El pasado domingo 9 de noviembre los nicaragüenses votaron a los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales en 146 de los 153 municipios del país (habiendo sido postergados para el 2009 aquellos pertenecientes a la Región autónoma del Atlántico Norte, debido a las importantes secuelas del huracán Félix). Lo que podría ser pensado como un simple proceso de acción cívica, se ha convertido en un conflicto que ya ha cobrado al menos dos muertos y una decena de heridos en enfrentamientos ocurridos en la capital del país. Los disturbios comenzaron a raíz de reclamos del partido de oposición, de tendencia "derechista", por supuestas irregularidades en el proceso de escrutinio. Los principales protagonistas del conflicto son los simpatizantes del partido en el gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y los del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC); las dos fuerzas políticas con más posibilidades de triunfar en las elecciones. En realidad cabe comenzar por reconocer que estas elecciones se han tornado dificultosas no por azar, sino por el largo proceso histórico que, siendo igual de conflictivo, ha llevado a Nicaragua hacia un gobierno "fuerte" pero de democracia débil… En buena parte del siglo XX (entre 1934 y 1979) el país centroamericano fue dirigido por la "dinastía" de los Somoza, influyente familia que engendró un régimen cada vez más autoritario y caracterizado por reiteradas sino sistemáticas violaciones a los derechos humanos. En parte por tal motivo, un movimiento político de oposición, con fuertes bases de izquierda, es creado en 1961; el Frente Nacional de Liberación Sandinista (FSLN), así denominado en honor a César Augusto Sandino, considerado héroe de la resistencia nicaragüense contra la ocupación norteamericana. Desde sus inicios, el movimiento se mostró en contra de los Somoza, de la influencia norteamericana y a favor de establecer un régimen socialista. Tras años de formación y movilización armada, en 1978 el FSLN se levanta en armas contra el gobierno "dinástico", desatándose así una serie de sangrientos combates entre el gobierno y la oposición. Tras varias vicisitudes guerrilleras, los sandinistas se hicieron con el gobierno de Nicaragua en julio de 1979. Una vez en el poder, el FSLN, liderado por Daniel Ortega, propugnó una política de repartición de tierras de los latifundios, la nacionalización de la banca así como la expropiación de los bienes de la familia Somoza. Sin embargo, no practicó una política económica de estilo soviético, ni acabó totalmente con las libertades individuales, cívicas o partidariasEl nuevo gobierno de Nicaragua era, sin dudas, disfuncional para los intereses de Estados Unidos, el cual, todavía en plena Guerra Fría, consideró al país centroamericano como un peligroso aliado de la unión Soviética. Por consiguiente, Washington comenzó acciones orientadas a derrocar al régimen sandinista. Para el año 1981, el gobierno de Reagan, con el argumento (absolutamente cierto) de que los sandinistas brindaban apoyo al movimiento guerrillero de El Salvador, bloquea económicamente a Nicaragua y organiza, financiándolo a través de la venta de armas de manera ilegal a Irán, un movimiento contrarrevolucionario (principalmente compuesto por ex-somocistas) denominado "Los Contras" (hecho negado, luego, por el Senado norteamericano, causa del escándalo denominado Irán-Contras). Los sandinistas respondieron a este intento "contrarrevolucionario" con nuevos levantamientos armados y así se desencadenó, nuevamente, una situación de guerra que dejó como saldo a más de 38.000 muertos e importantes pérdidas materiales y económicas. La contienda logra resolverse en 1988 mediante conversaciones entre el gobierno sandinista y "Los Contras". Al año siguiente se llega a un acuerdo en donde se pactaba la disolución de los últimos y la creación de reformas constitucionales que "garantizaban" la coparticipación política. Los sandinistas se mantendrían de esa forma en el poder hasta 1990, cuando son desplazados en las urnas por el Partido Liberal, antecedente del actual PLC. El liberalismo nicaragüense había nacido a mediados del siglo XX (1944), en contra de la pretensión continuista de los Somoza, y fue consolidada instrumentando la confluencia en el Partido Liberal Independiente (PLI) -un partido "paraguas" de las distintas corrientes del liberalismo-, que, en muchos casos, había transitado por caminos más conservadores que estrictamente liberales. Dos grandes consignas ideológicas caracterizan a esta corriente política y en su mera enunciación queda explícito el carácter ambiguo del liberalismo nicaragüense: la fidelidad a la Iglesia y las bondades del sistema democrático representativo. Regresando ya al presente, la campaña electoral culminó oficialmente el pasado 5 de noviembre; los partidos desde entonces se encuentran a la espera de la publicación de los resultados oficiales, a realizarse el próximo domingo 23 (según el calendario oficial de las elecciones). Como dijimos, los partidos candidatos son: la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por el presidente Daniel Ortega, y la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), encabezado por el ex presidente Arnoldo Alemán (condenado a 20 años de cárcel por delitos de corrupción durante su gestión de 1997 a 2001). También son candidatos el Partido Alternativa por el Cambio, la Alianza Liberal Nicaragüense y el Partido de Resistencia Nicaragüense. ¿Cuál es la raíz del problema? Los partidos históricos se disputan el control de la alcaldía de Managua, capital, región más desarrollada (económica e industrialmente) y principal fuente de ingresos por impuestos del país. El candidato a alcalde por el FSLN es el ex boxeador Alexis Arguello, teniendo por rival de derecha al banquero liberal Eduardo Montealegre. Hay varios intereses en juego. Al parecer, la oposición busca convertir las elecciones en un referendo contra el gobernante del FSLN mientras este último busca obtener la victoria en la mayoría de los 146 municipios, lo que se traduciría en un voto de confianza para Ortega que le permitiría avanzar en su proyecto de reforma constitucional para garantizar su reelección presidencial. El FSLN propondría entonces negociar reformas con el Partido Liberal, con la intención de instaurar un sistema semi-parlamentario que cerraría aún más los espacios de poder y participación a otros grupos. La campaña fue una dura batalla electoral. Los sandinistas no perdieron su tiempo y se enfocaron en proclamarse vencedores por todos los medios posibles, muchos de ellos populistas. Sin dudas no escatimaron recursos, dado que proporcionaron casas, créditos, bicicletas, cocinas y tanques de gas a sus partidarios y personas menos favorecidas económicamente. También fumigaron viviendas, autorizaron reducir la tarifa de luz, bajaron el precio de algunos productos de primera necesidad (como el arroz). Asimismo, según la oposición, no han dudado en desalentar el voto a los adversarios con campañas publicitarias amenazantes y agresivas que, según dicen, buscaban fomentar el temor y la abstención (siendo Nicaragua el único país de Centroamérica que permite el voto voluntario) de sus partidarios en los comicios. La elaborada campaña política de los sandinistas les valió liderar los sondeos que se han traducido a los hechos: según un primer escrutinio del Consejo Supremo Electoral (CSE), el FSLN tendría ventaja en al menos 101 de las 146 municipalidades, incluyendo, por supuesto, la de Managua, donde se suscitó el problema luego de las elecciones. La oposición ha denunciado irregularidades en el proceso de escrutinio, diciendo que sólo se están haciendo públicos los resultados en las juntas en las que venció el FSLN y reclama nuevos conteos ante posible fraude electoral. Según informan los medios locales, varios ataques se suscitaron luego de las votaciones: primero una caravana del PLC fue atacada por desconocidos, lo que provocó aguerridos enfrentamientos entre ambas partes que concluyeron en la muerte de José Estaban Sandoval (fiscal del PLC) y en la de una niña de ocho años. Asimismo, un grupo de simpatizantes del PLC apedreó la residencia de Edén Pastora Gómez, conocido como Comandante Cero (quien, en 1978, lideró un comando sandinista que asaltó el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores presentes) aliado del presidente Daniel Ortega. A raíz de los acontecimientos, los habitantes de Managua se muestran temerosos de más violencia dado que no se descarta que en las últimas horas se produzcan más manifestaciones por parte de la oposición. Lo intrincado de la situación no culmina allí, puesto que al parecer, el candidato Montealegre se encuentra convencido de que ha ganado las elecciones, denunciando fraude electoral por parte del oficialismo, y ha solicitado la intervención de organismos nacionales e internacionales (como la OEA) para un racconto en todas las Juntas Receptoras de Votos del país (acto al cual se había negado previamente el Tribunal Electoral). Los opositores al gobierno sandinista, han denunciado también una supuesta intervención de Caracas. Acusan al sandinismo de haber recibido dinero del presidente Hugo Chávez para su campaña, a través de dos embarques de combustible a Nicaragua, para que las alcaldías sandinistas destinaran el producto de su venta a promover la candidatura de Ortega. Hecho que, de ser confirmado, constituiría una flagrante violación del Derecho Internacional, que condena, de manera explícita, cualquier tipo de intervención extranjera en los asuntos internos de un país. Por su parte, los sandinistas acusan a los liberales de utilizar fondos de campaña provenientes del lavado de dinero, producto de fondos desviados al Estado de Nicaragua. De ser probado esto, el PLC sería suspendido de inmediato por personería jurídica (según la Ley Electoral, artículo 72). No sólo se vería frustrada su campaña política, sino que además, todos sus gobiernos electos, además de sus diputados, tendrían que ser destituidos ipso facto: esto llevaría a Nicaragua a la peor crisis política de su historia, porque ni siquiera se podría llamar a una Asamblea Constituyente. No cabe duda que la histórica política de "hacienda" aún perdura en el país. La política, fielmente aliada del ámbito social, aún encuentra sus mecanismos de acción más eficaces en él; confabulándose una peligrosa mezcla entre la sociedad y la política. De no separarse estos dos ámbitos, es natural pensar que ocurran disputas políticas como las que actualmente está viviendo el país. Una escritora y autora nicaragüense, Sofía Montenegro, en un análisis sobre su actualidad nacional -y en referencia a la figura de la iglesia católica-, ha comentado que debido a la casi nula secularización del Estado nicaragüense, el país vive en la actualidad en un período de "inhibición" de la modernización, persistiendo un pensamiento pre-moderno. De hecho, la educación clerical que reciben los ciudadanos, los ha hecho, según la autora, seres pasivos y sumisos, confluyendo en lo que ella ha denominado (brillantemente) un "pragmatismo resignado". De ser cierto esto, la población nicaragüense debería estar sumida en la impotencia, social, política y cultural; lo que ha contribuido, sin duda, a que la sociedad misma reaccione de esta manera ante un problema como el actual. Si a esto le sumamos un sistema político elitista, que aún mantiene relacionado el providencialismo con el autoritarismo, se produce como resultado, el obvio aislamiento cultural de Nicaragua, como bien diría Sofía Montenegro. No cabe duda, que el país centroamericano, con su presente casi igual a su pasado, tiene serias carencias institucionales: una democracia de pocos y para pocos. No es de extrañar el comportamiento de los simpatizantes sandinistas y liberales: si las masas están desesperadas y la política sigue caminos de los intereses de unos pocos, ese vacío institucional deja a una Nicaragua vulnerable, frente a cualquier intento de quiebre del orden constitucional. Estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales. FACS - ORT
El 9 de mayo de 2017 se presentó en Montevideo el libro Políticas del cuerpo, gobierno de la ciudad: el retorno a la democracia en Uruguay. El libro recoge resultados de una investigación realizada por Cecilia Seré Quintero (Udelar), bajo la orientación de Alexandre Fernández Vaz (UFCS). La investigación, realizada en el marco del Programa de Posgraduación en Educación de la Universidade Federal de Santa Catarina(Brasil), se inscribe en las interacciones académicas establecidas entre el Grupo Políticas Educativas y Políticas de Investigación (GPEPI) del ISEF-Udelar y el Núcleo de Estudos e Pesquisas Educação e Sociedade Contemporânea (UFSC). El marco general de la investigación tiene como objeto el análisis de cuestiones vinculadas al cuerpo en la política contemporánea. Más específicamente, la mirada está centrada en la ciudad de Montevideo, en la transición entre la dictadura cívico-militar (1973-1985) y el retorno a la democracia, alcanzando hasta el año 1990. Señalan los autores: "Se buscó establecer relaciones entre los modos de pensar y organizar el espacio público, y la configuración discursiva del cuerpo en términos políticos" (Seré Quintero y Fernandez Vaz, 2017, p. 19). De esta manera, en la investigación se observan las expresiones de la política en el espacio de la ciudad, espacio por excelencia de la política, específicamente aquellas expresiones que tienen al cuerpo como objeto: "El gobierno de la ciudad supone, en este sentido, una intervención sincrónica en el emplazamiento del cuerpo en el centro de la política moderna" (Seré Quintero y Fernandez Vaz, 2017, p. 12). Se trata de una intervención sobre la vida, una suerte de administración de los ritmos biológicos que se manifiestan en el individuo y la población en un territorio determinado. Los espacios privilegiados para esta intervención no se reducen al sistema educativo o la red hospitalaria; tal y como se destaca en el libro, parques públicos, plazas, playas, avenidas, calles, pasajes, etc. configuran toda una nervadura urbana en la que se puede observar las políticas del cuerpo. Con estos elementos sobre la mesa, cobra mayor relevancia el análisis de la modulación dictadura-democracia. Las fuentes de la investigación remiten fundamentalmente a documentos elaborados en la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF) entre 1985 y 1990. Para la investigación desarrollada este organismo ocupa un lugar destacado en cuanto está direccionado a disponer y organizar los cuerpos en la ciudad. Además de los documentos elaborados por la CNEF, también se analizan otros de diferentes dependencias estatales: la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y diarios de sesiones del Parlamento. El libro se compone de un prólogo de los autores, una introducción, tres capítulos y consideraciones finales. El capítulo I se denomina "Cuerpo y ciudad: lo urbano en la política moderna". Está orientado a mostrar cómo, si se trata de lo urbano, el cuerpo es objeto de políticas. En este sentido, el tratamiento político del cuerpo tendrá que ver, en las ciudades, con la administración temporal y espacial, con el establecimiento de vías, rutas y ritmos de circulación, pero también con las formas de andar y de circular. Aparece ya en este primer capítulo una categoría fundamental: biopolítica. El cuerpo en la ciudad se piensa en la misma medida en que se piensa la maximización de la vida. Se destaca también en este capítulo la distinción entre vida pública y privada, así como el declive de dicha distinción en la modernidad, y la relevancia que tiene para las políticas del cuerpo. El capítulo II lleva como título "Política, tiempo libre y ciudad: gobierno del organismo en el retorno a la democracia". En este capítulo se entra de lleno en el análisis de las políticas públicas en el campo de la educación física, el deporte y la recreación, políticas establecidas por la CNEF. El trabajo con las fuentes, con referencias empíricas, en nada opaca la densidad teórica del análisis. Se podría decir, incluso, que en ocasión del material empírico analizado se desarrolla una discusión teórica excepcional para el campo de referencia, lo cual da pistas para comprender la posición epistemológica asumida en la investigación. El tercer capítulo se titula "Democratización de la Educación Física: del cuerpo a la conciencia". Allí se analizan las claves de las políticas de la CNEF, identificando dos vías discursivas complementarias: la inclusión y la conciencia. Se trataba de un discurso dirigido a toda la población, sin exclusiones, que apelaba a la participación voluntaria de las actividades propuestas a través de la creación de conciencia. Pero, una vez más, no se trata únicamente de la mera descripción de las políticas públicas sino de un riguroso análisis conceptual que en todo momento denota el esfuerzo por explicar la articulación de dichas políticas con lo que estaba sucediendo en el país a nivel social, cultural y político, en el que no se deja de retomar el análisis de las continuidades y rupturas entre democracia y dictadura. De esta manera, la investigación echa por tierra de un modo incontestable la muchas veces pretendida asepsia ideológica de la educación física, el deporte y la recreación. En las consideraciones finales se hace bastante más que un balance de la investigación. Es un pasaje de alta densidad conceptual en el que se retoman los principales elementos presentados en los tres capítulos centrales, pero también se abren nuevas perspectivas de análisis e investigación. Es destacable, además, que las consideraciones finales son utilizadas para presentar discusiones sobre algunas de las categorías utilizadas. Por ejemplo, respecto de la expresión "política del cuerpo", se trae una vez más a la palestra, como varias veces a lo largo del libro, a Hannah Arendt y Michel Foucault, pero también a Jean-Claude Milner y Alain Badiou, entre otros. La discusión presentada allí, aunque no se pueda decir que es independiente de la investigación realizada, tiene su valor en sí misma. Se destaca en la investigación el uso sistemático de algunos conceptos, por ejemplo: políticas del cuerpo, biopolítica, u otros tal vez menos evidentes, como las diferencias que se pueden establecer entre organismo y cuerpo o las relaciones entre los conceptos de política y vida. Se trata de conceptos más o menos recientes, no solo para el campo de la educación física, sino para las humanidades y las ciencias sociales en general, que aquí se ponen en movimiento de manera rigurosa. De ese modo, la investigación ayuda a entender, a avanzar en la posibilidad de decir que, así como toda educación es educación del cuerpo, toda política toca en la cuestión del cuerpo. Contribuye a releer el concepto de política especialmente en la modernidad, sobre todo si se tiene en cuenta que habitualmente pensamos la política como algo que pertenece exclusivamente al terreno de las ideas y ubicamos allí las ideologías, la cuestión del poder, etc., pasando por alto que toda política es política del cuerpo; en ese escamoteo dejamos escapar lo esencial. La investigación que se nos presenta en este libro permitiría arriesgar una hipótesis: la cuestión política fundamental de la modernidad no se conforma por las ideas, las ideologías o el poder; la cuestión política fundamental es la del cuerpo, porque a lo que se enfrenta la modernidad es al problema de la multiplicidad de lo viviente y descubre, con Maquiavelo, con la multiplicidad hablante de los seres hablantes, lo que después se va a poner de manifiesto de diferentes maneras, por ejemplo, en Spinoza, Hobbes y Rousseau. Otra de las contribuciones relevantes de la investigación está en el tratamiento del pasado reciente. En Uruguay se ha visto cómo es difícil tratar este asunto, no solamente por cuestiones teórico-metodológicas sino porque se involucran polémicas diversas. En este sentido, la investigación de Seré Quintero contribuye a darle objetividad al tema, desde el punto de vista conceptual y empírico, a un problema que no se agota en lo ideológico; diría más: contribuye a objetivar un problema que es difícil de captar en el terreno de la ideología o, incluso, que lo ideológico oscurece. En la última parte de esta reseña voy a referirme a algunos elementos puntuales del libro. En el análisis de la transición de la dictadura cívico-militar a la democracia hay un elemento que me parece fundamental: la reubicación de la educación del cuerpo en función del giro ideológico que supuso el retorno a la democracia, el mentado "cambio en paz" de cara a la "pacificación de la sociedad" por la vía de la superación del pasado, hacia un futuro en el que se disolverían las divergencias en el terreno de las posiciones políticas. En el giro que suponía el cambio en paz, tal y como se muestra en el libro, el enemigo ya no es el otro político, el extranjero, sino la pobreza: se trata de un enemigo interno. De esta manera, con la educación del cuerpo, dentro de lo cual se ubica a la educación física, pasamos de corregir el cuerpo, de disciplinarlo, castigarlo, torturarlo, a retomar por una vía renovada lo que ya estaba presente en el discurso pedagógico vareliano: en la recuperación de la democracia, se propone que la pobreza va de la mano de la ignorancia. Tras la afectación del autoritarismo, un rasgo que nunca dejó de estar en el horizonte de la educación física habida cuenta de la vertiente militar que se encuentra en su historia, se hacía necesario otro giro: de la imposición de las actividades a la conquista de las voluntades, del disciplinamiento puro y duro a la generación de conciencia. La investigación muestra que durante la primera gestión de la CNEF posdictadura, la inclusión y el convencimiento fueron dos ejes fundamentales; se trataba de acciones dirigidas a "crear conciencia", con actividades "accesibles a todos los ciudadanos", para que se practique el deporte "como opción voluntaria y convencida" (Seré Quintero y Fernandez Vaz, 2017, p. 80). En este sentido se observa una especie de "dulcificación" de la educación física; se trataba de amenizarla, de manera que estuviera en concordancia con una forma amigable de hacer política (Seré Quintero y Fernandez Vaz, 2017, p. 55). Entraba allí con toda su fuerza la educación para el tiempo libre, esta vez en el escenario de los nuevos "enemigos" (o no tan nuevos, ya que hay antecedentes por lo menos en los argumentos para la creación de las Plazas Vecinales de Cultura Física a principios del siglo XX): se trataba de promover un uso adecuado del tiempo libre, un uso que alejara "a la juventud de los flagelos de la drogadicción, del alcoholismo y promoviendo mejores estilos de vida, para una existencia más provechosa, más feliz y solidaria" (palabras de Julio César Maglione en 1989, en ocasión de un balance de su gestión como Director de la CNEF; citado por Seré Quintero y Fernandez Vaz, 2017, p. 59). En estas breves referencias se podrá observar que no es extraño suponer algo así como una ideología de la desideologización. La investigación muestra el giro discursivo entre dictadura y democracia; mientras que en dictadura el discurso de la CNEF era claramente propaganda política nacionalista que ensalzaba al propio régimen, en los primeros años de democracia se pretendía estar "al margen de concepciones políticas" (Seré Quintero y Fernandez Vaz, 2017, p. 73). De esta manera, aunque suene paradójico, la investigación proporciona elementos para el debate ideológico, imprescindibles para toda discusión política. Como se ha visto, entonces, la investigación presentada en este libro es una contribución de altísimo valor para el campo de la educación física, pero no solo para él. En su lectura, se verá cómo la cuestión del cuerpo, y especialmente la de la educación del cuerpo, no es un tema menor ni coyuntural, tampoco marginal; es más bien un aspecto central de toda sociedad y cultura. Por esta razón, el material que ahora tenemos a disposición gracias a la política de publicaciones de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC-Udelar) contribuye a la comprensión de los hechos en un período determinado de nuestra historia reciente, pero también a la comprensión de la potencia y el alcance de los conceptos que se ponen en juego.
