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En esta tesis pretendo hacer una disección de la formación del estado nacional en la República de Colombia desde sus inicios, teniendo en cuenta sus diversos componentes sociales y culturales de su población. Parto desde su misma fundación siguiendo un método genético estructural para determinar como a lo largo de su historia han fungido los diversos intereses de los actores que han liderado la vida política nacional. El tema del carácter del estado nación desde la perspectiva del componente étnico de su población se ha constituido en un problema central en la actual configuración política del mundo contemporáneo (Gellner, Ernest. 1994). Se cuestionaba muy poco en los poderes centrales la problemática de la inclusión-exclusión de los diversos sectores de su población. En América Latina a pesar de una historia nacional que supera ya los dos siglos no se debatió seriamente las relaciones interétnicas y la necesidad de reconocer la composición multiétnica de los estados. Considero -y comparto como lo hace Benedict Anderson (1993)- que fue el grupo étnico del criollo –como se le suele llamar- el que generó y se benefició de las condiciones del movimiento independentista para establecer el nuevo estado con unas instituciones políticas excluyentes y liderar así su estructura con el carácter de etnia lateral que arrastró a su órbita las etnias verticales (Smith, A.: 1997) logrando someterlas a su influencia bipartidista liberal-conservadora durante todo el siglo XIX. De esta manera se constituyó lo que se llama entonación política que bien define Isidoro Moreno aparece cuando en una entonación cultural un sector significativo de la población, sea una clase social, un bloque de clases, capas intelectuales, etc. plantean un proyecto político de carácter autocentrado con el fin de controlar las decisiones sobre los asuntos económicos, políticos y culturales que atañen a la entonación y su territorio, incluida la forma de relación política con otras entonaciones y estados (Moreno 1994:143). Elementos que se desarrollan ampliamente en el capítulo primero de marco teórico y metodológico. En este segundo capítulo se analiza como el germen de este proceso de formación nacional se encuentra en la sociedad colonial, a pesar de la conciencia que los mismos creadores del estado nacional tenían del carácter multiétnico, como se advierte en las ideologías independentistas. El debate posterior sobre el racialismo que autores como Sergio Arboleda (1869,1972), José María Samper (1853 citado por Urueña 1994) o el ex presidente Laureano Gómez (1928) dieron sobre su influencia en la solución de los problemas nacionales demuestra la vigencia que durante más de un siglo de vida republicana despertó el tema. Estos autores decimonónicos influirían en el Presidente Rafael Núñez quien redactó la Constitución de 1886, la cual tuvo más de un siglo de vigencia. Estas condiciones ampliamente descritas generaron a comienzos del siglo XX una crisis política liderada por los movimientos sociales de diverso tipo que conllevaron a la cúspide de los conflictos sociales y que se urbano, el indígena y el guerrillero. Estos movimientos promovieron los cambios que impulsaron una transformación del país pues, aunque haya tenido un régimen de política civil y consecuentemente haya celebrado múltiples elecciones para todos los altos cargos, el hecho de haber estado tanto tiempo bajo una restricción política pactada por el bipartidismo liberal – conservador, en el caso de la situación vivida por el Frente Nacional (1958-1974), y en un constante estado de sitio, le impiden consolidarse como un régimen político democrático. Pero el control político sobre la sociedad por parte de este bipartidismo demuestra el carácter excluyente del sistema que ha llevado a calificarlo de diversas maneras como recoge Roll (1999:364). En consecuencia se puede hacer uso de la terminología de Dahl y dejar la palabra democracia para fijar el ideal de gobierno democrático y utilizar para el caso el término poliarquías. Incluso se puede definir como una "hegemonía cerrada", o en la terminología de Dahl el término adecuado es el de "oligarquía competitiva", toda vez que si bien está abierto al debate, pero no lo está a la participación (Roll 1999:365). A partir del desmonte del Frente Nacional, de las medidas de apertura y descentralización, se puede decir que el régimen intenta acercarse a una poliarquía. Otro factor que se considera limitante en la democracia colombiana es la restringida modernización económica y la inclusión sociopolítica, que ha impedido la modernización política. La democracia colombiana ha tenido constituyeron en una coyuntura crítica y en el leitmotiv principal en la búsqueda de unas instituciones políticas inclusivas, y a la necesidad de un nuevo orden constitucional. En este capítulo se desarrollan los principales movimientos sociales y sus características: el campesino, el obrero, el grandes carencias en los tres niveles de ascenso hacia la democracia económica y social. La inestabilidad crónica, la creciente pérdida del monopolio de la fuerza, el continuismo político, el clientelismo y el desfase en la modernización. Por último, la pobreza y la desigualdad en el ingreso señalan el fracaso de ese elemento distintivo de la democracia que es la justicia social. Esta situación de total control vino a romperse con el surgimiento de los primeros movimientos sociales a principios del siglo XX, por lo que se inicia con ellos un nuevo periodo en el proceso identitario del estado nación. En el segundo punto de este capítulo hago un recorrido del carácter sociocultural que identifico de estos movimientos cuya trayectoria permitió romper el monopolio establecido en la Constitución de 1886, no sin antes haber generado una nueva crisis –a otro nivel del ocasionado por las guerras civiles decimonónicas entre centralistas o federalistas- en el establishment político y social del país, que culminó con el nacimiento de una nueva Constitución en 1991 cuyo origen y significado se ven en el parágrafo tercero del segundo capítulo. Esta crisis significó el rompimiento del bipartidismo con todas sus consecuencias pues acarreó el desenmascaramiento del carácter exclusivista y oligárquico del estado nación. Por este motivo se requiere realizar un examen del sistema político como condición para entender la necesidad de una nueva Constitución política de carácter incluyente. Sin embargo la ruptura del sistema político significó la mayor crisis de la historia de Colombia y generó la alternancia de periodos de violencia, ya bipartidista (como fue la llamada Violencia [1948-1953]) o, su continuidad con los movimientos guerrilleros que le siguieron y que aún perduran, alimentados -después de la guerra fría- no con recursos de la hermandad socialista, sino del secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Con la Constitución de 1991 como con la ley de partidos de 1994 se cayó en el extremo opuesto: toda la normatividad tendió a favorecer el fraccionamiento y a la atomización de los partidos políticos existentes, así como la fragmentación de los movimientos emergentes. Hoy, según el concepto de Pizarro, no tenemos ni el viejo modelo bipartidista burócrata ni un modelo multipartidista moderado y eficiente (1997: 89). Sólo a partir de la fractura frentenacionalista (1962-1978), empezaron a darse condiciones definitivas para que diversas organizaciones populares de carácter de clase o de etnia, lograran definir en alguna medida sus propias reivindicaciones, que adquieren una expresión definitiva, especialmente en la Constitución de 1991, la cual considera la nación como multiétnica y pluricultural. Así se configuraron las unidades étnicas de indígenas y negros como receptores de transferencias de recursos del presupuesto nacional y, para el caso de los indígenas, de jurisprudencia especial. En el capítulo segundo también se estudia como la crisis política generada por los factores anteriormente explicados, en el cual los movimientos sociales de diverso tipo constituyen el leitmotiv principal para llegar a la búsqueda de una solución, conducen a la cúspide de los conflictos sociales y a la necesidad de un nuevo orden constitucional. Este está caracterizado por una nueva definición de la democracia como participativa, pero principalmente para nuestro interés su definición como pluriétnica y multicultural. Pero al reconocer los derechos particulares de las etnonaciones culturales o de sus minorías étnicas se podría entonces definir como plurinacional aunque así no lo contemple dada la tradición política de que todo estado se considere como una sola nación. Esta nueva Constitución es representativa de la época actual, en que por una parte, se ha limitado el concepto de soberanía nacional con la importancia de las entidades supranacionales y la doctrina de los derechos humanos y, de otra se vive el resurgir de los etnonacionalismos y la necesidad de reconocer sus derechos especiales. La elección popular de alcaldes y gobernadores, la ampliación de las posibilidades de participación a nivel municipal y el cambio de Constitución en 1991, son los cambios más importantes y su estudio completará el presente análisis para determinar en qué medida se está superando el continuismo político. Acogiéndose a este cambio mundial la Constitución del 91 definió al estado colombiano como un estado multiétnico y multicultural (art.7) en el cual además de los derechos universales se reconocen unos derechos colectivos para comunidades negras e indígenas (Pizarro 1997:86). Se pasó de una concepción de nación homogénea y católica a la consagración de la diversidad étnica sociocultural y religiosa. En cuanto hace a las comunidades indígenas, aun cuando la organización de éstas antecedió en dos décadas al menos a la Asamblea Nacional Constituyente, es indudable que las normas aprobadas en la nueva Constitución fueron un motor que contribuyó a acelerar esa construcción o, mejor, reconstrucción de identidad. Si bien el Consejo Regional Indígena de Colombia CRIC que nace en 1971 y la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC que surge en los ochenta, habían logrado organizar a muchas de las 81 comunidades indígenas existentes en el país, sólo será con los derechos y garantías alcanzados en la nueva Constitución que este movimiento adquirirá la madurez actual. Hoy por hoy se trata del movimiento social más activo del país, gozando además de una significativa representación en el Senado (3 senadores en 1994 o en 1998) (Pizarro 1997: 98). El reconocimiento de la multiplicidad étnica representa un incremento del sujeto de derecho, el cual inicialmente era únicamente el propietario-ciudadano, y se fue extendiendo por la lucha de los sectores obreros, o las mujeres quienes lograron que el circulo de sus derechos se fuera ampliando dejando atrás exclusiones en el derecho civil (de sucesiones, etc.), en el penal y en el laboral. Ahora el reconocimiento como sujetos de derecho fundamentales es para los indígenas, anteriormente señalados de salvajes o semisalvajes, un criterio que obedece a su carácter de grupo colectivo con formas diferentes de vida social a la occidental, las cuales debe asumir con vigor (Sánchez 1998: 78-82). El principio de igualdad ante la ley tiene una particularidad tratándose de los indígenas, requieren un tratamiento distinto por ser portadores de derechos específicos en tanto conservan la diferencia frente a los demás, lo que reconoce la nueva Constitución al definir el país como multiétnico y pluricultural. Si realmente el estado colombiano está constituido por un conjunto de etnonaciones, ¿Qué tratamiento le otorga a la diversidad de grupos étnicos existentes con distinto grado de desarrollo cultural? ¿Qué posibilidades tienen éstas de desarrollo de una etnopolítica que les permita acceder a algún grado de autodeterminación? Muchos planteamientos de antropólogos y otros científicos sociales han tratado el tema y propuesto un abanico de disímiles consideraciones. Se contempla la permanente agresión del estado por impulsar procesos de integración ante los cuales éstos sufren desde una actitud pasiva, hasta la existencia de múltiples posiciones como la necesidad de ser considerados minorías nacionales o nacionalidades. Si bien la Constitución de 1886 –según el magistrado Carlos Gaviria (Corte Constitucional. Sentencia C-139/96)- era unificadora y pretendía que todos pensáramos de la misma manera y que todos fuéramos iguales, la de 1991 ha diseñado una sociedad muy distinta, utópica, con la que muchos han soñado, y para ser construida sobre bases muy diferentes a la anterior. Uno de los retos que esta Constitución plantea es la construcción de una sociedad pluralista pero que exige tareas como la del Artículo 246 según el cual las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo con sus usos y costumbres, siempre que no contraríen la Constitución y la ley, en sus derechos fundamentales. Para el magistrado Gaviria si vamos a aplicar todas las reglas ortodoxas tendríamos que exigir, en primer lugar, que las comunidades indígenas tuvieran no simplemente un derecho positivo, sino un derecho escrito para satisfacer una exigencia del derecho penal occidental de acuerdo con el cual no puede haber delito sin ley escrita previa que lo determine, ni pena sin una ley que así la determine. Esta proposición implicaría que la normatividad cultural estuviera elaborada con las mismas pautas de lógica y racionalidad, cosa que no ocurre. El magistrado Gaviria propone la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y la minimización de los límites de que trata la Constitución. Lo cual demuestra como la proclamación del carácter pluralista y pluricultural hecha en la del 91 es un ideal por construir en el futuro. ¿Qué tipo de nación y qué tipo de estado es posible? Para entender más detalladamente este carácter nacional triétnico como resultado de la presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizos y blancos que se reproduce como un fractal de manera local o regional de lo que ocurre en todo el país, se analiza en el capítulo tercero el proceso de formación económico-social y político del Departamento de Caldas para ahondar en las anomalías políticas exclusivas que frenaron el proceso participativo por los vicios del clientelismo y la politiquería y reforzaron el carácter excluyente de la población en sus diversas manifestaciones socioculturales. En él se analiza el proceso de formación de la sociedad caldense dominante como resultado de la colonización antioqueña a partir de sus características económicas, sociales y culturales, con especial énfasis en la periodización política que ha tenido dos hitos principales como han sido la aparición de los llamados azucenos y de los grecocaldenses en su primera fase y su posterior suplantación por los que denomino barrococaldenses. De esta manera, se advierte los cambios que han sufrido las costumbres políticas en Caldas y que después de veinticinco años, aún no se han modificado. Considero que esta radiografía caldense puede, en gran medida, generalizarse para el país en su historia reciente de caciquismos, clientelismo y corrupción. Para entender los cambios ocurridos se toma como base la coyuntura creada por el hecho político, ocasionado por el retiro de esta actividad de empresarios que lideraban el desarrollo económico y su reemplazo por los políticos de oficio. Con este fin, es necesario establecer las características del desarrollo económico caldense a partir de la colonización proveniente del Departamento de Antioquia y el carácter del liderazgo que ejercieron tanto los azucenos como los grecocaldenses, y el cambio que significó el control político, por parte de los barrococaldenses, desde el llamado "robo a Caldas" situación que aún subsiste. En el capítulo cuarto tomo uno de los grupos étnicos indígenas más representativos de los más de setenta que han existido en el estado nacional para mostrar cual ha sido su itinerario desde el contacto con los españoles y de esta manera seguir su trayectoria en la historia de Colombia, en la cual ha sido el grupo étnico más activo y participativo. Este recuento nos permite conocer cuáles han sido sus luchas, vicisitudes y principios organizativos en los diversos periodos de su historia cultural y política en búsqueda de la sobrevivencia de su identidad. Esta etnonación lideró uno de los movimientos sociales más exitosos y a pesar de su limitación territorial y poblacional es ejemplo de conquistas y cambios en las condiciones políticas de la República para lograr la conservación de sus rasgos culturales básicos en un proceso de "emergencia política" (Moreno 1994:144), modelo especialmente idóneo para los demás grupos étnicos y sociales. Estos cambios se vieron reflejados en especial en el texto de la Constitución de 1991, que amplió de manera notoria los derechos de estas comunidades y les abrió un futuro más seguro, a pesar de las condiciones de violencia que debieron sortear por parte de los muchos actores que optaron por acciones armadas, ya sea porque afectaban sus intereses o por efecto de la actividad de los diversos grupos armados, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes en sus territorios tradicionales. Las condiciones de violencia generadas aún hoy día por fuerzas en especial de extrema derecha han definido como uno de sus blancos predilectos a los líderes de los movimientos sociales, ya sean sindicales, campesinos o indígenas. Sobre estos se han presentado las cosas así: En una publicación del diario de El Espectador del 9 de julio de 2001 la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- hace el siguiente llamado: Recurrimos al pueblo colombiano para que nos brinde, como muchas veces lo ha hecho en el pasado, su apoyo y en los últimos 17 años 33 líderes indígenas colombianos han perdido su vida en manos de la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares, la policía y el ejército, ya sea por defender sus territorios o por resistirse a integrar uno u otro bando interesado en la guerra. La presencia de los actores armados en sus territorios y su carácter amenazante son motivo de preocupación por parte de los indígenas pues representa muerte o desplazamiento. La amenaza contra nuestras vidas, culturas y territorios, barbarie comparable al genocidio y la esclavitud padecidos durante la Conquista, no parece importarle a nadie: ni a nuestros compatriotas ni al gobierno, dicen los líderes de 84 pueblos nativos de 209 municipios y que ocupan 30 millones de hectáreas. Ante estos casos es usual que el gobierno tarda mucho en reaccionar cuando las comunidades nativas están en peligro y no ofrece seguridad a las organizaciones ni protección para su sobrevivencia. Además del asesinato y la desaparición los indígenas sufren el desplazamiento a causa de la violencia, las obras de desarrollo, las fumigaciones de cultivos ilícitos o porque son desterrados por los terratenientes, los cultivadores de coca o los narcotraficantes. Sus resguardos son apetecidos por su estratégica ubicación. Se calcula que unos 15.000 indígenas han tenido que abandonar sus tierras y se encuentran en ciudades o en lugares de selva donde puedan defender su cultura, la unidad familiar, su religiosidad y su gobierno. Según la Defensoría del Pueblo existen desplazamientos en 16 departamentos que además tienen como consecuencia el sometimiento, y el cambio en las formas de pensar y de actuar. Otras causas del desplazamiento son la disputa por el control territorial por parte de la guerrilla, las autodefensas y el ejército. También la explotación de recursos naturales: madera, petróleo, oro, carbón, cobre entre otros, o la realización de grandes obras de infraestructura como carreteras, puentes o hidroeléctricas, o por la presencia de cultivos ilícitos, y la violencia que llevan implícita, así como sus fumigaciones. En ocasiones se presentan choques armados entre los actores de la violencia y la población civil se ve en la obligación de huir o se ven obligados a cumplir tareas de "raspachines" Para los nativos los desplazamientos representan desterritorialización y deculturación, pérdida de identidad y de autoridad. La organización social se resquebraja o se acaba, se pierden los valores, la autoestima, la religiosidad, el autoabastecimiento y se abandonan las tradiciones. Así pueden terminan mendigando en las ciudades como Barranquilla, Bogotá, Pereira, Medellín o Arauca, en donde pueden terminar delinquiendo o vinculándose a algún actor armado pues al abandonar sus tierras ya no pueden cultivar, pescar, cazar, intercambiar o vender productos. En Bogotá la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha demostrado preocupación por la dramática situación que afrontan las comunidades indígenas del país luego de los asesinatos de sus líderes. Sus muertes, amenazas, hostigamientos y el desplazamiento de estas comunidades y sus líderes por parte de estos grupos armados ponen de manifiesto la "vulnerabilidad" de su autonomía. Esta preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la comparte el Secretario General para los defensores de Derechos Humanos en Ginebra y la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, que exigieron la adopción de medidas que garanticen la vida, integridad, dignidad y cultura de los pueblos indígenas. Armando Valbuena, presidente de ONIC dijo en entrevista con El Tiempo (25 julio 2001 p.1-3) que el gobierno debe aclarar cuál es su política frente al etnocidio de que son víctimas los indígenas. Ochenta y cinco pueblos aborígenes agrupados en la ONIC, tomaron la determinación de retirarse de las mesas de concertación en las que participan con el gobierno y le dieron al Presidente un plazo de 30 días para que se pronuncie sobre las políticas estatales, pues no respetó los acuerdos sobre erradicación manual de cultivos ilícitos con las comunidades de Cauca y Nariño y se recurrió a su fumigación. Reveló como 365 indígenas han sido asesinados en los últimos diez años, (posteriores a la nueva Constitución), uno por semana. Tampoco se ha aclarado las denuncias de masacres de indígenas en el Alto Naya, la Sierra Nevada de Sta. Marta, en Chocó, Cauca y Córdoba. Esta situación aún subsiste. En su informe del 2012 la ONIC relata como en ese año murieron 104 indígenas y más de 12.000 fueron desplazados en especial en los departamentos del sur Cauca, Nariño o del occidente Risaralda y Choco afectados por asesinatos, minas antipersonales, combates y desnutrición (El Tiempo, 17 de abril de 2013 p.6). Estas notas periodísticas son solo una breve síntesis de la política de etnocidio sobre los diversos grupos étnicos en distintas regiones del país que se han practicado sin mayores resultados de justicia y reparación. La historia de los grupos étnicos especialmente de los indígenas de Colombia ha estado enmarcada por el etnocidio que se ha practicado sin mayores resultados de justicia y reparación. No tendremos que irnos hasta la discusión lascasiana para abordar el problema como resultado de la discriminación porque no solo los nativos son objeto de esta permanente agresión, muchos sectores sociales la sufren, pero quizá son aquéllos el eslabón más débil por tenerse como seres inferiores desde cualquier punto de vista, como lo manifestaran los autores de la matanza de La Rubiera (Arauca, 1967) (Castro 1979) , quienes ante el juicio que se les siguió conceptuaron que no sabían que los indios eran racionales. No podemos afirmar que sea política del estado la extinción de estas poblaciones, pero hasta qué punto "es válida la ecuación etnicidad=violencia" –como plantea el profesor Isidoro Moreno (1994:140)-.¿Será que como representan el grupo dominante ("criollo") pueden contribuir al despojo de las etnias nativas? O que "si un estado es multiétnico la etnia a la que pertenece la clase dominante estará globalmente en posición dominante, aunque también se ejerza la violencia dentro de ella, por la oposición de clases" y más adelante Moreno añade que esta clase "obstaculizará o reprimirá los intentos de las etnias dominadas de reafirmar su propia especificidad" (Moreno 1994:141). De este principio el profesor Isidoro concluye los diversos aspectos en que se manifiesta esta dominación como suelen ser la lengua, la religión, las leyes y constituciones, burocracia, medios de comunicación, fiestas nacionales y el uso de los cuerpos armados y así eliminar esta diversidad y lograr un estado nación homogéneo sin la pluralidad étnico-nacional, empobreciendo las demás "identidades etnico-nacionales" (Moreno 1994:146). Un país que contiene más de una nación no es una nación-estado, sino un estado multinacional, donde las otras culturas se encuentran en situación de dominación por un "etnocracia". (Kymlicka, W.1996:26; Guibernau, M. 1996: 70; Connor, W. 1998: 73) Tomamos el movimiento del grupo Páez, a lo largo de su historia como ejemplo de esta situación, es constante la presencia de fuerzas represoras por parte del estado y sus agentes, o de terratenientes quienes muchas veces con apoyo en la ley impiden a toda costa el restablecimiento -entre otros- de los derechos tradicionales sobre la tierra y su cultura, de importancia fundamental para la supervivencia étnica y sobre quienes se ha mantenido su despojo de manera sistemática. Muchas veces a esta violencia el grupo que resiste responde a su vez con violencia, entonces esta se tilda de terrorista o ilegitima. Así se verá como el grupo guerrillero del Quintín Lame constituido en el Cauca para hacer respetar la vida de los líderes de los cabildos se considera por fuera de la ley, a pesar que básicamente responda a las necesidades de autodefensa. El capítulo quinto está dedicado a estudiar la afrocolombianidad o afro descendencia o identidad cultural de las poblaciones con origen y tradiciones africanas que poblaron el territorio nacional desde la Colonia. Se compendian las discusiones en torno a la vigencia de sus orígenes, tradiciones y supervivencias para poder conceptuar en qué grado su identidad es total o parcialmente africana o corresponde a procesos identitarios sufridos después de su traslado a América que determinan diferencias regionales más que propiedades esencialistas. "La mayor parte de los negros no tienen ni desean una identidad nacional específica. Consideran que tienen derecho a la plena participación en cualquier nación americana. han luchado por la plena e igual participación en la sociedad global. cada vez es más común aceptar que se necesita un nuevo modelo de integración (Kymlicka 1996:44)" Finalmente en el segundo tema del capítulo quinto estudio, a partir del trabajo de campo realizado entre comunidades afrocolombianas, los efectos de artículo 55 transitorio de la nueva Constitución y de la ley 70 de 1993, trabajo de campo realizado en la región del alto Chocó biogeográfico. Es un común decir que si hablamos de territorio y de población negra nos tengamos que referir al Chocó. Es posible que así sea pues el Chocó constituyó durante muchos años, quizá varios siglos, una región del país llamada "marginada", es decir por fuera de la circulación de ciudadanos nacionales y sus mercancías. Por eso podemos considerar a esa región como un área cultural por excelencia de la cultura negra e indígena en Colombia, las cuales interactuaron formando un espacio de intercambios y préstamos. Hoy se discute si la cultura "negra" corresponde a una tradición africana y en tal caso a cuál o cuáles de tantas, hasta el punto de pretender señalar algunas de ellas como las antecesoras directas de los afrocolombianos con una tendencia a resolver el problema de una manera fundamentalista (Wade 1997). Hoy la población chocoana registra algunos rasgos como propios de su cultura entre los cuales se destaca su adaptación al medio ambiente que le ha permitido una óptima conservación de los recursos naturales, una forma de asociación para el trabajo agrícola y minero, y para la apropiación del territorio, ritos funerarios propios, expresiones lingüísticas, folklóricas y de alimentación. Los actuales movimientos sociales giran, ante todo, alrededor de la titulación del territorio como consecuencia de la ley 70 de 1993, aplicación del artículo transitorio 55 de la nueva Constitución. Podríamos establecer como punto de referencia dos momentos importantes de la vida social de las comunidades afrocolombianas del Chocó en general o del Alto San Juan en particular, o la forma tradicional de organización social, especialmente aquella que se da alrededor del trabajo en minga denominado también de la "mano cambiada" o del "tiempo cambiado", o la que se desarrolla hoy a partir de la titulación colectiva de la tierra. Obviamente entre las dos media una historia de cambios y sobresaltos en las condiciones tradicionales de vida. Quizá el más importante de todos por lo menos para el Alto San Juan sea la construcción de la carretera, pues tras ella ingresaron todo tipo de buscadores de fortuna como mineros, madereros y colonos ambiciosos de grandes haciendas y también cazadores de fauna silvestre. Junto con ellos vinieron los tenderos y negociantes del amor y la diversión para entretener la "nueva" sociedad. Esta abrupta transformación dejó muchas consecuencias en las comunidades, no sólo hijos de padres desconocidos, sino una desintegración social que condujo además a la ruina a sus pobladores ante los cambios radicales ocurridos, ya sea por las dificultades ocasionadas para lograr el oro, fruto del sencillo barequeo, sino también en la desaparición de la pesca por el alto grado de contaminación fluvial ocasionada por el mercurio y los efectos negativos sobre la salud por el manejo de aguas detenidas en pozos dejados por la remoción sin contemplación de suelos, propicios para criaderos de zancudos propagadores del paludismo. Podríamos sintetizar las nuevas condiciones de la vida social como resultado de la metalización del intercambio económico. La introducción del jornal minero conllevó la desintegración de la minga y con ella del tiempo cambiado y de la seguridad alimentaria. El pueblo afro chocoano ha sido arrastrado por el capitalismo salvaje a una condición de humillación y desintegración ante la mirada inerme de un agente externo que ha impuesto su "ley" con el respaldo de la única y válida ley de un estado "colonialista". El movimiento social que condujo a la redacción de una nueva constitución política para la nación, milagrosamente, le otorgó nuevas condiciones jurídicas a la realidad multicultural y pluriétnica del país, propiciando la redención del tratamiento de inferioridad dado a los grupos étnicos de indígenas y negros, reconociendo sus características culturales y "legalizando" su apropiación del territorio. Las nuevas normas (Artículo 55 transitorio, Ley 70 de 1993, Decreto 2284 de 1995, Decreto 1745 de 1995, entre otras) han impulsado por parte de líderes que venían actuando en juntas de acción comunal y asociaciones campesinas la creación de consejos comunitarios para gestar la titulación del territorio tradicional que permita el control de sus recursos y favorezca el desarrollo social y económico; sin embargo puede ser el origen de nuevos factores de tensión y conflicto en el ya oscuro escenario de las violencias que afectan al país. Un ejemplo son las tensiones en el Litoral Pacífico entre indígenas y negros por la delimitación territorial por el uso tradicional de los bosques como territorios de caza ancestral sin delimitaciones conocidas y que es motivo de debate en la actualidad. De manera que la tesis presenta el carácter estructural de la composición étnica del país desde su configuración nacional, mostrando los principales cambios ocurridos desde su concepción "racialista", blanqueadora, cristianizante, castellanizante o de integración aculturadora y mestizante, hasta lograr –gracias a las luchas populares expresadas en los movimientos sociales, especialmente de los indígenas Nasa o Páez y Guambianos- una nueva conformación político social e institucional determinada en la nueva Constitución de 1991. Con este fin se estructuran los capítulos. En el primero, marco teórico y metodológico, se definen las categorías y conceptos centrales desde la perspectiva de la antropología política y se resalta el carácter deductivo de su aplicación al análisis de las relaciones interétnicas de la sociedad colombiana; en el segundo la formación del estado nación como triétnico: blanco, indio y negro, y la participación de los distintos elementos que lo integran con el objetivo de lograr la unidad nacional y su identidad; en el tercero se toma el caso del Departamento de Caldas como muestra regional y local del desarrollo del acontecer nacional, especialmente como representación de las costumbres políticas que se demuestran son propias del país. En el capítulo cuarto se desarrolla la historia cultural y política de las étnicas indígenas del Departamento del Cauca –nasa o paez y guambianos– quienes con su tradición de luchas por lograr el respeto de sus territorios y cultura y por medio de la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC vienen a ser abanderados en los cambios constitucionales de 1991 que modifican radicalmente la definición de la nación al aceptar como principio organizativo su carácter multiétnico y pluricultural. En el capítulo quinto se trabaja la identidad afrocolombiana desde los comienzos del nacimiento del estado nación, se establece su importancia y las diferentes tesis acerca de su carácter cultural, para mostrar los efectos que sobre su sobrevivencia como tal, tiene la nueva Constitución tomando como ejemplo las comunidades negras del Alto San Juan. Considero que Colombia ha tenido unas instituciones político-sociales excluyentes, dominadas por un grupo étnico inicialmente criollo –conformado por los descendientes directos de los europeos- que cumplieron del papel de la llamada por Smith (1997) "la etnia lateral" y que posteriormente en un proceso de blanqueamiento de su población, el mestizaje vino a ser el dominante como propósito para el logro de la unidad nacional. Sin embargo sus criterios ideológicos fueron los tradicionalmente excluyentes del periodo colonial representados en el dominio de la iglesia y de la religión católica y con el aval de los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, con el fin de prevenir cualquier cambio revolucionario como se advierte en la definición del estado nación y en los propósitos de la Constitucion de 1886 que prevaleció hasta 1991, cuando por una nueva Asamblea Constituyente se acepta la condición plurietnica y multicultural de país, otorgándole derechos especiales a los grupos indígenas y afrodescendientes tradicionalmente excluidos, rompiendo la posición clásica de la teoría política liberal sobre la universalidad de los derechos. Ante la crisis del sistema político colombiano debido al control de las élites sobre el estado y los vicios producto de su práctica clientelista, de una parte, y por otra, la sobrevivencia cultural a partir de su historia reivindicatoria y del movimiento social en particular de los paeces habitantes del Departamento del Cauca, así como los movimientos sociales y luchas populares de campesinos, obreros, estudiantes y del movimiento armado, se acentuó de tal manera la crisis política que se llegó a la coyuntura necesaria para establecer un nuevo pacto social. Por último, vale la pena señalar que, como hizo Philip Abrams en su artículo "Notas sobre la dificultad de estudiar el estado" del que fui co-traductor para su publicación en Colombia (ver bibliografía), las palabras "iglesia" y "estado" aparecen en minúsculas, excepto en las citas, con el mismo ánimo desmitificador. No así cuando se trata de referencias personales a las autoridades como el Papa, el Presidente, etc.

