstitucionales o sobre los efectos ultraactivos de las normas preconstitucionales que previamente han sido derogadas por el valor normativo de la Constitución. En este caso, debemos distinguir entre las normas pre y las post constitucionales, así como los alcances del principio de ultraactividad de las normas jurídicas. De este modo, las normas preconstitucionales son aquellas cuyo período de vigor es anterior a la entrada en vigencia de la Norma Fundamental, mientras que las post constitucionales han nacido a la vida jurídica de modo posterior a la Constitución. La Constitución deroga aquellas normas preconstitucionales que le son incompatibles, mientras que sobre las segundas es que se verifica el control de constitucional estrictamente considerado. Por su parte, el principio de ultraactividad de las normas jurídicas designa la facultad de una norma de regular las situaciones jurídicas que han nacido durante su período de vigencia o vigor, más allá de su desaparición formal. De ahí que la Constitución, una vez que ha tenido por derogada la norma preconstitucional que le resulta contraria, puede someter al control de constitucionalidad los efectos ultraactivos que sobreviven a la desaparición de aquella. Pues bien, para la comprobación de estas hipótesis nos hemos visto en la obligación de repasar los siguientes elementos y de evidenciar sus notas características: La vigencia de una norma jurídica: que se refiere a la existencia de la norma y a su posibilidad de desplegar efectos jurídicos en un período de tiempo determinado. La validez de una norma jurídica: que alude al juicio de adecuación de esa norma con las de rango superior, tanto en su contenido, como al procedimiento de elaboración. La derogatoria de una norma jurídica, que se produce cuando una disposición ha perdido su período de vigencia o vigor. El control de constitucionalidad como juicio de validez de una norma según su adecuación a la Constitución. Entonces mientras la derogación de una norma jurídica se produce en un plano horizontal: lex posteriori derogat priori, el control de constitucionalidad y el juicio de validez de una norma con respecto a la Constitucional se verifica de modo vertical. Criterios jurisprudenciales sobre las normas preconstitucionales en el modelo de justicia constitucional europeo Sobre el particular analizaremos los criterios desarrollados por: El Tribunal Constitucional Federal Alemán La Corte de Constitucionalidad Italiana El Tribunal Constitucional Español No así los del Consejo Constitucional Francés pues hasta hace muy poco tiempo únicamente desplegaba un control de constitucionalidad a priori sobre las normas jurídicas con rango de ley. Sobre el particular, no tomamos en consideración el caso francés, pues como se sabe, hasta hace muy poco tiempo el Consejo de Constitucional Francés únicamente realizaba un control de constitucionalidad previo. En el caso alemán, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, pese al reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución y la cláusula de derogatoria de todo el derecho anterior a la Constitución que resulta incompatible frente a la norma fundamental, sostiene dos criterios distintos en tratándose del control concreto y abstracto de control de constitucionalidad. De este modo, en el caso del control concreto, que se corresponde en el sistema español con la cuestión de constitucionalidad o en el sistema costarricense con la consulta judicial de constitucionalidad, ha sostenido que el control de constitucionalidad únicamente se realiza con respecto a las normas post-constitucionales, en tanto que en relación con las preconstitucionales ha dicho que se trata de un tema que debe ser resuelto por los tribunales ordinarios, y como uno de abrogación. En cambio, en el supuesto del control abstracto, ha sostenido el Tribunal Constitucional Federal Alemán que incluso el derecho imperial aún vigente puede ser objeto del control de constitucionalidad en términos de validez, pese a la existencia en la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, en el artículo 123 de una cláusula de derogatoria de todo el derecho anterior que se opone a la Norma Fundamental. En Italia, por otra parte, a partir de la sentencia dictada por la Corte Constitucional (No. 1 (1956) de 5 de junio) se reconoció la posibilidad de ese Órgano de realizar el control de constitucionalidad tanto sobre las leyes anteriores como a las posteriores que contradicen el texto de la Constitución. A partir entonces de esa sentencia se ha desarrollado la hipótesis de la inconstitucionalidad sobrevenida, en el cual se confunden los institutos de la derogatoria y el control de constitucionalidad de las normas jurídicas, así como la distinción entre la vigencia y la validez de las normas jurídicas. Con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la Corte Constitucional (es decir durante el período 1947-1956), el control de constitucionalidad sobre las normas preconstitucionales había sido encomendado a los tribunales ordinarios, del siguiente modo si la incompatibilidad se producía frente a una norma de aplicación inmediata (que no precisa de ningún desarrollo normativo ulterior para disfrutar de eficacia plena) nos encontrábamos ante un supuesto de abrogación, mientras que si se realizaba con respecto a una norma programática o de ejecución diferida (que requiere un desarrollo normativo infraconstitucional para ser eficaz), nos encontrábamos entonces ante un supuesto de ilegitimidad constitucional. De acuerdo con García de Enterría el fundamento de la tesis que fue acogida por la Corte Constitucional tiene su origen en la inseguridad jurídica que se puede producir si se encomienda a los tribunales ordinarios la derogatoria de las disposiciones preconstitucionales que son incompatibles frente a la Constitución. A lo anterior habría que añadir que, en todo caso, siempre es posible el control de constitucionalidad sobre los efectos ultraactivos de las normas preconstitucionales que han perdido su vigencia por la fuerza normativa de la Constitución. En todo caso, aunque no se establece en la Constitución Italiana una cláusula de derogatoria de todo el derecho preconstitucional que se opone a la Constitución, la derogación siempre viene impuesta de modo tácito por la fuerza normativa de la Constitución. En España, por su parte, se ha ensayado una tesis intermedia sobre el conflicto normativo entre las normas preconstitucionales y la Constitución. En este sentido, se ha sostenido que el Tribunal Constitucional puede declarar la invalidez de esas disposiciones, mientras que los tribunales ordinarios pueden decidir sobre la vigencia de las normas preconstitucionales. Sobre el particular sin duda es relevante el voto salvado del Prof. Rubio Llorente a la sentencia No. 4/1981 de 2 de febrero, en la cual llamó la atención sobre la existencia del instituto híbrido y contradictorio de la inconstitucionalidad sobrevenida, en el tanto confunde los alcances del efecto derogatorio frente al control de constitucionalidad, así como las nociones de la vigencia de una norma jurídica y la validez de una disposición. Las normas preconstitucionales en el sistema de Justicia Constitucional Costarricense. El artículo 197 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece una cláusula de derogatoria de todo el derecho anterior que se opone a la norma fundamental. Pese a ello la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han sostenido criterios distintos sobre el conflicto normativo de las normas preconstitucionales a la Constitución. La Corte Plena (que realizó el control de constitucionalidad durante el período 1949-1989): Sobre el particular la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, cuando tenía a su cargo el control de constitucionalidad, ha sostenido dos líneas jurisprudenciales sobre el conflicto normativo entre las normas preconstitucionales y la Constitución: - La primera línea jurisprudencial fue recogida por la sentencia dictada en la sesión de 5 de marzo de 1970, en que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado contra el Decreto-Ley No. 20 de mayo de 1948. En esta sentencia la Corte Plena resolvió: - En primer lugar, que no resulta posible enfrentar las disposiciones del Decreto-Ley aludido a la Constitución de 1871, en la medida en que fueron derogadas por la Constitución de 1949, así como por la ruptura del orden constitucional que se había producido con anterioridad; - En segundo, que la solución que el artículo 197 constitucional establece sobre las normas preconstitucionales que resultan incompatibles frente a la Norma Fundamental es la derogación, de modo que en tales circunstancias el problema no es de inconstitucionalidad, sino de inaplicabilidad por inexistencia de una norma jurídica en virtud de derogatoria, lo cual no le corresponde a la Corte Plena, sino a los tribunales comunes u ordinarios. Tal vez, lo único que se podría reprochar a este pronunciamiento de la Corte Plena es que ella misma podía determinar por sí misma si la norma que enjuiciaba había sido derogada o no por la fuerza normativa de la Constitución, teniendo en cuenta que el tribunal constitucional especializado, así como los tribunales ordinarios disfrutan de la competencia de determinar, a la hora de dilucidar si una norma es aplicable al caso concreto, si ha sido derogada o no por la fuerza normativa de la Constitución. El segundo criterio jurisprudencial fue desarrollado por la Corte Plena en la sentencia dictada en la sesión de 3 de septiembre de 1981, con motivo del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley de Expulsión de Extranjeros No. 13 de 18 de junio de 1884, adicionada por Ley No. 28 de 28 de noviembre de 1936. En esta ocasión, la Corte Plena valoró la validez de esa disposición sin tener en consideración su carácter preconstitucional y, por ende, las distintas implicaciones de la cláusula de derogatoria del artículo 197 de la Constitución Política y de la fuerza normativa de la Norma Fundamental. De otra parte; la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia también ha tenido la oportunidad de conocer acerca del conflicto normativo entre las normas preconstitucionales y la Constitución. Recordemos que la Sala Constitucional está integrada por 7 magistrados propietarios y 14 magistrados suplentes, a quienes se ha encomendado en virtud de la reforma operada a varios artículos de la Constitución Política de la República de Costa Rica: el control de constitucionalidad, la resolución de los procesos de garantía de los derechos fundamentales (el recurso de amparo y de habeas corpus), así como la resolución de los conflictos de competencia entre los órganos constitucionales. En la primera oportunidad: la sentencia de la Sala Constitucional No. 4091-94, de 9 de agosto, en que se resolvió la acción de inconstitucionalidad planteada contra el Decreto Ejecutivo No. 20 de 28 de octubre de 1915, en cuya virtud se dispuso el traslado de los territorios de Cóbano, Lepanto y Paquera de la Provincia de Guanacaste a la Provincia de Puntarenas. En esta ocasión la Sala Constitucional reconoció su competencia para conocer acerca del conflicto normativo entre las normas preconstitucionales y la Constitución, en términos de validez, con lo que asumió la postura seguida por la Corte de Constitucionalidad Italiana acerca de la inconstitucionalidad sobrevenida. Ya hemos comentado que dicha noción es incompatible frente a los alcances de la fuerza normativa de la Constitución y a su reconocimiento como norma suprema del ordenamiento, que deroga por sí misma todo el derecho anterior que se le opone. Este criterio fue reiterado en la sentencia de la Sala Constitucional No. 6497-96 de 2 de diciembre, en que se resolvió la acción de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 13 inciso 3) de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el artículo 20 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y los numerales 89 y 94 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Finalmente, en la sentencia No. 2004-5206 de 18 de mayo, en que se resolvió la acción de inconstitucionalidad planteada contra el aparte b) del inciso 2) del artículo 1° del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, aprobado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en la sesión ordinaria de 17 de diciembre de 1946, en cuanto excluía a los porteros, mandaderos y, en general, a las personas que se dedican a labores de limpieza o aseo de la posibilidad de ser acreedores de los beneficios relativos a la seguridad social. Pues bien en esta oportunidad la Sala valoró la conformidad con el Derecho de la Constitución de esta disposición con sustento no en la Constitución vigente sino en la Constitución derogada de 1871, considerándose que forma parte del bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico costarricense, pese a que esa Constitución ha sido derogada por la Norma Fundamental vigente, de ahí que no pueda ser utilizada, de ninguna forma, como instrumento para determinar la validez de la norma que ha sido impugnada en ese proceso de control de constitucionalidad. Es claro entonces que la Constitución derogada de 1871 no tiene ningún valor de derecho positivo en el ordenamiento jurídico vigente, por fuerza precisamente del artículo 197 Constitucional. En este sentido, la única forma en que se podría admitir la posibilidad de tener como parámetro de control de constitucionalidad la derogada de 1871, sería que la Constitucional actual expresamente le reconociera algún poder normativo, lo cual no se produce en el caso presente, ni puede atribuírselo la Sala Constitucional por efecto de la interpretación, sin incurrir en una interpretación que contradice el sentido literal de la Norma Fundamental. Pero también se ha explorado en esta investigación las diversas interacciones entre las normas preconstitucionales y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto en el sistema de justicia constitucional costarricense, cuanto en el sistema de justicia constitucional español, teniendo en cuenta que tales instrumentos reciben un tratamiento diferenciado en ambos ordenamientos, a partir de lo dispuesto el artículo 48 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, y los artículos 10.2 y 96 de la Constitución Española. En el primer supuesto, es indudable que los Instrumentos Internaciones sobre Derechos Humanos tienen la virtud de abrogar todo el derecho anterior (pre y post constitucional que se les opone). Lo anterior, teniendo en cuenta el criterio reiterado de la Sala Constitucional sobre los alcances del artículo 48 de la Constitución Política, según la cual el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, en la medida en que brinda mayor protección y un mejor ámbito de tutela de un derecho fundamental que la propia Constitución, prima sobre el texto de la Norma Fundamental. Así lo ha reconocido reiteradamente la Sala Constitucional en su Jurisprudencia, la cual ha sido comentada con algún detalle en esta investigación. Pero la solución no es muy distinta en el ordenamiento jurídico español, en el cual si bien tales instrumentos no constituyen canon independiente de constitucionalidad (sino meros criterios interpretativos de los derechos fundamentales), sí que poseen cierta fuerza normativa (pero, no desde luego, del mismo rango que la Constitución) para derogar igualmente el derecho que se les opone tanto pre como post-constitucional. Tal derogación eventualmente puede ser declarada por los tribunales constitucionales o los tribunales ordinarios, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. De este modo, sobre la problemática expuesta, nos parece entonces que la mejor solución sería aquella donde se reconozca la potestad de todos los Órganos Jurisdiccionales (sea el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios) de tener por derogadas aquellas disposiciones cuyo vigor es anterior a la Constitución, como consecuencia necesaria del reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución, máxime en el caso costarricense donde la derogatoria de las normas constitucionales ha sido positivizada (artículo 197 Constitución Política). Por último, hemos explorado las relaciones entre las normas preconstitucionales y las que provienen del Derecho Comunitario, las cuales como lo hemos señalado no inciden sobre la vigencia ni la validez de las normas pre y post constitucionales, si deben ser aplicadas por el juez ordinario bajo la observancia de los principios de primacía y efecto directo, y si se trata de materias que en razón del principio de atribución, han sido delegadas por los Estados a la Unión Europea. Lo anterior por cuanto, en este caso nos movemos ante dos sistemas normativos diversos, cuyo punto de encuentro solo puede ser hallado en los actos por los cuales los Estados han delegado determinadas competencias a la Unión. De ahí que para finalizar, el conflicto entre la primacía del Derecho Comunitario y la supremacía de las Constituciones de los Estados miembros es sólo aparente, pues ambos sistemas normativos se mueven como lo hemos expuesto en planos distintos regidos por únicamente por el criterio de la competencia. Pero también es aparente el conflicto entre la superioridad normativa de las Constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea y el principio de primacía de las disposiciones del Derecho Comunitario Europeo. Lo anterior por cuanto, la primacía de las disposiciones del derecho europeo, como lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional Español en su conocida Declaración I-2004 únicamente rige con respecto a las materias que en virtud del principio de atribución han sido delegadas por los Estados a la Unión Europea, más allá de esos ámbitos el principio de supremacía constitucional permanece incólume.

EXECUTIVE SUMMARY Argentina accounts for 15% of total tobacco consumption in Latin America and has made the epidemiological transition to an advanced stage in the tobacco epidemic. The Southern Cone region of the Americas leads the hemisphere in tobacco attributable mortality. Argentina is a developing country with economic interests in tobacco growing and rapidly increasing tobacco use in urban areas. In 2000, smoking prevalence was 40.4% among adults- 46.8% of men and 34% of women- and Buenos Aires urban youth (13 to 15 years old) had a 30.2% 30-day smoking prevalence (27.8% male; 31.8% female) compared to 17.7% (17.8% male; 17.7% female) in the United States. Argentina also has a high smoking prevalence among health professionals (30.3% of physicians, and 36.3% of nurses currently smoke). Given the limited smoking restrictions in indoor environments the general population is highly exposed to secondhand smoke both in public and private places. In 2000, the percentage of young people aged 13 to 15 years exposed to secondhand smoke in Buenos Aires was 69.6% at home, 87.6%, in public places, and 27.6% from their friends. A multi-country study carried out in seven Latin American cities in 2004 showed that the city of Buenos Aires had the highest airborne nicotine levels inside hospitals, schools, government buildings, airports, and restaurants observed. According to the National Program on Tobacco Control of the Ministry of Health and Environment of Argentina, tobacco use causes 40,000 deaths per year, including 6,000 due to secondhand smoke. The cost of the treatment of tobacco-related diseases is more than 4,330 million pesos per year, which represents 15.5 % of the total public expenditure on health care. Meanwhile, the tobacco excise taxes collected by the government are only 3,500 million pesos per year. The transnational tobacco companies working through their local affiliates dominate production and marketing of cigarettes in Argentina. Philip Morris International and British American Tobacco, as well as other transnational tobacco companies such as Liggett, Reemtsma, Lorillard, and RJ Reynolds International- through their local subsidiaries Massalín-Particulares and Nobleza-Piccardo- have been actively influencing public health policy-making in Argentina since the early 1970s. These transnational tobacco companies have used the same strategies in Argentina as in the United States to block meaningful tobacco control. Methods This report uses three main sources to describe the interference of the tobacco industry in tobacco control efforts in Argentina. First, we examined the tobacco industry documents in the University of California San Francisco Legacy Tobacco Documents Library (http://legacy.library.ucsf.edu) and British American Tobacco Documents Archive (http://bat.library.ucsf.edu) and in Tobacco Documents Online (www.tobaccodocuments.org). We also used internet resources, major Argentinean newspapers (Clarín, La Nación, Página 12, La Prensa), local magazines (Muy Interesante, Revista 23, Somos, Humor, VEA), and the Argentinean National Congress Library for complete texts of the laws, bills and other tobacco control measures. Finally, we conducted face-to-face interviews with congressmen, public health officials, and tobacco control advocates in Buenos Aires during December 2003. Results • In 1966, the first bill on tobacco regulation was introduced in the Argentinean Congress to adopt a mandatory warning label on cigarette packs, but did not pass. In 1970 the government promulgated Law 18.604 that ended cigarette advertising on radio, television, and in movie theaters, and established fines for violators. This law was in effect only for one year. • In 1973 and 1974, two bills were introduced that would have placed a health warning label on tobacco products and advertisements, but these bills were not approved due to the intervention of the Cámara de la Industria del Tabaco (Chamber of Tobacco Industry), the tobacco industry's national manufacturers' association. • In 1977, as in the USA and other countries, the Chamber of Tobacco Industry created a weak and ineffective voluntary self-regulating code to avoid strong legislated restrictions on cigarette advertising. • In 1976 and 1979, the Ministry of Social Welfare drafted two bills to regulate the content of tobacco and alcohol advertisements and to require a warning label on cigarette packages. Tobacco Industry representatives lobbied government officials claiming that the established voluntary industry code was adequate and both bills died. • In the early 1980s, the Chamber of Tobacco Industry created the "Smoking Controversy Department" to counteract and undermine potential legislation. This department organized "Information Seminars" intended for selective community groups to promote the industry's position that the causal links between smoking and disease had not been proven. Seminars were aimed at the managers of tobacco production associations, agricultural technicians, physicians, scientists, journalists, tobacco advertising agencies, tobacco products distributors, elected officials, and Ministers of Health. The Smoking Controversy Department also produced and promoted literature arguing the industry's position. • During the 1980s, efforts to pass comprehensive tobacco control legislation intensified. These attempts were neutralized by a much better-organized tobacco industry that implemented a public campaign to lobby health authorities and convince journalists and the public that there was a "controversy" about the links between smoking and disease. • In 1986, the National Congress passed Law 23.344 that essentially codified the tobacco industry's ineffective voluntary advertising code and placed the weak health warning label "Fumar es perjudicial para la Salud" (Smoking is harmful to health) print on cigarette packs. Industry representatives had meetings with selected influential federal and provincial ministers, governors, and federal senators to water down the original proposal introduced by Representative Lorenzo Pepe in 1984. • In 1992, the 8th World Conference on Tobacco or Health was held in Buenos Aires. Local tobacco control advocates tried to push for the approval of a new comprehensive tobacco control bill in the Congress introduced by Representative Aldo Neri in 1990. At the same time, Philip Morris International and British American Tobacco worked together to divert the attention of the conference by organizing briefings with friendly journalists to create controversy about secondhand smoke. • In September 1992, the Neri Bill was approved in the Congress. The tobacco industry rapidly organized and orchestrated a major lobbying and public relations campaign to defeat it with the help of front groups (e.g., the International Advertising Association, the Inter-American Press Association, the Inter-American Society for Freedom of Commercial Speech, and the Argentine Association of Advertising Agencies), "scientific" consultants secretly hired and managed by industry lawyers based in the US, and Congressmen from the tobacco growing provinces. Ten days later, on October 10, President Carlos Menem vetoed the law. • Between 1992 and 2000, the tobacco industry supported alternative legislation to write the industry's ineffective voluntary marketing code into law. Even though they were not approved, these bills distracted political and public attention so that all efforts at meaningful tobacco control legislation were neutralized. • Since the mid-1990s, the tobacco industry has been promoting its "accommodation" program "La Cortesía de Elegir" (The Courtesy of Choice), to avoid legislation to end secondhand smoke exposure in restaurants and bars and to maintain the social acceptability of smoking. • Since 1997, the tobacco industry has been promoting ineffective "youth smoking prevention" programs (such as "Yo Tengo P.O.D.E.R." [I Have Power] and "Yo NO Vendo Cigarrillos a Menores de 18 Años" [I DO NOT Sell Cigarettes to Minors under 18]) to preempt meaningful anti-tobacco education by the government and to shift the focus away from the industry's responsibility for increasing youth smoking through its advertising and marketing. • In 2003, the Lower House Public Health Committee drafted a version that consolidated 18 tobacco control bills (including one from Representative Neri) but again, the tobacco industry succeeded in burying the bills. • In September 2003, President Néstor Kirchner signed the Framework Convention on Tobacco Control, the first international public health treaty negotiated by the 192 countries under the auspices of the World Health Organization. The ratification process in the Argentinean Senate remained bogged down as of September 2005, with limited efforts to ratify it. It appears that the industry is effectively lobbying Argentinean legislators not to ratify the treaty. • In August 2005, the Ministry of Health and Environment introduced in the Senate a new comprehensive tobacco control bill that follows the minimum standards required by the Framework Convention on Tobacco Control, including the creation of smokefree public places (including bars and restaurants) and workplaces, the end of all types of tobacco advertising (except point-of-sale) and sponsorship, and the placement of rotating health warning labels and images in cigarette packages. It also bans misleading descriptors (such as "light") and requires the placement of maximum levels of nicotine and tar print on packages. Recommendations 1. The journalists from print and electronic media, public health advocates, politicians and institutional leaders need to become more aware of how the transnational tobacco industry has manipulated and influenced policy making in Argentina, which affects the health of the public, and report this information to the public. 