La pregunta por el sujeto ha tomado especial relevancia en los últimos años, principalmente porque permite pensar la complejidad en las sociedades contemporáneas, es decir, preguntarse por el sujeto es una manera de abrir preguntas, más que de dar respuestas. Asimismo, esta obra abre interrogantes sobre los modos en que nos relacionamos con nosotros mismos y sobre la forma en que dicha relación es mediada socialmente.
Este libro aborda precisamente los procesos de subjetivación, y en especial una forma particular de subjetivarse, en tanto self emprendedor:
Deber y querer ser emprendedor es también un modo de concebirse y de orientarse a sí mismo y a los otros: es decir, se trata de una forma de subjetivación. El actuar emprendedor designa menos un estado de cosas que un campo de fuerza: es una meta a la que apuntan los individuos, una medida según la cual juzgan su actividad, un ejercicio cotidiano que cultivan y un generador de verdad, ante el cual se reconocen. (p. 13)
El self emprendedor se concentra, en términos muy generales, en cuatro grandes temas. El primer capítulo, "Genealología de la subjetivación", es una revisión exhaustiva acerca de la noción de sujeto y las formas de investigarlo que integra una multiplicidad autores. Junto a Foucault se agrega una diversidad de focos que muestran la complejidad en la que se insertan los procesos de subjetivación.
Tomando materiales de la economía, la psicología, la antropología y la literatura sobre gestión empresarial, entre otros, el autor expone una régimen de subjetivación que instala una prescripción: sé un emprendedor. Específicamente, en el libro se describe la racionalidad que articula este tipo de self, algunas de las tecnologías clave para realizarlo y finalmente se concluye explorando las posibles o, más bien, imposibles resistencias a este régimen de subjetivación.
El desarrollo del texto está basado en la realidad alemana, por tanto, deja abierta la pregunta sobre su pertinencia para pensar la sociedad chilena. En esta reseña reflexionaré sobre las tecnologías que performativamente se utilizan para producir este tipo de self. De manera muy intuitiva, indago en el uso de estrategias como la creatividad, el empoderamiento, la calidad y los proyectos en el contexto de la cultura chilena.
Podría esperarse que Chile, el conocido experimento neoliberal, fuese sin lugar a dudas una sociedad donde la prescripción de ser un emprendedor se instalara ampliamente. De hecho, se pueden identificar una serie de elementos que así lo confirman: por nombrar un par de ejemplos, tuvimos un presidente que era un emprendedor y en las revistas se anuncian los premios otorgados por innovación a jóvenes que, a corta edad, han logrado emprendimientos no solamente económicamente rentables, sino que muestran una perspectiva sustentable y novedosa para abordar la realidad.
Al leer El self emprendedor, pareciera ser fácil identificar e identificarse con esta forma de ser e instalarse en la realidad; sin embargo, queda la pregunta sobre si la lectura latinoamericana de conceptos como libertad, autonomía y autorresponsabilidad tienen la misma connotación que en su contraparte alemana o anglosajona.
Este cuestionamiento surge a raíz de las diferencias fundamentales existentes entre las sociedades europeas y latinoamericanas, las que circunscriben un contexto muy diferente para la instalación de una forma de ser emprendedor. Por ejemplo, de este lado del mundo no contamos con una tradición liberal propiamente tal; más bien, las sociedades latinoamericanas presentan un comportamiento político que tiende a un poder central, que difiere de manera importante de la situación europea. Históricamente este poder central se ha materializado en distintas figuras, y en la actualidad lo hace en el Estado. Dicho poder cumple un rol protagónico en la regulación de las otras esferas de la vida social, y se arraiga desde la prevalencia de relaciones verticales, de autoritarismo y protección; esto, en contraposición a relaciones más horizontales e igualitarias como sucede en el caso europeo (Mascareño, 2003; Véliz, 1984).
Las diferencias con Europa pueden explicarse gruesamente, de acuerdo al historiador Carlos Véliz (1984), por la ausencia de cuatro hechos fundamentales en América Latina: la inexistencia de la experiencia feudal; la ausencia del fenómeno de la disidencia religiosa; la falta de cualquier acontecimiento comparable con la Revolución Industrial; y la ausencia de la evolución ideológica, social y política asociada a la Revolución Francesa. En este sentido, el centralismo europeo que tomó cuerpo en los Estados de Bienestar, fue producto de las revoluciones Industrial y Francesa; mientras, en América Latina el protagonismo del Estado precede a estas transformaciones, manteniendo así un carácter preindustrial y no igualitario.
Visto así, el modelo neoliberal que se instaló en Chile no fue consecuencia de una tradición liberal con una profunda raigambre antropológica, filosófica y social, sino más bien fue producto de condiciones históricas, políticas, sociales, económicas y culturales bastante particulares.
¿Qué consecuencias tiene todo esto para pensar un self emprendedor? Podríamos afirmar que Chile es un país que depende mucho de la autoridad y su ejercicio (Brunner, 1981), donde la forma de control de los sujetos se acerca en buena medida al disciplinamiento a través de la normalización, con un fuerte componente homogenizador. El estudio de Araujo y Martuccelli (2012) muestra que los individuos se sienten presionados a vivir estilos de vida estandarizados. La autonomía y la autorresponsabilidad, si bien se valoran, muchas veces no son ejes centrales ni en la formación ni en la gestión de sujetos. En otras palabras, la libertad y la autonomía no tienen el mismo estrado moral que posee en la cultura anglosajona.
¿Quiere decir esto que los atributos descritos para el self emprendedor no existen en Chile? En lo más mínimo, pero es importante investigar la forma particular que adquieren en la cultura chilena. A simple vista, surgen algunas connotaciones particulares que adquieren las estrategias y programas para un sujeto emprendedor en Chile. Lo que presento a continuación son ejemplos simples, que incluso pueden sonar pueriles, pero abren la reflexión a la forma particular de la que nos hacemos cargo de una prescripción de ser un emprendedor.
La tecnología de la creatividad recuerda la palabra del koa (lenguaje asociado al ámbito de la delincuencia y las cárceles) que popularizó un futbolista: la chispeza del chileno. Este neologismo proviene de una condensación entre choreza y viveza, que aluden a características tales como una acción valerosa o una actitud desafiante. El choro, el vivo, es quien hace frente a la adversidad creativamente; quien, con pocos recursos, con un temple alegre, logra salir adelante sacando lo mejor de la situación. La chispeza puede fácilmente entenderse como una semántica histórica de la creatividad chilena. Como un hacer creativo para superar las dificultades de la propia existencia, como un reinventarse constantemente a la luz de las circunstancias.
En este sentido, el choro o el vivo tiene características de un emprendedor, sobre todo por su aspecto creativo, pero no es sujeto de ciertas tecnologías. El choro no planifica, no tiene un proyecto y menos entiende su vida como un continuo sucesivo de proyectos.
Hay otra diferencia fundamental, más relevante aún: su actuar no está guiado por un ideal moral, no busca convertirse en la mejor versión posible de sí mismo, sino que es un imperativo de la sobrevivencia, entendida en un sentido concreto y material. Bröckling (2015) considera esta posibilidad para las sociedades latinoamericanas. En el prólogo a la edición en castellano, afirma:
En las economías informales de países de África, Latinoamérica y Asia, pero también en las metrópolis del mundo desarrollado, existe un ejército de millones de virtuosos emprendedores cotidianos que deben emplear todas sus fuerzas en actuar en forma emprendedora para sobrevivir, en el estricto sentido de la palabra. Lo que los impulsa no es el sueño del ascenso de lavaplatos a millonario, sino el estómago vacío. (p. 15)
Podría pensarse, y esto requiere de una investigación con el debido rigor, que se trata de un emprendedor a otra escala: que el emprendedor es a la empresa lo que este sujeto es a una microempresa que siempre tiene la quiebra en su horizonte.
Adicionalmente, en el caso chileno también es posible preguntarse por el modo en que se distribuye socialmente el imperativo por el emprender, es decir, ¿están todos llamados a ser emprendedores?, ¿hombres y mujeres por igual?, ¿pobres y ricos? Se puede sospechar que para algunos se aplica el régimen del emprendimiento en todo su espectro, mientras que otros están sujetos a solo algunos programas y tecnologías, y, por tanto, se debe hacer un esfuerzo adicional para instalar en ellos un ideal de vida emprendedora y que, finalmente, existe un grupo que es gestionado desde un régimen diferente.
Se desprende de lo previo que el self emprendedor, en su sentido más pleno, o más bien, en su sentido más similar a la descripción alemana, probablemente se encuentra en las clases altas; es allí donde la creatividad permite pensar la vida como un continuo de proyectos de vida con la calidad en su centro. Para los otros grupos el asunto se complejiza. Es posible preguntarse, por ejemplo: ¿en qué medida como sociedad queremos a un pobre emprendedor?, ¿a alguien que esté empoderado, que sea creativo y arme proyectos? Existe una serie de programas que hacen pensar que en Chile se busca configurar a un pobre con estas características: para acceder a un subsidio para la vivienda tiene que demostrar que es capaz de ahorrar, para acceder a un bono familiar tiene que demostrar que lleva a los niños al colegio y a los controles de salud. Es decir, tiene que demostrar cierto grado de autonomía, de responsabilidad y de capacidad de planificación para recibir la ayuda del Estado. En su anverso, eso significa que el Estado busca evitar al parásito social que vive a expensas de los beneficios públicos.
En este sentido, se reconoce una estrategia de empoderamiento de la población más vulnerable; no obstante, cabe preguntarse lo siguiente: ¿en qué medida una sociedad que aún depende de una alta mano de obra poco especializada y precarizada puede permitirse ser una sociedad de emprendedores? En otras palabras: es posible cuestionar si activamente se gestiona a un sector de la población para que viva en condiciones de precariedad que aseguren a este grupo laboral particular.
Se podría pensar, por tanto, que quien está en la cúspide de la sociedad tiene más posibilidades o se encuentra más cerca de dar con la calidad de un sujeto emprendedor, entendiendo que es un ideal nunca alcanzable. Y, a medida que se baja en la escala social, las posibilidades de subjetivarse de este modo se van desdibujando al punto que para un grupo el emprendimiento es simplemente un idioma ajeno. Ello, sobre todo porque las condiciones materiales de su existencia no permiten concebir su vida como un emprendimiento, como un proyecto, que se planifica, sino más bien es una vida capturada por la necesidad y la urgencia.
Estudiar estas diferencias es un asunto de suma relevancia, pues permite identificar el modo en que el ideal del emprendimiento se constituye como una forma para reproducir diferencias sociales tradicionales. Así, el pobre es responsabilizado de su condición: no es suficientemente creativo, no está empoderado, no es autónomo o responsable de sí mismo y no es capaz de articular un proyecto de vida que mejore su condición. En koa, es pobre porque le falta chispeza. Se omite que carece de las condiciones materiales mínimas para poder concebir su existencia como una sucesión de proyectos.
Entonces, el estudio del self emprendedor no solo muestra una forma de subjetivación que obliga a una relación particular del sí mismo y a una forma de gubernamentalidad que conduce a individuos libres y autónomos, sino que también permitiría identificar mecanismos o estrategias de reproducción de desigualdades.
En fin, la pregunta por el self emprendedor en la cultura chilena es altamente atingente y es necesario investigarla con el rigor científico que muestra esta obra. La pregunta por el sujeto, abordada desde esta figura, da cuenta de que se trata, y con esto vuelvo al inicio de la reflexión, de un campo que abre más preguntas que respuestas para pensar la sociedad contemporánea.
Referencias bibliográficas
Araujo, K., Martuccelli, D. (2012). Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Santiago: Lom.
Brunner, J. J. (1981). La cultura autoritaria en Chile. Santiago: FLACSO.
Mascareño, A. (2003). Teoría de sistemas de América Latina. Conceptos fundamentales para la descripción de una diferenciación funcional concéntrica. Persona y Sociedad XVII (2), 1-20.
Véliz, C. (1984). La tradición centralista de América Latina. Barcelona: Ariel.