Invariablemente, y aunque no haya sido su propósito, en muchas ocasiones, en distintos estudios que hay sobre narrativa criminal, policíaca, el espionaje y el thriller se observa un hecho innegable: una confusión teórica sobre lo que son estas cuatro literaturas. Esto ha derivado en una prolongada discusión que no ha ayudado a disipar dicha confusión, sino todo lo contrario, la ha acentuado. Como bien apunta Rodríguez Joulia Saint Cyr (1970: 9) gran parte de los críticos y teóricos reúnen bajo la denominación de una serie de géneros y subgéneros que no corresponden a él. De ahí que dentro de la literatura hispanoamericana se considere novelas policíaca a Ensayo de un crimen (1943-1944) de Rodolfo Usigli, El túnel (1948) de Ernesto Sábato, Yo maté a Kennedy (1972) de Manuel Vázquez Montalbán, La cabeza de la hidra (1978) de Carlos Fuentes o Linda 67: historia de un crimen (1995) de Fernando del Paso, cuando ninguna de ellas lo es. Pero ¿por qué se da esta situación de confusión? Este conjunto de textos, junto a otros más, poseen un gran intercambio de tipologías discursivo-textuales criminales, policíacas, de espionaje y del thriller traspasando las fronteras de estas cuatro literaturas y provocando la ruptura del límite entre lo criminal, policíaco, espionaje y thriller, lo que, finalmente, lleva a toda una serie de confusiones y dudas: si un texto tiene como investigador a un criminal ¿es policíaco? Es indudable que la confusión entre estas cuatro narrativas tiene causas que van más allá de una lectura inadecuada por parte de los lectores: el problema se encuentra a un nivel profundo, en la enorme dificultad por delimitar las fronteras genéricas de ellos y de analizar debidamente las fluctuaciones de los elementos genéricos de cada una. Por tanto, se abre la posibilidad de estudiar el problema del límite entre lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller. Sin embargo, ¿es necesario un estudio de este problema? El problema de la ruptura de las fronteras de las literaturas criminal, policíaca, de espionaje y thriller ha sido estudiado de manera secundaria y casi desapercibida, ya que el denominado «género policíaco» ha «monopolizado» buena parte de los estudios como podemos ver a continuación "The Art of the Detective Story" (1924) de Austin Freeman, Le detectitte novel, et l'influence de la pensée sciéntifique (1929) de Regis Messac, Le roman policier (1941) Roger Caillois, The Art of the Mystery Story (1946) de Howard Haycraft, Petite histoire du roman policier (1956) de Fereydoun Hoveyda, Breve storia del romanzo poliziesco (1962) de Alberto del Monte, Le roman policier (1964) de Thomas Narcejac y Pierre Boileau, "Typology du roman policier" (1966) de Tzvetan Todorov, The Pursuit of Crime (1981) de Dennis Porter o Histoire du roman policier (1996) de Jean Bourdier, entre muchos otros. Mientras tanto, en lengua española se observan trabajos como "Leyes de la narración policial" (1933) y "Los laberintos policiales y Chesterton" (1935) de Jorge Luis Borges, Ensayo sobre la novela policial (1947), el prólogo a Los mejores cuentos policiales mexicanos (1955) y "Qué es lo policíaco en la narrativa" (1987) de María Elvira Bermúdez, Biografía de la novela policíaca (1956) de Juan José Mira, La novela policíaca: síntesis a través de sus autores, sus personajes y sus obras (1973) de César E. Díaz, De la novela policíaca a la novela negra (1986) y La novela policíaca en España (1993) de Salvador Vázquez de Parga, La novela policíaca actual (1990) de Carmen García Pardo, La novela criminal española (1991) de José Valles Calatrava, así como su prólogo "La novela criminal" que realizó Sánchez Trigueros, La novela policíaca española. Teoría e historia crítica (1994) de José T. Colmeiro, El cadáver en la cocina: la novela criminal en la cultura del desencanto (1997) de Joan Ramón Resina, Los héroes de la novela policíaca (2006) de Sergi Echaburu Soler o Poética del relato policíaco: de Edgar Allan Poe a Raymond Chandler (2006) de Iván Martín Cerezo, entre otros. Sin embargo, es posible apreciar investigaciones sobre lo criminal, el espionaje y el thriller: La novela de intriga (1970) de Carlos Rodríguez Joulia St.- Cyr, Bloody Murder. From the Detective Story to the Crimen Novel (1972) de Julian Symons, Thrillers, la novela de misterio (1978) de Jerry Palmer, Le Roman d'espionnage (1983) de Gabriel Veraldi, Panorama du roman d'espionnage contemporain (1986) de Jean-Paul Schweighaeuser, Diccionario de la novela negra norteamericana (1986) y La novela negra (1986) de Javier Coma, The literature of crime and detection: an illustrated history from antiquity to the present (1988) de Waltraud Woeller y Bruce Cassiday o La novela de espías y los espías de novela (1991) de Juan Antonio de Blas. Ahora bien, ya sea en lo criminal, policíaco, espionaje o thriller una gran parte de estas investigaciones se orientan a revisiones historiográficas –sobre todo de lo policíaco– e intentos por definir estas literaturas. Si bien, es cierto que en algunos de ellas existen análisis socio-críticos, semánticos y pragmáticos, sin olvidar algunos hermenéuticos, intertextuales o paratextuales. Realmente son pocos los estudios, y algunos muy desconocidos, respecto a las continuas fluctuaciones de elementos entre lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller. Su evolución ha propiciado que los límites establecidos en ellos se hayan ido desdibujando, en gran medida por el «realismo noir norteamericano», el polar y «neopolar francés» y por disrupciones entre las cuatro narrativas que ha llevado a la aparición de vertientes como la literatura policíaca metafísica, la narrativa psicológica crimino-policíaca, el nuevo realismo socio-crítico criminal o policíaco, el thriller político o la nueva narrativa de espionaje, pero también por narrativas nacionales como la alemana, la escandinava, la italiana, la española, la japonesa, la mexicana, la argentina, entre muchas otras, las cuales han aportado o variado los elementos de lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller a tal punto que difícilmente se percibe una marca divisoria clara y precisa entre ellos cuatro. El hecho concreto es que con estas nuevas vertientes en lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller, los distintos elementos discursivo-textuales que los componen van a transitar libremente entre uno y otro género, violando continuamente la «frontera genérica» entre ellos. El enigma ya no se referirá exclusivamente a quién era el asesino o si el espía/agente secreto podría trastocar los planes del enemigo. Las motivaciones psicológicas, la crítica social, lo fantástico o la metafísica influirán notablemente en ellos. Ahora bien, el propósito de esta investigación se centra en varios objetivos. Primero, un estudio que incluya lo criminal, policíaco, espionaje y thriller dentro de un concepto que hemos denominado «narrativa sensacional de suspense», aunque este esfuerzo no es el primero que se realiza. Ya en el 1970, Carlos Rodríguez Joulia St.- Cyr lo había intentado con La novela de intriga, un estudio de lo policíaco, lo criminal, el espionaje y el misterio, en el cual el propio investigador deja ver un hecho indiscutible: la confusión en torno a qué es lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el misterio, y la cercanía que hay entre estas cuatro narrativas. Sin embargo, Rodríguez Joulia St.- Cyr se concentra de manera exclusiva en buscar los orígenes literarios, así como su desarrollo a nivel histórico. Dos años más tarde, el británico Julian Symons en Bloody Murder realiza interesantes apuntes y acotaciones en torno a lo que llama «sensational literature» y que engloba a textos con "violent ends in a sensational way" Symons (1992: 4) y en el que encontramos textos criminales, policíacos, de espionaje y thrillers, así como nuevos híbridos literarios. Desgraciadamente, Symons no lo estudió con mayor detalle. Hay que precisar que son los estudios de este investigador y autor británico los que sirven como punto de arranque de este estudio. El diseño y empleo de un término como «narrativa sensacional de suspense» no es al azar, responde a una necesidad que aparece debido a una serie de confusiones que se dan alrededor de las definiciones que hay en torno a lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller. En más de una ocasión se hace mención al denominado «género negro» sin especificar debidamente qué es o confundiéndolo: ¿Se trata de la literatura sensacional norteamericana de la primera mitad del siglo XX que incluye la obra de autores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James M. Cain o Mickey Spillane? ¿O, tal vez, es un híbrido literario, producto de las fluctuaciones y combinaciones tipológicas criminales, policíacas, del espionaje y del thriller? El hecho es que ese clima de confusión ha llegado a tal punto que, incluso, se ha llegado a considerar la obra de autores clásicos, como Sir Arthur Conan Doyle, como olvidando el verdadero significado que Todorov (1966) acuña y que se relaciona directamente con la literatura norteamericana sensacional de la primera mitad del siglo XX. Es decir, se cae en un grave error al denominar la obra de Poe, Gaboriau, Christie o Wallace como novela negra, ya que no poseen ninguna característica de esta. A esta confusión se le suma el desconcierto que plantea la narrativa de espionaje y el thriller: ¿dónde incluirlos, en lo policíaco o en la llamada «novela negra» como varios estudios hacen, o es posible plantear que se trata de narrativas con características históricas, semánticas, pragmáticas y genéricas propias? El segundo objetivo es dejar de lado las confusiones en torno al empleo del término «novela negra» al cual sustituiremos por «realismo noir norteamericano». El primero hace referencia a esa literatura norteamericana sensacional que comienza a gestarse a principios de los veinte, y se ajusta al concepto de «realismo» que Raymond Chandler señala en su artículo The Simple Art of Murder (1950) y hace referencia directa a la denominación noir acuñado en la Série Noire, dirigida por Duhamel, a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado. El tercer objetivo se centra en una serie de necesidades de la teoría literaria que solo en ocasiones, y de manera secundaria y casi desapercibida, han sido analizadas: la distinción conceptual entre lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller que lleva, inexorablemente a otro objetivo: al problema del límite y las fluctuaciones fronterizas en la «narrativa sensacional de suspense», es decir entre lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller, sin olvidar los nuevos híbridos literarios tales como el thriller de espionaje o policíaco o la narrativa psicológica crimino-policíaca. A través de un grupo de obras estudiadas observaremos cómo lo que denominamos «límites fronterizos genéricos» son traspasados en dichos textos por las continuas fluctuaciones comunicacionales de los elementos genéricos canónicos que componen lo criminal, policíaco, espionaje y al thriller. No obstante, es necesario establecer ciertos límites al conjunto de textos por analizar, ya que de lo contrario se correría el riesgo de exceder la propia investigación. Son siete las novelas elegidas: El complot mongol (1969) de Rafael Bernal, Noviembre sin violetas (1995) de Lorenzo Silva, Plenilunio (1997) de Antonio Muñoz Molina, Deudas pendientes (2005) de Antonio Jiménez Barca, Ojos de agua (2007) de Domingo Villar, El baile ha terminado (2009) de Julián Ibáñez y La soledad de Patricia (2010) de Carles Quílez, las cuales comparten un elemento temático en común: la investigación. La obra del mexicano Rafael Bernal se extiende a lo largo de más de veintiocho años de trabajo y en él queda constancia de sus grandes inquietudes: el mar, al cual plasma en el libro de relatos Gente de mar (1950) y en El gran océano –inédito hasta 1992–; la selva, la cual cobra vida en el libro de relatos Trópico (1946), en las novelas Su nombre era muerte (1947), Caribal, el infierno verde (1955) y en Tierra de gracia (1963); y lo policíaco, aunque, paradójicamente, este fuera una simple distracción para este autor, ya que solo le dedicaba ciertos momentos para descansar de proyectos más serios, desde su punto de vista. No obstante, Bernal puede ser considerado, con toda justicia, como una de las piedras fundamentales en la aparición y desarrollo de la narrativa policíaca mexicana, sin olvidar el crimen, el thriller y el espionaje, comenzando su periplo en la revista mexicana Selecciones Policías y de Misterio, fundada en 1946 por Antonio Helú, donde se publicarían relatos suyos como La muerte poética o La muerte madrugadora, sin olvidar otros cuentos como Un muerto en la tumba (1946) y La media hora de Sebastián Constantino (1946). Asimismo, Bernal nos presenta a uno de los primeros personajes investigadores amateurs mexicanos: Teódulo Batanes. En Un muerto en la tumba (1946) se descubre en la zona arqueológica Montealban el cadáver de un senador con un puñal de pedernal clavado en el pecho. Uno de los antropólogos, Batanes, es el encargado de resolver el misterio. Resulta curioso observar a este detective miope, desgarbado y que tiene el vicio de usar sinónimos de cuanta cosa dice. Un personaje basado, indudablemente, en la figura del padre Brown de G.K. Chesterton y que aparecería, nuevamente, en la novela corta De muerte natural (1948), en donde Batanes esclarece el homicidio, en un hospital, de una adinerada viuda. Otros textos policíacos de Bernal son El extraño caso de Aloysius Hand y El heroico Serafín, ambas incluidas, junto a De muerte natural, en el libro Tres novelas policíacas, las cuales observan ese estilo clásico de la «novela enigma». Es en 1969 cuando Bernal cambia radicalmente su estilo, alejándose de los esquemas clásicos gracias a la influencia del «realismo noir norteamericano», ofreciendo la obra maestra del thriller de espionaje mexicano: El complot mongol. Respecto a Lorenzo Silva su nombre es ya reconocido dentro de la literatura policíaca gracias a la pareja de guardias civiles conformada por el brigada Rubén «Vila» Bevilacqua, y la sargento Virginia Chamorro, una singular pareja de frustrados: el primero, un psicólogo que jamás logró ejercer como tal; la segunda, hija de un militar, que no logró acceder a ninguna de las academias de los ejércitos –tierra, mar y aire– y que encontró en la Guardia Civil el único resquicio para salvar la tradición militar familiar. El lejano país de los estanques (1998) es el nacimiento de la sociedad conformada por el entonces sargento «Vila» y la novata guardia Chamorro que deberán esclarecer el asesinato de una adinerada joven austriaca en los ambientes nocturnos de un pequeño centro turístico de Mallorca. La pareja aparece de nuevo en El alquimista impaciente (2000) en donde exploran el tema de la corrupción urbanística. En La niebla y la doncella (2002) Vila y Chamorro parten hacia la isla canaria de La Gomera para resolver el asesinato de un joven y que destapará un escándalo para la Guardia Civil. En la antología de cuentos Nadie vale más que otro (2004) Vila y Chamorro se enfrentan a cuatro distintos asesinatos que lo único que les demuestra es que el crimen se da por las situaciones más simple y absurdas. En La reina sin espejo (2005) la pareja de guardias civiles se enfrentan a un caso multipublicitado: el asesinato de una célebre periodista de Barcelona casada con un consagrado escritor catalán. Un caso que abandona los terrenos del crimen pasional y que lleva a Vila y Chamorro por los entresijos de la pornografía, la prostitución y la trata de blancas en Barcelona. La estrategia del agua (2010) nos enseña a un Rubén Bevilacqua ya ascendido a brigada, pero también profundamente decepcionado del sistema judicial español, que tiene que investigar, junto a la también ascendida sargento Virgina Chamorro, el asesinato de un criminal de poca monta y que entraña profundos lados oscuros que deberán averiguar los dos guardias civiles, acompañados de un nuevo compañero: el guardia Arnau. Sin embargo, el contacto de Lorenzo Silva con lo policíaco, y en general con la , no se da exclusivamente con la serie protagonizada por Vila y Chamorro. En La sustancia interior (1996) observamos un thriller histórico, mientras que en Muerte en el "reality show" (2007) dos nuevos investigadores aparecen: la juez Tortosa y el comisario Fonseca, los cuales deberán esclarecer un asesinato cometido «en directo». Asimismo otro texto del escritor madrileño sobresale enormemente: su primera novela Noviembre sin violetas (1995) la cual mantiene un pulso intertextual con La llave de cristal (1931) de Dashiell Hammett. Beatus Ille (1986), la primera novela de Muñoz Molina, recorre ampliamente los terrenos policíacos gracias a su discurso de investigación. No obstante, el texto no pertenece al género policíaco. La interdiscursividad que se presenta en este caso, por sí sola, no es elemento de peso para considerar Beatus Ille una novela policíaca. Hacen falta personajes, temática, ambientación, atmósfera y otros elementos para considerar el texto dentro de lo policíaco. Todo lo contrario sucede en El invierno en Lisboa (1987). Esta novela presenta características mucho más cercanas a lo criminal y a lo policíaco: hechos, acciones, personajes y temática, entre otros elementos, van construyendo una historia que, sin embargo, presenta serias dificultades: ¿es criminal o policíaca? Indudablemente la novela recuerda mucho los antiguos textos del «realismo noir norteamericano», como Cosecha roja o El halcón maltés de Dashiell Hammett, que, en muchas ocasiones, son tan difíciles de definir y clasificar. Una situación que se repetirá en Beltenebros (1989) solo que con mayores dificultades: el texto discurrirá entre lo policíaco, lo criminal, el thriller político y la narrativa de espionaje. En el caso de Los misterios de Madrid (1992) Muñoz Molina ofrecerá una parodia de lo policíaco a partir de un investigador –Lorencito Quesada– que poco o nada tiene que ver con los legendarios private eyes del «realismo noir» o del polar francés. El dueño del secreto(1994) regresa a la problemática presentada en El invierno en Lisboa y Beltenebros: ¿es un texto criminal o policíaco? Cualquier afirmación tajante puede estar errada, ya que, aunque posee algunos elementos propios de ambos géneros, como el discurso, la ambientación y la atmósfera, la novela está en estrecho contacto con la narrativa de espionaje y el thriller político, haciendo muy difícil una clasificación. Dentro de la obra de Muñoz Molina relacionada con lo criminal y lo policíaco, así como con otros géneros afines, encontramos los cuentos Te golpeare sin cólera (1983), El hombre sombra (1983), La colina de los sacrificios (1993), La poseída (1993), Borrador de una historia (1993), La gentileza de los desconocidos (1993) y la novela corta Nada del otro mundo (1993). Pues bien, con Plenilunio (1997) el escritor giennense explora el relato criminal y policíaco de un modo complejo: se adentra en el conflicto psicológico del investigador y del criminal, como lo lleva a cabo el norteamericano Thomas Harris en El dragón rojo (1980-1981) y El silencio de los corderos (1988), pero enlazando también elementos del thriller, el espionaje y el terrorismo. Por lo que se refiere al periodista Antonio Jiménez Barca su obra literaria se traduce en una sola novela: Deudas pendientes (2006), un texto que encierra ciertas complejidades propias del thriller y de lo policíaco. Domingo Villar es un autor gallego que saltó a la palestra en el año 2006 con la publicación de Ojos de agua, protagonizada por el inspector de policía Leo Caldas. Un texto que, como la siguiente aventura de Caldas, La playa de los ahogados (2009), mantiene un esquema clásico: un crimen se ha cometido y es necesario investigarlo y solucionarlo. No es de llamar la atención que este esquema siga siendo popular en la narrativa policíaca en general, ya que dicho esquema es actualizado por los escritores y adaptado a las necesidades de cada texto. Finalmente, la narrativa policíaca en este siglo XXI sigue manteniendo la máxima clásica de . Así pues, tanto en el caso del asesinato del músico Luís Reigosa como el del marinero Justo Costelo, el inspector Caldas continúa con los esquemas clásicos, pero lo interesante es que Domingo Villar le ofrece al lector una visión del complejo entramado psicológico gallego. Es interesante señalar dentro de la obra de Villar el cuento Las hojas secas, incluido en la antología de cuentos La lista negra (2009), compilada por Àlex Martín Escribà y Javier Sánchez Zapatero. En pocas ocasiones se tiene la oportunidad de escribir sobre el personaje-arquetipo del testigo. Pues bien, Domingo Villar es de los pocos que logra hacerlo a través de un ex-presidiario, testigo involuntario de un crimen que lo acosará hasta el día de su muerte. El santanderino Julián Ibáñez comienza en 1980 su andadura por el «sensacional de suspense» con la novela La triple dama, protagonizada por Ramón Ferreol, una antigua estrella de fútbol, un texto que se mueve entre el thriller y lo policíaco. Al año siguiente Ibáñez entregaría La recompensa polaca, pero es en 1983, con No des la espalda a la paloma, cuando Ramón Ferreol vuelve a aparecer en medio del suicidio de un agente de aduanas. En 1986, con Tirar al vuelo, Ibáñez sorprende con un investigador que se aleja totalmente de las convenciones policíacas respecto al personaje del investigador, ya que Novoa no se acerca en lo mínimo a ello. Él es un simple ciudadano común y corriente, un contable, que ve cómo el peligro se aproxima y tiene que tomar cartas en el asunto. Un personaje que protagonizaría Llámala Siboney (1988), Mi nombre es Novoa (1994) y ¿Y a ti, dónde te entierro, hermano? En la década de los noventa, Julián Ibáñez abordaría el espionaje gracias a Bar Babilonia (1991) y continuaría con otras dos novelas policíacas: Doña Lola (1991) y No hay semáforos para los pumas (1995). Ya en el año 2001, Ibáñez ofrece dos nuevos textos. En Manuela Scarface el escritor santanderino aborda la temática criminal de los asaltos bancarios a través de Paco Peña, un joven que trabaja en una sucursal de la Caixa, que una mañana de finales de agosto se ve sorprendido, junto al resto de empleados y clientes, por unos atracadores, por una banda de asaltantes. Pero la verdadera sorpresa de Paco será la de reconocer, a pesar de los disfraces de los delincuentes, a su novia Manuela. Una situación que puede hundirlo, ya que la policía y sus compañeros lo considerarían un cómplice. Mientras tanto, en Entre trago y trago observamos el bajo mundo del crimen, con sus ambientes turbios y corruptos, a través de Maza, un delincuente de poca monta que regenta El Oasis, un club de mala muerte perdido en una carretera de la Mancha. Un texto que nos recuerda los ambientes sórdidos del «realismo noir norteamericano» y el polar francés de los cincuenta. Resulta interesante ver esos ambientes deprimentes en la siguiente novela de Ibáñez: La miel y el cuchillo (2003), de la mano de otro delincuente menor, Florín, un cuarentón con humor crudo perteneciente a ese Madrid tenebroso, por el que este personaje deambulará golpeando y robando. En Los gorilas no bromean con la corbata (2006) observamos a Viriato Ansorena Ruiz, un chico común y corriente que por las noches se transforma en un fotoperiodista de sucesos que busca la noticia que lo encumbre a él y a su padre, sin pensar siquiera que ese descubrimiento puede costarle la vida. Por su parte, Que siga el baile (2006) es un regreso a esa temática policíaca híbrida, en la que el policía Barquín, testigo directo del extraño robo al bar Boom Boom, se verá implicado en una peligrosa investigación, en la búsqueda de las dos extrañas atracadoras. Con Crimen supertranquilo (2007), Ibáñez parece adoptar las convenciones del best-seller: quinientos años después de la expulsión de los judíos de Sefarad –la España hebrea– Rebeca viaja con su padre a Toledo en busca de la casa de sus antepasados. Pero, sorpresivamente, el hombre muere en el Servicio de Urgencias del Hospital. La historia se complica ya que existe la posibilidad de que el padre de Rebeca haya sido asesinado por causa de una antigua llave de oro que se encontraba entre sus pertenencias, robadas, supuestamente, por Pedro, el celador del hospital donde murió el viejo judío. El baile ha terminado (2009) muestra a Ruano Peredo, un policía del Grupo de Localización de Fugitivos, con sede en Gijón, que se verá envuelto en una compleja trama de espionaje en el que estarán involucradas la Guardia Civil, la Ertzaintza y ETA. En El beso del samurái (2009) la temática policíaca continúa dentro de la obra de Ibáñez. Pedro, el ayudante del detective de un hotel, se hace amigo de Helga, una joven alemana. Una amistad que le llevará a involucrarse en una misteriosa trama criminal. La búsqueda de Julián Ibáñez por romper los esquema y paradigmas policíacos la encontramos en Perro vagabundo busca a quién morder (2009) un extraño relato policíaco que, aparentemente, no encierra ningún crimen dentro de la forzada investigación que realiza el misterioso . En 2010, Ibáñez entrega tres nuevos textos en donde la investigación y el crimen se entrelazan de la mano de policías corruptos y delincuentes pragmáticos: Giley, un relato que explota al personaje del sospechoso, encarnado en el policía Cobos; Calle intranquilidad, un viaje hacia ese Bilbao testigo del tráfico de inmigrantes y el negocio de la prostitución y El invierno oscuro, la visión de un joven inmerso en el peligroso mundo de la kale borroka etarra. Por lo que respecta al barcelonés Carles Quílez, su acercamiento a lo «sensacional de suspense» comienza con Atracadores (2002) una antología en la que se observan once distintos cuentos basados, en clave periodística, en los crímenes de las principales bandas de atracadores de Barcelona en los últimos veinticinco años. Una interesante antología que nos enseña una ciudad oculta y sombría, que nada tiene que ver con el destino turístico que de ella se presenta. En Asalto a la virreina (2004), Quílez saca a relucir su identidad periodística al reconstruir un evento criminal sucedido en Barcelona en 1991: el intento de robo de la colección de monedas del Gabinet Numismàtic de Catalunya, instalado en el palacio de la Virreina. Ese rasgo del escritor barcelonés por reconstruir historias a partir de una visión periodística se repite en dos de sus siguientes novelas: Psicópata: un relato basado en personajes y situaciones (2005), en donde un periodista recibe el encargo de componer la historia de un psicópata encarcelado, un trabajo que se transforma en un sombrío reto que nos acerca a la problemática psiquiátrica de los asesinos seriales y su complejo mundo interno y La soledad de Patricia (2010), un texto que se mueve entre el espionaje y el thriller. Piel de policía (2006) se ajusta más a lo policíaco. Lacruz, ex policía que regenta un bar de mala muerte en Barcelona, ve cómo su vida cambia radicalmente a partir del asesinato de Castán, su ex compañero en la policía. Así pues, la elección de El complot mongol (1969), de Rafael Bernal, Noviembre sin violetas (1995), de Lorenzo Silva, Plenilunio (1997), de Antonio Muñoz Molina, Deudas pendientes (2005), de Antonio Jiménez Barca, Ojos de agua (2007), de Domingo Villar, El baile ha terminado (2009), de Julián Ibáñez y La soledad de Patricia (2010), de Carlos Quílez, no es al azar, sino meditada. En estas novelas se puede observar el traspaso de las diferentes fronteras que «separan» lo criminal, lo policíaco, el thriller y el espionaje, es decir la «narrativa sensacional de suspense», lo cual plantea la posibilidad de que no exista alguna frontera. Y, aunque en Ojos de agua se aprecia el esquema policíaco clásico, esto se debe a una razón: es necesario un texto policíaco para que pueda compararse este con uno criminal, un thriller o uno de espionaje y se ponga en evidencia las diferencias entras estas narrativas. Ahora bien, ante la situación de traspaso de fronteras genéricas por parte del grupo de novelas seleccionadas, surge una duda en especial ¿cómo llevar a cabo esta investigación? Una gran cantidad de hipótesis aparecen de inmediato, pero lo cierto es que lo más importante es poseer un método. Generalmente, muchos estudios de lo criminal y lo policíaco, sin olvidar los del espionaje y el thriller, son históricos, compendios a través de los cuales observamos la historia literaria de ambos géneros, así como su desarrollo y evolución. Investigaciones interesantes y valiosas, dado que rastrean obras y autores que habían sido olvidados o estaban ocultos bajo algún seudónimo. Sin embargo, una visión histórica no es suficiente para abordar un problema como el del límite entre lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller que se plantea a partir de El complot mongol, Noviembre sin violetas, Plenilunio, Deudas pendientes, Ojos de agua, El baile ha terminado y La soledad de Patricia. Para ello son necesarias más herramientas de investigación y por eso emplearemos directrices y pautas de análisis histórico, pragmático-hermenéutico, discursivo-textual, semántico y de la teoría del género. En el primer capítulo reflexionaremos sobre los aspectos históricos y para eso se llevará a cabo una revisión histórica literaria de lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller, solo que de una manera algo distinta: separando estas cuatro narrativas Como ya hemos señalado, existe una confusión entre ellas que puede llevar a pensar, como de hecho ocurre, que criminal es sinónimo de policíaco o viceversa, o que el espionaje está supeditado a lo policíaco, todo esto falso. A partir de esta visión histórica apreciaremos cómo se gesta cada narrativa de manera independiente haciendo ver que se trata de manifestaciones literarias distintas. Esto nos permitirá, por un lado, ver dónde se sitúan las novelas estudiadas, es decir, de dónde vienen, cuáles han sido los antecedentes históricos, sus antepasados literarios. Por otro lado, vamos a observar cómo una idea que venimos gestando desde hace varios años ve la luz. La inmensa mayoría de los críticos e investigadores consideran a Edgar Allan Poe como el padre de la novela policíaca, pero se olvidan o no le dan la importancia a un nombre clave sin el que el género, muy probablemente, no habría comenzado a popularizarse y establecerse: Charles Dickens. La labor de Dickens es enorme y, aunque desgraciadamente no podemos analizar su obra criminal y policíaca, es un objetivo claro revalidar su enorme labor haciendo mención de su trabajo. En el segundo capítulo emplearemos la pragmática-hermenéutica como uno de los pilares de análisis del problema del límite de la «narrativa sensacional de suspense» y la fluctuación tipológica en las novelas estudiadas, lo cual hará ver cuáles de estos textos se acercan más a formas híbridas. De igual modo, la pragmática-hermenéutica nos ayudará en otros dos objetivos: analizar las relaciones intratextuales de las novelas de Rafael Bernal, Lorenzo Silva, Antonio Muñoz Molina, Antonio Jiménez Barca, Domingo Villar, Julián Ibáñez y Carles Quílez, pero también las extratextuales, aquellas en las cuales se puede generar la confusión, en las relaciones que mantendrá el texto no solo con el lector, sino con mediadores que pueden resultar nocivos en el proceso comunicacional al generar dicha confusión. Asimismo, y aunque no realizaremos un profundo análisis comparativo, estableceremos relaciones comparativas entre los siete textos elegidos con el fin de evidenciar las diferencias entre lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller. Por lo que se refiere al capítulo dedicado al discurso y al texto es necesario aclarar que se transita por terrenos en los que no hay acuerdos respecto a la definición de ambos conceptos. No es nuestro propósito buscar una definición de ellos, sino reflexionar sobre ambos en base a las definiciones de un grupo de especialistas, y de este modo abordar el problema del límite en base a una confusión ya algo antigua: ¿existe un discurso policíaco, uno criminal o uno de espionaje? ¿Si es así ¿por qué un texto con un discurso policíaco como El maestro de San Petersburgo (1994) de Coetzee, no puede ser catalogado como policíaco? Nuestro interés se centrará en analizar el discurso criminal, policíaco, de espionaje y del thriller y ponerlo en referencia a El complot mongol, Noviembre sin violetas, Plenilunio, Deudas pendientes, Ojos de agua, El baile ha terminado y La soledad de Patricia junto a otros textos para observar cómo aparece el problema del límite, de la mano de una serie de elementos textuales que se mueven de una narrativa –lo policíaco– a otra –el thriller–. Otro pilar fundamental para esta investigación es la semántica. Empleando la semántica de «mundos posibles» y dos teorías de ella, la de Tomás Albaladejo y Lubomír Doležel, se observará cómo se va construyendo un texto ficcional, en este caso las novelas estudiadas, a partir de parámetros comunicacionales. Gracias a este análisis se confirmarán las impresiones pragmáticas: las novelas de Bernal, Silva, Muñoz Molina, Jiménez Barca, Villar, Ibáñez y Quílez se construyen a partir de eventos diametralmente opuestos: el crimen e investigación, terrorismo y espionaje contraterrorista, amenaza y seguridad, pero no bajo regímenes estrictos, sino como un texto en el que dos submundos, de acuerdo a la terminología de Albaladejo, el de los protagonistas y antagonistas de las obras estudiadas se enfrentan. Es imposible cerrar esta investigación sin tocar un tema espinoso en el que no hay grandes acuerdos: el del género. En el último capítulo tenemos el propósito de señalar los elementos genéricos de lo criminal, lo policíaco, el espionaje y el thriller y ver cómo se combinan, ofreciendo las señales del desplazamiento de la frontera entre estas narrativas y el problema de la confusión. También, y gracias a dos modelos genérico-comunicacionales, el de Kurt Spang y el de Jean Marie Schaeffer, tendremos la ocasión de vislumbrar cómo, de manera genérica, tratamos de ubicar las obras estudiadas y de confirmar su carácter híbrido. No obstante, es inevitable que en este capítulo hagamos mención al problema de la definición del género. Es claro que no se pretende dar una respuesta a dicho problema, ya que esto es imposible, pero lo que sí se llevará a cabo será, gracias a las propuestas de Spang, Schaeffer, García Berrio y Huerta Calvo, construir una definición que sea práctica para esta investigación. Igual de importante será observar en este último capítulo un concepto diseñado para esta investigación: el «sensacional de suspense». En ningún momento buscaremos defenestrar a la «novela negra», pero sí analizaremos el problema que aparece al utilizar dicho término, y las bondades que hay en torno al concepto «sensacional de suspense». Hay que aclarar que este estudio no está divido en dos secciones, una de metodología y otra de aplicación. Por el contrario, lo llevaremos a cabo in sito, es decir realizando la metodología y la aplicación conjuntamente. El motivo de esta elección es de carácter práctico, pues en anteriores trabajos de investigación nos ha funcionado correctamente.

El humor gráfico se ha convertido en un fuerte representativo de la cultura argentina, y suele estar notablemente presente en sus medios de comunicación, constituyéndose en una herramienta cuya popularidad se remonta a la publicación de la primera viñeta expuesta en revistas y diarios reconocidos del país. En consecuencia, esta investigación propone analizar el humor gráfico como una herramienta de crítica muy utilizada dentro de los diarios, que a su vez refleja e influye sobre la opinión pública de una sociedad determinada, es decir, este se considera como un elemento clave a la hora de exponer opiniones ante una situación cualquiera.
Con base en el razonamiento anterior, se han escogido tres humoristas gráficos de dos diarios prestigiosos del país como lo son La Nación y Página/12, para que sirvan como objeto de estudio para dicha investigación. Teniendo en cuenta que el humor gráfico es una herramienta de crítica, se ha elegido un período en el cual este haya logrado su fin satírico. Es el caso del año 2001, en el cual la Argentina presentó una de las crisis económicas y políticas más significativas en su historia. Durante los últimos años de la década de 1990 y comienzos del 2000, Argentina atravesaba una de las crisis económico-políticas más difíciles y significativas para el país. Argentina venía sufriendo un estancamiento en el crecimiento, sumado al aumento del déficit corriente y la situación insostenible de la deuda externa, lo que provocaba la desconfianza entre los depositantes y los inversores; asimismo el aumento del riesgo de suspensión de pagos y de devaluación de la moneda aceleraron, los ataques especulativos y provocaron una fuerte fuga de capitales (Bustelo, 2002). Esto refleja la situación crítica de índole económica en la que el país estaba sumergido, lo cual afectó a la población creando descontentos y reclamos ante el gobierno establecido en esa época.
Durante el año 2001 y en especial el mes de diciembre, surgen una serie de sucesos, los cuales llevan a la sociedad a una situación en la que se ven obligados a imponerse, mediante denuncias en las cuales mostraban sus inconformidades ante las medidas tomadas por el gobierno. Lo anterior, con el apoyo de los medios de comunicación, y la prensa específicamente, formó una fuerza detonante que llevó a la renuncia del Presidente Fernando De La Rúa. De aquí surge la mirada sobre el concepto de opinión pública, la cual está presente en la toda la sociedad, y muchas veces juega un papel influyente sobre las actitudes de aquellos que tienen contacto con esta; siendo la opinión pública fuertemente influenciada por los medios de comunicación, como lo es la prensa, la cual tiene gran movimiento de las multitudes quienes se ven afectadas en pro o en contra de sus posturas políticas. De manera que esto permite estudiar la forma en que dos reconocidos diarios argentinos, La Nación y Página/12 manejaban la situación según sus corrientes políticas y su crítica social, destacando cómo estos diarios involucraban el humor gráfico político dentro de sus críticas hacia la crisis del 2001 en la Argentina, y cómo esta de una u otra manera causaba impacto en sus lectores. Lo que desencadena el siguiente interrogante ¿De qué manera los humoristas gráficos, de diario La Nación y Página/12, según sus posturas políticas, influyen en la opinión pública frente a la crisis de 2001 en Argentina?
Es de resaltar que el humor ha representado un estado de rebeldía y resistencia contra el status quo, una mirada avispada para azuzar conciencias, un acto de protesta escondido tras una sonrisa (Von Rebeur, 2002). De esta forma el humor se convierte en la herramienta eficaz para criticar y exponer inconformidades ante una situación cualquiera. De manera que durante la crisis de 2001, el humor gráfico, siendo una expresión ilustrada del humor, logró imponer su crítica ante los hechos vividos durante dicho periodo. Hay que subrayar que el humor ha tenido un impresionante éxito en los peores años de dictadura argentina, para aletargarse en tiempos democráticos (Von Rebeur, 2002). Por lo cual el humor se ha destacado por su presencia en los momentos críticos dentro del país, considerándose así un elemento eficaz para representar por medio de la sátira, la crítica de índole social, política y económica, de forma burlesca e irónica. Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo general investigar de qué manera los humoristas grá- ficos de los diarios La Nación y Página/12 intervinieron a través de su humor político, la opinión pública durante la crisis del 2001 en Argentina, exponiendo así la crítica social, política y económica regida por sus posturas políticas y la línea editorial de cada diario. La investigación se sustenta en cuatro objetivos específicos que buscan analizar de qué manera la línea editorial de los Diarios La Nación y Página/12 se ve reflejada en su humor gráfico. Por consiguiente se busca analizar de qué manera Nik, humorista gráfico de La Nación reflejaba la opinión pública durante el 2001. De igual manera analizar cómo Daniel Paz y Rudy, humoristas gráficos de Página/12 reflejan la opinión pública durante el mismo periodo. El correcto desarrollo de los anteriores objetivos, permitirá concluir con éxito el propósito de la investigación cuya síntesis está basada en analizar la herramienta del humor gráfico dentro de la prensa argentina como medio de opinión publica en un periodo crítico como lo fue la crisis del 2001.
Por lo tanto, la presente investigación formula la siguiente hipótesis: Los humoristas grá- ficos de los diarios La Nación y Página/12 a través de su humor político reafirmaron la perspectiva de inconformismo ante el gobierno e interpretaron la opinión pública con duras críticas de índole políticas y económicas, frente a la crisis del 2001 en Argentina.
En definitiva, esta investigación tiene como principal objetivo conocer de qué manera el humor gráfico se convirtió en una fuente de información a tal punto que logró influenciar de alguna manera la opinión pública durante la crisis de 2001 en la Argentina.

Estado de la cuestión
Para el desarrollo de la investigación es preciso identificar que estudios e investigaciones se han realizados en torno a estas temáticas ya descritas, por lo que se ha desplegado todo un estado de la cuestión que permitirá complementar esta investigación.
El humor gráfico, la crisis del 2001 y la opinión pública en la Argentina han sido estudiados cada uno por separado. La relación existente entre el humor gráfico y la opinión pública, no ha sido explorada, puesto que el humor gráfico se considera como una herramienta utilizada dentro de la prensa, y al ser la prensa un gran influyente de la opinión pública, surge la interrogante ¿hasta qué punto el humor gráfico se convierte en un elemento con poder para representar o influir sobre la opinión pública de una sociedad determinada en un tiempo determinado? Lo anterior permitirá desarrollar esta investigación relacionando las tres temáticas, las cuales, con el avance de los capítulos, se complementarán la una con la otra, logrando finalmente conseguir una respuesta acertada del interrogante.
En los diarios más populares de Argentina el humor gráfico es un instrumento muy utilizado y destacado a la vez, siendo este una fuente de información muy particular. Sin embargo el estudio del humor gráfico argentino no va más allá de su recorrido histórico en los distintos períodos de crisis por los cuales ha atravesado el país, y no se ha tenido en cuenta que el humor gráfico es una herramienta cuyo poder de crítica es valioso ante una sociedad que atraviesa una situación difícil. Se observa además que el humor gráfico dentro de la prensa no ha sido visto por su poder para representar e influir sobre la opinión pública, siendo que es una herramienta capaz de exponer duras críticas a un gobierno con el cual no está de acuerdo. Para el año 2001 Argentina estaba viviendo una de las crisis económicas más significativas, no obstante esta crisis no sólo fue de índole económica, la sociedad y la política claramente se derrumbaron ante esta situación. En cuanto a los estudios realizados que aborden esta temática son en su mayoría enfocados a las causas y consecuencias políticas y económicas, por lo que el humor gráfico aún no ha sido relacionado como herramienta determinante. Por consiguiente, se consultaron aquellas investigaciones sobre el humor gráfico tanto en la Argentina como en otras partes del mundo, de manara que aporten una visión del rol del este como herramienta informativa y de crítica.
De esta forma, Vadillo (2013), ve al humor como fenómeno socio-discursivo el cual es capaz de representar los contornos de una comunidad cultural, lo que a través de sus manifestaciones trasluce la visión del mundo que comparten los miembros de un grupo y la identidad cultural que los caracteriza. Es decir, contempla el humor gráfico como un medio discursivo que involucra a una sociedad cuyos intereses son similares, de manera que refleja las características culturales de un grupo social determinado. Esto permite tomar al humor gráfico como una herramienta capaz de representar aquellas opiniones y conceptos que se tienen de una entidad ya sea política, económica o social, lo cual claramente se puede entonces relacionar con su capacidad de reflejar opinión pública.
En cuanto al humor gráfico mirado desde una perspectiva más general, encontramos la posición de Eva Aladro (2002), quien indica que el humor usa el carácter tópico, formalizado, retórico de las acciones, expresiones o conceptos para percibir diversamente la realidad; afirmando así que no hay plano de acción humana, por serio o por espontáneo que parezca, que no podamos someter a la prueba de su formalización exagerada y por tanto, convertirlo en cosa de risa. Es decir, como el humor gráfico logra burlarse de aquellas situaciones sin importar que tan graves o vulnerables sean, y como logra traspasar la barrera emocional en las personas y de esta forma se convierte en motivo de risa y jocosidad. Esto puede aplicarse para todas aquellas situaciones críticas por las cuales ha cruzado Argentina, especialmente la crisis del 2001, en la cual el humor dentro de la prensa siempre destacó lo sucedido causando siempre una risa en el lector, seguida por una reflexión.
Por su parte Abreu (2001), resalta que se puede aceptar el humor como un modo de juzgar y exponer los diferentes contextos, el cual se caracteriza por tener un enfoque de burla, có- mico, mordaz, e irónico. Este a su vez cita a Torres y García-Pelayo (1967), quienes afirman que la burla es una mofa y presume desprecio y desagrado hacia alguien. La mordacidad carcome, es áspera y picante. El sarcasmo a su vez es una burla cruel o una ironía mordaz. Abreu habla de cómo la caricatura logra ser un mofante satírico e irónico.
