El presente artículo tiene como objetivo comentar y analizar la reforma procesal que ha impulsado el Poder Judicial, al Código de Trabajo de Costa Rica, vigente desde su promulgación mediante Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943.- El proyecto de reforma fue remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 30 de setiembre del dos mil cinco, y se encuentra actualmente en conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales. Este proyecto pretende introducir el principio de Oralidad a los procesos laborales, con el objetivo de agilizar la duración de este tipo de procesos. Además la reforma pretende modificar temas relacionados con el derecho colectivo del trabajo, como la regulación de la huelga, y se regula la solución arbitrada y negociada de los conflictos colectivos económicos del trabajo. No obstante lo anterior, el proyecto no viene a solucionar el problema de la efectividad o materialidad de la sentencia, tema en el cual el suscrito hace una serie de recomendaciones. Finalmente pretende instaurar el Recurso de Casación en materia laboral, cuando lo más práctico y beneficioso para la tutela del trabajador es dejar este aspecto como está regulado actualmente como una tercera instancia rogada.
Establecer una nueva consideración de las leyes de instrucción, al situarlas entre su reconocimiento constitucional y las leyes de libertad de imprenta, pilares fundamentales de un estado de derecho. Por otra parte, reconocer los medios de que se ha valido el Estado para conseguir el control ideológico de la sociedad, su evolución y repercusiones. Por último, destacar la escasez económica del estado para lograr sus objetivos: conseguir una instrucción general obligatoria, uniforme y gratuita. Las fuentes utilizadas para la elaboración de este trabajo han sido tres: en primer lugar, las Leyes, Decretos y Circulares aparecidas en la Gaceta de Madrid -actual Boletín Oficial del Estado-; en segundo lugar, las recopilaciones Legislativas de Alcubilla, a partir de 1868, y las de Aranzadi, desde 1930; por último, los anuarios editados por los Ministerios correspondientes, como pueden ser los de Gobernación y Fomento, Corporaciones Locales o Comunidades Autónomas. Conceptos relacionados con la enseñanza, tales como general, uniforme, gratuita, escuela pública y escuela privada, con previa o sin previa censura y religión, formarán un todo interrelacionado a partir de la Constitución de 1812 y de su Ley de Instrucción, siendo habituales en las Constituciones posteriores y en las Leyes de Instrucción y de libertad de expresión. La relación entre nación e Instrucción ha sido tan estrecha en las Constituciones y Leyes de Instrucción que los fines de la educación coincidían con los del engrandecimiento y progreso de esa misma nación. El término uniforme, referido a la enseñanza, se encuentra en todo momento hasta nuestros días, excepto en la legislación de 1869. La relación de la edad y los niveles educativos ha estado más supeditada a la economía y a la edad laboral que a la atención y consideración del ritmo desigual de aprendizaje de los niños. ; Castilla y León ; ESP
Establecer una nueva consideración de las leyes de instrucción, al situarlas entre su reconocimiento constitucional y las leyes de libertad de imprenta, pilares fundamentales de un estado de derecho. Por otra parte, reconocer los medios de que se ha valido el Estado para conseguir el control ideológico de la sociedad, su evolución y repercusiones. Por último, destacar la escasez económica del estado para lograr sus objetivos: conseguir una instrucción general obligatoria, uniforme y gratuita. Las fuentes utilizadas para la elaboración de este trabajo han sido tres: en primer lugar, las Leyes, Decretos y Circulares aparecidas en la Gaceta de Madrid -actual Boletín Oficial del Estado-; en segundo lugar, las recopilaciones Legislativas de Alcubilla, a partir de 1868, y las de Aranzadi, desde 1930; por último, los anuarios editados por los Ministerios correspondientes, como pueden ser los de Gobernación y Fomento, Corporaciones Locales o Comunidades Autónomas. Conceptos relacionados con la enseñanza, tales como general, uniforme, gratuita, escuela pública y escuela privada, con previa o sin previa censura y religión, formarán un todo interrelacionado a partir de la Constitución de 1812 y de su Ley de Instrucción, siendo habituales en las Constituciones posteriores y en las Leyes de Instrucción y de libertad de expresión. La relación entre nación e Instrucción ha sido tan estrecha en las Constituciones y Leyes de Instrucción que los fines de la educación coincidían con los del engrandecimiento y progreso de esa misma nación. El término uniforme, referido a la enseñanza, se encuentra en todo momento hasta nuestros días, excepto en la legislación de 1869. La relación de la edad y los niveles educativos ha estado más supeditada a la economía y a la edad laboral que a la atención y consideración del ritmo desigual de aprendizaje de los niños. ; Castilla y León ; ESP
[spa] Una vez alcanzada la licenciatura de Derecho, tomé la decisión de continuar los estudios realizando los cursos de doctorado para, posteriormente, poder iniciar mi trabajo de investigación. Posiblemente, mi actuación profesional y la experiencia que supuestamente había adquirido hayan hecho que la rama del Derecho con la que me siento mejor identificado sea la del Derecho Mercantil. Precisamente, dentro de la amplia gama de especialidades que engloba el ámbito mercantil, mi interés se había centrado en el estudio del movimiento cooperativista, tras cursar la asignatura de Derecho Cooperativo. Las cooperativas, nacidas en el primer tercio del siglo XIX como un modelo social basado en la autogestión, de los trabajadores, se ha convertido actualmente en un importante modelo económico - sin renunciar a su contenido social - que se ha expandido por todo el mundo.Uno de los aspectos que despertaron mi interés fue conocer el proceso de regulación legal o "juridificación" de estas entidades en nuestro país. Muchos y reconocidos autores han descrito la historia del movimiento cooperativista en España y, más concretamente en Catalunya, - donde centraré el trabajo, - por ser esta la zona donde históricamente mayor implantación han tenido. Sin embargo, a través de la lectura de sus obras fui tomando conciencia de que la mayoría de autores consultados trataban de forma superficial la sucesiva regulación legal que se fue produciendo. Por esto, y mediante la investigación que me propongo realizar, intentaré profundizar en este tema concreto ya que estimo que todavía existen lagunas que puedo contribuir a rellenar. Esto no significa que deje de lado el tratamiento de la ideología del cooperativismo y de la historia de este movimiento; sin embargo, mi propósito es ofrecer una visión lo más amplia posible para que nos permita conocer en cada período las circunstancias que fueron motivando su regulación legal.Al iniciar el estudio sobre las cooperativas, la consulta de la abundante bibliografía existente puso de manifiesto la aparición de un nuevo modelo de autogestión (las colectivizaciones obreras) que surgió en Catalunya en julio de 1936 y que planteaba un intento de colectivizar las cooperativas Esta circunstancia justifica el análisis de este nuevo movimiento, que si a primera vista parece guardar ciertas semejanzas con el cooperativismo, sus orígenes, sus fundamentos ideológicos y su finalidad, son completamente distintos, e incluso se podría decir que, en ocasiones, son contrapuestos.El conocimiento de la coincidencia temporal de los dos modelos de gestión colectiva me condujo a replantear mi trabajo basándolo en el estudio de dos bloques: las cooperativas y las colectivizaciones obreras. En este último campo, si bien existe una abundante bibliografía (tanto nacional como extranjera), ésta contiene muy