Europa está preocupada por la situación en Rumania donde su primer ministro ha tomado recientemente una serie de medidas institucionales a fuerza de decreto, lo que para algunos se constituye en un virtual estado de suspensión constitucional. El problema, que de por sí preocupa, adquiere un cariz más inquietante dado que se suma —en esa misma región del continente— al caso húngaro, que la Unión Europea todavía está procesando (y digiriendo, se diría).Hungría está gobernada desde el 2010 por el partido Fidesz (Alianza de Jóvenes Demócratas). Fidesz se autoconsidera un partido de centro derecha aunque el ejercicio mismo del gobierno parece aproximarlo al extremismo de derecha, juicio solo posible de relativizar dado que en ese extremo del espectro político existe la peor de las pesadillas, un partido declaradamente xenófobo y antisemita como el Jobbik (Movimiento para una Hungría Mejor). En las elecciones del 25 de abril de 2010, Fidesz obtiene más de dos tercios de los escaños del Parlamento. A pesar de que obtuvo un 53% de votos, un peculiar régimen electoral, donde coexisten escaños electos por representación proporcional y otros por circunscripciones uninominales, le permitió alcanzar esa mayoría parlamentaria que no reconoce antecedentes desde la caída del comunismo. Tamaña mayoría le permite a Fidesz gobernar en solitario, incluyendo el hecho de poder legislar a nivel de Constitución. El Partido Socialista cayó al 19% desde una votación del 43% en el 2006. El mencionado partido de extrema derecha obtuvo un 17%, creciendo respecto a aquella elección en la que no había ni siquiera alcanzado la barrera el 5%, en un hecho que reconoce casos similares por toda Europa.El gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orban fue adoptando merced a la abrumadora mayoría una serie de medidas de corte nacionalista, talante conservador y naturaleza autoritaria, todos instrumentos de lo que se concibe como un proceso de refundación del país, según propias palabras de Orban. La primera llamada de atención fue a pocos días de asumir el gobierno cuando se despacha con una legislación que otorga la nacionalidad húngara a todos los que puedan probar sus orígenes maggiares sin que pierdan por ello la nacionalidad que tuvieran en la actualidad. Se calcula en tres millones la cantidad de habitantes del centro y este europeo que podrían acceder a la nacionalidad húngara y que hoy viven en los territorios que pertenecieron a Hungría antes de la Primera Guerra Mundial. Esa especie de apelación a la "Gran Hungría" no cayó en gracia en los países vecinos que tuvieron la sensación de estar frente a los primeros pasos de una futura reivindicación territorial basada en fronteras étnicas, lo que parece retrotraerse a épocas desagradables. Aunque se estuviera ante una hipótesis improbable, también es cierto que la medida pintó de cuerpo entero al gobierno húngaro.Luego se acumularon un conjunto de leyes verdaderamente preocupantes. Entre las más alarmantes se encuentra aquella que limita fuertemente la libertad de prensa. A una autoridad nacional dependiente del gobierno se le faculta para sancionar a los medios de comunicación que publiquen información "no equilibrada", "parcial" u ofensiva para la "dignidad humana", términos suficientemente amplios como para que quepan, como se advirtió, todo lo que le pueda molestar al gobierno. A continuación se redacta una nueva constitución (catalogada de "antediluviana") que contiene normas, entre otras, como la restricción del derecho al voto de aquellos con "capacidades mentales limitadas", la intangibilidad de la vida desde la fecundación (está vigente la ley que despenaliza el aborto dentro de las 12 semanas) y la consideración de la unión entre el hombre y la mujer como la única posible. Asimismo, se legisló concediendo reconocimiento exclusivamente a sólo catorce iglesias (cristianas y la judía), haciendo perder el estatus de tales a credos como el musulmán, budista, hinduista, adventistas y baptistas, los que deberán volver a tramitar su reconocimiento luego de cumplir ciertos requisitos e, inconcebiblemente, someterse a la aprobación —o no, quizá— del Parlamento. También se estableció la pena de prisión para las personas que vivan en la calle y que no quieran pernoctar en los centros de atención. Paradójicamente, los centros existentes no tienen la capacidad de recibirlos a todos. En un uso de la historia con objetivos políticos, se declaró inocente al pueblo húngaro de los crímenes cometidos por el Estado entre la ocupación nazi en 1944 y el fin del comunismo en 1990 y, peor aún, se consideró por ley al Partido Socialista como el heredero del régimen comunista. El Partido Socialista efectivamente fue fundado por militantes del Partido Socialista Obrero Húngaro, el partido único durante el período comunista, aunque evolucionó hacia la social democracia y se desprendió de los sectores más duros. De cualquier manera, llevar a términos normativos lo que debería estar radicado únicamente en la dialéctica política, habla de una intención avasalladora hacia quienes justamente son la oposición al gobierno. Por otro lado, la nueva Constitución limitó la capacidad del Tribunal Constitucional al enajenarle de sus competencias la de controlar asuntos presupuestales, casualmente poco tiempo después que el Tribunal había invalidado una medida económica del Ejecutivo. Más tarde se afectó la independencia del Banco Central cambiando la composición del directorio al añadirle delegados directos del gobierno. El último intento de controlar al Banco fue la creación de una figura institucional por encima de la autoridad bancocentralista de una única persona designada por el Ejecutivo. Entre tanto, los agravios proferidos al presidente del Banco Central procurando su renuncia rayaron la grosería, seguramente provocada por la desesperación de quedarse con un cargo que al regirse por otros plazos de ejercicio estará en funciones hasta avanzado el 2013. En una afectación de la independencia del Poder Judicial, se rebajó la edad de retiro obligatorio de los magistrados de los 70 a los 62 años. Esto provocó que muchos magistrados tuvieran que dejar sus puestos, los que fueron cubiertos con fieles al gobierno. Como remate, se modificó la legislación electoral y se cambiaron las circunscripciones de tal manera que el que podría ser beneficiado sería el partido de gobierno. Más allá de que efectivamente esto es lo que termine sucediendo, utilizar las mayorías para cambiar las reglas electorales a medida no es ético. En síntesis, las medidas —mencionadas deliberadamente sin pausa— son una catarata de normas arbitrarias que apuntan a la concentración de poder.A partir del mismo comienzo del actual gobierno húngaro, la Unión Europea ha expresado por parte de diversos voceros su preocupación por la calidad de la democracia en Hungría, sin alcanzar el punto de cuestionar al régimen mismo como antidemocrático. Probablemente, como sostuvo el líder de los socialistas europeos, es duro para la Unión Europea tener que admitir que se cuenta con un estado no democrático como uno de sus miembros. Algunas voces del Parlamento europeo fueron muy críticas, como la del popular Daniel Cohn Bendit —"Dany el rojo" en el Mayo del 68— quien llegó a acusar a Orban de ir "en la misma dirección de Chávez, Castro y todos esos regímenes totalitarios y autoritarios".Cada medida adoptada por el gobierno maggiar reforzaba las críticas por su autoritarismo al tiempo de acrecentarlas hacia la misma Comisión Europea por lo que comenzaba a entenderse como un perfil demasiado bajo en el tema. Se especulaba que la Comisión pretendía manejarse con pies de plomo para no aumentar los problemas económicos de Hungría que, pese a no pertenecer a la Zona Euro, su quiebre podía terminar afectándola. La explicación no alcanzaba a satisfacer porque se sostenía que de este modo sólo se "alimentaba a las fieras". Los críticos a la Comisión Europea por su lentitud en encarar la cuestión húngara destacaban que la Unión Europea no es solo una unión comercial sino que antes que cualquier otra cosa es una unidad política basada en determinados valores, que los Tratados reconocen y que Hungría desconoce. Hungría había ingresado a la Unión el 1º de mayo de 2004 y algunos entendidos han afirmado que en las condiciones actuales el país maggiar no hubiera podido ingresar. Pero el problema es que ya está adentro.Finalmente la Comisión Europea inicia en enero de este año un procedimiento de infracción para que Budapest rectifique sus rumbos so pena de ser sancionada si no lo hace en consonancia con el Tratado de la Unión Europea. Al mismo tiempo, sin ligarlas explícitamente, inicia una serie de medidas de carácter financiero suspendiendo contactos que se iban a llevar a cabo para conceder nuevos créditos y aumentando las presiones para la reducción del déficit a los estándares que la Unión determina para sus miembros ante las dudas de que lo estuvieran "maquillando". La reacción del primer ministro Orban fue destemplada comparando a Bruselas con la Viena de los Habsburgo o la Moscú soviética al grito de "¡No seremos una colonia!". Fuera de los micrófonos, el gobierno promete realizar los cambios requeridos.Sin embargo, la clave del proceso radica en los asuntos por los que Bruselas abrió el proceso infraccional. Estos fueron: la afectación de la independencia del Banco Central, la ley que adelanta la jubilación de los jueces y por la afectación de la autonomía de la autoridad de protección de datos. Ninguno de los asuntos refiere a aspectos netamente deontológicos como los que emanan del Tratado de la Unión Europea, modificados hace bien poco en el 2007 por el Tratado de Lisboa y ratificados naturalmente por Hungría. En el mencionado Tratado se puede leer:"La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres" (Artículo 2)."A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2" (Artículo 7).Es cierto que las objeciones planteadas por la Comisión Europea fueron respecto a temas más concretos y por lo tanto más factibles de comprobar su violación así como sus enmiendas. Sin embargo, la ausencia a referirse concretamente a aspectos flagrantemente violatorios de los derechos humanos esenciales es cuestionable. En abril la Comisión Europea cierra el proceso de infracción respecto al asunto del Banco Central, luego de algunos cambios del gobierno húngaro en la legislación que a juicio de la Comisión fueron suficientes. Respecto a la edad jubilatoria de los jueces y la protección de datos, la Comisión entendió que Budapest no había adoptado las medidas del caso y pasó el asunto al Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo.Toda la Unión Europea, su esencia, su vocación, el espíritu bajo el cual se creó y se extendió en un continente que vivió dos guerras mundiales y la dominación comunista, es puesta en el banquillo ante las señales que ofrece o deja de ofrecer ante un país que notoriamente rompe con los fundamentos de la Unión. La Unión ya había actuado en el 2000 cuando en Holanda asume un gobierno cuya coalición estaba integrada por un partido de inspiración nazi, pero que ni siquiera alcanzó a tomar tantas medidas cuestionables ni duro tanto como para generarle un problema mayor a la propia Unión. Quizá se esté esperando que los resultados electorales de 2014 le saquen el problema. Las encuestas parecen indicar un descenso pronunciado de la popularidad del gobierno húngaro, cuya explicación se encuentra en los problemas económicos y en los nuevos impuestos. Aunque la solución puede no ser tal si los extremistas de derecha confirman en las urnas lo que las crecientes intenciones de voto parecen pronosticar.Mientras tanto por toda Hungría se desarrollan homenajes a Horthy, el gobernante húngaro que se alió a Hitler y es el responsable del asesinato de al menos 400.000 judíos. Sobre el autorLicenciado en Ciencia Política. Universidad de la República.
A propósito de Enrique Condes Lara, Atropellado Amanecer: el comunismo en tiempos de la revolución mexicana, Puebla, México, BUAP, 2015, 569 pp. El "amanecer" del comunismo mexicano se encuentra expuesto en la más reciente obra de Enrique Condes Lara. Autor conocido por su trabajo sobre los últimos años de vida del Partido Comunista (PCM) y por una amplia trilogía sobre las estrategias de la represión en México, Condes Lara entrega ahora un voluminoso texto donde expone, sobre la base de investigación documental y bibliográfica amplia, sus principales argumentos de interpretación del fenómeno comunista en México, así como las derivas que éste tuvo a lo largo de sus primeras tres décadas de vida. La amplia constelación de señales que ofrece permite realizar una evaluación crítica de su trabajo, que sin duda alguna, será un referente en investigaciones futuras. Comenzaré señalando las dos hipótesis más importantes, que a mi parecer, se juegan en el entramado del texto. La primera de ellas versa sobre el carácter eurocéntrico del marxismo-leninismo y su poca o nula posibilidad de comprensión de las sociedades no europeas (una imposibilidad de ser "traducido" a otros contextos). Dicha clave interpretativa explicaría para nuestro autor la debilidad del movimiento comunista mexicano al momento de enfrentarse con herramientas inadecuadas al entendimiento de la sociedad. La segunda de ellas versa sobre el proceso de recepción del comunismo no como movimiento político (que estaría encarnado en el PCM), sino en las instituciones creadas al calor de la revolución mexicana. Condes Lara efectivamente se despega de toda una corriente de interpretación que ha querido dar un giro de tuerca más sobre el tema del eurocentrismo pues, desde su punto de vista, Marx, Engels, los teóricos de la socialdemocracia y hasta Lenin, tuvieron un horizonte plenamente occidental, europeo y "civilizatorio". Contrario a una amplia gama de investigadores (ausentes en las referencias) que han relativizado el tema de la visión centralmente europea de Marx, observando la potencialidad de los atisbos a propósito de las sociedades no europeas o no plenamente capitalistas, insiste en esta línea de investigación: el empeño por demostrar la ceguera de Marx les impide observar desarrollos en el mismo autor clásico y en un marxismo periférico que ha andado largo camino sobre las vías no desarrollistas y no progresistas —que rechazan la linealidad de la historia y apelan a la pluralidad del tiempo histórico— de la historia. Posterior a esta intervención teórica, Condes Lara expone las principales coordenadas que dan nacimiento al México moderno. Se trata de la parte más voluminosa del libro y que conecta la interpretación del hecho histórico con los elementos que dan origen al nacimiento del comunismo. Este último aspecto también es tratado por el autor, haciendo uso de la ya abundante bibliografía que existe, tanto "oficial" como alternativa. Quisiéramos centrarnos en lo que nos parece el capítulo más importante de la obra que ahora comentamos. Así, pues, consideramos que el capítulo central del libro es el titulado "Cómo se filtró el marxismo-leninismo en las instituciones de la pos revolución", el cual cierra el trabajo. Se trata de un análisis en distintos niveles en donde se juegan los principales puntos problemáticos de la interpretación que se derivan de las hipótesis antes señaladas. El autor comienza por el análisis de la prensa nacional y las constantes equivocaciones que comunicaban de manera cotidiana a propósito de la revolución rusa, sobre el destino de sus dirigentes y el posible futuro de su proyecto. Luego, de manera muy detallada ensaya la manera en que los líderes de la revolución de los años veinte trataron de entender el fenómeno ruso: Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y otros pasaron pronto a ser intérpretes del "bolchevismo", generando un discurso sumamente ambiguo en donde el socialismo y el capitalismo convivían a merced de ser rechazada la figura del bolchevique y con ello se enunciaba la posibilidad de un régimen que fuera una "tercera vía" a la mexicana, alejada de ambas ideologías. El papel de Basilio Vadillo y de don Jesús Silva Herzog en tanto que primeros dos embajadores en la URSS fue crucial para la élite de la revolución mexicana, al ser ellos los encargados de transmitir señales más fidedignas de lo que acontecía en la lejana Rusia bolchevique. Otras figuras importantes señalaron la impronta de la revolución rusa: José Vasconcelos, Narciso Bassols e incluso el político Gonzalo N. Santos. Sin embargo el punto crucial —escasamente tratado— se da cuando un grupo de intelectuales que rodea la cúpula del poder en el periodo del general Lázaro Cárdenas, impulsa la transformación del partido "de la revolución" estableciendo relaciones estrechas con las poderosas centrales obreras y campesinas: un extraño fenómeno en el que las tendencias corporativas y el discurso socialista y obrerista queda encapsulado en una ideología nacionalista cuyo abanderado es el naciente Estado, que pasa a ser el "sujeto" de la transformación social y de la búsqueda de justicia. Aunado a ello se debe sumar una cantidad inconmensurable de estudiantes y profesionales que además de estar condicionados por las coordenadas políticas de la época, tomaron cargos de responsabilidad de fundar y hacer funcionar las más variadas instituciones del Estado pos-revolucionario, hecho inédito hasta ese momento en la América Latina. Algunas de estas tendencias y contradicciones quedaron plasmadas en un proyecto educativo de largo alcance que buscaba sacar al país del analfabetismo y el "atraso" en el que se encontraban. Con espíritu iluminista se proyectó una reconstrucción total de la historia nacional, sin embargo la problematización que se dio entre los "marxistas-leninistas" no sólo partía de dicha matriz ilustrada, sino que avanzaba por senderos distintos. No resulta fortuito ver a los mejores pintores de la época (Diego Rivera, José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros, los más conocidos) adhiriéndose al marxismo-leninismo y al tiempo retratando la ideología nacionalista que se estaba cimentando desde el Estado y su ideología. Algunos de estos pintores fundarían El machete, el órgano de difusión de ideas más importante del PCM en la época. A diferencia del proyecto educativo iluminista de un José Vasconcelos, los pintores comunistas querían politizar al proletario y al campesino de manera abierta, pero para ello recurrían "a los muros del Estado". Sin lugar a dudas los apartados titulados "El marxismo en la vida nacional" son de lo más significativo para entender el argumento de nuestro autor. En ellos se contrasta la historia previa que ha hecho del PCM como una fuerza supuestamente marginal y el impacto cultural e intelectual del marxismo que rebasó las estrechas paredes del aparato partidario que actuaba en su nombre. Paradoja que acompañaría desde el punto de vista del autor, el desarrollo y despliegue de la institucionalidad que construyó "la revolución mexicana". El argumento es tentador: México, un país que salía de una revolución agraria, observaba la construcción de un Estado afincado en nociones marxistas, aunque sin comunistas en las instituciones del Estado, ni los tenía a ellos como fuerza política que influyera de alguna forma concreta. Dentro de este marco, Condes pone atención a la producción intelectual adscrita al campo de la historia, con marxistas como Ramos Pedrueza, cuyos textos fueron difundidos con amplitud en las escuelas públicas, normales y técnicas. Es decir, que la "interpretación materialista de la historia" codificada por intelectuales mexicanos, era de uso común y extendido en el ámbito educativo en los años treinta, trasmitiéndose de manera permanente y masiva a las y los futuros intelectuales. Toda esta constelación permite entender el ascenso de una figura como la de Lombardo Toledano, personaje central en la vida política y sindical del México pos-revolucionario. La perspectiva "nacional-revolucionaria" de Lombardo lo llevó a adecuar, en un esquema de interpretación teleológico, el marxismo al despliegue de la revolución mexicana, por lo que no resulta entonces sorprendente que la principal consigna levantada por él fuera "nacionalizar es descolonizar". La revolución de este país era un escalón más de la lucha del proletariado mundial, su pervivencia era necesaria y obligada, ello quería decir en gran medida que había que fortalecer el aparato estatal nacido al calor de la guerra civil para apuntalar en un futuro lejano la revolución proletaria mundial. La situación histórica mundial favoreció la presencia y centralidad de Lombardo, no sólo dentro del grupo gobernante que comenzó a fortalecerse tras el arribo de Cárdenas a la presidencia, sino sobre todo a partir del respaldo que le dio la Internacional Comunista. Los comunistas quedaron en medio del conflicto, obligados a supeditarse a Lombardo, quien los perseguía y reprimía al seno de la recién fundada Central de Trabajadores de México (CTM) y la Internacional que implementaba la táctica de "Unidad a toda costa" con los elementos "progresistas" del gobierno mexicano. El "browderismo" como corriente colaboracionista que corroía la iniciativa e independencia comunista tomaba su forma en el "lombardismo". Por lo demás, Condes Lara no analiza la perspectiva del PCM con respecto a Cárdenas ni a Lombardo, lo cual sin duda es una ausencia significativa para la mirada panorámica que pretende ofrecer. Pasemos ahora a las posibles líneas de fuga y dificultades de la lectura del texto que comentamos. El límite de la interpretación global de Condes Lara está evidentemente en la explicación de las razones de la marginalidad del PCM como destacamento organizado de los marxistas: desde su punto de vista se trataba de una incapacidad ideológica para descifrar la realidad del país. La teoría marxista, pensada desde la experiencia europea, era un obstáculo epistemológico, teórico y práctico para entender una nación de raigambre campesina, ubicada en una zona cultural muy distinta, aunque occidental, periférica respecto al lugar desde el que fue formulado en su nacimiento. Este elemento argumental puede ser asediado por distintas vías, pues la misma clave interpretativa de los comunistas era llevada en el plano intelectual por importantes personajes del mundo de la cultura, el arte y la educación, tal como él se esfuerza en demostrar. El marxismo no ingresó y se instaló en México con fuerza por la vía de una cultura comunista, sino a partir de la recopilación ecléctica que hicieron en distintos momentos los pos-revolucionarios que construyeron el Estado. El autor pone énfasis en el proceso ideológico y no en las condiciones concretas en las que se desplegaba el comunismo en tanto movimiento político. No era un problema asociado a una supuesta ausencia de lecturas, un "error" en la visión, ni siquiera un excesivo eurocentrismo, sino a la presencia de un Estado que devoraba y fagocitaba toda ideología revolucionaria, incorporándola de alguna u otra manera en su despliegue institucional. Todo ello sin contar la apenas mencionada represión a la que los comunistas estaban sometidos, que los enfrentaba no sólo al Estado sino también a las organizaciones de la derecha. Fueron el nacimiento y fortalecimiento de un tipo de aparato estatal que capturó los principales resortes de la movilización social los que impidieron un impacto mayor del comunismo en tanto movimiento organizado antes que una ceguera teórica. Las conclusiones en gran medida presentes en el apartado final titulado "Las instituciones estatales resultantes" son la muestra de las expresiones enunciadas a lo largo del texto. Desde el punto de vista de Condes Lara puede concluirse que la revolución mexicana no apostó a la libertad sino a la justicia, lo cual implicaría una distancia frente a formas liberales dominantes en el mundo occidental. Pero también concluye que dicho proceso social no devino en un fortalecimiento de la noción (también liberal) de ciudadanía y apostó más bien al apoyo de las "masas organizadas", argumentando de manera tajante que quienes participaban del Estado estaban "en cierta forma influidos por la experiencia soviética". Esta conclusión expresada en las últimas páginas muestra la matriz teórica desde la que Condes Lara se acerca al fenómeno comunista, pero también a la revolución (la mexicana y las socialistas): la perspectiva liberal. La razón por la cual Condes Lara insiste en que el "marxismo-leninismo" se "filtró" en las instituciones estatales, es justamente que la revolución mexicana no desarrolló una ideología liberal, con ciudadanos libres e independientes, tal como actúa en la ficción occidental dominante. Si México vivió un periodo de autoritarismo, no se debió a un grupo dominante que se apoderó de los resortes principales del poder político, sino a que asimiló la experiencia rusa a las condiciones mexicanas por distintas e intrincadas vías. Las últimas páginas del libro muestran con claridad por qué las hipótesis de Condes Lara parecen tan atípicas: entre el corporativismo autoritario mexicano y la forma soviética, en realidad media por una ideología ("filtrada" en el caso mexicano) que niega la libertad individual, la ciudadanía y otros elementos típicos del liberalismo. Así, el trabajo histórico del autor es sacrificado en el altar de la ideología dominante de nuestro tiempo, que reduce la explotación y expolio de nuestras vidas a un problema de individuos atomizados libres ante el mercado, pero ciudadanos en el "cielo de lo político", como diría el joven Marx. Jaime Ortega Reyna(UNAM)