Por otro lado los estudios que se enfocan en el humor gráfico en sus distintas representaciones, y en los cuales diferentes autores se han preocupado por explicar en qué consiste y cómo funciona dentro de su campo en alusión a la crítica, desarrolla el concepto de caricatura como una rama del humor gráfico y un concepto clave para esta investigación, es pertinente adentrase en su estudio y en los autores que hayan explorado su rol dentro de la historia. De manera que principalmente se debe empezar por definir dicho concepto. Según Ávila (2002), la caricatura tiende a tener un significado muy amplio delimitándola dentro de una definición muy generalizada como lo es la del diccionario Gran Larousse, el cual afirma que "Una caricatura es una deformación grotesca de una persona por la exageración voluntaria, con intención satírica, de los rasgos característicos del rostro o de las proporciones del cuerpo" (Ávila, 2002, p. 1). Debe tenerse en cuenta que una caricatura puede contener o no esta descripción sin dejar de seguir siendo lo que es. Por lo anterior es importante tener en cuenta como la caricatura hace uso de elementos visuales, en donde representa a un personaje cuyas características le permiten al lector identificar con facilidad a quien se está refiriendo, sin olvidar que esta tiene como principal objetivo la crítica. Por su parte Abreu (2001), afirma que la caricatura, es una sátira que se expone principalmente por medio de una representación gráfica, normalmente acompañada por una leyenda escrita o por uno o varios "globos de dialogo" e inscripciones. Este autor permite ver una noción más técnica en cuanto a la caricatura, pero a la vez reafirma la perspectiva de la caricatura como una herramienta de sátira, es decir capaz de hacer críticas. El concepto anterior lleva a encaminar esta investigación en las ilustraciones basadas en la sátira política realizada para el período de 2001 en Argentina.
Se pueden ver casos importantes donde la caricatura jugó un papel significativo dentro de la historia, por ejemplo en Alemania se implementó el uso de la caricatura durante las guerras; en Francia tomó protagonismo en los Luises y en plena revolución, hasta la época Napoleónica, en la cual el humor no mostró mucho desarrollo. Asimismo indica que un caricaturista especializado nace con el desarrollo de los medios de reproducción gráfica (Ávila, 2002). Es decir, la caricatura ha estado presente desde los episodios históricos modernos de Europa. Con el tiempo la caricatura muestra una evolución en sus estilos y formas gráficas. Además, ha jugado un papel importante dentro de Argentina, sobre todo en sus períodos más difíciles. Por consiguiente ayuda a plantear que el humor gráfico es una herramienta poderosa capaz de transmitir mensajes críticos en cualquier situación que lo disponga.
Por su parte Pedrazzini (2012), comenta que desde hace más de dos siglos, la caricatura política se ha concentrado en descalificar el poder de las jerarquías, mostrando una mirada alterada de la actualidad política, debatiendo y denunciando, con desvergüenza y humor, injusticias y excesos. Desde los regímenes monárquicos hasta los sistemas presidenciales o parlamentarios, el jefe de Estado siempre ha sido el principal objeto de los ataques verbales y visuales de los autores satíricos. Por lo que se puede observar cómo la caricatura política se centra en la crítica de aquellos dirigentes políticos, o un gobierno en general, que de una u otra manera cause en la sociedad apatía, por lo que permite una crítica verbal y visual por parte de los humoristas.
Esto permite adentrar el estudio en lo que a la historia argentina respecta, ya que esta investigación está basada en un periodo crítico de dicho país, por consiguiente se necesita retomar una visión más amplia de cómo el humor ha sido desarrollado a lo largo de país. Ávila (2002) afirma que en la Argentina se comienzan a ver la aparición de toda una serie de diarios y revistas con una línea humorística y satírica que hacen de la caricatura, una herramienta en la cual todavía primaban las masas populares analfabetas o de origen aluvional, su principal manera de mostrar aquellos problemas sociales con fines de oposición política. De esta forma se observa el papel del humor gráfico como elemento clave dentro de los medios informativos de una sociedad, ya que este es capaz de llegar a todo tipo de público. Por ende, permite centrar esta investigación en el humor gráfico como medio masivo de información que al ser capaz de llegar a una gran parte de la sociedad se convierte en una herramienta perfecta para lograr influenciar de forma moderada las opiniones y posturas de su público. A pesar de las censuras y prohibiciones, el humor político tiene un mayor desarrollo dentro de las épocas de los gobiernos democráticos y a su vez, aquél va tomando nuevas formas. "Esta modalidad gráfica se ha transformado en sus técnicas, adoptando por imperio de la cultura audiovisual, nuevas modalidades gráficas, pero sigue estando al servicio de los discursos opositores y ridiculizantes de los políticos de turno" (Ávila, 2002, p. 2).
Por consiguiente se toman aquellas investigaciones cuyos enfoque se basó en recorrer cronológicamente al humor gráfico, desde sus inicios en la Argentina, destacando así aquellos momentos claves que influenciaron dentro del desarrollo de este, lo cual permite reconocer el papel del humor dentro de situaciones específicas dentro y fuera de la Argentina. Matallana (1999), comenta, que el humor gráfico dejó sus huellas en el periodismo argentino para el periodo de 1800, surgiendo así las primeras caricaturas impresas en volantes, y para 1830 se edita una publicación importante para la época conocida como El toro del once, la cual se enfocaba fuertemente en la crítica política. Lo anterior permite ver como en Argentina el rol del humor gráfico ha girado en torno a la crítica política, lo cual sugiere pensar que esta herramienta puede ser igual de útil durante los períodos más modernos en Argentina, como lo fue la crisis del 2001. Este autor relata que "Con la caída de Juan Manuel de Rosas en febrero de 1852 y el triunfo de Urquiza, comienzan a surgir publicaciones que combinaban los comentarios políticos serios y jocosos con caricaturas".
(Matallana, 1999, p. 30). Por consiguiente vemos como el humor a través de ilustraciones estaba presente en las publicaciones desde las épocas más remotas, y como estas a la par de una noticia formal, solían transmitir aquellas notas políticas de lo que acontecía en aquél entonces. Gutiérrez (1999) propone cronológicamente el inicio del camino de la sátira editada en la Argentina, la cual se le atribuye a Fray Francisco de Paula Castañeda, un catedrático en filosofía, a quien se le presumen los primeros volantes satíricos en el tiempo de la colonia. El autor relata que para los años 1828 se funda la primera litografía del país, y que en 1835 se edita el Diario de anuncios y publicaciones oficiales de Buenos Ayres, siendo así la litografía la base fundamental para el desarrollo y rápida difusión de la caricatura. De manera que los medios impresos siempre han jugado un papel importante en la difusión del humor gráfico, lo cual facilita que este llegue de forma rápida y masiva a la sociedad.
Aparecen para los siguientes años una serie de diarios satíricos entre los que se destacaba Aniceto el gallo, en defensa del unitarismo; para el año 1863 aparece uno de los diarios más significativos en cuanto al humor satírico se refiere, El Mosquito (Matallana, 1999). Es claro que la Argentina hizo uso de la herramienta del humor para retratar aquellas épocas políticas nada favorables para el país, dando así paso a una tradición periodística que hoy en día sigue siendo vigente en cuanto a la información y crítica política se refiere.
El mosquito se podría denominar entonces como el primer periódico de sátira política de carácter profesional que acogió a la caricatura como su principal herramienta expresiva, además se puede considerar a este diario como el periódico que hizo de la caricatura un burlante, ya que lo instaló en sus páginas en forma permanente, permitiéndole ser un gran registro documental gráfico de la política argentina desde mediados del siglo XIX hasta la segunda década del XX (Gutiérrez, 1999).
Gutiérrez también afirma que la historieta había ganado un espacio significativo dentro de los periódicos, en los cuales las ilustraciones se convertirían en recurso extraordinario para captar lectores y para llegar sus mensajes a una mayoría analfabeta, definido como un medio para hacer propaganda en contra de o a favor de. Esto le permite a esta investigación centrarse en cómo los diarios a través de su humor logran llegar a toda sociedad, convirtiéndose en una herramienta valiosa a la hora de transmitir un mensaje. Por consiguiente sustenta que el humor gráfico puede catalogarse como una herramienta de suma importancia ya que el uso de un ilustrado lo convierte en un lenguaje universal, permitiéndole llegar a todo tipo de público.
El 31 de diciembre de 1869 se funda La Nación Argentina, y este le da paso a La Nación, lo cual permite la progresiva profesionalización del periodismo; resistiéndose así durante décadas a la publicaciones de ilustraciones (Gutiérrez, 1999). Es importante conocer de qué manera el humor gráfico se fue instalando en la Argentina, y cómo este pasa a ser visto como un medio informativo de gran importancia y cómo desde sus principios utilizó la sátira política como principal eje temático.
No obstante la caricatura ha estado presente a nivel internacional, siendo participe de muchos periodos significativos de diferentes países. Un ejemplo claro del uso de la caricatura como medio de crítica se vio claramente en México, durante la revolución de 1910; en donde la sátira, para conmover a las grandes mayorías, llegó a parodiar algunas imágenes aparecidas en El hijo de ahuizote, en donde los distintos artículos estaban referidos a los derechos del hombre. Estas representaciones gráficas, mostraban precisamente la situación contraria a las garantías otorgadas (Gonzáles, 1955). Manuel Gonzáles, comenta que las caricaturas referentes a violaciones que se cometieron en contra de la constitución, estaban dirigidas a cambiar la pasividad del pueblo mexicano, demostrando que todas las leyes vigentes y fundamentales no eran más que unos simples enunciados teóricos carentes de aplicación.
Según Gonzáles (1955) el pueblo se sintió impresionado por las insinuaciones plásticas de las caricaturas en las que las leyes se esfumaban para dar lugar a la ley fuga, a los mandamientos de la santa iglesia y a los diezmos y caprichos. Tanto fue que varios periódicos ilustrados de oposición adoptaron la práctica de dibujar un personaje que se repitiera en las caricaturas, dicho personaje llevaría entonces el nombre de la propia publicación, El hijo del Ahuizote o El colmillo Público, este representaba al pueblo oprimido por la imposición y que sufría los maltratos de las autoridades. Los caricaturistas, pretendían humanizar los distintos valores con el fin de impresionar a las masas y lograr que estas reaccionaran ante la opresión. Siguiendo con su sentido político, aprovecharon también las motivaciones religiosas que llegaban más directamente al pueblo, tocando así las fibras más arraigadas de su católica conciencia (Gonzales, 1955). De esta manera vemos como el humor gráfico ha estado presente no solo en la Argentina sino también en distintos países, como en el caso de México, siendo una herramienta fundamental en los momentos críticos en lo que a la política y la sociedad se refiere. Entonces, de esta manera se ve cómo la caricatura ha sido un elemento cuyo poder de crítica ha impactado fuertemente y se ha convertido en un medio informativo aceptado por la sociedad.
Vásquez (1987), comenta que para los años de 1940 los argentinos se encontraban muy receptivos a lo que al humor se refiere ya que para esa época en Europa se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, y era una forma de contrarrestar las deprimentes informaciones de tal situación; Vázquez relata que para este periodo el humor comenzó a tener cada vez más cabida tanto en las revistas como en los diarios de la época, destacando así revistas tales como, La Razón, La Cancha, Cara Sucia entre muchas otras más, y dentro de los diarios se puede resaltar El Pampero que se destacó por la aparición de historias como, Bien porteño de Lubrano, Virola de Gonzáles y Carocito de seguí. Dentro de este libro se mencionan las diferentes décadas y cómo el humor gráfico maneja cada situación vivida dentro o fuera del país que de algún modo afectaba a este. Como anteriormente ya se había dicho, el humor gráfico está visto desde un punto de vista más histórico sin abordar características técnicas tales como el estudio del discurso o los elementos visuales que lo componen.
Levín (2012), relata que para el año 1982 la Argentina se ve en medio de una importante crisis del régimen militar la cual es percibida como una inminente antesala a la reapertura democrática, crisis a la que se le superponían los devastadores efectos de la política econó- mica aplicada por el gobierno desde tiempo atrás, por lo cual el autor afirma que la prensa y los medios gráficos desempeñaron un rol esencial en la movilización de la población, al ser estos importantes medios de propagación de la información, que muchas veces esta estuvo manipulada y corrompida por el gobierno de la época, pero a la vez logró difundir el discurso oficial impulsando una campaña inclinado a fortalecer el ideal de comunidad nacional recuperada. Puesto que Levín, fundamenta la intención de esta investigación, la cual busca designar al humor gráfico como una herramienta que al encontrarse dentro de la prensa, logra tener la fuerza suficiente para influir en las actitudes de aquellos lectores, es decir influenciar la opinión pública. La autora centra su investigación sobre el diario Clarín y cómo este a partir de su humor retrató todo lo sucedido para ese año. Por lo que afirma que el humor gráfico del diario Clarín participó en gran medida del fenómeno de "malvinización" mostrando una considerable pregnancia de la temática tanto en los cartoons del cuerpo del diario como en los cartoons y tiras diarias de la contratapa, impacto que hasta ese momento ningún suceso había producido de ese modo en el espacio humorístico del matutino (Levín, 2012). Este artículo claramente resulta ser de gran aporte, ya que la autora hace el análisis de cómo las caricaturas expuestas dentro del diario Clarín, un diario argentino de suma importancia y con una gran trayectoria dentro del país, lograron adentrarse dentro de toda la problemática, convirtiéndose en una herramienta comunicacional de largo alcance y con efectos sobre los lectores. Y afirma que el humor gráfico del diario también aportó para que se dieran aquellas manifestaciones anticolonialistas, retomando de este modo el viejo tópico del colonialismo (Levín, 2012).
Todos estos estudios realizados sobre el humor gráfico en la Argentina y el mundo, permiten obtener una visión clara del rol que este ha desempeñado durante los distintos períodos de conflicto políticos, dentro de las cuales están dictaduras, guerras mundiales, crisis políticas y económicas, etc., las cuales fueron tema central de los diarios y por ende del humor que estos contenían. De manera que el humor gráfico suele ser una herramienta masiva e importante a la hora de criticar y denunciar situaciones con las que una sociedad no está acuerdo. Por lo anterior, se puede centrar esta investigación en la crisis del 2001, al ser este un periodo crítico del país, en el cual el humor gráfico al igual que en otros periodos ha logrado destacarse. Cabe resaltar que el humor gráfico es un elemento relevante dentro los diarios argentinos, siendo así el humor una herramienta utilizada de muchas maneras; ahora bien, debemos mirar cómo un periodo tan difícil como lo fue la crisis del 2001, fue abordado por el humor y cómo este logró cumplir su función de crítica; teniendo en cuenta la manera en cómo el humor gráfico critica a las tensiones y las acciones que en aquel momento estaban afectando al país y a su población.
Es de suma importancia observar el medio en el que el humor gráfico es expuesto. En este caso, son los diarios argentinos los cuales tienen una trayectoria histórica de suma importancia en lo que al país respecta. Para esta investigación se tomaron dos diarios que difieren ideológicamente de manera que, esto permite una diferenciación en la reproducción de su humor. Follari (2003), comenta que a nivel gráfico se pueden destacar tres diarios muy participativos durante la crisis del 2001 en la Argentina. El más tradicional, el Diario La Nación, que representó históricamente a la gran burguesía ganadera argentina y que se ha quedado un tanto sin perfil tras la notable caída del peso histórico de ese sector social y de su antigua modalidad cultural, aun cuando se mantiene fiel a su inveterado conservadorismo. Como su antagónico en el aspecto ideológico, se destaca al diario matutino Página/12, con lectores primordialmente procedentes de las clases medias ilustradas y profesionales, que sostienen una importante capacidad de denuncia en torno a cuestiones de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Cuando De la Rúa es tumbado del gobierno hubo unanimidad por parte de los medios, los cuales referían que "se iba un gobierno inerme e impotente, por sus propias contradicciones y carencias" (Follari, 2003). Ningún medio informativo lo defendió, y en los medios más de derecha se notó una pretendida justificación ante la violencia policial que se estaba dando en aquel momento, sin remitir a ningún caso concreto pues la pueblada aparecía claramente como pacífica y legítima. De forma que se ve cómo estos dos diarios jugaron un claro papel en donde sus enfoques iban claramente en direcciones diferentes como para no decir opuestas. Estos dos matutinos son el objeto de estudio para observar cómo el humor gráfico de cada uno se diferenciaba según sus ideologías y público al que iba dirigido, permitiendo así una diferenciación en la forma de crítica que estos dos diarios manejaban.
Es de importancia adentrar en el tema de los medios de comunicación, ya que dentro de esta investigación es pertinente indagar sobre el rol de estos en la sociedad.
De ahí surge plantear cómo diferentes autores dentro de sus investigaciones han tomado el concepto de opinión pública y lo han relacionado con los medios de comunicación y más precisamente con la prensa, la cual es el objeto de estudio de esta investigación. Por ende se toma a Loaiza (2010), quien comenta que a partir de 1808 se presentaron cambios evidentes en la producción y circulación de periódicos en Hispanoamérica, por lo cual los prospectos de los periódicos de aquel entonces y la legislación sobre libertad de imprenta de los años 1808 y 1815, confirman una intensa mutación entre el personal letrado que admitía la importancia persuasiva y didáctica de la prensa. Esto permite conocer como la prensa desde siglos atrás es considerada como una fuente con el suficiente poder persuasivo sobre la sociedad. Por lo que para empezar a mirar la historia de la opinión pública se le debe considerar a estos años como una primera etapa en la cual se volvieron necesarios el taller de imprenta, las libertades en el ejercicio de la opinión, la difusión escrita de impresos publicados con alguna regularidad (Loaiza, 2010). De aquí comienza a surgir una relación clara entre la prensa y la opinión pública, la cual a pesar de los años sigue siendo visible, transmutando a los diversos medios comunicacionales existentes.
Floyd (2009), comenta que el término opinión pública tiene significado en torno a una situación multi-individual en la cual cada individuo se expresa, mostrándose a favor de y apoyando o por lo contrario en contra de y oponiéndose a alguna situación, persona o propuesta, específicas y de importancia general, y según la proporción de número, la intensidad y la constancia que tenga, es posible que influyan, ya sea directa o indirectamente, sobre la acción hacia el objeto en cuestión. Por lo que para que haya opinión pública debe de ser un asunto de importancia universal. No basta con tener solo interés, la situación ha de poner en juego necesidades o deseos básicos (Floyd, 2009). De manera que es posible aplicar esta noción sobre la actual investigación, al entender que para que exista opinión pública, esta debe tener un consenso, lo cual dispone que exista un asunto cuya afectación sea de tipo masivo dentro de la sociedad, y que esté a la vez este en pro o en contra de ella. Básicamente esto se pudo observar en el año 2001 en la Argentina; toda la sociedad, sin distinguir clase social, de una u otra manera se veía afectada por las medidas tomadas por el gobierno de aquel entonces, lo que claramente llevó a el notable acuerdo en el descontento existente en contra de un gobierno.
Por su parte Plut (2014), afirma que la opinión pública no consiste solo de cómo se agrupan expresiones semejantes entre sí, sino que aquella se alimenta de la tendencia de ciertos sujetos a no ser, cada uno, el único que piensa de tal o cual modo. Por lo que este autor refiere a la opinión pública como un hecho que va más allá de consensuar aquellas perspectivas similares, si no que la contempla como el resultado de todo un entorno influenciado por ciertos sujetos o entidades, afirmando que es casi imposible la existencia de una única persona que piense de alguna manera. De esta forma Plut, hace referencia a dos autores cuya noción del concepto de opinión pública permite entender la relación de la prensa con aquella. Allport (1937) y Bouza(2004), han señalado que lo que se suele llamar opinión pública, corresponde más bien a la opinión publicada, lo cual da soporte a la noción sobre la existencia de una clara influencia por parte de los medios. Por lo tanto, esta investigación se fundamenta básicamente en tomar un elemento clave de la prensa, como el humor gráfico, cuyo poder de crítica puede ser lo suficientemente capaz de influir sobre esta. Por ende se encaminará en entender como los medios escritos, logran persuadir a tal punto que suelen decidir cuál y qué es la opinión pública, permitiendo desarrollar el concepto de Agenda setting, el cual ayuda a esta investigación a entender como los medios de comunicación suelen ejercer cierta autoridad en la información que se difunde a la sociedad.
Todas estas investigaciones permitirán abordar la temática desde un punto de vista más completo, es decir que permite conocer al humor gráfico como una herramienta que tiene gran valor dentro de la prensa Argentina, siendo ésta como ya se había mencionado, capaz de incurrir sobre actitudes y posiciones del lector ante una situación determinada. Es por ello que este estado del arte se planteó desde un punto de vista tanto cronológico como conceptual, ya que es importante conocer la incidencia del humor sobre la sociedad y a su vez la noción más técnica sobre conceptos claves que ayudaran a la posible relación entre humor, crisis y opinión pública.
Por consiguiente esta investigación tendrá como periodización los años anteriores y posteriores a la crisis del 2001, es decir se abordará la problemática desde sus inicios en 1999 hasta el 2003, que resultan ser los años de inicio de la crisis y el año en el cual Argentina logra reponerse medianamente de esta. Por otra parte esta investigación está centrada bajo la línea temática de historia y tendencias, ya que contiene un fuerte enfoque en cuanto a la historia argentina respecta, tanto de índole social, política y económica, como el rol que desempeñó el humor gráfico desde sus inicios hasta el período de crisis de 2001 en el país.

Recorrido descriptivo de los capítulos
Esta tesis está organizada en cuatro capítulos que conforman el marco teórico, a su vez cuenta con la metodología planificada para la comprobación de la hipótesis anteriormente nombrada.
El capítulo I, el cual tiene como título, Crisis contemporáneas en Argentina, por lo que al ser esta investigación un análisis del humor gráfico durante la crisis del 2001 en Argentina, es importante relatar brevemente lo sucedido durante este período, el cual resulta ser el objeto perfecto para que el humor gráfico desencadene su rol de crítica, ya que este bá- sicamente utiliza su contenido satírico para denunciar aquellos actos que resultan causar inconformidad a la sociedad en general, de manera que permite reflejar la opinión pública sobre lo que estaba aconteciendo en dicho período.
Para este capítulo se aborda un poco la historia política de Argentina, lo cual ayuda a entender a fondo las causas de lo sucedido en el 2001. Asimismo se describirá la manera en cómo los diarios Página/12 y La Nación (al ser el objeto estudio de esta investigación) y otros diarios argentinos, abordaron y enfrentaron toda la crisis durante el período del mes de diciembre, lo cual permitirá ampliar la perspectiva de lo que ocurría en dicho periodo, viendo la manera de cómo se hacía frente a la situación dependiendo de las inclinaciones propias de cada diario. Los diarios y la comunicación en masas, es el segundo Capítulo de esta investigación, el cual está basado en la comunicación en masas como concepto clave para completar el estudio en cuanto a los diarios respecta, es decir esto permite ver cómo la prensa funciona y cómo está pensada para desempeñar su rol como fuente de información. Asimismo, se hace una reseña de la historia de los diarios argentinos y en especial los dos en cuestión, Página /12 y La Nación. Por lo que se describe desde sus inicios, sus inclinaciones y su línea política, lo cual permite entender el modo en el que su humor gráfico político está pensado. Este capítulo es de suma importancia ya que da paso a toda la investigación sobre el humor gráfico como herramienta clave dentro los diarios y asimismo abordar el concepto de opinión pública y la prensa. Es clave desarrollar este concepto, ya que a través de este se sentarán las bases necesarias para el fácil entendimiento de los capítulos posteriores. El Capítulo III, Humor gráfico y la prensa argentina, está centrado en el concepto de humor gráfico como eje principal de esta investigación, de manera que se expondrán las distintas concepciones que existen de este. Asimismo se toma la caricatura al ser la técnica mayormente utilizada por los humoristas gráficos. De igual manera es importante hacer una reseña cronológica del papel que ha jugado el humor gráfico dentro de la prensa argentina, puesto que ayudará a entender cómo este ha manejado situaciones de crisis anteriormente en el país.
De ahí se parte a especificar la utilización del humor gráfico dentro de los diarios La Nación y Página/12, lo cual deriva a una pequeña reseña biográfica de los humoristas a investigar, Nik y Daniel Paz y Rudy respectivamente.
Finalmente el cuarto Capítulo, titulado La opinión pública, está fundamentado en el concepto clave de opinión pública, el cual funciona como puente para entender de qué manera el humor gráfico resulta ser una herramienta importante para la crisis del 2001. De esta forma se analizará el concepto de opinión pública, su función en la sociedad y su rol en los medios de comunicación, más precisamente en la prensa, lo cual permite responder a cómo la opinión pública y la prensa se relacionan, y cómo la opinión pública suele ser influenciada por los medios impresos, desatando un concepto clave como lo es la agenda setting, el cual permitirá entender la presión causada por los medios de comunicación sobre la sociedad. De manera que siendo el humor gráfico una herramienta recurrida dentro de los diarios argentinos, se proseguirá a observar que relación guarda el humor gráfico político y la opinión pública, de modo que permitirá conocer hasta qué punto el humor político es capaz de reflejar o influenciar la postura de una sociedad.
Para la metodología desarrollada para esta investigación, se distinguen dos herramientas de recolección datos, las cuales fueron diseñadas comprobar la hipótesis correspondiente. Por consiguiente, se realizó entrevistas a personas especializadas en los campo del humor gráfico, historia contemporánea argentina y periodistas dentro del área de la opinión pública. Como segunda herramienta se analizó las viñetas expuesta en los diarios La Nación y Página/12, durante el año de 2001. De manera que, se observó cómo estos dos diarios hicieron frente con su crítica a los acontecimientos de dicho periodo.

El humor gráfico se ha convertido en un fuerte representativo de la cultura argentina, y suele estar notablemente presente en sus medios de comunicación, constituyéndose en una herramienta cuya popularidad se remonta a la publicación de la primera viñeta expuesta en revistas y diarios reconocidos del país. En consecuencia, esta investigación propone analizar el humor gráfico como una herramienta de crítica muy utilizada dentro de los diarios, que a su vez refleja e influye sobre la opinión pública de una sociedad determinada, es decir, este se considera como un elemento clave a la hora de exponer opiniones ante una situación cualquiera. Con base en el razonamiento anterior, se han escogido tres humoristas gráficos de dos diarios prestigiosos del país como lo son La Nación y Página/12, para que sirvan como objeto de estudio para dicha investigación. Teniendo en cuenta que el humor gráfico es una herramienta de crítica, se ha elegido un período en el cual este haya logrado su fin satírico. Es el caso del año 2001, en el cual la Argentina presentó una de las crisis económicas y políticas más significativas en su historia. Durante los últimos años de la década de 1990 y comienzos del 2000, Argentina atravesaba una de las crisis económico-políticas más difíciles y significativas para el país. Argentina venía sufriendo un estancamiento en el crecimiento, sumado al aumento del déficit corriente y la situación insostenible de la deuda externa, lo que provocaba la desconfianza entre los depositantes y los inversores; asimismo el aumento del riesgo de suspensión de pagos y de devaluación de la moneda aceleraron, los ataques especulativos y provocaron una fuerte fuga de capitales (Bustelo, 2002). Esto refleja la situación crítica de índole económica en la que el país estaba sumergido, lo cual afectó a la población creando descontentos y reclamos ante el gobierno establecido en esa época. Durante el año 2001 y en especial el mes de diciembre, surgen una serie de sucesos, los cuales llevan a la sociedad a una situación en la que se ven obligados a imponerse, mediante denuncias en las cuales mostraban sus inconformidades ante las medidas tomadas por el gobierno. Lo anterior, con el apoyo de los medios de comunicación, y la prensa específicamente, formó una fuerza detonante que llevó a la renuncia del Presidente Fernando De La Rúa. De aquí surge la mirada sobre el concepto de opinión pública, la cual está presente en la toda la sociedad, y muchas veces juega un papel influyente sobre las actitudes de aquellos que tienen contacto con esta; siendo la opinión pública fuertemente influenciada por los medios de comunicación, como lo es la prensa, la cual tiene gran movimiento de las multitudes quienes se ven afectadas en pro o en contra de sus posturas políticas. De manera que esto permite estudiar la forma en que dos reconocidos diarios argentinos, La Nación y Página/12 manejaban la situación según sus corrientes políticas y su crítica social, destacando cómo estos diarios involucraban el humor gráfico político dentro de sus críticas hacia la crisis del 2001 en la Argentina, y cómo esta de una u otra manera causaba impacto en sus lectores. Lo que desencadena el siguiente interrogante ¿De qué manera los humoristas gráficos, de diario La Nación y Página/12, según sus posturas políticas, influyen en la opinión pública frente a la crisis de 2001 en Argentina? Es de resaltar que el humor ha representado un estado de rebeldía y resistencia contra el status quo, una mirada avispada para azuzar conciencias, un acto de protesta escondido tras una sonrisa (Von Rebeur, 2002). De esta forma el humor se convierte en la herramienta eficaz para criticar y exponer inconformidades ante una situación cualquiera. De manera que durante la crisis de 2001, el humor gráfico, siendo una expresión ilustrada del humor, logró imponer su crítica ante los hechos vividos durante dicho periodo. Hay que subrayar que el humor ha tenido un impresionante éxito en los peores años de dictadura argentina, para aletargarse en tiempos democráticos (Von Rebeur, 2002). Por lo cual el humor se ha destacado por su presencia en los momentos críticos dentro del país, considerándose así un elemento eficaz para representar por medio de la sátira, la crítica de índole social, política y económica, de forma burlesca e irónica. Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo general investigar de qué manera los humoristas grá- ficos de los diarios La Nación y Página/12 intervinieron a través de su humor político, la opinión pública durante la crisis del 2001 en Argentina, exponiendo así la crítica social, política y económica regida por sus posturas políticas y la línea editorial de cada diario. La investigación se sustenta en cuatro objetivos específicos que buscan analizar de qué manera la línea editorial de los Diarios La Nación y Página/12 se ve reflejada en su humor gráfico. Por consiguiente se busca analizar de qué manera Nik, humorista gráfico de La Nación reflejaba la opinión pública durante el 2001. De igual manera analizar cómo Daniel Paz y Rudy, humoristas gráficos de Página/12 reflejan la opinión pública durante el mismo periodo. El correcto desarrollo de los anteriores objetivos, permitirá concluir con éxito el propósito de la investigación cuya síntesis está basada en analizar la herramienta del humor gráfico dentro de la prensa argentina como medio de opinión publica en un periodo crítico como lo fue la crisis del 2001. Por lo tanto, la presente investigación formula la siguiente hipótesis: Los humoristas grá- ficos de los diarios La Nación y Página/12 a través de su humor político reafirmaron la perspectiva de inconformismo ante el gobierno e interpretaron la opinión pública con duras críticas de índole políticas y económicas, frente a la crisis del 2001 en Argentina. En definitiva, esta investigación tiene como principal objetivo conocer de qué manera el humor gráfico se convirtió en una fuente de información a tal punto que logró influenciar de alguna manera la opinión pública durante la crisis de 2001 en la Argentina. Estado de la cuestión Para el desarrollo de la investigación es preciso identificar que estudios e investigaciones se han realizados en torno a estas temáticas ya descritas, por lo que se ha desplegado todo un estado de la cuestión que permitirá complementar esta investigación. El humor gráfico, la crisis del 2001 y la opinión pública en la Argentina han sido estudiados cada uno por separado. La relación existente entre el humor gráfico y la opinión pública, no ha sido explorada, puesto que el humor gráfico se considera como una herramienta utilizada dentro de la prensa, y al ser la prensa un gran influyente de la opinión pública, surge la interrogante ¿hasta qué punto el humor gráfico se convierte en un elemento con poder para representar o influir sobre la opinión pública de una sociedad determinada en un tiempo determinado? Lo anterior permitirá desarrollar esta investigación relacionando las tres temáticas, las cuales, con el avance de los capítulos, se complementarán la una con la otra, logrando finalmente conseguir una respuesta acertada del interrogante. En los diarios más populares de Argentina el humor gráfico es un instrumento muy utilizado y destacado a la vez, siendo este una fuente de información muy particular. Sin embargo el estudio del humor gráfico argentino no va más allá de su recorrido histórico en los distintos períodos de crisis por los cuales ha atravesado el país, y no se ha tenido en cuenta que el humor gráfico es una herramienta cuyo poder de crítica es valioso ante una sociedad que atraviesa una situación difícil. Se observa además que el humor gráfico dentro de la prensa no ha sido visto por su poder para representar e influir sobre la opiniónpública, siendo que es una herramienta capaz de exponer duras críticas a un gobierno con el cual no está de acuerdo. Para el año 2001 Argentina estaba viviendo una de las crisis económicas más significativas, no obstante esta crisis no sólo fue de índole económica, la sociedad y la política claramente se derrumbaron ante esta situación. En cuanto a los estudios realizados que aborden esta temática son en su mayoría enfocados a las causas y consecuencias políticas y económicas, por lo que el humor gráfico aún no ha sido relacionado como herramienta determinante. Por consiguiente, se consultaron aquellas investigaciones sobre el humor gráfico tanto en la Argentina como en otras partes del mundo, de manara que aporten una visión del rol del este como herramienta informativa y de crítica. De esta forma, Vadillo (2013), ve al humor como fenómeno socio-discursivo el cual es capaz de representar los contornos de una comunidad cultural, lo que a través de sus manifestaciones trasluce la visión del mundo que comparten los miembros de un grupo y la identidad cultural que los caracteriza. Es decir, contempla el humor gráfico como un medio discursivo que involucra a una sociedad cuyos intereses son similares, de manera que refleja las características culturales de un grupo social determinado. Esto permite tomar al humor gráfico como una herramienta capaz de representar aquellas opiniones y conceptos que se tienen de una entidad ya sea política, económica o social, lo cual claramente se puede entonces relacionar con su capacidad de reflejar opinión pública. En cuanto al humor gráfico mirado desde una perspectiva más general, encontramos la posición de Eva Aladro (2002), quien indica que el humor usa el carácter tópico, formalizado, retórico de las acciones, expresiones o conceptos para percibir diversamente la realidad; afirmando así que no hay plano de acción humana, por serio o por espontáneo que parezca, que no podamos someter a la prueba de su formalización exagerada y por tanto, convertirlo en cosa de risa. Es decir, como el humor gráfico logra burlarse de aquellas situaciones sin importar que tan graves o vulnerables sean, y como logra traspasar la barrera emocional en las personas y de esta forma se convierte en motivo de risa y jocosidad. Esto puede aplicarse para todas aquellas situaciones críticas por las cuales ha cruzado Argentina, especialmente la crisis del 2001, en la cual el humor dentro de la prensa siempre destacó lo sucedido causando siempre una risa en el lector, seguida por una reflexión. Por su parte Abreu (2001), resalta que se puede aceptar el humor como un modo de juzgar y exponer los diferentes contextos, el cual se caracteriza por tener un enfoque de burla, có- mico, mordaz, e irónico. Este a su vez cita a Torres y García-Pelayo (1967), quienes afirman que la burla es una mofa y presume desprecio y desagrado hacia alguien. La mordacidad carcome, es áspera y picante. El sarcasmo a su vez es una burla cruel o una ironía mordaz. Abreu habla de cómo la caricatura logra ser un mofante satírico e irónico. Por otro lado los estudios que se enfocan en el humor gráfico en sus distintas representaciones, y en los cuales diferentes autores se han preocupado por explicar en qué consiste y cómo funciona dentro de su campo en alusión a la crítica, desarrolla el concepto de caricatura como una rama del humor gráfico y un concepto clave para esta investigación, es pertinente adentrase en su estudio y en los autores que hayan explorado su rol dentro de la historia. De manera que principalmente se debe empezar por definir dicho concepto. Según Ávila (2002), la caricatura tiende a tener un significado muy amplio delimitándola dentro de una definición muy generalizada como lo es la del diccionario Gran Larousse, el cual afirma que "Una caricatura es una deformación grotesca de una persona por la exageración voluntaria, con intención satírica, de los rasgos característicos del rostro o de las proporciones del cuerpo" (Ávila, 2002, p. 1). Debe tenerse en cuenta que una caricatura puede contener o no esta descripción sin dejar de seguir siendo lo que es. Por lo anterior es importante tener en cuenta como la caricatura hace uso de elementos visuales, en donde representa a un personaje cuyas características le permiten al lector identificar con facilidad a quien se está refiriendo, sin olvidar que esta tiene como principal objetivo la crítica. Por su parte Abreu (2001), afirma que la caricatura, es una sátira que se expone principalmente por medio de una representación gráfica, normalmente acompañada por una leyenda escrita o por uno o varios "globos de dialogo" e inscripciones. Este autor permite ver una noción más técnica en cuanto a la caricatura, pero a la vez reafirma la perspectiva de la caricatura como una herramienta de sátira, es decir capaz de hacer críticas. El concepto anterior lleva a encaminar esta investigación en las ilustraciones basadas en la sátira política realizada para el período de 2001 en Argentina. Se pueden ver casos importantes donde la caricatura jugó un papel significativo dentro de la historia, por ejemplo en Alemania se implementó el uso de la caricatura durante las guerras; en Francia tomó protagonismo en los Luises y en plena revolución, hasta la época Napoleónica, en la cual el humor no mostró mucho desarrollo. Asimismo indica que un caricaturista especializado nace con el desarrollo de los medios de reproducción gráfica (Ávila, 2002). Es decir, la caricatura ha estado presente desde los episodios históricos modernos de Europa. Con el tiempo la caricatura muestra una evolución en sus estilos y formas gráficas. Además, ha jugado un papel importante dentro de Argentina, sobre todo en sus períodos más difíciles. Por consiguiente ayuda a plantear que el humor gráfico es una herramienta poderosa capaz de transmitir mensajes críticos en cualquier situación que lo disponga. Por su parte Pedrazzini (2012), comenta que desde hace más de dos siglos, la caricatura política se ha concentrado en descalificar el poder de las jerarquías, mostrando una mirada alterada de la actualidad política, debatiendo y denunciando, con desvergüenza y humor, injusticias y excesos. Desde los regímenes monárquicos hasta los sistemas presidenciales o parlamentarios, el jefe de Estado siempre ha sido el principal objeto de los ataques verbales y visuales de los autores satíricos. Por lo que se puede observar cómo la caricatura política se centra en la crítica de aquellos dirigentes políticos, o un gobierno en general, que de una u otra manera cause en la sociedad apatía, por lo que permite una crítica verbal y visual por parte de los humoristas. Esto permite adentrar el estudio en lo que a la historia argentina respecta, ya que esta investigación está basada en un periodo crítico de