escasas referencias a su regulación legal, por lo que quedan mínimamente reflejados los esfuerzos que en este sentido realizaron los distintos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya para controlar este nuevo e importante movimiento.Con el fin de cubrir todos los vacíos legales con que me encontré en el transcurso de mis lecturas sobre ambos modelos, tomé la decisión de proceder a la consulta sistemática (y me atrevería a decir que casi exhaustiva), de las distintas publicaciones oficiales: "Gaceta de Madrid", "Gaceta de la República", "Boletín Oficial del Estado", (ediciones de Burgos y de Madrid), "Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya", "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" y "Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya". Tampoco he descuidado la consulta de los habituales repertorios legislativos.Las informaciones obtenidas de este modo han sido complementadas mediante el seguimiento de diarios, periódicos y revistas, tanto de información general, como especializadas en temas legislativos y jurídicos, en cooperativismo o en sindicalismo, de distintas épocas, que cito oportunamente como fuente en nota al pié. Dado que, aún así, quedaban algunos puntos oscuros -referentes especialmente a las Cooperativas de Funcionarios y a las Militares (también llamadas "de Guerra")- para los que tuve que recurrir a fuentes específicas como archivos ministeriales y entrevistas personales con dirigentes de cooperativas que me han sido útiles para obtener informaciones de primera mano. Creo obligado manifestar al inicio de nuestro estudio que, siguiendo el criterio de la Asociación Cooperativa Internacional (ACI), que ha sido también adoptado por la mayoría de los autores que tratan sobre el cooperativismo, dividiré a las cooperativas en dos grandes grupos: las de producción y las de consumo. Las de producción porque son las que pueden ser comparables a las empresas que experimentaron la colectivización en 1936. En cuanto a las de consumo porque son las que se consideran "originarias" del movimiento cooperativo y eran, inicialmente, las más extendidas en Cataluña.En el capítulo I iniciamos nuestra exposición estudiando el significado, los antecedentes y el contexto económico-social de las cooperativas y otros modelos de gestión colectiva. Analizamos, entre otras cosas, las consecuencias de la Revolución Industrial y su incidencia en el nacimiento del asociacionismo obrero, los llamados "movimientos sociales", y también de las primeras cooperativas, y sus fundamentos ideológicos.Dedicamos el capítulo II al estudio del proceso de regulación legal de las cooperativas en España durante el período 1839 a 1939. Lo iniciamos a partir de la primera norma publicada en nuestro país, una Real Orden Circular de 28 de febrero de 1839, que si bien estaba dedicada al reconocimiento y constitución de las "asociaciones mutuas de socorros", fue utilizada - según comentan algunos autores - para la creación en 1840 de una Asociación Mutua de Tejedores en Barcelona, que también actuaba como cooperativa de producción y consumo, y "caja de resistencia". Acabamos este capítulo con las referencias a la legislación cooperativa que la Generalitat de Catalunya, en uso de sus competencias legislativas, dictó en 1934 tras obtener su Estatuto de Autonomía de 1932.En el capítulo III se contempla el tema de las Colectivizaciones Obreras. Tras una introducción general, analizamos la situación social y económica de Catalunya en la década de 1930, y del giro que sufrió tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Iniciamos el capítulo IV con el estudio y comentario del "Decret de Col·lectivitacions i Control Obrer", de 24 de octubre de 1936, que fue la principal base legal para el reconocimiento y aplicación de este movimiento. Dedicamos la segunda parte de este capítulo a comentar los efectos que la promulgación del Decreto produjo en las empresas. Entre otros temas, intentamos analizar el declive del movimiento colectivizador que se inicia en mayo de 1937, tras unos enfrentamientos de especial violencia entre organizaciones sindicales ("Fets de maig") en Barcelona, como consecuencia de los cuales se produjo un importante cambio en la orientación ideológica de los gobiernos, tanto el de la Generalitat como el de la República. También incluimos un estudio sobre los "Comités Obreros de Control" puesto que forman parte del enunciado del Decreto de Colectivizaciones y se encuentran regulados en el mismo. Finalizamos este capítulo con un estudio jurídico-legal de la primera época de las colectivizaciones; desde julio de 1936 hasta junio de 1937, cuando se dictaron las distintas normas que trataron de regular este movimiento. El capítulo V está dedicado al tema que, como ya indicamos en el inicio, nos condujo al tratamiento detallado de los dos sistemas de gestión colectiva: el modelo cooperativo (tanto de consumo como de producción), y el modelo colectivizador durante el período de la Guerra Civil.Hasta aquí hemos tratado de desarrollar los dos bloques temáticos que constituyen el objeto principal de nuestro estudio: el cooperativismo y las colectivizaciones. Sin embargo, aún reconociendo el compromiso adquirido en el título de este trabajo, al centrar nuestro estudio entre 1839 y 1939, en el capítulo VI hemos estimado oportuno, por su indudable trascendencia, proceder a un comentario de lo que sucedió después de abril de 1939, al unificarse de nuevo el país bajo una nueva forma de gobierno totalitario, y las consecuencias que su actuación conllevó en el tratamiento del movimiento cooperativista. Tras un primer período de indefinición legal, la Ley de Cooperación de 1942 (que situaba las cooperativas dentro de la Organización Sindical) pretendía una total fiscalización política de estas entidades estableciendo una serie de cortapisas que dieron como resultado una importante regresión del movimiento cooperativista y la disminución significativa del número de entidades. Esta situación comenzaría a cambiar durante la década de los 50, pero hasta veinte años más tarde no se produciría una potenciación significativa de estas asociaciones, primero con el Reglamento de 1971 y más adelante con la Ley General de Cooperación de 1974, a la cual dedicaremos una atención especial. Finalizamos el capítulo con un comentario sobre el resurgimiento del movimiento cooperativo en Catalunya entre 1960 y 1980, citando algunos ejemplos de creación de nuevas e importantes cooperativas para acabar con el tratamiento de una nueva modalidad, las cooperativas de Acción Social y con una mirada hacia la función de la cooperativa en el mundo actual.Ya que al iniciar nuestro trabajo siempre hemos partido de la premisa que era preciso situar el tema principal (las cooperativas y las colectivizaciones) en su contexto histórico y económico-social (incluyendo por tanto las posibles influencias extranjeras en el desarrollo de dichos modelos), hemos estudiado en paralelo otros modelos de gestión colectiva que son o han sido relevantes en su momento. Considerando que, si bien no constituyen una parte substancial del estudio principal, no era conveniente dejarlos en el olvido por su relación con el tema principal, los hemos incluido como "Excurso" o digresión, al final del trabajo. De este modo, comentamos primero el marco español (Sociedades Mutuas, Sociedades Laborales, Entidades de Base Asociativa - EBA) y acto seguido presentamos las diferentes experiencias realizadas en este campo en países como Israel ("Kibbutz"), la URSS ("Koljos" y "Sovjos") o la antigua Yugoslavia. Finalizamos con el relato y estudio hasta donde ha sido posible, de un nuevo movimiento al que calificaríamos como "seudo-cooperativista" que ha surgido a finales del año 2002 en la República Argentina como respuesta a la gravísima crisis institucional y económica que sufrió este país.