La existencia en la legislación mexicana de dos leyes denominadas: Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y Ley Federal de Extinción de Dominio, constituyen el objetivo general de investigación de tesis, cuyos ordenamientos son violatorios de los derechos humanos y sus garantías. Si bien es cierto, que se establecieron en la Legislación mexicana, por considerarlas necesarias, para el combate a los delitos de delincuencia organizada, también es cierto que violan los derechos humanos, sus garantías, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual obedece, en primer lugar, a que la normativa de estas leyes, se contrapone con los principios y garantías establecidos en la Constitución mexicana. El tema en estudio responde al momento que México ha vivido en la última década en materia de seguridad pública; etapa en la que la sociedad mexicana hemos vivido tiempos difíciles, los cuales se tornan preocupantes por el desbordamiento de la criminalidad, desde la comisión de conductas delictivas, que van de las menos graves a las más violentas, en consecuencia, la actuación del Estado cobra importancia en los procedimientos utilizados para la prevención y represión de los ilícitos, motivo por el que revisten carácter especial, las normas legales que para el combate a la delincuencia se han implementado. El objetivo general de la tesis es analizar tres normativas ubicadas en las leyes especiales: la medida del arraigo penal, la extinción de dominio y la definición del delito de delincuencia organizada, las tres normativas son violatorias de los derechos y garantías constitucionales. Comprende el análisis de los procedimientos jurídicos, establecidos para la represión de los delitos de delincuencia organizada, en los que se advierte, sin duda alguna, que las normas y técnicas de investigación especial se contraponen con los principios Constitucionales. La aplicación de las normas señaladas, genera la desgarantización de los principios fundamentales de la presunción de inocencia, y el principio legal del procedimiento; en consecuencia, la propia Constitución consagra un doble sistema penal, por una parte es un sistema dotado de derechos y garantías y por otro es un sistema especial con normas reductivas de derechos y garantías para delitos de delincuencia organizada, generando a la vez, violación a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. La aplicación de este tipo de leyes en la legislación mexicana se presenta cuestionable, lo que ha motivado su análisis en relación con el garantismo constitucional, y su afectación a los derechos humanos, con la finalidad de aportar otras formas de aplicación de las normas consideradas violatorias de los derechos humanos y sus garantías, que estén de acuerdo con el texto constitucional. Contenido de la investigación La investigación se estudia desde el enfoque del respeto a las garantías de los derechos humanos institucionalizados en la Constitución, se parte del supuesto de que en un Estado Democrático de Derecho, como lo tiene México, las políticas criminales, como las leyes creadas para el efecto, deben responder a los ordenamientos garantistas que dicta la Constitución Mexicana, motivo por el cual se le denomina al primer capítulo ¿El garantismo Constitucional y las leyes especiales¿, al constituir la Constitución la norma suprema del sistema legislativo mexicano. La investigación se realiza con base en la fundamentación postulada por teóricos como Luigi Ferrajoli y Sergio García Ramírez. Al respecto, Luigi Ferrajoli afirma que las leyes de excepción deben adecuarse a la Constitución como única forma de garantizar el respeto a las garantías de los derechos humanos. Sobre los derechos fundamentales, afirma que no son negociables y corresponden a todos, en igual medida. El segundo capítulo se titula ¿la seguridad pública y la política criminal¿, dedicado a la seguridad pública en el contexto actual, analizando principalmente la política criminal dentro de las acciones invocadas por el Estado Mexicano, para contrarrestar el fenómeno social constituido por la actividad delictiva, mediante los planes de desarrollo de gobierno, y las reformas realizadas a la ley, se citan sentencias jurídico penales, en los que se han producido violaciones a las garantías de los derechos humanos, e impunidad en la aplicación de la justicia, como sucedió en el caso de Florence Cassez, acusada de secuestro, sentenciada a 60 años de prisión, a quien La Suprema Corte de Justicia de la Nación, le otorgo la libertad, basando su resolución en las violaciones de las garantías de la presunción de inocencia y el debido proceso legal, considerándolas violaciones graves a los derechos humanos de la inculpada. En el capítulo tercero se trata el tema de la delincuencia organizada, se incluye con la finalidad de exponer la forma como se ha venido desarrollando en México y en otros países, al considerar que para México, la delincuencia organizada representa un problema de seguridad pública nacional, cuya actividad relevante provocó la política criminal de mano dura y el establecimiento de las leyes especiales en la legislación mexicana para su combate. El capítulo cuarto analiza la estructura jurídica de las leyes especiales en estudio: La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y La Ley Federal de Extinción de Domino, concretamente las normas relativas al arraigo, la definición del delito de delincuencia organizada, y la extinción o decomiso de bienes. El arraigo y el concepto de delincuencia organizada se ordenan en el artículo 16 de la Constitución, la Extinción de dominio en el artículo 22 Constitucional. Se considera que con la aplicación de estas normas se incurre en excesos que violan las garantías de los derechos humanos, regulados principalmente en los artículos 11, 14, 16 y 19 de la propia Constitución. El arraigo La práctica del arraigo o reclusión de una persona en un lugar designado, mientras las autoridades recaban las pruebas, plantea numerosas violaciones en contra de los inculpados, como las condiciones en las que se mantienen en los lugares de arraigo, las confesiones obtenidas bajo esta condición, impedir su libertad, la falta de respeto de sus derechos y garantías, formas de investigación, que violentan, tanto las garantías estipuladas en nuestro máximo ordenamiento constitucional, como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual se traduce en violaciones a los derechos humanos y sus garantías. La afectación que produce en las garantías y derechos humanos se explica, a partir de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la libertad personal, cuando establece en el artículo 16 plazos breves, para que la persona detenida sea puesta de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente y ésta determine su situación jurídica. Al tratarse de una privación de la libertad que no reúne todos los requisitos del mandato Constitucional, la aplicación del arraigo viola las garantías reguladas por los artículos 11, 14, 16 y 19 constitucionales, que se refieren principalmente a las garantías de la libertad personal y de tránsito. De ahí la necesidad de que se efectúen reformas en el sentido de que se elimine de la legislación mexicana, en su lugar, optar por otro tipo de medidas cautelares. El concepto de delincuencia organizada El concepto de delito de delincuencia organizada establecido en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, incurre en violación, cuando se define el tipo de Delincuencia Organizada, de la siguiente manera: ¿Se comete el delito de delincuencia organizada cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos señalados, ¿serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada¿, es decir, con la simple organización, es suficiente para sancionar la conducta del ilícito de delincuencia organizada, sin que siquiera se de la tentativa, se sanciona por el delito autónomo de delincuencia organizada y por los diversos delitos cometidos por los miembros de la organización delictiva, que implican acumulación, considerando que realmente se recoge dos veces una sola conducta, sancionando por ende a un sujeto dos veces por el mismo hecho, con violación del clásico principio bis in ídem, en materia penal no se puede castigar dos veces a una persona por el mismo delito como literalmente lo establece la Constitución mexicana en el artículo 23: ¿¿¿Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene¿, La extinción de dominio de bienes objeto del delito El artículo 7º, de la Ley Federal de Extinción de dominio viola las garantías de propiedad, cuando ordena extinguir la propiedad sin un juicio previo que determine la licitud o ilicitud del producto del delito, propiedad de los inculpados a favor del Estado, aplicación normativa que viola además las garantías constitucionales de la presunción de inocencia y el debido proceso penal, los derechos humanos y los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Conclusión En un Estado democrático de derecho, respetuoso de los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos, la normatividad considerada violatoria, resulta contradictoria del artículo primero, Titulo Primero, Capitulo I, denominado De los Derechos Humanos y sus Garantías. Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente ordena ¿que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos que dicte la Constitución¿. Concluyendo, que si bien es cierto que las leyes especiales, se encuentran debidamente legitimadas en nuestra Constitución, también ésta demostrado, que tanto constitucionalmente como procesalmente, trasgreden derechos y garantías, situación que es factible de modificar o anular, siendo procedente reformas a la Constitución y a las leyes en relación con las normas señaladas, con el objetivo de garantizar, promover e impulsar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales del hombre. Si bien es obligación del Estado, perseguir y sancionar conductas ilícitas, no implica trasgredir el Estado de Derecho, con la existencia de las leyes especiales, cuya normatividad da lugar a irregularidades jurídicas y violaciones a los derechos fundamentales. Con base en lo expuesto se propone lo siguiente: 1.- La modificación de la definición del tipo del delito de delincuencia organizada: omitir la frase: ¿Serán sancionados por ese sólo hecho, como miembros de la delincuencia organizada,¿ lo que evita, que por una misma conducta se castigue dos veces, es decir, se castiga a la vez por el delito cometido, y por el delito de delincuencia organizada por el hecho de pertenecer a una organización criminal 2.- La derogación de la medida del arraigo, optar por otras medidas cautelares, como el uso de las pulseras cibernéticas, con el fin de adecuar nuestra legislación penal, con reformas que al tiempo de respetar garantías y derechos humanos, combatan la criminalidad. 3.- La modificación del artículo 7º de la Ley Federal de Extinción de dominio en el sentido de que se establezca que una vez agotada la averiguación o el proceso y se acredite si los bienes objeto producto del delito son de legal o ilegal procedencia, se proceda a su decomiso a favor del Estado o a su devolución. 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http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/08/actualidad/1323346790_008893.htmlAtentado a chiitas deja decenas de muertos en Afganistán. Para más información: http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-afghanistan-bombings-20111207,0,4701392.story http://www.nytimes.com/2011/12/14/world/asia/us-plans-afghan-shift-to-lessen-nato-combat-role.html?ref=world&gwh=D238C2401FC31B490223BD6AF9A8DB7CFilipinas arresta a ex oficial acusado de fraude electoral.Para más información: http://www.nytimes.com/2011/12/14/world/asia/philippines-arrests-former-official-accused-of-election-fraud.html?ref=world&gwh=2B33D15E3777B039F6868A7DF5A8EBC3Cinco galardonados lanzan una campaña por la liberación del disidente chino Liu Xiaobo.Para más información: http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/13/actualidad/1323795246_365163.htmlhttp://behindthewall.msnbc.msn.com/_news/2011/12/13/9422733-chinese-artists-portraits-of-corruptionDesempleo en Corea del Sur cayó un 2.9%.Para más información: http://usa.chinadaily.com.cn/world/2011-12/14/content_14265253.htmKuwait: un nuevo gobierno con pocas propuestas de cambios.Para más información: http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/12/13/koweit-un-nouveau-gouvernement-sans-grand-changement_1618161_3218.html Irak quiere actuar como intermediario en crisis siria.Para más información: http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/12/13/l-irak-veut-jouer-les-intermediaires-dans-la-crise-syrienne_1618162_3218.htmlÁFRICAViolencia en las elecciones de Congo.Para más información: http://www.economist.com/node/21541447 http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2011/12/10/9355085-congo-election-spurs-violence-at-home-in-londonTúnez: defensor de derechos humanos fue elegido presidente.Para más información: http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/12/actualidad/1323718658_453258.html http://diario.elmercurio.com/2011/12/13/internacional/internacional/noticias/E245DC1E-56BA-402E-B4BF-A4D2AD20533F.htm?id={E245DC1E-56BA-402E-B4BF-A4D2AD20533F} http://edition.cnn.com/2011/12/13/world/meast/tunisia-president/index.html?hpt=wo_c2Egipcios comienzan a votar en segunda fase de elecciones legislativas.Para más información: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/12/13/egypte-20-000-prisonniers-politiques-liberes-depuis-fevrier_1618146_3212.html http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16172151 http://www.eltiempo.com/mundo/africa/segunda-fase-de-elecciones-legislativas-en-egipto_10913505-4 http://www.lemonde.fr/international/article/2011/12/14/reprise-des-operations-de-vote-dans-un-tiers-de-l-egypte_1618190_3210.htmlEgipto: crece la tensión entre militares y la Hermandad Musulmana. Para más información: http://edition.cnn.com/2011/12/08/world/africa/egypt-elections/index.html?hpt=wo_bn10 http://edition.cnn.com/2011/12/13/opinion/elgindy-egypt-elections/index.html?hpt=wo_bn10 http://sn118w.snt118.mail.live.com/default.aspx#!/mail/InboxLight.aspx?n=516954200!fid=1&fav=1&n=838886258&cv=1 Alarmantes índices de mortalidad en África central.Para más información: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/12/13/en-centrafrique-un-taux-de-mortalite-au-dessus-du-seuil-d-urgence_1618140_3212.htmlOTRAS NOTICIAS"El manifestante" es el personaje del año de la revista Time.Para más información: http://www.lanacion.com.ar/1432640-el-manifestante-es-el-personaje-del-ano-de-la-revista-timeLogran salvar la cumbre mundial de cambio climático.Para más información: http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/12/climate-change-0 http://www.lanacion.com.ar/1431898-logran-salvar-la-cumbre-mundial-de-cambio-climatico http://www.eltiempo.com/mundo/africa/cumbre-climtica-pospone-decisin-clave-para-el-2015_10909914-477 http://www.eltiempo.com/mundo/africa/cumbre-de-durban-sobre-cambio-climtico_10908365-4 http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-climate-change-20111204,0,7204452.story http://edition.cnn.com/2011/12/11/world/south-africa-climate-pact/index.html?hpt=wo_bn1 Fuerte terremoto en Papúa Nueva Guinea.Para más información: http://www.lanacion.com.ar/1432601-fuerte-terremoto-en-papua-nueva-guinea"El Universal" presenta su portal dedicado al cambio climático.Para más información: http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/cobertura3.html"The Economist" presenta su informe semanal: "Business this week".Para más información: http://www.economist.com/node/21541465
Hace ya meses que los analistas vienen señalando que las elecciones generales que se llevaron a cabo en México en el día de ayer no podían, fuese cual fuese el resultado, significar un paso mínimamente significativo en el eternamente postergado proceso de consolidación de la democracia en ese país. Millones de mexicanos estaban concientes que "la oferta" de los candidatos no era ni atractiva, ni satisfactoria, ni confiable. Sin embargo, la ciudadanía estaba atascada en una trampa muy difícil de sortear: si de fortalecer la democracia se trataba, a la ciudadanía no le quedaba más remedio que votar. 1.- Conviene señalar, desde el vamos, que el problema de la inexistencia de una democracia "decente" en México no es un asunto interno que sólo compete a los mexicanos. Es un problema regional e incluso internacional. La economía mexicana es, ahora, el segundo PBI de América Latina y, cuando la economía norteamericana goza de buena salud, el PBI mexicano ha superado por años al de Brasil sin dificultades. Aunque al igual que Turquía y muchos otros países, simplemente México no goza de la simpatía de los "golden boys" del mundo financiero norteamericano, por lo que no ha sido incluido en ninguna sigla promocionada entre la alta finanza como uno de los países emergentes más poderosos. Sencillamente, que África del Sur sea incluido en los BRICS y no figuren ni México ni Turquía, por ejemplo, en ninguna liga igual o parecida, sólo habla de la frivolidad -(para no mencionar hipótesis más pesimistas)- de los "expertos" que las forjan. Y, precisamente por todo ello, las descomunales carencias de la democracia mexicana que los resultados de estas últimas elecciones parecen volver a prorrogar en el tiempo, constituyen un problema mayor, por lo menos para Latinoamérica y para los EE.UU. A este altura del conteo de votos, iniciado ayer 1o. de julio a las 18 horas, los resultados son casi definitivos y le otorgan entre 25.1 y 26.0% a la candidata del Partido de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota; entre 30.9 y 31.8% al candidato del Partido de la Revolución Democrática, Manuel López Obrador y entre 37.9 y 38.5% al candidato del Partido Revolucionario Institución, Enrique Peña Nieto. El triunfo de este último es, por lo tanto, inobjetable, y el presidente electo ya está recibiendo el reconocimiento de los mandatarios de los más diversos países del mundo. No es necesario ser un conocedor en profundidad de México para darse cuenta que el triunfo de Peña Nieto significa el retorno al poder del viejo partido populista construido, a partir de 1929, para dar solución al conflicto creado por la Revolución Mexicana luego del asesinato de Francisco I. Madero. En otras palabras, podemos estar ante el retorno de "la dictadura perfecta" que tan bien caracterizase Vargas Llosa en aquel memorable diálogo televisivo con Octavio Paz en el año 1990. ( http://bit.ly/LLHENn ) Corporativismo sindical, corporativismo empresarial, corrupción como "modus operandi" prácticamente generalizado, la ley y el Estado de Derecho como un mero artificio, permanentemente negociable si molesta para los objetivos políticos del momento y, eventualmente respetable, si coyunturalmente se condice con esos fines, uso selectivo de la violencia, desde el "patoteo" al asesinato, individual y, eventualmente, el recurso a la represión masiva (Tlatelolco), etc., etc. En otras palabras el resultado que están arrojando estas elecciones sería efectivamente una tragedia y la puesta entre signos de interrogación del titulo de esta editorial sería algo totalmente injustificado. En realidad, aunque el triunfo de Peña Nieto no sea un buen augurio para la democracia, es necesario señalar que con este resultado, quizás México escapó de algo mucho peor: el triunfo de Manuel López Obrador. Este priísta de la vieja guardia, reconvertido en "izquierdista" a la sombra de la voltereta cardenista que permite crear el PRD, tiene exactamente la más ortodoxa escuela del PRI sobre sus hombros pero a la que ha agregado un toque psicológico y personalista que hubiese podido tener consecuencias absolutamente impredecibles de haber salido triunfador. En buena medida él es el responsable de la derrota del PRD frente al PRI. De haber sido Marcelo Ebrad el candidato perredista, muy probablemente todos estaríamos festejando el nacimiento de una oportunidad para México. La diferencia entre López Obrador y la tradición priísta está precisamente allí: en que López Obrador ha transgredido, "de pensamiento, obra y omisión", la única regla básica que todos los priístas de todos los tiempos han sabido respetar: primero la disciplina ante el sistema, ante el Partido y ante lo que ellos llaman "la tradición revolucionaria", sólo después vienen las ambiciones personales. Es más: éstas sólo tienen chance de realizarse "en el seno" de la disciplina priísta. Hace muchos años, Fidel Velázquez, Dueño y Señor por décadas del movimiento sindical mexicano, le contestó a un periodista novato que le preguntaba sobre la próxima sucesión presidencial: "No me pregunte eso, m´hijo, no sé,.