dicho país, por consiguiente se necesita retomar una visión más amplia de cómo el humor ha sido desarrollado a lo largo de país. Ávila (2002) afirma que en la Argentina se comienzan a ver la aparición de toda una serie de diarios y revistas con una línea humorística y satírica que hacen de la caricatura, una herramienta en la cual todavía primaban las masas populares analfabetas o de origen aluvional, su principal manera de mostrar aquellos problemas sociales con fines de oposición política. De esta forma se observa el papel del humor gráfico como elemento clave dentro de los medios informativos de una sociedad, ya que este es capaz de llegar a todo tipo de público. Por ende, permite centrar esta investigación en el humor gráfico como medio masivo de información que al ser capaz de llegar a una gran parte de la sociedad se convierte en una herramienta perfecta para lograr influenciar de forma moderada las opiniones y posturas de su público. A pesar de las censuras y prohibiciones, el humor político tiene un mayor desarrollo dentro de las épocas de los gobiernos democráticos y a su vez, aquél va tomando nuevas formas. "Esta modalidad gráfica se ha transformado en sus técnicas, adoptando por imperio de la cultura audiovisual, nuevas modalidades gráficas, pero sigue estando al servicio de los discursos opositores y ridiculizantes de los políticos de turno" (Ávila, 2002, p. 2). Por consiguiente se toman aquellas investigaciones cuyos enfoque se basó en recorrer cronológicamente al humor gráfico, desde sus inicios en la Argentina, destacando así aquellos momentos claves que influenciaron dentro del desarrollo de este, lo cual permite reconocer el papel del humor dentro de situaciones específicas dentro y fuera de la Argentina. Matallana (1999), comenta, que el humor gráfico dejó sus huellas en el periodismo argentino para el periodo de 1800, surgiendo así las primeras caricaturas impresas en volantes, y para 1830 se edita una publicación importante para la época conocida como El toro del once, la cual se enfocaba fuertemente en la crítica política. Lo anterior permite ver como en Argentina el rol del humor gráfico ha girado en torno a la crítica política, lo cual sugiere pensar que esta herramienta puede ser igual de útil durante los períodos más modernos en Argentina, como lo fue la crisis del 2001. Este autor relata que "Con la caída de Juan Manuel de Rosas en febrero de 1852 y el triunfo de Urquiza, comienzan a surgir publicaciones que combinaban los comentarios políticos serios y jocosos con caricaturas". (Matallana, 1999, p. 30). Por consiguiente vemos como el humor a través de ilustraciones estaba presente en las publicaciones desde las épocas más remotas, y como estas a la par de una noticia formal, solían transmitir aquellas notas políticas de lo que acontecía en aquél entonces. Gutiérrez (1999) propone cronológicamente el inicio del camino de la sátira editada en la Argentina, la cual se le atribuye a Fray Francisco de Paula Castañeda, un catedrático en filosofía, a quien se le presumen los primeros volantes satíricos en el tiempo de la colonia. El autor relata que para los años 1828 se funda la primera litografía del país, y que en 1835 se edita el Diario de anuncios y publicaciones oficiales de Buenos Ayres, siendo así la litografía la base fundamental para el desarrollo y rápida difusión de la caricatura. De manera que los medios impresos siempre han jugado un papel importante en la difusión del humor gráfico, lo cual facilita que este llegue de forma rápida y masiva a la sociedad. Aparecen para los siguientes años una serie de diarios satíricos entre los que se destacaba Aniceto el gallo, en defensa del unitarismo; para el año 1863 aparece uno de los diarios más significativos en cuanto al humor satírico se refiere, El Mosquito (Matallana, 1999). Es claro que la Argentina hizo uso de la herramienta del humor para retratar aquellas épocas políticas nada favorables para el país, dando así paso a una tradición periodística que hoy en día sigue siendo vigente en cuanto a la información y crítica política se refiere. El mosquito se podría denominar entonces como el primer periódico de sátira política de carácter profesional que acogió a la caricatura como su principal herramienta expresiva, además se puede considerar a este diario como el periódico que hizo de la caricatura un burlante, ya que lo instaló en sus páginas en forma permanente, permitiéndole ser un gran registro documental gráfico de la política argentina desde mediados del siglo XIX hasta la segunda década del XX (Gutiérrez, 1999). Gutiérrez también afirma que la historieta había ganado un espacio significativo dentro de los periódicos, en los cuales las ilustraciones se convertirían en recurso extraordinario para captar lectores y para llegar sus mensajes a una mayoría analfabeta, definido como un medio para hacer propaganda en contra de o a favor de. Esto le permite a esta investigación centrarse en cómo los diarios a través de su humor logran llegar a toda sociedad, convirtiéndose en una herramienta valiosa a la hora de transmitir un mensaje. Por consiguiente sustenta que el humor gráfico puede catalogarse como una herramienta de suma importancia ya que el uso de un ilustrado lo convierte en un lenguaje universal, permitiéndole llegar a todo tipo de público. El 31 de diciembre de 1869 se funda La Nación Argentina, y este le da paso a La Nación, lo cual permite la progresiva profesionalización del periodismo; resistiéndose así durante décadas a la publicaciones de ilustraciones (Gutiérrez, 1999). Es importante conocer de qué manera el humor gráfico se fue instalando en la Argentina, y cómo este pasa a ser visto como un medio informativo de gran importancia y cómo desde sus principios utilizó la sátira política como principal eje temático. No obstante la caricatura ha estado presente a nivel internacional, siendo participe de muchos periodos significativos de diferentes países. Un ejemplo claro del uso de la caricatura como medio de crítica se vio claramente en México, durante la revolución de 1910; en donde la sátira, para conmover a las grandes mayorías, llegó a parodiar algunas imágenes aparecidas en El hijo de ahuizote, en donde los distintos artículos estaban referidos a los derechos del hombre. Estas representaciones gráficas, mostraban precisamente la situación contraria a las garantías otorgadas (Gonzáles, 1955). Manuel Gonzáles, comenta que las caricaturas referentes a violaciones que se cometieron en contra de la constitución, estaban dirigidas a cambiar la pasividad del pueblo mexicano, demostrando que todas las leyes vigentes y fundamentales no eran más que unos simples enunciados teóricos carentes de aplicación. Según Gonzáles (1955) el pueblo se sintió impresionado por las insinuaciones plásticas de las caricaturas en las que las leyes se esfumaban para dar lugar a la ley fuga, a los mandamientos de la santa iglesia y a los diezmos y caprichos. Tanto fue que varios periódicos ilustrados de oposición adoptaron la práctica de dibujar un personaje que se repitiera en las caricaturas, dicho personaje llevaría entonces el nombre de la propia publicación, El hijo del Ahuizote o El colmillo Público, este representaba al pueblo oprimido por la imposición y que sufría los maltratos de las autoridades. Los caricaturistas, pretendían humanizar los distintos valores con el fin de impresionar a las masas y lograr que estas reaccionaran ante la opresión. Siguiendo con su sentido político, aprovecharon también las motivaciones religiosas que llegaban más directamente al pueblo, tocando así las fibras más arraigadas de su católica conciencia (Gonzales, 1955). De esta manera vemos como el humor gráfico ha estado presente no solo en la Argentina sino también en distintos países, como en el caso de México, siendo una herramienta fundamental en los momentos críticos en lo que a la política y la sociedad se refiere. Entonces, de esta manera se ve cómo la caricatura ha sido un elemento cuyo poder de crítica ha impactado fuertemente y se ha convertido en un medio informativo aceptado por la sociedad. Vásquez (1987), comenta que para los años de 1940 los argentinos se encontraban muy receptivos a lo que al humor se refiere ya que para esa época en Europa se desarrollaba laSegunda Guerra Mundial, y era una forma de contrarrestar las deprimentes informaciones de tal situación; Vázquez relata que para este periodo el humor comenzó a tener cada vez más cabida tanto en las revistas como en los diarios de la época, destacando así revistas tales como, La Razón, La Cancha, Cara Sucia entre muchas otras más, y dentro de los diarios se puede resaltar El Pampero que se destacó por la aparición de historias como, Bien porteño de Lubrano, Virola de Gonzáles y Carocito de seguí. Dentro de este libro se mencionan las diferentes décadas y cómo el humor gráfico maneja cada situación vivida dentro o fuera del país que de algún modo afectaba a este. Como anteriormente ya se había dicho, el humor gráfico está visto desde un punto de vista más histórico sin abordar características técnicas tales como el estudio del discurso o los elementos visuales que lo componen. Levín (2012), relata que para el año 1982 la Argentina se ve en medio de una importante crisis del régimen militar la cual es percibida como una inminente antesala a la reapertura democrática, crisis a la que se le superponían los devastadores efectos de la política econó- mica aplicada por el gobierno desde tiempo atrás, por lo cual el autor afirma que la prensa y los medios gráficos desempeñaron un rol esencial en la movilización de la población, al ser estos importantes medios de propagación de la información, que muchas veces esta estuvo manipulada y corrompida por el gobierno de la época, pero a la vez logró difundir el discurso oficial impulsando una campaña inclinado a fortalecer el ideal de comunidad nacional recuperada. Puesto que Levín, fundamenta la intención de esta investigación, la cual busca designar al humor gráfico como una herramienta que al encontrarse dentro de la prensa, logra tener la fuerza suficiente para influir en las actitudes de aquellos lectores, es decir influenciar la opinión pública. La autora centra su investigación sobre el diario Clarín y cómo este a partir de su humor retrató todo lo sucedido para ese año. Por lo que afirma que el humor gráfico del diario Clarín participó en gran medida del fenómeno de "malvinización" mostrando una considerable pregnancia de la temática tanto en los cartoons del cuerpo del diario como en los cartoons y tiras diarias de la contratapa, impacto que hasta ese momento ningún suceso había producido de ese modo en el espacio humorístico del matutino (Levín, 2012). Este artículo claramente resulta ser de gran aporte, ya que la autora hace el análisis de cómo las caricaturas expuestas dentro del diario Clarín, un diario argentino de suma importancia y con una gran trayectoria dentro del país, lograron adentrarse dentro de toda la problemática, convirtiéndose en una herramienta comunicacional de largo alcance y con efectos sobre los lectores. Y afirma que el humor gráfico del diario también aportó para que se dieran aquellas manifestaciones anticolonialistas, retomando de este modo el viejo tópico del colonialismo (Levín, 2012). Todos estos estudios realizados sobre el humor gráfico en la Argentina y el mundo, permiten obtener una visión clara del rol que este ha desempeñado durante los distintos períodos de conflicto políticos, dentro de las cuales están dictaduras, guerras mundiales, crisis políticas y económicas, etc., las cuales fueron tema central de los diarios y por ende del humor que estos contenían. De manera que el humor gráfico suele ser una herramienta masiva e importante a la hora de criticar y denunciar situaciones con las que una sociedad no está acuerdo. Por lo anterior, se puede centrar esta investigación en la crisis del 2001, al ser este un periodo crítico del país, en el cual el humor gráfico al igual que en otros periodos ha logrado destacarse. Cabe resaltar que el humor gráfico es un elemento relevante dentro los diarios argentinos, siendo así el humor una herramienta utilizada de muchasmaneras; ahora bien, debemos mirar cómo un periodo tan difícil como lo fue la crisis del 2001, fue abordado por el humor y cómo este logró cumplir su función de crítica; teniendo en cuenta la manera en cómo el humor gráfico critica a las tensiones y las acciones que en aquel momento estaban afectando al país y a su población. Es de suma importancia observar el medio en el que el humor gráfico es expuesto. En este caso, son los diarios argentinos los cuales tienen una trayectoria histórica de suma importancia en lo que al país respecta. Para esta investigación se tomaron dos diarios que difieren ideológicamente de manera que, esto permite una diferenciación en la reproducción de su humor. Follari (2003), comenta que a nivel gráfico se pueden destacar tres diarios muy participativos durante la crisis del 2001 en la Argentina. El más tradicional, el Diario La Nación, que representó históricamente a la gran burguesía ganadera argentina y que se ha quedado un tanto sin perfil tras la notable caída del peso histórico de ese sector social y de su antigua modalidad cultural, aun cuando se mantiene fiel a su inveterado conservadorismo. Como su antagónico en el aspecto ideológico, se destaca al diario matutino Página/12, con lectores primordialmente procedentes de las clases medias ilustradas y profesionales, que sostienen una importante capacidad de denuncia en torno a cuestiones de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Cuando De la Rúa es tumbado del gobierno hubo unanimidad por parte de los medios, los cuales referían que "se iba un gobierno inerme e impotente, por sus propias contradicciones y carencias" (Follari, 2003). Ningún medio informativo lo defendió, y en los medios más de derecha se notó una pretendida justificación ante la violencia policial que se estaba dando en aquel momento, sin remitir a ningún caso concreto pues la pueblada aparecía claramente como pacífica y legítima. De forma que se ve cómo estos dos diarios jugaron un claro papel en donde sus enfoques iban claramente en direcciones diferentes como para no decir opuestas. Estos dos matutinos son el objeto de estudio para observar cómo el humor gráfico de cada uno se diferenciaba según sus ideologías y público al que iba dirigido, permitiendo así una diferenciación en la forma de crítica que estos dos diarios manejaban. Es de importancia adentrar en el tema de los medios de comunicación, ya que dentro de esta investigación es pertinente indagar sobre el rol de estos en la sociedad. De ahí surge plantear cómo diferentes autores dentro de sus investigaciones han tomado el concepto de opinión pública y lo han relacionado con los medios de comunicación y más precisamente con la prensa, la cual es el objeto de estudio de esta investigación. Por ende se toma a Loaiza (2010), quien comenta que a partir de 1808 se presentaron cambios evidentes en la producción y circulación de periódicos en Hispanoamérica, por lo cual los prospectos de los periódicos de aquel entonces y la legislación sobre libertad de imprenta de los años 1808 y 1815, confirman una intensa mutación entre el personal letrado que admitía la importancia persuasiva y didáctica de la prensa. Esto permite conocer como la prensa desde siglos atrás es considerada como una fuente con el suficiente poder persuasivo sobre la sociedad. Por lo que para empezar a mirar la historia de la opinión pública se le debe considerar a estos años como una primera etapa en la cual se volvieron necesarios el taller de imprenta, las libertades en el ejercicio de la opinión, la difusión escrita de impresos publicados con alguna regularidad (Loaiza, 2010). De aquí comienza a surgir una relación clara entre la prensa y la opinión pública, la cual a pesar de los años sigue siendo visible, transmutando a los diversos medios comunicacionales existentes. Floyd (2009), comenta que el término opinión pública tiene significado en torno a una situación multi-individual en la cual cada individuo se expresa, mostrándose a favor de y apoyando o por lo contrario en contra de y oponiéndose a alguna situación, persona o propuesta, específicas y de importancia general, y según la proporción de número, la intensidad y la constancia que tenga, es posible que influyan, ya sea directa o indirectamente, sobre la acción hacia el objeto en cuestión. Por lo que para que haya opinión pública debe de ser un asunto de importancia universal. No basta con tener solo interés, la situación ha de poner en juego necesidades o deseos básicos (Floyd, 2009). De manera que es posible aplicar esta noción sobre la actual investigación, al entender que para que exista opinión pública, esta debe tener un consenso, lo cual dispone que exista un asunto cuya afectación sea de tipo masivo dentro de la sociedad, y que esté a la vez este en pro o en contra de ella. Básicamente esto se pudo observar en el año 2001 en la Argentina; toda la sociedad, sin distinguir clase social, de una u otra manera se veía afectada por las medidas tomadas por el gobierno de aquel entonces, lo que claramente llevó a el notable acuerdo en el descontento existente en contra de un gobierno. Por su parte Plut (2014), afirma que la opinión pública no consiste solo de cómo se agrupan expresiones semejantes entre sí, sino que aquella se alimenta de la tendencia de ciertos sujetos a no ser, cada uno, el único que piensa de tal o cual modo. Por lo que este autor refiere a la opinión pública como un hecho que va más allá de consensuar aquellas perspectivas similares, si no que la contempla como el resultado de todo un entorno influenciado por ciertos sujetos o entidades, afirmando que es casi imposible la existencia de una única persona que piense de alguna manera. De esta forma Plut, hace referencia a dos autores cuya noción del concepto de opinión pública permite entender la relación de la prensa con aquella. Allport (1937) y Bouza(2004), han señalado que lo que se suele llamar opinión pública, corresponde más bien a la opinión publicada, lo cual da soporte a la noción sobre la existencia de una clara influencia por parte de los medios. Por lo tanto, esta investigación se fundamenta básicamente en tomar un elemento clave de la prensa, como el humor gráfico, cuyo poder de crítica puede ser lo suficientemente capaz de influir sobre esta. Por ende se encaminará en entender como los medios escritos, logran persuadir a tal punto que suelen decidir cuál y qué es la opinión pública, permitiendo desarrollar el concepto de Agenda setting, el cual ayuda a esta investigación a entender como los medios de comunicación suelen ejercer cierta autoridad en la información que se difunde a la sociedad. Todas estas investigaciones permitirán abordar la temática desde un punto de vista más completo, es decir que permite conocer al humor gráfico como una herramienta que tiene gran valor dentro de la prensa Argentina, siendo ésta como ya se había mencionado, capaz de incurrir sobre actitudes y posiciones del lector ante una situación determinada. Es por ello que este estado del arte se planteó desde un punto de vista tanto cronológico como conceptual, ya que es importante conocer la incidencia del humor sobre la sociedad y a su vez la noción más técnica sobre conceptos claves que ayudaran a la posible relación entre humor, crisis y opinión pública. Por consiguiente esta investigación tendrá como periodización los años anteriores y posteriores a la crisis del 2001, es decir se abordará la problemática desde sus inicios en 1999 hasta el 2003, que resultan ser los años de inicio de la crisis y el año en el cual Argentina logra reponerse medianamente de esta. Por otra parte esta investigación está centrada bajola línea temática de historia y tendencias, ya que contiene un fuerte enfoque en cuanto a la historia argentina respecta, tanto de índole social, política y económica, como el rol que desempeñó el humor gráfico desde sus inicios hasta el período de crisis de 2001 en el país. Recorrido descriptivo de los capítulos Esta tesis está organizada en cuatro capítulos que conforman el marco teórico, a su vez cuenta con la metodología planificada para la comprobación de la hipótesis anteriormente nombrada. El capítulo I, el cual tiene como título, Crisis contemporáneas en Argentina, por lo que al ser esta investigación un análisis del humor gráfico durante la crisis del 2001 en Argentina, es importante relatar brevemente lo sucedido durante este período, el cual resulta ser el objeto perfecto para que el humor gráfico desencadene su rol de crítica, ya que este bá- sicamente utiliza su contenido satírico para denunciar aquellos actos que resultan causar inconformidad a la sociedad en general, de manera que permite reflejar la opinión pública sobre lo que estaba aconteciendo en dicho período. Para este capítulo se aborda un poco la historia política de Argentina, lo cual ayuda a entender a fondo las causas de lo sucedido en el 2001. Asimismo se describirá la manera en cómo los diarios Página/12 y La Nación (al ser el objeto estudio de esta investigación) y otros diarios argentinos, abordaron y enfrentaron toda la crisis durante el período del mes de diciembre, lo cual permitirá ampliar la perspectiva de lo que ocurría en dicho periodo, viendo la manera de cómo se hacía frente a la situación dependiendo de las inclinaciones propias de cada diario. Los diarios y la comunicación en masas, es el segundo Capítulo de esta investigación, el cual está basado en la comunicación en masas como concepto clave para completar el estudio en cuanto a los diarios respecta, es decir esto permite ver cómo la prensa funciona y cómo está pensada para desempeñar su rol como fuente de información. Asimismo, se hace una reseña de la historia de los diarios argentinos y en especial los dos en cuestión, Página /12 y La Nación. Por lo que se describe desde sus inicios, sus inclinaciones y su línea política, lo cual permite entender el modo en el que su humor gráfico político está pensado. Este capítulo es de suma importancia ya que da paso a toda la investigación sobre el humor gráfico como herramienta clave dentro los diarios y asimismo abordar el concepto de opinión pública y la prensa. Es clave desarrollar este concepto, ya que a través de este se sentarán las bases necesarias para el fácil entendimiento de los capítulos posteriores. El Capítulo III, Humor gráfico y la prensa argentina, está centrado en el concepto de humor gráfico como eje principal de esta investigación, de manera que se expondrán las distintas concepciones que existen de este. Asimismo se toma la caricatura al ser la técnica mayormente utilizada por los humoristas gráficos. De igual manera es importante hacer una reseña cronológica del papel que ha jugado el humor gráfico dentro de la prensa argentina, puesto que ayudará a entender cómo este ha manejado situaciones de crisis anteriormente en el país. De ahí se parte a especificar la utilización del humor gráfico dentro de los diarios La Nación y Página/12, lo cual deriva a una pequeña reseña biográfica de los humoristas a investigar, Nik y Daniel Paz y Rudy respectivamente. Finalmente el cuarto Capítulo, titulado La opinión pública, está fundamentado en el concepto clave de opinión pública, el cual funciona como puente para entender de qué manera el humor gráfico resulta ser una herramienta importante para la crisis del 2001. De esta forma se analizará el concepto de opinión pública, su función en la sociedad y su rol en los medios de comunicación, más precisamente en la prensa, lo cual permite responder a cómo la opinión pública y la prensa se relacionan, y cómo la opinión pública suele ser influenciada por los medios impresos, desatando un concepto clave como lo es la agenda setting, el cual permitirá entender la presión causada por los medios de comunicación sobre la sociedad. De manera que siendo el humor gráfico una herramienta recurrida dentro de los diarios argentinos, se proseguirá a observar que relación guarda el humor gráfico político y la opinión pública, de modo que permitirá conocer hasta qué punto el humor político es capaz de reflejar o influenciar la postura de una sociedad. Para la metodología desarrollada para esta investigación, se distinguen dos herramientas de recolección datos, las cuales fueron diseñadas comprobar la hipótesis correspondiente. Por consiguiente, se realizó entrevistas a personas especializadas en los campo del humor gráfico, historia contemporánea argentina y periodistas dentro del área de la opinión pública. Como segunda herramienta se analizó las viñetas expuesta en los diarios La Nación y Página/12, durante el año de 2001. De manera que, se observó cómo estos dos diarios hicieron frente con su crítica a los acontecimientos de dicho periodo.

Desde la perspectiva de fines del siglo XX, los regímenes políticos de la España de los años veinte y treinta aparecen como una secuencia de ensayos en respuesta a la profunda crisis sufrida por el sistema de la Restauración (1876-1923). Bajo ese enfoque, la Segunda República (1931-1936) se nos muestra inscrita en el esfuerzo por encontrar una nueva alternativa tras el fracaso de la Dictadura primorriverista (1923-1930) y las dictablandas del general Dámaso Berenguer y del almirante Juan Bautista Aznar. No es, pues, una cuestión casual acortar cronológicamente nuestro objeto de estudio entre el 13 de Septiembre de 1923 y el 18 de Julio de 1936. En esas fechas se gestó el desplazamiento de los antiguos partidos dinásticos por otros grupos de la que sería la derecha autoritaria Alfonsina (conservadores subversivos, en calificación de Gil Pecharromán) y, más tarde, por el movimiento republicano y los socialistas. Lo entonces acontecido sirvió de referente para posteriores actuaciones políticas, desde la valoración ideológica de sus elementos rechazables, corregibles o asumibles. Ciertamente, hay que subrayar que las costumbres y la vida cotidiana de los españoles cambió sustancialmente entre 1923 y 1936. La tímida pero imparable introducción de nuevos medios de transporte transformó el paisaje urbano. El automóvil, dirigido hacia la locomoción individual de los consumidores más pudientes, comenzaba a proliferar por las vías de las principales ciudades, forzando la ampliación de calles y modificando los usos habituales de la red pública. En paralelo, el crecimiento demográfico de las urbes impulsó tanto la construcción de viviendas (la más de las veces desordenada y de escasa calidad) como la expansión del Metropolitano (Madrid, Barcelona), al igual que las líneas de tranvías y los autobuses de enlaces con la provincia. Estos últimos, junto a los camiones, vinieron a completar el transporte de personas y mercancías por ferrocarril, estimulando el tendido de numerosos kilómetros de caminos vecinales y carreteras provinciales. También la radio irrumpió a mediado de los veinte. De lámparas para los de mayores posibilidades y de galena para el común de las gentes, los receptores comenzaron a formar parte del mobiliario doméstico, canalizando las noticias que antes sólo llegaban a través de la prensa. Por su parte ésta, comenzó a difundir información gráfica gracias a los últimos adelantos técnicos. La expansión del telégrafo y del teléfono contribuyeron a la mejora de las comunicaciones, aunque sujetos a la protección menopolística de la Dictadura (Telefónica, CAMPSA, Tabacalera, Compañía Arrendataria de Fósforos, etc.). Fueron también los años del avance de la aviación y de la promesa de los dirigibles, acariciando algunos la posibilidad de convertir a Sevilla en el aeropuerto terminal de Europa (Tomás de Martín-Barbadillo). Por último y para concluir el cuadro de aquellas innovaciones modernizadoras, cabe subrayar cómo la mujer se incorporó lenta pero inexorablemente a la vida pública (participación en el plebiscito de 1926, ingreso creciente en la población activa, nombramientos de concejalas en 1928, estreno del voto femenino en las elecciones de 1933). Buena parte de estos fenómenos se amplificaron en la Sevilla que estaba preparándose para celebrar con el máximo ornato la tan esperada como retrasada Exposición Iberoamericana (1929). Al sensible crecimiento vegetativo de la ciudad se le sumó la inmigración atraída por los puestos de trabajo del proyectado Certamen, precipitando el hacinamiento en barriadas periféricas surgidas sin orden ni concierto (Cerro del Águila, Villalatas, Amate). Y es que Sevilla mostraba sensibles contrastes. Por un lado, sufría frecuentes inundaciones y también, paradójicamente, un deficiente suministro de aguas, responsabilidad de una empresa extranjera (The Seville Water Works Company Limited). Contaba con un sistema de alumbrado para la Exposición (farolas diseñadas por Aníbal González), mientras muchos ciudadanos carecían de suficiente fluido eléctrico. Capital orgullosa de sí, pero capaz de plegarse a los designios de José Cruz-Conde (el tercer hombre más influyente de España, después del Alfonso XIII y de Primo, según el diplomático Carlos Morla Lynch). Feudo aparente del conservador marqués de Torrenueva y, a la vez, centro de disturbios estudiantiles que tantos problemas dieran al gobernador, conde de San Luis, y al ministro de la Gobernación, marqués de Hoyos. Baluarte anarquista y comunista durante la República, radical y socialista en las elecciones de 1931, pero también vivero de la primera sublevación grave contra el régimen nacido el 14 de abril (Sanjurjo). Cuna de líderes republicanos (Martínez Barrio, José Díaz) y campo de experimentos del Nuevo Orden tras el 18 de julio. A la vez cofrade y crisol de huelgas violentas. Foco destacado de la Masonería española y lugar de nacimiento de la Liga Católica. Ciudad semindustrial y terciaria en medio de una provincia agrícola. Es en esas coordenadas cronológicas y espaciales donde emplazamos el objeto de estudio: la Diputación Provincial de Sevilla. Un análisis fundamentado en la respuesta a estos dos interrogantes: 1ª) ¿qué puede aportar el estudio de las instituciones político-administrativas al conocimiento de la España contemporánea?; y 2ª) ¿por qué elegir dentro del conjunto de este tipo de organismos a la entidad provincial? El Estado, como comunidad de personas asentadas en un territorio fijo y sujetas a una dirección política común, se encuentra constituido por tres elementos básicos: población, territorio y poder (Andrés de Blas, Ramón Cotarelo). Este último –es decir, el poder o la capacidad para imponer obediencia desde una autoridad- se sirve de dos tipos de instrumentos (Duverger): los ideológicos (legitimidad, soberanía) y los materiales (órganos y aparatos del Estado). Planteado este esquema conceptual, se entiende que el estudio de las instituciones político-administrativas resulta imprescindible para observar las formas de ejercer el poder. Lo llamativo es que este relevante campo de investigación no haya despertado todavía el suficiente interés entre los estudiosos, mientras que otras cuestiones como el movimiento obrero, el papel del sindicalismo o la politología –especialmente la de los partidos externos al sistema- sí han recibido brillantes tratamientos, tanto en forma de síntesis globales como en obras de rango local. Es decir, hasta no hace mucho se ha analizado más la historia de los contra-poderes que el comportamiento preciso del propio poder, bien por las influencias ideológicas derivadas de la coyuntura política de los últimos años del franquismo y la transición democrática, bien por la acumulación de trabajos en determinadas parcelas historiográficas marcando tendencia generales, consideradas dignas de atención. Compárese, a modo de ejemplo, el número de monografías sobre la historia del sindicalismo con aquéllas otras que tratan de los organismos públicos responsables, en mayor o menor medida, de paliar las causas de la conflictividad social. Diseccionar las pautas de comportamiento de las instituciones (insistimos, soportes del poder) obliga a mostrar también las interrelaciones gobernantes-gobernados. No se trata sólo de esbozar la composición de unas corporaciones, saber quién ocupa determinados cargos o precisar el origen de la selección del personal político (sea por elecciones o por nombramiento gubernativo). Es todo eso, pero también lo es enlazar su actuación gestora con las realidades materiales y humanas objetivas sobre las que hubo de desplegarse. Este estudio sobre la Diputación Provincial de Sevilla ha sido realizado sobre la premisa de no perder esos referentes de la realidad. Otro aspecto a resaltar en la parcela de la historia de las instituciones lo constituye su interacción con la política. Ya durante el siglo XIX y la gestación del Estado liberal no pocos tratadistas se esforzaron en deslindar las esferas de lo político y lo administrativo. Ante el panorama de la creciente politización del funcionamiento del Estado y el enraizamiento del fenómeno caciquil, la práctica totalidad de los proyectos de reforma de la Administración recogieron declaraciones de expresa –y teórica- separación entre el apasionado campo de las luchas partidistas y el área –supuestamente neutra- de las decisiones de gobierno. Hasta tal punto llegaron a calar estos mensajes en la opinión pública que no fue excepcional el que un gobernador, un concejal o un diputado provincial formulasen públicos votos por dejar "en las puertas" su utillaje político y prometieran dedicarse a la gestión de los asuntos públicos bajo la más estricta independencia. Sin embargo, esos propósitos se hicieron tan inviables como el total divorcio entre la figura del político y del gestor público. Y es que, naturalmente, la Política y la Administración son dos asuntos distintos pero comparten intersecciones en los órganos del Estado, en las corporaciones y en los cargos públicos. Sabido es que el político es una figura y la función que pueda desempeñar en el aparato del Estado es otra. Ambas poseen, evidentemente, mucho en común, aunque presentan diferencias sustanciales. Es en este punto donde la historia de las instituciones tiene bastante que ofrecer al campo de la historia política. Comprendida dentro de ésta se encuentran: los programas; las pugnas ideológicas; los organigramas de las formaciones políticas; las campañas electorales; la génesis, desarrollo y evolución de las agrupaciones; el funcionamiento de los partidos; y, entre otros extremos, los individuos políticos. Ahora bien, ese conjunto de elementos se guía por determinadas conductas que pueden cambiar parcial o totalmente (de hecho, lo hacen) cuando el político o un partido pasa a asumir responsabilidades públicas. En este aspecto, fue bien relevante el cambio de actitud que registraron los partidos externos antes de 1923 en Sevilla: cuando eran beneficiarios del encasillado, guardaban sus baterías más agresivas contra el caciquismo de las formaciones dinásticas. Tampoco sería menor la transformación de republicanos y socialistas a la hora de ocupar los ayuntamientos o las diputaciones provinciales a raíz del cambio de abril de 1931. Valga una muestra: Hermenegildo Casas, presidente de la Diputación Provincial durante el primer bienio, abandonó su agresividad verbal como miembro del Ayuntamiento hispalense de 1930. Es más: su gestión al frente del organismo de la provincia le desmarcó de su propio partido (PSOE), del que acabaría saliendo en 1934. Creemos conveniente, por tanto, completar la historia política con las conclusiones aportadas por este tipo de estudios. Por último, resulta muy útil el análisis de las instituciones –y, dentro de éstas, de las locales- para inferir el modelo de Estado en que están inscritas y en qué medida cumplen su función ante los ciudadanos. Ese enfoque constituye, a nuestro juicio, un ángulo privilegiado para comprender tanto los problemas del edificio estatal español durante el primer tercio del siglo XX (déficit, desestructuración, ineficacia) como el arranque de las alternativas regionalistas o nacionalistas, que tuvieron sus orígenes no sólo en componentes culturales (lengua, tradición) sino en la escasa operatividad que el Estado centralizado brindó a sus ciudadanos-contribuyentes. Y es que los responsables políticos durante la Dictadura primorriverista y la Segunda República no corrigieron las inercias y los vicios del edificio estatal. Si Primo de Rivera no se atrevió a suprimir las diputaciones provinciales, tampoco los gobernantes republicanos reorganizaron en profundidad la estructura del Estado –adjetivado como integral- salvo el reconocimiento de algunas autonomías (Cataluña). Y todavía resulta una cuestión pendiente. Baste recordar la última polémica suscitada por el cuestionamiento de los gobernadores civiles como figuras adecuadas dentro del Estado de las autonomías. Lo afirmado en párrafos anteriores avala suficientemente el valor de la historia de las instituciones político-administrativas. Ahora bien, ¿qué particularidades ofrecen las diputaciones para ser objetos de estudio? Varias son las razones que justifican la opción. En primer lugar, las diputaciones eran piezas estratégicas dentro del sistema político-administrativo español. Encargadas de velar por los intereses de las provincias, estaban emplazadas entre el Gobernador Civil y los ayuntamientos, lo que les convertía en elementos clave en coyunturas electorales durante la Restauración. Muchos reformistas a comienzos de siglo las consideraban auténticas lacras, viveros de caciquismo y paradigmas de la corrupción. En general, eran fieles obedientes a las consignas de Gobernación, transmitidas a través del gobernador de turno, y atendían regularmente el sometimiento político de las localidades de la provincia. Pero no es solo ésta la única vertiente atractiva de las diputaciones para los investigadores. De hecho, después de 1923 siguen presentando un enorme interés por la entrada en vigor del Estatuto Provincial de José Calvo Sotelo, en aquel entonces director general de Administración Local (marzo 1925). Aquella obra legislativa superaba a la vieja Ley Provincial de 1882 tanto en sus aspectos técnicos como en sus efectos prácticos: las diputaciones recibieron competencias y un sensible reforzamiento de sus recursos, alentando el desarrollo de una amplia actividad en materia de obras públicas y beneficencia. Obviamente, cabe adjudicar parte de aquel desenvolvimiento material a la coyuntura de bonanza económica de los años veinte, pero también es cierto que los responsables de las corporaciones provinciales durante los gobiernos Berenguer/Aznar y las nuevas comisiones gestoras republicanas reconocieron las cualidades del Estatuto, al plantear proyectos de reforma inspirados en él. Es decir, la abundancia material de los años veinte no hizo sino realzar las capacidades potenciales intrínsecas del Estatuto Provincial. Con independencia de lo expuesto, la elección de la provincia como ámbito de análisis merece otros comentarios. En primer lugar, si situamos el centro de nuestro enfoque sobre la Diputación, conviene metodológicamente abrir el campo de estudio al conjunto global de los municipios de la provincia y, también, al Gobierno Civil. Bajo ese primas pretendemos superar el estrecho marco local al que están referidos la mayor parte de los trabajos disponibles. Actualmente asistimos a una proliferación de la historia local –tal vez excesiva- que, si bien resulta imprescindible, por otra complejiza cada vez más la elaboración de posteriores síntesis, aparte desniveles cualitativos. Por ello, juzgamos interesante el análisis de escalas intermedias como pueden ser la provincia o la región, siempre y cuando la temática seleccionada lo permita. La provincia, aunque nacida de la mano del legislador, ha cobrado carta de naturaleza tanto para el sistema político-administrativo como para los ciudadanos. Incluso el actual Estado de las autonomías ha corroborado la vigencia de las viejas provincias de Javier de Burgos. Y además –subrayamos esta cualidad- las provincias significaban mucho más en las década de los veinte y los treinta que hoy. En el caso de Sevilla, según el censo de 1930, la capital aglutinaba unos 228.000 habitantes mientras que en la provincia vivían 576.000; es decir: la suma de los municipios rurales doblaba sobradamente los efectivos demográficos de la capital. Es más, 17 localidades agrupaban a 267.000 ciudadanos, lo que indica la existencia de auténticas agrociudades con un peso demográfico y económico nada desdeñable dentro del conjunto provincial. Estos ingredientes bastan para justificar esta línea de investigación: la historia de Sevilla no es sólo la de la capital, sino también la de su entorno provincial y la de las mutuas interrelaciones entre ambas. Indudablemente, si alguna institución nos sirve para contemplar una amplia panorámica de la provincia, ésa es la Diputación Provincial. Sus diversas y heterogéneas áreas de gestión abarcaban tanto las obras públicas como la beneficencia, la enseñanza y el control de los ayuntamientos, las comunicaciones y la administración provincial de las elecciones… Suficientes argumentos para dedicar no sólo uno, sino varios trabajos monográficos a estas cuestiones. El afirmar que las diputaciones constituyen una interesante parcela de trabajo no es ningún descubrimiento original. Desde finales de los años setenta y a lo largo de los ochenta han aparecido una serie de valiosas obras sobre estas instituciones, aunque los esfuerzos pioneros se remontan a casi hace treinta años. Fue el profesor Cuenca Toribio uno de los primeros que se internó en este campo al publicar en 1963 un artículo titulado "Los orígenes del la Diputación sevillana" (Archivo Hispalense, nº 118, marzo-abril 1963). Entre 1964 y 1966; en la misma revista, el entonces cronista oficial de la provincia, Manuel Justiniano y Martínez realizó un esbozo de la historia de la Diputación hispalense durante la Dictadura y la República. A escala más general y en 1966, la Diputación Provincial de Barcelona promovió una obra colectiva en varios volúmenes sobre la historia de estos organismos bajo el título de La Provincia. Ya en la década de los setenta vieron la luz otros trabajos locales –véase el apéndice bibliográfico-, como fueron los de Salcedo Izu (Navarra, 1972), Lladonosa Pujol (Lérida, 1974), González Mariñas (Galicia, 1978) o Piña Homs (Baleares, 1979), aparte uno colectivo titulado: Asistencia hospitalaria. Estudios de las Diputaciones Provinciales, (1978). Pero la definitiva consolidación se produjo en la década de los ochenta y comienzos de los noventa, al aparecer un buen número de monografías sobre diputaciones, alguno de cuyos títulos recogemos aquí: Manuel Santana Molina (La Diputación provincial en la España decimonónica); José González Casanovas (Las Diputaciones Provinciales en España, 1812-1985); Fariña Fajardo y Pereira Figueroa (La Diputación de Pontevedra, 1836-1986), Borja de Riquer (ed.), (Historia de la Diputaciò de Barcelona); Enrique Orduña Rebollo (Evolución histórica de la Diputación Provincial de Segovia, 1833-1990); Pedro Ortega Gil (Evolución legislativa de la Diputación Provincial en España, 1812-1845. La