Este trabajo investiga sobre los fundamentos legislativos y socioculturales que estuvieron presentes en la formación de las matronas dentro del ámbito universitario español, y más concretamente en el distrito universitario de Zaragoza, entre 1857 y 1978. En el momento en que comienza la formación de matrona en la universidad, este colectivo profesional se encargaba de la asistencia de los partos en los hogares. Pero a comienzos del siglo XX, la atención al nacimiento se traslada al hospital, surge el comienzo del protagonismo médico en la parcela asistencial para la reproducción. A partir de ese momento, las estudiantes de matronas sufrieron un cambio en la construcción cultural asociada al nacimiento, sobre el que se adscribía una identidad masculina. La autoridad estaba representada por los tocólogos y esta asistencia se asociaba al uso de nuevos instrumentos obstétricos y la medicalización del nacimiento. Objetivos: Conocer los fundamentos legislativos y socio-culturales de las enseñanzas académicas de las matronas en el Distrito Universitario de Zaragoza desde 1857 hasta 1978. Analizar la trayectoria legislativa publicada en España en referencia la formación de la profesión de matrona. Describir los textos o manuales formativos de las matronas en ese periodo y analizar el contenido de los textos o manuales formativos, más representativos, con el fin de reconocer la heteroidentidad de las matronas, expresada en los mismos a través de sus autores médicos. Analizar las particularidades en la institucionalización de la enseñanza oficial de las matronas en el distrito universitario de Zaragoza y describir el perfil académico y socio-demográfico del alumnado de los estudios de matrona en el distrito universitario de Zaragoza. Metodología: Para la búsqueda y análisis de los manuales formativos de las matronas, se consultaron los catálogos de la Biblioteca Nacional de España (BNE), el Catálogo Bibliográfico del patrimonio Histórico Español, la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), la Biblioteca de Historia de las Ciencias de la Salud de la Fundación Uriach y las Bases de datos de ISOC e IME pertenecientes al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Para la investigación sobre los fundamentos legislativos se organizó y analizó la información contenida en cada una de las disposiciones legales publicadas en relación a la formación de las matronas en la Gaceta de Madrid y el Boletín Oficial del Estado. Y para la investigación sobre las alumnas aspirantes a matronas en el distrito universitario de Zaragoza, se consultaron los fondos del Archivo Histórico de la Universidad de Zaragoza y el Archivo Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Resultados y Discusión: Los cuatro textos utilizados para un análisis de contenido sobre los fundamentos socioculturales, desde el primero del doctor Alonso Rubio de 1866, hasta el cuarto del doctor Orengo (1949/1974), nos han permitido ver como hay ido cambiando la concepción de las Matronas por la Medicina Obstétrico-ginecológica. Mientras que en la obra de Alonso Rubio, la responsabilidad de los partos normales recaía en las matronas y debían tener conocimientos para en ocasiones ocuparse de los distócicos. La obra del doctor Vidal Solares, publicada en el 1900, tiende a demostrar la hegemonía médica respecto al proceso reproductivo. Y la obra del doctor Torre Blanco, publicada en 1925, intentaba anular a la profesión de matrona y proponía un cambio en el título de matrona por otra designación, redefiniendo las funciones de este colectivo profesional. Según este autor, debía tender a una labor similar a la que haría una enfermera especializada en partos o auxiliar. Igual sucede con el manual del doctor Orengo, publicado por primera vez en 1949, en el que se normaliza el aprendizaje para el parto hospitalario. En los manuales, se ven los discursos de género asociados al contexto histórico patriarcal. Del primero al último se ve una progresiva estructura jerárquica o iatrocentrismo, en la atención al parto y en temas ginecológicos. En nombre de la ciencia y el saber, los médicos eran autoridad inquebrantable, mientras que los conocimientos propios de las matronas eran los de una mera auxiliar del médico. Si bien, ellas en medios rurales podían incluso atender partos distócicos. Al final de nuestro periodo de estudio, la heteroidentidad que enseñaban, estaba indiscutiblemente asociada a la de "asistentes del médico en la clínica" donde las matronas se limitaban a cumplir órdenes médicas. En el hospital las mujeres y las matronas aprenden a ser sumisas y obedientes frente a los avances médicos y la autoridad que representaron sus profesores. La legislación analizada sobre la Carrera de Matronas en España, nos permite afirmar que la formación de las matronas como titulación universitaria, se inició en el año 1857, año de la Ley de Instrucción Pública, que consideró el título de Matrona, oficialmente dentro de las Facultades de Medicina en España. Y así se mantuvo durante todo nuestro periodo de estudio hasta 1978. Las disposiciones legales analizadas, entre 1857 y 1978, nos informan con detalle sobre estas enseñanzas. Los estudios tuvieron una duración de dos años; o un año como especialidad, tras los tres años de estudios de ATS (1957). Hubo una excepción, con cursos de uno año, durante la Guerra Civil Española (1936 y 1937). Las prácticas, siempre se dieron en una clínica de maternidad que cumplía los requisitos aprobados por la Universidad. La enseñanza se fue alternando entre, enseñanza oficial y/o libre. La evaluación en todo momento, consistió en la superación de una prueba o examen de reválida teórico-práctica, ante un tribunal examinador de la respectiva Facultad de Medicina; tanto en los estudios oficiales como en lo libres. El Distrito Universitario de Zaragoza (1857-1978), incluía las provincias de: Navarra, Zaragoza, Huesca, Teruel, Soria y La Rioja. En Zaragoza, existieron tres escuelas para la formación universitaria de matronas. La primera comenzó en 1878, asociada a la Facultad de Medicina de Zaragoza, y tuvo vigencia hasta el año 1955. La segunda escuela, como escuela para la especialidad de ATS (Matrona), nació en 1958 y estuvo vigente hasta el año 1968. Y finalmente, se abrió una segunda escuela en 1976, también para la titulación de especialista, que duró dos cursos, hasta 1978. En Navarra se abrió escuela en 1958 y en Soria en 1974. Las alumnas de la Carrera de matrona entre 1878 y 1978 fueron 985. Mujeres principalmente, entre 20 y 30 años, que procedían de zonas rurales y elegían un tipo de estudios no oficial; en los primeros 50 años, la mayoría de Navarra. Entre los años 1904 y 1958, fueron aumentando las alumnas urbanas, que eran algo más jóvenes, entre 15 y 20 años y la mitad eligieron la modalidad de estudios oficiales con asistencia durante dos años a clases teóricas y prácticas, en la Universidad de Zaragoza. En este periodo (1904-1958), se matricularon la mayoría de hombres para optar al título de Matrona; en el 79% de los casos poseían una doble titulación de Practicante y Matrona. Entre 1958 y 1979, se dio un menor número de alumnas para los estudios de matrona en la Universidad de Zaragoza. Debían ser tituladas como ATS, estando entre los 20 y 29 años. En la última escuela, en un mayor porcentaje, eran procedentes de lugares más alejados como Guipúzcoa, Guadalajara y Almería. Conclusiones: Los manuales formativos nos han permitido ver cómo ha ido variando la heteroidentidad de las matronas, principalmente construida desde la medicina especializada en obstetricia. En los manuales se entrevén los discursos de género y la progresiva estructura jerárquica o iatrocentrismo en la atención al parto. Al final de nuestro periodo, en la clínica, las parturientas y las matronas deben ser sumisas frente a los avances y la autoridad que representaban sus profesores. La formación como titulación universitaria se inició en 1857, año y se mantuvo dentro de las Facultades de Medicina españolas a lo largo de todo nuestro periodo de estudio. La legislación intentó organizar unos estudios con formación práctica que no se dieron hasta el Reglamento de 1904. Y estos fueron modificados con la apertura de los estudios de la especialidad de ATS en obstetricia (Matrona) a partir del 1957. La especialización de matrona, para los ATS femeninos en exclusiva; entre los años 1958 y 1976 dio lugar a la apertura de 12 escuelas en España. En Zaragoza, existieron tres escuelas para las matronas. La escuela de Navarra y Soria también pertenecían al distrito universitario. Las alumnas matriculadas en el distrito universitario zaragozano eran mujeres jóvenes que llegaban de zonas rurales y casi en la mitad de los casos realizaron estudios oficiales. Los alumnos varones tuvieron una escasa representación, eran practicantes en su mayoría y principalmente aparecen entre los años 1939 y 1943. En el periodo que comienza en 1958, las escuelas de ATS especialistas (Matronas) de esta universidad, contaron con un escaso número de matriculadas.