¡el que se mueve no sale en la foto.!" y nunca hubiese dado su opinión, porque el darla hubiese significado su muerte, por lo menos, política. Frente a esta respuesta de uno de los priístas más relevantes de la historia, respuesta que revela perfectamente que el autoritarismo priísta descansaba sobre una disciplina partidaria absolutamente férrea, vertical e insoslayable, a la que todos debían respetar (incluso el Presidente), cabe traer a colación la frase de López Obrador, que publicó El Universal allá por el año 2008, en ocasión de discutirse la reforma energética en México. Ante una fuerte discrepancia con su interlocutor, el ahora derrotado candidato le espetó abiertamente: "El movimiento soy yo". Es decir, echó mano a una expresión, casi estrictamente borbónica, que no tuvo, no tiene, ni tendrá cabida, nunca, en la cultura priísta. Si el lector tiene alguna duda de la importancia de esta diferencia, que parece de detalle pero que es altamente significativa, bástanos recordar que, en el año 2006, cuando López Obrador pierde por escaso margen frente a Calderón las elecciones, el personaje decidió poner en jaque a todo el sistema político y a toda la enclenque institucionalidad democráticos del país porque, desde su megalomanía, su egocentrismo y su descomunal desmesura, decidió desconocer los resultados (que todo el mundo aceptaba) y poner en jaque al país entero entre el mes de julio y hasta pocos días antes de la asunción del presidente electo, en diciembre, con plantones, movilizaciones callejeras, campamentos y todo tipo de actos ilegales. Su intento fue, estrictamente, un golpe de estado "personal". Es por ello que decimos que la tragedia electoral de México pudo haber sido mayor. Nadie con dos dedos de frente puede albergar alguna esperanza demasiado seria sobre la posibilidad de que un gobierno de Peña Nieto fortalezca la institucionalidad democrática mexicana. Tampoco nadie con dos dedos de frente puede albergar duda alguna que, de haber ganado la presidencia, López Obrador en menos de un año estaría conduciéndose como los tiranuelos populistas de moda en América del Sur. López Obrador sueña con ser un nuevo Chávez (ante el quebranto de salud que aqueja a este último), fantasea con "fundar un modelo" como Kirchner para hacerlo familiarmente hereditario y ya estaba en camino de poner en marcha los mismos mecanismos de persecución de la prensa que utiliza Correa con el argumento de que favorecían a su adversario. Conviene dejar asentado que todo indica que López Obrador comenzará en cualquier momento, quizás lo esté haciendo en este mismo momento, alguna impugnación, reclamo o "movilización" para iniciar un cuestionamiento de las elecciones de ayer. Los resultados de los que se dispone a esta altura del recuento, mediante proyección, dan un resultado totalmente favorable al PRI, ha habido miles de observadores de las elecciones, etc., etc., nada de eso impedirá que la irresponsabilidad de López Obrador no desequilibre a México desde hoy hasta la asunción de Peña Nieto en el mes de diciembre. No trate el lector de encontrar algún argumento político en esta obstinación en destruir la débil institucionalidad del país. La explicación es freudiana: lo más probable es que la mamá de López Obrador le hizo jurar que sería presidente, cuando era pequeño. En otros términos, México escapó (menos mal que casi por 8% de votos de diferencia) de caer en manos de un tirano megalómano plebiscitado. Pero tiene fuertes probabilidades que recaer en las redes de la maquinaria autoritaria más antigua y perfecta, por lo menos, de América Latina. No es posible, sin embargo, terminar este editorial sin desarrollar dos ideas más que nos resultan relevantes. 2.- Más allá de que estamos rigurosamente convencidos que el panorama que pintamos del tradicional México priísta es un retrato fiel del país en el que vivimos más de una década, es necesario señalar que, desde el sexenio del Presidente Zedillo (un priísta en pleno repliegue), pasando por los dos sexenios durante los que gobernó el PAN con Fox y Calderón, mucha historia ha corrido bajo (y sobre) la otrora omnipotencia priísta. El primer cambio altamente significativo es el correcto desarrollo mismo de estas elecciones. Que estemos escribiendo, a menos de 24 horas de cerradas las casillas, con un resultado altamente certero, era una realidad electoral impensable hace 20 años. En ello cuenta el fuerte desarrollo del Instituto Federal Electoral, la construcción de un padrón electoral ultramoderno totalmente digitalizado y la integración de ciudadanos a su funcionamiento. En el mismo sentido, genera serias limitaciones para una reedición exacta del pasado populismo priísta, la real y absoluta independencia del Banco de México. Esta institución ya no depende del Ejecutivo y no va a generar liquidez para financiar "televisores plasmas para todos", como estila Cristina K, o "bolsas escola" al barrer, como distribuye Dilma. Los dos sexenios de gobierno del PAN, cuyas enormes carencias explican la pálida votación obtenida por ese partido ayer, fortalecieron razonablemente una plausible división de poderes en la que el Poder Judicial y el Poder Legislativo adquirieron formas de existencia institucional autónoma relativamente sustantivas. El Congreso del año 2012 ya no es el "aprobador de manos enyesadas" de iniciativas presidenciales de los años 80. La sola experiencia de la alternancia política fortaleció esa tendencia. En las décadas de los años 70 y 80, no había prensa alguna que no fuese del PRI, que no recibiese financiamiento del PRI o que no tuviese algún tipo de acuerdo de coexistencia pacífica establecido con el PRI. La que no se ajustase a este tipo de estatutos, desaparecía. Hoy, como en muchas partes, hay prensa comprometida con los partidos políticos, y en México, con el PRI. López Obrador denunció a todos los vientos un supuesto apoyo de Televisa a Peña Nieto, pero fue bastante más discreto con la supuesta relación que él estableció con Carlos Slim quien, por su parte, aspiraba a usar el cableado telefónico de Telmex para, ofrecer Internet y desplazar a la televisión tradicional de aire y de cable. En otros términos, el monopolio priísta fue quebrado durante su ausencia en el poder y algo de "competencia entre élites", para retomar, algo abreviadamente, la expresión schumpeteriana se instaló. Eso no era posible en el México priísta tradicional. Cabe señalar, igualmente, que México es el país en el que, junto con Somalia, mueren asesinados más periodistas por año. Eso no habla bien del respeto a la libertad de prensa pero tampoco corresponde a la realidad del priísmo reinante en el pasado. Bajo la omnipresencia del PRI no morían tantos periodistas: sólo los recalcitrantemente independientes. Hoy el crimen organizado y el narco decapita fotógrafos y reporteros que hacen la crónica social de los cumpleaños de 15 años. Igual razonamiento merece, por ejemplo, la aprobación de la ley que establece la instauración de los Institutos de Transparencia que, a nivel federal y estatal, garantizan el acceso a la información, la protección de datos de los ciudadanos, la información sobre la gestión gubernamental, etc. En otros términos, en casi una década y media, con el PRI fuera de los controles de la nación, hay una incipiente nueva institucionalidad que, parcialmente, es contradictoria con la vieja cultura priísta y puede servir de "cortafuego" para los intentos "restauración". 3.- Este crepuscular panorama político que acabamos de pintar a propósito de las elecciones mexicanas de ayer, tiene que ser visto también desde otra perspectiva. Cuando efectivamente hay democracia, las elecciones tiene, siempre, algo de "fiesta". Nada parecido a eso hemos visto en la prensa. Reina sobretodo en México una sensación a alivio. Porque México no está para fiestas. El crecimiento incontrolado del crimen organizado está opacando -(o directamente ya ha opacado fuertemente)- las demandas democráticas que se habían organizado y desarrollado con cierto vigor en los últimos años. México entonces no está de fiesta, en primer lugar, por eso. El gobierno saliente viene perdiendo la batalla contra narcos y criminales y nada garantiza que el nuevo gobierno sea más apto para llevar adelante esa batalla. Pero hay una segunda razón por la que las elecciones realizadas dejan más un retrogusto amargo que algún sentimiento de esperanza. Y ello tiene que ver con lo que señalábamos al principio de este texto. Si una vasta fracción de la ciudadanía se encontró en la trampa que tener que votar entre 3 candidatos que no convencían es porque lo que está claramente trabado es el sistema de partidos. Si hay responsables de que los candidatos no resulten convincentes, esos responsables son los partidos. No es éste el lugar para analizar las largas e históricas razones por las que México nunca logró construir un verdadero sistema de partidos: la ausencia de democracia y la casi inexistencia de alternancia tienen mucho que ver con ello. Pero queremos señalar, para terminar, que los partidos políticos son tanto o mas responsables de la pobreza de los candidatos que compitieron, cuanto es evidente que las personalidades con capacidad para asumir esas candidaturas obviamente estaban presentes en el personal político partidario. ¿Con qué alquimia López Obrador logró impedir que Marcelo Ebrard fuese el candidato presidencial del PRD? No conocemos en absoluto los detalles de la fórmula. pero no resulta difícil imaginarla. Complejas tranzas entre mayorías internas de dinosaurios socialistas, pterodáctilos populistas auto-denominados "progresistas¨ y cardenistas trasnochados, decidieron ser los administradores de la moral y excomulgaron al mejor, más moderno y más sensato político de la izquierda mexicana de la última década. En la más cerril tradición mexicana, lo deben de haber excomulgado por su supuesta homosexualidad. No mucho mejor se manejó el PAN con su candidato. Josefina Vázquez Mota no solamente nunca recibió el apoyo del Presidente Calderón: tampoco contó con el soporte de la totalidad del Partido Acción Nacional y el ex presidente Fox se dio el lujo de hacer público que su voto personal iría a Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI. Es muy posible, por otra parte, que el muy conservador militante medio panista entienda que una mujer no pueda ser candidato a presidente de la República. Con respecto a la elección del candidato priísta, todavía sabemos menos sobre ese milagro ya que el secretismo del PRI es siempre difícil de traspasar. Sabemos de su pertenencia "al riñón" del grupo Atlacomulco, pero no tenemos información sobre las razones que llevaron al PRI a elegirlo precisamente a él. Estadísticamente es seguro que ese partido tiene decenas de militantes de primera línea capaces de organizar algunas palabras coherentes en algo parecido a un discurso. En resumen, compitieron los candidatos que el juego interno de los partidos eligió como tales. Eso habla de la calidad de la democracia, de sus carencias, de las debilidades de los partidos políticos pero, también, de las aspiraciones y preocupaciones de la ciudadanía mexicana. En última instancia, es allí donde, y así cómo enraiza la democracia. Urge que esa planta fortalezca sus raíces.
IntroducciónEs común intentar adelantar el veredicto sobre una presidencia antes de que ésta se complete. Esto es más cierto de la presidencia de George Walker Bush que de cualquier otra reciente: los juicios de valor se vienen adelantando desde hace mucho tiempo, incluso desde 2003. Es solamente ahora, que su último día ha transcurrido, que puede analizarse adecuadamente. Aún así, el paso del tiempo probará ser un prisma muy valioso para evaluar las consecuencias de las decisiones tomadas por Bush y su equipo. Sin embargo, el carácter dramático de lo acontecido en estos ocho años merece un estudio ahora, aún si con el tiempo es posible que se interprete de otra manera.El análisis de los ocho años de gobierno de Bush se divide en dos partes: la política exterior y la política interna, llamada en el léxico anglófono política doméstica. Esta primera entrega refiere a la política exterior, no necesariamente porque sea más importante que la segunda, sino porque es la que más interés despertó durante el período.Política exterior: Ocho años de extremosMás allá de opiniones favorables o desfavorables, los ocho años de gobierno de Bush coincidieron casi milimétricamente con un período de enormes turbulencias para la humanidad en numerosos aspectos.Es así que esta administración ofrece, en términos de política exterior, un resultado mixto: sus logros tienen alcance histórico; sus errores también tienen consecuencias extremas. La administración Bush fue radicalmente distinta de la de su antecesor Bill Clinton, de la de su padre y la de cualquier otro presidente de las últimas décadas, exceptuados Ronald Wilson Reagan y Lyndon Baines Johnson. En períodos de alta conmoción, la reacción del gobierno de Estados Unidos, dada su posición única, da lugar a efectos que gravitan hacia los extremos, ya sean positivos o negativos. La era Bush no fue la excepción.Es evidente que la mayor parte de la opinión mundial, sea de élites o de encuestas generales, arroja un profundo rechazo a la administración Bush. Por lo tanto, es inevitable comenzar por enumerar los errores que ésta cometió en política exterior. Para hacerlo, es fundamental refutar un par de mitos.El primero de estos es Iraq, un país que parece dominar el legado de Bush. El consenso martilleado hasta el cansancio por los medios informativos, la oposición demócrata, los gobiernos europeos, las Naciones Unidas y los propagandistas islámicos es que se trató de un desastre equiparable a Viet Nam. Estados Unidos habría perdido una guerra y habría sido humillado por la valiente "resistencia" iraquí; el país sería ahora un títere de Irán y el retroceso para Washington, por no mencionar la sociedad iraquí, sería enorme.La realidad es distinta. Es cierto que la guerra en Iraq conoció un período oscuro en el que la legitimidad de todo el emprendimiento se hizo cuestionable, pero lo que la multitud de críticos no logra comprender –con demasiada frecuencia por odio a Estados Unidos y Bush, y por lo tanto por la irracionalidad- es que fue eso mismo: un período. Más precisamente, Iraq se sumió en las tinieblas durante tres años: 2004, 2005 y 2006.Durante esos años se conocieron momentos de anarquía, de guerra civil, de violencia extrema y de terrorismo salvaje, encarnado por momentos en Abu Musab al-Zarqawi, quizá el terrorista más violento de todos los tiempos. Mientras la oposición a la guerra publicaba estadísticas y teorías falsas, como los cien mil o más muertos en el conflicto o la idea de que Estados Unidos invadió el país "por el petróleo", Abu Musab, sus acólitos y sus imitadores decapitaban rehenes, dinamitaban escuelas y ambulancias, atacaban funerales y practicaban todo tipo de horrores de los que los medios de comunicaciones nunca hablaron. No caben dudas que Iraq conoció el horror.La clave es que ese período se superó. No es común que en una guerra a la deriva se invierta una estrategia bajo el mismo comandante: no lo hicieron ni Johnson en Viet Nam, ni Truman ni Eisenhower en Corea y ni siquiera Churchill en los momentos oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Bush pasará a la historia por sí haber reconocido el error y haberlo solucionado. Se deshizo de sus comandantes, Donald Rumsfeld en el Departamento de Defensa y George Casey en Central Command, y le entregó el conflicto a David Petraeus. Este general había dedicado los últimos años a estudiar y redactar la nueva doctrina anti-insurgencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Bush le confió a él y a Raymond Odierno la guerra en los primeros días de 2007, y su éxito ha sido histórico.La situación en Iraq antes de 2003 era de extrema pobreza bajo un régimen totalitario brutal como pocos. La situación a partir de 2007-8 fue de una democracia liberal en gestación, con una economía de mercado, con reconcilliación étnica en medio del mundo islámico, con un tratado negociado entre partes iguales con Estados Unidos y con prospectos a corto plazo de retiro de las tropas internacionales. La guerra está ganada; el resultado es sumamente positivo para Estados Unidos y, sobre todo, para Iraq y la región. Ahora se cuenta con una democracia en medio del mundo islámico, un conjunto de bases militares desde las cuales vigilar la región y un importante baluarte en la lucha contra el terrorismo. El famoso tema de las armas de destrucción masiva, un importante error de parte de Bush y su equipo, perderá progresivamente importancia para la historia, mientras que los logros de la sociedad iraquí y las tropas estadounidenses cada vez cobrarán mayor prominencia. Otro factor de discordia en la saga iraquí, la falta de aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fue un punto legítimo de debate. Sin embargo, el paso del tiempo le va restando cada vez más importancia a esa organización, sumida como está en escándalos de corrupción moral y ética, algunos de ellos con el desaparecido régimen de Saddam Hussein.El segundo error mítico de la administración Bush es el de Guantánamo-waterboarding. Por un lado, es muy razonable debatir Guantánamo y algunas prácticas de las fuerzas de seguridad estadounidenses. Por el otro, los críticos de estas prácticas todavía no han ofrecido una opción distinta respecto a dónde enviar a los prisioneros de la guerra contra la jihad, ni tampoco respecto a cómo obtener información crítica sobre posibles ataques y células terroristas. Los medios suelen omitir el hecho de que el submarino (o waterboarding) se practicó solamente a tres -3- personas en todo el período, todos confesos terroristas. El punto no es si estuvo bien o mal hacerlo, sino el grado de importancia que puede tener en un contexto donde hay acontecimientos mucho más importantes.También se suele omitir el hecho de que el waterboarding funcionó, ya que en particular en el caso de Khaild Sheihk Mohammed sirvió para desmantelar planes específicos para ataques terroristas en Estados Unidos y Europa. Aunque es discutible el uso de esa técnica, es responsabilidad del gobierno evitar otro once de septiembre, y es un hecho que los capturados son prisioneros de guerra. Si nadie recuerda a prisioneros alemanes, italianos, coreanos o vietnamitas en cortes estadounidenses compareciendo por sus crímenes es porque nunca ocurrió: pertenecían al ámbito militar y no tenían derechos civiles que defender en una corte.Por lo tanto, más allá de que sea necesario un debate sobre los métodos empleados por Estados Unidos, es una exageración considerarlo uno de los hechos definidores de la era Bush. Esto no hace más que revelar la parcialidad a la hora de fijar una agenda antiamericana de quienes más han propulsado este tema.Ya descartados esos mitos, sí corresponde señalar los verdaderos fracasos de la administración Bush. El más grande de todos, por lejos, no es entonces Iraq, sino Darfur. Aunque no ocupe las primeras planas –como sí lo hizo el escándalo de Abu Ghraib en el New York Times cincuenta días seguidos-, Darfur es el acontecimiento más nefasto para la humanidad de los últimos diez años. El que lo precedió fue otro genocidio en el que Estados Unidos se abstuvo de actuar: Rwanda en 1994, bajo Bill Clinton.Tras la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, el mundo libre se prometió no volver a permitir que ocurriese algo similar; el líder en ese esfuerzo fue Estados Unidos. El genocidio es considerado, y con razón, el mayor peligro y justificativo para la intervención armada, tanto en términos morales como legales. El fracaso de Estados Unidos en impedirle al régimen de Omar Bashir en Sudán, para el asesinato de ya más de cuatrocientos mil civiles desarmados en Darfur, pasará a la historia como un profundo abismo moral.El segundo mayor fiasco de Bush fue su política respecto a Rusia. Los ocho años de su gobierno marcan un período en el que ese país se desvió de una democracia liberal recién nacida hacia una dictadura abiertamente imperialista. Bush es,personalmente, uno de los principales culpables, como lo atestigua su famoso veredicto sobre Vladimir Putin de que había "logrado tener una noción de su alma", y que lo que ahí había era algo bueno. En estos ocho años Rusia pasó, en términos de conducta, de ser un cadáver en descomposición a un agente del caos mundial. Domésticamente se tomó por asalto la economía y asesinó e intimidó a la oposición política. Internacionalmente Rusia ha financiado, protegido diplomáticamente y armado a regímenes como el de los Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela, Aleksandr Lukashenko en Belarus, el gobierno genocida de Sudán, el proyecto nuclear iraní, y otros coloridos casos. Esto es sin mencionar las violentísimas agresiones a Ucrania, Estonia y, sobre todo, Georgia. Bajo Bush, la gravedad del accionar ruso llegó a su punto más grave desde 1968, ocasión de la represión de la Primavera de Praga bajo la era soviética.El tercer mayor fracaso de Bush es no haber eliminado al mismo Eje del Mal que describió tan polémicamente. Entre la propaganda a la que se hacía referencia anteriormente se dibujó la imagen de Bush el vaquero, que no sabe lo que es la diplomacia y apuesta invariablemente por la fuerza militar. Sin embargo, la administración apostó claramente por la diplomacia con dos de los tres integrantes del Eje –Irán y Corea Comunista-. Los resultados han sido pésimos.Corea del Norte se ha vuelto una potencia