2. The national government, through the Ministry of Health and Environment, should implement a comprehensive educational campaign to enhance awareness about the health dangers of secondhand smoke and to promote the enactment of city-wide, provincial and national ordinances that prohibit indoor exposure to secondhand smoke. 3. Argentina should implement the principal provisions of the Framework Convention such as increased taxes, a complete advertising ban, and graphic pictorial warning labels on cigarette packages. 4. The federal government and health care industry need to support effective smoking cessation services, such as quit-lines, at minimal cost to all smokers. RESUMEN Argentina representa el 15% del consumo total de tabaco en América Latina y se encuentra en una fase avanzada de la transición epidemiológica en la epidemia del tabaquismo. La región del Cono Sur de las Américas lidera el hemisferio en mortalidad atribuible por tabaco. Argentina es un país en desarrollo con intereses económicos en el cultivo de tabaco y un alto consumo de tabaco en áreas urbanas. En 2000, la prevalencia del consumo de tabaco en adultos fue del 40.4% (46.8% en varones; 34% en mujeres). El mismo año, la prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 30 días, en jóvenes de 13 a 15 años de la ciudad de Buenos Aires, fue del 30.2% (27.8 % en varones; 31.8% en mujeres) comparada con 17.7% (17.8% en varones; 17.7% en mujeres) en los Estados Unidos. Argentina posee también una alta prevalencia de consumo de tabaco entre los profesionales de la salud (30% de los médicos y 36.6% de los enfermeros actualmente fuman). Debido a las escasas restricciones al consumo de tabaco en ambientes cerrados, la población general está altamente expuesta al huno de tabaco ajeno, tanto en lugares públicos como en privados. En 2000, el porcentaje de jóvenes de 13 a 15 años expuestos al humo de tabaco ajeno en Buenos Aires, fue del 69,6% en sus casas, 87,6% en lugares públicos y 27,6% de sus amigos. Un estudio multicéntrico llevado a cabo en siete ciudades latinoamericanas en 2004, mostró que la ciudad de Buenos Aires tenía la mayor concentración de nicotina ambiental en hospitales, escuelas, edificios gubernamentales, aeropuertos y restaurantes observados. De acuerdo al Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud y Ambiente de la Argentina, el uso de tabaco causa 40.000 muertes anuales, incluyendo 6.000 debido a la exposición al humo de tabaco ajeno. El costo del tratamiento de la enfermedades relacionadas al tabaco es de más de 4.330 millones de pesos por año, el cual representa el 15,5% del gasto público total en salud. Mientras tanto, los impuestos al tabaco recaudados por el gobierno son sólo 3.500 millones de pesos al año. Las compañías transnacionales de tabaco, trabajando a través de sus filiales locales, dominan la producción y la comercialización de los cigarrillos en la Argentina. Philip Morris International y British American Tobacco, así como otras compañías transnacionales de tabaco tales como Liggett, Reemtsma, Lorillard y RJ Reynolds International, a través de sus subsidiarias locales Massalín-Particulares y Nobleza-Piccardo, han influenciando activamente las políticas de salud pública en Argentina desde comienzo de los años 1970s. Estas compañías transnacionales de tabaco han utilizado las mismas estrategias en Argentina que en Estados Unidos para bloquear políticas de control del tabaco significativas. Métodos El siguiente reporte utiliza tres fuentes principales para describir la interferencia de la industria del tabaco en los esfuerzos por controlar el tabaco en Argentina. Primero, examinamos los documentos de la industria del tabaco que se encuentran disponibles en la internet en las bibliotecas Legacy Tobacco Documents Library (http://legacy.library.ucsf.edu) y British American Tobacco Documents Archive (http://bat.library.ucsf.edu) de la Universidad de California en San Francisco, y en Tobacco Documents Online (www.tobaccodocuments.org). También utilizamos otras fuentes de información de la internet, los principales periódicos argentinos (Clarín, La Nación, Página 12, La Prensa), revistas locales (Muy Interesante, Revista 23, Somos, Humor, VEA), y la Biblioteca del Congreso de la Nación de la Argentina para ubicar y analizar los textos completos de leyes, proyectos de ley, y otras medidas de control del tabaco. Finalmente, en diciembre de 2003, realizamos entrevistas cara a cara en la ciudad de Buenos Aires, con legisladores, funcionarios de salud pública y activistas para el control del tabaco. Resultados • En 1966 fue introducido en el Congreso Nacional argentino el primer proyecto de ley para la regulación del tabaco. El proyecto, que no fue aprobado, requería la colocación obligatoria de una etiqueta de advertencia sanitaria en todos los paquetes de cigarrillos. En 1970, el gobierno promulgó la Ley 18.604 que ponía fin a la publicidad de los cigarrillos en la radio, la televisión y los cines, y establecía multas para los infractores. Sin embargo, esta ley estuvo en vigencia sólo durante un año. • En 1973 y 1974 dos proyectos de ley ingresados en el Congreso Nacional requerían la colocación de una etiqueta de advertencia sanitaria en los envases de los productos de tabaco y en su publicidad. Sin embargo, estos proyectos no fueron aprobados debido a la intervención de la Cámara de la Industria del Tabaco, la asociación nacional de productores de la industria del tabaco. • En 1977, de la misma manera que en los Estados Unidos y otros países del mundo, la Cámara de la Industria del Tabaco creó voluntariamente un Código de Autorregulación Publicitaria débil e inefectivo para evitar la aprobación de legislación que contemplara fuertes restricciones a la publicidad del tabaco. • En 1976 y 1979 el Ministerio de Bienestar Social de la Nación preparó dos proyectos de ley para regular el contenido de la publicidad del tabaco y el alcohol y para requerir una etiqueta de advertencia sanitaria en los paquetes de cigarrillos. Representantes de la industria del tabaco ejercieron presión política sobre funcionarios del gobierno reclamando que el ya voluntariamente establecido Código de Autorregulación Publicitaria de la industria era suficiente. Finalmente, ambos proyectos fueron archivados. • A principios de los años 1980s la Cámara de la Industria del Tabaco creó el "Departamento sobre la Controversia del Tabaco" como una herramienta para contrarrestar y menoscabar una posible futura legislación anti-tabaco. Este departmento organizó "Seminarios de Información" dirigidos a grupos específicos de la comunidad para promocionar la posición de la industria por la cual la relación causal entre tabaco y enfermedad no estaba comprobada. Los seminarios estuvieron dirigidos a gerentes de asociaciones de productores de tabaco, técnicos agricultures, médicos, científicos, periodistas, agencias de publicidad del tabaco, distribuidores de productos del tabaco, Ministros de Salud y otros funcionarios gubernamentales. El "Departamento sobre la Controversia del Tabaco" también editó y promocionó publicaciones exponiendo la posición de la industria del tabaco. • Durante los años 1980s se intensificaron los esfuerzos para aprobar una legislación amplia para el control del tabaco. Estos intentos fueron neutralizados por una industria del tabaco mucho mejor organizada que orquestó una campaña pública para ejercer presión sobre las autoridades de salud, y convencer a periodistas y al público en general sobre lo que la industria llamó la "controversia" sobre tabaco y salud. • En 1986 el Congreso Nacional aprobó la Ley 23.344 que esencialmente codificó el inefectivo y voluntario Código de Autorregulación Publicitaria de la industria del tabaco y requirió la colocación de la débil etiqueta de advertencia sanitaria "Fumar es perjudicial para la Salud" en los paquetes de cigarrillos. Representantes de la industria del tabaco tuvieron reuniones con influyentes ministros nacionales y provinciales, gobernadores y senadores nacionales para "suavizar" el proyecto de ley original introducido en 1984 por el Diputado Nacional Lorenzo Pepe. • En 1992 la 8va Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Activistas locales para el control del tabaco intentaron presionar para la aprobación en el Congreso de una ley amplia la cual había sido introducida en 1990 por el Diputado Nacional Aldo Neri. Al mismo tiempo, Philip Morris International y British American Tobacco trabajaron juntas para desviar la atención de la conferencia, organizando sesiones informativas con periodistas "amigos" para crear controversia sobre los efectos de la exposición pasiva al humo de tabaco. • El 30 de septiembre de 1992, la Ley Neri fue aprobada en el Congreso Nacional. Sin embargo, la industria del tabaco rápidamente organizó y orquestó un exitoso plan para derrotarla con la ayuda de grupos de fachada (por ej. la Asociación Internacional de Publicidad, la Asociación de Prensa InterAmericana, la Sociedad InterAmericana para la Libertad de Expresión Comercial, y la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad), consultores "científicos" contratados y orientados por la industria y legisladores de las provincias tabacaleras, y montó una gran campaña de relaciones públicas y de presión política. Diez días más tarde, el 10 de octubre, la ley fue vetada por el Presidente Carlos Menem. • Entre 1992 y 2000, la industria del tabaco apoyó proyectos de ley "alternativos" que estaban en consonancia con su Código de Autorregulación Publicitaria. A pesar de no haber sido aprobados, estos proyectos sirvieron para distraer la atención política y pública y de esa manera, todos los esfuerzos para el control del tabaco fueron neutralizados. • Desde mediados de los años 1990s la industria del tabaco ha estado promoviendo su programa de "acomodación" conocido como "La Cortesía de Elegir" o "Convivencia en Armonía", para evitar legislación que ponga fin a la exposición pasiva al humo de tabaco ajeno en restaurantes y bares, y para mantener la aceptación social del consumo de tabaco. • Desde 1997 la industria del tabaco ha estado promoviendo programas de "prevención del uso de tabaco en jóvenes" inefectivos (tales como "Yo Tengo P.O.D.E.R." y "Yo NO Vendo Cigarrillos a Menores de 18 Años") para evitar campañas educativas anti-tabaco por parte del gobierno y para desplazar el foco de atanción por la responsabilidad que la industria tiene, a través de la publicidad y comercialización de sus productos, en el incremento del uso de tabaco entre los jóvenes. • En 2003, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación escribió un Dictamen Final que consolidaba 18 proyectos de ley para el control del tabaco (uno de ellos del Diputado Aldo Neri) pero una vez más, la industria del tabaco tuvo éxito en cajonear los mismos. • En septiembre de 2003, el Presidente Néstor Kirchner firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco, el primer tratado internacional sobre salud pública negociado por 192 países bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. Al mes de septiembre de 2005, el proceso de ratificación en el Senado argentino permanece estancado con pocos esfuerzos para ratificarlo. En vista de los acontecimientos pasados parecería que la industria ha estado ejerciendo presión exitosamente sobre los lesgisladores argentinos para que no ratifiquen el convenio. • En agosto de 2005, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente introdujo en el Senado de la Nación un nuevo proyecto de ley amplio para el control del tabaco que está en sintonía con los estándares mínimos requeridos por el Convenio Marco para el Control del Tabaco. El proyecto contempla la creación de ambientes públicos y lugares de trabajo libres de humo de tabaco (incluyendo bares y restaurantes), la prohibición de la publicidad (excepto en los lugares de venta) y el patrocinio y la colocación de etiquetas de advertencias sanitarias rotatorias con imágenes, en los paquetes de cigarrillos. También prohibe la colocación de descriptores engañosos (tales como "suaves") y requiere los niveles máximos de nicotina y alquitrán impresos en los en los envases de tabaco. Recomendaciones 1. Periodistas tanto de los medios gráficos como electrónicos, activistas de la salud pública y líderes institucionales, deberían tomar conocimiento sobre como las compañías transnacionales del tabaco han manipulado e influenciado las políticas de control del tabaco en la Argentina lo cual afecta la salud de la población, y comunicar esta infomación a la población general. 2. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, debería implementar una amplia campaña educativa para aumentar la conciencia sobre los daños a la salud provocados por la exposicion pasiva al humo de tabaco ajeno, y promover la aprobación de legislación local, provincial y nacional que impida la exposicion pasiva al humo de tabaco ajeno en lugares cerrados. 3. Argentina debería implementar los estándares principales del Convenio Marco para el Control del Tabaco, tales como el aumento de los impuestos al tabaco, la prohibición total de la publicidad, y la colocación de etiquetas de advertencia sanitarias con imágenes en los paquetes de cigarrillos. 4. El gobierno nacional y el sector privado de la atención de la salud deben apoyar servicios de cesación tabáquica efectivos, tales como las líneas telefónicas de ayuda para dejar de fumar, a un bajo costo para todos los fumadores.

Finalmente, tras muchas idas y venidas, el 15 de julio el Parlamento Europeo refrendó al luxemburgués Jean-Claude Juncker como Presidente de la Comisión Europea. Juncker había sido designado el 27 de junio como candidato por 26 de los 28 Estados miembro, oponiéndose a tal designación el británico David Cameron y el húngaro Viktor Orban. De acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Lisboa, el nuevo Presidente de la Comisión Europea debe ser ratificado por mayoría calificada de los eurodiputados. El 1ero de julio también fue reelecto como Presidente de ese Parlamento el euro-socialista (social-demócrata alemán) Martin Schulz.La ratificación de Juncker, lograda mediante negociación interna entre los Jefes de Gobierno y grupos parlamentarios, contó con el respaldo de una amplia mayoría. El luxemburgués obtuvo 422 de 729 votos emitidos, o sea el 57.9% (siendo la mayoría calificada 376 votos). Sus apoyos estuvieron en el Partido Popular Europeo (PPE), del que Juncker era el candidato, así como en parte de los votos socialistas (los socialistas españoles siendo una de las excepciones al oponerse abiertamente a su nominación) y liberales. Sin embargo, en los últimos dos campos hubo deserciones importantes que le amputaron la mayoría arrolladora que hubiera significado el apoyo de los tres grupos pro-europeos (480 parlamentarios).La elección de Juncker y el proceso previo que llevó a su designación, no ha dejado a nadie particularmente feliz. Los grupos parlamentarios comenzaron acordando entre ellos que el candidato del grupo que resultara mayoritario en las elecciones sería el candidato "obligado" a Presidente de la Comisión, en base a una interpretación un tanto "generosa" del Tratado de Lisboa (que solamente establece que el Consejo deberá designar a su candidato tomando en consideración los resultados de la elección europea). Con ello, el Parlamento intentaba dar un paso hacia una verdadera "transición democrática", hacia una Europa "popular y transparente", donde el voto de los ciudadanos influiría en las futuras decisiones europeas. Además, el Parlamento inteligentemente instaló así un debate sobre la representatividad de los cargos europeos y la necesidad de otorgar mayor poder de decisión a la ciudadanía.Claro está que esta interpretación no fue compartida por la gran mayoría de Jefes de Estado y de Gobierno, que no imaginaban ceder poder de decisión al Parlamento. Sin embargo, ignorando el efecto de la campaña parlamentaria y las consecuencias que la misma podría tener a la interna de sus países, los líderes permitieron que fuera creciendo la interpretación de "candidato de partido ganador equivale a candidato a la presidencia de la Comisión". Aunque el Consejo retiene la potestad de proponer al candidato que desea, las presiones populares y de sus propios partidos políticos (asociados a uno u otro de los grandes grupos europeos) impidieron que los principales líderes europeos impusieran candidatos diferentes al del partido ganador.El discurso generalizado anti-Juncker que precedió a los comicios y perduró durante los días siguientes a la elección (Merkel, Hollande, Renzi, Cameron) se fue apagando, fruto de la repartición que populares, socialistas y liberales hicieron de los cargos disponibles a fin de "quedar todos contentos" y al definir ellos las próximas autoridades europeas. Así, por primera vez, los líderes europeos debieron agachar la cabeza y aceptar al candidato del Parlamento, incluso reconociendo que no era el mejor "hombre para el puesto", pero poco dispuestos a verse como "irrespetuosos de la voluntad popular".Pero, si los Jefes de gobierno parecen no estar del todo contentos con Juncker, ¿qué podemos decir de la ciudadanía? ¿Con la elección de Juncker el ciudadano europeo que decidió emitir su voto el pasado mes de mayo está realmente satisfecho y siente que ha triunfado finalmente la voluntad popular? La respuesta es clara: NO. Esto es así por dos razones. Quien votó por el PPE en cualquier país de Europa no votó una papeleta con la cara y el nombre de Juncker (quien ni siquiera fue candidato por Luxemburgo, argumentando que no se puede ser al mismo tiempo candidato a parlamentario europeo y candidato a la Presidencia de la Comisión), sino que eligió a sus representantes nacionales. En este caso, el europeo promedio no tenía idea que estaba optando también por Jean-Claude Juncker como próximo Presidente de la Comisión. Si esto se aplica a los votantes del PPE, mucho más se aplica a los votantes de los demás grupos europeos. Más evidente aún es la segunda razón: el 25% de los votantes europeos apoyaron a partidos y eurodiputados euroescépticos, lo que muchos consideraron un llamado al "cambio". Para esos electores y para quienes prefirieron no votar, Jean-Claude Juncker no es más que un "insider", un burócrata europeo que si algo no representa, es la voluntad de cambio. Este mecanismo de elección, democrático no obstante, no habría seguido el proceso de "trickle down" hasta su culminación lógica, o mejor dicho, el círculo que partiría del apoyo del ciudadano hacia su eurodiputado local, de este eurodiputado hacia el candidato a Presidente de la Comisión, culminando con el vínculo o sintonía de dicho Presidente hacia ese ilustre ciudadano al cual le debe, por la mágica propiedad transitiva de los procesos electorales, su elección, no ha logrado cerrarse. ¿Por qué? Por la simple razón de que nadie vota en las elecciones europeas PARA las elecciones europeas.Esto es producto del desconocimiento de lo que pasa en Bruselas, del desinterés o de que, como ciudadanos, nuestras preocupaciones están dominadas por la política doméstica, y cada instancia de sufragio, regional, local o supranacional, representa una nueva oportunidad para expresarnos sobre los gobiernos nacionales de turno. Aquellos que argumentan que votar directamente por un candidato a Presidente de la Comisión aumentaría el interés de los ciudadanos, tienen un punto válido.No obstante, es difícil creer que los mismos patrones de validación electoral, las mismas herramientas y atajos cognitivos a la hora de elegir nuestros candidatos, no sean reproducidos al elegir al Presidente de la Comisión. Los ciudadanos votarían por el Presidente de la Comisión como si lo hicieran por un presidente, diputado o senador local, es decir influenciados por las estructuras partidarias locales, con preocupaciones y arraigos bien locales, por más campaña europea que intente hacerse. Nadie vota por Juncker o por Schulz, sino que vota por Hollande, Merkel, Le Pen, Farrage, Renzi, etc. Pero esto, evidentemente, no es responsabilidad ni culpa de Juncker. En todo caso, los responsables son los partidos nacionales que no impiden la desinformación y la instrumentalización de dichas elecciones por los partidos políticos con fines políticos nacionales. Las principales críticas escuchadas tienen que ver con la supuesta falta de transparencia y de mecanismos democráticos en la elección del Presidente de la Comisión, así como con la no representatividad de la burocracia de Bruselas y la opacidad de los procesos de toma de decisiones.Analicemos cómo cambiarían las cosas en caso de votar directamente por un candidato a Presidente de la Comisión, ya que éste es el principal argumento de los euroescépticos y de aquellos que critican la falta de democracia de todo este proceso. El primer escenario alternativo sería que cada partido nacional elija a su(s) propio(s) candidato(s) y se lo(s) presente a sus electores nacionales. Por ejemplo, podríamos considerar que en un futuro no muy lejano, cuando ambos se encuentren desempleados, los franceses de derecha voten por Sarkozy como candidato a Presidente de la Comisión y los de izquierda voten por Hollande. Cada país tendría varios candidatos nacionales y contaríamos en toda la Unión con más de 100 posibles presidenciables (o 200, o 300…). Ahora, en este caso, ¿cómo elegiríamos al próximo presidente? ¿Sería el presidente electo el candidato del partido nacional más votado a nivel europeo? En este caso, salvo raro milagro, el futuro Presidente de la Comisión será siempre un alemán y, para agravar el caso, con un muy escaso porcentaje de los votos totales a nivel europeo.Por supuesto que la opción de múltiples candidatos por países no sería nunca una opción válida, ya que terminaría siendo mucho menos democrática que cualquier opción actual. La hipótesis alternativa es que los partidos nacionales determinen uno o más candidatos (al cabo de negociaciones conjuntas con sus contrapartes europeas) que presentarán luego en sus listas nacionales. Así, por ejemplo, el votante del PSOE español tendrá la opción entre 2 o 3 candidatos socialistas… Pero espere un momento, ¡¿no es acaso esto algo muy similar a lo qua ya ocurre en la actualidad con la selección anticipada de los candidatos por los grupos parlamentarios europeos?! La única diferencia es que el candidato actual no está claramente identificado en la boleta de voto, pero, en la práctica, el votante informado de un partido afiliado al PPE sabía que su candidato a Presidente siempre fue Juncker, así como los socialistas sabían que el candidato siempre fue Schulz, y esto antes de iniciar la campaña. Ahora, puede usted ser de derecha y no gustarle Juncker, o ser de izquierda y no