Morillo a Sámano sobre lo comunicado por Warleta acerca de ciertas listas de contribuyentes, que serán publicadas en la Gaceta del Nuevo Reino. Sogamoso, 16 de diciembre de 1816.Morillo a Sámano sobre lo acaecido al Teniente Coronel Simón Sicilia y Capitán Diego Guas con los insurgentes de los pueblos de la Fundación, Barro Blanco, San Pedro y Apiay, quienes han robado los caballos que los oficiales realistas conducían para el Ejército, y medidas a tomar ante tal situación. Sogamoso, 4 de diciembre de 1816.Morillo a Sámano sobre lo comunicado por el gobernador del Socorro acerca de que en las montañas de Opa se halla un tal Delgadillo, famoso insurgente, con otros siete u ocho, y resolución tomada por el Capitán General; Escuadrones de Leales de Fernando VII que se hallan en Puente Real. Sogamoso, 5 de diciembre de 1816.N.° 1. Morillo a Sámano avisándole que debe enviar la correspondencia numerada. Sogamoso, 6 de diciembre de 1816.N.° 2. Morillo a Sámano para que se sumarie a un Capitán del l.er Batallón del Rey que está de Comandante Militar en Nare, por sus actuaciones. Sogamoso, 9 de diciembre de 1816.N." 3- Morillo a Sámano remitiéndole a los presos comprendidos en el asesinato del Capitán de Guerrillas y soldados en el Basto, ínterin se substancia la causa que se ha remitido al Gobernador de Pamplona.Sogamoso, 11 de diciembre de 1816.N.° 4. Morillo a Sámano para que remita la causa sentenciada contra Antonio Malo. (Sogamoso, 12 de diciembre de 1816.) N.° 5. Morillo a Sámano sobre el nombramiento del Coronel Francisco Werleta para reemplazar al Mariscal de Campo Pascual Enrile como Jefe del Estado Mayor General. Sogamoso, 16 de diciembre de 1816. Otro con la misma fecha y en carta particular sobre la falta de noticias de la Compañía de Tambo.N.° 6. Morillo a Sámano sobre Gabriel Pachón, avecindado en SantaFe, para confiscar sus bienes y apresarlo. Sogamoso, 16 de diciembre de 1816.N.° 7. Morillo a Sámano remitiéndole las listas de las contribuciones de Antioquía y Popayán, para que se publiquen en la Gaceta de Santa Fe. Sogamoso, 16 de diciembre de 1816. k) N.° 8. Morillo a Sámano avisando el destierro al Tambo de seis sargentos primeros y uno segundo. Sogamoso, 18 de diciembre de 1816. I) N.° 9. Morillo a Sámano comunicándole que remita las caballerías del Valle de Neyva, y que Lucas González quede de Gobernador en Tunja, y formará una compañía con los que salgan del hospital. Sogamoso, 18 . de diciembre de 1816.l) N.° 10. Morillo a Sámano para que envíe los papeles de Isidro Villamizar. Sogamoso, 19 de diciembre de 1816. m) N.° 11. Morillo a Sámano para que los caudales de Antioquía se envíen a Cartagena y se remitan a Lima, al Cuartel General. (Sogamoso, 19 de diciembre de 1816.) n) N.° 12. Morillo a Sámano remitiendo al presidio de Santa Fe a Bernardino Pradilla. Sogamoso, 20 de diciembre de 1816. o) N.° 13- Morillo a Sámano enviando en calidad de preso al Ca déte Manuel Villalón, mientras se substancia la sumaria que se remitió al Gobernador del Socorro. Sogamoso, 20 de diciembre de 1816.p) N.° 14. Morillo a Sámano remitiendo ejemplares de varias Reales Ordenes para publicarlas en la División de su mando. Chita, 26 de diciembre de 1816. q) N.° 15. Morillo a Sámano devolviendo varias causas de purificación, que deberá aprobarlas el Virrey del Reino. Chita, 26 de diciembre de r) N.° 16. Morillo a Sámano acompañando una instancia de la Marquesa de Torre-Hoyos, de Mompox, en que solicita se le devuelvan varias cargas de tabacos y otros efectos que le embargaron en Honda. Chita, 26 de diciembre de 1816. s) N.° 17. Morillo a Sámano sobre el desertor Fernando Guzmán. Chita, 26 de diciembre de 1816. t) N.° 18. Morillo a Sámano devolviendo la causa formada a José Antonio Borrero, y sobre el cese del Consejo de Purificación. Chita, 26 de diciembre de 1816.u) N.º 19. Morillo a Sámano sobre la causa impuesta por el Consejo de Popayán a José M.a Aguilar. Chita, 26 de diciembre de 1816. v) N.° 20. Morillo a Sámano para que no remita más asuntos gubernativos y civiles, y sólo lo relativo al Ejército y operaciones militares, lo demás al Virrey. Chita, 27 de diciembre de 1816. x) N.° 21. Morillo a Sámano sobre la situación que las tropas de su mando deberán mantener en las provincias que indica: Santa Fe, Neyva, Valle del Cauca y Popayán, Puente Real y Socorro. Chita, 27 de diciembre de y) N.° 22. Morillo a Sámano sobre las sentencias impuestas a José Mutis y Antonio Malo. Chita, 27 de diciembre de 1816. z) N.° 23. Morillo a Sámano sobre las sentencias a los reos Martín Gamboa y Victoriano Balbuena. Chita, 28 de diciembre de 1816.N.º 24. Morillo a Sámano sobre las cantidades que debía conducir a Santa Fe el Ayudante Vicente Gallardo. Chita, 2 de enero de 1817.N.° 25. Morillo a Sámano sobre lo concedido al Batallón de Puerto Rico. Chita, 3 de enero de 1817.N.° 26. Morillo a Sámano remitiendo la sumaria formada al Cadete de Granada Manuel Villalón. Chita, 3 de enero de 1816 N.° 27. Morillo a Sámano remitiendo la sumaria del Sargento Manuel Iglesias. Chita, 8 de enero de 1816. ; Copia
Karl Loewenstein, Profesor de la Facultad de Derecho de Munich afirmaba al publicar su Teoría de la Constitución en 1959: "La triste verdad es que la Constitución se ha distanciado emocional e intelectualmente de los destinatarios del poder". Han transcurrido casi cincuenta años desde que Loewenstein hiciera la anterior aseveración. En lo personal, me inclino a pensar que si bien es cierto no podemos aún considerar que la Constitución es próxima a la ciudadanía, en las últimas décadas algo se ha progresado o bien, tenemos actualmente la posibilidad de hacer que nuestra Constitución sea más cercana a sus destinatarios. Pero, ¿qué entendemos por aproximar la norma constitucional a sus destinatarios? En mi opinión, se trata más que de un logro repentino, de un proceso que inicia desde que se elige a la Asamblea que creará la Constitución, desde que la norma constitucional es redactada, debatida y aprobada como expresión del más amplio consenso social. Un proceso que continúa con el conocimiento por parte de la ciudadanía de las decisiones fundamentales en materia de derechos, de controles o límites al poder y de las garantías que contribuirán a la eficacia de los derechos. La Constitución resulta así tan útil al pueblo que éste no sólo la siente propia, sino que la respeta y enaltece. Y cuando la realidad se transforma en tal medida que sea necesario adecuar la norma mediante una reforma total será el electorado quien resuelva cómo estará conformada la Asamblea Nacional Constituyente que nos dará la nueva Constitución. Sin duda, el propósito puede parecer ambicioso. Con menos de doscientos años de proclamada nuestra independencia, en Nicaragua la convocatoria a Asambleas Constituyentes ha sido relativamente frecuente y las Constituciones que han logrado regir superan la decena. La inestabilidad política ha tenido como consecuencia la inestabilidad de la norma constitucional. Otro elemento a considerar es la falta de normatividad, padecimiento de muchas de nuestras Constituciones que no lograron regir los procesos de poder ni a los gobernantes. En esas condiciones era difícil que la Constitución fuera próxima a un pueblo marginado de las decisiones políticas fundamentales, a un pueblo que no gozaba de los derechos que la Constitución declaraba. Esas condiciones han cambiado. La supremacía de la norma constitucional, el poder-deber que se le ha conferido a la Corte Suprema de Justicia para garantizar dicha supremacía y la apertura de medios de participación política del pueblo favorecen que éste perciba su Constitución como más cercana. No dudo que la continuidad de la democracia como forma de gobierno, el desarrollo y la paz social requieren necesariamente que la Constitución real y la Constitución escrita se acerquen. Estoy convencido que ello favorecerá el arraigo de la Constitución en la conciencia de los gobernados. El presente es el resultado de la actualización