nuclear, aunque el esquema militar con el cual tiene de rehén a Seúl y millones de surcoreanos hacía difícil una intervención militar. No se puede decir lo mismo de Irán, país en el que Bush podría haber intervenido, o ante el cual al menos podría haber dado garantías de apoyo militar a Israel. Para los próximos años, gracias a las actitudes equivocadas de Bush, el régimen responsable por la AMIA, Hizb Allah y el totalitarismo islámico posiblemente contará con bombas nucleares.Queda claro que fueron varios los errores de la administración, aunque no necesariamente los mismos que señala el consenso mediático internacional. Es hora de ver algo que casi ni figura en esos círculos: los logros en los ocho años de gobierno de Bush y su equipo.El primero, más evidente y más importante, es evitar algo que casi el 100% de la opinión mundial –incluso la especializada- daba como un hecho el doce de septiembre de 2001: que "pronto" se verían más ataques terroristas en suelo estadounidense. Ahora mismo, en el calor del momento y con el odio a Bush todavía respirable en el aire, este hecho clave queda sepultado – pero no será así con el paso del tiempo. Bush revolucionó la política exterior, militar, de vigilancia y de espionaje de su país, y el resultado fue exactamente el esperado. Así, se logró cumplir con la función primaria de todo gobierno: proteger las vidas y el ejercicio de las libertades de sus ciudadanos.El segundo logro de Bush que probablemente registrará la historia fue la apertura de India. Ese país, que representa una reserva inmensa de calidad democrática, liberal y capitalista para el futuro, se encontraba prácticamente ignorado desde su entrada a la economía de mercado en 1991. Bush fue el presidente que, de forma similar a Richard Nixon con China, estableció los vínculos clave con ese país. A partir de ahora, la relación de Estados Unidos con India conoce cauces estratégicos, comerciales, nucleares y sobre todo políticos de mucho mayor alcance. Será un aliado clave para enfrentar a una multitud de problemas que tienen en común las democracias, en particular las más grandes: el terrorismo islámico, Rusia y China.Un tercer éxito de la Administración Bush fue su promoción del libre comercio. Bajo esta presidencia se extendió a casi toda América, algo que se suele olvidar. Basta sumar el NAFTA –gran logro de Bill Clinton-, el CAFTA-DR –que cubrió casi toda América Central y la República Dominicana-, los tratados de libre comercio firmados con Colombia, Perú y Chile, y por último los ofrecidos a Ecuador y Uruguay.Además, la administración concluyó tratados con países clave como Australia, Corea del Sur y Singapur.Entre estos fracasos y logros extremos existen algunos pocos puntos de término medio, en los cuales generalmente Bush tuvo razón pero no logró sus objetivos. Un ejemplo claro es América Latina. Fue en estos ocho años donde se formó la ahora tradicional división entre países "serios", como México, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Uruguay, y países autodestructivos, como Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. Los intentos de Bush por tener buenas relaciones con América Latina fueron abiertos y claros. La ya tradicional arrogancia latinoamericana no lo recibió bien y se creyó superior alcowboy tonto. La respuesta de Bush fue pragmática: trataría con quienes estuviesen dispuestos, y a los demás los ignoraría. El resultado es esclarecedor: México lucha contra el narcotráfico y prospera; Colombia derrota al terrorismo narco-comunista-paramilitar tras cuarenta años de guerra, Perú por fin conoce la estabilidad, Brasil se vuelve un modelo atractivo a nivel mundial. Mientras tanto, Cuba conoce la pobreza extrema; Bolivia arde en llamas, Venezuela está sumida en más violencia que Iraq, y Argentina languidece detrás de Etiopía, China y Surinam en el Índice de Libertad Económica. Los logros de los países latinoamericanos arriba mencionados les pertenecen de pleno derecho; Bush se limitó a acompañarlos y premiar la buena conducta, por lo cual merece crédito. Sin embargo, sus omisiones en temas de seguridad en México y Venezuela constituyen problemas sin resolver.Otro punto medio de Bush fue Afganistán, país que se conquistó fácilmente pero que en los últimos años del gobierno pareció escurrirse nuevamente hacia la guerra de alta intensidad. El remedio que buscó aplicar Bush al resurgimiento de los talibanes en el Este del país es el mismo que el de Iraq: David Petraeus y un aumento de tropas anti-insurgentes. Sin embargo, los resultados se verán solamente bajo el gobierno de Barack Obama, a diferencia de Iraq. Bush debería haber solucionado el problema antes, ya que sólo en sus últimos meses en el gobierno dio las órdenes de elevar el número de tropas a 35.000, lo cual aún no alcanza para llegar a la proporción de habitantes por soldado que indica el propio Manual de Contrainsurgencia de su Ejército.ConclusiónLa Administración Bush resulta una de las más interesantes en mucho tiempo para quien estudia la política exterior. Buscó asociarse explícitamente con la escuela del liberalismo internacional o idealismo, en términos de promoción de la democracia y la libertad. Sin embargo, fue un gobierno que tuvo relaciones muy cercanas con regímenes totalitarios como el de Arabia Saudí o China, o con el de su aliado clave Pakistán.La personalidad del Presidente resultó contradictoria. Aunque siempre mantuvo una fuerte convicción moral, en algunas ocasiones predicaba su propia inmovilidad en la persecución de un objetivo de cierta manera, mientras que en otras reconocía la realidad y cambiaba de método – como lo demostró en Iraq en momentos en que casi existía un consenso favorable a la retirada.Bush desplegó el arsenal estadounidense para proteger a sus ciudadanos y expandir la única forma de gobierno legítima, y que constituye el antídoto para la intolerancia, el autoritarismo y la violencia. Sin embargo, en el camino cometió errores, algunos de ellos muy graves y, sobre todo, ignoró otros problemas. La historia, para que sea historia y no propaganda, deberá reconocer esa pluralidad de hechos. Lic. en Estudios Internacionales. Universidad ORT - Uruguay
1) Una panorámica sobre la Política Pública de Convivencia en Hispanoamérica."Convivencia" es un término usado en Hispanoamérica para denominar aquella política, o componente de una estrategia mayor de política pública, que tiene como meta mejorar las relaciones entre ciudadanos o entre grupos de ciudadanos. Los objetivos que se quiere alcanzar con este mejoramiento son variados, pero en general están relacionados a:Disminuir o moderar los niveles de violencia interpersonal.Incidir positivamente en la sensación subjetiva de seguridad (la cual suele mantenerse pese a la disminución objetiva de la violencia interpersonal).Integración social de grupos específicos (típicamente migrantes).Promover la tolerancia a la diversidad (cultural, sexual, etc.).Promover el acceso a derechos y el respeto de derechos."Convivencia" se ha transformado paulatinamente en un enfoque que tiende a ser el paraguas conceptual que orienta la política de seguridad interna en muchos Estados. Tal es el caso de Uruguay con "La estrategia por la vida y la convivencia" o el colombiano con la "Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"1. En su origen, detrás de esta orientación de política pública estaba la convicción de que para detener la violencia interpersonal no alcanzaba con represión y política social. Era necesario algo más.Actualmente se usa el término "convivencia" tanto para políticas dirigidas a intervenir sobre la violencia interpersonal en sus variadas formas (entre ciudadanos, a nivel doméstico, etc.) como a intervenir en situaciones de decadencia o erosión de la sociabilidad (y de esta manera prevenir futuras situaciones de violencia interpersonal o conflictividad).Un elemento característico de las políticas de Convivencia es la fuerte participación de los gobiernos locales. Si bien, como es el caso de Uruguay, las políticas de Convivencia pueden estar contenidas en una estrategia nacional, la participación de alcaldías, municipalidades, etc., es muy importante. Esto es así porque los problemas de convivencia (sea violencia, inseguridad o integración) son problemas de las ciudades y su dinámica social2.Otro elemento característico de las políticas de Convivencia es la importancia que se da a la participación de la comunidad organizada para el éxito de los programas y proyectos. Con dicha participación se pretende dar apoyo a políticas que requieren de tiempo para arrojar resultados positivos (Frühling, 2012).Las llamadas políticas de convivencia recurren a muy variados instrumentos. Estos últimos van desde la educación ciudadana hasta la inversión en infraestructura para la interacción, esparcimiento o disfrute urbano; pueden implicar acciones masivas (por ejemplo publicidad o intervenciones urbanas en puntos neurálgicos de la ciudad), así como pueden implicar acciones particulares en zonas o barrios de la ciudad (intervenciones con centros culturales o en espacios urbanos como plazas) y otras modalidades. La intervención en el espacio público como forma de promover participación y relaciones de convivencia entre los ciudadanos es una idea altamente difundida3. La relevancia del barrio en las políticas de Convivencia es una clara derivación del énfasis que tiene la búsqueda de potenciar la sociabilidad y relaciones interpersonales a través del mejoramiento de la infraestructura urbana para esparcimiento e interacción. El barrio es, a su vez, la más pequeña unidad territorial que se maneja a nivel de políticas urbanas.Hay algunas definiciones comúnmente usadas en Hispanoamérica. Antanas Mockus (Colombia) define Convivencia de la siguiente manera:Convivir es llegar a vivir juntos entre distintos sin los riesgos de la violencia y con la expectativa de aprovechar fértilmente nuestras diferencias. El reto de la convivencia es básicamente el reto de la tolerancia a la diversidad y ésta encuentra su manifestación más clara en la ausencia de violencia. (Mockus, 2002, pág. 20)Romero y Sánchez (España) definen convivencia con las siguientes palabras:Podemos sintetizar lo visto hasta el momento e indicar que, desde un análisis meramente lingüístico, convivencia es la "acción de convivir", así como la "relación entre los que conviven". Dentro de esta segunda acepción, convivencia significa, más concretamente, "vivir en buena armonía con los demás". (Romero & Sánchez, 2007, pág. 78) 2) Discusión de los problemas de Convivencia desde la Sociología.En esta sección se intentará ubicar los problemas que la política pública define como problemas "de convivencia" dentro del marco de discusión de la sociología.Las definiciones de Convivencia normalmente implican relaciones de respeto a pesar de diferencias, capacidad de manejar relaciones humanas a pesar del conflicto. El valor de la convivencia estaría en que en una colectividad donde hay buena convivencia hay cooperación entre diferentes, ausencia de violencia y armonía pese a las diferencias. Como se señaló al principio del documento, la idea detrás de la política pública es que potenciar la convivencia permite influir positivamente en el control de la violencia interpersonal, mejorar la sensación subjetiva de seguridad, colaborar con la integración social de grupos específicos, promover la tolerancia a la diversidad.¿Qué campos de investigación discuten estos problemas en sociología? ¿Qué es posible aprender de las discusiones en estos campos de estudio para mejorar la política pública? Se intentará responder a estas preguntas en el texto que sigue.Es importante plantear desde el principio cuál ha sido el criterio general para la revisión de la literatura que se va a presentar. Se considera que los problemas que en política pública se conceptualizan como "de convivencia" en sociología se conceptualizan como problemas de cohesión (o integración), capital social y/o acción colectiva. Estos tres campos tienen que ver con tres problemas altamente relacionados con "convivencia": compartir normas y valores, colaborar con otros así como contar con otros para los proyectos propios y actuar junto a otros para resolver problemas colectivos o para transformar los espacios públicos.Hay una idea fundante en sociología, esta es aquella que postula que el cemento que mantiene unida a una sociedad es un mínimo de cohesión valorativa y apego a las normas. Esto permitiría a una sociedad funcionar sin la existencia de conflictos desarticuladores. El problema del orden4 es ya un problema clave en la reflexión de E. Durkheim (1858-1917). Para él las sociedades modernas podían alcanzar este mínimo sin necesidad de que las personas se conocieran cara a cara. Llamó a este mecanismo solidaridad orgánica y lo opuso a la solidaridad mecánica (típica de las comunidades tradicionales). Cuando este mínimo se afecta pueden surgir situaciones de anomia que promueven patologías sociales como el suicidio o la criminalidad5.El problema del orden también está presente en la idea proveniente de la antropología según la cual el cemento de la sociedad está en las obligaciones recíprocas que existen entre sus miembros. En esta perspectiva las instituciones sociales son formas de objetivar y dar continuidad a estas obligaciones. Las instituciones constituyen el medio a través del cual se controla la conducta y el marco que habilita la posibilidad de confianza en los demás y la cooperación (Malinowski, 1985 [1926]).A continuación se hará un repaso de los principales argumentos en las literaturas relativas a los tópicos cohesión social, capital social y eficacia colectiva. En las mismas se continúan y profundizan las referidas ideas. 2.1. Convivencia desde la perspectiva de Cohesión social.El problema de la cohesión social tiene al menos dos grandes vertientes. La cohesión entendida como el grado de reciprocidad entre los miembros de una sociedad en función de los acuerdos valorativos y normativos. Esta es la perspectiva de Durkheim según la cual una sociedad cohesionada es aquella en la cual los vínculos forjados a través de valores y normas permiten el funcionamiento de una sociedad compleja sin necesidad de una coordinación central. La cohesión en esta perspectiva puede ser nociva en sus extremos. Una sociedad altamente cohesionada puede tiranizar a sus miembros individuales al no tolerar ningún desafío a la autoridad del grupo. Asimismo es una sociedad con dificultades para vincularse con otras sociedades o para aceptar en su seno a miembros de otras comunidades. El otro extremo es una sociedad débilmente cohesionada (anomia) en la cual los individuos interactúan con base en marcos normativos contradictorios y no encuentran amparo ni reconocimiento en otros individuos. Por tanto, para Durkheim lo "saludable" en una sociedad moderna es algún punto intermedio entre los extremos antedichos. La consecuencia más relevante de una cohesión "saludable" sería la siguiente: una sociedad cohesionada sería una sociedad con más posibilidades de cooperación entre sus miembros y capacidad para resolver pacíficamente los conflictos, sería una sociedad moderadamente abierta a la innovación y capaz de procesar el cambio social así como una sociedad capaz de respetar credos, ideas y estilos de vida diferentes en su seno.En esta tradición la cohesión social se identifica "con la capacidad de una determinada sociedad para producir confianza social, para generar redes de cooperación efectivas entre extraños y para comprometer el interés y el respeto público en las acciones individuales, más la particular capacidad de sancionar al que saca ventajas indebidas de la fuerza de la cooperación social (free rider)" (Valenzuela, Schwartzman, Biehl, & Valenzuela, 2008, pág. 8). O como lo define otro autor, la cohesión social está relacionada con la creencia en una comunidad moral: "the belief—held by citizens in a given nation state—that they share a moral community, which enables them to trust each other" (Larsen, 2013).En esta perspectiva los vínculos fuertes (familia, amigos, con los cuales hay una relación íntima, frecuente y con fuertes lazos de lealtad) no son la clave para la construcción de una sociedad cohesionada. Por el contrario, una sociedad cohesionada y capaz de actuar sobre sus problemas implica buenos vínculos entre extraños o personas con poco conocimiento mutuo (Granovetter, 1973). Los vínculos fuertes pueden constituirse en vínculos negativos: la disposición a permanecer y relacionarse con iguales o parientes puede transformarse en hostilidad y discriminación hacia el diferente.En esta perspectiva el temor es "la fuente principal de destrucción de la confianza y de la disposición hacia la colaboración. La preocupación por los efectos de la violencia criminal en la desorganización de los barrios es un buen ejemplo de esto. El aumento del temor, muchas veces en contextos de sociedades que envejecen aceleradamente, conduce a diferentes formas de repliegue y desconexión social que debilitan enormemente la consistencia de la sociedad civil" (Valenzuela, Schwartzman, Biehl, & Valenzuela, 2008, pág. 9).Indicadores del nivel de cohesión social habituales en este enfoque: montos de confianza interpersonal,la fortaleza de la asociatividad,la consistencia de las relaciones vecinales y de amistad, especialmente cuando ellas comprometen relaciones más lejanas – o "vínculos débiles"disposición al compromiso cívico de los ciudadanos, la cual no implica siempre confianza y participación propiamente políticas.Ahora bien, otra literatura refiere a cohesión social asimilándola al nivel de desigualdad entre los miembros de la sociedad. Esta puede denominarse como la perspectiva de la equidad (Valenzuela, Schwartzman, Biehl, & Valenzuela, 2008). Así como para la perspectiva de origen durkheimiano el opuesto de la cohesión social es la desintegración social o la anomia, para esta perspectiva el opuesto de la cohesión es la exclusión social (Sorj & Tironi, 2007).Estas teorías parten de la fuente estructural de los vínculos entre las personas y grupos en una sociedad: la equidad, definida como "la capacidad de la sociedad para producir una distribución equitativa del poder o del bienestar mediante arreglos institucionales específicamente diseñados para este propósito" (Valenzuela, Schwartzman, Biehl, & Valenzuela, 2008, pág. 10).Lo que la teoría hipotetiza es que cuando existen desequilibrios en materia de equidad –y si son percibidos y considerados "hirientes" por las personas- éstos pueden conducir al conflicto abierto entre grupos. "Según esta perspectiva los problemas de cohesión no se traducen en desorganización y anomia social, sino más bien en una polarización entre grupos o clases dentro de la sociedad que puede escalar hacia el conflicto abierto, la hostilidad política y hasta el uso de la fuerza en la resolución de las diferencias sociales" (Valenzuela, Schwartzman, Biehl, & Valenzuela, 2008, pág. 10).Los conflictos fruto de una crisis de cohesión pueden terminar en autoritarismo. En la perspectiva democrática la búsqueda de cohesión se consigue si existen instituciones que pueden asegurar la resolución de conflictos de forma pacífica.En este enfoque hay tanto indicadores subjetivos como objetivos de equidad o distancia social. Esto es así porque una dimensión es la relativa a las distancias sociales que objetivamente pueden medirse a través del índice Gini por ejemplo, y otra es la percepción que los miembros tienen de dicha distancia y cómo esta percepción condiciona sus relaciones con otras personas o grupos sociales.Este enfoque centrado en equidad ha sido muy influyente en política pública y en la perspectiva de organismos internacionales (en las políticas de la Unión Europea y en el caso de América Latina en CEPAL) (European Commission, 2014) (Feres & Villatoro, 2010). 