Diputación Provincial de Guadalajara); Encarnación Lemus López (Extremadura, 1923-1930. La historia a través de las Diputaciones Provinciales); José Ángel Semas y José Antonio Armillas (La Diputación de Aragón: gobierno aragonés del reino a la comunidad autónoma); aparte los trabajos, aún inéditos o en curso de realización sobre los organismos provinciales de Valladolid (Heliodoro Pastrana) o León (Luis Carlos Sen Rodríguez). El IV Symposium de Historia de la Administración (cuyas Actas fueron publicadas por el Instituto Nacional de Administración Pública en 1983) y el Symposium Internacional sobre Organización del Estado Moderno y Contemporáneo en Italia y España, celebrado en Barcelona en 1991, significaron dos hitos historiográficos en esta materia al poner al día el estado de la cuestión. El elenco de trabajos citado conforma un grupo internamente heterogéneo. Cada uno trata períodos distintos y tienen sus propios enfoques, estableciendo paradigmas de referencia muy dispares. Dentro de este conjunto hemos seleccionado las pautas metodológicas consideradas más pertinentes y adecuadas para la elaboración de la presente Tesis Doctoral. A continuación planteamos cuáles han sido los objetivos, las hipótesis generales y la metodología que han orientado las coordenadas de esta obra. El análisis de la trayectoria histórica de una Diputación puede abordarse desde numerosas premisas y ángulos. Tras analizar la bibliografía disponible hemos optado por delimitar nuestra área de investigación en dos direcciones. En primer lugar, algo obligado: acotar el tratamiento de los que representa la institución. Esta se ofrece como órgano político (la corporación provincial) y como organismo administrativo. Si la primera vertiente es de por sí suficientemente amplia (todo lo relacionado con la dimensión política de la entidad), la segunda –es decir, las distintas líneas de gestión- pronto se reveló ante nosotros como un campo inabarcable en toda su complejidad. No cabía, consecuentemente, hacer sólo una historia de la beneficencia o de las obras públicas provinciales en profundidad y, por ello, decidimos mostrar un esbozo general de la variada actividad gestora de la Diputación en sus epígrafes correspondientes. Una panorámica que contiene campos de estudio de alto interés, señalando a los establecimientos benéficos y sanitarios dependientes de la Diputación como merecedores en un futuro de obras monográficas bajo perspectivas cronológicas más amplias. Hecha la anterior advertencia, conviene precisar otra observación previa de calado aún más hondo si cabe, por cuanto define el estilo global del estudio realizado. Si hemos restringido el terreno de la gestión administrativa a unas pinceladas generales, no ocurre así con las interacciones de la Diputación respecto de otras instituciones político-administrativas y la propia realidad provincial. Y es que no concebimos procedente historiar la trayectoria de este tipo de entidades sin tener presente el contexto representado por los gobiernos civiles o los ayuntamientos. Una institución exenta, esto es, presuponiéndola sin interconexiones con sus inmediatos órganos jerárquicos (superiores o inferiores) encierra un error de partida que puede desembocar en unas conclusiones metodológicamente erróneas o, cuando menos, incompletas. En el caso que nos ocupa, no podríamos responder a muchos interrogantes sin tener en cuenta extremos como cuál fue el marco legal de estos organismos, quién fue gobernador en determinadas coyunturas o en qué situación se hallaba socio-económicamente la provincia. Es más, los diputados provinciales fueron en muchas ocasiones concejales o diputados en Cortes. En consecuencia, las instituciones hay que analizarlas insertas en el ámbito de la estructura estatal al que pertenecieron. Eso es justamente lo que hemos hecho en el caso de la Diputación Provincial sevillana. Establecidos el marco propuesto, formulamos una serie de hipótesis de trabajo generales y otras, más concretas y específicas, según los aspectos de las materias tratadas. Siguiendo el método comúnmente utilizado (formulación, contraste de hipótesis, verificación-síntesis y elaboración de conclusiones), hemos de reconocer con toda honestidad que algunas de nuestras premisas se modificaron en el transcurso de la investigación ante la consulta de las fuentes. Así, por ejemplo, le ocurrió a la apreciación previa sobre el balance general de la Diputación primorriverista sevillana en su aspecto gestor, considerada a priori menor de lo que en realidad fue. El asunto de la persistencia del caciquismo más allá de 1923 fue otro de los interrogantes planteados en las primeras fases del proceso. En nuestro análisis pudimos confirmar para la corporación provincial sevillana una clara permanencia de viejos políticos, tal y como demostrarse en sus trabajos Javier Tusell pero, igualmente, constatamos la emergencia de figuras nuevas en el espectro de la derecha autoritaria, aceptando por consiguiente la opinión de Gómez-Navarro. Matices y definiciones conceptuales han resultado elementos obligados en la elaboración de una síntesis entre ambos fenómenos, en apariencia dispares. Por último, resultó sorprendente comprobar cómo el balance de la Diputación sevillana durante la Segunda República fue más pobre de lo que podría creerse, aparte el sorprendente grado de politización alcanzado en la vida administrativa de esta institución y las artes neocaciquiles practicadas por los partidos hegemónicos en la Sevilla de aquellas fechas. Sobre las fuentes utilizadas podemos distinguir cinco grandes grupos en orden a una clasificación de los centros de documentación donde hemos trabajado: a) archivos provinciales o locales; b) nacionales; c) privados; d) hemerotecas; y e) bibliotecas. En primer lugar, figuran los archivos provinciales o locales, destacando naturalmente el de la Diputación Provincial de Sevilla. Este archivo presenta sus fondos modernos perfectamente catalogados, pero su documentación contemporánea –considerada aún como administrativa- no se encuentra totalmente organizada. El inventario que utiliza es de 1964 y es objeto de reactualización hoy en día. En el año 1995 estos fondos fueron objeto de traslado, al cambiar la sede de la Diputación desde la Plaza del Triunfo al antiguo cuartel de Intendencia. Hasta ese año, la documentación utilizada en este trabajo se partía entre la biblioteca y el archivo de legajos propiamente dicho. La primera, amplia y muy completa, contenía los documentos encuadernados; entre ellos, el Boletín Oficial de la Provincia o las series de Actas de la corporación provincial (Pleno, Comisión Permanente, Comisión Gestora). Los legajos y carpetas quedan referidos a las áreas competencia de la Diputación (Secretaría, Intervención, elecciones, quintas, beneficencia, etc), aunque su ordenación no es absolutamente correcta. Por ejemplo, no resultó extraño encontrar documentos sobre caminos vecinales de comienzos de los veinte dentro de una carpeta que prometía guardar actas electorales de los treinta. La prolongación de este estado de cosas procede más de la falta de recursos que de una ausencia de preocupación sincera y real por mejorar la organización de estos fondos. Así lo demuestra el que la directora de este archivo, Antonia Herrera Heredia, publicase en el Ministerio de Cultura una obra titulada Manual de organización de fondos de corporaciones locales. El Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (1980). De cualquier modo y para nuestros propósitos, la asimetría organizativa de los fondos custodiados en la Diputación ha producido un uso desigualmente intenso de sus documentos. Esta carencia ha debido ser cubierta con otras fuentes indirectas. Los archivos municipales, en cambio, lo hallamos en un estado razonablemente bueno gracias a la preocupación de las áreas o delegaciones de Cultura de los ayuntamientos y el apoyo prestado por la Diputación Provincial, que ha contribuido a la labor de inventario y publicación de los fondos locales, en ocasiones en mal estado y dispersos- la consulta de archivos en diversos municipios (Alcalá del Río, Carmona, Morón, Lora, etc) nos ha proporcionado un amplio soporte documental del que ya conocíamos su valor. Al fin y al cabo, lo que en su día fue nuestro primer trabajo de investigación (un análisis de la política municipal durante la Segunda República en Lora del Río) significó el primer aporte en un campo que, ahora, con el presente estudio sobre la Diputación Provincial se desarrolla en profundidad a una escala más amplia. Por otro lado, hemos considerado imprescindible la consulta de otros fondos localizados en Sevilla, hasta la fecha sorprendentemente inéditos. La exhumación de este tipo de documentos trasciende como mucho la mera anécdota de su descubrimiento, pues gracias a sus informaciones hemos podido reconstruir con mayor precisión biografías personales y profesionales de la galería de figuras aquí tratadas. Entre éstos archivos destacarían principalmente dos: el de la Capitanía General de Sevilla y el de la Prisión Provincial. Ninguno de los dos se encuentra en una situación óptima y no resultó sencillo el acceso a los mismos pero, como compensación, ofrecieron informaciones extraordinariamente valiosas. Nuestras consultas en la Capitanía General nos ha proporcionado una imagen más precisa de lo que significaron las delegaciones gubernativas o el grado de censura durante la Dictadura de Primo de Rivera, entre otros extremos. El de la Prisión Provincial –de reciente ordenación- ha permitido precisar el perfil biográfico de muchas de las autoridades que fueron represaliadas en 1936. Otros archivos locales consultado como el del Gobierno Civil (prácticamente reducido a sus libros registro de asociaciones), el Histórico Provincial o el de Hacienda también han sido objeto de nuestra atención, aunque su importancia para nuestro estudio se encuentra en un segundo plano. En cuanto a los archivos de impronta nacional hemos visitado los siguientes, al considerarlos ineludibles: Archivo Histórico Nacional; Archivo Histórico Nacional-Sección Guerra Civil; Archivo General de la Administración y Servicio Histórico Militar. La temática y el período tratados justifican su consulta, aunque la utilidad de los mismos ha sido muy variable. Así, si los archivos nacionales de Madrid y Salamanca nos han resultado muy fructíferos, no cabe decir lo mismo del Servicio Histórico Militar o el de la Administración. Del primero, naturalmente, sólo esperamos información castrense sobre el período primorriverista, dominado por la militarización de buena parte de las estructuras públicas (Navajas Zubeldia) y, hasta cierto punto, nos ha servido para complementar algunas informaciones obtenidas en la Capitanía General de Sevilla. Sin embargo, el segundo defraudó nuestras expectativas. El Archivo General de la Administración alberga un copioso conjunto documental, si bien su complejo sistema de inventario no permite un acceso ágil al documento. Por otro lado, es difícil hallar allí información concreta sobre una provincia determinada al no corresponder en ocasiones los contenidos reales del legajo con su descripción. Estos problemas devienen de la reciente creación del Archivo y de la transferencia a su sección de Gobernación de los fondos el Ministerio del Interior y del antiguo archivo que existía en Guadalajara (palacio del Infantado). Ambos cuerpos documentales no ofrecían una óptima catalogación y, como añadidura, han presentado problemas para fusionarlos correctamente. Las carencias encontradas en estos centros sobre el tema que estábamos tratando y el exigible afán por documentar al máximo la investigación nos llevaron también a consultar otros archivos como el de Segovia, la Fundación Pablo Iglesias o la Fundación de Investigaciones Marxistas, éstas últimas en Madrid. Otras dos inspecciones de interés han sido las realizadas en el Archivo Nacional de Cataluña (donde se conserva la documentación relativa a la Mancomunidad catalana) y la Fundación Francisco Largo Caballero que completaron nuestra indagación, además de sugerirnos líneas de trabajo post-doctorales. Las hemerotecas han representado otra fuente de información, en especial las municipales de Sevilla y Madrid, aparte la utilización de alguna prensa local conservada en colecciones particulares. Con todo, conviene precisar algunos extremos con respecto al uso de la prensa en la parcela de la historia política y de las instituciones. Por un lado, hay que advertir que las informaciones periodísticas sobre las instituciones político-administrativas locales o provinciales ocupaban espacios muy pequeños o casi marginales en los rotativos. Tal vez el Ayuntamiento de la capital se escapa un poco a esta regla por las consecuencias inmediatas que su gestión representaba para los lectores de la capital, o sea, la mayor parte de la clientela de la prensa escrita por aquel entonces. Pero, en el caso de la Diputación y los municipios de la provincia, las informaciones se limitaban muchas veces a extractar las sesiones celebradas y a la publicación de algunos anuncios. Sólo en coyunturas de crisis política o sonados recambios en las corporaciones, la prensa dejaba traslucir algo más que la frialdad de las simples fuentes oficiales o actas transcritas. Estas excepciones se dieron con relativa frecuencia durante los años republicanos y menos durante la Dictadura, debido a la censura ejercida sobre los medios de comunicación. Desde luego, el sexenio no se reveló de una dureza extrema en cuanto a censura de prensa se refiere, pero sí la practicó en grado suficiente como para interferir las labores del historiador. Valga un solo ejemplo: el cese de José Cruz-Conde como gobernador civil de Sevilla. El final del mandato de una figura tan señera, que además era director de la Exposición Iberoamericana y estaba dotado de grandes influencias políticas, se reflejó en la prensa de pasada, aludiendo ambiguamente a un roce con el gobernador militar: el infante Don Carlos. El conflicto, en realidad, tenía más calado del que puede sospecharse de la lectura de los periódicos de aquel entonces. Tras el roce entre Cruz-Conde y el infante latió el conflicto de los Artillero, cuerpo al que pertenecía el primero: aquella fue la oportunidad de los crecientes enemigos de la Dictadura para sacudirse un baluarte del primorriverismo en Sevilla. Tampoco faltaron ciertas sonrisas entre lo más destacado de la escena social hispalense ante la despedida de Cruz-Conde. En lo tocante a su falta de profundidad en los aspectos más espinosos, puede aplicarse similares consideraciones a las fuentes oficiales. Evidentemente, éstas son imprescindibles para reconstruir la gestión administrativa y las directrices generales de una actuación, pero no son completas ni cubren todos los aspectos que interesan a un historiador. Por ejemplo, entre la documentación conservada en las instituciones no se encuentra normalmente correspondencia particular de los políticos, papeles de extraordinaria utilidad para comprender muchas de las decisiones políticas adoptadas, con quiénes se relacionaban los políticos, qué calidad tenían esos contactos epistolares, etc. en otro orden de cosas, tampoco las fuentes oficiales aclaran muchas de las sutilezas de la gestión administrativa: un acuerdo puede estar perfectamente recogido en las actas de la corporación y, sin embargo, dejar de cumplirse; unos fondos destinados para un menester pueden desviarse suavemente hacia objetivos menos confesables; el nombramiento de un funcionario puede reunir todos los requisitos legales pero, en verdad, procedía de una compleja maniobra caciquil en unas oposiciones, el beneficiario de la concesión de una obra –directa o por el sistema de subasta- presentaba, en apariencia, una mediocre oferta pero era familiar de uno de los diputados provinciales, etc. además, la propia complejidad burocráticas favorece el desorden documental de los fondos institucionales. Siendo esto así, nos parecía obligado acudir a otro tipo de fuentes: los archivos privados. Precisamente, desde el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla se viene promoviendo desde hace algún tiempo la exhumación de conjuntos documentales particulares. La labor es ardua por varias razones. En primer término, porque no existe una cultura de conservación del patrimonio documental en muchas de las familias más insignes que, en su día, marcaron una época y, en consecuencia, la información puede haberse perdido. En otras ocasiones, porque existen documentos pero en un mal estado de conservación o muy incompletos. Por último, puede darse el caso de que el fondo esté incluso organizado pero, curiosamente, nadie sabe de él, bien por celo de quienes lo custodian, bien porque nadie le ha prestado la debida atención. Este último grupo es el que debe merecer los esfuerzos de recuperación más intensos. En el curso de la investigación hemos indagado sobre la existencia de archivos privados de apellidos que figuraron al frente de la Diputación Provincial de Sevilla. Desafortunadamente, no hemos hallado indicio alguno en la mayor parte de los casos. Los descendientes del presidente de la Diputación durante la Dictadura, José María López-Cepero, no han mantenido bajo su propiedad ninguno de los papeles que poseyeron en su día. Tampoco se ha conservado rastro de la documentación de Pedro Parias y lo mismo caber afirmar de la mayor parte de os miembros de la Diputación. Sin embargo, nuestra búsqueda tuvo fortuna al encontrar dos fondos especialmente trascendentes para este estudio. Nos referimos al archivo de José Cruz-Conde (hallado en el domicilio particular de la familia en Córdoba) y a los fondos del presidente de la Diputación Hermenegildo Casas, en México. Ambos han resultado fundamentales para nuestra investigación al haber pertenecido a figuras clave en la política sevillana de aquellos años: Cruz-Conde fue mucho más que un gobernador civil, en realidad el indiscutible amo de la escena pública en la provincia (y en Córdoba) entre 1926 y 1929; Hermenegildo Casas, el principal líder socialista hispalense al comienzo de la República y presidente de la Diputación entre 1931 y 19354. Bien es verdad que los archivos privados no suelen ser cuantitativamente copiosos. De hecho, el de Hermenegildo Casas se encuentra muy esquilmado debido a las pérdidas que sufrió en su largo periplo hacia el exilio mexicano. Sin embargo, sus escasos documentos nos dicen mucho de su trayectoria masónica y de sus principios ideológicos, acercándoos a los pliegues más íntimos de su fibra humana: todavía en los años setenta ensalzaba su andalucismo y fervor por Sevilla en cada ocasión que se le presentaba. Algunos hallazgos en ese pequeño fondo muestran otras dimensiones distintas a las de la lucha política. La oración fúnebre pronunciada por el socialista Juan Simeón Vidarte con motivo del fallecimiento de Casas (1967) en toda una muestra de militancia masónica y de fraternal compañerismo más allá de las siglas de partido y de las controversias que les separaron durante la Segunda República. Al archivo de Cruz-Conde es acreedor de mayores comentarios. Su contenido puede dividirse en dos bloques principales: a) el de diversos asuntos particulares; y b) el de su correspondencia. En el primero apareen documentos relacionados con su situación económica particular (gestionada por la casa Lázaro and Brothers de Madrid), diversos títulos y certificados, recortes de prensa, el proyecto de reforma de Sevilla (1926) que fue rechazado por él, papeles relativos a la Exposición Iberoamericana, organización de Renovación Española en Córdoba y, entre otros, una interesante memoria sobre la situación política antes de la Dictadura y durante el Directorio Militar. El segundo apartado está compuesto por su correspondencia, organizada y en buen estado de conservación. Ojear esas cartas equivale a realizar un recorrido a través de todo un elenco de personales que caracterizaron la vida política de los años veinte y parte de los treinta. En ellas, cartas recibidas o copia de las contestadas, se recogen decenas de firmas, como las de Eduardo Aunós, el conde de Bustillo, Federico Berenguer, Manuel Blasco Garzón, Hermenegildo Casas, Carlos Cañal, José Calvo Sotelo, el duque de la Unión de Cuba, José María Gil Robles, José María Pemán y Pemartín, José Antonio Primo de Rivera, José Yanguas, etc. Con todo, los avatares del tiempo y de la Guerra Civil produjeron lamentables mellas en esta modélica organización de un archivo privado: no figura, por ejemplo, ningún cruce epistolar con el marqués de Estella. Aparte lo descrito, el archivo de Cruz-Conde también contiene algunos papeles menores sin catalogación precisa y un interesante diario escrito de puño y letra por don José a lo largo de sus asilos diplomáticos en el Madrid de la guerra civil (1936-1939). El ex-gobernador de Sevilla estuvo implicado en los preparativos del Alzamiento del 18 de Julio en Córdoba pero, sin embargo, las circunstancias de última hora (muerte de Calvo Sotelo) y los requerimientos del general García de la Herrán le hicieron permanecer en Madrid. El fracaso de la sublevación obligó a Cruz-Conde a buscar asilo diplomático en diversas legaciones y embajadas (Perú, Argentina, República Dominicana) hasta acabar sus días en el Hospital francés a fines del mes de enero de 1939. Precisamente, este diario es objeto de un estudio que estamos llevando a cabo y que verá la luz en un futuro próximo. Tanto la tarea de extraer información para la presente Tesis Doctoral como la profundización biográfica en la figura de José Cruz-Conde han sido posibles mediante la amabilidad de su familia y, muy especialmente, de Antonio Cruz-Conde, sobrino-nieto del que fuera director de la Exposición, a quien agradecemos su colaboración desde estos párrafos. Han sido también de sumo valor las aportaciones de las publicaciones de la época. Hemos examinado una ingente bibliografía política de los años veinte y treinta en la Biblioteca Nacional (Madrid) y en otros centros como la Biblioteca Arús o la comúnmente conocida como Biblioteca Figueras, ambas en Barcelona. Singular énfasis queremos poner en la segunda porque en ella hemos encontrado obras que no se hallaba en la Nacional y, sin duda, recoge referencias bibliográficas de sumo interés para los analistas del siglo XX español. Por otro lado, también hemos accedido a otros centros como la Biblioteca del Ministerio del Interior, la de Administración Pública, la del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) o la del Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP). Tal y como el lector puede intuir, entre estas bibliotecas existen bastantes duplicidades y sería bastante racionalizador simplificarlas en una sola, correctamente dotada y organizada. La Biblioteca del Parlamento Andaluz y, sobre todo, la de la Universidad de Sevilla también han sido objeto de nuestras consultas. Por último, quisiera agradecer la disposición de Eduardo Ybarra al dejarnos investigar en su acogedora biblioteca particular. Volviendo al análisis de las fuentes originales consultadas y para cerrar este apartado, conviene hacer una última mención sobre la historia oral, son de sobra conocidos los argumentos en pro y en contra de la historia realizada a partir del recurso de las entrevistas personales. Nosotros hemos utilizado este recurso excepcionalmente y con la debida precaución por dos razones. De entrada, porque los entrevistados no son de primera mano (todas las personalidades que nos interesaban habían fallecido ya) y, en segundo lugar, porque son familiares de la figura que había motivado nuestra atención. Por todo ello, sólo han sido tomadas en cuenta cuando no existía documentación o cuando, indirectamente, hemos podido comprobar la veracidad de sus informaciones. Particularmente, he de agradecer la cooperación que nos prestaron la hija del marqués de Castellón (diputado provincial por el distrito de Utrera-Marchena entre 1924-1925), las familias de López-Cepero y de Muñoz Conde, Elena Casas Ordoñez (hija de Hermenegildo Casas) y, de nuevo, Antonio Cruz-Conde. Dicho lo anterior, la estructuración definitiva de los capítulos que siguen obedecen a un planteamiento cronológico en el que se intercalan núcleos temáticos específicos, todo ello precedido de un primer capítulo introductorio donde se traza una síntesis de las diputaciones provinciales desde su nacimiento hasta 1923, acercándonos a la situación vivida por la Diputación sevillana poco antes de la irrupción de la Dictadura primorriverista. Como queda indicado, el capítulo introductorio describe la génesis y evolución de los organismos provinciales en el siglo XIX. Las diputaciones fueron piezas en la construcción del Estado liberal en España y, como tales, sufrieron los avatares políticos del primer tercio de la pasada centuria. Nacidas sobre el papel en la Constitución de 1812, vivieron con interrupciones los primeros años de su existencia. Tras el Trienio Liberal, esos órganos desaparecieron durante la segunda etapa absolutista del reinado de Fernando VII y no sería hasta 1833 cuando tuvo lugar su definitiva implantación. La división territorial diseñada por Javier de Burgos les otorgó un dominio delimitado sobre el que ejercer su gestión, mediatizada ésta por la guerra carlista. El reinado de Isabel II y el sexenio revolucionario transfirieron cartas de naturaleza tanto a las provincias como a las instituciones político-administrativas encargadas de administrarlas (además de las diputaciones, también los gobiernos civiles). El segundo epígrafe del capítulo se dedica a valorar el papel de estos organismos dentro del sistema de la Restauración canovista y sus profundas raíces caciquiles. Por último, se concluye con una aproximación al estado en que se encontraba la Diputación Provincial de Sevilla en los años finales de la crisis del sistema. La sublevación de Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, irrumpió bajo una aureola de propósitos regeneradores envueltos en dictados autoritarios, constituyendo un auténtico impacto para las diputaciones. Precisamente, el capítulo segundo se inicia con un esbozo acerca de lo que significó en Sevilla la última corporación provincial del turno y en qué forma ésta hubo de asumir las normas del Directorio Militar. El entonces presidente de la Comisión –Serasúa Barandiarán- supo acomodarse a la nueva situación manteniendo unas relaciones más que cordiales con el gobernador civil: el general Francisco Perales Vallejo. Aquel fue uno de los primeros gestos de entendimiento entre los viejos políticos y las autoridades militares, en principio tan firmemente anticaciquiles como regeneradoras. Y es que los enérgicos proyectos de la Dictadura se fueron domesticando al poco de acceder al poder. Incluso, el dictador acarició la idea de suprimir de un plumazo los viveros de caciquismo representados por las diputaciones, pero todo quedó en una mera sustitución de corporaciones en enero de 1924, a excepción de las provincias vascongadas que conservaron sus diputados. En la sevillana, todos los miembros del pleno provincial fueron reemplazados por otros entre los que se contaron figuras de la vieja política pero, también, la emergencia de hombres nuevos (sobre todo católicos). La segunda parte del capítulo aborda las transformaciones acontecidas en la Administración Local de la provincia de Sevilla, de acuerdo con nuestro objetivo de incardinar a la Diputación dentro de la jerarquía institucional. En consecuencia, se tratan los cambios producidos en el Gobiernos Civil y en los ayuntamientos, reservando un apartado al fenómeno de los delegados gubernativos, bisturí anticaciquil en la última epidermis municipal y supuesto espejo de las virtudes que habrían de conducir el futuro del país. El ruido de las primeras purificadoras fue mucho mayor de lo que en realidad se consiguió, aunque ciertas cosas sí llegaron a cambiar. La persistencia de caciques no implicó la subsistencia del caciquismo anterior al 13 de Septiembre de 1923 y, de hecho, la gestión de los organismos administrativos registró notables modificaciones. Un ejemplo fue la actividad desplegada por la Diputación dirigida por el abogado católico José María López-Cepero y Muru entre enero de 1924 y marzo de 1925. Precisamente, en ésta última fecha Calvo Sotelo publicó su Estatuto Provincial gracias al cual la actividad de las diputaciones mejoró sensiblemente durante casi cinco años. El tercer bloque de contenidos está dedicado al estudio del desarrollo de aquel Estatuto para el caso sevillano. Una vez expuesto en el segundo capítulo su significado legislativo y sus innovaciones, en éste se contemplan los efectos palpables producidos por el Estatuto en combinación con los acontecimientos políticos que se dieron cita en la Sevilla del período 1925-1930. Fue entonces cuando se fraguó el mayor esfuerzo económico de la institución provincial, en forma de caminos vecinales, mejoras en la beneficencia y contribución a la puesta a punto de la Exposición Iberoamericana. Esa gestión se adecuó a las pautas marcadas por el régimen, secundadas y suscritas plenamente por las dos figuras que ocuparon la presidencia de la Diputación en aquellos años: José María López-Cepero (abril 1925 – junio 1928) y Pedro Parias (julio 1928 – enero 1930). No obstante, el consenso alcanzado en lo administrativo se conjugó con una serie de crisis políticas –conectadas con el progresivo desgaste del régimen- entre las que destacamos la del Ayuntamiento (1927) y la de la Diputación (1928). La actuación del gobernador civil José Cruz-Conde es la clave de aquellos sobresaltos políticos en su afán por controlar el status quo de la Unión Patriótica (UP) y, sobre todo, por llevar a buen término la citada Exposición. No dudó en sustituir a los católico-mauristas por el apoyo incondicional de los grupos económicos (Unión Comercial) que apostaban decididamente por la celebración del Certamen, promesa para el desarrollo del comercio exterior. Relacionado con aquel auge de las élites económicas reservamos un espacio para el estudio de un fenómeno hasta la fecha prácticamente inédito: el rotarismo. De hecho, el Rotary Club de Sevilla experimentó un sensible auge entre 1927 (fecha de su inauguración) y 1930, militando en esta cantidad diputados provinciales pertenecientes a actividades industriales, mercantiles o profesiones liberales. Finalmente, la caída de Cruz-Conde, los últimos reajustes políticos, el balance presupuestario de las corporaciones provinciales primorriveristas y el significado de la III Asamblea de diputaciones, organizada en Sevilla, jalonan la fase terminal de la Dictadura en nuestro estudio. El cuarto capítulo refiere lo que fue el crítico año de 1930. Hemos centrado especial atención en los meses que median entre la Dictadura y la República porque, además de servir de bisagra a los dos períodos que determinan este trabajo, durante el mismo se planteó la reforma del marco legal de las diputaciones. En ese año, incluso bajo una atmósfera revisionista contra lo ejecutado durante el sexenio, nadie quiso volver a la vieja Ley Provincial de 1882, decantándose la mayor parte de las diputaciones por realizar una reforma a partir de lo plasmado en el Estatuto de Calvo Sotelo. Esa postura equivalió a reconocer la superioridad de la legislación provincial primorriverista respecto de la de la Restauración. Actitud aún más significativa por cuanto en 1930 muchos personajes de la vieja política se habían reincorporado a los ayuntamientos y diputaciones. En Sevilla, los conservadores –acaudillados por el marqués de Torrenueva- dominaron toda la estructura político-administrativa de la provincia, desde el Gobierno Civil a los ayuntamientos pasando, lógicamente, por la Diputación. El objetivo político de los gobiernos Berenguer y Aznar radicó en preparar las próximas citas electorales, definitivas para el futuro curso político del país y el sostenimiento de la monarquía de Alfonso XIII. Pero no pudo lograrse por falta de consenso entre las propias filas monárquicas, aderezado además por el progresivo crecimiento de las dificultades económicas. Problemas políticos y económicos actuaron como una auténtica pinza sobre aquellas corporaciones transitorias e incapaces de desarrollar una labor gestora a medio plazo. La Diputación sevillana acusó todos estos factores, aunque con la mejor voluntad intentara sobreponerse a ellos. Creó –algo tardíamente- la Caja de Ahorros Provincial (el precedente de la actual Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez) con una mínima infraestructura y bajo un contexto desfavorable para las imposiciones. Por otro lado, consiguió ganar un pulso al propio Gobierno Berenguer cuando éste intentó resumir el cobro de las contribuciones del Estado en la provincia, cesión efectuada durante la Dictadura. Algunos logro, pues, se registraron en el haber de la Diputación presidida por el conservador Manuel Sarasúa. Sin embargo, poco pudieron hacer los monárquicos ante el impacto de las elecciones del 12 de abril de 1931. Los sorprendentes resultados que arrojaron las urnas precipitaron la proclamación del régimen republicano, transformando radicalmente el perfil político de la provincia de Sevilla. Precisamente, el quinto capítulo centra su interés en el análisis pormenorizado de los primeros meses de República, fechas en las que se operó una deliberada planificación republicanizadora de las corporaciones locales. De ahí la relevancia que le otorgamos al estudio de las elecciones municipales del 12 de abril y 31 de mayo de 1931. Junto a ello, analizamos las características de los nombramientos gubernativos efectuados en el Gobierno Civil y en la Diputación Provincial (ésta pasaría a ser dirigida por una Comisión Gestora designada por el gobernador y los partidos). De gran interés ha resultado el examen de los rasgos neocaciquiles adquiridos por algunos políticos republicanos y el constatar la conversión de personajes antes adscritos a las filas monárquicas, corroborando en ambos extremos las observaciones de Shlomo Ben Ami en su Anatomía de una transición. Por otro lado, se trata el controvertido rema de la Masonería y sus relaciones con el mundo de la política a través de los órganos de la estructura administrativa local. Hemos cuantificado qué número de masones ocupó cargos políticos en el Gobierno Civil, la Diputación y los ayuntamientos para, con posterioridad, delimitar las fronteras de la fraternidad masónica y los compromisos partidistas. ¿Influía la masonería en la política republicana a través de los hermanos emplazados en cargos de representación? ¿Ejercitó la Orden el recurso a las vías de favor o, por el contrario, fue instrumentalizada por los hermanos para conseguir beneficios particulares? Son cuestiones planteadas y a las que pretendemos responder –según la documentación consultada- en su correspondiente epígrafe. En último lugar, realizamos un somero examen de los resultados de las elecciones generales de 28 de junio de 1931 (además de las parciales de 12 de julio y 4 de octubre) con la finalidad de conocer cuál era el pulso político de la provincia en esas fechas. Llegados a este punto, procedemos al examen de la gestión provincial republicana durante el primer bienio, prácticamente coincidente con la presidencia del socialista Hermenegildo Casas Jiménez. En ese balance abordamos un heterogéneo abanico de asuntos: la transformación ideológica de la beneficencia; el fomento de las obras públicas como fórmula para conjurar el desempleo, la politización del organismo administrativo; etc. Especial relieve le concedemos al papel desempeñado por la Diputación –gracias a los empeños de Casas- en la dirección del proceso autonómico para la región andaluza. Los avatares políticos nacionales y el desgaste de los republicanos-socialistas tuvieron su traducción en Sevilla y en su Diputación. Por un lado, Hermenegildo Casas abandonó el PSOE y se unió al grupo de disidentes del PRR, encabezados por Diego Martínez Barrio; por otro, las elecciones de 1933 cambiaron el espectro político y, en consecuencia, la corporación fue renovada a favor de una sólida mayoría radical liderada por el médico José Manuel Puelles. No obstante, aquella Diputación tuvo una corta existencia (febrero-septiembre 1934) debido a la crisis del PRR, muy acusada en las filas del radicalismo sevillano. Casi todos los cuadros del partido siguieron a Martínez Barrio, dejando unos huecos rellenados con personajes procedentes de la vieja política o de las derechas moderadas, bajo el control de Guillermo Moreno Calvo, subsecretario en los gobiernos lerrouxistas. En consecuencia, la corporación provincial propiamente rectificadora fue la dirigida por José Prieto Carreño, con un perfil político lerrouxista y cedista, más el añadido de algún agrario. La labor de rectificación emprendida por aquellos diputados no tuvo éxito. Tal y como describimos en el capítulo séptimo, las dificultades económica y la precariedad del marco legal de la Diputación fueron factores adicionales en la crisis política casi permanente del lerrouxismo hispalense (siempre en reorganización). Al final, el escándalo Nombela y el hundimiento político de Guillermo Moreno Calvo dieron al traste con los equipos políticos del PRR tanto en la Diputación como en los ayuntamientos. No faltaron lerrouxistas que ensayaran aproximaciones hacia la operación centrista tejida por el gabinete del Portela Valladares y, de hecho, uno de ellos fue el presidente José Prieto Carreño. Incluso, curiosamente, el ex-socialista Hermenegildo Casas aceptó durante una semana asumir la presidencia de la Diputación poco antes de las elecciones del 16 de febrero de 1936. Sin embargo, todos estos propósitos quedaron desbaratados tras el triunfo del Frente Popular en las urnas. Al igual que los demás comicios, las elecciones de febrero son analizadas para extraer el mapa político de la provincia. Con dicho análisis arranca el último capítulo, centrado en los recambios introducidos por el Gobierno Azaña en las instituciones político-administrativas sevillanas. A la Diputación volvió José Manuel Puelles de los Santos con una mayoría de diputados martinbarristas, aunque sin faltar representantes de los demás partidos: PSOE, Izquierda Republicana y comunistas. Lógicamente, prestamos suma atención a la gestión desplegada por aquella corporación en su esfuerzo por recuperar las líneas de trabajo del primer bienio, incluyendo la reactivación del proceso autonómico. De especial interés se han revelado las elecciones a compromisarios celebradas en abril de 1936 con motivo de la caída de Alcalá-Zamora como presidente de la república. Los compromisarios que habrían de elegir a Manuel Azaña como nuevo jefe del Estado estuvieron integrados en Sevilla mayoritariamente por miembros del Frente Popular, ante unas derechas que se abstuvieron de presentar candidatos. El rechazo de una parte del espectro de partidos a participar en esas elecciones era una muestra de hasta qué grado se había deteriorado la convivencia política. La República se había convertido en un régimen de una parte del país, en parte por la instrumentalización de unos y en parte por la desafección de otros. La Guerra Civil sería la trágica consecuencia de esa ruptura. Esta obra está inscrita en las líneas de trabajo abiertas en el Departamento de historia Contemporánea en torno al tema Política y políticos en la Sevilla contemporánea. Agradezco desde estos párrafos la colaboración de sus miembros y, en especial, a María Parias y Leandro Álvarez, con quienes he tenido el gusto de intercambiar puntos de vista en el proceso de elaboración de la presente Tesis Doctoral. Quiero reconocer, igualmente, las conversaciones, contraste de pareceres y densas jornadas de trabajo que he sostenido con el director del presente estudio, profesor Alfonso Braojos, a quien me une no sólo el compartir proyectos intelectuales sino también una bien fundada amistad. No resulta posible hilvanar todos aquellos nombres con quienes, de un modo u otro, sostengo deuda de gratitud. Asumiendo los riesgos de una sucinta relación y disculpando los probables olvidos, quiero referir en primer lugar el amable trato dispensando por el personal de los archivos consultados, en especial el de la Diputación Provincial de Sevilla, tanto por l que se refiere a su actual directora, Carmen Barriga, como a las encargadas del servicio, siempre atentas a mis peticiones y valiosas informadoras de los fondos allí custodiados. Iguales consideraciones he de consignar respecto de los empleados de la Hemeroteca Municipal. También el director de la prisión provincial Sevilla-1, Javier Romero, es acreedor de mi reconocimiento al facilitarme los trámites pertinentes ante instituciones Penitenciarias y el acceso a la documentación recientemente ordenada. Por otro lado, las consultas en la Capitanía General de la Segunda Región Militar hubieran permanecido en un mero deseo a no ser por los permisos concedidos por el Capitán General y los buenos oficios del comandante Carpintero y del capitán Subirá. Con independencia de los favores concedidos por los titulares de documentación particular y reiterándoles mi gratitud, quiero hacer mención a todos aquellos investigadores con los que he cambiado impresiones, ofreciéndome ideas estimables. Largas horas de charla y amistad he compartido con Manuel Ruiz Romero hablando de temas políticos en relación con el proceso autonómico andaluz durante la Segunda República. Una relación ésta que no sólo ha sido fecunda sino que comenzó con la mayor honestidad profesional que puede haber entre dos investigadores: intercambiándose información extraída de los archivos que cada uno había visitado. Igual transparencia y honradez intelectual he encontrado en el profesor y compañero Juan Ortiz Villalba. Su amplio conocimiento sobre la historia cordobesa me han servido para profundizar en los aspectos biográficos de José Cruz-Conde, objeto de un futuro proyecto investigador. También he encontrado colaboración y ayuda en otros colegas que han abordado el tema de la historia de las diputaciones. Entre ellos quiero destacar , en primer lugar, a la profesora Encarnación Lemus (Universidad de Huelva) y a los profesores Eduardo Alonso Olea (Universidad del País Vasco), Manuel Requena Gallego (Universidad de Albacete), Pedro Carasa Soto (Universidad de Valladolid) y José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja). Los aportes bibliográficos facilitados por la biblioteca de la Facultad de Derecho y el Instituto García Oviedo han resultado imprescindibles para completar los repertorios de obras de referencia. La última sección de agradecimientos, tal como corresponde a lo más importante, va dirigida a mis seres más queridos: mis padres que compartieron conmigo los primeros pasos de esta investigación y, especialmente, mi mujer, sin cuyo aliento, sacrificio, compresión y ayuda esta obra no habría tenido objetivo mi meta. A todos ellos, pues, y a todos los que no han sido mencionados, se dirige mi pública gratitud. Naturalmente y siendo justa la advertencia, las imprecisiones o ausencias que el lector pueda encontrar son de exclusiva responsabilidad del autor.