gustarle Schulz (es cierto que podría haber habido más de un candidato por partido europeo…), ¿pero en qué medida es eso diferente de, por ejemplo, si es usted un votante de derecha alemán y no le agrada Merkel? En la medida que la elección del candidato de cada grupo europeo sea el resultado de la negociación interna de los eurodiputados nacionales, en poco o nada difiere de los mecanismos internos de nominación de los candidatos de los partidos nacionales. Por lo tanto, en la práctica, el mecanismo de elección "directa y democrática" no cambiará en nada si es llevado adelante por los ciudadanos o los eurodiputados, siempre que la información y las reglas de juego sean claramente explicadas y aplicadas, e incorporadas por la ciudadanía.En relación a la supuesta falta de democracia de las instituciones europeas, conviene precisar que los que más claman contra la falta de transparencia y democracia son, como siempre, las fuerzas menos democráticas, transparentes y tolerantes. Estos son los Le Pen, los Farrage, los Wilders y tantos otros, que camuflan, como todos los representantes de movimientos de este tipo (los hay, y también bien coloridos, a la izquierda), sus principios autoritarios en la denuncia de un supuesto ataque a los valores democráticos y más en particular a la democracia directa, única forma de gobierno que, según ellos, no ha sido corrompida por las instituciones burguesas y las élites tecnocráticas. Pero su ideal democrático es sobre todo el del liderazgo carismático, paternalista y autoritario, su lenguaje democrático es el de la demagogia y la desinformación, su ideal social se basa en la segregación y en la xenofobia, en fin, su ideal de proceso democrático no es otro que el que los vea hacerse con el poder, independientemente de los medios para dicho fin. No nos engañemos, ni Marine Le Pen ni Nigel Farrage están preocupados por la calidad democrática de las instituciones europeas, lo único que les preocupa es cómo capitalizar el descontento hacia la integración europea de una parte de la población y poder así afianzar su posición nacional. En esa óptica, la plataforma europea les ofrece la posibilidad de maximizar el impacto de su discurso y minimizar los riegos relacionados a la toma de decisiones. En definitiva, estos partidos son los free riders del proceso de integración política de la UE, se benefician con todas las ganancias relativas a su participación en el sistema (exposición, financiación, tribuna pública, ayuda a las colectividades, etc.) y al tener una posición abiertamente contraria a la integración, y ningún puesto de responsabilidad, no pagan los costos políticos relacionados al momento de crisis en Europa. Es cierto que la UE se ha transformado en una unidad administrativa gigantesca, incomprensible para la gran mayoría de los ciudadanos, y esto agrega al sentimiento que es el "burócrata de Bruselas" el que controla el proceso de toma y ejecución de decisiones y no así el representante democráticamente electo. Pero entendamos aquí a la burocracia, no en su acepción peyorativa y comúnmente compartida, sino como ese concepto weberiano de un cuerpo administrativo, formado y calificado, y necesario para la administración y el buen funcionamiento del Estado. Este proceso de toma de control de las potestades ejecutivas, pero también legislativas por parte de un órgano no electo, es la principal crítica de los euroescépticos. Sin embargo, no resulta en nada diferente del proceso de burocratización que se viene dando, desde larga data, al interior del Estado. En efecto, la complejidad creciente de los temas, la falta de tiempo y de horas disponibles de los parlamentarios, así como la necesidad de llevar adelante ciertos procesos de manera diligente y eficiente, han llevado a que en todos lados (inclusive en los regímenes parlamentarios), el parlamento haya perdido poder frente a los ejecutivos y su cuerpo burocrático. Pensar que cualquier unidad política puede sobrevivir únicamente con un cuerpo de representantes electos responsables tanto de legislar y ejecutar, es cándido en el mejor de los casos, irresponsable y peligroso en el peor de ellos. Los que atacan a la UE en este punto no atacan realmente la falta de transparencia democrática, lo que está realmente bajo amenaza es el concepto mismo de la integración y del supranacionalismo de las instituciones. Lo que molesta a Marine Le pen no es que un burócrata estonio no electo decida por ella, ¡sino que un burócrata estonio (electo o no electo, es irrelevante) decida por ella!Algunos desearían ver en la importancia de estas nuevas elecciones europeas la transición hacia una cierta forma de parlamentarismo, y en la ratificación (o elección) de Juncker por el parlamento, la emergencia de una figura similar a la de un primer ministro. Un par de precisiones se imponen. En primer lugar, Juncker no es el Presidente de la UE, es tan sólo el Presidente de la Comisión, con importantes potestades, es cierto, pero lejos de ser todopoderoso. Es el Consejo Europeo el que mantiene el rol de fijar las grandes líneas políticas de la UE, no la Comisión, quien ejecuta, legisla, lleva adelante las negociaciones, controla y sanciona. La UE es un mecanismo de integración supranacional, pero no es, y probablemente no lo sea nunca, una única entidad política totalmente integrada, es decir, un Estado. Por más competencias supranacionales que la UE haya desarrollado en los últimos años (comerciales, monetarias, fiscales, etc.) los Estados retienen aún gran parte de sus funciones gubernamentales "régaliennes".El debate sobre la "democracia" detrás de los procesos de selección de las autoridades de la UE y del control popular sobre los organismos burocráticos de gestión, es ocioso y capcioso, y ampliamente instrumentalizado por las fuerzas antieuropeas. La nominación de Juncker es democrática porque fue acordada entre los jefes de Estados, electos todos democráticamente por sufragio universal, y los eurodiputados, electos igualmente democráticamente. La democracia representativa implica, le pese a quien le pese, la elección de representantes. Si se exige mayor transparencia y democracia, se debe exigir igualmente un comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Un sistema político, para ser eficiente (en la articulación y representación de los intereses y en la consecución de los objetivos), debe ser como un organismo en simbiosis, todas las partes trabajando en conjunto para el beneficio mutuo. Aquellos que ven sólo las culpas y responsabilidades de un lado y las víctimas del otro, o son irresponsables, o mienten descarada y peligrosamente, o sencillamente no han entendido nada a la vida política.En conclusión, me pregunto: si la elección de Juncker no es democrática, ¿qué dejamos entonces para el Secretario General de las Naciones Unidas? Electo supuestamente de manera democrática por los líderes del mundo, cuando más de un tercio de estos no son avalados por ningún proceso democrático. ¿Y qué decir del presidente del FMI o del Banco Mundial? Y por favor, ni siquiera toquemos el tema de la FIFA y de la CSF… Germán Clulow es Licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad ORT - Uruguay, Master en Ciencia Política por la Université de Genève - Suiza, y Master en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo (IHEID-The Graduate Institute) Ginebra, Suiza

1 - Teoría del valor y Justicia DistributivaEl conflicto entre libertad e igualdad posee en el liberalismo igualitario un obvio lugar central. Podemos intentar una síntesis sobre la importancia de ese lugar: busca evitar que las sociedades igualitaristas mantengan la autonomía individual y busca evitar que las sociedades individualistas eliminen o debiliten las igualdades. Otra manera de definirlo sería: el liberalismo igualitario ha buscado generar condiciones para la igualdad en aquellas sociedades donde la libertad se ha consolidado y, por otro lado, busca generar condiciones para la libertad en aquellas sociedades donde la igualdad ha primado.Ronald Dworkin ha profundizado y radicalizado la noción rawlsiana de justicia como equidad introduciendo un mecanismo de subasta y de seguros, buscando no sólo generar condiciones de partida igualitarias sino contribuir a generar condiciones de igualdad en el punto de llegada. La búsqueda de conciliación entre libertad e igualdad ha supuesto para Dworkin la búsqueda de un pensamiento filosófico práctico. Es decir, la filosofía política contemporánea tiene en las democracias liberales occidentales la posibilidad de pensar mecanismos que moderen o maniaten la tensión entre libertad e igualdad. Paso seguido, una tarea para el filósofo político contemporáneo ha sido idear maneras en que la búsqueda de libertad potencie o, al menos, no maniate a la igualdad y la búsqueda de la igualdad potencie o, al menos, no maniate la libertad.Esta aspiración práctica de la filosofía política contemporánea supone aceptar un grado de relativismo. Es decir, la filosofía práctica es relativa al grado de desarrollo de la libertad e igualdad. Es por eso que la filosofía post rawlsiana es erróneamente interpretada como una filosofía donde se privilegia la igualdad (es decir, la búsqueda de justicia como equidad) cuando, en cambio, ha sido una filosofía que ha buscado justificar grados mínimos de igualdad dado que es una tradición de pensamiento que floreció en sociedades donde ya se habían alcanzado (incluso superado) grados mínimos de libertad.En este sentido, para la filosofía política contemporánea post rawlsiana igualdad y libertad son concepciones políticas que se complementan. Es decir, son nociones que no pueden entenderse (o empobrecen su sentido) sin el otro. Pueden pensarse como compartimentos estancos. Esta intuición filosófica ha tenido en el principio de diferencia rawlsiano su expresión más sofisticada o, al menos, más influyente.Paso seguido, ¿es posible elaborar una teoría de justicia distributiva sin primero desarrollar o concebir, explícita o implícitamente, una teoría del valor, es decir, una teoría que justifique por qué aquello que pretendemos redistribuir tiene el valor que le atribuimos en ese proceso distributivo?Aquí, nuestro argumento intentará desarrollar dos partes principales: por un lado, nos preguntaremos si las teorías distributivas de justicia contemporáneas no poseen, aunque sea tácitamente, una teoría del valor. En segundo lugar, nos preguntaremos si una teoría distributiva de justicia podría no tener una teoría del valor que anteceda (tácita o explícitamente) a la justificación filosófica sobre qué distribución de bienes y talentos es justa.En esta cuestión relevante, nuestro punto de partida no será Rawls (1971) sino Ronald Dworkin en "What is Equality? Equality of Resources" (Dworkin: 1981). Dworkin realiza (sin saberlo) una explícita síntesis de los problemas de los modernos debates sobre justicia distributiva en relación a qué es aquello que se distribuye. Dworkin plantea el problema y pretende resolverlo mediante la redefinición de aquello que se distribuye con un nombre: "Clamshell". Es decir, en tanto modifica el nombre del problema (básicamente, cómo llamar a la unidad de cuenta o medio de pago), Dworkin asume que el problema desaparece: "So the divider needs a device that will attack two distinct foci of arbitrariness and possible unfairness. The envy test cannot be satisfied by any simple mechanical division of resources. If any more complex division can be found that will satisfy it, many such might be found, so that the choice amongst these would be arbitrary. The same solution will by now have occurred to all readers. The divider needs some form of auction or other market procedure in order to respond to these problems. I shall describe a reasonably straightforward procedure that would seem acceptable if it could be made to work, though as I shall describe it it will be impossibly expensive of time. Suppose the divider hands each of the immigrants an equal and large number of clamshells, which are sufficiently numerous and in themselves valued by no one, to use as counters in a market of the following sort. Each distinct item on the island (not including the immigrants themselves) is listed as a lot to be sold, unless someone notifies the auctioneer (as the divider has now become) of his or her desire to bid for some part of an item, including part, for example, of some piece of land, in which case that part becomes itself a distinct lot." (Dworkin 1981: página 286)Como mencionamos, la justicia distributiva asume, primero, que existe una distribución de bienes y, segundo, que esa distribución es injusta en tanto es desigual por lo que, tercero, debe ser modificada. La justicia distributiva busca igualar aquello que es injustamente desigual. Es claro que para sostener que es necesario redistribuir lo existente, dado que aquello que existe está desigualmente distribuido (definición que asume que lo justo es una distribución igualitaria, es decir, la justicia como equidad), se parte de una definición o medida, tácita o explícita, del valor de las cosas existentes que son pasibles de distribución. Este es un punto principal del argumento: si Rawls, Dworkin y las teorías posteriores asumen que es necesario redistribuir aquello que existe porque está desigualmente distribuido y, paso seguido, definen la "justicia como equidad" ("Justice as Fairness"), están asumiendo explícitamente que saben cuánto valen las cosas existentes y que, por ende, tienen una manera de medirlo.Paso seguido, la discusión relevante dejaría de ser si los contemporáneos debates sobre justicia distributiva necesitan una teoría del valor previa y debiese pasar a ser exponer y justificar cuál es esa teoría del valor. A poco de comparar las definiciones de la justicia como equidad es posible ver que existe en los distintos exponentes un consenso sobre por qué las cosas valen: las cosas valen por el trabajo que tienen en ella. Eso supone una teoría objetiva del valor o teoría del valor trabajo.Reincorporemos ahora a la discusión el papel del tiempo y la escasez. Dado que un problema central de la idea de contrato social es la ausencia de tiempo, la introducción de la opción de salida es analíticamente relevante porque incorpora la dimensión temporal.La aparición del tiempo presupone un problema grave para las teorías de justicia distributivas en tanto problematiza el sentido de la arbitraria distribución de talentos (aquello que Nozick personificara con el célebre jugador de básquet Wilt Chamberlain (Nozick: 1974)). Podemos recurrir a otro deporte y pensar la situación por el absurdo: hay dos señores, A y B, que viven en el país 1 (EE.UU.) y hay otros dos señores, C y D, que viven en el país 2 (por ejemplo, Brasil). A y C son dos grandes jugadores de Beisbol y B y D son dos grandes jugadores de fútbol. Más aún, A y C tienen un talento idéntico para jugar beisbol y B y D tienen un talento idéntico para jugar fútbol. Sin embargo, A tiene un enorme talento para jugar beisbol en EE.UU. y deviene millonario y D tiene un enorme talento para jugar futbol en Brasil y deviene millonario, mientras que B y C son pobres y anónimos. ¿Cómo se soluciona el problema de la injusta distribución de talentos? Para Dworkin, imponiéndole un impuesto a los millonarios A y D. En cambio, para una versión liberal que difiere del contractualismo estático, dejando que B viaje (es decir, ejerza la opción de salida) a Brasil y que C ejerza la opción hacia EE.UU.Es claro que esta segunda alternativa es más eficiente que la primera pero, más aún, podemos conjeturar que es más eficiente porque también es más justa. ¿Por qué es más justa? Porque asume (tácitamente) una mejor comprensión de la formación del valor en los asuntos humanos y, consecuentemente, introduce (tácitamente) una mejor definición de justicia o de aquello que es justo. ¿Por qué? Porque en lugar de asumir un punto T (el contrato social o posición original con su velo de ignorancia) asume un momento T compuesto por sucesivos Ts, antes y después de un momento inicial donde se firme, simbólicamente o no, el contrato social.Siguiendo a Dworkin, vemos que es necesario marcar la distinción entre igualdad de recursos e igualdad de talentos. Utilizando el ejemplo clásico de Wilt Chamberlain, podemos desagregar el problema a través de una argumentación histórico-analítica. La injusta distribución de talentos, ejemplificado en cómo una persona posee atributos para jugar al básquet (o beisbol) y otro posee atributos para jugar al fútbol, nos introduce en la parte central del argumento: si partimos de T-1, es decir, de aquél momento anterior a la aparición del básquet (o beisbol) como virtud, podemos demostrar que el básquet-beisbol como virtud y el fútbol como ausencia de virtud son creaciones humanas. Paso seguido, la justicia como equidad en la distribución de talentos cae en un sinsentido analítico-histórico.Podemos desarrollar el argumento de la siguiente manera: la elección del básquet como virtud ha sido realizada por la sucesión de personas que encumbraron a una de ellas (en el ejemplo de Nozick, Wilt Chamberlain) con atributos distintos a otro(s). La elección del básquet-beisbol como virtud por sobre el fútbol como ausencia de virtud nada tuvo que ver con las habilidades naturales de uno y otro. Así, un error analítico relevante en Dworkin es atribuir una injusta distribución de talentos naturales a aquello que es una distribución distinta que, espontáneamente, devino en la predilección en una determinada sociedad (en nuestro ejemplo, EE.UU.) del básquet-beisbol por sobre el fútbol.Paso seguido, podemos marcar que en T-1 las personas involucradas en la espontánea decisión acerca de preferir básquet sobre fútbol no tenían manera ni derecho de definir o sugerir una futura compensación para aquellos desafortunados que nacerían, décadas o siglos después, con habilidades para jugar fútbol en un lugar (país o economía) con preferencias por el básquet-beisbol. Por ende, si es claro que en T-1 comienza el proceso que llevará a esa sociedad a preferir básquet-beisbol por sobre fútbol pero, paralelamente, comprendemos que esas personas no tienen manera de entender que en el futuro habrá algo llamado básquet (o beisbol) que será preferido por sobre algo llamado fútbol, luego, se sigue que la búsqueda de una justicia distributiva que compense a los que nacerán sin "talentos naturales" deviene sin sentido.Comprender que las personas son anteriores al básquet o beisbol como virtud (es decir, que puede haber personas sin existir el básquet pero no puede haber básquet sin primero existir personas) expone dos cuestiones: por un lado, no es posible ex ante definir una distribución justa para los "untalented" ya que en T-1 nadie tiene manera de saber qué será percibido como "talento natural" y qué será percibido como ausencia de "talento natural". En segundo lugar, el derrotero analítico histórico refleja que, si es que en algún momento es posible hablar rigurosamente sobre justicia distributiva, ese momento analítico deberá incorporar el tiempo como variable necesaria para la medición del valor o valores que serán hipotéticamente distribuidos. No hay valor por fuera del tiempo, es decir, de los distintos momentos que van (en nuestro ejemplo) de la persona, la interacción de las personas, el básquet como virtud y el fútbol como ausencia de virtud. Si es que hay tal cosa como justicia como equidad, el tiempo es condición necesaria no suficiente.2-Algunas consideraciones parcialesEste trabajo ha introducido conceptos que deberán ser precisados y desarrollados: 1) la justicia distributiva asume una teoría del valor pero 2) no la explícita; 3) toda teoría de justicia distributiva debe poseer una teoría del valor, es decir, una definición de por qué las cosas valen ya que, sin ella, no será posible sostener que A y B han alcanzado un (justo) estado de igualdad ya que poseen la misma cantidad de bienes. Esto se encuentra ligado a una confusión central de la Filosofía Política Contemporánea: 4) la propiedad es posterior a la aparición de los hombres. Por ende, es erróneo focalizar (a la Locke) las discusiones sobre la legitimidad de la apropiación en aquello que existe en el mundo exterior. En realidad, 5) el origen de la propiedad es posterior a la acción humana y, por ende, la principal discusión analítica no debiese estar relacionada a una ética de la apropiación del mundo exterior.Por su parte, 6) la opción de salida constituye la principal condición de un contrato social con 7) una premisa moral: la persona debe actuar como si el otro estuviera en lo cierto y uno equivocado. Por su parte, el ejercicio de la opción de salida como condición política principal contribuye a establecer un contrato social dinámico, donde esa opción de salida supone la posibilidad de denunciar el contrato del cual uno es parte.La aparición de "A Theory of Justice" en 1971 ha posibilitado una nueva discusión sobre la validez del contrato social como concepto ético y político explicativo. Hasta "A Theory of Justice", la idea del contrato había quedado debilitada por la rigurosa y sistemática crítica de la larga tradición liberal anti-contractualista que va desde Hume hasta Hayek. Al reincorporar la tradición del contrato en un lugar central del debate, las modernas teorías de justicia nos han dado la posibilidad de repensar sus problemas y limitaciones. Principalmente, la construcción rawlsiana nos ha dado la oportunidad de repensar el contrato incorporando el sofisticado análisis que ha supuesto el velo de ignorancia en la posición original.La opción de salida no sólo contribuye a la construcción analítica de un contrato social dinámico, más aún, la posibilidad de construir un contrato social en sucesivos momentos contribuye a consolidar la idea de información incompleta y, consiguientemente, genera un argumento para que en T2 (un segundo momento contractual) las partes comprendan que las reglas de juego que emanen de allí deben asumir la imposibilidad de aprehender todas las hipotéticas interacciones humanas. Así, en el momento T2 es cuando se articula parte principal del contrato y es allí donde se consolida una idea central: hay un ámbito X donde el contrato sanciona determinadas normas pero fundamentalmente hay otro ámbito Z donde es imposible prever los alcances de la acción humana y, consecuentemente, se sancionan normas restrictivas que comprenden esa imposibilidad. Paso seguido, la comprensión de las partes sobre la imposibilidad política y moral de legislar sobre un amplio espacio es producto de la pre existencia de un contrato social dinámico, conceptualmente relacionado al ejercicio en To de la opción de salida como mecanismo social primario o básico.Como mencionamos, podemos marcar 3 conceptos principales: 1) el contrato no centraliza el acuerdo sino, en cambio, institucionaliza la opción de salida, pudiéndose definir ésta como "la persona política actúa como si el otro estuviera en lo cierto y ella equivocada"; 2) el ejercicio de salida como opción política posibilita la construcción de diversas polis con diversos modus vivendi; 3) el ejercicio de salida como opción política permanente constituye al contrato como mecanismo dinámico. Así, la idea de contrato no es fundacional porque deviene un elemento dinámico. Esto contribuye a una idea más realista del papel de un contrato en los asuntos humanos.Es decir, lo fundacional es la posibilidad de convivencia a partir de legitimar la salida como opción política y ética. A diferencia del contrato clásico, que ve el fin del estado de naturaleza como un punto de inflexión que, mágicamente, acaba con la guerra de todos contra todos y encuentra la paz, el contrato dinámico genera un incipiente ámbito (y en esto es un punto de inflexión) donde las personas acuerdan que el otro tiene la legítima opción de ejercer la salida. Esta forma de pensar el contrato social tiene dos inmediatos puntos a favor: por un lado es más modesto y por ende más realista sobre la naturaleza humana. En segundo lugar, incorpora la dimensión temporal. Esto significa que el contrato puede modificarse paulatinamente sin necesidad de recurrir a un nuevo punto de inflexión neo revolucionario.BibliografíaDworkin, Ronald: "What is Equality? Equality of Resources, Part 2", Philosophy and Public Affairs, vol 2, 1981: 385-445.Hirschman, Albert (1970): "Exit, Voice and Loyalty: Responses in the decline of firms, Organizations and States", Harvard University Press.Nozick, Robert (1974): "Anarchy, State and Utopia", New York: basic Books.Rawls, John (1971): "A Theory of Justice", Harvard University Press.Rawls, John: "Justice as Fairness: Political not Metaphysical," Philosophy and Public Affairs 14, 1985: 223-251.Stanford Encyclopedia of Philosophy: "Contemporary Approaches to the Social Contract" (disponible en internet: http://plato.stanford.edu/entries/contractarianism-contemporary/)*Este artículo fue presentado en la 2° sesión del Seminario Interno de Discusión Teórica 2014, organizado por el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad ORT Uruguay.Pedro Isern es profesor del Depto. Estudios Internacionales, FACS - Universidad ORT Uruguay.Master en Filosofía Política, London School of Economics and Political Science.