2.2. Convivencia desde la perspectiva de Capital Social.El concepto de capital social es un desarrollo relativamente reciente y que a partir de la publicación de varios artículos del politólogo Robert Putnam (Putnam, Bowling Alone: America's Declining Social Capital, 1995) y particularmente de su libro "Bowling alone: The Collapse and Revival of American Community" (Putnam, 2000) se ha convertido en un campo de estudios prominente en sociología. Para tener una idea, una búsqueda de la frase "social capital" en la biblioteca digital JSTOR arroja unos 8.100 artículos, mientras que la misma búsqueda para "social cohesion" arroja 340. Pese a ser una versión popular del concepto de "capital social", particularmente entre policy makers y organismos internacionales6 la versión de Putnam es una de las más cuestionadas.El concepto de capital social tiene su origen en sociología en la obra de Pierre Bourdieu y de James Coleman (Portes & Vickstrom, 2012) (Portes, 1998). Estos trabajos inician una de las tradiciones relevantes en materia de capital social y su estudio que continúa hoy en día con el trabajo de investigadores como Ronald Burt, Nan Lin, Alejandro Portes.Bourdieu y Coleman trabajan desde la perspectiva del individuo o de pequeños grupos. Si bien tienen diferencias entre sí ambos insisten en un punto clave: los beneficios que tienen los individuos o familias a través de los vínculos que tienen con otros. Bourdieu tiene una perspectiva instrumental del concepto: las personas construyen en forma intencional sus vínculos, teniendo en cuenta los beneficios que podrían traerles en el futuro. Como explica Alejandro Portes:"En unas cuantas páginas brillantes, Bourdieu trata las interacciones entre el capital monetario, el capital social y el capital cultural, y define este último como la combinación de las credenciales de educación formal que posee un individuo y un complejo intangible de valores y estilos de comportamiento. El principal aporte de Bourdieu fue mostrar que estas tres formas de capital son fungibles, que pueden ser intercambiadas unas con otras y que de hecho requieren dichos intercambios para su desarrollo (Bourdieu 1980). Así, un capital social considerable rara vez puede ser adquirido sin la inversión de ciertos recursos materiales y sin la posesión de algún saber cultural, lo que le permite al individuo establecer relaciones con otras personas que tienen capitales valiosos". (Portes, 2004, pág. 151)Si bien la definición original de J. Coleman es vaga7, a través de sus ejemplos es claro que su énfasis está en la confianza interpersonal y cómo el "cerramiento" (closure) de la estructura social (lo cual se logra mediante el conocimiento directo o mediado de las personas que interactúan) facilita el control mutuo, lo cual permite el cumplimiento de normas. El control mutuo es una garantía que fortalece la confianza interpersonal y facilita la interacción de múltiples maneras.En definitiva, en este enfoque el capital social ha sido definido alternativamente como una fuente de control social, una fuente de beneficios mediados por las familias y una fuente de recursos mediados por redes no familiares (Portes, 2004).La segunda tradición y la más influyente es la iniciada por Robert Putnam. En este enfoque el capital social es una propiedad de los colectivos (a nivel agregado). Esto hace que sea posible calificar a una comunidad, ciudad o país por su nivel de capital social. Esto ha habilitado la posibilidad de estudiar una multiplicidad de fenómenos (desde temas de salud a temas de criminalidad) y la manera en que el capital social de la comunidad influye en los mismos. Esta idea ha penetrado fuertemente en políticos, hacedores de política pública y organismos internacionales.En la visión de Putnam el capital social de una comunidad depende de la naturaleza y alcance del involucramiento de los individuos en redes informales de interacción y organizaciones cívicas formales. Por tanto, el capital social de una comunidad se mide tanto a través del contacto de los miembros entre sí (ya sea a través del saludo, el compartir una cena o apoyarse en el cuidado de los niños) como de la participación en organizaciones. Esto permite determinar el nivel de salud cívica de una población y estudiar la manera en que la misma influye en el crimen, la salud, pobreza, desempleo, etc. La idea ha sido también influyente porque permite pensar formas de detener el declive de la vida cívica o potenciar a las comunidades y así influir en problemas de muy difícil resolución (Woolcock & Narayan., 2000). (Grootaert, Narayan, Jones, & Woolcock, 2004). Definiciones de capital social: resumen de concepciones relevantes en política pública e investigación.Robert PutnamAspectos de las organizaciones sociales tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo.James ColemanLos recursos socio-estructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones comunes de quienes conforman esa estructura.Pierre BourdieuEl capital social (capital social. Capital cultural, capital económico, capital simbólico) es un tipo de capital, entre otros, que permite la movilidad de los agentes de un espacio social determinado.Banco MundialInstituciones, relaciones, actitudes y valores que gobiernan la interacción de las personas y facilitan el desarrollo económico y la democracia.Bonding: "Capital social de lazos", que genera lazos de unión entre los miembros de una misma comunidad. Se limita a contribuir al bienestar de sus miembros.Bridging: "Capital social de puente", que genera sinergia entre grupos disímiles. Abre oportunidades económicas a aquellos que pertenecen a los grupos menos poderosos o excluidos.Fuentes: (Durston, Duhart, Miranda, & Monzó, 2003) (Arriagada, Miranda, & Pávez., 2004)Las conceptualizaciones de capital social, principalmente las asociadas a Putnam y los investigadores del Banco Mundial, son influyentes en la reflexión sobre Convivencia por cuanto señalan cuáles son los aspectos de la vida comunitaria relevantes para mejorar las relaciones entre las personas. Asimismo es una conceptualización que brinda un armazón causal para fundamentar el valor de invertir en la convivencia social para mejorar aspectos como el crimen y la violencia doméstica sin recurrir a políticas represivas. Pese a ello estas perspectivas han sido fuertemente criticadas desde la academia. Un crítico incisivo es Alejandro Portes. En la visión de Portes el énfasis de Putnam en los valores cívicos y particularmente la contraposición entre un pasado idílico (con fuertes valores cívicos y participación social) y un presente individualista es una manera equivocada de encarar el problema en las sociedades modernas. Portes aduce que los resultados de investigación generados por el programa de investigación de Putnam tienen el problema de delimitar con claridad las precedencias causales: ¿es el capital social causa del desarrollo económico o al revés? La discusión de este problema y la revisión de los datos de investigación en capital social lleva a Portes a postular que la inversión sólo en capital social, sin tener en cuenta factores estructurales como pobreza, movilidad residencial y otros, no alcanza para afectar significativamente criminalidad, violencia, salud, etc.8 Esta es una discusión altamente relevante y a tener en cuenta en el diseño de programas de Convivencia. ¿Por qué? Porque señala que las políticas de Convivencia que enfatizan sólo en aspectos de cohesión o capital social deben buscar articularse institucionalmente con otros programas que estén dirigidos a afectar los aspectos estructurales de los territorios (como pobreza, desempleo, movilidad residencial, vivienda) para poder lograr sus objetivos. 1-"Dicha Política tiene un ámbito claramente distinto de la Política de Seguridad Nacional, la que se focaliza en fuerzas irregulares armadas opuestas al Estado y en organizaciones ligadas al crimen organizado. La Política se propone entregar una respuesta integral a los problemas de seguridad existentes, para lo cual define los siguientes Ejes Estratégicos: i) Prevención social y situacional; ii) Presencia y control policial; iii) Justicia, víctimas y resocialización; iv) Cultura de legalidad y convivencia; v) Ciudadanía activa y responsable" (Frühling, 2012, pág. 25)2-En el caso de Colombia, por ejemplo, la política es coordinada por la Alta Consejería Presidencial de Seguridad Ciudadana. Ésta articula a 17 entidades nacionales y 3 Programas Nacionales (Frühling, 2012).3-"La red nace a iniciativa del Centro Internacional de Formación para las Autoridades y Agentes Locales, CIFAL Barcelona. El centro es fruto de un acuerdo entre el Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Catalunya y el Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) con el objetivo de promover la cooperación en materia de seguridad y convivencia en los espacios urbanos. En este marco se iniciaron los trabajos, junto con el asesoramiento científico de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), para la constitución de la red. En un espíritu de diálogo multidisciplinar, varios sectores proponen sumir su expertise a los trabajos de la red, incluso la empresa VEOLIA Environnement, dedicada, junto a las Naciones Unidas, a mejorar la calidad de vida en las ciudades. De este modo, en enero de 2007 se celebró en Barcelona la primera reunión del comité de desarrollo de la red, formada por representantes de instituciones públicas, académicas, organizaciones de la sociedad civil y del ámbito privado de países europeos y latinoamericanos con la intención de poner las bases de la red y abordar la problemática desde una perspectiva interactoral [sic] e intersectorial" (Boisteau & Xifra, 2007, pág. 5).4-Jon Elster resume el problema de la siguiente manera: "¿Qué es lo que mantiene unidas a las sociedades y les impide desintegrarse en el caos y en la guerra". (Elster, 2005, pág. 13)5-E. Durkheim plantea estas ideas originalmente en "La división social del trabajo" (1893) y "El suicidio" (1897).6- Por ejemplo la vision de capital social del BID está claramente influenciada por Putnam (Woolcock, 1998) (Woolcock & Narayan., 2000).7-"Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety of different entities, with two elements in common: they consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain actions of actors –wether persons or corporate actors- within the structure. Like other forms of capital, social capital is productive, making possible the achievement of certain ends that in its absence would not be possible". (Coleman, 1988, pág. S98)8- "Como hemos visto en epígrafes anteriores, los estudios empíricos han demostrado que el índice de capital social de Putnam es un correlato o una consecuencia de procesos más básicos, como la desigualdad y la segregación racial. Estos procesos son los que merecen atención, puesto que sí amenazan la viabilidad a largo plazo de las sociedades democráticas modernas. La solidaridad de estas sociedades se deduce en último término de las oportunidades que ofrecen a todos sus miembros de alcanzar sus metas individuales. La denegación sistemática de esas oportunidades a amplios sectores sobre la base de su raza o de su origen étnico es enemiga de las formas superiores de cohesión basadas en reglas universalistas e imparciales". (Portes & Vickstrom, 2012, pág. 101).
La tesis "El Derecho del Trabajo democrático en la República de Weimar" es, de una parte, una introducción contextualizadora a la historia político-social, sindical, del Derecho del Trabajo y de la obra de significados juristas demócratas comprometidos con el nacimiento de la nueva disciplina jurídica (y en parte responsables de su constitucionalización) y con su desarrollo en la República de Weimar, así como una consideración transversal y comparativa de varias instituciones fundamentales propias de este nuevo campo jurídico, constitucionalizado en la carta magna alemana de 1919: la constitución económica y del trabajo, la socialización de los medios privados de producción y el consejismo obrero, consideradas en su contexto histórico y desde diversas ópticas de la izquierda socialdemócrata y comunista . Contenido de la investigación: 1. El contexto histórico El inicio de la República weimariana coincide con una profunda crisis de un modelo socio-político alemán - imperial, liberal y burgués, a su vez con contradicciones inherentes a una modernización acelerada de la economía y de la sociedad conviviendo con estructuras cuasi feudales - que concluye abruptamente con el derrumbe del imperio y, en expresión personalizada y gráfica del mismo, con la huida del Káiser y la necesidad de asumir un poder que se halla abandonado en la calle para quien quiera, o pueda, hacerlo suyo. Dada la profunda bancarrota de quienes llevaron a Alemania al desastre - el establishment sobre todo prusiano de militares, terratenientes e industriales, aglutinado políticamente en partidos conservadores -, la posibilidad fáctica de asumir un nuevo liderazgo tan sólo la tienen los socialdemócratas (tanto los mayoritarios como el USPD, ala izquierda escindida por oposición a la aprobación por parte del SPD de los créditos que hicieron posible financiar la Primera Guerra Mundial, quizá por razones tácticas relativas a su inclusión definitiva en el sistema, quizá por genuino patriotismo, temiendo una invasión zarista), o los consejistas radicales que se han levantado y, en cierta medida, contribuido a dar fin a la guerra, negándose los marinos de Kiel, organizados en soviets rebeldes, a inmolarse en el Mar del Norte. Ambos - socialdemócratas mayoritarios y minoritarios, y movimiento de los consejos a su izquierda - proclaman repúblicas al mismo tiempo. El poder tradicional - el ejército, la gran industria - apoya secretamente a los socialdemócratas, ante el pavor de que se repita en Alemania lo que dos años antes ha acaecido en Rusia, devenida república popular soviética. La gran patronal reconoce a los sindicatos y pacta con sus líderes un nuevo statu quo de condiciones laborales y negociación colectiva (el Acuerdo Stinnes-Legien), sentando las bases de una comunidad del trabajo de la que también el futuro fascismo habrá de hacer uso. Las proclamaciones contradictorias de soberanía política se resuelven en una sangrienta y breve guerra civil, en la que los Freikorps siguen las órdenes del socialdemócrata Noske. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y miles de personas más son asesinados. Los líderes del movimiento consejista aceptan - no sin tensiones - ceder la soberanía que estiman ostentar a favor de un proceso democrático constituyente, al entender existente un compromiso de que la institución de los consejos será debidamente incluida en la nueva constitución. Cuando Hugo Preuss intente negarse a hacerlo, importantes manifestaciones y tensiones sociales le obligarán a reconsiderar su posición; y cuando la Ley de Consejos de Empresa de 1920 se vote, decenas de personas morirán acribilladas en las escaleras del Reichstag en expresión de la profunda discrepancia de los ya rescoldos del Rätebewegung respecto de su tímida positivización legal. Los diputados elegidos para llevar a cabo el proceso constituyente se refugian en la más segura y defendible ciudad de Weimar, quizá también buscando los ecos de la Alemania culturalmente gloriosa de Goethe y Schiller y, en pocos meses, culminan la reconstrucción política de lo que aún se llamará Reich a través de una nueva constitución. Los aspectos sociales y, muy especialmente, las cuestiones referentes a la socialización, a la participación de los trabajadores en la gestión de la economía y de la empresa, y al derecho de estos a la libertad sindical (y al de los sindicatos a existir y a cumplir con sus funciones socio-económicas) encuentran reflejo normativo en el texto constitucional. Hugo Sinzheimer formará parte como diputado de la comisión constitucional y de su pluma, al decir de todos, surgen, en esencia, los importantes y afamados artículos 159 - libertad de coalición - y 165 - constitución económica y constitución del trabajo, participación de los trabajadores en el gobierno económico y de la empresa - de la Constitución de 1919. Las tensiones de la época, resueltas en cada vez más frecuentes revoluciones comunistas, las propias circunstancias históricas de una Alemania en bancarrota social, política y económica e inmersa en una micro guerra civil - todo proceso constituyente es efecto de tensiones contradictorias, de equilibrios entre lo estructural y lo contingente - sin duda influyeron en un texto constitucional que aspiraba - temerariamente, según se ha escrito - a constitucionalizar y canalizar jurídica y civilizadamente la lucha de clases. 2. Sindicalismo y Derecho del Trabajo en la República de Weimar La temprana condición de clásico alcanzada por el Derecho del Trabajo de la República de Weimar, sin perjuicio de su carácter fundacional de la disciplina académica en las instituciones universitarias, es deudora, como apenas podría ser de otra manera, de una previa (¿pre?) historia sindical y jurídica. El sindicalismo autónomo, apoyado por el partido socialdemócrata, se había desarrollado notablemente en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, con movimientos huelguísticos de gran influencia. Bismarck reaccionó ante la cuestión social prohibiendo los movimientos socialistas (Partido Socialdemócrata y sindicatos afines) y creando el primer sistema de Seguridad Social, con una intención de amortiguar los conflictos socioeconómicos que amenazaban la estabilidad del statu quo Reich. También la doctrina académica fue desarrollando una importante teorización sobre el Derecho del Trabajo, aún inexistente como disciplina autónoma. Juristas nacidos en la primera mitad del siglo XIX y conocidos como socialistas de cátedra fueron los pioneros: Schmoller, Brentano, Wagner, von Schönberg, Loening, Herkner, Schäffle… Otros juristas, estudiosos del Derecho Civil y del Derecho Romano, también contribuyeron a esta construcción dogmática: Gierke, Grünberg, Menger, Flesch, Lotmar. El más joven de todos ellos, y luego maestro y decano del Derecho del Trabajo weimariano, será Sinzheimer. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, y a pesar de la fuerte resistencia del II Reich - hostil a cualquier desarrollo del derecho colectivo del trabajo y tan sólo dispuesto a conceder un mínimo de derechos laborales a título individual -, el movimiento sindical había conseguido consolidarse con más de dos millones de afiliados. La fuerza de los convenios colectivos reposaba en la capacidad de los contratantes para mantenerla. Y la mayoría de los líderes del propio movimiento sindical sostenían que esta radical autonomía, sostenida con su propia fuerza y al margen del Estado, era la mejor garantía de su eficacia. Tal concepción cambió tras la Revolución de Noviembre de 1918. El movimiento sindical evolucionó hacia una mayor confianza en el Estado, máxime tras la constitucionalización de la libertad de coalición y de los principios de participación de los trabajadores en el ámbito económico (incluido el centro de trabajo) y social. La relación entre los sindicatos y el Estado será cuestión compleja y no exenta de debate en el seno de la doctrina iuslaboralista. Como ejemplo relevante, la confianza de Sinzheimer en el Estado, tan propia de la tradición filosófica y jurídica alemana (expresándose en Hegel de forma tan conocida como notoria), quizá le impidiera considerar con la suficiente anticipación y clarividencia los riesgos de un corporativismo que sus discípulos - muy notablemente Kahn-Freund - sí supieron apreciar. El pecado de corporativismo - en contra de la hipótesis pluralista que quiso regularse en la Constitución de 1919 - se pagó en Weimar a muy alto precio, debilitando a los sindicatos - su poder declinó progresivamente desde que, en 1920, consiguieron impedir el éxito del Kapp Putsch -, impidiéndoles reaccionar con eficacia frente a la deriva antisindical y fascista de la República y abocándoles, finalmente, a su desaparición. Quizá sea una de las más importantes lecciones de la época. El Derecho del Trabajo, en todo caso, disfrutó de un importante desarrollo en los años weimarianos, hasta el punto de que Sinzheimer pudo llegar a afirmar que era una gran satisfacción haber vivido para verlo. El derecho colectivo del trabajo nació y fue jurídicamente regulado como tal, reconociéndose el derecho de coalición con sus libertades y garantías conexas, y primando el fruto de la negociación colectiva sobre el contrato individual. Se sustituyó el principio absolutista - Herr im Haus - por otro constitucional en la empresa, reconociéndose a los trabajadores el derecho a participar, a través de la institución de los consejos, en ciertas cuestiones económicas y sociales pertinentes a su centro de trabajo. Se reconoció e institucionalizó, asimismo, la función del Estado en la determinación de la forma y contenido de la relación laboral, de forma relevante en la imposición de arbitrajes obligatorios relativos a conflictos sociales, o en la posibilidad de extensión también obligatoria de convenios colectivos. Se regularon mediante estatutos relevantes derechos y obligaciones de los trabajadores, como la jornada laboral, los convenios colectivos, o prestaciones públicas de Seguridad Social, muy notablemente la pionera de seguro de desempleo. Alemania se unió, asimismo, a la OIT, y en 1927 ya habían sido ratificados cuatro tratados. Además, se creó una jurisdicción laboral y una ley procesal específica. Los graves problemas económicos de la República - y muy especialmente el Crack de 1929 - destruyeron muchas de las conquistas sindicales y de la fuerza del movimiento obrero. La afiliación se desmoronó y también la negociación colectiva. Hasta el Parlamento dejó de reunirse, cayendo la última coalición de gobierno weimariana por la negativa del SPD a desmantelar el sistema público de protección por desempleo. Pronto las relaciones laborales se vieron reguladas por decreto y a la baja. El desempleo creció exponencialmente. La República de Weimar nació con el movimiento consejista, estrechamente vinculada a cuestiones sociales y a su regulación jurídica. También naufragó junto con sus sindicatos y con su derecho social. El Derecho del Trabajo se hallaba en el corazón de la democracia weimariana, era su emblema, "el vínculo que conectaba a la República con la clase trabajadora", la herramienta mediante la que la Constitución de Weimar intentó organizar jurídicamente la lucha de clases y hacer de ella un elemento esencial de la evolución del derecho positivo. Promover y defender el Derecho Laboral era fundamental; atacarlo era atacar a la democracia y a la República. Como diría Kahn-Freund más de 40 años después, la "tragedia menor del Derecho del Trabajo reflejó la mayor tragedia de Alemania entre 1930 y 1933, y su colapso moral sin precedentes de los años siguientes". 