del material que he preparado para impartir las asignaturas Derecho Constitucional I y II en esta casa de estudios, la Universidad Centroamericana de cuya Facultad de Derecho egresé hace más de una década. No he pretendido desarrollar de manera exhaustiva todos los problemas propios o eventualmente derivados del Derecho Constitucional a nivel doctrinal, normativo o jurisprudencial. Si me he propuesto integrar los temas que el estudio y conocimiento de nuestra realidad me han sugerido como los más importantes para la formación que debe alcanzar el estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad, en esta materia. El texto que tengo el agrado de poner en sus manos ha sido organizado introduciendo los temas con las opiniones de la doctrina y luego, según ha sido el caso, se han incorporado las referencias indispensables a nuestra norma constitucional y a su aplicación práctica. También encontrará el lector las necesarias referencias a la legislación que ha desarrollado los preceptos constitucionales para su rápida ubicación en La Gaceta, nuestro Diario Oficial. Teniendo en cuenta que el Derecho Constitucional es el estudio de las instituciones políticas desde la perspectiva jurídica, en opinión de Duverger, es a ésta última perspectiva a la que he pretendido orientar el enfoque de los temas evitando incurrir en un análisis meramente político que en mi opinión dificulta más que facilita el desarrollo de esta rama de la ciencia jurídica en nuestro país. De igual forma, he incluido referencias al Derecho Comparado y a la jurisprudencia Al primero, porque tengo la convicción de que vale la pena mirar más allá de nuestras fronteras para evitar el anquilosamiento de nuestras normas e instituciones y a la segunda porque la labor de aplicación de la norma constitucional por parte de los judiciales y especialmente de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia es garantía de la supremacía constitucional y por ende, de la libertad, la igualdad y la solidaridad, valores a los que debemos orientar nuestros esfuerzos. La educación, según nuestra propia Constitución es un proceso democrático, creativo y participativo. En dicho proceso, el docente transmite una información considerada valiosa pero a la vez, los propios conocimientos del profesor se ven orientados y enriquecidos por los coméntanos y preguntas de los alumnos. Convencido como estoy de lo anterior, a mis estudiantes, mi más sincero agradecimiento.
Ha transcurrido un poco más de un siglo desde que se realizó el esfuerzo más significativo en la recuperación de la memoria histórica y documental del Caribe colombiano, esa empresa se debió, en buena parte, a la iniciativa de Manuel Ezequiel Corrales y José P. Urueta, quienes iniciaron un proceso sistemático de organización de los documentos que existían sobre la Provincia de Cartagena y sobre su ciudad capital que hasta ese momento, y pese a su poco desarrollo económico, era la ciudad con mayor influencia política de la región. Si bien este proyecto se consolidó con el apoyo decidido de Rafael Núñez, primero como presidente del Estado Soberano de Bolívar y luego como mandatario de la República de Colombia, durante el periodo conocido como la Regeneración, lo cierto es que desde la primera mitad del siglo XIX se venían impulsando una serie de medidas para promover la reconstrucción de un relato histórico que permitiera el reconocimiento de los sucesos de la independencia de Cartagena como hechos fundacionales de la nación colombiana. Paralelamente, con este objetivo se impulsaba la reconstrucción simbólica de los héroes de la independencia de Cartagena como actores decisivos de la formación de la República y del Estado-nación. En efecto, en 1839, Juan José Nieto publicó la Geografía Estadística de la Provincia de Cartagena, que incluyó un análisis de la población a partir del censo de 1836, Administ p1-65 ener12.indd 9 18/01/11 20:41 Johannie James Cruz 10 Raúl Román Romero e hizo carrera como la narrativa más completa sobre la ciudad de Cartagena y su provincia. Esta obra ofrece una panorámica de la historia de la ciudad, inicia con su fundación, sigue con el periodo colonial, los sucesos de la independencia y termina con los años inmediatamente posteriores a la emancipación política y definitiva de España. En 1855 se desarrolló una nueva etapa de reelaboración del relato y de la memoria sobre la independencia con el objeto de reconocer como únicos héroes de la emancipación a un grupo de distinguidos miembros de la aristocracia criolla de la ciudad de Cartagena que, a finales del periodo colonial, habían jugado un papel central en la administración local. Para materializar esa iniciativa, el Concejo Municipal emitió el Acuerdo núm. 55 que en su artículo primero declara "digno de gratitud del pueblo de Cartagena y del glorioso título de fundadores de la independencia, a los esforzados varones que el 11 de noviembre de 1811 proclamaron solemnemente en esta ciudad la emancipación política de la monarquía española, erigiendo en Estado soberano, libre e independiente el territorio que en aquella época formaba la provincia de Cartagena". Con este acuerdo municipal se designaron como fundadores de la independencia de la ciudad a Manuel Rodríguez Torices, José María García de Toledo, Antonio José de Ayos, Miguel Díaz Granados, Manuel del Castillo Rada, Pantaleón Germán Ribón, Amador, Miguel Anguiano y José María Portocarrero.1 En 1872, la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar aunó esfuerzos en la misma dirección y creó una junta encargada de adquirir el acta original de la independencia de 1812 del Estado de Cartagena con las firmas autografiadas de los patriotas que las suscribieron.2 Dos años después, el director de Instrucción Pública del Estado, Mauricio Verbel, impuso a todos los directores de las escuelas públicas la participación en la elaboración de la historia especial del Estado de Bolívar con pena de multa para quien no cumpliera.3 Manuel Ezequiel Corrales jugó un papel fundamental en todo este proceso, sin duda fue uno de los intelectuales de la ciudad que mostró mayor interés por escribir la historia oficial del Estado Soberano de Bolívar y por recuperar la documentación que permitiera su elaboración. Desde la ciudad de Bogotá, como Senador Plenipotenciario en representación del Estado Soberano de Bolívar, envió una carta al secretario del Estado solicitando el permiso del presidente del Estado Soberano para publicar varios documentos referentes al proceso de independencia, que sólo se encontraban en la biblioteca del Gobierno.4 1 Biblioteca Bartolomé Calvo, en adelante (BBC), «Un decreto Incumplido». El Porvenir, Cartagena, 2 de marzo de 1979. 2 (BBC). Gaceta de Bolívar, Cartagena, 6 de diciembre de 1872. 3 (BBC) Diario de Bolívar, Cartagena, 7 de julio de 1875. 