La presencia y distribución de contaminantes emergentes en compartimentos ambientales ha sido abordada intensamente en la literatura científica de los últimos años. Los avances en las técnicas y métodos analíticos empleados, el conocimiento de los rangos de concentración de algunos compuestos en determinados escenarios y sus potenciales efectos ecotoxicológicos, entre otros, han sido objeto de un interesante debate científico que ha trascendido a otros ámbitos como el de la legislación ambiental. La mayoría de estos estudios se han centrado en los compuestos tal y como son utilizados en el ámbito doméstico, industrial o agropecuario, pero aún siguen siendo muy escasos los dedicados a los productos de degradación o metabolitos ("los emergentes de los emergentes") en los que los compuestos originales en sus diferentes vías de introducción en el medio ambiente son transformados. De acuerdo con estos antecedentes, el objetivo global planteado en la presente tesis doctoral ha sido doble. Por un lado, el desarrollo de nuevos métodos analíticos, fiables y accesibles, para la determinación conjunta de contaminantes emergentes y metabolitos representativos en diferentes matrices ambientales atendiendo a las carencias advertidas en la literatura científica. Por otro lado, la aplicación de esos métodos, optimizados y validados, en la resolución de casos específicos de interés medioambiental. La tesis se ha estructurado en 5 capítulos. El capítulo 1, antecedentes, incluye una extensa revisión crítica del estado del arte sobre metabolitos de contaminantes emergentes en el medio ambiente. En él se abordan los mecanismos de metabolización de principios activos farmacéuticos y de productos de cuidado personal, las vías de entrada de estos compuestos y sus productos de degradación en el medio ambiente y los potenciales riesgos asociados, y las técnicas de tratamiento y determinación más empleadas en el análisis de estas sustancias en diferentes matrices, finalizando con un apartado sobre perspectivas futuras en este área de estudio. El capítulo 3 está formado por un compendio de 5 artículos científicos publicados, o en vías de publicación, en revistas de primer nivel internacional indexadas en el JCR (Journal Citation Reports). En estos trabajos se proponen nuevos métodos analíticos ad hoc para dar respuestas a las crecientes y recientes demandas, no sólo en el ámbito de la investigación, también en el de la legislación, en el campo de los contaminantes emergentes. Así, en el primer artículo se desarrolló un procedimiento para el análisis simultáneo de un conjunto de contaminantes emergentes propuestos para ser legislados en aguas superficiales, ante la ausencia de métodos de referencia o, en su defecto, lo suficientemente contrastados. Los artículos 2, 3 y 4, profundizan en los métodos y en las técnicas de preparación de diferentes tipos de matrices para la determinación conjunta de un grupo de compuestos representativos de principios activos farmacéuticos y productos de cuidado personal y sus productos de degradación (metabolitos, en este caso). Las propuestas se desarrollaron concretamente para muestras de aguas residuales urbanas y lodos de depuradora (principales fuentes de este tipo de contaminación) y para muestras de aguas superficiales, potables y suelos (principales primeros destinos de estos compuestos por las prácticas habituales de reutilización de aguas y lodos de depuración). Además de la optimización y validación pormenorizada de métodos completos, se realizó un análisis crítico de las propiedades analíticas principales y complementarias de diferentes técnicas para la extracción de los compuestos seleccionados en las matrices mencionadas. Por último, en el artículo 5 se aborda el desarrollo de un método aplicable a un eslabón más avanzado de la cadena de contaminación: la biota. Concretamente, se determinaron simultáneamente ibuprofeno y sus principales metabolitos en mejillones, también como antesala de unos primeros ensayos previstos de bioacumulación y toxicidad. El capítulo 4 está constituido por la reunión de 4 artículos científicos, asociado cada uno de ellos a una aplicación de interés medioambiental de los métodos anteriormente desarrollados. En el primer artículo de este capítulo (numerado como artículo 6), se realizó un seguimiento de los metabolitos y compuestos originales de principios activos farmacéuticos y productos de cuidado personal en las líneas de lodos de varias depuradoras de aguas residuales que empleaban distintas tecnologías. Ello permitió extraer información relevante acerca de la distribución de estos compuestos en relación con las fuentes y sobre su persistencia en el producto final de acuerdo con el tratamiento recibido. En el artículo 7 se estudió, mediante simulación en laboratorio de las condiciones reales, la dinámica de la carbamazepina y sus principales metabolitos en suelos que pueden contaminarse por estos compuestos a través del riego con aguas residuales depuradas o por la aplicación de lodos de depuradora como enmienda agrícola. Entre otros, se demostró la diferencia en los resultados de los ensayos de adsorción para los compuestos individuales y para el conjunto de los mismos, y la influencia de los distintos tipos de suelos ensayados en estos procesos. En el artículo 8 se evaluaron los procesos de degradación de todos los compuestos ya seleccionados en el primer artículo de este capítulo en tres suelos típicos mediterráneos, obteniéndose resultados muy interesantes acerca de la capacidad de adsorción de cada uno de los compuestos y de su persistencia o transformación; procesos todos dependientes de las propiedades físicoquímicas de las sustancias estudiadas y de las características de los suelos ensayados. Por último, en el artículo 9 se evaluó el comportamiento de arcillas modificadas como potencial tecnología de descontaminación para contaminantes emergentes en su formulación original y sus metabolitos; en concreto, se ensayó con la montmorillonita organofuncionalizada con octadecilamina como adsorbente de ibuprofeno y 3 de sus principales metabolitos. El capítulo 5 y último de la tesis recoge las principales conclusiones apuntadas de forma breve con anterioridad. ; The presence and distribution of emerging pollutants in environmental compartments has been intensively addressed in the scientific literature of recent years. The advances in the techniques and analytical methods used, the knowledge of the concentration ranges of some compounds in certain scenarios and their potential ecotoxicological effects, among other related topics, have been the subject of an interesting scientific debate that has transcended to other areas such as environmental legislation. Most of these studies are mainly based on the compounds just as they are used in the domestic, industrial or agricultural environment, but there are still very few studies devoted to degradation products or metabolites (the compounds ¨emerging¨ from emerging compounds) into which the original compounds are transformed in their different introduction routes into the environment. In accordance with these precedents, the global objective proposed in this PhD thesis has been twofold. On the one hand, the development of new, reliable and accessible analytical methods for the joint determination of emerging pollutants and representative metabolites in different environmental matrices, considering the shortcomings noted in the scientific literature. On the other hand, the application of these methods, optimized and validated, in the resolution of specific cases of environmental interest. The thesis has been structured in 5 chapters. Chapter 1, background, includes an extensive critical examination of the state-of-art in metabolites of emerging pollutants in the environment. It addresses the mechanisms of metabolization in pharmaceuticals and personal care products; the entry routes of these compounds and their degradation products into the environment and the potential associated risks, and the most widely used treatment and classification techniques in the analysis of these substances in different matrices, ending with a section on future perspectives in this study area. Chapter 2 describes the main and objectives of the research, as well as the work plan followed to achieve them, including the compounds and matrices selected for the study. Chapter 3 consists of a compendium of five scientific articles which either have been published or are in the process of being published, in leading international journals indexed in the JCR (Journal Citation Reports). In these articles, new ad hoc analytical methods are proposed to respond to recent growing demands, not only in the research but also in the legislative field, regarding emerging pollutants. Thus, in the first article, a procedure was developed for the simultaneous analysis of a set of emerging pollutants proposed to be legislated in surface waters, in the absence of reference methods or, failing that, sufficiently contrasted. Articles 2, 3 and 4 deepen into the methods and techniques for preparing different types of matrices for the joint determination of a group of representative compounds of pharmaceuticals and personal care products and their degradation products (metabolites, in this case). The proposals were developed specifically for samples of urban wastewater and sewage sludge (the main sources of this type of pollution) and for samples of surface water, drinking water and soils (the primary destinations of these compounds due to the common practice of reusing water and sewage sludge). In addition to the optimization and detailed validation of complete methods, a critical analysis of the main and complementary analytical properties of different techniques was carried out for the extraction of the selected compounds in the mentioned matrices. Finally, article 5 addresses the development of a method applicable to a more advanced step in the pollution chain: biota. Specifically, ibuprofen and its main metabolites were simultaneously determined in mussels, also as a prelude to planned bioaccumulation and toxicity tests. Chapter 4 is based on four scientific articles, being each of those associated with an environmental application of the methods previously developed. In the first article of this chapter (numbered as article 6), the metabolites and original compounds of pharmaceuticals and personal care products in the sludge originated in different step from various wastewater treatment plants using different technologies were monitored. That allowed to extract relevant information about the distribution of these compounds in relation to the sources and their persistence in the final product according to the treatment received. In article 7, the dynamics of carbamazepine and its main metabolites in soils that can be contaminated by these compounds through irrigation with treated wastewater or by the application of sewage sludge as organic amendment was studied by means of real conditions simulated in laboratory tests. Among others, the difference in the results of the adsorption tests of each individual compound and of them as a collective, and the influence of the different types of soil tested in these processes was demonstrated. In article 8, the degradation processes of all the compounds chosen in the first article of this chapter were evaluated in three typical Mediterranean soils, obtaining very interesting results about the adsorption capacity of each compound and about their persistence or transformation; processes which are all dependent on the physical-chemical properties of the substances being studied and the characteristics of the soils tested. Finally, in article 9, the behaviour of modified clays as a potential decontamination technology for emerging pollutants in their original formulation and their metabolites was evaluated; Specifically, organofunctionalized montmorillonite with octadecylamine was tested as an adsorbent for ibuprofen and 3 of its main metabolites. Chapter 5, the last chapter of the thesis, contains the most critical and important conclusions which were briefly pointed out previously.

Bitácora del Año segundo de la Peste Cuando por primera vez asistimos a la declaración de una pandemia; cuando por segundo año consecutivo la vida colectiva se restringe y la crisis económica y política se profundizan; cuando lo cotidiano y lo doméstico continúan apoderándose de la energía que antes dejábamos en instituciones, en calles y en bares… ¿qué se sostiene? ¿Qué se mantiene con algún sentido todavía, atravesando todas las dificultades y los nuevos desafíos virtuales? Este equipo no dudó de que los proyectos colectivos de reflexión y producción intelectual tenían que continuar. Prueba de ello es el extenso índice de este número, que de ser impreso como nos gustaría tendría un lomo grueso y bien visible en nuestras bibliotecas. Difícil decidir cuál merece ser destacado. A las nuevas entregas de las secciones Sexo y revolución, a cargo de Laura Fernández Cordero, e Historia de libro y la edición, coordinada por Ezequiel Saferstein, se suma desde este número la sección Centro de documentación para el estudio de las izquierdas, que coordinan Lucas Domínguez Rubio y Horacio Tarcus, y que en esta entrega cuenta con tres artículos —traducidos especialmente— sobre tres instituciones que antecedieron al CeDInCI en la tarea de preservación documental de las izquierdas: la Biblioteca-Instituto Fetrinelli, el Instituto Marx-Engels y el Archivo de Bakunin. Pese a las restricciones, entre el último número de Políticas de la memoria y esta nueva edición, los meses vinieron muy cargados de cuestiones políticas globales de fuerte impacto y de coyunturas locales vertiginosas. Las transformaciones en los espacios y las lógicas de trabajo y la crisis de cuidado generalizada que desató la pandemia, demostraron la pertinencia y la oportunidad histórica de los aportes que venían haciendo los feminismos. Y ello se acompañó de una perplejidad generalizada que puso en jaque nuestros supuestos sobre el futuro, pero también nuestras formas de reflexionar sobre el pasado. Más sentido aún adquiere una revista que intenta pensar de manera crítica las políticas de la memoria y sus efectos presentes. Sin dudas, fue un año en el que consolidamos nuestros aprendizajes sobre la vida virtual. Con la sede semicerrada por las restricciones sanitarias y los protocolos inestables, despotricamos contra las plataformas virtuales, pero también les agradecimos que nos permitieran abrir nuestra pequeña sala al mundo de una manera que no habíamos previsto y, al final, comenzamos a experimentar no sin temblor los primeros reencuentros presenciales. El fin de la URSS, treinta años después Otra cuestión que signó este segundo año de pandemia fue la respuesta a la ingenua pregunta de cuán mejores nos haría la nueva crisis global, crisis que coincide con un inquietante resurgir de las derechas a escala mundial. Y todo ello en un año en el que se cumplen tres décadas de un acontecimiento que nos introdujo en otra crisis global: la disolución de la Unión Soviética. Tres décadas es distancia más que suficiente para volver a un evento de vital importancia no sólo para Rusia sino también para todo el mundo. Y es también distancia más que suficiente para hacer necesario ese regreso. Son las renovadas preocupaciones sobre el presente las que coordinan las preguntas que hacemos al pasado con la esperanza de poder encontrar allí insumos que nos ayuden a entender nuestra propia actualidad. La pregunta por la disolución de la URSS no sólo nos permite comprender mejor los múltiples factores que intervinieron allí, sino también el impacto y los alcances que dicho evento generó en dos dimensiones fundamentales: el reordenamiento global del espacio ruso y la viabilidad del proyecto comunista. Varias cuestiones que sobrevuelan hoy la realidad de Rusia y del mundo están atravesadas por la problemática relación que el presente ruso establece con su pasado soviético y su traumático fin. Sin dudas, la disolución de la Unión Soviética marcó para todos aquellos que vivían en su territorio el fin de un proyecto compartido y de un universo que, a pesar de sus múltiples falencias, les resultaba familiar. En ese sentido, la caída significó para todos ellos —o al menos para una gran mayoría— lo que podríamos considerar como un "fin del mundo". Pero, y como bien apunta Alejandro Galliano en su último libro, "después del fin del mundo, el mundo siguió existiendo". Por lo tanto, quienes continuaron viviendo en la Rusia post-soviética tuvieron que pensar el modo en el cual reconstruir ese mundo después del fin del mundo en sus múltiples sentidos. La recomposición de la identidad nacional no fue una cuestión menor. Hacia allí se dirigió el Estado, sobre todo a partir de la llegada a la presidencia de Vladímir Putin en el año 2000, luego de la década maldita de 1990 que Boris Yeltsin había comandado aplicando una doctrina de shock que pauperizó la vida social interna y degradó a Rusia de la escena global, además de mostrar signos erráticos y confusos para responder a la inquietante pregunta de quiénes son los rusos. Sobre todo desde el tercer mandato de Putin, que se inició en 2012, el problema de la identidad nacional comenzó a resolverse con un fuerte rol del Estado, privilegiando una intención geopolítica de reposicionamiento global de Rusia y con una fuerte impronta conservadora que coloca a Rusia como guardiana de valores tradicionales pervertidos por Occidente. La salida propuesta por Putin apuntó entonces a privilegiar el orden por sobre cualquier atisbo de cambio social. Esto, sin embargo, no es un producto de su pasado como espía ni del camino especial ruso, sino apenas un capítulo más dentro del resurgimiento de los neoconservadurismos a nivel global. En ese sentido, el gobierno ruso atina a reforzar su carácter nacionalista y conservador con el fin de reconstituir el lazo social y saldar cuentas con su pasado soviético, pero también para acallar a la oposición y disimular su incapacidad de hacer frente a la crisis económica y social que ya lleva varios años. La caída de la Unión Soviética legó problemas para Rusia y el mundo que, como muestra el actual resurgimiento mundial de las derechas, todavía pretenden ser resueltos con un espíritu cada vez más lejano de los ideales que le dieron nacimiento en 1917. Nuestro nuevo número Entre los problemas legados por la Unión Soviética se encuentra el que recorre el dossier Trotskismos latinoamericanos: la (im)posibilidad de que los gobiernos comunistas contengan a sus oposiciones de izquierda. El movimiento trotskista no logró cumplir con las expectativas de su fundador: constituirse en la segunda posguerra en la dirección revolucionaria de recambio. Los dos anuncios del Programa de Transición trotskista habían fallado, pues el stalinismo salía fortalecido de la guerra y el capitalismo se mostraba capaz de desarrollar las fuerzas productivas más allá de lo imaginable en las primeras décadas del siglo XX. A pesar de su constante fragmentación y de nadar una vez más contra la corriente, los trotskismos de nuestro continente lograron por momentos trascender la dimensión testimonial y escribir algunas páginas de la historia latinoamericana. Además de las investigaciones de Andrey Schelchkov y de Dainis Karepovs, nuestro dossier ofrece dos documentos inéditos: el Diario de Samuel Glusberg en México, en el que narra sus encuentros con Trotsky y Diego Rivera, y la entrevista de Juan José Sebreli a Nahuel Moreno sobre los años de formación de su corriente política. Al dossier Trotskismos latinoamericanos se suma uno sobre Historia intelectual. Por un lado, a pedido de nuestra revista, el historiador Christophe Prochasson —reconocido por sus estudios sobre el socialismo francés y los intelectuales— preparó una reflexión sobre la historia intelectual en el espacio europeo, reflexión que prosigue la investigadora del CeDInCI Mariana Canavese centrándose en el espacio argentino de las últimas dos décadas. Y hay más. No podía faltar en este nuevo número un problema que ensayó una breve vía de resolución en los comienzos de la Unión Soviética y que, como mencionamos, la pandemia puso en el centro: la politización del reducto doméstico para remediar las inequidades en el reparto de las labores de limpieza, cuidados y crianza. Las dos décadas transcurridas del siglo XXI comprueban el acierto de un movimiento de carácter internacional como el feminista, que no reduce sus intercambios y reflexiones a los ámbitos locales, sino que potencia su crítica en el escenario global. Que la construcción de ese movimiento lleva décadas lo demuestra la nueva entrega de la sección del Programa de memorias políticas y sexogenéricas, Sexo y Revolución. Allí se compilan las huellas en la prensa de uno de los tantos episodios de intercambio y diálogo de las izquierdas en torno a la "cuestión sexual" en clave revolucionaria. Como un antecedente, entre tantos, de la agitación de las identidades y las luchas sexogenéricas, la escritora y librepensadora brasileña Maria Lacerda de Moura realizó una serie de conferencias en el Buenos Aires de hace casi un siglo en diálogo con los espacios más combativos, en especial, el anarquismo. Su escritura y su presentación pública enlazaba una renovación del "problema sexual" con una fuerte denuncia del fascismo imperante. Recuperar estas aparentes anécdotas menores fortalece las luchas presentes, sobre todo porque no las alimenta de heroicidades ni grandes nombres, sino de una construcción colectiva persistente e inclaudicable. Del mismo modo, recuerda esas vertientes de los feminismos y los activismos LGBT+ que no se detienen en una necesaria batalla por reconocimientos y derechos, sino que tienen en su horizonte un cambio radical. Last but not least, Políticas de la memoria n° 21 vuelve a ocuparse, como en números anteriores, de la historiografía de las izquierdas. En esta entrega lo hace con una encuesta sobre los estudios anarquistas preparada por las investigadoras María Miguelañez Martínez e Ivanna Margarucci, y con dos dossiers temáticos. En suma, presentamos un nuevo número de Políticas de la memoria y nos reconforta confirmar que esa decisión no fue solitaria sino acompañada por decenas de personas que colaboraron con sus textos y con ello reafirmaron que al infortunio global y al empobrecimiento generalizado de las condiciones de vida, se le oponen intervención intelectual y escritura comprometida. Más allá de estas palabras preliminares, la aparición de un nuevo número es una manera de afirmar que, contra la adversidad económica y política, apostamos a la escritura del compromiso, la reflexión crítica y el archivo vital que hace a la historia de las izquierdas. El Colectivo Editor

En Colombia, el feminicidio es un tipo penal cerrado, en cuya estructura de delito autónomo, el legislador determinó, según el artículo 2° de la Ley Rosa Elvira Cely LREC, que el sujeto pasivo es la mujer cis, considerada así desde lo biológico, en razón de su sexo de nacimiento. En la jurisprudencia colombiana, cometer feminicidio es causar la muerte a una mujer, necesariamente motivada "por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, móvil que hace parte del tipo dolo calificado" (Sentencia C-297 de 2016). Según Ramos de Mello (2015), en el feminicidio "el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de respetar sus derechos humanos, de actuar con legalidad y de hacerse respetar, de buscar y administrar la justicia, de prevenir y erradicar la violencia que ocasiona"; mientras que, las teorías sociológicas consideran al feminicidio como un crimen de Estado (Legarde, 2008) o como violencia sexual sistemática, propia de las relaciones de poder: social, cultural (machismo, patriarcado), política y económica, dominantes (Monárrez, 2009). En la LREC, el legislador no definió con precisión que el sujeto pasivo en el delito de feminicidio allí consagrado, podría extenderse a personas transgénero, concepto general que para la CIDH de la OEA constituye una denominación básica para designar a "aquellas personas cuya identidad de género u orientación sexual es diferente de las expectativas basadas en características físicas sexuales o en el sexo que les fue asignado al momento del nacimiento" (CIDH-OEA, 2015); los modelos o estereotipos sociales establecen disimilitudes en la sociedad, aunque la perspectiva antropológica del rol de mujer trans (travesti, transexual y transgénero), no necesariamente está vinculada a procedimientos médico-quirúrgicos para la reasignación de sexo, sino a la construcción de la identidad de género (Cano-Caballero, 2010). En la sociedad contemporánea, existen grupos de personas LGBTI, considerados vulnerables por su diversidad sexual, quienes no tienen regulados sus derechos de identidad jurídica en la legislación nacional, a pesar que la comunidad jurídica internacional se los haya reconocido en razón o por su condición de género (CIDH, 2015); situación que los expone al prejuicio que a su vez los hace objeto de violencia y estigmatización (Ramos-Salcedo & González-Mauricio, 2015). De otra arista, el orden social en los Estados no está organizado estructuralmente para dar prioridad y adaptar procesos pertinentes con identidad de género o sexual, por lo cual deberían ser considerados como "construcción del cuerpo social como eje de transversalidad para la culturización y la difusión de información, para que la sociedad contemporánea, respete y asimile un proceso más inclusivo, que genere mayor atención hacia el cuerpo distinto, presente en la persona" (Cedeño & Cedeño, 2018). En Colombia, los derechos de las personas LGBTI no solo son irrespetados, sino que además no le son garantizados a plenitud, dado que, las autoridades de tipo judicial y administrativa, "anteponen el estereotipo o prejuicio al momento de aplicar la legislación o por una actitud omisiva desconocen las precarias e infravaloradas condiciones y estigmatización social" (Colombia Diversa, 2020); debido quizá a que el sistema está cimentado sobre la base del binarismo de género, invisibilizando a las mujeres trans y desconociendo la realidad de personas con género no binario. Aunque la Corte Constitucional colombiana ha sentado jurisprudencia a través de múltiples sentencias en materia de derechos de parejas del mismo sexo, en el país persiste la discriminación homofóbica por razones de orientación sexual e identidad de género, registrándose en forma continua, la vulneración a los derechos humanos y fundamentales como la integridad personal, la libertad, la intimidad, la libertad de expresión, a pesar de las normas y las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan por su garantía. Transcurridos dos decenios del siglo XXI, estos derechos de las personas transgénero siguen siendo ignorados y como personas humanas, "marginados y discriminados por una sociedad que le niega la existencia de una identidad de género propia de las personas trans, el derecho de igualdad sin distinción de sexo o género, sin exclusión" (Cardona-Cuervo, 2016; Godoy, 2019). El no reconocer de forma incluyente a la persona trans, mediante política pública o legislación más precisa, desatiende la valoración social, la identidad de género no normativa y la identidad jurídica, siendo un condicionamiento que conlleva a la incorrecta imputación como homicidio agravado, al tipo penal de feminicidio cuyo sujeto pasivo es la mujer-adolescente trans. En esta tesis se desarrolla una investigación sociojurídica tipo analítica y comparada, dado su método de análisis interseccional de contenido, basado en fuentes de doctrina, jurisprudencia y política criminal, así como del derecho comparado con países de Latinoamérica en cuya legislación se incluya el tipo penal de feminicidio delimitando su unidad de análisis a adolescente transgénero y el sintagma gnoseológico se desarrolla mediante tratamiento multidimensional e interdisciplinar, con tres categorías analíticas abordadas desde la antropología social, psicología, derecho y ciencia forense; para determinar la construcción social e identidad jurídica como mujer-adolescente transgénero, necesaria para proponer su inclusión taxativa como sujeto pasivo en la LREC. Desde lo procesal-penal, se propone el protocolo de actuación médico forense y se incorporan los elementos socio-jurídicos incidentes que, como mecanismo judicial se requieren direccionar para una efectiva imputación en el proceso de investigación criminal del feminicidio transgénero. Desde lo académico, el problema jurídico y su solución, se abordan desde el conocimiento interdisciplinario y transdisciplinario en las áreas de Antropología, Derechos Humanos, Ciencia Forense, Derecho Procesal-Penal y Criminología; con lo cual se logra un aporte transversal, contemporáneo y de impacto sociojurídico, que genera una prospectiva como nueva línea de investigación y futuras investigaciones de alto impacto a nivel teórico e institucional en la USTA. ; In Colombia, Femicide is a closed criminal type, in whose structure of autonomous crime, the legislator determined, according