3. Los juristas demócratas del trabajo Los juristas del Derecho del Trabajo democrático weimariano son manifestación de clasicismo y brillantez renovadora de una tradición nacida en el último tercio del siglo XIX - la de los Kathedersozialisten estudiosos de la relación entre economía y sociedad con una fuerte impronta marxista - y de otros juristas como Ihering, von Gierke - a su vez inspirado por la tradición jurídica de la Germania medieval objeto de sus estudios -, Ehrlich y Renner y, como antecedente inmediato, Philipp Lotmar. La cuestión social teorizada y expresada ya en un conflicto organizado durante la Alemania Guillermina, con importante participación de un movimiento obrero primero reprimido y luego apenas tolerado por el Reich alcanza, quizá prematuramente, un momento definitorio tras el terrible trauma de la Primera Guerra Mundial. Hugo Sinzheimer, quien había ya publicado - en la estela de Lotmar - importantes trabajos sobre la construcción jurídica del convenio colectivo y sobre el contrato de trabajo, tiene las condiciones adecuadas para ejercer una influencia decisiva en la creación de un (re) fundado, constitucionalizado y conceptualmente unificado Derecho del Trabajo alemán, que habría de tener una importante influencia en diversos sistemas jurídico-laborales más allá del ámbito germánico. Jurista del trabajo, sociólogo y antropólogo del derecho, político y experto en políticas legislativas, abogado e historiador, Hugo Sinzheimer sostiene una concepción humanista del derecho - el hombre y su emancipación como fin del derecho - que condiciona su concepción iuslaboralista, al rechazar (por falso, conforme a su concepción sociológica) cualquier formalismo negador la verdadera situación de desigualdad y dependencia propia de la relación laboral, tal como la venía conceptualizando la tradición romanista-liberal del libre contrato de trabajo, al que quiere desenmascarar. Ya no habrá de ser una relación entre "personas jurídicas", sino entre empleador y ser humano dependiente. El trabajo por cuenta ajena se desarrolla, además, en un entorno colectivo - la comunidad de trabajo, concepto a cuya problematicidad ya nos hemos referido - que requiere una también colectiva participación de todos sus integrantes. Los trabajadores han de participar, a través de órganos democráticos de representación colectiva, en la codecisión de un re-politizado ámbito de la empresa empresarial, con capacidad autonormativa. La política legislativa habría de ser el objetivo último de la teoría jurídica del Derecho del Trabajo, que no podría limitarse al análisis formal de la ley. Así lo practicó siempre Sinzheimer, generando nuevas propuestas regulatorias del ámbito iuslaboral, tanto sustantivas como procesales, influyendo en la creación de la jurisdicción social (y de su norma rituaria) en Alemania. En su evolución conceptual es resaltable el nuevo énfasis que, desde finales de los años 20, recupera la exigencia de democracia económica - y no solo política - como medio necesario para obtener una verdadera emancipación de los trabajadores. Ernst Fraenkel, Franz Neumann y Otto Kahn-Freund fueron todos ellos discípulos de Sinzheimer. De ellos, tan sólo Kahn-Freund fue jurista del trabajo a lo largo de toda su vida profesional y académica, con una importante influencia no sólo en el Derecho Laboral de la República weimariana sino también en el británico. Tanto Fraenkel como Neumann produjeron brillantes obras iuslaboralistas hasta su expulsión de Alemania por los nazis, deviniendo relevantes teóricos de la política desde entonces. Ernst Fraenkel sostuvo, con fundamento en el texto constitucional weimariano, el valor de una democracia colectiva en la que la pluralidad de los grupos sociales - incluidos los trabajadores organizados - habrían de participar de forma relevante, continua y con un alto grado de autonomía. Los trabajadores en cuanto tales - y los ciudadanos no investidos formalmente del poder público, no funcionarios - habrían de contribuir a conformar el orden económico y social, de una constitución no sólo política sino también económica. Durante toda su vida, Frankel fue un estudioso y defensor del pluralismo social como forma de organización política. La tutela de fuerza del trabajo era un elemento esencial de la constitución weimariana, y el Derecho del Trabajo (y muy especialmente el convenio colectivo) una manifestación esencial del mismo, como garante de una admisible distribución del producto social y de un reequilibrio del poder en la comunidad política, en la que se debe incluir el ámbito privado (o público) empleador; como depositario de las fuerzas de vanguardia progresista antes de transformarse en nuevas formas jurídicas. El Derecho del Trabajo tiene un especial significado político. Fraenkel criticó, como también lo harían Neumann y Kahn-Freund, la parcialidad interpretativa de la gran mayoría de unos jueces que durante la República se autoexcluyeron de su vinculación a la constitución y a las leyes en defensa subjetiva y parcial de una concepción social ajena a la autonomía de los agentes sociales que desembocaría en el totalitarismo fascista. Tras su emigración a EE.UU. publicó su obra clásica El Estado Dual, análisis y crítica del totalitarismo en la que expone la convivencia en Alemania de un parcial Estado normativo (ya que no de Derecho) no aplicable a quienes el régimen consideraba enemigos. Franz Neumann fue, en su faceta de académico del trabajo, un estudioso de los aspectos sociales de la Constitución de 1919 que, en su interpretación, intentó crear una democracia social basada en derechos tanto liberales y capitalistas, como socialistas: un compromiso entre ambos. Una interpretación sistemática del texto constitucional weimariano le hará concluir que el reconocimiento de los derechos de propiedad privada y de libertad contractual y de empresa están en última instancia sujetos al interés común, como efecto otros principios también constitucionales ( justicia - derecho a una existencia digna -, socialización, derecho de coalición, constitución/democratización del trabajo y de la economía). La libertad de asociación con propósito económico (la libertad de coalición) y la participación de los trabajadores en la codeterminación del ámbito productivo (la constitución del trabajo / constitución económica) y la protección por el Estado del interés de los trabajadores formarían parte esencial de los fundamentos sociales del nuevo orden constitucional. Su hipótesis, al igual que en Fraenkel, se basaba en la hipótesis pluralista, reconciliando al Estado con el movimiento obrero. Sin embargo, en la doctrina de Neumann tal pluralismo era inestable y destinado a quebrar por neutralización recíproca o hegemonía de alguno de los actores sociales. En su obra clásica Behemoth estudió la destrucción del pluralismo weimariano. Neumann estudió con rigor la libertad de coalición en la Constitución weimariana, deduciendo principios necesarios y conexos con la misma tras un análisis sistemático y finalista que ha devenido canónico. Fundamentó jurídicamente la condición de fundamentales de las libertades de asociación y coalición, no limitables por la exorbitante capacidad otorgada al poder ejecutivo por el artículo 48 de la carta magna, tras la conceptualización formal de los sindicatos como asociaciones con fin económico inmediato - que son las protegidas por el artículo 159 -, por más que en última instancia su fin sea también político. Las libertades de conflicto, de expresión, de prensa y de asociación entre ellas son derechos conexos de los sindicatos, que han de ser necesariamente reconocidos como efecto del propio derecho de coalición, así como el derecho de las coaliciones económicas (de los sindicatos) a suscribir acuerdos colectivos con eficacia normativa inderogable. Neumann fue muy crítico con la jurisprudencia social weimariana, criticando su alejamiento de la ley democrática y su parcialidad, fundamentando con detalle su opinión, y sosteniendo la necesidad en derecho de una interpretación jurisprudencial emancipatoria de los trabajadores, con base en la Constitución de la República. Kahn-Freund, abogado como Fraenkel y Neumann, juez en Berlín y, sobre todo, académico del trabajo, fue un decidido defensor de la necesaria independencia de sindicatos (y patronales) respecto del Estado, esencia de un colectivismo constitucionalmente garantizado en la República de Weimar y contrario al superado contractualismo individualista de origen romano. El sistema colectivista legaliza la lucha de clases y la convierte en un componente integral del desarrollo del sistema legal, en una tensión socialmente creativa. El alto tribunal social weimariano (el RAG) habría distorsionado ese pluralismo colectivista, convirtiéndolo en corporativismo fascista (defensa de la necesidad de la colaboración sindical en el superior interés de la empresa). Para Kahn-Freund, la función del Derecho del Trabajo weimariano habría evolucionado desde sus orígenes en 1919 y hasta la anulación de la autonomía colectiva mediante los decretos del final de la República. El colectivismo autónomo, capaz de autogeneración normativa - conforme a la intención del texto constitucional -, con respeto por parte del Estado a una lucha (no ilimitada) de clases, participando en la generación de normas legales para permitir una eficacia social y reequilibradora del conflicto social, fue quebrando progresivamente en Weimar, mediante una cada vez mayor intervención estatal en la regulación del conflicto social, una intervención sesgada y contraria al conflicto (e incluso a la tensión) social por parte de una judicatura conservadora e imbuida de una ideología de comunidad social estática y con intereses no contradictorios (las organizaciones de trabajadores y empresarios serían percibidos como una especie de órganos públicos al servicio del interés estatal) y una pérdida de autonomía sindical, acabando con la libertad de los sindicatos. El resultado final es de todos conocido. Karl Korsch fue un jurista del trabajo que evolucionó desde el fabianismo de su etapa formativa en Inglaterra hasta el comunismo ortodoxo y su ulterior expulsión del Partido por "ultraizquierdista", tras haber pasado también por la socialdemocracia, la mayoritaria y la escindida del USPD. Su biografía es una odisea en parte extraña, pero también sintomática de la izquierda de la época. Aunque Korsch nunca dejó de ser un outsider comprometido con el destino de la clase obrera desde una radical independencia personal, solo sujeta a su personal conciencia intelectual y política. A su tránsito por el arco ideológico de entreguerras une su condición de académico de Derecho del Trabajo, en cuya condición produjo una obra, bien conocida en castellano, de enorme fuerza e interés jurídico. En Korsch el marxismo no es mera influencia sino característica esencial de su obra (no en vano su Karl Marx sigue siendo un texto de referencia). El compromiso de Korsch con la democratización de las relaciones laborales y con la socialización fue inequívoco y radical a lo largo de su vida y obra. Su exposición y defensa de la constitución del trabajo es de notable capacidad analítica y fuerza expresiva. Su concepción del Derecho del Trabajo es la de un orden jurídico radicalmente opuesto al liberal burgués, en la misma y revolucionaria medida en que éste se opuso al ancien régime. Su naturaleza es, por ende, esencialmente conflictiva y revolucionaria. En consecuencia con tal concepción tal medida apoyó al movimiento consejista de 1918-19, participando activamente en el mismo (fue, al igual que Neumann, miembro de un consejo de obreros y soldados), y consideró - fundamentándolo en su obra - que la transposición legal de la institución de los consejos mediante en 1920 fue un fiasco contrario tanto al texto constitucional como a un movimiento revolucionario que estimaba de derecho irrenunciable. Su oposición al reformismo socialdemócrata - a su entender contradictorio con los principios socialistas y tendente a la corporativización de la clase obrera, y a la represión estatal - se manifestó en duros términos, muy críticos con Sinzheimer y con su escuela, a pesar de ser notoria la influencia de la obra de aquel en los fundamentos de su propia concepción de la constitución del trabajo, compartiendo una crítica común al sistema capitalista del relaciones de trabajo, pero no una alternativa común al mismo, o al menos no a corto plazo. Por ello también se enfrentó al sindicalismo socialdemócrata de la ADGB, apoyando al sindicalismo revolucionario de clase. Al margen de las diferencias entre unos y otros, todos los juristas estudiados mantuvieron una lucha conceptual contra el totalitarismo y a favor de la profundización democrática a lo largo de sus vidas y obras. 4. Constitución económica y constitución del trabajo Las nociones de constitución económica y constitución del trabajo son claves esenciales de la concepción jurídica de los juristas del trabajo de la izquierda demócrata weimariana, efecto de una creatividad basada en la fertilidad del método sociológico y marxista que critica los límites del liberalismo. Se hallan en el común nacimiento de un nuevo ámbito jurídico que supone la intersección entre la construcción democrática y el ámbito privado de las relaciones laborales, y se manifestarán singular y constitucionalmente en el artículo 165 de la carta magna de la República, por el que los trabajadores junto con sus organizaciones fueron llamados a regular en igualdad y de forma conjunta con los empresarios sus salarios y condiciones laborales, así como a cooperar conjuntamente en el desarrollo económico de las fuerzas productivas, con la finalidad del bien común. En las concepciones de constitución económica y del trabajo - conceptos asimilables - se manifiesta un característico alejamiento del formalismo jurídico contrario a una dogmática liberal opuesta con desdén a todo sociologismo. Se introduce - con efectos regulatorios e interpretativos - un elemento central en la contemplación del sistema normativo, a saber, la consideración de la asimetría de poder - basada en última instancia en la propiedad privada de los medios de producción - entre empleador y empleado, asimetría que se expresaría en una relación material de sometimiento y explotación, verdaderamente desigual a pesar de la máscara contractual, de la apariencia de suscripción de un acuerdo entre seres en abstracto y formalmente - conforme al derecho civil liberal - iguales y libres. Los iuslaboralistas demócratas weimarianos pretenden desenmascarar, subvertir, reequilibrar y democratizar con herramientas jurídicas una relación cuya inclusión en la forma del libre contrato de trabajo consideraban falsaria, abusiva y contraria a la dignidad humana. Frente a la constitución política, reino de la igualdad, se contrapondría la realidad de las relaciones laborales propias del derecho liberal, espacio de sumisión y desigualdad a pesar de una terminología engañosa. La constitución económica / constitución del trabajo habrían de reformar, compensar y liberar ese esencial espacio de la vida humana, repolitizando y democratizando el ámbito económico privado de producción, cómo ya lo había sido el Estado. Política y economía se han de recomponer en términos de poder. Los trabajadores dejan de ser objetos económicos - recursos humanos - y devienen sujetos corresponsables de la economía, ciudadanos y ya no súbditos; el derecho derivado de la propiedad privada abandona su condición de señor de la casa. La constitución del trabajo es el derecho que regula la comunidad entre capital y trabajo, con la tarea de asegurar la creación de una voluntad unitaria en su seno con la participación paritaria de las partes en conflicto. Este elemento conceptual esencial de la concepción democrática (no autoritaria, ni corporativa) del Derecho del Trabajo en la época estudiada es común a todo el ámbito de la izquierda de matriz socialista - desde Sinzheimer hasta Korsch - que, si bien mantuvo notorias diferencias respecto de sus propuestas alternativas al orden pre-weimariano regulador de las relaciones de producción - por lo menos (y aunque no exclusivamente) en cuanto a su implementación temporal -, sostuvo una crítica común y rotunda al concepto liberal de (falso) libre contrato de trabajo. 5. Socialización La reivindicación fundamental del pensamiento de matriz socialista en la época de la República de Weimar fue la transformación en jurídico-público del orden jurídico privado del trabajo y de la propiedad. La exigencia de socialización - contenida en la constitución weimariana, e incumplida en la práctica - fue su más claro componente de ruptura anti-liberal (aunque no soviética/estatalista) y ánimo colectivista, tras la profunda crisis de legitimidad de los valores económicos (capitalismo), jurídico-políticos (liberalismo) y socio-culturales (burgueses) hasta entonces imperantes. El nuevo basamento institucional había de ser plenamente democrático, colectivo, incluyendo el sistema económico- social en el que se integran las empresas. La socialización como proyecto era inescindible de su propia denominación. Conforme a esta posición - común a socialdemócratas y comunistas -, sólo considerando el orden del trabajo y de la economía como un interés público podría limitarse la arbitrariedad patronal, lo que cabría alcanzar mediante la intervención coactiva del Estado y por efecto de la acción colectiva. Las diferencias entre las izquierdas se manifestaron más entre los procesos - reforma o ruptura - que respecto de su fin colectivista último, si bien el proceso reformista respetuoso con la democracia liberal podía, por su propia naturaleza, condicionar el fin socializador pretendido. La propia constitución económica preveía - en su artículo 165 - un tránsito hacia la socialización de los medios privados de producción que muy pronto, tras los pobres resultados de la Comisión de Socialización (en la que participó Karl Korsch) y los diversos avatares sociopolíticos y económicos de la República, resultó abandonado. Ninguna industria ni empresa se socializó en Weimar. Los socialdemócratas - nunca Korsch - abandonaron su inicial énfasis en la necesidad socializadora hasta finales de los años veinte, cuando fue recuperado en el Congreso de Hamburgo de la ADGB de 1928, generando un proyecto de democracia económica hoy considerado como uno de los antecedentes más importantes del actual sistema de cogestión. En él participó Sinzheimer, cuya obra toda está enhebrada con un reflexión sobre la necesidad socializadora como efecto del nuevo Derecho del Trabajo, que exige un nuevo sentido económico. Karl Korsch, por su parte, sostuvo y expuso con gran énfasis la inmediata necesidad socializadora (que no estatalizadora) de los medios de producción a lo largo de su obra (sobre todo en los años 20), en sus dos fases de planificación y distribución de la producción, y de implantación de una democracia industrial garante de la ciudadanía obrera. La relación entre socialización y democracia económica es de gran problematicidad y ocupó a los iuslaboralistas demócratas estudiados, críticos con una propiedad privada de los medios de producción en la medida en que pudiera ser incompatible con la democratización de la empresa, con la constitución del trabajo. Parafraseando a Romagnoli, el Derecho Social - en la concepción de los juristas demócratas del trabajo - y la economía fueron dos hermanastras mal avenidas en la República alemana de entreguerras. 6. Consejismo El ideal socializador común a socialdemócratas y comunistas se pretendió materializar en la República de Weimar mediante la institución consejista regulada por el artículo 165 de la Constitución y, más adelante, por la Ley de Consejos de 1920. La positivización normativa de la representación de los trabajadores en los lugares de producción con ánimo de codeterminación (democratización) del poder en aquellos - tercera fase de superación del autoritarismo unilateral del propietario de los medios de producción, tras la intervención estatal y la negociación colectiva entre sindicatos y empresarios - careció del aliento revolucionario del movimiento consejista de finales de 1918 e inicios de 1919, y ni siquiera sus limitadas posibilidades formales de eficaz acción social en el ámbito empresarial pudieron materializarse ante una interpretación del alto tribunal laboral del Reich que le impuso a los consejos la necesidad de colaborar con el interés empresarial (visión organicista o fiduciaria), que en la práctica supuso la coincidencia sistemática de tal interés como el del empresario, colaboración que fue ajena a proyecto socializador alguno. Las diferencias respecto de la positivización del impulso consejista entre socialdemócratas y comunistas fueron notorias. La socialdemocracia se opuso a un posible dictadura consejista, mientras que el comunismo alemán de la época apoyó una alternativa consejista al parlamentarismo tradicional del liberalismo político. En el caso de Karl Korsch, su defensa del consejismo radical generó su expulsión de un partido comunista por desviacionismo ultraizquierdista. En todo caso, la crítica a la limitadora interpretación el RAG fue común a los juristas demócratas de uno y otro signo. Aunque en la práctica la experiencia concreta del consejismo weimariano fue ciertamente insuficiente respecto de las ambiciones del nuevo Derecho del Trabajo (aunque solo nos refiriéramos al positivizado), es indudable que sentó las bases de un mecanismo de participación vigente aún hasta hoy en una importante cantidad de sistemas productivos y de relaciones laborales. Al estudioso contemporáneo le sorprende el alto grado de similitud entre la regulación alemana de 1920 y nuestras actuales leyes reguladoras de la representación de los trabajadores en la empresa. 7. Relevancia del Derecho del Trabajo weimariano hoy Sin duda sigue siendo un extraordinario laboratorio seminal tanto teórico como de experimentación institucional en circunstancias difíciles, una novedosa (y difícil, fallida y exitosa en diversas medidas) concreción de nacientes instituciones en un vanguardista modelo (pobremente concretado) de constitucionalismo social y, en todo caso, la obra de juristas de una extraordinaria competencia (herederos de una importante tradición jurídica) y creatividad, de "incomparables maestros artesanos", en la feliz expresión de Umberto Romagnoli. Sigue siendo de interés teórico aún su crítica de la concepción del contrato libre de trabajo y, en general, de una concepción estrictamente liberal - basada en una consideración de la suficiencia de la igualdad formal entre personas físicas o jurídicas - de las relaciones laborales. El concepto de constitución del trabajo en Weimar es aún objeto de consideración por la academia, contraponiéndose a una influyente tendencia en los actuales trabajos académicos sobre el Derecho del Trabajo, más enfocados al mercado de trabajo como objeto principal de su estudio y que contribuyen a generar una aceptación de la lógica del mercado como principio organizador de este ámbito jurídico, en el que el mundo es asimilado a un mercado global y los Estados a actores unitarios de un mercado en el que buscan la maximización de la riqueza económica y de su competitividad, dejando poco margen a la argumentación a favor de los derechos sociales y laborales como bienes en sí mismos, vinculados a la igualdad, democracia y estabilidad en la vida de los trabajadores. En ese mismo sentido, se ha recordado que el proceso histórico inaugurado por el constitucionalismo social de la constitución weimariana ha inspirado y siguen inspirando diversos procesos de constitucionalización o re-constitucionalización a lo largo del s. XX, contribuyendo a la construcción del Derecho delTtrabajo como rama autónoma dotada de doctrina e instituciones propias, que interviniendo en el dominio contractual, desmercantiliza en mayor o menor grado las condiciones de compra y venta de la fuerza de trabajo. El debate se halla lejos de haber concluido y, en su esencia, incluye una discrepancia sobre los ámbitos de politización y, en entornos democráticos, de democratización; en concreto, de la politización y democratización del ámbito privado de producción, de la empresa privada (o pública, en la medida en que actúe como empleador privado). La idea de ciudadanía más allá de los muros de ladrillo de la fábrica, o de cristal de la oficina contemporánea sigue formando parte de un debate inacabado. En la práctica, elementos hoy relativamente corrientes en el iuslaboralismo democrático europeo son producto del laboratorio weimariano, habiendo sido transformados en instituciones positivas de diversas legislaciones, como la codeterminación en Alemania, los efectos normativos del convenio colectivo en países como España, la institución de los comités de empresa comités de empresa, o la existencia de jurisdicciones y procesos específicamente sociales. La bibliografía de este trabajo doctoral se basa fundamentalmente en diversos textos de la época (legales y doctrinales, incluyendo copiosa obra de los autores estudiados) y en posteriores estudios de diversa índole.