Ante un contexto de globalización económica como el actual, caracterizado por la libre circulación de bienes y servicios, los empresarios se ven cada vez más forzados a ser competitivos tanto en precio como en calidad, primando el primer factor en el actual modelo económico mundial de escasez de recursos económicos generado por las crisis económicas de orden mundial de diferentes Estados. Por este motivo, los operadores económicos buscan, ante todo, ser más eficientes con sus recursos e inversiones. Así, para la consecución de tal fin, los operadores económicos han procedido, en la práctica, a deslocalizar sus inversiones de sus Estados de origen y localizarlas, no ya donde más renten o logren maximizar sus resultados, sino donde menos tributen. Práctica esta que, en puridad, acaba respondiendo a un indicador de gestión normativo-financiero legal y rehusando la aplicación del indicador empresarial por excelencia: el de gestión económico-financiera, el cual le permite a cada empresario evaluar su real índice de rentabilidad bruta y operativa de su inversión, es decir, la colocación efectiva y eficiente de sus recursos económicos y financieros. Pues bien, del mismo modo, los Estados, autónomos y soberanos en materia tributaria, también han querido ser más competitivos desde un punto de vista tributario en orden a captar inversiones económicas. Para lo cual algunos han realizado ajustes y reformas de sus sistemas tributarios, estableciendo regímenes fiscales privilegiados, mientras que otros han optado por una opacidad de información tributaria que aboque en la localización de rentas en su territorio. De este modo, los Estados pretenden resultar fiscalmente atractivos para la inversión tanto de rentas como de patrimonios en sus respectivas jurisdicciones, habilitando para unas y otros una tributación reducida o, incluso, nula. Su único objetivo es, pues, la materialización de la inversión producto de una deslocalización en otro Estado, sin que ello incentive la generación de nuevas inversiones ni de riqueza. Ello, además, sin medir las consecuencias desfavorables para aquellos Estados que son víctimas de dicha deslocalización, convirtiéndose de esta manera en Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. No puede desconocerse que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE) como la Unión Europea (en adelante UE) han trabajado arduamente para conseguir la neutralización de este tipo de prácticas fiscales, haciéndose especial hincapié en la lucha contra la competencia fiscal perniciosa llevada a cabo a través de los paraísos fiscales u otras jurisdicciones opacas o no transparentes. Así, de un lado, la implementación de un escenario tributario justo y equilibrado (en el que cada Estado pueda ejercer libremente su soberanía tributaria sin acabar acudiendo a prácticas fiscales nocivas para el resto de economías nacionales) y, de otro lado, la consecución de unos estándares mínimos en materia de intercambio de información tributaria (para que cada Estado pueda conocer la localización última de la riqueza de sus residentes y lograr su efectivo gravamen) se han convertido en las principales metas a alcanzar por dichas organizaciones internacionales y supranacionales. Ahora bien, aun cuando no pueden desconocerse los avances realizados en el ámbito del intercambio de información tributaria y los esfuerzos efectuados para el diseño de ese level playing field a efectos fiscales, en la actualidad la realidad formal dista mucho de la estrictamente material. Valga, a título de ejemplo de este extremo, la nimia exigencia de un mínimo de doce acuerdos suscritos sobre intercambio de información tributaria para salir de la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE, de manera que la misma se halla vacía en la actualidad. ¿Significa ello que se ha logrado acabar con la lacra que constituyen los paraísos fiscales? Nada más lejos de la realidad, si se tiene en cuenta la erosión que, para las economías de los restantes Estados, siguen representando a día de hoy tales territorios. Asimismo, otro buen botón de muestra de este clima constante de competencia fiscal perniciosa sería la proliferación de regímenes fiscales preferenciales existentes en el momento presente incluso en Estados con niveles estándar de imposición, más preocupados por captar inversiones económicas foráneas y evitar la deslocalización de las propias que de configurar sistemas tributarios coherentes y, sobre todo, justos. De este modo, ante la insuficiencia de las respuestas dadas a nivel internacional contra el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa, el presente trabajo de investigación pretende diseñar o rediseñar, en su caso, una batería de instrumentos jurídicos alternativos para hacer frente al mismo, desde una óptica jurídica pero enmarcada en el contexto global económico de hoy, el cual se erige en la causa principal del auge de la competencia fiscal perniciosa. Se trata de mecanismos que, en última instancia, pretenden evitar la no tributación o la doble no tributación de la operación económica ni en fuente ni en residencia, ahondando en la necesidad del intercambio de información, de la estandarización internacional de un tipo nominal de impuestos sobre sociedades y también en el establecimiento de fuertes medidas coactivas e, incluso, resarcitorias, a efectos de disuadir el ejercicio soberano de una competencia fiscal agresiva y, por ende, perjudicial. I. Objeto de la investigación Antes de entrar en las propuestas de corrección de la competencia fiscal perniciosa, es importante señalar que la dinamización y globalización de los mercados, de las telecomunicaciones y, en general, de todo el contexto económico mundial, hace que cada día los contribuyentes estén en permanente búsqueda de jurisdicciones o Estados que ofrezcan una nula o baja tributación y que, además, ofrezcan cierta opacidad informativa respecto de las rentas y/o patrimonios allí localizadas. Como es sabido, existen ya algunos estudios monográficos de importancia en España en materia de competencia fiscal perniciosa, sobre todo referidos al ámbito comunitario, entre ellos tenemos a MARTÍN LÓPEZ, para quien la competencia fiscal interestatal puede definirse como "la utilización por los Estados de sus sistemas fiscales con la finalidad de captar inversiones foráneas"1 y a LAMPREAVE MÁRQUEZ, quien en cuanto a la competencia fiscal entre Estados, da por cierto "que en un entorno globalizado, las Autoridades de cada Estado, al fijar una determinada política fiscal, ya no sólo se plantean la repercusión de las medidas en su propio territorio, sino sobre aquellos factores de mayor movilidad sitos en otros territorios a los que pretenden atraer". Cierto es que cada Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria, es soberano e independiente a la hora de diseñar su sistema fiscal, conforme a su Constitución y resto del ordenamiento jurídico. Pero algunos Estados se extralimitan en dicha configuración, estableciendo regímenes tributarios preferenciales no acordes con los estándares impositivos clásicos, llegando en ocasiones a conformarse sistemas auténticamente opacos diseñados para atraer, no tanto inversiones fruto de la planificación fiscal u economía de opción, sino derivadas más bien de prácticas propiamente elusivas o evasoras. Todo ello lleva aparejada la generación de desajustes fiscales y económicos en aquellos Estados que han sufrido la deslocalización de rentas e inversiones de sus residentes como consecuencia de su traslado a aquellas otras jurisdicciones que ofrecen una baja o nula tributación, surgiendo como tal el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa. Fenómeno este que, en última instancia, impide que los Estados puedan atender su gasto público y, por ende, cumplir sus fines sociales, ahondándose más aun en la actual crisis económico-financiera de algunos Estados. En este sentido, se han escuchado ya importantes y duros pronunciamientos sobre los paraísos fiscales, los cuales constituyen el exponente por excelencia de la competencia fiscal perniciosa. Nos resulta difícil creer que en un futuro cercano se logrará la eliminación de los paraísos fiscales o siquiera su declive, cuando es evidente la brecha entre el discurso y su ejecución. En la cumbre anual del G20 celebrada en Cannes los días 3 y 4 de noviembre de 2011, el presidente de turno de esta organización, el entonces Presidente de la República Francesa Nicolás Sarkozy, hizo unas duras declaraciones sobre los paraísos fiscales en la rueda de prensa al final de la cumbre: "(n)o queremos más paraísos fiscales. El mensaje es muy claro (.) Los países que sigan siendo paraísos fiscales con el disimulo financiero serán condenados al ostracismo por la comunidad internacional"; anunciando que el G20 realizará una "publicación sistemática" en sus cumbres de la lista de "países que no hacen lo que hay que hacer para acabar con un comportamiento inadmisible"3. Posteriormente en la cumbre G20 de 2013 celebrada en San Petersburgo el 5 y 6 de septiembre de 20134, se dio un total respaldo al plan de acción creado por la OCDE que tiene por objeto abordar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios empresariales (BEPS por sus siglas en inglés Base Erosion Profit Shifting). Plan de acción que como veremos infra, no ha tenido el mejor respaldo de los expertos, ni de la doctrina científica y menos de los contribuyentes, quedando sólo al buen respaldo de los funcionarios de las distintas agencias tributarias y, por supuesto, de la misma Organización. Pues bien, una de las principales causas de esta competencia fiscal perniciosa se puede encontrar en la globalización económica (caracterizada por la apertura de economías y la libre circulación internacional de capital, bienes, servicios), donde la fiscalidad se erige en un factor importante en la localización de las inversiones económicas y de la riqueza. Razón por la cual los Estados utilizan la misma para intentar atraer, hacia sus respectivas jurisdicciones, el mayor número de rentas y patrimonio, sin tener en cuenta las consecuencias adversas que genera la deslocalización de inversiones en los diferentes Estados de origen. Así, pueden citarse, como consecuencias lesivas derivadas del fenómeno de la competencia fiscal perniciosa, entre otras, el reparto desequilibrado de la carga tributaria, ya que los Estados sólo buscan atraer a sus jurisdicciones "bases imponibles móviles" (rentas del capital o de actividades económicas), reduciendo tan sólo la carga impositiva soportada por éstas. Mas ello no parece suponer una racionalización del sector público, puesto que esa menor presión fiscal prevista para las bases móviles no conlleva un gasto público más eficiente, sino que se compensa mediante un endeudamiento superior y una mayor tributación de las bases no móviles (rentas del trabajo o inmobiliarias). De esta forma, la Competencia Fiscal Interestatal adquiere un perfil nocivo, no cuando se traduce en el establecimiento generalizado por los Estados de unos niveles de imposición ajustados, resultando una fiscalidad más racional y, a su vez, atractiva para toda clase de rentas, sino cuando consiste en el establecimiento de ventajas fiscales específicas y desorbitadas cuyo único objeto sea la captación de determinadas rentas. Así, a lo largo de este trabajo de investigación, realizaremos algunas propuestas de lege ferenda en orden a la corrección de la competencia fiscal perniciosa, entre las que destacamos como aporte propio una propuesta en torno al establecimiento de una suerte de responsabilidad patrimonial como última ratio de aquellos Estados o jurisdicciones que ejerzan una competencia fiscal perniciosa obstaculizando, ocultando o denegando el suministro de información financiera-tributaria efectiva a los Estados perjudicados. Dicha responsabilidad patrimonial podría comprender, además de la imposición de sanciones económicas, el pago a tales Estados perjudicados de una cantidad equivalente a la deuda tributaria dejada de ingresar por sus residentes como consecuencia de la deslocalización de sus rentas, patrimonios e inversiones y su ubicación en aquellos otros Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. Así, nada obsta a que los diferentes Estados modernicen sus sistemas tributarios y sean fiscalmente competitivos a nivel internacional para atraer inversión extranjera. Ahora bien, sus sistemas tributarios deben responder a un esquema, si no igual a los demás Estados, sí similar en lo que respecta a los estándares internacionalmente aceptados. Nada impide que los Estados puedan establecer condiciones fiscales favorables, mas no desleales frente a las condiciones de los otros Estados. Lo ideal es que observen unos patrones internacionales de tributación de los que se derive un terreno de juego justo y equilibrado en el ámbito fiscal, dejando que sean otros factores de competitividad los que acaben decidiendo qué Estados resultan más atractivos internacionalmente. Factores como vías de comunicación, calidad de materias primas, calidad de la mano de obra, reducción de costes de producción, avanzada tecnología y redes de acceso a las misma o seguridad jurídica, entre otros, que son propios de la libre competencia en un mundo globalizado y dinámico como el actual. Es claro que nuestro propósito con este trabajo de investigación es realizar algunas propuestas de lege ferenda que contengan una aproximación a la corrección de la competencia fiscal perniciosa, tanto en el ámbito internacional como de la Unión Europea, pero unificada como una propuesta global de fiscalidad internacional. Y ello sobre la base de medidas de muy distinta índole, entre las que podrían destacarse, de un lado, la ratificación de un acuerdo multilateral de intercambio efectivo de información de forma automática vinculante para los Estados que se adhieran, la fijación de un tipo nominal estándar de impuesto de sociedades del 22,5%. Y, de otro, el establecimiento de medidas defensivas contra los Estados que ejerzan esa competencia fiscal perniciosa, que abarquen desde las propiamente encuadrables en la técnica tributaria hasta otras coactivas, punitivas o resarcitorias. En efecto, sin desconocer la soberanía de cada Estado como límite infranqueable y modulador del Derecho internacional, un problema como el que representa la competencia fiscal perniciosa requiere una estrategia coordinada y decidida que acabe aislando internacionalmente a aquellas jurisdicciones no cooperantes, de modo que ese ejercicio de competencia fiscal nociva termine teniendo un coste, en términos económicos y jurídicos, mayor que el propio beneficio reportado por tales prácticas. Piénsese, en este sentido, en la posibilidad de exigirle una especie de responsabilidad patrimonial, reclamándosele el pago del impuesto que el contribuyente ha dejado de ingresar en su Estado de residencia o de la fuente donde aquél ejerce sustancialmente actividades económicas; responsabilidad ésta que sería exigible con carácter subsidiario y como última ratio, una vez que el Estado perjudicado demuestre que la normativa o la práctica administrativa del otro Estado ha constituido un obstáculo insalvable para lograr la recaudación tributaria que, en atención al juego de los criterios de sujeción tributaria, le correspondía jurídicamente. II. Metodología Con la presente investigación jurídica, encuadrable dentro del ámbito del Derecho Público, pretendemos estudiar el fenómeno de la Competencia Fiscal Interestatal y, propiamente, aquélla que presenta un carácter pernicioso. No obstante, la investigación respecto de esta materia se llevará a cabo, exclusivamente, desde el punto de vista jurídico, prescindiéndose de la óptica económica, (más centrada ésta última en las graves consecuencias de esta índole que dicho fenómeno acarrea). Es claro que, en este tipo de investigación, usaremos, como principales fuentes directas de estudio, entre otras, las normas jurídicas (Tratados, Leyes, Reglamentos, Directivas, etc.), la jurisprudencia de los Tribunales, informes de organismos internacionales (OCDE, UE) y la doctrina científica, acudiendo a las principales monografías y artículos de aquellos autores que han tratado esta materia. De este modo, se pretende realizar un trabajo de investigación que, de alguna manera, resulte interesante y contenga aportaciones de valor, tanto para la comunidad académica, como para los Estados y Organismos internacionales que luchen contra el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa. Es importante dejar sentado que cualquier información de fuente externa que se utilice en esta investigación tendrá su respectiva lista de referencia en la parte bibliográfica, preservándose así los derechos de autor. III. Estructura del estudio La presente tesis doctoral se ha estructurado de una manera concordada, en cuatro capítulos, analizando de manera exhaustiva todos los aspectos de nuestro objeto de estudio (éste es, la competencia fiscal perniciosa) y concluyendo con las oportunas propuestas, en tanto aportación científica propia que todo trabajo de investigación debe necesariamente contener. El primer capítulo aborda el fenómeno de la competencia fiscal interestatal desde su génesis hasta la actualidad, donde podremos apreciar como esta figura jurídico- económica (aun cuando sólo realizaremos su análisis desde el punto de vista jurídico), ha tenido una evolución importante, motivado todo ello por la globalización y dinamización de los mercados. Fenómeno este que, sin duda, constituye uno de los principales motivos por los que, en la actualidad, los diferentes Estados, territorios o jurisdicciones establecen, ajustan o reforman sus sistemas fiscales nacionales, si bien en uso de su propia soberanía estatal. En el segundo capítulo se realiza un análisis de lo que se entiende por competencia fiscal perniciosa, la cual se traduce en la pugna de los diferentes Estados por localizar en sus respectivos territorios, mediante la utilización de instrumentos fiscales, el mayor número de inversiones económicas. Lo que, en la práctica, está generando unas gravísimas consecuencias para los propios Estados en su conjunto y, sobre todo, para aquellos cuyos sistemas tributarios responden a los estándares internacionalmente aceptados. Consecuencias nocivas entre las que destaca la pérdida de ingresos fiscales provenientes de las rentas denominadas "móviles", dada la facilidad de deslocalización de éstas últimas. El tercer capítulo tiene por objeto la descripción y examen de las principales acciones llevadas a cabo a nivel internacional (tanto desde la OCDE, como desde la UE) frente a esta competencia fiscal perniciosa que se ha desatado entre los Estados y que tiene su anclaje en las fuerzas del mercado y la globalización. Acciones, valga de paso decir, que con carácter general no son vinculantes per se, sino por la voluntad política de cada Estado, como veremos infra. Por tanto, en él se hará referencia a las principales propuestas de corrección de la competencia fiscal perniciosa desarrolladas en los ámbitos internacional y comunitario, evaluándose instrumentos jurídicos como la aproximación de legislaciones para lograr una coordinación de la fiscalidad, la igualdad de condiciones entre todos los Estados para lograr un intercambio efectivo de información y unos sistemas fiscales transparentes y la armonización de la fiscalidad directa en el ámbito comunitario, entre otros. Finalmente, en el cuarto capítulo se expondrán propuestas propias, de lege ferenda, para la corrección de la competencia fiscal perniciosa. Demostrada a lo largo de la investigación la nocividad de la competencia fiscal perniciosa (y de la utilización de este fenómeno por estructuras agresivas de ingeniería fiscal cuasi elusivas), procede, como leitmotiv último del trabajo, formular nuestras tesis sobre la viabilidad jurídica de determinados mecanismos alternativos de contención de la competencia fiscal perniciosa, ante la inexistencia de normas jurídicas que sancionen a los Estados que ejerzan la misma. Así, creemos firmemente en la necesidad de actuar en un doble plano: primero, el establecimiento e implementación de unos mínimos de convergencia tributaria a nivel internacional que excedan del restringido ámbito del intercambio de información tributaria, delimitando claramente, de una vez por todas, ese denominado escenario fiscal justo; segundo, la fijación de un tipo nominal estándar del impuesto de sociedades del 22,5% permitiéndose los ajustes de doble imposición internacional o por el contrario del ajuste de lo debido y no abanado; y, tercero, alcanzar un establecimiento generalizado del mismo de manera coercitiva, albergando la posibilidad de que, ante la deslealtad en el ámbito fiscal practicada por determinados Estados, quepa la exigencia de la apuntada responsabilidad patrimonial como última ratio. Objetivo difícil, sin duda, en razón a que el Derecho internacional público se encuentra precisamente soportado en la voluntad de los Estados libres y soberanos, sin que pueda exigírseles el cumplimiento de obligaciones a las cuales no se hayan adherido voluntariamente. Por ello, somos conscientes de las limitaciones de nuestra propuesta y de sus consecuencias en el ámbito del Derecho internacional, pero que los Estados miembros de las distintas organizaciones internacionales habrían de comprender y compartir, construyendo un frente común contra los paraísos fiscales y demás jurisdicciones opacas, los cuales son, en definitiva, los verdaderos agujeros negros del sistema fiscal internacional. CONCLUSIONES 1. En el ámbito del Derecho internacional público, encontramos el Derecho tributario internacional, en el que cada Estado libre y soberano ejerce su potestad tributaria para estructurar su respectivo sistema fiscal, existiendo tantos regímenes fiscales como Estados o territorios dependientes existen, deviniendo con ello una cierta competencia fiscal entre los éstos. Competencia que alcanza regímenes fiscales transparentes, unos menos transparentes y otros en puridad, opacos. Siendo estos dos últimos tipos de regímenes, los propicios para que los operadores económicos ejerciten toda su infraestructura financiera, legal y fiscal para aprovecharse de los desajustes de la diversidad de tantos sistemas fiscales. 2. También es cierto, que esa potestad tributaria de los Estados ha ido desencadenando un escenario de lucha entre éstos, con el único fin de atraer hacia sus territorios inversiones y riqueza foránea, en ocasiones sin dimensionar los efectos nocivos que ello genera en el Estado que sufre la deslocalización, la erosión de la base imponible o el traslado de beneficios hacia esas jurisdicciones que ofrecen condiciones fiscales más ventajosas o preferenciales de baja o nula tributación. Ello ha generado que algunos Estados también constituyan regímenes fiscales con ciertos privilegios, de modo que puedan retener al menos, su riqueza nacional dentro de su territorio, alcanzado esto una pugna entre Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. Creemos, que lo que resulta inadmisible en el plano internacional, es aquel ejercicio sesgado de la potestad tributaria que acabe perjudicando a aquellos otros Estados con niveles impositivos estándares. 3. Así como una sana competencia en la producción y comercialización de bienes y servicios es útil y necesaria para equilibrar las fuerzas del mercado, también lo es la competencia fiscal, pero a través de sistemas tributarios transparentes. Lo cierto es que el carácter pernicioso que ha alcanzado la segunda, es tal, que hasta los mismos Estados y organizaciones internacionales, como la OCDE, G20, G/7/8 y la UE, han tenido que intervenir para hacer frente a tal fenómeno que viene socavando la hacienda pública internacional, principalmente en lo que respecta al impuesto de sociedades, lo que está generando que cada día la brecha fiscal esté siendo más amplia, no permitiendo a los Estados cumplir sus fines. 4. Sin perjuicio de otras opiniones, definimos la competencia fiscal interestatal como el fenómeno por el cual los Estados, en ejercicio de su poder soberano, erigen y estructuran su sistema fiscal con el objetivo de mantener, retener o atraer capitales móviles, actividades empresariales, inversiones, rentas o patrimonios, logrando así un incremento de sus ingresos públicos y, en general, un mayor crecimiento económico. 5. El ejercicio de esa potestad tributaria en el actual contexto de globalización económica, ha abocado en un uso de la misma dirigido, en última instancia, a configurar Estados fiscalmente atractivos para los inversores internacionales, lo que ha generado una contienda de competencia fiscal, beneficiando especialmente a las multinacionales que a través de su planificación fiscal agresiva buscan la optimización en el pago de la factura fiscal, más que la rentabilidad misma de la inversión; quienes aprovechas todos los resquicios fiscales para ello, y de paso, se benefician al igual que los demás ciudadanos de los servicios y condiciones de bienestar que ofrecen los Estados, sin contribuir con las cargas fiscales que justamente les corresponde, convirtiéndose como dicen los hacendistas públicos en verdaderos free-riders. 6. Fenómenos como la globalización económica y la constante interdependencia de las economías, ha provocado la apertura de las fronteras, la eliminación de normas proteccionistas y la libre circulación de personas y capitales. Escenario en el que los propios Estados se ven enfrentados a una competencia fiscal, similar a la competencia de mercado a que se ven enfrentados los operadores económicos. Por tanto, el fenómeno de globalización económica no hace sino desatar las fuerzas del mercado tanto para los Estados como para los operadores económicos, en donde la competitividad no está basada en factores de rentabilidad operativa sino, en gran medida, en factores de rentabilidad fiscal. 7. Esta globalización y la creciente movilidad de personas y capitales, están creando dificultades para los Estados a la hora de evaluar correctamente las bases imponibles, la recaudación fiscal y la tributación efectiva de los operadores económicos donde sustancialmente ejercen las actividades y generan valor. A su vez, estos fenómenos están afectando el funcionamiento de los sistemas fiscales y facilitando las prácticas de elusión y evasión fiscales, toda vez, que algunos se han reputado insuficientes u obsoletos frente al dinamismo económico vigente, lo que pone en peligro el funcionamiento del mercado global. 8. Defendemos el proceso de la competencia fiscal como un fenómeno beneficioso, siempre que la misma se practique de una manera leal y sana, es decir, en la medida que los Estados ejerzan su potestad tributaria, no de manera uniforme, pero sí dentro de unos estándares internacionales (como los referidos por la OCDE y la UE). En este sentido, la propia OCDE no censura la existencia de diferencias objetivas entre los sistemas fiscales de los distintos países, admitiéndose el carácter beneficioso de una cierta competencia derivada de dicha heterogeneidad, pero siempre que aquélla acabe conformándose como simétrica, proporcionada y justificada, mediante la cual exista una adecuada proporción entre los niveles de imposición y prestaciones públicas, que finalmente, desemboque en la eficiencia del gasto público y que por demás, sean sistemas transparentes e inspirados en principios de justicia tributaria. 9. También consideramos el proceso de la competencia fiscal como un fenómeno perjudicial, siempre que se ejerza de manera desleal, a través de la implementación de sistemas tributarios preferenciales de carácter pernicioso, es decir, estructurados estrictamente por motivos fiscales para la captación exclusiva de rentas y capitales foráneos, sin exigir una actividad real y sustantiva; o, mediante jurisdicciones constitutivas de auténticos paraísos fiscales sin un intercambio efectivo de información y con sistemas tributarios poco o nada transparentes. 10. Lo cierto es que principalmente desde los años noventa hasta nuestros días, la competencia fiscal interestatal presenta una naturaleza más perniciosa que sana, puesto que la globalización económica, unida a la falta de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes, hace que internacionalmente los Estados compitan, no desde un punto de vista económico, sino desde una óptica estrictamente fiscal. Lo propio sucede incluso, en el seno de la UE, que ha tenido grandes avances en la armonización de fiscalidad indirecta, y en algunas parcelas de la fiscalidad directa, pero la falta de una armonización adecuada del impuesto de sociedades en sus EE MM, ha generado una gran variedad de 28 regímenes societarios, sin que hasta la fecha se haya podido lograr una coordinación para su armonización, convirtiéndose esta competencia fiscal en un fenómeno lesivo para el mercado interior común. 11. En nuestra opinión, son múltiples las incidencias que la globalización ha ejercido y ejerce sobre el Derecho tributario y su sistema de fuentes, transformando casi por completo algunos sistemas fiscales y corrigiendo o provocando ajustes en otros, pero todos centrados en el mismo fin, i. e. la atracción de inversiones de capital extranjero. Cierto es, pues, que la globalización está incidiendo decisivamente en la configuración de la política fiscal llevada a cabo por los diferentes Estados, provocando una internacionalización del Derecho tributario, que a pesar de no ser un Derecho internacionalizado aún, no puede obviarse la considerable influencia que recibe del exterior, tanto en su configuración, como en lo que se refiere a los principios que ordenan la producción legislativa en materia tributaria y en las fuentes que en la actualidad nutren el Derecho tributario. 12. En todo caso, cuando se afronta el debate sobre el carácter sano o pernicioso de la competencia fiscal interestatal, consideramos que los Estados pasan de una "competencia sana" a una "competencia perniciosa" cuando utilizan sistemas fiscales con el fin exclusivo de atraer rentas y capitales foráneas, generalmente carentes de un sustrato económico generador de valor y que se localizan en tales jurisdicciones por motivos no económicos sino fiscales. Dicho de otra manera, la finalidad subyacente de dichos sistemas tributarios, es la atracción de dichas rentas y capitales mediante una menor presión fiscal, a través del otorgamiento de beneficios a inversores extranjeros, creando de alguna forma una brecha fiscal, que termina compensándose a través de la fiscalidad de las rentas menos móviles (principalmente de trabajo, inmobiliarias y de pymes), desequilibrando los principios de justicia e igualdad tributaria. 13. La estructuración de los sistemas fiscales por parte de algunos Estados, exclusivamente para deslocalizar u ocultar las rentas o capitales de otros Estados, supone una carrera hacia el fondo que sólo lleva aparejada pérdida de recaudación fiscal y, en definitiva, erosión económica, lo que para la OCDE en materia fiscal corresponde específicamente a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios empresariales (BEPS) mediante "una planificación fiscal internacional", que mientras existan y persistan sistemas fiscales que lo permitan, difícil será la encomiable tarea de esta Organización para desmantelar tales mecanismos de planificación fiscal agresiva, toda vez que estamos frente a una economía de opción plenamente válida y legal, donde cada Estado erige su propio sistema fiscal y los operadores económicos el lugar donde mejores ventajas fiscales encuentre. 14. Las escalofriantes cifras en pérdida de recaudación fiscal, en evasión y elusión fiscales, expuestas a lo largo de nuestra investigación, dejan entrever los resultados a que aboca la competencia fiscal perniciosa ejercida, sobre todo, por los paraísos fiscales y por los regímenes fiscales preferenciales, establecidos por Estados o territorios dependientes no calificados como paraísos fiscales, cuyo único fin es la creación de sistemas fiscales atractivos a las inversiones foráneas de fácil deslocalización o movimiento, como las rentas de capital y las actividades empresariales. Donde la reducción de ingresos fiscales que se genera de la existencia de estos regímenes preferenciales para estas bases imponibles móviles, no presenta una proporcionada racionalización del sector público de los Estados, pues tal pérdida de recaudación fiscal ha sido compensada con un incremento de la carga fiscal en las bases imponibles menos móviles (especialmente las rentas del trabajo y de los bienes inmuebles). 15. Los Estados que cuentan con sistemas estándares y transparentes, se han visto gravemente afectados por la proliferación de estos regímenes fiscales perniciosos, por lo que han intentado de encontrar una solución a tal fenómeno, sin lograr un resultado contundente hasta ahora. Y ello sin perjuicio de la consecución de algún resultado positivo de carácter parcial, como la adopción en el ámbito comunitario del Código de Conducta de Fiscalidad de las Empresas o los compromisos adquiridos en el ámbito de la OCDE respecto a la lealtad en la configuración de sus políticas fiscales, de cooperación e intercambio de información, o suscripción de CDIs, o la ejecución de su último plan de trabajo de julio de 2013, encaminado a evitar la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios empresariales (BEPS). 16. Entendemos que este fenómeno de competencia fiscal perniciosa se ha abordado desde instancias nacionales como el propio EE. UU. y supranacionales como la OCDE y la UE. En este sentido, destacamos el instrumento vinculante FATCA adelantando por EE. UU.; el instrumento adelantado por la OCDE sobre "Competencia fiscal perjudicial: Una cuestión global emergente", el cual fue reorientado mediante el Plan de Acción BEPS, ambos no vinculantes; los instrumentos establecidos por la UE como el Código de Fiscalidad de las Empresas, no vinculante pero con resultados muy favorables para eliminar las medidas perniciosas de los sistemas fiscales de sus EE MM y la norma del TFUE sobre el control de las ayudas de Estado de tipo fiscal, vinculante y desarrollado a través del TJUE. Medidas todas, que intentan corregir esta gran brecha fiscal de la que aún falta bastante camino para ser efectivamente corregida. 