4 (BBC) Gaceta de Bolívar, Cartagena, 10 de octubre de 1874. Carta con la cual se remitieron al Gobierno varios documentos importantes. Administ p1-65 ener12.indd 10 18/01/11 20:41 A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l c a , d e s a r r o l lo e c o n ó m i c o y c o r r u p c i ó n e n e l a r c h i p i é l ag o 11 Años más tarde Corrales logró recopilar una importante colección de documentos históricos sobre la ciudad de Cartagena, el primero de ellos salió a la luz en 1877 con el título Documentos para la historia de la Provincia de Cartagena de Indias y fue publicado nuevamente cinco años más tarde en la ciudad de Bogotá. Otra publicación de significativa importancia en el proceso de recuperación de la memoria histórica de la ciudad y del entonces Estado Soberano de Bolívar es Efemérides y anales del Estado Soberano de Bolívar, esta obra fue difundida inicialmente por medio de una serie de artículos en la prensa oficial y fue publicada como obra completa en 1889. Corrales, mientras escribía sus efemérides, aprovechó la prensa oficial para hacer una "excitación patriótica" al pueblo cartagenero y "publicar una lista lo más completa posible de todas las personas que contribuyeron a la defensa de Cartagena en el memorable sitio de 1815, y otra lista de las que, corriendo los mayores peligros, emigraron con sus familias el día en que la plaza no tuvo medios para seguir resistiendo. Suplicamos que se nos comuniquen los nombres de estas personas, para librarlos del olvido y apuntarlos para que la historia los inscriba en el escalafón de los inmortales".5 Manuel Ezequiel Corrales no estuvo solo en esa ardua tarea, a su lado estuvo otro distinguido abogado de la ciudad, José P. Urueta, quien sería nombrado en la década de los ochenta como historiógrafo del departamento de Bolívar. Urueta contribuyó también a la recuperación de la memoria histórica de la ciudad de Cartagena, en especial con su publicación de 1886, que llevó por título Cartagena y sus cercanías, guía descriptiva de la capital del Estado Soberano de Bolívar, en los Estados Unidos de Colombia. Esta publicación fue comentada por Corrales ese mismo año y sus notas y correcciones aparecieron en la segunda edición de esta obra que se realizó un año después. Con la misma tendencia de Corrales, José P. Urueta destacó las actuaciones de los patricios de la ciudad en el proceso de emancipación de España y en el sitio de 1815, con la circulación de su libro Los Mártires publicado también en 1886, y donde compilaba todas las biografías y documentos referentes a las acciones de este grupo de criollos aristócratas en el proceso de la independencia. Unos años más tarde se editó otra obra en esta dirección, realizada en honor al almirante José Prudencio Padilla, en ella se compilaron una serie de biografías en las que se destacó el papel de este militar en la independencia definitiva de la ciudad de Cartagena y la región Caribe. Buena parte de lo que se conoce sobre Cartagena, su provincia y el posterior departamento de Bolívar, se debe a la magistral labor de estos dos intelectuales cartageneros, quienes lograron compilar y asegurar una documentación tan valiosa que hoy se mantiene como fuente imprescindible en el proceso de construcción de la historia de la ciudad y de la región. Sin duda, estas compilaciones documentales tienen un valor inconmensurable para efectos de la preservación de la memoria 5 (BBC) El Porvenir, Cartagena. 20 de julio de 1879. Rollo núm. 3525. Administ p1-65 ener12.indd 11 18/01/11 20:41 Johannie James Cruz 12 Raúl Román Romero histórica de la región; sin embargo, esta abrumadora empresa quizá se concentró casi de manera exclusiva en la ciudad de Cartagena y su antigua provincia debido a la limitación de recursos, de tiempo o por el poco entusiasmo para realizar esfuerzos similares en otras localidades de la costa Caribe. Lo que dejó por fuera de este esfuerzo a otras municipalidades de importancia regional. Si bien a finales del siglo XIX José P. Urueta libró contra los intereses norteamericanos una de las primeras defensas de los cayos de Roncador y Quitasueño como integrantes de la República de Colombia, son muy pocas las referencias que aparecen en sus compilaciones documentales sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Como consecuencia, este territorio, que estuvo ligado político- administrativamente a Cartagena durante buena parte del periodo republicano, quedó prácticamente al margen de esta recopilación sobre la memoria documental del Caribe colombiano y, por supuesto, quedó ausente de los referentes del pasado común que se estaban elaborando de esta región como parte de la nación colombiana.6 No obstante los esfuerzos de muchos intelectuales cartageneros por demostrar la centralidad de Cartagena y el papel de sus habitantes en la formación de la nación colombiana, la frágil historia compartida entre la costa Caribe y el centro de Colombia mantiene hoy su vigencia. En razón a lo anterior, es apenas lógico que en el archipiélago, cuyo pasado no fue incluido ni como referente de la costa Caribe colombiana ni en la representación del pasado que se hace del país, sus habitantes enfrenten el dilema de reconocer una memoria histórica que, siendo ajena, se ha impuesto como propia. Sin embargo, esta compleja identidad con la nacionalidad colombiana, notoria en los habitantes ancestrales de las islas, no sólo se debe a la ausencia de un pasado compartido, sino también al proceso mismo de construcción e imposición de una memoria histórica del país que seleccionó de manera conveniente los hechos del interior andino, por ejemplo, los ocurridos el 20 de julio y el 7 de agosto, como acontecimientos exclusivos en la construcción de la nación y la República de Colombia, dejando por fuera los hechos y los esfuerzos que en favor de la independencia sucedieron en otras regiones. Pese a todos los preparativos y conmemoraciones que han tenido lugar en la actualidad colombiana para hacer posible una celebración del bicentenario de la Independencia desde una óptica plural, la tradición excluyente que se instauró para la celebración de los primeros cien años de la emancipación, mantiene su peso fundacional en esta fase bicentenaria. 6 A finales de la década de los noventa del siglo XX tuvo lugar un emprendimiento de recuperación de la memoria documental de Cartagena por parte del Instituto Internacional de Estudios del Caribe y la Gobernación de Bolívar. Algunas de las obras recuperadas fueron Diccionario histórico-geográfico de Bolívar, de Dimas Badel; una selección de documentos de Efemérides y Anales del Estado Soberano de Bolívar, de Manuel Ezequiel Corrales; Notas de la expedición Fidalgo (1790-1805); El General Burgos, de Remberto Burgos Puche y El río Cesar de Luis Estrriffler. Pero éste aún fue un intento de recuperación del Bolívar grande que excluyó al archipiélago del corpus documental. Administ p1-65 ener12.indd 12 18/01/11 20:41 A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l c a , d e s a r r o l lo e c o n ó m i c o y c o r r u p c i ó n e n e l a r c h i p i é l ag o 13 A dos años de cumplirse el primer centenario de la creación de la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia, este libro tiene un doble propósito; el primero es continuar con un proceso de reconstrucción de la historia del archipiélago de San Andrés que, en muchos de sus aspectos, aún sigue inacabada; y el segundo es contribuir con los esfuerzos de preservación documental de las islas que han realizado otros autores como Juan Carlos Eastman, quien reconstruye el proceso de colombianización basando su análisis principalmente en informes de funcionarios públicos. Entre sus obras se destacan, Las amenazas a la Arcadia feliz y deseada: El Archipiélago de San Andrés y Providencia en 1927. Visiones desde las Islas y Memoria de un visitante: aproximación al Archipiélago de San Andrés y Providencia a fines de 1913.7 Martha Cecilia Cortés (1988), quien a través del informe de don Santiago Guerrero, delegado del Ministerio de Gobierno para visitar las islas de San Andrés y Providencia, narra la situación del archipiélago antes de su designación como intendencia en 1912. Martín Eduardo Vargas (1988) describe al archipiélago entre 1921 y 1922, a través del informe enviado por el intendente Manuel M. Leal al ministro de Gobierno en 1922. Por su parte, Carlos Andrés Charry (2002), en su estudio titulado En el trasfondo de la colombianización: el archipiélago de San Andrés visto por funcionarios del Estado colombiano (1888-1924) analiza varios informes que lo llevan a formular conjeturas respecto al verdadero interés del Estado en el proceso de colombianización. Por tanto, esta publicación no sólo retoma los esfuerzos de preservación del patrimonio documental de las islas, sino que pretende constituirse en un documento de consulta pública, sin la amenaza de que el deterioro al que se exponen los documentos en el Caribe, por las condiciones climáticas, el efecto destructor de repentinos incendios y la capacidad devoradora del comején y los roedores, aniquilen por siempre la memoria documental