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The objective of this article is to present some reflections on the peace process signed in Colombia, between the legitimately constituted government and the insurgent group of the FARC, this, with the imperative linkage of the constituent power; with the validity and supremacy of the Political Constitution; respect for public international law and legal (and sometimes not so legal) debates emanating from a never-before-seen transition process towards peace which, of course, amplifies precedents - at a universal level - on conflict resolution armed. An internal armed conflict like the Colombian one that has manifested itself in various variants; that it has left a red balance among the most vulnerable population; where its actors have even resorted to crimes against humanity and where the most recalcitrant sectors of society are strongly opposed to its termination; However, at the request of the general interest, such a conflict deserves to be buried in the pages of Colombian history. Due to its anachronistic nature and the interests for its perpetuation, questions arise about the additions, modifications or restrictions in the legal system that implies obtaining peace and ending the conflict. ; El presente artículo proyecta como objetivo exponer algunas reflexiones sobre el proceso de paz suscrito en Colombia, entre el gobierno legítimamente constituido y el grupo insurgente de las FARC, esto, con la imperativa vinculación del poder constituyente; con la vigencia y con la supremacía de la Constitución Política; el respeto al derecho internacional público y los debates jurídicos (y en ocasiones no tan jurídicos) que emanan de un proceso de transición hacia la paz, nunca antes visto que, por supuesto, amplifica los precedentes — a nivel universal — sobre la resolución de los conflictos armados. Un conflicto armado interno como el colombiano que se ha manifestado en diversas variantes; que ha dejado un saldo en rojo entre la población más vulnerable; donde sus actores han recurrido, incluso, a los crímenes de lesa humanidad y donde los sectores más recalcitrantes de la sociedad se oponen férreamente a su terminación; no obstante, a ruegos del interés general, tal conflicto merece ser sepultado en las páginas de la historia colombiana. Por su naturaleza anacrónica y los intereses por su perpetuación, saltan cuestionamientos acerca de las adiciones, modificaciones o restricciones en el ordenamiento jurídico que implica la obtención de la paz y la finalización del conflicto.

50 páginas. ; Trabajo Fin de Máster Oficial en Derecho Ambiental (2019/20). Tutor: Dr. Dº. Manuel Jesús Díaz Gómez. La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró por primera vez el derecho al medio ambiente sano y lo hizo en su artículo 79, convirtiéndolo así en el artículo más importante respecto al medio ambiente; otorgó al estado Colombiano la función de garante en la protección del medio ambiente; asimismo, estipuló las acciones constitucionales para salvaguardar ese derecho y ordenó incluir al medio ambiente en el modelo de desarrollo económico del país; además de incluir otras disposiciones por las cuales la Constitución de 1991 se hace llamar la Constitución Ecológica. Con todas estas estipulaciones elevadas a rango constitucional se pretende garantizar la calidad de vida de los ciudadanos presentes y la de las generaciones futuras, preservar el medio ambiente y lograr que el País tenga un desarrollo sostenible. La Constitución colombiana, en aras de la protección del medio ambiente sano, no solo promulgó el artículo 79, sino que también consagró el artículo 49 y 80 donde se obliga al estado a garantizar el saneamiento ambiental y a restaurar el medio ambiente, convirtiéndose estos tres artículos en una herramienta idónea y muy accesible a nivel constitucional para la preservación del medio ambiente sano con las que cuentan los ciudadanos colombianos y que pueden materializar por medio de la acción de tutela, de cumplimiento, de grupo y popular para la efectiva protección del derecho al ambiente sano. ; The 1991 Political Constitution of Colombia enshrined the right to a healthy environment for the first time and did so in its article 79, thus making it the most important article regarding the environment; granted the Colombian state the role of guarantor in the protection of the environment; likewise, it stipulated constitutional actions to safeguard that right and ordered the inclusion of the environment in the country's economic development model; in addition to including other provisions by which the 1991 Constitution calls itself the Ecological Constitution. With all these stipulations elevated to constitutional rank, it is intended to guarantee the quality of life of present citizens and that of future generations, preserve the environment and ensure that the Country has sustainable development. The Colombian Constitution, for the sake of the protection of a healthy environment, not only promulgated article 79, but also enshrined article 49 and 80 where the state is obliged to guarantee environmental sanitation and restore the environment, making these three articles in an ideal and very accessible tool at the constitutional level for the preservation of the healthy environment that Colombian citizens have and that can materialize through action for protection, compliance action, group action and popular action for the effective protection of the right to healthy environment.