to article 2 of the Rosa Elvira Cely LREC Law, that the taxable person is the woman considered thus from the biological point of view, in reason for your birth sex In Colombian jurisprudence, committing Femicide is causing the death of a woman, necessarily motivated "by her condition of being a woman or by reasons of her gender identity, motive that is part of the type of qualified fraud" (Sentence C-297 of 2016). According to Ramos de Mello (2015), in Femicide "the State is incapable of guaranteeing the lives of women, of respecting their human rights, of acting legally and enforcing respect, of seeking and administering justice, of preventing and eradicating the violence it causes "; While, sociological theories consider Femicide as a crime of the State (Legarde, 2008) or as systematic sexual violence, typical of power relations: social, cultural (machismo, patriarchy), political and economic, dominant (Monárrez, 2009 ). In the Rosa Elvira Cely Law, the legislator did not precisely define that the taxpayer in the crime of Femicide enshrined therein, could be extended to transgender people, a general concept that for the IACHR of the OAS constitutes a basic denomination to designate "those persons whose identity of gender or sexual orientation is different from the expectations based on sexual physical characteristics or on the sex assigned to them at the time of birth "(IACHR-OEA, 2015); social models or stereotypes establish dissimilarities in society, although the anthropological perspective of the role of trans women (transvestites, transsexuals and transgender), is not necessarily linked to medical-surgical procedures for the reassignment of sex, but to the construction of identity gender (Cano-Caballero, 2010). In contemporary society, there are groups of LGBTI people, considered vulnerable due to their sexual diversity, who do not have their legal identity rights regulated in national legislation, despite the fact that the international legal community has recognized them by reason or by their status as gender (IACHR, 2015); a situation that exposes them to prejudice that in turn makes them the object of violence and stigmatization (Ramos-Salcedo & González-Mauricio, 2015). On the other hand, the social order in the States is not structurally organized to prioritize and adapt pertinent processes with gender or sexual identity, for which they should be considered as "construction of the social body as an axis of transversally for culturalization and dissemination of information, so that contemporary society respects and assimilates a more inclusive process that generates greater attention to the different body present in the person" (Cedeño & Cedeño, 2018). In Colombia, the rights of LGBTI people are not only disrespected, but they are also not fully guaranteed, given that judicial and administrative authorities "put the stereotype or prejudice before applying the legislation or by a omisive attitude ignore the precarious and undervalued conditions and social stigmatization "(Colombia Diversa, 2020); perhaps due to the fact that the system is founded on the basis of gender binaries, making trans women invisible and ignoring the reality of people with non-binary gender. Although the Colombian Constitutional Court has established jurisprudence through multiple judgments on the rights of same-sex couples, homophobic discrimination persists in the country for reasons of sexual orientation and gender identity, with the violation of rights being continuously recorded. human and fundamental such as personal integrity, freedom, privacy, freedom of expression, despite the rules and Non-Governmental Organizations that work for their guarantee. After two decades of the 21st century, these rights of transgender people continue to be ignored and as human persons, "marginalized and discriminated against by a society that denies the existence of a gender identity typical of trans people, the right to equality without distinction. of sex or gender, without exclusion" (Cardona-Cuervo, 2016; Godoy, 2019). Not recognizing the trans person in an inclusive way, through public policy or more precise legislation, neglects social valuation, non-normative gender identity and legal identity, being a condition that leads to the incorrect imputation as aggravated homicide, to a criminal type of Femicide whose taxpayer is the transgender woman-adolescent. In this thesis, an analytical and comparative socio-legal research is developed, given its method of intersectional content analysis, based on sources of doctrine, jurisprudence and criminal policy, as well as comparative law with Latin American countries in whose legislation the criminal type is included from feminicide, delimiting its unit of analysis to a transgender adolescent and the epistemological phrase is developed through multidimensional and interdisciplinary treatment, with three analytical categories approached from social anthropology, psychology, law and forensic science; to determine the social construction and legal identity as a transgender woman-adolescent, necessary to propose her exhaustive inclusion as a taxpayer in the LREC. From the procedural-criminal point of view, the forensic medical action protocol is proposed and the incident socio-legal elements are incorporated that, as a judicial mechanism, are required to address for an effective imputation in the criminal investigation process of transgender Femicide. From the academic point of view, the legal problem and its solution are approached from interdisciplinary and transdisciplinary knowledge in the areas of Anthropology, Human Rights, Forensic Science, Procedural-Criminal Law and Criminology; with which a transversal, contemporary contribution with a socio-legal impact is achieved, which generates a prospective as a new line of research and future research of high impact at the theoretical and institutional level in the USTA. ; Magister en Derecho Penal y Procesal Penal

Mención Internacional en el título de doctor ; This thesis has been developed at University Carlos III of Madrid, motivated through a collaboration with the Gregorio Marañón General University Hospital, in Madrid. It is framed within the field of Penalized Linear Models, specifically Variable Selection in Regression, Classification and Survival Models, but it also explores other techniques such as Variable Clustering and Semi-Supervised Learning. In recent years, variable selection techniques based on penalized models have gained considerable importance. With the advance of technologies in the last decade, it has been possible to collect and process huge volumes of data with algorithms of greater computational complexity. However, although it seemed that models that provided simple and interpretable solutions were going to be definitively displaced by more complex ones, they have still proved to be very useful. Indeed, in a practical sense, a model that is capable of filtering important information, easily extrapolated and interpreted by a human, is often more valuable than a more complex model that is incapable of providing any kind of feedback on the underlying problem, even when the latter offers better predictions. This thesis focuses on high dimensional problems, in which the number of variables is of the same order or larger than the sample size. In this type of problems, restrictions that eliminate variables from the model often lead to better performance and interpretability of the results. To adjust linear regression in high dimension the Sparse Group Lasso regularization method has proven to be very efficient. However, in order to use the Sparse Group Lasso in practice, there are two critical aspects on which the solution depends: the correct selection of the regularization parameters, and a prior specification of groups of variables. Very little research has focused on algorithms for the selection of the regularization parameters of the Sparse Group Lasso, and none has explored the issue of the grouping and how to relax this restriction that in practice is an obstacle to using this method. The main objective of this thesis is to propose new methods of variable selection in generalized linear models. This thesis explores the Sparse Group Lasso regularization method, analyzing in detail the correct selection of the regularization parameters, and finally relaxing the problem of group specification by introducing a new variable clustering algorithm based on the Sparse Group Lasso, but much more flexible and that extends it. In a parallel but related line of research, this thesis reveals a connection between penalized linear models and semi-supervised learning. This thesis is structured as a compendium of articles, divided into four chapters. Each chapter has a structure and contents independent from the rest, however, all of them follow a common line. First, variable selection methods based on regularization are introduced, describing the optimization problem that appears and a numerical algorithm to approximate its solution when a term of the objective function is not differentiable. The latter occurs naturally when penalties inducing variable selection are added. A contribution of this work is the iterative Sparse Group Lasso, which is an algorithm to obtain the estimation of the coefficients of the Sparse Group Lasso model, without the need to specify the regularization parameters. It uses coordinate descent for the parameters, while approximating the error function in a validation sample. Moreover, with respect to the traditional Sparse Group Lasso, this new proposal considers a more general penalty, where each group has a flexible weight. A separate chapter presents an extension that uses the iterative Sparse Group Lasso to order the variables in the model according to a defined importance index. The introduction of this index is motivated by problems in which there are a large number of variables, only a few of which are directly related to the response variable. This methodology is applied to genetic data, revealing promising results. A further significant contribution of this thesis is the Group Linear Algorithm with Sparse Principal decomposition, which is also motivated by problems in which only a small number of variables influence the response variable. However, unlike other methodologies, in this case the relevant variables are not necessarily among the observed data. This makes it a potentially powerful method, adaptable to multiple scenarios, which is also, as a side effect, a supervised variable clustering algorithm. Moreover, it can be interpreted as an extension of the Sparse Group Lasso that does not require an initial specification of the groups. From a computational point of view, this paper presents an organized framework for solving problems in which the objective function is a linear combination of a differentiable error term and a penalty. The flexibility of this implementation allows it to be applied to problems in very different contexts, for example, the proposed Generalized Elastic Net for semisupervised learning. Regarding its main objective, this thesis offers a framework for the exploration of generalized interpretable models. In the last chapter, in addition to compiling a summary of the contributions of the thesis, future lines of work in the scope of the thesis are included. ; Esta tesis se ha desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid motivada por una colaboración de investigación con el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid. Está enmarcada dentro del campo de los Modelos Lineales Penalizados, concretamente Selección de Variables en Modelos de Regresión, Clasificación y Supervivencia, pero también explora otras técnicas como Clustering de Variables y Aprendizaje Semi-Supervisado. En los últimos años, las técnicas de selección de variables basadas en modelos penalizados han cobrado notable importancia. Con el avance de las tecnologías en la última década, se ha conseguido recopilar y tratar enormes volúmenes de datos con algoritmos de una complejidad computacional superior. Sin embargo, aunque parecía que los modelos que aportaban soluciones sencillas e interpretables iban a ser definitivamente desplazados por otros más complejos, han resultado ser todavía muy útiles. De hecho, en un sentido práctico, muchas veces tiene más valor un modelo que sea capaz de filtrar información importante, fácilmente extrapolable e interpretable por un humano, que otro más complejo incapaz de aportar ningún tipo de retroalimentación al problema de fondo, incluso cuando este último ofrezca mejores predicciones. Esta tesis se enfoca en problemas de alta dimensión, en los cuales el número de variables es del mismo orden o superior al tamaño muestral. En este tipo de problemas, restricciones que eliminen variables del modelo a menudo conducen a un mejor desempeño e interpretabilidad de los resultados. Para ajustar regresión lineal en alta dimensión el método de regularización Sparse Group Lasso ha demostrado ser muy eficiente. No obstante, para utilizar en la práctica el Sparse Group Lasso, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales de los cuales depende la solución, que son la correcta selección de los parámetros de regularización, y una especificación previa de grupos de variables. Muy pocas investigaciones se han centrado en algoritmos para la selección de los parámetros de regularización del Sparse Group Lasso, y ninguna ha explorado el tema de la agrupación y cómo relajar esta restricción que en la práctica constituye una barrera para utilizar este método. El principal objetivo de esta tesis es proponer nuevos métodos de selección de variables en modelos lineales generalizados. Esta tesis explora el método de regularización Sparse Group Lasso, analizando detalladamente la correcta selección de los parámetros de regularización, y finalmente relajando el problema de la especificación de los grupos mediante un nuevo algoritmo de agrupación de variables basado en el Sparse Group Lasso, pero mucho más flexible y que lo extiende. En una línea de investigación paralela, pero relacionada, esta tesis revela una conexión entre los modelos lineales penalizados y el aprendizaje semi-supervisado. Esta tesis está estructurada en formato por compendio de artículos, dividida en cuatro capítulos. Cada capítulo tiene una estructura y contenidos independiente del resto, sin embargo, siguen todos un eje común. Primeramente, se introducen los métodos de selección de variables basados en regularización, describiendo el problema de optimización que aparece y un algoritmo numérico para aproximar su solución cuando una parte de la función objetivo no es diferenciable. Esto último ocurre de manera natural cuando se añaden penalizaciones que inducen selección de variables. Una de las aportaciones de este trabajo es el iterative Sparse Group Lasso, que es un algoritmo para obtener la estimación de los coeficientes del modelo Sparse Group Lasso, sin la necesidad de especificar los parámetros de regularización. Utiliza descenso por coordenadas para los parámetros, mientras aproxima la función de error en una muestra de validación. Además, con respecto al Sparse Group Lasso clásico, esta nueva propuesta considera una penalización más general, donde cada grupo tiene un peso flexible. En otro capítulo se presenta una extensión que utiliza el iterative Sparse Group Lasso para ordenar las variables del modelo según un índice de importancia definido. La introducción de este índice está motivada por problemas en los cuales hay un número elevado de variables, de las cuales solamente unas pocas están relacionadas directamente con la variable respuesta. Esta metodología es aplicada a unos datos genéticos, mostrando resultados prometedores. Otra importante aportación de esta tesis es el Group Linear Algorithm with Sparse Principal decomposition, que está motivado también por problemas en los cuales solamente un número reducido de variables influye en la variable respuesta. Sin embargo, a diferencia de otras metodologías, en este caso las variables influyentes no necesariamente están entre las características observadas. Esto lo convierte en un método muy potente, adaptable a múltiples escenarios, que además, como efecto secundario, es un algoritmo supervisado de agrupación de variables. En un sentido, puede interpretarse como una extensión del Sparse Group Lasso que no requiere una especificación inicial de los grupos. Desde un punto de vista computacional, este trabajo presenta un enfoque organizado para resolver problemas en los cuales la función objetivo es una combinación lineal de un término de error diferenciable y una penalización. La flexibilidad de esta implementación le permite ser aplicada a problemas en contextos muy diferentes, por ejemplo, el Generalized Elastic Net propuesto para aprendizaje semi-supervisado. Con relación a su principal objetivo, esta tesis ofrece un marco para la investigación de modelos generalizados interpretables. En el último capítulo, además de recopilarse un resumen de las aportaciones de la tesis, se incluyen líneas de trabajo futuro en el ámbito de la temática de la tesis. ; Simulations in Sections 3.3 and 3.4 have been carried out in Uranus, a supercomputer cluster located at Universidad Carlos III de Madrid and funded jointly by EU-FEDER funds and by the Spanish Government via the National Projects No. UNC313-4E-2361, No. ENE2009-12213- C03-03, No. ENE2012-33219 and No. ENE2015-68265-P. ; Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática por la Universidad Carlos III de Madrid ; Presidente: María Luz Durban Reguera.- Secretario: Alberto José Ferrer Riquelme.- Vocal: Jeff Goldsmith

Conseguir una economía mundial libre de carbono es de vital importancia para evitar el aumento de las temperaturas del planeta y sus fatales consecuencias para la humanidad. Para lograr ese objetivo se están llevando a cabo grandes avances en el desarrollo tanto de energías renovables como de vehículos más limpios. En el caso de los vehículos esos avances se están centrando principalmente en mejorar la eficiencia de los motores combustión, reducir la emisión tanto de gases de efecto invernadero como de otros perjudiciales para la salud y en el desarrollo de vehículos libres de emisiones directas, como los vehículos eléctricos. Estos avances hacía la obtención de automóviles más limpios está provocando un cambio en la actual flota de vehículos y se espera que en las próximas décadas habrá una renovación total de la misma. La nueva generación de vehículos reducirá en gran parte su dependencia con relación a los combustibles fósiles, sin embargo a cambio demandará una gran cantidad de recursos naturales, tan valiosos e incluso más escasos en ocasiones que el petróleo. Algunos de estos recursos serán: Co, Ni, Mn o Li para fabricar baterías; Ga, Ge, Y para hacer sistemas de iluminación tipo LEDs; Nd, Dy, Pr para construir imanes permanentes de motores eléctricos; Pt, Pd, Zr para hacer catalizadores que reduzcan la contaminación; Au, Ag, Sn, Ta, Yb para fabricar unidades electrónica; Ce, Tb, Se, La para hacer sensores o Nb, Mo, Cr, Ti, V, Sc, W para hacer aleaciones de acero de alta resistencia. Lamentablemente, estos recursos son finitos y algunos de ellos incluso ya son considerados como críticos por la Comisión Europea y otras instituciones internacionales. Una de las soluciones para mejorar la sostenibilidad en la fabricación de vehículos desde el puntode vista de los materiales que se emplean es el reciclaje. Sin embargo hay dos grandes problemas en torno al mismo. Por un lado los ratios de reciclaje no están avanzando tan rápidamente como la demanda de materiales y por otro lado las políticas de reciclaje no incentivan la recuperación de metales escasos. En la actualidad, los objetivos de reciclaje de vehículos se fijan en alcanzar un porcentaje de reciclabilidad sobre la masa total del vehículo. Para conseguir esas cuotas de reciclaje se llevan a cabo convencionalmente procesos mecánicos de separación de materiales. Estos procesos son de baja intensidad energética y a la vez muy eficaces para recuperar los metales que se emplean en mayores cantidades (acero, aluminio o cobre) pero resultan ineficaces para recuperar metales empleados en pequeñas proporciones (metales críticos o escasos). Como consecuencia, los metales críticos terminan subciclados en los procesos de fabricación de aleaciones de acero o aluminio y en el peor de los casos dispersos en un vertedero. Esta tesis se desarrolla con el objetivo principal de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos necesarios para la fabricación de automóviles. Para conseguir dicho propósito se presenta una metodología que mide la eficiencia en el uso de los recursos e identifica posibles restricciones de suministro de metales. La metodología desarrollada se basa en la aplicación de la segunda ley termodinámica y el concepto de rareza termodinámica. Este enfoque cuantifica el valor real físico de todos los metales empleados y destaca en especial la aportación de aquellos cuya contribución al peso total del vehículo es pequeña, pero cuya escasez y por tanto su valor para el planeta es elevada. Este método evalúa la calidad de los materiales en función de su abundancia en la naturaleza y la energía útil (exergía) requerida tanto para extraerlos como para procesarlos y ponerlos a disposición de las industrias. Además del enfoque termodinámico, en esta Tesis se analizan las posibles restricciones de metales que puedan surgir en las próximas décadas. Para ello se aplica un modelo que considera la disponibilidad geológica de materiales (reservas y recursos), la capacidad de producción anual de los metales, la demanda anual estimada de cada metal, la demanda acumulada hasta 2050, la evolución de las cuotas de reciclaje y el impacto de la demanda de materiales de otros sectores. Los métodos desarrollados se aplican a diferentes tipos de vehículos (ICEV1, PHEV2 y BEV3) y han permitido alcanzar entre otros los siguientes resultados principales: (1) Desde el punto de vista del valor mineral de los recursos empleados, un vehículo eléctrico demanda 2.2 veces más recursos que un vehículo de combustión; (2) Hay 31componentes críticos en un vehículo convencional desde la perspectiva de los materiales que emplean; (3) Se han definido recomendaciones de ecodiseño para esos componentes basadas en reducir la demanda de metales escasos y mejorar tanto su reciclabilidad como su reusabilidad; (4) En los actuales procesos de reciclaje de vehículos un 27 % del valor mineral de los metales no se recicla funcionalmente; (5) Se han propuesto recomendaciones para la reducción de dichas pérdidas; (6) Se ha definido un ranking de los metales más estratégicos para el sector de la fabricación de vehículos siendo los 10 más estratégicos los siguientes: Ni, Li, Tb, Co, Dy, Sb, Nd, Pt, Au y Ag. Las contribuciones de esta Tesis son de gran valor para mejorar la sostenibilidad del sector de la fabricación de vehículos desde la perspectiva de los materiales que se emplean y están principalmente dirigidas a los siguientes grupos de interés: (1) Los diseñadores de vehículos, porque les ayudará a identificar propuestas de ecodiseño desde la perspectiva de los materiales; (2) Los responsables de desarrollar políticas en torno a la eficiencia en el uso de los recursos, ya que demuestra la debilidad de las políticas actuales basadas en el peso de los materiales y ofrece como alternativa un método que evalúa tanto la cantidad como la calidad de los materiales; (3) Los ejecutivos de las empresas, porque les presenta la dependencia y vulnerabilidad de la tecnología sobre ciertos materiales y les ayudará a planificar con antelación líneas de I+D+i basadas en la eficiencia en el uso de los recursos. ; Decarbonizing world economies is necessary to avoid the continuous increase of global temperature and its negative consequences for humanity. To get this ambitious target new advances in the fields of power generation with renewables and mobility with cleaner vehicles are being made. In the case of vehicles, these advances are being mainly focused on improving the performance of combustion engines, to reduce greenhouse and polluting emissions and the development of free direct emission vehicles like the electric ones. Advances towards cleaner vehicles are encouraging the continuous renovation of vehicle fleet so it is expected that in the following decades a complete renovation will take place. This new generation of vehicles will significantly reduce its fossil dependency. But in contrast, it will demand a huge quantity of other kinds of natural resources being some of them even scarcer than oil. Some of these resources will be necessary to manufacture the following components: batteries (Co, Ni, Mn or Li); LEDs for lighting (Ga, Ge, Y); permanent magnets for motors (Nd, Dy, Pr); catalytic converters (Pt, Pd, Zr); electronic units (Au, Ag, Sn, Ta, Yb), different kinds of sensors (Ce, Tb, Se, La), infotainment screens (In); automotive high performance steel or aluminum alloys (Nb, Mo, Cr, Ti, V, Sc, W) or injectors (Tb). Unfortunately these resources are finite and some of them are very scarce being even considered as critical for the European Commission and other institutions from several perspectives such as vulnerability, economic importance, supply, or ecological risks. One of the solutions to improve resource efficiency in vehicles is to recycle these valuable metals. Nevertheless, there are two main problems around the recycling situation. On one hand, recycling rates are not growing up as faster as metal demand. On the other hand, current recycling policies define targets based on mass weight approaches, and even if they are ambitious, they fail in enhancing the recycling of minor but critical metals. The legislation compliance is achieved by means of applying mechanical separation techniques. These processes are effective to recycle those metals with the highest contribution in the vehicle weight (steel, aluminum and copper) but they are not effective for the recovery of minor metals like those that are scarce and/or critical. Consequently, minor metals end downcycled during steel or aluminum smelting or in the worst case they finish dispersed in landfills. This Thesis is presented with the main aim to improve the resource efficiency in the vehicle manufacturing sector. To accomplish with this aim, a novel method for measuring the resource efficiency and to identify possible shortages in the supply of metals is presented. The resource efficiency is analyzed through the second law of Thermodynamics through the concept of thermodynamic rarity. This method takes into account the quality of mineral commodities as a function of their relative abundance in Nature and the energy intensity required to extract and process them. The application of the thermodynamic approach allows not only to recognize the physical value of materials with a low weight contribution but also to identify those components that use them. As it has been mentioned before this Thesis also assesses possible metal shortages. This activity is made by means of an own method which combines geological data (reserves and resources), annual capacity production, annual expected demand, cumulative expected demand to 2050, recycling rates evolutions and future resource demand of other technologies. The methodology is applied to different types of vehicles (ICEV , PHEV and BEV ) and it has been useful to achieve the following main results: (1) From a thermodynamic point of view an electric vehicle demands 2.2 times more quality resources than a combustion one; (2) 31 critical components were identified in a conventional vehicle from the perspective of the materials used to manufacture them; (3) Eco-design recommendations for these components have been defined. These recommendations are based on: reducing the demand of scarce metals and to increase both the recyclability and the reusability; (4) In current End of Life Vehicle (ELV) processes 27 % of the mineral capital (measured in rarity terms) is not functionally recycled; (5) Recommendations to reduce these losses have been proposed; (6) A strategic metal ranking for the automobile sector has been produced, being the top 10 most strategic metals the following: Ni, Li, Tb, Co, Dy, Sb, Nd, Pt, Au and Ag. The contributions of this Thesis are valuable to improve the sustainability of the vehicle manufacturing sector from the raw materials point of view. These contributions are mainly valuable for the following stakeholders: (1) Designers because it helps them to apply eco-design proposals from a raw materials point of view; (2) Policy makers because it evidences the weakness of mass based approach recycling policies and it proposes an alternative method that takes into considerations not only quantity but also quality; (3) Company's executives because it confronts them with the metal dependency and vulnerability of technology and it helps them to plan with enough time R+D+i lines based on resource efficiency.

"Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras".Apócrifo de El Quijote. En nuestro pasado artículo hacíamos referencia a un fenómeno específico que vive la España de hoy en día: la crisis de legitimidad del gobernante Partido Popular (PP) derivada de la progresiva revelación de una trama de corrupción y clientelismo aparentemente ligada con Mariano Rajoy y casi toda la cúpula del partido. Esta situación agrava y se ve agravada por circunstancias económicas, sociales y políticas para nada felices que vive en la actualidad la Madre Patria. Reseñaremos brevemente a continuación el contexto actual del país europeo, todo un ejemplo de que los males nunca vienen solos. Las mentiras piadosasEn el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (Partido Socialista Obrero Español, PSOE), España entró en un derrumbe económico monumental derivado de dos elementos. En primer lugar, el "estallido" de la "burbuja inmobiliaria", fruto de una política pública que comenzara con el aznarismo y que estimulaba la construcción desaforada de inmuebles, su sobrevaluación y la especulación bancaria en dicho terreno. En segundo lugar, la crisis de deuda soberana, común a otros países de la Unión Europea (los ya famosos PIGS) y acentuada por un pasmoso despilfarro en los presupuestos gubernamentales.Evidentemente todo esto se convirtió en un golpe casi letal para el bolsillo de la sociedad, lo que supondría una histórica victoria del PP en las siguientes elecciones (2011). Y es que no sólo se percibía que Zapatero había arruinado a España; también Mariano Rajoy hizo promesas que, a posteriori, se convertirían en mentiras. "Ayudaremos al español de la calle, no a los bancos". "Bajaremos el IVA". "Volveremos a la prosperidad de cuando gobernábamos".El español medio pensaba que su situación iba a mejorar con el nuevo gobierno. Pronto descubriría que más bien sería lo contrario. La ortodoxia económica no es grata con el pueblo llano en semejantes circunstancias y la reducción radical del gasto público se convirtió en el paradigma económico del gobierno. ¿Salud pública? Recortar. ¿Educación? Recortar. ¿Ayudas sociales? Recortar.Por supuesto el IVA no se tocó en lo más mínimo y de hecho se incluyeron más impuestos o más tarifas. Quienes sí recibirían una gran ayuda estatal serían los bancos privados, en una serie de megamillonarios "rescates" que les dieran oxígeno por un par de semanas.Mirándolo en retrospectiva, uno no puede más que preguntarse el porqué de tantas promesas que –se sabía- no podrían cumplirse. Sobre todo teniendo la victoria electoral "servida en bandeja": no había necesidad. Una oposición inútilAnte un gobierno impopular en sus medidas y salpicado por escándalos de corrupción, lo lógico sería ver un repunte del PSOE en las encuestas. No es el caso. Los socialistas tienen un triple problema. Primero, el recuerdo latente de la administración Zapatero, donde al fin y al cabo comenzó la crisis. Segundo, el liderazgo de una persona astuta (Alfredo Pérez Rubalcaba) pero que supone, en lugar de una renovación, más de lo mismo. Tercero, por los propios escándalos de corrupción provenientes sobre todo de Andalucía, último bastión del partido.Para decirlo en pocas palabras: probablemente para el español medio el PP y el PSOE simplemente son "lo mismo". Cierto que tuvieron sus diferencias en el tema de derechos posmodernos como el matrimonio igualitario o el aborto, pero ya habiendo sido "procesados" dichos asuntos, no es que haya demasiadas razones para pensar que un Rubalcaba hubiese actuado distinto a Rajoy en caso de haber ganado.Todo esto probablemente beneficiará a los dos pequeños partidos de nivel "nacional": Unión Progreso y Democracia (UPyD), socioliberal y unionista, liderado por la ex socialista vasca Rosa Díez (y aupado por pensadores de la talla de Vargas Llosa) y con una buen plantilla de outsiders políticos; y por supuesto Izquierda Unida (IU), rejunte del Partido Comunista original con otros partidos de izquierda o ecologistas. La cuestión catalanaEl derrumbe político de los socialistas tuvo también repercusiones en Cataluña. La sucursal regional del PSOE, primordialmente federalista, funcionaba como una válvula de escape para buena parte de las ansias separatistas. Ahora, con un gobierno en coalición de independentistas de derecha (Convergencia i Unió, CiU) y de izquierda (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), el nacionalismo catalán ha tomado nuevas fuerzas.Se habla mucho de que la Generalitat convocará a un plebiscito al respecto, por más que la Constitución española no contemple semejante cosa. No obstante, el separatismo cuenta con tres escollos. Primero, la situación económica: la Comunidad Autónoma no es, por supuesto, indemne a la misma y cuando puede procura hacerse con alguna de las ayudas que el gobierno central puede enviar de vez en cuando. Segundo, la Unión Europea: los independentistas catalanes no quieren seguir siendo españoles pero definitivamente desean permanecer como buenos ciudadanos europeos, lo que eventualmente enfrentaría el veto de La Moncloa y otros gobiernos. Tercero, que no está lo suficientemente claro que la mayoría de los catalanes pretendan una ruptura definitiva con Madrid (de hecho podría decirse que la intención de voto independentista se encuentra entre el 40% y el 50%). En otras palabras, se resolvería un problema para crear otro (el nacimiento de un movimiento re unionista). Podríamos también recurrir a la historia de otros movimientos independentistas o pseudo independentistas (Quebec, Australia) que nos muestran que el voto rupturista suele ser sensiblemente menor al esperado a priori.No sería entonces disparatado dar por muy improbable la independencia catalana a un corto plazo. Y ello para tranquilidad del ejército, desde el cual ya varios militares se ofrecieron a "hacer cumplir la Constitución" en caso de que los políticos no supieran "lidiar" con el asunto. Manchas para el juancarlismo.Es algo común en España. Cuando se pregunta a un ciudadano si es monárquico o republicano, puede que retruque con un "soy juancarlista". En otros términos, la monarquía no goza de una popularidad derivada de la institución en sí, sino del actual titular de la misma, Juan Carlos I. Impulsor de la democracia desde el primer momento (o mejor dicho, desde el momento que muriera Franco), sus credenciales al respecto se enriquecieron con su condena al intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Sirvió además, como una figura de encuentro donde la gran mayoría de los españoles podían sentirse identificados y -por qué no- consolados.Lamentablemente el juancarlismo está siendo amenazado por un escándalo de –como para variar- corrupción al más alto nivel. Y es que todo apunta a que Iñaki Undangarin, yerno del rey y esposo de la Infanta Cristina, es el cabecilla de una red de desvío de fondos públicos y lavado dinero a través de diversas fundaciones.Tal vez lo más importante del caso es que el mismo supuso una ruptura: tratar a la familia real y al rey no en buenos términos ya no sería un tabú. La prensa rosa, es decir, los programas de chimentos (sólo segundos a la actualidad deportiva en términos de popularidad), comenzaron a sostener hipótesis tan escandalosas como la existencia de posibles amantes de Juan Carlos. Y es así que según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la monarquía estaría recibiendo la peor "nota" de su historia: un 3,68 sobre 10, bastante lejos del "aprobado". Habrá que ver si cuando se dé la sucesión si los juancarlistas se transformarían en felipistas de una manera tan fácil. La prensa rebelde"Que no vivas tiempos interesantes" reza el proverbio chino. Esto es aplicable para todos con excepción de la prensa escrita, que, como ya adelantábamos, ha redescubierto su vocación de poder fáctico. La corrupción generalizada y la crisis económica da mucho para escribir (y lo más importante, investigar).Lo curioso es que esta posición está siendo principalmente asumida no por los medios afines a la izquierda, sino por el diario derechista más importante. Nos referimos a El Mundo y su director, Pedro J. Ramírez. No contento con haber sido el principal responsable de la caída de popularidad de Felipe González hace casi dos décadas (caso GAL), Ramírez parece estar empecinado en derribar a Mariano Rajoy, habiéndose convertido en una suerte de confesor de Luis Bárcenas. Algunos titulares de El Mundo en julio: "Cinco horas con Bárcenas"; "Los SMS secretos entre Rajoy y Bárcenas", "Los papeles de Bárcenas muestran sobresueldos a Rajoy" y sobre todo esta maravilla que parece salida de una cuarta parte de El Padrino: "Si hablas tu mujer irá a prisión; si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso" (¡!).La posición de El Mundo ha supuesto un cisma en la prensa conservadora. Por un lado La Gaceta apoya "el acoso y derribo", mientras que el ABC y La Razón se aferran a la versión oficial de que Bárcenas no es más que un chantajista que por casualidad estuvo veinte años dirigiendo las cuentas del partido y que no hay que pensar demasiado en ello. Las amistades particularesYa dijimos que la oposición no tiene herramientas ni legitimidad alguna para exigir la renuncia de Rajoy. En cambio, los medios parecen gozar de ambas cualidades. En ese caso… ¿quién suplantaría a Rajoy? En lo personal yo diría que hay cuatro candidatos, ninguno de ellos salpicado hasta ahora por el Caso Bárcenas:-Soraya Sáenz de Santamaría. Actual vicepresidenta del gobierno, lo que pierde en su defensa incondicional de Rajoy, lo gana en juventud y tesón. Sería una suerte de continuismo, por lo que no veríamos, por ejemplo, cambios en el gabinete.-Esperanza Aguirre. Ex presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Aguirre supone la derecha dentro de la derecha del PP. Es la única política que ha "sugerido" que se investigue a fondo la supuesta trama de corrupción, además de guardar una buena relación con Ramírez, el azote de Rajoy. Si hemos de creer a ciertos medios menores, Aguirre habría sido quien arreglara los encuentros entre el periodista y Bárcenas. Probablemente constituya la alternativa más satisfactoria para los mercados.-José María Aznar. Ex presidente del gobierno, un español podría decir perfectamente que con Aznar al menos "se vivía mejor", por lo que su candidatura no sería tan descabellada.-Alberto Ruiz-Gallardón, ex alcalde de Madrid y actual Ministro de Justicia. Encarna el ala más moderada del PP, en caso de que el partido quiera dar un giro ideológico más hacia la izquierda. Es también, por ello, el que menos posibilidades tiene.--En todo caso, suceda quien suceda a Rajoy (reitero: si es que éste se retira), se encontrará con una España –hemos visto- multi problemática: la presidencia en tales circunstancias es un cargo que uno no le desearía ni a su peor enemigo (no sorprende entonces que el PSOE no se apure demasiado en escoger a un verdadero nuevo líder). El contexto ya no sólo exige una pronta recuperación económica (una tarea de por sí difícil), sino también una reconstrucción completa de la legitimidad de las instituciones. Sobre el autorEstudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales. FACS-ORT-Uruguay

La era chavistaCuando Hugo Chávez asume por primera vez como presidente de Venezuela, la situación en aquel país podía considerarse especialmente grave. La crisis socio económica en general era tal que para la gran mayoría de los venezolanos no parecía afectarles demasiado que el propio futuro de la democracia estuviera en juego. Si se medía el deterioro democrático en relación a variables económicas, el caso de Venezuela adquiría valores superiores a cualquier otro país, por lo que la explicación convendría buscarse en la peculiar conformación de un sistema político —a lo que hicimos mención en la entrega anterior— que culminó por percibirse como corrupto.Es en este contexto que Chávez comienza a hacer rodar su proyecto con la propuesta de "refundar" la República reformando la Constitución, lo se consideraba central y prioritario. El mismo día que asume como presidente, Chávez decreta la convocatoria a un referéndum para que los venezolanos decidieran si aceptaban reformar la Constitución y dispara el proceso: en abril, el mencionado referéndum, en julio, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y en diciembre la aprobación de la nueva Constitución en otro referéndum, todo durante aquel 1999. En todas las oportunidades el triunfo chavista fue aplastante, aunque en algún caso con niveles de abstención nunca antes vistos (en la instancia de abril alcanzó el 62%).Las reformas en sí y el propio proceso de elaboración de las mismas —realizadas con premura, desprolijidad y en el medio de un debate exacerbado— prefiguraron lo que podía esperarse del nuevo régimen. La nueva Constitución establecía algunas cuestiones que podían considerarse positivas, al menos en la letra: ampliación de los derechos humanos y ambientales, nuevas instancias de democracia directa, fortalecimiento financiero del Poder Judicial. Pero la clave de la misma radicaba en sus aspectos controversiales, especialmente las disposiciones que posibilitan atribuirle al presidente la potestad de gobernar por decreto en infinidad de asuntos, aumentando de cinco a seis los años de su período y permitiéndole la reelección. De esta forma cambiarle el nombre al país, incluso instaurar el unicameralismo, resultaban cuestiones nimias. Esta etapa, de algún modo inaugural, culmina con las elecciones de mayo de 2000 (la nueva Constitución determinaba que todos los cargos públicos electivos debían someterse nuevamente a elección) en la que se confirma a Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ampliándose las mayorías con las que gobernaría.Con un lenguaje polémico y confrontativo, a tal grado que la menor discrepancia es tachada de disidencia, Chávez comienza a gobernar navegando entre una crisis que persistía dado que los valores del petróleo continuaban bajos. Mantiene la ortodoxia económica en la gestión y no parece haber demasiadas novedades al respecto —incluso en la actualidad— a pesar del radicalismo retórico (incluso el primer ministro de economía de Chávez fue la misma persona que ocupo ese lugar en el último tramo del gobierno de Caldera). Con el tiempo, el proceso de transformaciones reveló que en realidad no parecía existir un modelo teórico de desarrollo acabado sino que más bien siempre se estuvo dentro de un plan en gran medida resultado acumulativo de decisiones, mitad oportunamente coyunturales, mitad impregnadas de una cierta concepción. La explosiva mezcla de improvisación y arbitrariedad en las políticas públicas y el personalismo caudillista muy tangible —el miedo, fundado o no, cumple su rol en los proceso sociales—, sumado al desplazamiento de las antiguas élites de sus anteriores posiciones de poder (esto también es verdad), construyó un escenario altamente polarizado que dividió a la sociedad en dos campos antagónicos con escaso espacio para la prudencia y la cooperación.Sobre el filo de la finalización de una de las oportunidades en la que se le concedió a Chávez la posibilidad de legislar por decreto (noviembre 2001), fueron aprobadas una inmensa cantidad de leyes que involucraban aspectos de regulación económica en diversas áreas. Una parte de la opinión pública, especialmente actores empresariales y sindicales, entendieron que se lesionaban derechos constitucionales básicos de libertad y propiedad, además de afectar el pluralismo político. Más allá de las cuestiones en concreto, la forma de aprobación sin que hubiera habido un intento de dialogo con el resto de la sociedad provocó un recalentamiento del clima político y social. Si las medidas hubieran sido consideradas por la Asamblea Nacional al fin y al cabo también tenían asegurada su aprobación, pero en ese caso el propio trámite hubiera asegurado sobre las medidas un cierto debate público que no hubo ni se intentó. Fue así que comenzó, seguramente, el período más conflictivo de la historia chavista con el desarrollo de infinidad de manifestaciones callejeras que se sucedían a diario y en las que se enfrentaban violentamente antichavistas con los partidarios de Chávez y los llamados "círculos bolivarianos", verdaderos grupos de choque del chavismo, con el saldo decenas de víctimas fatales. El abril de 2002 el ambiente de ingobernabilidad se torno crítico y el 11 de aquel mes se produce un golpe de Estado llevado adelante por el Alto Mando Militar que le solicita la renuncia a Chávez e impone en el cargo de presidente al máximo líder de la gremial empresarial, Fedecámaras, Pedro Carmona. Con el apoyo de sectores militares, el sector privado, la Iglesia y los medios de comunicación privados, en su primer día Carmona disuelve la Asamblea Nacional, destituye a todas las autoridades regionales y locales, realiza muchas detenciones de funcionarios, designa en puestos claves a figuras relacionadas con el status quo del pasado, y deroga decenas de normativas aprobadas por Chávez, incluyendo las de contenido popular. Para un analista contemporáneo, y no precisamente pro Chávez, lo que sucedía era como si los Borbones hubieran regresado al trono. El 14 de abril, luego de negociaciones entre militares leales y críticos al gobierno chavista, Hugo Chávez retorna al Palacio presidencial de Miraflores, fortalecido pese a las complejidades evidentes. Por otro lado, la oposición al mismo, aunque heterogénea, mostraba su peor cara, la reaccionaria, defensora de privilegios perdidos, muy poco capaz de discernir la envergadura y profundidad de los procesos sociales que subyacían.Las movilizaciones opositoras continuaron durante el 2002 y el 2003, incluyendo los episodios que se conocieron como el sabotaje petrolero (acciones adoptadas por los funcionarios de Pdvsa resistiendo las medidas de cambio en la empresa petrolera) y el bloqueo empresarial. Los opositores y los propios partidarios del régimen consideraban que se estaba ante el momento de más baja popularidad de Chávez. Sobre esa base, la oposición decidió recorrer los caminos constitucionales de un referéndum revocatorio que luego de dilatorias varias se llevó adelante en agosto de 2004 y que finalizó con la confirmación de Chávez con el respaldo del 60% de los votantes. Se entiende que el resultado favorable al gobierno se encuentra directamente vinculado con la puesta en práctica de las Misiones (por estos Lares recibirían el nombre de planes o programas) orientadas a la atención de los principales problemas sociales, educación, salud, alimentación y vivienda, que funcionaron en forma extrainstitucional y que fueron provistas de ingentes cantidades de recursos financieros procedentes de la renta petrolera que comenzaba a recuperarse. Los episodios sucedidos entre fines de 2001, con el primer paro cívico contrario al gobierno, y agosto de 2004 y los resultados del intento revocatorio, supusieron un antes y un después con los corolarios de la consolidación del chavismo así como una acentuación de su radicalismo.La reelección de Chávez en diciembre de 2006 marco una nave fase del proceso chavista con la instauración de una serie de reformas cuyos alcances aún hoy no resultan del todo claros. En los planes de desarrollo para el período 2007-2013, por primera vez se menciona oficialmente al "Socialismo del siglo XXI" como norte ideológico, lo que se refleja en los cinco motores que habrían de impulsar a Venezuela hacia el socialismo: una nueva ley habilitante para legislar en materia social y económica, una reforma socialista de la Constitución, el impulso de una educación popular para afianzar los valores socialistas, una "nueva geometría del poder" que permita revisar la actual institucionalidad y la "explosión revolucionaria del poder comunal", los Consejos Comunales. El desarrollo de la economía social —formas de organización socioproductivas no capitalistas— que según los planes deberían convertirse en la mayoría de las unidades económicas en el mediando plazo, junto a las empresas estatales que han crecido en número producto de las estatizaciones de innumerables empresas privadas (lo que incluye cadenas de restaurante y hoteles), son la otra faceta de este socialismo chavista cuyo objetivo se hace evidente cuando el propio Chávez les espeta a los empresarios que no hacen en ese país sino que de hecho sobraban. Y aunque la reforma constitucional socialista fue rechazada por escaso margen en el referéndum de diciembre de 2007, Chávez ha ido decretando en los años siguientes todo lo que en su momento no resultara aprobado según sus deseos, en una muestra más del desmontaje de la institucionalidad democrática más elemental.Apoyado en la renta petrolera (durante los últimos doce años ingresaron por dicha renta 100% más de recursos de los que habían ingresado en los dieciocho años anteriores), Chávez sostiene su proyecto local, regional e internacional; y sobre esa base y la de una cierta idea socializante que, independientemente de otra valoraciones, es entendida por amplios sectores de la sociedad venezolana como de corte netamente popular (el petróleo antes se lo "chupaba" la oligarquía, hoy el petróleo es para el pueblo, afirma Chávez), el régimen barre sin duda con la mayor parte de las garantías democráticas convirtiéndoselo en un tema de debate a la hora de cómo calificarlo. Últimamente algunos autores han recurrido a la categoría de "autoritarismo competitivo" creada por dos cientistas políticos estadounidenses algunos años atrás. El "autoritarismo competitivo" debe diferenciarse del autoritarismo absoluto debido a que en éste no pueden existir arenas políticas significativas desde donde la oposición pueda desafiar al régimen. Pero el "autoritarismo competitivo" tampoco es democracia, porque por más que las instituciones democráticas formalmente aún existen, las reglas son violadas frecuentemente, los funcionarios usan y abusan de los recursos del Estado, la oposición y los medios de comunicación son perseguidos y se cometen un número impresionante de arbitrariedades. Más allá de los nombres que se quieran elegir para definirlo, nadie duda que la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 hasta la actualidad vive bajo un régimen cuya naturaleza es fácilmente asimilable a estas características. Sobre el autorPolitólogo. Universidad de la República.PRÓXIMA ENTREGA LA VENEZUELA DE CHÁVEZ (III) : ¿Qué cambió para las elecciones de octubre?