17. En el dinamizador proceso de globalización económica, el comercio electrónico es el que mayor crecimiento ha experimentado, acarreando serias preocupaciones a las Administraciones Tributarias a la hora de gravar la renta y el consumo, por la dificultad actual para controlar tales operaciones e identificar a los contribuyentes, y de forma muy especial, por lo difícil que resulta recaudar los impuestos que se generan cuando el contribuyente reside fuera del territorio del Estado acreedor de la deuda tributaria. En estos términos, en el plano fiscal las consecuencias derivadas de la realización de operaciones de comercio electrónico parecen reconducirse a una sola: la disminución de los ingresos tributarios. 18. El desarrollo de nuevos medios de pago de naturaleza electrónica, ha supuesto la obstaculización del rastreo de las transacciones comerciales realizadas, dificultando la localización de la corriente económica generada por aquellas, muy especialmente en aquellos casos en los que los fondos utilizados procedan de entidades bancarias situadas en paraísos fiscales. Pero a su vez, esta innovación en las TICs, han provocado una extraordinaria facilidad para el intercambio y procesamiento de la información, que deberá ser adecuadamente utilizada en lo mayor posible por todos los Estados mediante la ratificación de instrumentos jurídicos que así lo permitan. 19. Los múltiples atributos que presentan las operaciones de comercio electrónico tienen difícil encaje en las concepciones y criterios utilizados por los sistemas tributarios clásicos; los mismos han supuesto un cambio de paradigma en muchos de los criterios impositivos utilizados como piedras angulares de todo el sistema tributario, provocando con ello que el sistema tributario, uno de los principales fundamentos del Estado moderno, asuma el reto de adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y sociales para cumplir su función recaudatoria. 20. A las singularidades fiscales que generan las transacciones electrónicas, también ha habido un interés latente de enfrentarlas con mecanismos útiles, los cuales han resultado insuficientes, sin que ello implique la renuncia de las OO II para continuar con sus proclives trabajos. Es así como la UE y la OCDE han dedicado especial atención al asunto y, en especial, en relación con la competencia fiscal. En cabeza de la OCDE se presentó el documento The Emergence of Electronic Commerce de 1997, que establece las bases y los fundamentos esenciales que debían estudiarse del comercio electrónico; luego en 1998, el documento Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, en el que se refleja el hincapié de luchar contra la competencia fiscal lesiva en el campo del comercio electrónico y la necesidad de luchar contra ésta a través de acuerdos multilaterales entre Estados. 21. En la actualidad, la OCDE adelanta en el sector de la economía digital el Plan BEPS mediante la acción número uno Address the tax challenges of the digital economy, para hacer frente a los entramados fiscales que están ejecutando las multinacionales para erosionar la base imponible y trasladar los beneficios a paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales. Mediante esta acción, se trata de identificar a todos los agentes que intervienen en la cadena de valor de la economía digital y desentrañar, si en determinado Estado, podría considerarse la presencia de un establecimiento permanente al que se pudieran atribuir beneficios empresariales, dado que la intermediación a través de las cadenas de participaciones de sociedades dificulta esa posibilidad. 22. La pobreza mundial y la desigualdad, también se constituyen en actores del cercenamiento de la competencia fiscal, específicamente en relación con aquellos países en desarrollo que ven una oportunidad de crecimiento económico a través de la conformación de sistemas fiscales preferenciales, o, mediante una imposición directa baja o nula. Por lo que estarán por fuera de una competencia fiscal transparente y obligados a experimentar una caída de los ingresos fiscales, precisamente porque ejercen una mayor presión fiscal sobre una base reducida de contribuyentes, y es allí donde aparecen sistemas fiscales laxos o flexibles de carácter pernicioso, para intentar atraer inversión extranjera a sus jurisdicciones, donde algunos corren con suerte al abrirse al mundo, convirtiéndose en verdaderas termitas fiscales y provocando efectos nocivos para otros Estados. 23. Uno de los efectos gravísimos de la competencia fiscal perniciosa, es el desajuste de los sistemas tributarios nacionales. Ello en consideración a que, al nivel esperado de los ingresos y gastos públicos como determinantes sustanciales de la política fiscal, se ha adicionado la interacción del entorno tributario internacional con las medidas adoptadas por otros Estados, desencadenando en los últimos años un cambio de los postulados fiscales en los sistemas tributarios internos y, por supuesto, generando una competencia fiscal ente los Estados, ya que cualquier cambio tiene su repercusión directa o indirecta en los sistemas fiscales de otros Estados. Todo ello, trae aparejado el menoscabo de los ingresos tributarios y de la recaudación fiscal, producto de la deslocalización de las inversiones de capital y actividades empresariales que tienen que soportar aquellos Estados víctimas de la competencia fiscal perniciosa. 24. Esta competencia fiscal perniciosa, también representa una clara amenaza a los principios de justicia tributaria, toda vez que el carácter asimétrico de los sistemas fiscales han basado su atracción en el establecimiento de regímenes fiscales favorables para aquellas rentas móviles, generando con ello un desplazamiento de la carga impositiva principalmente hacia las rentas menos móviles, lo que trae unas gravísimas consecuencias fiscales como la afectación directa de los principios clásicos de justicia tributaria como generalidad, igualdad, capacidad contributiva y progresividad, afectando la equidad y la redistribución de la renta que, como regla general, se predican de los sistemas tributarios en su conjunto. En definitiva, la desigualdad de estos sistemas, bien podría afectar la neutralidad fiscal de algunos Estados a la hora de establecer el gravamen de las distintas manifestaciones de riqueza, pues sus déficits fiscales podrían obligarles, de una u otra manera, a establecer un mayor nivel de imposición o una mayor presión fiscal para aquellas rentas no móviles, frente a las móviles que escapan a las altas cargas impositivas por su facilidad de deslocalización. 25. De otra parte, esta contienda de competencia fiscal perniciosa lleva aparejada una localización ineficiente de los recursos económicos, en tanto ésta última acaba guiándose, en gran medida, por factores de índole tributaria. De este modo, la riqueza y los factores de producción terminan ubicándose donde menos tributan, y no donde más producen, como sería lo deseable desde la óptica económica. Proceso de competencia fiscal que es desatado por los Estados y aprovechado en gran medida por los operadores económicos, en particular por las multinacionales, quienes son los agentes principales de este tipo de competencia fiscal perniciosa, en razón a su capacidad y poder de decisión para deslocalizar parte o el conjunto de sus actividades, hacia uno o varios Estados, donde su único objetivo es beneficiarse de todos los instrumentos de planificación fiscal internacional que ofrecen los distintos sistemas tributarios. 26. Los gravísimos efectos y consecuencias provocados por esta clase de competencia fiscal, llevaron tanto a la OCDE como a la UE, a adelantar investigaciones y trabajos para desmantelar las medidas perniciosas, los sistemas fiscales preferenciales y los paraísos fiscales. Para la primera, se constituyó como pionero su informe sobre competencia fiscal perniciosa y sus sucesivos informes de revisión y progreso hasta el año 2012, y, a partir de 2013 con la reorientación de los mismos a través del plan de acción BEPS, donde se inicia un trabajo conjunto de la OCDE/G20. Para la segunda, se convirtió en pionero el Código de Conducta de Fiscalidad sobre las Empresas y la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado; quien además de sus propios trabajos, ha integrado sus acciones en el plan de acción BEPS. Los regímenes fiscales preferenciales y los paraísos fiscales, constituyen una forma abierta y directa de permear la competencia fiscal, motivo por el cual, generaron la preocupación de todos los países, principalmente de aquellos más desarrollados, tanto por la disminución de la recaudación fiscal y como por la erosión de la base imponible mundial; lo despertó el interés del G7 y G20 para trabajar de manera mancomunada con la OCDE en la lucha contra éstos, en favor de la protección de las finanzas públicas de los países y principalmente de sus Estados miembros. 27. Observamos un retroceso en los trabajos adelantados para la erradicación de los paraísos fiscales, cuando por sugerencia de los EE. UU. que basó su tesis en el poder soberano de los Estados para establecer su nivel de tributación y su organización fiscal, en el año 2001 la OCDE abandona el criterio de carencia de actividad sustancial para catalogar a una jurisdicción o territorio dependiente como paraíso fiscal. Como creemos, ello implicó un gran retroceso, porque era un excelente indicador de los focos de evasión fiscal. Por fortuna, se verificado lo trascendental de tal criterio, por lo que tanto la OCDE como lo la UE han dado pasos favorables para retomarlo, mediante la acción cinco del plan de acción BEPS y la Propuesta de modificación del Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, respectivamente. La supresión del criterio de carencia de actividad sustancial fue reemplazado por la creación de sistemas transparentes y por un intercambio efectivo de información, elementos que se consideraban suficientes para catalogar a un Estado como una "jurisdicción cooperante". Transparencia referida no sólo al sistema de información fiscal, sino también a aquellos elementos conducentes a su garantía, como la imposibilidad de negociación entre las administraciones fiscales y los contribuyentes para la determinación de las bases imponibles o los tipos de gravamen y/o la concesión de incentivos fiscales. Así mismo, la existencia efectiva de un intercambio de información debería permitir y facilitar a los demás Estados y a las propias administraciones de estas jurisdicciones el acceso a toda la información fiscalmente relevante y conllevar el establecimiento de dispositivos normativos que propicien el suministro de dicha información. Todo ello con el único fin de gravar aquellas rentas de los contribuyentes que han decido invertir en tales jurisdicciones sólo por fines tributarios. 28. El año 2009 fue clave para que el G20 apoyara decididamente a la OCDE en la apertura de trabajos sobre la transparencia y del intercambio efectivo de información, el desmantelamiento del secreto bancario, advirtiendo incluso de la posible imposición de sanciones para quien no cumpliera con los estándares internacionales de intercambio de información aceptados. Además, se insta al Foro Global a seguir avanzando en el uso de instrumentos multilaterales para contrarrestar la evasión de impuestos, a través de la revisión, aprobación y recomendación para la implementación de las normas internacionales de transparencia e intercambio efectivo de información, con fines a que exista una cooperación fiscal adecuada entre los Estados y el seguimiento a quienes incumplan con dicho compromiso. 29. La baja o nula tributación internacional que soportaban algunas multinacionales, a través de la planificación fiscal agresiva, aprovechándose de las interacciones entre los sistemas fiscales de los Estados para disminuir artificiosamente sus bases imponibles o trasladar los beneficios empresariales a otras jurisdicciones de baja o nula tributación, despertó el interés conjunto de la OCDE/G20 para hacer frente a ello, desplegando el plan de trabajo BEPS en el año 2013 de 15 acciones con el que se pretende lograr un cambio en la normativa fiscal internacional, el cual finalizará en diciembre de 2015. Es un plan de acción en el que convergen dos realidades: la primera, es que las empresas multinacionales intentan disminuir su factura fiscal para optimizar su beneficio tributario, valiéndose de mecanismos de planificación fiscal agresiva; la segunda, los propios Estados ofrecen regímenes fiscales diferentes y competitivos entre sí, para atraer rentas e inversiones extranjeras; ambas realidades, se traducen en la erosión de la base imponible y en el traslado de los beneficios empresariales entre jurisdicciones, lo que propició que la OCDE y el G20 centraran su esfuerzo a través de BEPS para hacer frente a tan colosal dificultad. 30. Estimamos que estas 15 acciones en su conjunto, son retadoras pero su aplicación dependerá también de la mera liberalidad de los Estados, es decir, acciones no vinculantes que hasta ahora han carecido de efectividad para la erradicación de los regímenes fiscales preferenciales y más concretamente de los paraísos fiscales, lo que hará que continúe presentándose el mismo choque de intereses que se ha evidenciado en las iniciativas anteriores entre quienes promueven la eliminación material de la competencia fiscal perniciosa y algunos Estados miembros de la OCDE, que sólo promueven su eliminación formal, porque están claramente vinculados a los paraísos fiscales o centros de servicios financieros offshore, a través de sus territorios dependientes. 31. Consideramos que la dificultad manifiesta del proyecto BEPS, radica en que la OCDE tiene una posición ambivalente. Por un lado, trabaja por extender su poder y su influencia a nivel mundial a través de la promoción de la estandarización y la convergencia, pero, por otro lado, siempre se ha visto a sí misma como representante de los intereses de sus Estados miembros y por consiguiente, con dificultades para representar los intereses de otros países, al menos de aquellos que entran en conflicto con los intereses de sus Estados miembros. Sin embargo, independientemente de este tipo de problemas, creemos que BEPS tiene aspectos positivos. El primero de ellos es el avance en materia de intercambio efectivo de información; el segundo, es el reconocimiento de un fracaso de los sistemas de tributación internacional basados en los acuerdos bilaterales que interactúan con los sistemas tributarios internos, los cuales, difícilmente pueden evitar la doble imposición sin crear de manera simultánea oportunidades de doble no imposición, siendo destacable la nueva estrategia orientada a los acuerdos multilaterales; el tercero, es su retorno al requisito de la actividad sustancial que formaba parte del informe de 1998 y como hemos reiterado su eliminación flexibilizó de manera excesiva el cumplimiento de requisitos para que los paraísos fiscales fueran eliminados de la lista negra. En definitiva, su objetivo principal, es en sí mismo, el aspecto más positivo, el cual es evitar la erosión de la base imponible, el traslado de beneficios y encontrar soluciones a los problemas de la planificación fiscal agresiva. 32. No obstante a lo favorable que hemos advertido sobre BEPS, somos de la opinión, que este proyecto no representa una solución real para enfrentar la planificación fiscal agresiva, entre otras cosas porque ha eludido conscientemente el problema de fondo que es la adecuación de un sistema de tributación internacional en el que se consideren temas centrales como la residencia fiscal y la potestad tributaria para distribuir correctamente la recaudación. Creemos que BEPS representa una valiosa entrada hacia la reforma de la normativa fiscal internacional, pero si pretende lograrla requerirá una aplicación consistente de los propios principios de dicho plan, una mejor definición de lo que es o no aceptable, la definición de jurisdicción en función de la creación de valor y debe dejar de evitar los puntos políticamente difíciles por los intereses de sus Estados miembros, como por ejemplo la residencia fiscal. Y si pretende expandir la normativa adaptada a terceros Estados no miembros de la OCDE, deberá tenerse presente que esto debe alcanzarse de forma participativa, de la manera más inclusiva posible a fin de asegurar la efectividad y ganar la mayor legitimidad posible. 33. En relación con el proyecto BEPS, para nuestra investigación, centramos nuestro interés principal en la acción número 5 (Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia), por lo cual valoramos positivamente que mediante ésta, se haya vuelto a replantear el criterio de actividad sustancial en los regímenes preferenciales, que aunque no todos gozan de ser paraísos fiscales para quienes se ha eliminado tal criterio, algunos si lo son. En principio se ha incluido para los regímenes preferenciales de PI, los cuales deberán demostrar que han incurrido en ciertos gastos asociados a actividades de I+D que generen rentas procedentes de la explotación de la PI. Tal criterio, podrá extenderse a otro tipo de regímenes preferenciales, los cuales deberán demostrar la existencia de actividades sustanciales. Otro de esta Acción, que consideramos uno de los más destacables es su apuesta por la transparencia, a través del intercambio automático y obligatorio de información sobre resoluciones relacionadas con los regímenes preferenciales. Se trata de un nuevo direccionamiento que no centra sus esfuerzos en los regímenes perjudiciales o potencialmente perjudiciales como lo hacía en el pasado sino que, se enfoca en los regímenes preferenciales, sean perjudiciales o no. Lo que se pretende es que el país afectado disponga de información oportuna (en un plazo no superior a tres meses) y relevante sobre acuerdos preferenciales en precios de transferencia o en cualquier otra área. Aunque la guía está en proceso de construcción, ya incorpora los elementos mínimos que debe compartir el país que otorga las exenciones dependiendo del tipo de acuerdo preferencial del que se trate. En esta Acción aún está por terminar la revisión de todos los regímenes actuales, con el ánimo de establecer si éstos son perjudiciales, potencialmente perjudiciales o simplemente preferenciales. En todo caso, en el informe de progreso que debe presentarse en diciembre de 2015 deberá quedar constancia de los hallazgos. 34. Paralelamente a los trabajos de la OCDE/G20 para hacer frente a los regímenes fiscales preferenciales y paraísos fiscales, se ha hecho lo propio la finalización de la era del secreto bancario, concretamente en la Cumbre del G20 celebrada en Londres en el año 2009. Contrario sensu, opinamos que, aunque la voluntad política de las grandes economías y países desarrollados ha sido el desmantelamiento del secreto bancario, permeándose incluso de manera limitada el Estado con mayor índice del secreto financiero (Suiza), la realidad es otra. Harán falta años para hablar de una transparencia financiera total, pues en la lista del índice del secreto financiero del año 2013, aparecen los principales países del G20, de la OCDE y otros Estados como Alemania, Austria, Canadá, Costa Rica, EE. UU., Francia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Jersey, Luxemburgo, Panamá, Reino Unido, Singapur, Suiza; entre otros; con lo cual se demuestra que el ranking del secreto financiero en vez de disminuir, aumenta, ya que en el informe original de 2009 se incluían 60, en el 2011 que se actualizó para la cumbre de Cannes, se incluían 73; y para el 2013 ya eran 82 jurisdicciones. Lo cierto es que muchos depósitos se mantienen en los paraísos fiscales a través de compañías ficticias, que de alguna manera permiten cubrir el rastro del verdadero propietario de los fondos; y lo que se muestra es que unos paraísos fiscales han visto disminuido el nivel de sus depósitos (por ejemplo Jersey, Luxemburgo, Suiza, etc.) y otros han visto cómo sus depósitos se disparan (por ejemplo Hong Kong, Islas Caimán, Singapur, etc.). 35. Un instrumento jurídico clave en el desmantelamiento del secreto bancario ha sido FATCA, el cual ya ha sido instrumentado por EE. UU. con diversos países e incluso con la misma UE en bloque. Los resultados han sido favorables, al menos ya Suiza número uno del ranking de secreto bancario ya está intercambiando información financiera, y así otros países más. Sin embargo, creemos que éste no soluciona el problema fondo (a menos de que sea reestructurado, que no se ve tal intención), por sus múltiples vacíos en su aplicación efectiva, como por ejemplo, las cuentas sobre las que se van a pedir datos son aquellas con montos importantes, lo que permitiría a los bancos ignorar muchas solicitudes en la mayoría de los casos; los registros se mantienen en papel en lugar de por vía electrónica; también permitiría la apertura de cuentas bancarias a través de sociedades ficticias (Shell entities), como entidades no estadounidenses a pesar de que, su propietario final fuera un contribuyente estadounidense; además, los requisitos de información restantes son fáciles de evadir por parte de las personas estadounidenses que abren cuentas por debajo de los umbrales en más de un banco. 36. En la UE encontramos un instrumento eficaz más para combatir el secreto bancario, lo que constituye un gran avance en esta materia, como lo es la Directiva 2010/24/UE, relativa a la de asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas de asistencia en la en la recaudación tributaria. Es a través del intercambio de información que se desmantela el secreto bancario, y, es que esta Directiva indica expresamente que ningún Estado podrá negarse a suministrar información, amparado en que posee disposiciones legales de protección al secreto bancario, o que dicha información está en manos de las entidades financieras. En este mismo sentido, se enmarca el modelo de acuerdo sobre intercambio de información de la OCDE y la cláusula de intercambio de información de los CDIs en el que no se permite alegar el principio de interés doméstico para abstenerse de proporcionar la información solicitada y debe garantizarse el acceso a la información de bancos, entidades financieras, instituciones fiduciarias, es decir, que no haya leyes de secreto bancario. 37. Nos reafirmamos en que la cooperación internacional a través del mecanismo de intercambio efectivo de información de forma automática, sería el instrumento jurídico por excelencia que podrá hacerle frente a la competencia fiscal perniciosa que encierra fenómenos como los paraísos fiscales, el secreto bancario, la financiación de actividades ilícitas, el blanqueo de capitales, el lavado de activos, la planificación fiscal agresiva, etc. Decimos que sería, porque queremos ser optimistas en que la coordinación sistemática internacional de los diferentes Estados así lo han de entender y de continuar el camino que ya se ha iniciado en este sentido. Un optimismo que pretendemos ver de una manera objetiva y concreta mediante la institucionalización de este instrumento multilateral de manera vinculante, reconociendo la complejidad y dificultad que ello conlleva en el ámbito del Derecho internacional público, más aún, frente a la soberanía fiscal de los Estados. 38. Ante la ausencia en la normativa internacional de una definición del concepto de residencia fiscal, y ante el vacío de BEPS para alcanzarlo, nos atrevemos a dilucidar que un efectivo y eficiente intercambio de información financiera con fines fiscales, sin barreras en el suministro de la misma, sería la regla de oro para alcanzar una recaudación justa y evitar la erosión de la base imponible. Podemos ver como la UE y EE. UU., han logrado un avance importante en lo que respecta al intercambio efectivo de información tributaria; aunque con cierta laxitud o flexibilidad que nos lleva a concluir que ninguna herramienta implementada para combatir paraísos fiscales, secreto bancario e intercambio de información han sido lo suficientemente adecuadas, y, todo por falta de vinculación jurídica de los mismos instrumentos jurídicos desarrollados. 39. Creemos que con instrumentos de intercambio efectivo de información de forma automática (en nuestro caso de carácter vinculante), se lograría no sólo garantizar seguridad y efectividad operativa a los sistemas fiscales estatales, sino en brindar eficacia para combatir la evasión y el fraude fiscales, la corrupción, el lavado de dinero y por supuesto evitar la doble tributación internacional, sin que ello, llegare a significar la doble no imposición internacional a través de convenios para evitar la doble imposición, se trata de buscar la máxima transparencia fiscal internacional, objetivo que compartimos tanto en la apertura y clausura de nuestra investigación como a lo largo de nuestra vida profesional. 40. Vemos como favorables los instrumentos con los que cuenta la UE para hacer frente a los regímenes fiscales preferenciales y al falseamiento de la competencia fiscal en el mercado común interior, como son El Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas y la normativa del TFUE sobre ayudas de Estado respectivamente. Sin embargo, consideremos la utilización que se ha hecho de las normas sobre ayudas de Estado con el fin de neutralizar las medidas tributarias que encierren un carácter pernicioso y, por consiguiente, deriven en una competencia fiscal perniciosa, es inadecuada e inoportuna, a pesar de ser la única norma existente en el TFUE para contrarrestar el falseamiento de la competencia. En nuestra opinión, el camino recorrido ha tenido resultados favorables en la lucha contra esta clase de competencia, convirtiéndose la normativa sobre ayudas estatales en la última ratio o límite de la proliferación de medidas fiscales perniciosas. Pero en cierta medida, se nota un grado de bifurcación del poder soberano de los EE MM, pues con una norma no propia del ámbito fiscal, se está tratando de aproximar, en cierto modo, la fiscalidad directa, a través de la utilización de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado. Lo que entraña, de suyo, una huida de los mecanismos clásicos de que se nutre la armonización fiscal, como lo son las Directivas. 41. Al tiempo, valoramos favorablemente los trabajos de la Comisión Europea, respecto a la fiscalidad de las empresas y más aún, aquéllos sobre los cuales se busca hacer frente a la evasión y el fraude fiscales en los que propone esquemas para combatirlos. Su permanente preocupación por ello, la ha llevado también a reflexionar sobre la dificultad cada vez mayor para ejercer un control sobre los ingresos en una economía cada vez más globalizada, movilizada y digitalizada, reconociendo que las normas actuales sobre fiscalidad de las empresas ya no se ajustan al contexto moderno y, es ahí donde los modelos de actividad y las estructuras empresariales se han vuelto más complejos y por consiguiente más fácil de trasladar los beneficios empresariales a otras jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que hace más difícil determinar en qué país se debe gravar la renta de una multinacional, que a través de la planificación fiscal agresiva logran artificialmente tributar lo mínimo o cero a escala global, según sus mecanismos fiscales utilizados. 42. Somos del criterio que, actores exclusivos en el cercenamiento de los ingresos fiscales y de la recaudación fiscal de los Estados como la evasión y el fraude fiscales, el blanqueo de capitales, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el secreto bancario, la planificación fiscal agresiva (focos de una competencia fiscal perniciosa), deben ser combatidos de manera cooperada internacionalmente, a través de instrumentos jurídicos vinculantes, y no mediante medidas unilaterales o acuerdos bilaterales, sino de tipo multilateral con carácter obligatorio, como por ejemplo el instrumento FATCA, aunque reorientado hacia un esquema multilateral. Cuando nos referimos a una cooperación internacional, estamos incluyendo la asistencia mutua internacional y la implementación coordinada de la propuesta BEPS pero esta última, pensamos que con una reorientación de su trabajo, en el que se ponga fin a las normas sobre precios de transferencia que son útiles sólo para los grupos multinacionales, al permitir fácilmente el traslado de beneficios empresariales entre jurisdicciones; se dé una regulación adecuada al establecimiento permanente; se defina la residencia fiscal para evitar problemas de doble residencia; y, se reestructure el actual y arcaico sistema fiscal internacional de los CDIs que conllevan a la doble no imposición o la doble deducción de gastos o de pérdidas, o de exenciones y deducciones a la vez, que siendo coherentes con la doctrina internacional, son formas de maximización fiscal dentro del marco de la legalidad en una legítima economía de opción, que no siempre se podrá estigmatizar como planificación fiscal agresiva. 43. El socavamiento de la recaudación fiscal y la base imponible mundial en la casi totalidad de los Estados, desarrollados y en vías de desarrollo, en términos de matrices de riesgos fiscales podríamos calificarlo como un riesgo alto, significando con ello, que la probabilidad de ocurrencia de fenómenos como la evasión y elusión fiscales más la planificación fiscal agresiva, es alta y, la situación actual de control insuficiente, con controles bajos o en algunos casos medios, o bien documentados pero poco efectivos, que terminan siendo inadecuados o insuficientes. Un riesgo fiscal de este tipo lleva aparejado un riesgo residual de desconfianza en el sistema fiscal internacional, y por supuesto, en la política fiscal de los Estados en la que se apoyan los ya fracturados principios de justicia, neutralidad y equidad fiscales. Cuando decimos fracturados, nos referimos a las consecuencias que ello genera tanto para los Estados como para los ciudadanos: mientras los primeros soportan cada vez más una mayor pérdida de la recaudación fiscal, los segundos soportan una mayor presión fiscal debido a la carga tributaria desigual que deben soportar como consecuencia de los ajustes fiscales de los primeros para intentar compensar los déficits fiscales generados por fenómenos antes señalados; siendo los más afectados aquéllos con rentas menos móviles como las de trabajo, inmobiliarias y pymes. 44. La sumatoria del traslado de beneficios a jurisdicciones con sistemas fiscales preferenciales de baja o nula tributación, más las cifras estimadas de los abultados fondos depositados en los paraísos fiscales o que circulan por ellos (expuestas supra), más los flujos de dinero ocultados en jurisdicciones con leyes de protección del secreto bancario (propiciando el blanqueo de capitales, el lavado de activos, el terrorismo), arrojan como resultado un sistema capitalista mundial desarticulado política, económica y normativamente, lo que nos lleva a creer que la rezagada crisis económica-financiera como la llama el FMI es producto del mismo riesgo sistémico financiero y, si no se actúa al menos normativamente para hacer frente a los componentes de esta sumatoria, seguiremos participando de crisis económicas-financieras fragmentadas, es decir, mientras haya una leve recuperación de una u otra economía, dos, tres o más se estarán declarando en crisis. 45. Aunque no somos los llamados a juzgar las actuaciones de los operadores económicos que realizan entramados fiscales mediante esa planificación fiscal agresiva, si nos sentimos obligados a hacer una llamado crítico-constructivo a la reflexión de que exista una tributación justa, que se paguen los tributos donde se obtienen los beneficios y se genere valor, toda vez que en la mayoría de los casos dichos operadores se encuentran en sus Estados de residencia o de la fuente donde ejercen sustancialmente actividades económicas, no tributando o en ocasiones tributando porcentajes mínimos no acordes con la realidad de las cifras o de la normativa de sus Estados. 46. Si la normativa fiscal internacional vigente no responde al sistema económico globalizado dentro de un entorno actual, llamado por unos y por otros crisis económico-financiera, estamos en el tiempo y la época oportunos para realizar un cambio total de dicho sistema fiscal, que ponga fin a prácticas fiscales desleales o perniciosas y evite fenómenos de doble no imposición, de doble deducción o exención y, sobre todo, que la planificación fiscal agresiva deje ser el escenario internacional por el cual se están erosionando las bases imponibles y trasladando los beneficios. Frente al fenómeno de la competencia fiscal perniciosa en todos sus frentes, los Estados y organizaciones internacionales han acudido a todo tipo de medidas, con menor o mayor éxito. Así, las acciones unilaterales o bilaterales que sólo benefician a los Estados que las ejecutan no resultan los instrumentos adecuados para resolver los problemas de la normativa fiscal internacional, por lo que se requiere de instrumentos jurídicos internacionales coordinados, con carácter multilateral y vinculante. 47. Desde el inicio de nuestra investigación nos planteamos estructurar una propuesta de lege ferenda que se constituyera en una herramienta de valor y pudiera ser estudiada, validada y en el mejor de los casos ejecutada por los Estados u OO II, que propendan por la protección de la base imponible mundial, por evitar el traslado de los beneficios y por evitar la minoración de la recaudación fiscal. Así también, quisimos diseñar nuestro propio aporte para lograrlo a través del acuerdo multilateral de intercambio efectivo de información de forma automática, fijación de un impuesto sobre sociedades con tipo nominal estándar, o la temida responsabilidad patrimonial subsidiaria como última ratio de los Estados, sin perjuicio de un mejor criterio. Todo ello, conscientes de las dificultades que ello pueda representar en el ámbito del Derecho internacional público, y más aún en la esfera de la soberanía fiscal de los Estados. 48. Finalmente, después de haber recorrido el estudio de la competencia fiscal perniciosa en todos sus focos, los plausibles trabajos de los Estados u OO II, de los cuales hemos pensado que han sido favorables pero insuficientes, creemos que nuestra propuesta de lege ferenda sería concreta y efectiva, fundamentalmente porque a través de ella podría blindarse la base imponible mundial, mejorarse la recaudación fiscal, evitarse el traslado de beneficios y lograr una imposición real donde sustancialmente se ejerzan actividades económicas y se generen los beneficios de los contribuyentes u obligados tributarios. Nuevamente, advirtiendo de que somos conscientes de las dificultades que ello podría implicar en el ámbito del Derecho internacional público, específicamente en la soberanía fiscal de los Estados.