de las islas y de paso la posibilidad de construir su propia historia. Es preciso recordar en este punto que en el mes de mayo de 1964 un inexplicable y voraz incendio destruyó el Palacio Intendencial, y con él una buena cantidad de los documentos históricos que hubieran podido ayudar a reconstruir la historia del archipiélago. Este hecho ha resultado ser un obstáculo para la elaboración de la historia de las islas, en especial de la época de la intendencia. Félix Díaz Granados, en su libro Monografía del Archipiélago de San Andrés8 (1978) explica el caos que se vivió en la isla luego de este suceso, y enfatiza en la importancia de empezar a escribir la historia de las islas por el temor de que un hecho de esta 7 Eastman, J. (1987). Ponencia: "Sobre historia y el archipiélago de San Andrés y Providencia". En IV Congreso de Antropología. Popayán, octubre 8 al 12 de 1987. (1988). "Memoria de un visitante aproximación al Archipiélago de San Andrés y Providencia a fines de 1913." En Boletín Historia Bogotá- v. 5 N° 9-10 Enero-Diciembre. (1990). El Archipiélago de San Andrés y providencia, 1886-1930: Sociedad, integración y conflicto en el proceso de la "Colombianización". VII Congreso de Historia de Colombia. Universidad del Cauca, Popayán, noviembre 19 a 23 de 1990. (1992). "Creación de la Intendencia de San Andrés y Providencia. La cuestión nacional en sus primeros años." En Credencial Historia. San Andrés y Providencia. Edición núm. 36. Diciembre. 8 Díaz Granados, Félix. Monografía del archipiélago de San Andrés. Bogotá: Ediciones Medio Pliego, 1978. Administ p1-65 ener12.indd 13 18/01/11 20:41 Johannie James Cruz 14 Raúl Román Romero magnitud volviera a suceder y que con él, se lleve todos los antecedentes de una historia sin contar: Por tal vez cien años se fueron acumulando en los cuarenta locales de esa casa [el Palacio Intendencial] los archivos correspondientes a la intendencia, la secretaría de gobierno, la de Hacienda, la de educación, la aduana, el tráfico, la policía, juzgados, notaría y oficina de registro, a pesar de haber determinación precisa para que estas dos oficinas nunca funcionen en la misma casa; el catastro, pagaduría y otras tantas dependencias, cada una con toneladas de papeles que iban amontonando en legajos amarrados con cuerdas en cada uno de los cuatro rincones de la oficina y en estantes desvencijados que no resistían ni un telegrama más. Allí estaba la historia del Archipiélago desde Jesucristo hasta nuestros días. Después del incendio no quedó nadie casado porque habían desaparecido los comprobantes respectivos, nadie era propietario de su casa o lote porque las escrituras habían volado en cenizas por los tejados, nadie era ciudadano porque los kardex de identificación desaparecieron en llamas, hubo que desocupar las cárceles por falta de denuncio o pruebas; los carros quedaron sin propietarios por falta de documentos. Deudores y acreedores quedaron en blanco por desaparición de comprobantes. El registro civil no tenía ni un solo registrado. Quedó el Archipiélago como el día anterior al de la creación y en estado de inventar todo, inclusive a los ciudadanos, conseguirles padres e hijos, y todo el ambiente daba la sensación de un limbo en el que deambulaban seres anónimos. (Díaz Granados, pp. 83-84). Por lo anterior, reiteramos que esta publicación cumple un doble objetivo, el de aportar nuevas luces sobre algunos hechos acontecidos en las islas y el de preservar documentos valiosos para seguir interpretando ese pasado del que poco conocemos. Esta edición está compuesta por dos partes, una integrada por dos capítulos y la segunda por una compilación de documentos de 1926 y 1927. En el primer capítulo se analizan las conflictivas relaciones entre los funcionarios enviados por el Gobierno central desde la región andina y los habitantes de las islas por el manejo de los asuntos públicos, y en el segundo se analizan las condiciones económicas del archipiélago y su desarrollo en el marco de la administración intendencial en 1927, así mismo se evalúan las principales implicaciones de la aplicación de la Ley 52 de 1912, conocida como Ley Orgánica de la Intendencia. A estos dos capítulos se anexan dos informes del intendente Jorge Tadeo Lozano en 1927 y los anexos concernientes a estos informes. También incluimos correspondencia, informes y documentos referidos a un escándalo por el desfalco que se hizo a la administración de hacienda de la intendencia. Estos documentos ofrecen una gran información para entender el pasado de las islas, las dificultades en los procesos administrativos, las relaciones entre el centro del país y los habitantes del archipiélago y al mismo tiempo los planes para el progreso y desarrollo de esta zona del país.
"Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras".Apócrifo de El Quijote. En nuestro pasado artículo hacíamos referencia a un fenómeno específico que vive la España de hoy en día: la crisis de legitimidad del gobernante Partido Popular (PP) derivada de la progresiva revelación de una trama de corrupción y clientelismo aparentemente ligada con Mariano Rajoy y casi toda la cúpula del partido. Esta situación agrava y se ve agravada por circunstancias económicas, sociales y políticas para nada felices que vive en la actualidad la Madre Patria. Reseñaremos brevemente a continuación el contexto actual del país europeo, todo un ejemplo de que los males nunca vienen solos. Las mentiras piadosasEn el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (Partido Socialista Obrero Español, PSOE), España entró en un derrumbe económico monumental derivado de dos elementos. En primer lugar, el "estallido" de la "burbuja inmobiliaria", fruto de una política pública que comenzara con el aznarismo y que estimulaba la construcción desaforada de inmuebles, su sobrevaluación y la especulación bancaria en dicho terreno. En segundo lugar, la crisis de deuda soberana, común a otros países de la Unión Europea (los ya famosos PIGS) y acentuada por un pasmoso despilfarro en los presupuestos gubernamentales.Evidentemente todo esto se convirtió en un golpe casi letal para el bolsillo de la sociedad, lo que supondría una histórica victoria del PP en las siguientes elecciones (2011). Y es que no sólo se percibía que Zapatero había arruinado a España; también Mariano Rajoy hizo promesas que, a posteriori, se convertirían en mentiras. "Ayudaremos al español de la calle, no a los bancos". "Bajaremos el IVA". "Volveremos a la prosperidad de cuando gobernábamos".El español medio pensaba que su situación iba a mejorar con el nuevo gobierno. Pronto descubriría que más bien sería lo contrario. La ortodoxia económica no es grata con el pueblo llano en semejantes circunstancias y la reducción radical del gasto público se convirtió en el paradigma económico del gobierno. ¿Salud pública? Recortar. ¿Educación? Recortar. ¿Ayudas sociales? Recortar.Por supuesto el IVA no se tocó en lo más mínimo y de hecho se incluyeron más impuestos o más tarifas. Quienes sí recibirían una gran ayuda estatal serían los bancos privados, en una serie de megamillonarios "rescates" que les dieran oxígeno por un par de semanas.Mirándolo en retrospectiva, uno no puede más que preguntarse el porqué de tantas promesas que –se sabía- no podrían cumplirse. Sobre todo teniendo la victoria electoral "servida en bandeja": no había necesidad. Una oposición inútilAnte un gobierno impopular en sus medidas y salpicado por escándalos de corrupción, lo lógico sería ver un repunte del PSOE en las encuestas. No es el caso. Los socialistas tienen un triple problema. Primero, el recuerdo latente de la administración Zapatero, donde al fin y al cabo comenzó la crisis. Segundo, el liderazgo de una persona astuta (Alfredo Pérez Rubalcaba) pero que supone, en lugar de una renovación, más de lo mismo. Tercero, por los propios escándalos de corrupción provenientes sobre todo de Andalucía, último bastión del partido.Para decirlo en pocas palabras: probablemente