El presente documento representa un esfuerzo por encontrar alternativas para mejorar la gestión de la diversidad biológica del Perú desde de una perspectiva global, procurando integrar conservación y desarrollo, bajo el enfoque del desarrollo sostenible. El trabajo consta de cuatro partes que se desarrollan en 14 capítulos. La Primera parte aborda aspectos relativos a los objetivos, la metodología de investigación y el marco teórico que sirven de base para la comprensión de la gestión de la biodiversidad y para el desarrollo de propuestas. Conocimientos básicos sobre la diversidad biológica Tomando en consideración que en el país el tema de diversidad biológica todavía es muy poco conocido, esta segunda parte tiene como propósito sintetizar los conocimientos básicos sobre la biodiversidad del Perú. Se abordan aspectos relevantes de los componentes básicos: diversidad de especies, diversidad de ecosistemas, diversidad genética, diversidad cultural, agrodiversidad y Áreas Naturales Protegidas. Destaca la condición privilegiada del país de ocupar el 4° lugar entre los 12 países de mayor megadiversidad en el mundo, que le confieren especial posición geopolítica internacional. Otro aspecto que se aborda es sobre la importancia de la biodiversidad del Perú en los aspectos económico, social y ambiental, destaca su importancia en la seguridad alimentaría y el gran peso en la economía del país, que representa más del 50% del PBI. Sin embargo, a pesar de su importancia la biodiversidad viene destruyéndose y deteriorando en forma acelerada, en el capítulo 6 se identifican los principales factores directos e indirectos que amenazan la conservación de la biodiversidad peruana, entre ellos: La contaminación, sobre extracción de recursos, pérdida de habitat, celeridad del cambio climático, la pobreza, fallas de mercado, falta de conciencia ambiental y la deficiente gestión pública; siendo esta última el tema central del presente trabajo, por ser uno de los factores de mayor influencia. Situación general de la gestión En esta tercera parte se busca responder a la pregunta ¿Cómo se está gestionado la biodiversidad del Perú?. Al respecto a fin de tener una visión general de la situación de la gestión, se realizó el análisis seleccionando los siguientes factores operacionales de gestión: Marco legal, planeación, organización, tecnología, infraestructura, cultura y relación con el ambiente externo. Entre los hallazgos más relevantes destacan: el grave atraso tecnológico, escasa comprensión de la importancia de la biodiversidad en el desarrollo del país, falta de un órgano directriz de la gestión integral de la biodiversidad actualmente sectorizada, falta de una visión sistémica del proceso administrativo y planes de largo plazo, dificultad en la formulación e implementación de planes estratégicos, entre otros. El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) suscrito por Perú el año 1992 en la reunión de Rió de Janeiro, conjuntamente con 156 naciones, constituye el principal instrumento jurídico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; desde su puesta en vigor a fines de 1993, Perú ha desarrollado importantes esfuerzos para su implementación, sin embargo el avance todavía es lento, y está más focalizado en la conservación de la biodiversidad. La Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB) es el órgano de coordinación intersectorial, pero su accionar sólo se limita al cumplimiento del CDB. Propuestas para una mejor Gestión de la Diversidad Biológica Sobre la base de los resultados obtenidos en los capítulos anteriores, en esta cuarta parte se presentan las propuestas para una mejor gestión de la biodiversidad, en dos categorías: a) Propuestas generales por factores operacionales, en concordancia con la estructura del análisis de la gestión y b) Propuestas específicas, que desarrolla algunos aspectos prioritarios de las propuestas generales, tales como: Necesidad de un enfoque global y sistémico del proceso administrativo de la biodiversidad, en el que se toma como base el Enfoque Operacional, la planeación estratégica como parte del sistema, integración entre conservación y desarrollo, necesidad de órgano que asuma la dirección integral de la biodiversidad del país, y otros. Frente a la dificultad en la formulación de los planes estratégicos para la gestión de la biodiversidad, en el capítulo 11 se hacen propuestas sobre los aspectos más críticos de la planeación estratégica: integración al proceso administrativo total, atención a las premisas de planeación, análisis FODA, y la identificación de frentes estratégicos básicos para la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad: 1) Conservación, 2) Uso sostenible, 3) Aprovecha-miento sostenible y competitivo, 4) Posicionamiento cultural, 5) Desarrollo Humano, y 6) Excelencia administrativa. Considerando la prioridad del país de encontrar alternativas para el desarrollo económico y la lucha contra pobreza, se desarrolla con especial prioridad el frente estratégico: "Aprovechamiento sostenible y competitivo". A fin contribuir en la implementación de planes estratégicos, en el capitulo 12 se formulan algunas propuestas al respecto: criterios básicos para una administración de excelencia, instrumentos de gestión, prioridades de investigación, capacidades humanas requeridas, y alternativas para el financiamiento de la gestión. Otro aspecto que se aborda en este capítulo, es la propuesta de criterios y lineamientos de políticas para la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. En la certeza de que la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad no solo compete a unas cuantas instituciones públicas, sino que es una tarea que atañe a todos los peruanos, en él capitulo 13 se hace una propuesta de roles para los principales actores sociales tanto del sector público y privado. Finalmente en el capítulo 14 se formulan las respectivas conclusiones y recomendaciones, entre los aspectos más relevantes se tiene: la prioridad de integrar conservación y desarrollo, reconocer el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad como uno de los principales motores para el desarrollo del país, impulsar la educación, investigación y tecnología, priorizando la biotecnología, mayor participación del Estado en el desarrollo de factores clave para la competitividad de las empresas, fortalecer CONADIB como órgano directriz de la gestión integral de la biodiversidad nacional, trascendiendo la sola implementación del CDB. ; This document intends to represent an effort in order to find some alternativas for the improvement of the biologic diversity management in Perú according to a global point of view, but also with a sustamable development approach that looks for the integration of the conservaron and the development itself. This paper has 4 parts and 14 chapters. The first part is about topics related to the objectives, methodology and scientific framework, necessary for the understanding and comprehension of the biodiversity management and development of proposals. Basic knowledge for the biologic diversity Considering that the biologic diversity is a not very well known theme in our country, the second part summarizes the basic knowledge about the biodiversity in Perú. Pertinent aspects about the basic components: species diversity, ecosistems diversity, genetic diversity, cultural diversity, agrodiversity, and protected natural áreas. This part also highlights the features of Perú as the 4* country with the greatest megadiversity in the world, which gives us a very interesting geopolítica! situation in the world. Other aspects about this are related to the importance of the biodiveristy in Perú in terms of economic, social and environmental issues, highlighting the importance on food safety and the relationship with the economy of the country (more than 50% of the GDP). However, despite its great importance biodiversity is being destroyed and deteriorated progressively. In chapter 6, the main factors that threat the conservation of the Peruvian biodiversity, direct or indirect, are presented: pollution, resources overexploitation, loss of habitáis, weather changes, poomess, market failures, lack of environmental conscrousness, and deficient public administration. The last one is the central topic of the paper since it is the factor with the biggest influence. General situation of the management In the third part we intend to answer the question, How is the biodiversity being managed in Perú? In order to have a general overview, an analysis was made by selecting some operational factors: legal framework, planning, organization, technology, infrastructure, culture and relations with the extemal environment. The most important findings were: technological backwardness, poor comprehension of the biodiversity in the development of the country, lack of an institution in charge of the integral management of the biodiversity which at the time is dispersed in sectors, lack of a systemic visión of the administrative processes and long-term plans, difficulty on formulation and implementation of strategic plans, among others. The Biological Diversity Agreement (BDA), signed by Perú in 1992 in Rio de Janeiro along with other 156 nations, is the main legal instrument for the conservation and permanent use of the biodiversity. Since it was set into effect in 1993, Perú has developed important efforts for its implementation, however the results are scarce and the process especially focuses only on the conservation of biodiversity. The National Comité for Biologic Diversity (CONABID) is the coordinating institution but its actions are defined only by the BDA. Proposals for the best management of the Biologic Diversity According to the outcomes presented in the previous chapters, the fourth part presents the proposals in order to improve the management of the biodiversity into two categoríes: a) General proposals for operational factors (analysis of the management); and b) Specific proposals, which develop the most important ítems of the general proposals, such as: need of a global and systemic approach of the administrative process of biodiversity (operational approach), strategic planning as part of the system, conservation and development integration, need of a coordinating institution for the biodiversity in the country, etc. Because of the difficulty on the formulation of strategic plans for the management of the biodiversity, chapter 11 presents proposals about the most crítica! aspects on strategic planning: integration to the general administrative process, planning features, FODA analysis, identification of the strategic sides for the conservation and use of the biodiversity: 1) Conservation; 2) Sustainable use; 3) Competitive and sustainable exploitation; 4) Cultural positioning; 5) Human development; and 6) Excellence in management. According to the necessity of the country on finding altematives for the economic development and the fight against the poorness, the item 3 is developed in a detailed way. In order to make some contribution for the implementation of the strategic plans, chapter 12 presents some proposals: basic entena for a better management, management instruments, research príoríties, required human skills. and altematives for the management financing. Another aspect that is presented in this chapter is the proposal of entena and political guidelines for the conservation and permanent use of the biodiversity. Understanding that this idea is not only a task for some public institutions but for al) the Peruvian people, chapter 13 presents many proposals for the activities that should be made for the public and prívate sector. Finally, Chapter 14 presents the conclusions and recommendations: The importance of the integration of conservation and development, recognition of the sustainable use of biodiversity as one of the main engines for the development of the country, promoting the education, investigation and technology being biotechnology priorized, more participation of the government in the development of key factors for the competitiveness of enterprises, strenghtening of the CONABID as the ruling institution for the integral management of national biodiversity. ; Tesis

El estudio llevado a cabo presenta en su parte inicial una breve descripción del sector de minería en el Perú y de la situación de la minería de zinc y plomo mundial. También se describe a Centromin Perú y a su Unidad de Negocios Cerro de Pasco. Empezando con un diagnóstico, se levó a cabo el análisis del entorno en el que se encuentra la Unidad de Negocios y el análisis de su situación interna. En el primer punto, se analizaron los factores del macroentorno tales como los factores políticos legales, socio cultúrales, económicos, tecnológicos y ambientales, encontrándose un entorno con condiciones favorables, sobre todo en tas políticas, tributarias y económicas. Asimismo se hizo una revisión del entorno internacional, en donde se revisó el nivel de inversiones, la cotización de los metales y niveles de oferta y demanda de concentrados de zinc y plomo. Se encontró que en términos generales en los últimos años el nivel de inversiones hacia Latinoamérica ha crecido sustancialmente. En cuanto a la determinación de los precios de los metales, según los analistas se debe incluir la producción mundial primaria como la secundaria, los stocks del metal y el consumo mundial. Además de estas variables hay que tomar en cuenta la influencia de las fuerzas de especulación, los inversionistas de bolsa que optan por coberturarse así como los factores del entorno, tanto políticos, sociales, ambientales, naturales, etc. Se realizó el análisis de las ventajas competitivas del Perú en el sector minero, llegando a la conclusión de que el país posee condiciones favorables de los factores básicos, así como en estructura y estrategia de las empresas dentro del sector, encontrando una posición intermedia en lo referente a las condiciones de la demanda y la calidad de los sectores conexos y de apoyo, sobre todo en lo referente a maquinaria y tecnología. Asimismo, el gobierno ha jugado un papel muy importante en los últimos años para darle atractivo al sector por medio de reformas en los marcos tributarios y legales. En el tercer capítulo se realizó el análisis interno de la Unidad de Negocios Cerro de Pasco. Se realizó un análisis funcional que abarcó las diferentes actividades que desarrolla la Unidad. El análisis evidenció que la empresa se encuentra en una posición interna fuerte, las principales fortalezas de gestión se generan como consecuencia del aprovechamiento de ventajas externas antes que del desarrollo de capacidades internas, mientras que las principales debilidades son consecuencia de malas gestiones anteriores. Así se tiene que las fortalezas se relacionan con la parte operativa por el lado da los costos y con los recursos humanos por el lado de la experiencia y calificación del personal. En cuanto a las debilidades estas se dan principalmente en el aspecto tecnológico y en los problemas socioeconómicos inherentes a la mina. Las principales fortalezas encontradas son: la ley de mineral de zinc por encima del promedio, personal de operación altamente calificado, costos totales debajo del promedio además de tener una cartera de dientes con las que se ha mantenido buenas relaciones. Las principales debilidades identificadas fueron los bajos niveles de productividad, la baja inversión en exploraciones de nuevos yacimientos que ocasionan la corta vida del tajo abierto, tecnología antigua en las operaciones minero-metalúrgicas, falta de un sistema de información gerencial, altos costos logísticos y la presencia de altos contenidos de fierro en los minerales que hacen bajar la valorización de los concentrados. El cuarto capitulo está dedicado a ka problemática social en Cerro de Pasco. En este sentido, la problemática social abarca la dificultad para la expansión de las operaciones mineras en áreas colindantes a la ciudad, el abastecimiento de los servicios de agua y desagüe, al mantenimiento de las viviendas del personal y todo lo relacionado con el aspecto ambiental. En el quinto capitulo se realiza un análisis del impacto ambiental de las operaciones de la mina Cerro de Pasco. Asimismo se presenta con detalle el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental ("PAMA") y las medidas de mitigación aplicadas después de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP). Por último, considerando los objetivos estratégicos de la Mina Ceno de Pasco, se han identificado las estrategias más adecuadas para la Unidad, que en términos genéricos serian: Mejoramiento de imagen ante la opinión pública Incremento de la vida de la mina Mantenimiento del nivel de producción total Mejoramiento de utilidades de la unidad. En resumen, las conclusiones finales del estudio son: El Sub sector de concentrados se presenta moderadamente atractivo para la Inversión» debido a las expectativas de crecimiento a futuro y las altas barreras de ingreso. A nivel país, se concluye que el Perú tiene ventajas competitivas en el sector minero. Del análisis interno se concluye que la U.N. Cerro de Pasco tiene una estructura interna caracterizada por las fortalezas que sobrepasan a sus debilidades. La problemática social y política actual de la ciudad de Cerro de Pasco, colindante con la mina constituye un alto sobre costo social que podrían influir en la perdida de competitividad de la mina Cerro de Pasco. Existen pasivos ambientales que representan un costo adicional para la mitigación de los problemas no tratados con anterioridad. Como recomendaciones a seguir por la Unidad de Negocios Cerro de Pasco se ha propuesto lo siguiente: Poner mayor énfasis en las operaciones subterráneas debido a que en el mediano plazo la explotador a tajo abierto pasaré a ser inviable, Invertir en las exploraciones dentro del área de producción. Implementar programas de mejoramiento de imagen institucional. Implementar programas para el aumento de eficiencia del personal. Invertir en tecnología para mejorar la calidad de los concentrados Aumentar la inversión en exploraciones de zonas cercanas a operaciones mineras. Separar los servicios básicos de la ciudad respecto de la actividad minera ; This study shows in its rnitial part a brief description about the Peruvian mining sector and the world zinc and tead mining situation. Centromin Perú and its Business Unit Cerro de Pasco (Unidad de Negocios Cerro de Pasco) are also descríbed. Begínníng with a diagnosis, it was carried out the background analysis of the Business Unit and the analysis concerning its infernal situation. In the first chapter, factors of the macrosituation were analyzed. such as legal political, social cultural, economic, technological and environmental factors, there being a background with favorable conditions, mainly in political, tax, and economic conditions. The international background was ateo reviewed considering the investment tevel, metal valué and suppty and demand levéis of zinc and tead concéntrales. In general terms, it was found that the investment tevel in Latín America has increased substantially in the last years. With regard to the determination itself of the metal prices, accordíng to the analysts, it should be included the world production as well as the secondary production, metal stocks and world consumption. In addition to these variabtes, it is necessary to take into account the influence of speculation forces, stock market investors who opt to cover themselves, as welt as the background factors (political, social, environmental, natural, etc.) It was periormed the analysis of the Peruvian competitivo advantages in the mining sector. It was concluded that the country owns favorable conditions from the basic factors, both in structure and strategy of enterprises within the sector, finding an intermediate position regarding to the demand conditions and quality of connecting and supporting sectora, mainly with respect to machinery and technology. Likewise, government has played a very important role in the last years to make the sector attractive by means of reforms in tax and legal aspeóte. In the third chapter, it was carried out the interna! analysis about the Business Unit Cerro de Pasco (U.N. Cerro de Pasco). It was performed a functional analysis that included the different activities developed by the Unit. The analysis showed that the company is in a strong intemal position. The main management strengths are generated as a consequence of the exploitation of external advantages before the devetopment of internal capacities, white the main weaknesses are a consequence of bad previous managements. Thus, strengths are related to the operational part on the side of coste and to the human resources on the side of personnel experience and qualffication. In retation to the weaknesses, these are produced basically in the technological aspect and in social economía probtems inherent in the mine. The main strengths found are: the grade of zinc ore above average. highly qualified operation personnel, total costs betow average, besides having a dient portfolio whicti it has had a good relationship with. The main weaknesses identified were: the k>w levéis of productivity, tow investment in prospecting of new deposite that causes the short litetime of open pit, oíd technology used in mining metallurgic operations, lack of a management Information system, high togistrc costs and the presence of high contente of ¡ron in minerals which get the concéntrales valuation decreased. The fourth chapter deate with the social problems in Cerro de Pasco. On this subject, the social problems include the difficulty for expanding mining operations in áreas adjacent to the city, the supply of water and drainage sen/ices, the personnel housing maintenance and all facts connected with the environmental aspect. In the fifth chapter it is carried out an environmental impact analysis about the operations in Cerro de Pasco mina it is also detailed the Environmental Management and Adjustment Program (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – ("PAMA") and the mitigation measures applied after the Preliminary Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Preliminar - "EVAP"). Lastly, considering the strategic objectives drawn up by Cerro the Pasco Mine, the most adequate strategies identified for the Unit in general terms woukf be: Image improvement befare the public opinion Increase of mine lifelime Maintenanceof total production level. Improvement of Unit profits. In short, the final conclusions of study are: The subsector of concentrales appears moderately atlractive for the investment, due to the growing expectations in the futura and the high incorne barriere. At level of country, it is concluded that Peru has competitive advantages in the mining sector. From the intemal analysis, it is concluded that the Business Unit Cerro de Pasco (U.N. Cerro de Pasco) has an intemal structure characterized by the strengths that exceed its weaknesses. The present social and political problems of Cerro de Pasco city. adjacent to the mine, constitute a high social additional cost, which rnight have an influence over the competitiveness loss in Cerro de Pasco mine. There are environmental liabilities that represent an additional cost for the solutron of problems previously unsolved, As recommendations to be followed by the Business Unit Cerro de Pasco (U.N. Cerro de Pasco), there are the following proposals: To emphasize the underground operation because, at medium temi, the open pit exploitation will be unfeasible. To invest in exploralions within the production area. To implement improvement programs of instilutional image. To implement programs for personnel efficiency increase. To invest in technology in order to improve the concentrales quality To increase the investment in explorations of zones ciose to the mining operations. To separate city basic services frorn the mining activity. ; Tesis