El derecho sin la historia es totalmente inútil, por ésta razón todas las instituciones jurídicas merecen ser estudiadas a partir de su origen y no desde que éstas nacen en el mundo jurídico. La mayoría de tratadistas encuadran el origen de la universidad en la edad media (Siglo XII y XIII), a través de los monasterios y las escuelas catedralicias, desconociendo que ésta surgió aproximadamente en el siglo IV a.c. con el surgimiento del areté y la paideia, no con el nombre de universitas sino de Educación Superior. La Corte Constitucional ha dicho en varias oportunidades que La Autonomía Universitaria es una garantía institucional para la defensa de principios (democrático y pluralista) y derechos (educación, cátedra, libre desarrollo de la personalidad y enseñanza, entre otros) fundamentales en el Estado Social de Derecho. Sin embargo, la Autonomía Universitaria no es absoluta, pues está limitada por la Constitución y la ley. Especialmente, las decisiones del centro de educación superior deben circunscribirse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad que evitan la arbitrariedad de la institución.

Desde la consolidación del Estado como una república, el modelo de gobierno centralista se ha mantenido como el foco imperante en el desarrollo político-administrativo del país, reafirmando su posición en la Constitución de 1886 por un periodo de 105 años, hasta la nueva proclama constitucional de 1991; proclama que surge en un escenario político convulso, en el cual se buscaba alcanzar la paz con grupos insurgentes, reafirmar y recuperar la legitimidad del Estado, y por último alcanzar una descentralización que permitiera aliviar las tensiones políticas no deseadas resolviendo de este modo las necesidades de las comunidades dentro del territorio nacional. A pesar de dichos avances en materia legislativa, la realidad –25 años después de la entrada en vigor de la constitución– es otra

En el presente ensayo se establece la relación existente entre la Constitución Política de 1991 y el Derecho Administrativo, comprendiendo la complementariedad que se da entre reglas y principios que, de forma armónica, participan en la definición del Estado Social de Derecho donde prima lo social, la dignidad humana, los derechos y las garantías ciudadanas. ; The present essay establishes the existing relationship between the Political Constitution of 1991 and the Administrative Law, including the complementarity that exists between rules and principles that harmoniously participate in the definition of the Social State of Law and that derived from the above the Social part is more important, such as: Human Dignity, rights and citizen guarantees.

Con la entrada e implementación de la acción de tutela instituida en la Constitución Política de Colombia de 1991 se produjo un fenómeno social y jurídico que consistente en la modificación de los elementos del proceso, entre ellos, la pretensión, lo cual afecta su estructura, específicamente a su objeto o contenido. Por consiguiente, esta investigación develará cuál es el objeto de la pretensión procesal, tomando como punto de arranque un estudio doctrinal breve acerca de dicha figura y, a partir de las modificaciones que han introducido la normatividad, la jurisprudencia y la práctica judicial con base en el ejercicio de la acción de tutela, pasando por un análisis descriptivo del trabajo realizado por la Corte Constitucional en sede de revisión, propondremos un esquema que nos permita sistematizar un concepto pertinente para la pretensión procesal que sea aterrizado y acorde con el mecanismo de protección de derechos fundamentales mencionado y, en consecuencia, develar cuál es el contenido u objeto de dicha figura jurídico procesal. (texto tomado de la fuente) ; With the entry and implementation of the guardianship action instituted in the Colombia's Political Constitution of 1991, a social and legal phenomenon was created that consisted in the modification of the elements of the process, among them, the pretension, which affects its structure, specifically your object or content. Therefore, this research will focus on uncovering what the subject of the claim procedure, taking as a starting point a brief doctrinal study of this figure and from the changes that have introduced regulations, case law and judicial practice based on the exercise of guardianship, through a descriptive analysis of the work of the Constitutional Court based review, propose a scheme that allows us to systematize a relevant procedural claim concept that is grounded and consistent with the mechanism of protection of fundamental rights mentioned and, consequently, to reveal what is the content or purpose of said procedural juridical ...

El presente artículo se inscribe en la línea de artículo resultado de investigación realizado en el desarrollo del proyecto de tesis de Maestría del autor, que con metodologías cualitativas y cuantitativas hizo un abordaje al tema de la apropiación ciudadana de mecanismos de participación y el control social, establecidos como principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia de 1991. Se toma como caso de estudio del Bagre (Bajo Cauca antioqueño). La investigación concluye haciendo un análisis en la democracia experimentalista y las variantes conflictivas que esta asume en lo local como una propuesta alternativa del derecho horizontal, participado, consensuado y deliberado. PALABRAS CLAVEParticipación ciudadana, Control social, Democracia experimentalista, Gobernanza, Stakeholders, Políticas públicas.