para el español medio el PP y el PSOE simplemente son "lo mismo". Cierto que tuvieron sus diferencias en el tema de derechos posmodernos como el matrimonio igualitario o el aborto, pero ya habiendo sido "procesados" dichos asuntos, no es que haya demasiadas razones para pensar que un Rubalcaba hubiese actuado distinto a Rajoy en caso de haber ganado.Todo esto probablemente beneficiará a los dos pequeños partidos de nivel "nacional": Unión Progreso y Democracia (UPyD), socioliberal y unionista, liderado por la ex socialista vasca Rosa Díez (y aupado por pensadores de la talla de Vargas Llosa) y con una buen plantilla de outsiders políticos; y por supuesto Izquierda Unida (IU), rejunte del Partido Comunista original con otros partidos de izquierda o ecologistas. La cuestión catalanaEl derrumbe político de los socialistas tuvo también repercusiones en Cataluña. La sucursal regional del PSOE, primordialmente federalista, funcionaba como una válvula de escape para buena parte de las ansias separatistas. Ahora, con un gobierno en coalición de independentistas de derecha (Convergencia i Unió, CiU) y de izquierda (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), el nacionalismo catalán ha tomado nuevas fuerzas.Se habla mucho de que la Generalitat convocará a un plebiscito al respecto, por más que la Constitución española no contemple semejante cosa. No obstante, el separatismo cuenta con tres escollos. Primero, la situación económica: la Comunidad Autónoma no es, por supuesto, indemne a la misma y cuando puede procura hacerse con alguna de las ayudas que el gobierno central puede enviar de vez en cuando. Segundo, la Unión Europea: los independentistas catalanes no quieren seguir siendo españoles pero definitivamente desean permanecer como buenos ciudadanos europeos, lo que eventualmente enfrentaría el veto de La Moncloa y otros gobiernos. Tercero, que no está lo suficientemente claro que la mayoría de los catalanes pretendan una ruptura definitiva con Madrid (de hecho podría decirse que la intención de voto independentista se encuentra entre el 40% y el 50%). En otras palabras, se resolvería un problema para crear otro (el nacimiento de un movimiento re unionista). Podríamos también recurrir a la historia de otros movimientos independentistas o pseudo independentistas (Quebec, Australia) que nos muestran que el voto rupturista suele ser sensiblemente menor al esperado a priori.No sería entonces disparatado dar por muy improbable la independencia catalana a un corto plazo. Y ello para tranquilidad del ejército, desde el cual ya varios militares se ofrecieron a "hacer cumplir la Constitución" en caso de que los políticos no supieran "lidiar" con el asunto. Manchas para el juancarlismo.Es algo común en España. Cuando se pregunta a un ciudadano si es monárquico o republicano, puede que retruque con un "soy juancarlista". En otros términos, la monarquía no goza de una popularidad derivada de la institución en sí, sino del actual titular de la misma, Juan Carlos I. Impulsor de la democracia desde el primer momento (o mejor dicho, desde el momento que muriera Franco), sus credenciales al respecto se enriquecieron con su condena al intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Sirvió además, como una figura de encuentro donde la gran mayoría de los españoles podían sentirse identificados y -por qué no- consolados.Lamentablemente el juancarlismo está siendo amenazado por un escándalo de –como para variar- corrupción al más alto nivel. Y es que todo apunta a que Iñaki Undangarin, yerno del rey y esposo de la Infanta Cristina, es el cabecilla de una red de desvío de fondos públicos y lavado dinero a través de diversas fundaciones.Tal vez lo más importante del caso es que el mismo supuso una ruptura: tratar a la familia real y al rey no en buenos términos ya no sería un tabú. La prensa rosa, es decir, los programas de chimentos (sólo segundos a la actualidad deportiva en términos de popularidad), comenzaron a sostener hipótesis tan escandalosas como la existencia de posibles amantes de Juan Carlos. Y es así que según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la monarquía estaría recibiendo la peor "nota" de su historia: un 3,68 sobre 10, bastante lejos del "aprobado". Habrá que ver si cuando se dé la sucesión si los juancarlistas se transformarían en felipistas de una manera tan fácil. La prensa rebelde"Que no vivas tiempos interesantes" reza el proverbio chino. Esto es aplicable para todos con excepción de la prensa escrita, que, como ya adelantábamos, ha redescubierto su vocación de poder fáctico. La corrupción generalizada y la crisis económica da mucho para escribir (y lo más importante, investigar).Lo curioso es que esta posición está siendo principalmente asumida no por los medios afines a la izquierda, sino por el diario derechista más importante. Nos referimos a El Mundo y su director, Pedro J. Ramírez. No contento con haber sido el principal responsable de la caída de popularidad de Felipe González hace casi dos décadas (caso GAL), Ramírez parece estar empecinado en derribar a Mariano Rajoy, habiéndose convertido en una suerte de confesor de Luis Bárcenas. Algunos titulares de El Mundo en julio: "Cinco horas con Bárcenas"; "Los SMS secretos entre Rajoy y Bárcenas", "Los papeles de Bárcenas muestran sobresueldos a Rajoy" y sobre todo esta maravilla que parece salida de una cuarta parte de El Padrino: "Si hablas tu mujer irá a prisión; si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso" (¡!).La posición de El Mundo ha supuesto un cisma en la prensa conservadora. Por un lado La Gaceta apoya "el acoso y derribo", mientras que el ABC y La Razón se aferran a la versión oficial de que Bárcenas no es más que un chantajista que por casualidad estuvo veinte años dirigiendo las cuentas del partido y que no hay que pensar demasiado en ello. Las amistades particularesYa dijimos que la oposición no tiene herramientas ni legitimidad alguna para exigir la renuncia de Rajoy. En cambio, los medios parecen gozar de ambas cualidades. En ese caso… ¿quién suplantaría a Rajoy? En lo personal yo diría que hay cuatro candidatos, ninguno de ellos salpicado hasta ahora por el Caso Bárcenas:-Soraya Sáenz de Santamaría. Actual vicepresidenta del gobierno, lo que pierde en su defensa incondicional de Rajoy, lo gana en juventud y tesón. Sería una suerte de continuismo, por lo que no veríamos, por ejemplo, cambios en el gabinete.-Esperanza Aguirre. Ex presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Aguirre supone la derecha dentro de la derecha del PP. Es la única política que ha "sugerido" que se investigue a fondo la supuesta trama de corrupción, además de guardar una buena relación con Ramírez, el azote de Rajoy. Si hemos de creer a ciertos medios menores, Aguirre habría sido quien arreglara los encuentros entre el periodista y Bárcenas. Probablemente constituya la alternativa más satisfactoria para los mercados.-José María Aznar. Ex presidente del gobierno, un español podría decir perfectamente que con Aznar al menos "se vivía mejor", por lo que su candidatura no sería tan descabellada.-Alberto Ruiz-Gallardón, ex alcalde de Madrid y actual Ministro de Justicia. Encarna el ala más moderada del PP, en caso de que el partido quiera dar un giro ideológico más hacia la izquierda. Es también, por ello, el que menos posibilidades tiene.--En todo caso, suceda quien suceda a Rajoy (reitero: si es que éste se retira), se encontrará con una España –hemos visto- multi problemática: la presidencia en tales circunstancias es un cargo que uno no le desearía ni a su peor enemigo (no sorprende entonces que el PSOE no se apure demasiado en escoger a un verdadero nuevo líder). El contexto ya no sólo exige una pronta recuperación económica (una tarea de por sí difícil), sino también una reconstrucción completa de la legitimidad de las instituciones. Sobre el autorEstudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales. FACS-ORT-Uruguay