Ha transcurrido un poco más de un siglo desde que se realizó el esfuerzo más significativo en la recuperación de la memoria histórica y documental del Caribe colombiano, esa empresa se debió, en buena parte, a la iniciativa de Manuel Ezequiel Corrales y José P. Urueta, quienes iniciaron un proceso sistemático de organización de los documentos que existían sobre la Provincia de Cartagena y sobre su ciudad capital que hasta ese momento, y pese a su poco desarrollo económico, era la ciudad con mayor influencia política de la región. Si bien este proyecto se consolidó con el apoyo decidido de Rafael Núñez, primero como presidente del Estado Soberano de Bolívar y luego como mandatario de la República de Colombia, durante el periodo conocido como la Regeneración, lo cierto es que desde la primera mitad del siglo XIX se venían impulsando una serie de medidas para promover la reconstrucción de un relato histórico que permitiera el reconocimiento de los sucesos de la independencia de Cartagena como hechos fundacionales de la nación colombiana. Paralelamente, con este objetivo se impulsaba la reconstrucción simbólica de los héroes de la independencia de Cartagena como actores decisivos de la formación de la República y del Estado-nación. En efecto, en 1839, Juan José Nieto publicó la Geografía Estadística de la Provincia de Cartagena, que incluyó un análisis de la población a partir del censo de 1836, Administ p1-65 ener12.indd 9 18/01/11 20:41 Johannie James Cruz 10 Raúl Román Romero e hizo carrera como la narrativa más completa sobre la ciudad de Cartagena y su provincia. Esta obra ofrece una panorámica de la historia de la ciudad, inicia con su fundación, sigue con el periodo colonial, los sucesos de la independencia y termina con los años inmediatamente posteriores a la emancipación política y definitiva de España. En 1855 se desarrolló una nueva etapa de reelaboración del relato y de la memoria sobre la independencia con el objeto de reconocer como únicos héroes de la emancipación a un grupo de distinguidos miembros de la aristocracia criolla de la ciudad de Cartagena que, a finales del periodo colonial, habían jugado un papel central en la administración local. Para materializar esa iniciativa, el Concejo Municipal emitió el Acuerdo núm. 55 que en su artículo primero declara "digno de gratitud del pueblo de Cartagena y del glorioso título de fundadores de la independencia, a los esforzados varones que el 11 de noviembre de 1811 proclamaron solemnemente en esta ciudad la emancipación política de la monarquía española, erigiendo en Estado soberano, libre e independiente el territorio que en aquella época formaba la provincia de Cartagena". Con este acuerdo municipal se designaron como fundadores de la independencia de la ciudad a Manuel Rodríguez Torices, José María García de Toledo, Antonio José de Ayos, Miguel Díaz Granados, Manuel del Castillo Rada, Pantaleón Germán Ribón, Amador, Miguel Anguiano y José María Portocarrero.1 En 1872, la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar aunó esfuerzos en la misma dirección y creó una junta encargada de adquirir el acta original de la independencia de 1812 del Estado de Cartagena con las firmas autografiadas de los patriotas que las suscribieron.2 Dos años después, el director de Instrucción Pública del Estado, Mauricio Verbel, impuso a todos los directores de las escuelas públicas la participación en la elaboración de la historia especial del Estado de Bolívar con pena de multa para quien no cumpliera.3 Manuel Ezequiel Corrales jugó un papel fundamental en todo este proceso, sin duda fue uno de los intelectuales de la ciudad que mostró mayor interés por escribir la historia oficial del Estado Soberano de Bolívar y por recuperar la documentación que permitiera su elaboración. Desde la ciudad de Bogotá, como Senador Plenipotenciario en representación del Estado Soberano de Bolívar, envió una carta al secretario del Estado solicitando el permiso del presidente del Estado Soberano para publicar varios documentos referentes al proceso de independencia, que sólo se encontraban en la biblioteca del Gobierno.4 1 Biblioteca Bartolomé Calvo, en adelante (BBC), «Un decreto Incumplido». El Porvenir, Cartagena, 2 de marzo de 1979. 2 (BBC). Gaceta de Bolívar, Cartagena, 6 de diciembre de 1872. 3 (BBC) Diario de Bolívar, Cartagena, 7 de julio de 1875. 4 (BBC) Gaceta de Bolívar, Cartagena, 10 de octubre de 1874. Carta con la cual se remitieron al Gobierno varios documentos importantes. Administ p1-65 ener12.indd 10 18/01/11 20:41 A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l c a , d e s a r r o l lo e c o n ó m i c o y c o r r u p c i ó n e n e l a r c h i p i é l ag o 11 Años más tarde Corrales logró recopilar una importante colección de documentos históricos sobre la ciudad de Cartagena, el primero de ellos salió a la luz en 1877 con el título Documentos para la historia de la Provincia de Cartagena de Indias y fue publicado nuevamente cinco años más tarde en la ciudad de Bogotá. Otra publicación de significativa importancia en el proceso de recuperación de la memoria histórica de la ciudad y del entonces Estado Soberano de Bolívar es Efemérides y anales del Estado Soberano de Bolívar, esta obra fue difundida inicialmente por medio de una serie de artículos en la prensa oficial y fue publicada como obra completa en 1889. Corrales, mientras escribía sus efemérides, aprovechó la prensa oficial para hacer una "excitación patriótica" al pueblo cartagenero y "publicar una lista lo más completa posible de todas las personas que contribuyeron a la defensa de Cartagena en el memorable sitio de 1815, y otra lista de las que, corriendo los mayores peligros, emigraron con sus familias el día en que la plaza no tuvo medios para seguir resistiendo. Suplicamos que se nos comuniquen los nombres de estas personas, para librarlos del olvido y apuntarlos para que la historia los inscriba en el escalafón de los inmortales".5 Manuel Ezequiel Corrales no estuvo solo en esa ardua tarea, a su lado estuvo otro distinguido abogado de la ciudad, José P. Urueta, quien sería nombrado en la década de los ochenta como historiógrafo del departamento de Bolívar. Urueta contribuyó también a la recuperación de la memoria histórica de la ciudad de Cartagena, en especial con su publicación de 1886, que llevó por título Cartagena y sus cercanías, guía descriptiva de la capital del Estado Soberano de Bolívar, en los Estados Unidos de Colombia. Esta publicación fue comentada por Corrales ese mismo año y sus notas y correcciones aparecieron en la segunda edición de esta obra que se realizó un año después. Con la misma tendencia de Corrales, José P. Urueta destacó las actuaciones de los patricios de la ciudad en el proceso de emancipación de España y en el sitio de 1815, con la circulación de su libro Los Mártires publicado también en 1886, y donde compilaba todas las biografías y documentos referentes a las acciones de este grupo de criollos aristócratas en el proceso de la independencia. Unos años más tarde se editó otra obra en esta dirección, realizada en honor al almirante José Prudencio Padilla, en ella se compilaron una serie de biografías en las que se destacó el papel de este militar en la independencia definitiva de la ciudad de Cartagena y la región Caribe. Buena parte de lo que se conoce sobre Cartagena, su provincia y el posterior departamento de Bolívar, se debe a la magistral labor de estos dos intelectuales cartageneros, quienes lograron compilar y asegurar una documentación tan valiosa que hoy se mantiene como fuente imprescindible en el proceso de construcción de la historia de la ciudad y de la región. Sin duda, estas compilaciones documentales tienen un valor inconmensurable para efectos de la preservación de la memoria 5 (BBC) El Porvenir, Cartagena. 20 de julio de 1879. Rollo núm. 3525. Administ p1-65 ener12.indd 11 18/01/11 20:41 Johannie James Cruz 12 Raúl Román Romero histórica de la región; sin embargo, esta abrumadora empresa quizá se concentró casi de manera exclusiva en la ciudad de Cartagena y su antigua provincia debido a la limitación de recursos, de tiempo o por el poco entusiasmo para realizar esfuerzos similares en otras localidades de la costa Caribe. Lo que dejó por fuera de este esfuerzo a otras municipalidades de importancia regional. Si bien a finales del siglo XIX José P. Urueta libró contra los intereses norteamericanos una de las primeras defensas de los cayos de Roncador y Quitasueño como integrantes de la República de Colombia, son muy pocas las referencias que aparecen en sus compilaciones documentales sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Como consecuencia, este territorio, que estuvo ligado político- administrativamente a Cartagena durante buena parte del periodo republicano, quedó prácticamente al margen de esta recopilación sobre la memoria documental del Caribe colombiano y, por supuesto, quedó ausente de los referentes del pasado común que se estaban elaborando de esta región como parte de la nación colombiana.6 No obstante los esfuerzos de muchos intelectuales cartageneros por demostrar la centralidad de Cartagena y el papel de sus habitantes en la formación de la nación colombiana, la frágil historia compartida entre la costa Caribe y el centro de Colombia mantiene hoy su vigencia. En razón a lo anterior, es apenas lógico que en el archipiélago, cuyo pasado no fue incluido ni como referente de la costa Caribe colombiana ni en la representación del pasado que se hace del país, sus habitantes enfrenten el dilema de reconocer una memoria histórica que, siendo ajena, se ha impuesto como propia. Sin embargo, esta compleja identidad con la nacionalidad colombiana, notoria en los habitantes ancestrales de las islas, no sólo se debe a la ausencia de un pasado compartido, sino también al proceso mismo de construcción e imposición de una memoria histórica del país que seleccionó de manera conveniente los hechos del interior andino, por ejemplo, los ocurridos el 20 de julio y el 7 de agosto, como acontecimientos exclusivos en la construcción de la nación y la República de Colombia, dejando por fuera los hechos y los esfuerzos que en favor de la independencia sucedieron en otras regiones. Pese a todos los preparativos y conmemoraciones que han tenido lugar en la actualidad colombiana para hacer posible una celebración del bicentenario de la Independencia desde una óptica plural, la tradición excluyente que se instauró para la celebración de los primeros cien años de la emancipación, mantiene su peso fundacional en esta fase bicentenaria. 6 A finales de la década de los noventa del siglo XX tuvo lugar un emprendimiento de recuperación de la memoria documental de Cartagena por parte del Instituto Internacional de Estudios del Caribe y la Gobernación de Bolívar. Algunas de las obras recuperadas fueron Diccionario histórico-geográfico de Bolívar, de Dimas Badel; una selección de documentos de Efemérides y Anales del Estado Soberano de Bolívar, de Manuel Ezequiel Corrales; Notas de la expedición Fidalgo (1790-1805); El General Burgos, de Remberto Burgos Puche y El río Cesar de Luis Estrriffler. Pero éste aún fue un intento de recuperación del Bolívar grande que excluyó al archipiélago del corpus documental. Administ p1-65 ener12.indd 12 18/01/11 20:41 A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l c a , d e s a r r o l lo e c o n ó m i c o y c o r r u p c i ó n e n e l a r c h i p i é l ag o 13 A dos años de cumplirse el primer centenario de la creación de la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia, este libro tiene un doble propósito; el primero es continuar con un proceso de reconstrucción de la historia del archipiélago de San Andrés que, en muchos de sus aspectos, aún sigue inacabada; y el segundo es contribuir con los esfuerzos de preservación documental de las islas que han realizado otros autores como Juan Carlos Eastman, quien reconstruye el proceso de colombianización basando su análisis principalmente en informes de funcionarios públicos. Entre sus obras se destacan, Las amenazas a la Arcadia feliz y deseada: El Archipiélago de San Andrés y Providencia en 1927. Visiones desde las Islas y Memoria de un visitante: aproximación al Archipiélago de San Andrés y Providencia a fines de 1913.7 Martha Cecilia Cortés (1988), quien a través del informe de don Santiago Guerrero, delegado del Ministerio de Gobierno para visitar las islas de San Andrés y Providencia, narra la situación del archipiélago antes de su designación como intendencia en 1912. Martín Eduardo Vargas (1988) describe al archipiélago entre 1921 y 1922, a través del informe enviado por el intendente Manuel M. Leal al ministro de Gobierno en 1922. Por su parte, Carlos Andrés Charry (2002), en su estudio titulado En el trasfondo de la colombianización: el archipiélago de San Andrés visto por funcionarios del Estado colombiano (1888-1924) analiza varios informes que lo llevan a formular conjeturas respecto al verdadero interés del Estado en el proceso de colombianización. Por tanto, esta publicación no sólo retoma los esfuerzos de preservación del patrimonio documental de las islas, sino que pretende constituirse en un documento de consulta pública, sin la amenaza de que el deterioro al que se exponen los documentos en el Caribe, por las condiciones climáticas, el efecto destructor de repentinos incendios y la capacidad devoradora del comején y los roedores, aniquilen por siempre la memoria documental de las islas y de paso la posibilidad de construir su propia historia. Es preciso recordar en este punto que en el mes de mayo de 1964 un inexplicable y voraz incendio destruyó el Palacio Intendencial, y con él una buena cantidad de los documentos históricos que hubieran podido ayudar a reconstruir la historia del archipiélago. Este hecho ha resultado ser un obstáculo para la elaboración de la historia de las islas, en especial de la época de la intendencia. Félix Díaz Granados, en su libro Monografía del Archipiélago de San Andrés8 (1978) explica el caos que se vivió en la isla luego de este suceso, y enfatiza en la importancia de empezar a escribir la historia de las islas por el temor de que un hecho de esta 7 Eastman, J. (1987). Ponencia: "Sobre historia y el archipiélago de San Andrés y Providencia". En IV Congreso de Antropología. Popayán, octubre 8 al 12 de 1987. (1988). "Memoria de un visitante aproximación al Archipiélago de San Andrés y Providencia a fines de 1913." En Boletín Historia Bogotá- v. 5 N° 9-10 Enero-Diciembre. (1990). El Archipiélago de San Andrés y providencia, 1886-1930: Sociedad, integración y conflicto en el proceso de la "Colombianización". VII Congreso de Historia de Colombia. Universidad del Cauca, Popayán, noviembre 19 a 23 de 1990. (1992). "Creación de la Intendencia de San Andrés y Providencia. La cuestión nacional en sus primeros años." En Credencial Historia. San Andrés y Providencia. Edición núm. 36. Diciembre. 8 Díaz Granados, Félix. Monografía del archipiélago de San Andrés. Bogotá: Ediciones Medio Pliego, 1978. Administ p1-65 ener12.indd 13 18/01/11 20:41 Johannie James Cruz 14 Raúl Román Romero magnitud volviera a suceder y que con él, se lleve todos los antecedentes de una historia sin contar: Por tal vez cien años se fueron acumulando en los cuarenta locales de esa casa [el Palacio Intendencial] los archivos correspondientes a la intendencia, la secretaría de gobierno, la de Hacienda, la de educación, la aduana, el tráfico, la policía, juzgados, notaría y oficina de registro, a pesar de haber determinación precisa para que estas dos oficinas nunca funcionen en la misma casa; el catastro, pagaduría y otras tantas dependencias, cada una con toneladas de papeles que iban amontonando en legajos amarrados con cuerdas en cada uno de los cuatro rincones de la oficina y en estantes desvencijados que no resistían ni un telegrama más. Allí estaba la historia del Archipiélago desde Jesucristo hasta nuestros días. Después del incendio no quedó nadie casado porque habían desaparecido los comprobantes respectivos, nadie era propietario de su casa o lote porque las escrituras habían volado en cenizas por los tejados, nadie era ciudadano porque los kardex de identificación desaparecieron en llamas, hubo que desocupar las cárceles por falta de denuncio o pruebas; los carros quedaron sin propietarios por falta de documentos. Deudores y acreedores quedaron en blanco por desaparición de comprobantes. El registro civil no tenía ni un solo registrado. Quedó el Archipiélago como el día anterior al de la creación y en estado de inventar todo, inclusive a los ciudadanos, conseguirles padres e hijos, y todo el ambiente daba la sensación de un limbo en el que deambulaban seres anónimos. (Díaz Granados, pp. 83-84). Por lo anterior, reiteramos que esta publicación cumple un doble objetivo, el de aportar nuevas luces sobre algunos hechos acontecidos en las islas y el de preservar documentos valiosos para seguir interpretando ese pasado del que poco conocemos. Esta edición está compuesta por dos partes, una integrada por dos capítulos y la segunda por una compilación de documentos de 1926 y 1927. En el primer capítulo se analizan las conflictivas relaciones entre los funcionarios enviados por el Gobierno central desde la región andina y los habitantes de las islas por el manejo de los asuntos públicos, y en el segundo se analizan las condiciones económicas del archipiélago y su desarrollo en el marco de la administración intendencial en 1927, así mismo se evalúan las principales implicaciones de la aplicación de la Ley 52 de 1912, conocida como Ley Orgánica de la Intendencia. A estos dos capítulos se anexan dos informes del intendente Jorge Tadeo Lozano en 1927 y los anexos concernientes a estos informes. También incluimos correspondencia, informes y documentos referidos a un escándalo por el desfalco que se hizo a la administración de hacienda de la intendencia. Estos documentos ofrecen una gran información para entender el pasado de las islas, las dificultades en los procesos administrativos, las relaciones entre el centro del país y los habitantes del archipiélago y al mismo tiempo los planes para el progreso y desarrollo de esta zona del país.

La educación para la paz tiene ya tras de sí una rica tradición. Arranca en el siglo XIX, con propuestas plurales que van adquiriendo cada vez más fuerza y difusión. Aunque su implantación va siendo diferente en los diversos países, tanto en sus formas como en su intensidad, a nivel general logra una configuración y consolidación ya maduras en los ochenta del siglo pasado. Lo hace sintetizando tres grandes fuentes de inspiración y fudamentación: la tradición de la no violencia, con su tesis clave de que el fin de la paz está ya en los medios o vías hacia ella; la tradición de la renovación pedagógica en sus variadas expresiones; la investigación para la paz (piénsese en personas tan influyentes como Galtung, con su famosa distinción entre violencia directa, estructural y cultural) que le va a aportar consistencia sociopolítica, y, además, un conjunto de categorías que la orientarán en el modo de entender la violencia a la que confrontarse y la paz a la que aspirar, así como en la manera de abordar nuestra connatural conflictividad (educación para la paz como educación para el conflicto). Con el amparo de la UNESCO, el enfoque de la educación para la paz resultante de esa síntesis se aplicó en muchos lugares, además de a algunas violencias de expresión local, a las grandes violencias a nivel planetario, destacándose: a) la de las guerras: las guerras reales existentes sobre todo en países del hemisferio Sur y la gran amenaza de guerra nuclear ligada a la carrera de armamentos entre los bloques militares en el Norte (OTAN/Pacto de Varsovia), muy sentida en Europa; b) la de la violencia estructural responsable de la pobreza y miseria de la mayoría de la población, situada sobre todo en los entonces llamados "países en desarrollo"; c) la violencia cultural, la incubada expresamente en la "cultura de las armas" y más ocultamente en otras versiones culturales, transmitida a través de los diversos medios socializadores, que, incluso, podía estar presentes en las dinámicas escolares oficiales a modo de "currículo oculto". Progresivamente, el panorama de violencias que debía afrontar la educación para la paz se fue ampliando, de acuerdo con las nuevas realidades y sensibilidades sociales. Apareció así la demanda de una educación multicultural/intercultural que se confrontara con la violencia de motivación racista y xenófoba; de una educación ecológica que se hiciera cargo de la responsabilidad de los humanos en la destrucción de la biosfera; de una educación impulsora de la igualdad de género, frente a la violencia de motivación patriarcal; o, mirándonos hacia dentro, de una educación contra el acoso y hostigamiento en el ámbito escolar. Etc. Evidentemente, la educación para la paz no quedaba definida únicamente por su temática. La definía decisivamente su objetivo de ser una vía para la paz. Y su intención, de cara a ello, de sintetizar contenidos formativos con renovación de las estructuras escolares para que no fueran expresión de violencia, con fomento de relaciones intersubjetivas adecuadas y con metodologías activas ligadas a las dinámicas de gestión positiva de los conflictos. Se destacaba, en este sentido, que había que imbricar lo cognitivo con lo afectivo y lo motivacional, a fin de generar en quienes se educaban actitudes activas y comprometidas de paz, tanto hacia los cercanos como hacia los lejanos. Creo que, durante varias décadas, lo que ha hecho la educación para la paz es recontextualizar ese modelo asentado en los ochenta. Necesitamos, por supuesto, seguir haciendo esta recontextualización, tanto a nivel local como general. Por ejemplo, respecto al nivel general, no podemos ignorar cómo se está mostrando la injusticia estructural en las actuales expresiones de la globalización, o cómo están apareciendo novedosas y muy crudas formas de violencia terrorista y de guerras, o qué modalidades de crisis ecológicas estamos provocando. En cuanto al nivel local, deben tenerse en cuenta los avatares de cada país ligados a la violencia y la paz, como, en Colombia, su actual proceso de paz. ¿Pero basta la recontextualización? Pienso, por mi parte, que se impone una auténtica renovación de la educación para la paz. Una renovación que suponga transformaciones relevantes en el modelo, pero, evidentemente, asumiendo todo lo positivo de él, que es mucho, a fin de conducirlo a una mayor maduración y fecundidad. Una renovación que no tiene que partir de cero, porque de hecho, con mayor o menor conciencia de sí misma, se está poniendo ya en marcha en diversos lugares y con diversas iniciativas que piden no solo su generalización en la educación, sino su resituación en un marco de sentido general y fundamentado. Una renovación –paso ya a concretar su perspectiva- que tiene que situar la columna vertebral de su propuesta en una reestructuración de la mirada. Me explico en lo que sigue. El foco primario de la mirada de la educación para la paz ha estado asentado, como lo sugiere la propia terminología, en la búsqueda de paz. Es decir, ha estado orientado a un futuro de paz, desde el afrontamiento educativo de un presente de violencia. ¿Cuál ha sido la limitación de este enfoque –en el que me he integrado activamente, la crítica es desde dentro-? Que las víctimas de la violencia estaban presentes, pues era su existencia la que definía la violencia y porque se educaba para que no hubiera víctimas, pero sin que modularan intrínsecamente la educación para la paz. Lo que quiero proponer ante esta constatación es, precisamente, una focalización primaria de dicha educación en ellas –en esto consiste la reestructuración de la mirada-, por sentido de justicia, por sentido de realidad y por coherencia con el bien intrínseco de la educación, y reconfigurar desde ella todo el modelo. Para que se entienda lo que quiero decir, conviene partir de algo que en los ochenta se propuso generalizadamente y que expresaba el contacto más intenso con la víctima contemplado en el modelo de educación para la paz: el enfoque socio-afectivo. Con él se pedía que en el proceso educativo, quienes se educaban experimentaran vivencialmente la opresión implicada en la violencia que se quería trabajar, por supuesto, de forma tenue y transitoria. Por ejemplo, realizando un juego de rol que provocara que un sector de "señalados" sufriera la estigmatización espontánea de sus compañeros, de forma tal que, luego, tras desvelarlo y evaluar lo vivido, se aplicara lo aprendido experiencialmente a la realidad de los socialmente estigmatizados con toda crudeza, motivando así vital y empáticamente el compromiso transformador. Se trataba en definitiva de alentar el ponerse, aunque fuera mínimamente, en la piel de la víctima, con la consecuencia o correlato de que algunos se ponían inconscientemente en la del victimario. No es que no deba seguir practicándose esta metodología. Lo que pide la nueva mirada que estoy defendiendo es que sea resituada en una atención y acogida educativa de las víctimas mucho más focal. ¿Por qué? Porque incluso cuando se hace correcta y fecundamente esa práctica socio-afectiva, adolece de dos limitaciones importantes si el acercamiento a la víctima se acaba en ella. En primer lugar, en tal práctica, aparecen dos grandes sujetos activos y uno pasivo. Los agentes activos son, por un lado, el propio violento con su violencia, al que se quiere denunciar y desactivar; por otro lado, los agentes de paz que se quieren fomentar con la educación, con su acción a favor de la paz. La víctima, en cambio, es el sujeto pasivo, el sujeto receptivo de los compromisos de justicia y solidaridad de estos segundos agentes. Pues bien, el modelo renovado de educación para la paz centrado en las víctimas resitúa a estos sujetos. El agente primario, el interpelador decisivo de todo el proceso, con su presencia testimonial directa (física o virtual) cuando es posible, esto es, cuando es superviviente, pero también con su impacto de asesinado, pasa a ser la propia víctima. Es ella la educadora primaria, activa, tanto frente al violento al que denuncia y ante el que se resiste, como ante la persona con actitud receptiva de lo que ella testimonia. Como puede verse, el que era sujeto pasivo se hace activo, mientras que a los sujetos activos se les invita a una inicial y decisiva "pasividad de la receptividad" en la que tendrán que asentar con coherencia moral su actividad ya no solo solidaria sino colaborativa con la víctima. Esto cambia muchas cosas, no solo pedagógicamente, sino también moralmente. No es que esté pidiendo que sea la víctima la que se encargue de la educación para la paz. El educador formal seguirá siendo clave, la responsabilidad fundamental seguirá estando en él, pero deberá expresarse en forma de coordinación y desarrollo de esa presencia activa de la víctima y de todo lo que debe considerarse antes y después de ella. Una educación para la paz con esta focalidad no solo educa mejor; en el propio proceso educativo hace justicia a la víctima, en forma de reconocimiento pleno de ella. Por último, este centramiento en la víctima hace mucho más improbable que se caiga en marginaciones de víctimas en la educación para la paz, con la grave contradicción que ello supone. Mi experiencia en el País Vasco con la violencia de ETA, me ha mostrado lo difícil que es que se integre en la educación escolar para la paz a expresiones de violencias (y por tanto a sus víctimas) en las que concurre alguna de estas circunstancias: que la violencia en cuestión tenga una motivación política que provoca que no haya acuerdo social general de condena; que el desacuerdo, socialmente crispado, tenga su reflejo en la propia comunidad educativa; que se trate de una violencia que tiene ramificaciones amenazantes para los educadores que la combaten. La tentación de inhibirse, de no abordarla aunque se aborden otras formas de violencia, aduciendo indebidamente ante ella el criterio de neutralidad educativa, es muy grande. Pues bien, cuando esta educación es vertebrada por las víctimas, tal inhibición resulta moralmente insoportable, aunque haya que plantearse procesos prudenciales para hacerles el lugar educativo al que tienen derecho. La segunda gran transformación que provoca la centralidad de las víctimas en la educación para la paz tiene que ver con la temporalidad. Como ya he adelantado, la focalización en el horizonte de paz nos hace mirar, desde el presente, hacia el futuro. En cambio, la víctima que testimonia su victimación, interpelándonos, nos hace mirar, desde el mismo presente, hacia el pasado, hacia su pasado de victimación, en el que está el violento como su victimador. Habrá que acabar mirando al futuro en el que se realiza la paz y la justicia, pero con mirada mediada por ese pasado. Esto hace aparecer en la educación para la paz cuestiones que habían sido tenidas en cuenta solo excepcionalmente. En primer lugar, la de la memoria. Es clave recordar y recordar bien, tanto por parte de la víctima, como del victimario, como de la sociedad que pudo considerarse "espectadora". Es clave implicar en nuestra memoria la memoria de la víctima que, sin dinámicas de venganza, nos cuenta lo que pasó, no solo empírica sino moralmente (el mal es también algo que sucede). Es clave situarla, como memoria personal y social, en la compleja memoria de los historiadores. Todo lo cual pide incorporar a los referentes tradicionales en la educación para la paz otros referentes novedosos, como el del reconocimiento, o el de la "justicia anamnética" asentada en la verdad, o el de la "paz memorial", frente al poder opresor del olvido injusto. Igualmente, ya mirando al futuro, motiva plantearse horizontes de reconciliación en los procesos de resolución de los conflictos, que fueron poco considerados; y, en el marco de ellos, abrirse a cuestiones como la de la "justicia restaurativa" ante el delito. La gestión de los conflictos seguirá siendo clave, pero añadiendo una atención crítica para que la paz que se busca no se haga a costa de la injusticia con el pasado de victimación. Al menos en esta última década, en diversos lugares, se están haciendo presentes en la educación para la paz iniciativas que implican de hecho esta refocalización en las víctimas que estoy proponiendo. Considérense estas líneas como un reconocimiento de ellas y, además, como una llamada, no solo a que sean compartidas por la comunidad educativa, incluso a nivel internacional, sino a que sean acrecentadas y enmarcadas en un modelo educativo dialogado, flexible y abierto a transformaciones, que les permita realizar todas sus potencialidades. Para tal tarea, creo que el papel de la Universidad es muy relevante, tanto a nivel de la teoría como de la praxis, en interconexión.