Podría presentar este trabajo de una manera muy sencilla, pero desapropiada seguramente para la ocasión y su finalidad, diciendo que: "es una cuestión de valores, o de principios para el caso que nos ocupa, y detrás de los buenos valores o principios siempre hay buenas personas", por ello este trabajo también está dedicado y dirigido a todas aquéllas buenas personas que hay en el Mundo, sobre todo a las que tienen o tendrán capacidad decisoria y de influencia en los asuntos públicos. La contratación pública constituye uno de los ámbitos vertebrales de la actuación administrativa, teniendo además un gran significado económico y a la vez social y medioambiental, no en vano representa aproximadamente un 19% del PIB de la Unión Europea y es una de las principales herramientas para luchar contra la crisis y lograr un desarrollo sostenible social, ambiental y económico. En un mundo tan globalizado e interrelacionado como en el que actualmente vivimos resulta complicado dudar de la existencia de un Derecho administrativo global, así como del trascendental impacto que el mismo tiene en los ordenamientos administrativos internos o nacionales. Autores como BENEDICT KINGSBURY, NICO KRISCH Y RICHARD B. STEWART, lo han puesto de manifiesto, de forma brillante, en trabajos como "El surgimiento del Derecho administrativo global". Así, como añadido y método de profundización de lo anterior uno de los objetos del presente estudio es realizar una reflexión sobre si la contratación pública puede considerarse uno más de los ámbitos o campos del Derecho que reflejan el proceso de formación, desarrollo y consolidación de este Derecho administrativo global, de forma que ello nos permita hablar, también en la actualidad, de la existencia de un Derecho global de los contratos públicos, pero no sólo eso sino también señalar a través de los principios generales que lo informan cuál es el camino que debería tomar en su desarrollo ese Derecho global de la contratación pública. A ello dedicamos la Parte Preliminar y el Capítulo I de este trabajo. Asimismo el presente trabajo está enfocado al estudio del sistema de Derecho de la Unión Europea y del sistema judicial compuesto de la Unión Europea como sistema administrativo y de la contratación pública global, con el fin de analizar, tanto los principios generales de ese Derecho de la Unión Europea, entre los que se incardinan los derechos fundamentales, como los distintos medios que tiene ese sistema judicial compuesto para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos europeos y la tutela cautelar de esos derechos e intereses legítimos frente a las Leyes internas nacionales a priori incompatibles con el Derecho de la Unión Europea y sus principios generales. Del mismo modo, desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, se aborda el constitucionalismo económico en la Unión Europea a través del estudio del intento fallido de implantación de una Constitución económica europea y las características de la misma, frente al éxito del Tratado llevado a cabo inmediatamente después, esto es, el Tratado de Lisboa, Tratado que constituye en estos momentos el último eslabón en el proyecto de integración europea. De esta forma, partiendo de esta premisa, y pasando por el constitucionalismo nacional español fruto de la influencia comunitaria, se ponen en solfa ambos textos comunitarios, uno fallido y otro actualmente en vigor, con un enfoque muy centrado en los derechos fundamentales y en los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea en el marco de ese sistema de Derecho y judicial compuesto de la Unión Europea. Siempre evidentemente bajo un enfoque muy centrado en ese Derecho global de la contratación pública, en este caso de la Unión Europea, cuestiones todas ellas a las que se dedica la Parte I de la obra compuesta por los capítulos II a V. También desde el marco de esa concepción global y ya en la Parte II de la obra, el Capítulo VI realiza una aproximación al sistema nacional de contratación pública español, cuya "alma máter", cuya madre nutricia, es el Derecho de la Unión Europea como Derecho global que en toda medida es del conjunto de los veintiocho Estados miembros que conforman la Unión y por tanto también de España. De forma que partiendo de la exposición de los pilares que sustentan al Derecho de la Unión Europea y que constituyen igualmente los paradigmas que hacen comprensible su interrelación con el Derecho español, se pasa a exponer las cuatro generaciones de Directivas en materia de contratación pública, así como el ordenamiento jurídico español en materia de contratación pública, para avocar finalmente en una visión constructiva a los principios generales que conforman ese ordenamiento jurídico interno y que conforman el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público a la hora de incorporar la nueva generación de Directivas al ordenamiento doméstico nacional. Desde esa visión constructiva es cómo se clasifican acto seguido los distintos principios generales en función de su aceptación, separando a los que tienen un mayor grado de antigüedad y de aceptación; de aquéllos de nacimiento más reciente pero con un alto y fácil nivel de aceptación y a su vez de aquellos otros que inician su andadura con pretensiones de generalizarse, pero con muchas más dificultades que los segundos a la hora de ser aceptados. A estas tres categorías de principios se dedican los Capítulos siguientes de forma que el Capítulo VII afronta, por todos los demás de esta serie de principios de fácil aceptación, el estudio del principio vertebral de transparencia del que se estudian los antecedentes de este principio en la contratación pública, así como la influencia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno desde el punto de vista de su incidencia en la normativa sectorial de contratación pública. El Capítulo VIII, se dedica sin embargo antes que al segundo grupo al tercer grupo de principios generales antes clasificados, por su mayor necesidad, de forma que se enfrentan en este Capítulo las llamadas propuestas, esto es, los principios generales de promoción del desarrollo humano y de promoción de la sostenibilidad ambiental que se encuentran en el seno del primero de los principios generales de todo Derecho, el derecho a la vida. La línea argumentaría de estos principios se continúa en este caso, respecto de todo lo abundando con anterioridad a lo largo del estudio, desde el desarrollo de la óptica de lo que yo denomino actualmente 'aspectos' socio-laborales y medioambientales en la contratación pública y, especialmente a título simplemente de ejemplo, respecto a la consideración de la igualdad de género como aspecto social en el marco de las políticas de contratación pública. Para ello se pone el énfasis en cuáles son las claves actuales para la correcta utilización de estos aspectos en la praxis de la contratación pública. Acercándonos ya a la última de las clasificaciones de principios generales que nos quedaba por tratar, en el Capítulo IX y nuevamente desde una conceptualización global del Derecho de la contratación pública se va descendiendo en la disciplina hasta, a través del principio general de vigencia tecnológica, llegar a la contratación pública electrónica, de manera que sobre esta última se realiza una exposición de la génesis normativa, esto es, de los antecedentes normativos tanto del sistema comunitario como nacional que han contribuido al nuevo sistema de contratación pública electrónica que se plantea en el ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea. Del mismo modo se muestra la regulación existente actualmente en contratación pública en materia de medios electrónicos, con especial referencia por su potencialidad futura al perfil de contratante; haciendo hincapié, por último en la parte final de este Capítulo, en el calendario de implantación obligatoria de la contratación pública electrónica y en el contenido normativo y aplicación práctica que esta implantación obligatoria por etapas conlleva a los sistemas nacionales de contratación de los Estados miembros que forman parte del sistema global de contratación pública de la Unión Europea. La Parte III de la obra es consecuencia de la necesidad de atajar una lesividad común que se da en la práctica de la contratación pública a los principios generales que conforman el primer grupo de principios expuestos. Así, la aprobación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público con sus ingentes modificaciones y más recientemente de la última generación de Directivas en materia de contratación pública y su obligatoria transposición, obligan a los juristas y profesionales de la contratación pública a ampliar sus conocimientos en esta materia, resultando trascendental en este sentido saber diferenciar correctamente las figuras jurídicas de los convenios de colaboración, las encomiendas de gestión y los contratos públicos, porque la errónea tipificación contractual del negocio jurídico en cuestión, tiene como consecuencia la coartación de raíz de los principios generales de la contratación pública comúnmente aceptados y la no legitimación del régimen jurídico que se haya aplicado al contrato y por tanto la invalidez de este, algo de una enorme trascendencia práctica. Idéntica situación se produce en la correcta calificación de los contratos de servicios de los de gestión de servicios públicos. He ahí la importancia práctica del tema elegido y el objetivo del mismo a colación de la gran novedad en el Derecho global de la contratación pública de la Unión Europea, cuál es la regulación por primera vez de las concesiones de servicios. Por ello, en los siguientes Capítulos de la obra la nueva generación de Directivas está, si cabe, cada vez más presente, dedicando en todo caso un epígrafe a la nueva regulación que establecen. Es por ello, que partiendo en esta Parte III de un Capítulo iniciático, el X, que nos permita diferenciar a los contratos públicos de otras figuras afines como son los convenios y las encomiendas de gestión, logramos llegar a la figura del contrato administrativo, para una vez en ella proceder al estudio detallado a lo largo de los dos Capítulos siguientes, XI y XII, de las características propias de los contratos administrativos típicos de servicios y de gestión de servicios públicos, con el objetivo último de llegar a un capítulo final de esta Parte III, el XIII, que nos concluye tanto las diferencias teóricas como prácticas existentes entre estos dos tipos de contratos, de manera que nos permitan de forma clara y concisa diferenciarlos, sobre todo en el aspecto práctico por resultar el más complicado. De este modo, el objetivo del Capítulo X es acometer un estudio basado en la jurisprudencia y en la escuela consultiva que, existente sobre los contratos públicos, nos permita diferenciar claramente cuáles son las posibilidades de uso y aplicación que otorgan las distintas figuras jurídicas de los convenios de colaboración, los encargos o encomiendas de gestión y los propios contratos públicos, a efectos de delimitar las fronteras que diferencian estos negocios jurídicos, como paso previo al estudio y diferenciación último de los contratos administrativos típicos de servicios y gestión de servicios públicos. Por su parte, el Capítulo XI tiene por objeto conocer en profundidad el contrato administrativo típico de servicios mediante el estudio en detalle de sus características y régimen jurídico propio, todo ello a través del análisis normativo de los preceptos que lo regulan, pero también a través de la delimitación que de sus fronteras han establecido la doctrina jurisprudencial, los informes de las juntas de contratación administrativas y las resoluciones de los tribunales administrativos propios de la contratación pública. Idéntico objetivo al que posee el Capítulo XII, en este caso, respecto del contrato administrativo típico de gestión de servicios públicos. Por último para cerrar esta tercera Parte de la obra, a través del Capítulo XIII se consigue finalmente delimitar las fronteras que diferencian los contratos de servicios y los contratos de concesión de servicios, que es donde realmente está el quid de la confusión, de forma que ello permite realizar una correcta diferenciación teórica y práctica de los mismos, analizando cuáles son los elementos prácticos decisivos de esta diferenciación e indicando aquéllos otros que carecen de relevancia para esta determinación práctica, todo ello apoyado nuevamente en una abundantísima casuística jurisprudencial y consultiva. En resumen, podemos decir que esta tercera Parte de la obra nos proporciona con detalle, a más de, inicialmente, las características diferenciadoras de las figuras de los convenios administrativos, las encomiendas de gestión y los contratos administrativos, todas las peculiaridades y características que de los contratos de servicios y los contratos de gestión de servicios públicos recoge la normativa y su interpretación por la jurisprudencia, permitiendo de esta manera, en último lugar, diferenciar con nitidez, no sólo el contrato administrativo de servicios del contrato administrativo de gestión de servicios públicos, sino y sobre todo, dentro de estos últimos, del de concesión de servicios, tanto en su vertiente teórica como, especialmente, práctica. Ya que en la justificación de esa relevancia práctica de todo el trabajo, se ha optado por afrontar un estudio más empírico basado en el análisis de la Jurisprudencia, tanto la de la Unión Europea como la propia nacional; de las Resoluciones o Acuerdos de los distintos Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, así como los de otros órganos como puedan ser el Tribunal de Cuentas español; de los Dictámenes e Informes de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa o de otros órganos consultivos o con funciones de informe, como es el caso del Consejo de Estado o la Abogacía del Estado, respectivamente; y también de los pronunciamientos en materia de contratos públicos de los distintos órganos del entramado orgánica de la administración global de la Unión Europea, a saber el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, etc., llegando al estudio y análisis de un cuarto de millar de referencias y, todo ello, con el apoyo permanente del estudio de una seleccionada bibliografía en las que todas las menciones que se han hecho están incluidas en notas al pie de página, de forma que no existe una sola referencia bibliográfica que no tenga su cita individualizada. Es de este modo como a través de la Bibliografía y del Anexo I se recoge lo anteriormente expuesto, enumerando hasta 174 referencias bibliográficas principales y 225 referencias prácticas principales, figurando a mayores incluidas a lo largo de la obra, en ambos casos, también referencias que no han sido consideradas para su inclusión en ambos listados. Además, el trabajo se completa con un Anexo II en el que se recogen otros recursos Web principalmente consultados. Para terminar esta presentación del trabajo he querido dejar precisamente la Parte Final del estudio, en la que se recoge la conclusión reflexiva que como decía al inicio: es una cuestión de principios. CONCLUSIÓN REFLEXIVA No es una, sino muchas, las conclusiones a las que se ha ido llegando después de este estudio, sirvan a título de ejemplo el resumen de las principales: 1. Hemos sentado la existencia de un Derecho administrativo global con un ya consolidado Derecho global de la contratación pública como parte integrante y fundamental del primero. Pero hemos observado una importante carencia respecto de sus principios generales a la que nos referiremos posteriormente y también en el plano organizativo, porque pese a la existencia de un Administración global multifacética, es notoria la carencia de una jurisdicción global administrativa, con competencia global, que ponga cerco a este Derecho global administrativo y de la contratación pública. Estaríamos hablando de una jurisdicción global de carácter contencioso-administrativo, al igual que la encontramos en otros ámbitos como el penal o el de los derechos humanos, siendo preciso que, al menos al caso de estudio que nos ocupa, tuviera competencias en el orden de las contrataciones públicas de carácter internacional, al modo de lo que ocurre en la Unión Europea con el TJUE. 2. El análisis del conjunto del Derecho global administrativo de la Unión Europea desde una perspectiva general y también organizacional de su Administración global, para conocer y entender el Derecho global de la contratación pública de la Unión Europea, al objeto de presentar las posibilidades que el mismo otorga a los ciudadanos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos en este sistema de Derecho y judicial compuesto de la Unión, entre ellos sus derechos e intereses en el campo de la contratación pública, ya sea como operadores económicos, como beneficiarios, usuarios o destinatarios de los contratos públicos o como simples ciudadanos en general que se puedan de algún modo ver favorecidos por las compras públicas, presentando a su vez estos derechos e intereses legítimos como derecho de contraposición al más predominante constitucionalismo económico en la Unión Europea. 3. El retrato de la nueva configuración de la transparencia en la contratación pública, con ese plus de exigencia a nuestra primera Ley de Transparencia a la hora de fijar las lagunas o deficiencias que para la publicidad activa y el cumplimiento del principio de transparencia pueda tener la norma, en la falta también de coordinación entre la misma y el resto de normas sectoriales a las que afecta, particularmente con el TRLCSP en el caso de los contratos públicos, a riesgo no obstante de que se produzca falta de efectividad en la aplicación de las nuevas obligaciones de publicidad y donde he subrayado también el papel preferente que el perfil de contratante puede cumplir como herramienta de publicidad, de forma que garantice un auténtico derecho de toda la ciudadanía a acceder a una información pública de calidad que asegure el conocimiento y el control que se realiza de los recursos que son de todos. También en esta como en otras materias que hemos señalado a lo largo del trabajo, es el momento oportuno de corregir, con la oportuna transposición de las nuevas Directivas, las deficiencias aquí planteadas. 4. La importante determinación de las claves jurídicas y prácticas para la correcta utilización de los 'aspectos' socio-laborales y medioambientales de forma que su uso no devenga incorrecto e inservible por parte de los poderes adjudicadores que los utilicen. Claves que permiten aprovechar las oportunidades que la contratación pública otorga a los poderes públicos como instrumento para influir positivamente en la protección del medioambiente y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Claves que pasan por: Primero, hacer una meridiana diferenciación entre las distintas fases del procedimiento de adjudicación de los contratos públicos a la hora de utilizar estas herramientas. Segundo, diferenciar nítidamente la existencia de un grupo de aspectos (cláusulas) sociales y medioambientales que tienen carácter general y son aplicables en todos los contratos públicos, de otro grupo que tiene un carácter más específico, más delimitado, más ceñido en su uso, que se podrán incluir en aquellas licitaciones en que el medioambiente o el aspecto social pretendido sea parte o constituya el propio objeto del contrato, siendo el grado de exigencia de cumplimiento de requisitos mayor para este segundo grupo. Entendiendo que ambos tipos de cláusulas pueden utilizarse complementariamente en un mismo contrato. Tercero, subordinar el alcance de lo que disponga la normativa sectorial referida al medioambiente o a cuestiones sociales y que es ajena a la contratación pública, a la conformidad de lo dispuesto por la legislación contractual-administrativa, actuando esta última en materia de contratos públicos como límite a la transversalidad de las políticas ambientales y sociales. Cuarto, destacar que el impacto que el medioambiente y los aspectos sociales en general tienen en la vida de las personas a través de diversas esferas o ámbitos, siendo uno de esos ámbitos el denominado espacio público, en el que le corresponde intervenir a la acción pública, es el que motiva la aplicación de criterios medioambientales y sociales en el marco de la contratación pública. 5. La ubicación del principio de vigencia tecnológica, poco conocido como tal, y de todos los beneficios que para la contratación pública y en particular la contratación pública electrónica nos traerán: Denunciando la laxitud al respecto de la normativa anterior y el tiempo y ahorro perdido en aras de la consecución de estos beneficios, estimados en millones de euros. Ahorros significativos que permiten a la sociedad un desarrollo equilibrado, igualitario y más sostenible, mejorando los resultados al permitir también a los poderes adjudicadores evitar, detectar y corregir los errores derivados de una interpretación incorrecta de las normas de contratación pública, consiguiendo al mismo tiempo una herramienta estadística, de control del gasto y de control automatizado previo y coetáneo, extraordinaria para la gobernanza económica a efectos de impulsar la buena gestión, la eficacia y la transparencia, la libertad de acceso a la información, la igualdad y no discriminación, la publicidad y la necesaria ausencia de corrupción, permitiendo en definitiva destinar esos ahorros a otros sectores más básicos y necesitados de la sociedad. Abundando en esos beneficios que nos reporta la contratación pública electrónica, ya que centraliza la información y permite así compartirla con mayor agilidad; automatiza los procedimientos de conformidad con la normativa haciéndolos más simplificados y más y mejor documentados, regidos y controlados, permitiendo por ejemplo controles automatizados o la detección de alertas; consiguiendo unos contratos públicos más accesibles a través de la eliminación de las barreras geográficas y también físicas, incrementando de este modo la concurrencia competitiva y por tanto no sólo el ahorro económico resultante de esta competencia, sino también la mejora de los servicios y una mayor especialización, que como consecuencia también provocan una mejora de la eficiencia y de la eficacia, con el consiguiente ahorro directo en logística y a su vez, nuevamente, en costes, tanto para la Administración como para los operadores económicos; consiguiendo al mismo tiempo con la eliminación y automatización de todas estas tareas burocráticas un ahorro estimable de tiempo que se podrá dedicar a otras actividades más productivas; suponiendo igualmente una fuente invaluable de información que permite optimizar los recursos; por último supone un aumento de la garantía de los tan importantes e imprescindibles principios generales de la contratación pública. Plasmando el calendario de implantación de la contratación pública electrónica que la nueva Directiva clásica sobre contratación pública impone. De forma que en un primer término pretende que a partir de la fecha límite de transposición, 18 de abril de 2016, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones electrónicas sean obligatorios en lo que respecta a determinadas fases del procedimiento. Para después culminar de forma obligatoria la transición a la contratación electrónica en la Unión Europea: en un segundo término fijado en el 18 de abril de 2017 para las centrales de contratación; en un tercer término establecido el 18 de abril de 2018, para dilatar la aplicación de lo dispuesto al respecto del documento europeo único de contratación y su ofrecimiento exclusivamente en formato electrónico; y en un cuarto y definitivo momento, para todos los órganos de contratación, en el día 18 de octubre de 2018, con el objetivo último de conseguir una contratación pública electrónica de principio a fin en la que todas las fases del procedimiento se llevan a cabo por medios electrónicos como mecanismo estándar de comunicación. 6. La elemental diferenciación de tres figuras jurídicas bien distintas y no alternativas: los convenios administrativos, las encomiendas de gestión y los contratos públicos en aras de la salvaguarda anticipada de los principios generales habitualmente aplicables a la contratación pública. Primero, distinguiendo que el núcleo de la cuestión que nos ocupa está focalizado en realizar una correcta utilización de la figura de los convenios administrativos, para lo que resultará imprescindible saber diferenciar muy bien esta figura de otras figuras análogas como las encomiendas de gestión y los contratos públicos, al objeto de conocer ceñidamente cuál es la delgada línea roja que marca las fronteras de uso entre las mismas, teniendo en cuenta que su distinta utilización supone importantes consecuencias prácticas. De forma que el estudio nos permite concluir que los convenios se diferencian de las encomiendas de gestión, en que en los primeros, las partes, no tienen por qué pertenecer a la misma esfera pública como sí ocurre en las encomiendas de gestión; además, son consecuencia de un libre acuerdo de voluntades entre las partes en pie de igualdad en busca un interés común, mientras que en las encomiendas de gestión, es el poder adjudicador el que controla la voluntad del ente instrumental, sin necesidad de acuerdo de voluntades. Siendo así que los contratos públicos se diferencian, a su vez, de los convenios en que el acuerdo de voluntades ha de ser de naturaleza contractual, lo que por definición lleva aparejada una contraposición de intereses de carácter oneroso, mientras que en los convenios la regla debe ser la cooperación real para la consecución de algún objetivo de interés común, además de que, en virtud del TRLCSP, no pueden tener el mismo objeto prestacional que los contratos públicos. Es igualmente este acuerdo de voluntades, de carácter oneroso en los contratos, el que diferencia a los mismos de las encomiendas de gestión, donde ya hemos visto que no existe acuerdo de voluntades alguno. Segundo, que las conclusiones a las que podemos llegar para realizar esa correcta utilización de la figura de los convenios administrativos, son que estando incluido el objeto del supuesto convenio dentro de la delimitación de los distintos tipos contractuales, hay que concluir necesariamente que nos encontramos en el marco jurídico de un contrato público, lo que conlleva que no pueden equipararse a los convenios de colaboración a los efectos de la dispensa de someterse a los principios y normas de la contratación pública. Asimismo, sólo se puede huir de los principios generales de la contratación pública a través de la figura de las encomiendas de gestión si se dan los dos criterios Teckal, que consisten en que, acumulativamente, el ente territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial de su actividad con el ente o los entes a que pertenece. Tercero, que las soluciones pasan, la primera y principal, en el caso de los convenios de colaboración, por la creación de un verdadero régimen jurídico propio de esta figura legal en el que se regule ampliamente la misma, tanto para el caso de convenios con personas públicas como privadas, de forma que se regule su concepto legal, se le diferencie de figuras similares, se fijen sus ámbitos subjetivos y objetivos, su procedimiento y también la habilitación normativa tanto por razón del órgano como por razón de la materia, para la firma de un convenio. Mientras que para el caso de las encomiendas de gestión pasa por elaborar unas pautas de carácter obligatorio que sirvan de guía al gestor público para hacer un uso adecuado de este instrumento, mediante la definición de las características y requisitos que debe reunir cada tipo de encomienda de gestión, la enumeración de los documentos que deben acompañar su tramitación y la comprobación de que se cumplen todos los requerimientos legales para usar correctamente este instrumento jurídico, cuestiones que hoy en día también brillan por su ausencia. A partir de aquí vendría ya la aplicación práctica de estas nuevas regulaciones jurídicas, de una manera mucho más fácil y amparada en el tan importante principio de seguridad jurídica. 7. La definición que del estudio jurisprudencial se ha obtenido del concepto de 'servicio público' del que podemos deducir los elementos que definen un servicio público, ya que: debe tratarse de una actividad administrativa de prestación; el titular de tal actividad debe ser una Administración; la prestación debe estar sometida a un régimen de Derecho Público y la prestación debe ser ejercitada de una manera regular y continua. 8. La concreción metódica del concepto jurídico indeterminado de 'autoridad inherente a los poderes públicos', equiparando la misma a las funciones específicas del Estado y de las colectividades que pueden ser asimiladas, como por ejemplo son las fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la magistratura, la Administración fiscal y la diplomacia, pero con necesidad de añadir un grado más de exigencia respecto de las funciones que corresponden al empleado público conforme se va ascendiendo en los distintos Cuerpos o Escalas, de forma que realmente para ejercer esta autoridad inherente a los poderes públicos se deberán en puridad realizar funciones o trabajos que suponga el ejercicio de potestades públicas o funciones públicas de autoridad, o sea, que dicho añadido se corresponde en realidad con ser depositario de una autoridad o potestad pública y no con el simple hecho de ser un empleado público perteneciente a alguna de las colectividades aludidas. 9. El análisis de la doctrina del 'factum principis', como sistema de equilibrio económico del contrato en la modificación de los contratos de gestión de servicios públicos, procediendo calcular la compensación para el restablecimiento del equilibrio económico, por ejemplo de una concesión, siendo el poder adjudicador el que deba acordar el modo más adecuado de hacerla efectiva y observando que es viable jurídicamente el restablecimiento del equilibrio económico del contrato que puedan plantear las empresas concesionarias si se incardinan en los criterios jurídicos expuestos acerca de la doctrina del 'Hecho del Príncipe'. 10. El punto y final a la considerable inseguridad jurídica acerca de hasta qué punto los contratos celebrados por los poderes adjudicadores deben estar reglamentados por las normas sobre concesiones, distinguiendo meridianamente los contratos típicos de servicios y de gestión de servicios públicos, relacionando a modo conclusivo no sólo sus diferencias teóricas de régimen jurídico y acentuando la importancia práctica de su correcta aplicación, sino llegando a la conclusión final, que lo que caracteriza en el plano práctico a las concesiones de servicios, a diferencia de los contrato de servicios, es que el contratista asume el riesgo y ventura de la explotación de los servicios percibiendo como contrapartida una retribución por el uso del servicio abonada ya sea por los usuarios, por terceros o incluso por la propia Administración contratante; pero, eso sí, una retribución vinculada estrechamente al propio riesgo y ventura en la explotación del servicio por el contratista, y quedándonos la duda sobre qué hará nuestro legislador nacional nuevamente con el resto de modalidades de los contratos de gestión de servicios públicos que, diferentes a la concesión, no han estado reguladas antes en el Derecho de la Unión Europea, ni lo están ahora en la cuarta generación de Directivas sobre contratación pública. Conclusiva, sin embargo todas estas conclusiones avocan en todo momento en este estudio hacia una misma dirección e idea, la utilización del Derecho administrativo como herramienta de los poderes públicos para la promoción del desarrollo del ser humano y su dignidad en base al primero de los principios generales que debería estar presente en cualquier rama del Derecho, en especial del Derecho público, el derecho a la vida, entendiendo a la contratación como la más potente de las herramientas jurídicas de actuación administrativa que sirve para hacer efectivo este desarrollo digno del ser humano y ello por el ya conocido potencial económico que proyecta el Derecho de la contratación pública. El Derecho administrativo como uno de los máximos exponentes del Derecho público y en su marco el Derecho de la contratación pública por su importancia económica cuantitativa, deben por imperativo legal y moral estar dirigidos al desarrollo del ser humano y a todas las facetas implícitas a este derecho. Es sólo a través de los principios generales del Derecho, esencia misma de todo Derecho, omnipotentes y omnipresentes, como podemos lograr nuevamente en nuestras sociedades que el Derecho público, el Derecho administrativo, el Derecho de la contratación pública se dirijan hacia la consecución de la dignidad de sus verdaderos destinatarios, las sociedades en su conjunto y la población que la forma. En una realidad globalizada como la nuestra, en la que hemos dado por manifiesta la existencia de un Derecho administrativo global; también de un Derecho global de la contratación pública, que aunque en proceso de expansión contribuye generosamente a la consolidación de ese Derecho administrativo global; y en la que los principios generales del Derecho y de la contratación pública se erigen como principios-guía que conforman el elemento integrador de ese marco global, resulta ineludible abundar en el arraigo de aquéllos principios-guías que hagan que el Derecho público, el Derecho administrativo, el Derecho de la contratación pública, tanto en el ámbito global, como regional y local, cumplan el que es el objetivo de la acción pública y política, el desarrollo de la persona, del ciudadano, del ser humano y de todos los derechos inalienables e inherentes a su condición. Es de este modo como los principios generales de la contratación pública son la pieza nuclear del Derecho de la contratación pública y a la vez la mejor herramienta para el equilibrio de los distintos intereses en el seno de esta disciplina, al objeto de corregir a tiempo la dirección a seguir como contraposición a la actual vertiente eminentemente económica, sin caer al momento en la trampa de pensar en el carácter ficticio de esta idea. La importancia fundamental en todo Derecho que hoy revisten los principios generales es por todos conocida y reconocida y ha sido expuesta con ahínco a lo largo de esta obra, de ahí deriva también la importancia de su positivización en el Derecho escrito, en aras no sólo de esa mayor seguridad jurídica, sino también de su presencia en las mentes y conciencias de todos los operadores del Derecho de la contratación pública. Los principios generales de la contratación pública constituyen los verdaderos cimientos y pilares de este Derecho, ya que sirven como criterio de interpretación de las normas escritas, para colmar las lagunas o vacíos normativos, y para constituir el medio más idóneo de asegurar la unidad dentro de la pluralidad de preceptos que se aplican en las Administraciones Públicas y poderes adjudicadores. Son, en definitiva, el fundamento y origen de todas las normas, principalidad que les confiere preeminencia frente a otras fuentes del Derecho. Cimientos y pilares, en definitiva, que se instalan en el respeto del ser humano o en la naturaleza de las cosas. Hemos clasificado a los principios generales de la contratación pública en función de su aceptación a través de tres grupos: por un lado los que tienen un mayor grado de antigüedad y de aceptación pacífica (libre circulación de mercancías, el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios, la no discriminación y la igualdad de trato, la transparencia, la proporcionalidad, el reconocimiento mutuo, la publicidad y la concurrencia competitiva y muchos otros enumerados a lo largo de este trabajo); por otro lado, aquéllos de nacimiento más reciente pero con un alto y fácil nivel de aceptación (por ejemplo el ya referido principio de vigencia tecnológica claramente unido a la contratación pública electrónica) y, por un tercer lado, aquellos otros que son inherentes al ordenamiento jurídico, que lo inspiran, lo informan, que son innatos al mismo pero que deben tener un impulso en su difusión y defensa con el ánimo de generalizarlos y que formen parte del primer grupo. Es en este tercer grupo en el que encuadramos como auténticos principios generales en todo su ser a los principios de promoción del desarrollo humano y de promoción de la sostenibilidad ambiental, ya sea sin olvidar que como principios-guía entre los principios generales se encuentran reconocidos los derechos fundamentales de las personas, porque no podremos hablar del carácter social y medioambiental de la contratación pública, ni de los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental sin antes saber si están garantizados los derechos del ser humano. Si bien este punto de vista puede parecer ilusorio, lo cierto es que el Derecho público, el Derecho administrativo, el Derecho de la contratación pública en sus concepciones global, regional o local debe estar enfocado al respeto de los derechos del ser humano y al respeto del medio ambiente en mejora de un medioambiente sano y saludable y de la calidad de vida, del mismo que está impregnado por los principios generales comúnmente aceptados aludidos anteriormente respecto del primer grupo de principios. Es de este modo que desde el primer Capítulo de esta obra se ha venido enfocando la aplicación de la contratación pública desde un punto de vista socio-laboral y medioambiental, como instrumento de progreso económico, social y medioambiental en manos de los poderes públicos y al servicio de los ciudadanos. Creo, por consiguiente, que para conseguir un Derecho global, regional y local de la contratación pública y de esta forma un Derecho administrativo global, regional y local más justos, y por tanto basados también en el principio de justicia, no se debería limitar, como entiendo que viene ocurriendo, estos Derechos hacia una proyección eminentemente económica de los mismos, de modo que se avance hacia la consecución de Estados y situaciones de Derecho global, regional y local más sociales y democráticas como contraposición al actual Derecho de corte predominantemente económico, sin que esta idea, a través de la importancia económica y social que la contratación pública supone, deba, como he dicho, necesariamente ser tachada de descabellada porque es necesario añadir, como se ha venido motivando reiteradamente, que estos principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental en absoluto están reñidos con el carácter marcadamente económico que hoy se busca dar a la contratación pública, dando lugar precisamente a un crecimiento social, ambiental y económico también, más sostenible. Es realmente en este juego de intereses en el que entran en práctica técnicas como el proteccionismo, que merece siquiera en las siguientes líneas una mínima mención. Es inevitable escuchar voces a favor de la mayor de las igualdades para los oferentes o licitadores, esto es una tónica en el seno de las relaciones comerciales internacionales de la Unión Europea, pero debemos tener presente que los principios generales de la contratación pública también deben estar pensados y dirigidos a los destinatarios y usuarios finales de esos bienes y servicios, las sociedades y los individuos que las forman, ese es mi parecer, y que por tanto ese principio de igualdad también debe ser trasladado en la contratación pública a las sociedades equilibrando a través de este mismo principio allí donde haya desigualdades. En eso consiste precisamente también la esencia de los principios generales, en la utilización adaptada al caso concreto y no en la interpretación sesgada y unilateral de los mismos. De ahí el empeño de la Unión Europea por ejemplo en combatir el proteccionismo nacional en los Acuerdos de Libre Comercio que afectan a la contratación pública global, pudiendo ocurrir no obstante que la realidad sobre el terreno sea bien distinta. Parámetros que si no se respetan, justifican y motivan sobradamente el proteccionismo de regiones, naciones y territorios, normalmente en el corto plazo y para circunstancias específicas. Por ello la cooperación y el libre comercio global en contratación pública debe ser beneficiosa para todas las partes y no configurarse a través de meros instrumentos de adhesión al más poderoso, sino que esos instrumentos, normas y acuerdos deben guiarse también por los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental, atendiendo las desigualdades existentes entre los miembros de cada región desde la óptica social y medioambiental de cada uno y en aras también de la proyección de ese principio de igualdad de oportunidades, consiguiendo así la expansión de la contratación pública global mediante el establecimiento de derechos y obligaciones multilaterales y bilaterales equilibradas y no abusivas. Sólo así cabrá la crítica justificada al proteccionismo local. Como hemos ido viendo, gran parte de este estudio está dedicado precisamente al Derecho global administrativo y de la contratación pública de la Unión Europea, ergo al sistema nacional de contratación pública español como fiduciario que es del primero. A ellos debemos también referirnos a continuación en esta conclusión reflexiva. Sabemos que la Unión Europea es la mayor economía mundial, el primer exportador e importador mundial y también el principal origen y destino de inversión extranjera. Con aproximadamente el 7% de la población mundial, genera más de la cuarta parte del PIB global. Es en definitiva la región líder del comercio internacional y mundial. Es por tanto fundamentalmente a ella a la que le corresponde jugar un papel primordial y tomar opción o no en lo defendido en este trabajo hasta el momento. El ordenamiento jurídico comunitario es el auténtico fundamento de la Unión Europea y confiere a ésta su carácter de comunidad de Derecho social y democrática, dado que la contribución de este ordenamiento a la solución de los problemas políticos, económicos y sociales de los Estados miembros es incuestionable. Nadie puede negar la paz que ha traído a Europa. Este ordenamiento jurídico está amparado por una consolidada estructura orgánica, por una Administración global de la Unión que entre otras funciones hace las veces de fuente material del Derecho de la Unión Europea. Sólo a través de la creación de este nuevo Derecho y su salvaguardia pueden realizarse los objetivos perseguidos con la creación de la Unión Europea. El ordenamiento jurídico comunitario ya ha realizado grandes logros en este sentido, muchos de ellos expuestos a lo largo del trabajo y que no procede recuperar aquí, lo cual no obsta para que no haya elementos en los que también quepa mejorar: es enormemente criticable el marcado carácter económico que ha adquirido en las últimas décadas, más que nunca si cabe, esta organización supranacional alejándose de su carácter de comunidad de Derecho social. El ordenamiento jurídico comunitario y la comunidad de Derecho que se fundamenta en él sólo pueden sobrevivir si se garantiza su respeto y su protección. Los garantes jurídicos de ello son los tres pilares del ordenamiento jurídico comunitario: su autonomía, su aplicabilidad directa y la primacía de este último sobre los Derechos nacionales. Porque la construcción de una Unión Europa se fundamenta en unos principios vertebrales con los que los Estados miembros se tienen obligatoriamente que comprometer y cuya aplicación se confía a las instituciones de la Unión, entre ellas al TJUE que es el garante del ordenamiento jurídico Comunitario, asistido en esa labor por los sistemas jurídicos nacionales. Principios vertebrales, por tanto, cuya existencia y mantenimiento son defendidos decididamente por el TJUE, que garantiza la validez uniforme y prioritaria del Derecho de la Unión Europea en todos los Estados miembros y en campos como el de la contratación pública. En consecuencia, el Alto Tribunal Europeo es una institución que ha jugado y juega un papel decisivo en el desarrollo de ese ordenamiento jurídico comunitario y por ende de los ordenamientos jurídicos nacionales de los distintos Estados miembros, desarrollo que se debe en buena parte a los principios instaurados por el TJUE a lo largo de su práctica judicial en defensa, entre otros bienes protegidos, de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos de la Unión Europea. Es por ello que a pesar de todas las lagunas y ambigüedades, que al igual que a otros ordenamientos jurídicos caracterizan al ordenamiento jurídico comunitario, la contribución de éste ordenamiento y, por consiguiente, del Acervo Comunitario a la defensa de los derechos e intereses legítimos de los habitantes de la Unión Europea y a la solución de los problemas políticos, económicos y sociales de los Estados miembros y de sus ciudadanos no deja de ser también de un valor excepcional que merece ser nuevamente destacado. Es así como el TJUE ha contribuido también a integrar y armonizar los Derechos nacionales de los distintos Estados miembros a favor de una normativa más igualitaria y fundada en los clásicos principios generales de la contratación pública y cada vez más, en los que considero venideros principios generales que entiendo se acabarán por instaurar, de promoción del desarrollo humano y de promoción de la sostenibilidad ambiental, que han tenido y tienen sus primeras manifestaciones en los aspectos sociales (socio-laborales) y medioambientales, criterios o cláusulas por las que se hace una decidida, aunque como hemos visto debatible y todavía insuficiente apuesta por parte de la nueva generación de Directivas de contratación pública de la Unión Europea. De este modo, el TJUE ha formulado en muchas ocasiones principios generales, unas veces como desarrollo de categorías ya contempladas normativamente y otras suponiendo una construcción 'ex novo' ante el silencio normativo al respecto. Ese es el caso de la evolución normativa que se ha venido produciendo con respeto a los denominados aspectos socio-laborales y medioambientales, sin llegar a la fuerza jurídica de principios generales. Pues bien, es el momento de destacar nuevamente que entre los principios generales formulados reiteradamente por el TJUE dentro de todo el conjunto del Derecho de la Unión Europea se encuentran los derechos fundamentales de las personas. De este modo al declarar el Tribunal de Justicia que los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del derecho, ha contribuido a elevar los niveles de protección y seguridad de estos derechos fundamentales y de estos principios generales. Principios generales cuyo respeto el Tribunal impone no sólo a las instituciones comunitarias, sino también a todas las autoridades nacionales encargadas de aplicar el Derecho de la Unión Europea. Encontrándonos con que el Derecho de la contratación pública no es una rama, ni una materia ajena a los derechos fundamentales y tampoco al resto de principios generales del Derecho, por lo que todos ellos son aplicables por consiguiente al ámbito de la contratación pública y a los procedimientos administrativos de adjudicación derivados de las compras públicas. Llegados a esta realidad nos encontramos con otra, la óptica desde la que son observados con generalidad los principios generales de la contratación pública. Son dos o tres los sujetos, las partes, en un contrato público, por un lado siempre nos encontramos con el poder adjudicador y el contratista, siendo que muchas de las veces hay una tercera parte que son los destinatarios de esos contratos pública, tercera parte que opino se podría pensar está siempre presente, ya que aunque el destinatario del contrato sea el propio poder adjudicador, éste siempre tiene como objetivos unos fines públicos para los que fue creado y que repercuten en las sociedades. Ocurre que los principios generales que hemos ubicado en el primer grupo (que son podríamos decir todos los existentes en el Derecho positivo), los comúnmente aceptados, son vistos desde la única óptica subjetiva de las dos primeras partes de los contratos públicos a las que me he referido, poderes adjudicadores y contratistas, ignorando por tanto los beneficiarios finales de esos contratos. Pondré como ejemplo por todos los demás principios al principio de igualdad. Mucho se ha hablado y escrito sobre este principio general en la contratación pública enfocado por regla general desde el predominante punto de vista de igualdad de acceso a las licitaciones por parte de los operadores económicos. Pues bien, es factible pensar en la posibilidad de interpretar el principio de igualdad desde la única óptica de la igualdad en el acceso al mercado y a los contratos públicos de los licitadores y proveedores, por ejemplo extranjeros en el marco del Derecho global, o bien cabe también la posibilidad de prolongar ese principio de igualdad de oportunidades, como yo lo entiendo, hacia la fase de ejecución de los contratos públicos y por tanto extrapolar dicho principio en aplicación también de las ventajas o desventajas de los beneficiarios y usuarios de los Acuerdos de Libre Comercio y de los contratos públicos de ellos derivados. Lo mismo podríamos decir del principio de transparencia, tradicionalmente pensado en la contratación pública desde el prisma de la publicidad del contrato para el cumplimiento del principio de igualdad entre los oferentes y de publicidad, y sólo más recientemente pensado en la contratación pública como derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos de conocer el uso y destino que se da al dinero que es de todos, que es básicamente como ha sido tratado este principio general en el Capítulo de esta obra dedicado a él. Es este por tanto el mismo ejercicio que tenemos que hacer con el resto de principios de los tres grupos de principios generales enunciados y en definitiva con el Derecho de la contratación pública, el Derecho administrativo y el Derecho público en toda su dimensión. Es decir, la mayor parte de los principios generales de la contratación pública que actualmente se plasman por escrito en las distintas normas y que forman por tanto parte de nuestro ordenamiento jurídico positivo han sido planteados y valorados, podríamos decir simplificadamente, desde la visión de las primeras fases del procedimiento de adjudicación de los contratos públicos, esto es, desde las fases de admisión y adjudicación del contrato, enfocados casi únicamente a las personas del poder adjudicador y contratista. Ello ha supuesto la omisión de la concepción de los principios generales en la fase de ejecución de los contratos, históricamente la menor regulada de todas en el ámbito del Derecho de la contratación pública, de forma que podríamos afirmar también casi taxativamente que los únicos principios que se han pensado para esta fase tienen que ver más con la vertiente económica que con cualquier otra perspectiva, como es el ejemplo de la inclusión en el artículo 1 del TRLCSP, como pórtico del sistema de contratación pública español y en compañía con los principios generales del primer grupo, del objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto. Se omite pues la responsabilidad social corporativa que más que a nadie le corresponde sea exigida a los poderes públicos, la responsabilidad social y medioambiental como pórtico también del Derecho de la contratación pública, principios generales dirigidos claramente a esa tercera persona que forma parte de los contratos públicos, los usuarios, destinatarios y beneficiarios finales, o sea, la sociedad en su conjunto y los individuos que la forman, los contribuyentes si lo preferimos e incorporamos la perspectiva económica, los cuáles también son titulares de derechos. Como hemos ido viendo el último eslabón en el marco normativo de la contratación pública en el Derecho de la Unión Europea lo forman las nuevas Directivas 2014/23, 24 y 25. Los Estados miembros tienen la obligación de transponerlas como máximo el 16 de abril de 2016 y la previsión en España es que se incumpla como tantas otras veces anteriores este mandato. La doctrina coincide en que es un excelente momento para mejorar el marco normativo y el sistema de contratación pública nacional. Los actuales anteproyectos de Ley de Contratos del Sector Público y sobre procedimientos de contratación en los sectores especiales así lo auguran. Así ocurre por ejemplo con respecto a los principios generales, en los que en muchas ocasiones los nuevos textos en su versión actual son más garantistas que las Directivas de contratación pública. Si bien, como digo habrá que esperar al resultado último de los textos finales que puedan resultar de las postrimerías de una legislatura y del inicio de otra. No obstante, es necesario seguir profundizando en esta disertación hacía el cumplimiento del objetivo último de la acción pública y política, la persona, a través de una suma constructiva a los principios generales de la contratación pública del Derecho de la Unión Europea y del Derecho español. Reiteraré nuevamente la manifiesta y generalizada aceptación de determinados principios generales y su consubstancialidad a la contratación pública, ubicados en los primeros considerandos o preceptos tanto de las normas comunitarias como españolas. Sin embargo, no es nada habitual en nuestros ordenamientos (podríamos afirmar que es inédito) que se defienda la inclusión de los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental, haciendo valer de esta forma con carácter imperativo otra clase de principios generales que hoy por hoy todavía constituyen, voy a decir, 'empeños'. Me he posicionado claramente a lo largo de este estudio, dentro del marco del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y nacional, a favor de la defensa de los derechos fundamentales de las personas por encima de los intereses económicos particulares, sabiendo que el principio de desarrollo ambiental sostenible es un derecho fundamental más. Pues bien, del mismo modo que el actual Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público es en ocasiones más garantista a lo exigido por la nueva generación de Directivas a transponer, así por ejemplo en lo concerniente a los principios generales, resulta también el momento oportuno para introducir en nuestro ordenamiento jurídico estos principios generales encuadrándolos expresamente dentro del artículo primero de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Dicho 'ex professo' lo anterior, es evidente la existencia de los aspectos sociales o socio-laborales y medioambientales en la contratación pública, si bien su aplicabilidad real no sea la que podría ser. Aspectos respecto de los cuales también se ahonda en este estudio poniendo de manifiesto los problemas futuros de aplicación que traerá la nueva normativa, lo que hace dudar de su manifestado espíritu en pro de su utilización, así por ejemplo en la fase de ejecución del contrato al fijar un inexorable vínculo con el objeto contractual que hasta ahora no era exigido. Sabemos que estos aspectos de la contratación pública son ubicables en las tres fases de los procedimientos de adjudicación, entendiendo por las mismas la fase de admisión, la de valoración/adjudicación y la de ejecución y que era precisamente en la última de las fases en la que su utilización era más viable. Quiero destacar ahora antes de continuar, el abismo normativo, teórico y práctico, que existe entre aspectos (cláusulas o criterios) sociales y medioambientales y unos verdaderos principios generales, ya que las diferencias entre unos y otros son evidentes, pasando de primera mano por el carácter potestativo de los aspectos y no así del carácter obligatorio y consustancial al concepto de principio general que tendría el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental. Pero además, es necesario e imprescindible destacar, que al igual, en su origen, que el resto de principios generales comúnmente aceptados y conocidos por todos, estos dos principios que he enunciado no son en puridad creaciones 'ex novo', ya que forman parte del ordenamiento jurídico positivo expreso de algunos otros Estados como por ejemplo Perú o República Dominicana, cuya constitución recoge el principio de sostenibilidad ambiental en la contratación pública. Si los principios generales de la contratación pública, que ya hemos adelantando cuál es su carácter de esencia de todo Derecho, son también el fundamento de la misma y se caracterizan por su transversalidad, ya que alcanzan a todos los contratos, independientemente de su cuantía, de su naturaleza jurídica de administrativos o privados, manifestándose asimismo en todas las fases del procedimiento de contratación, es que podríamos incluir con los mismos efectos los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental como verdaderos principios-guía del marco normativo de la contratación pública. Pues bien, es igualmente que estos principios ya son principios generales del ordenamiento jurídico de la Unión y de España, porque son intrínsecos a los mismos, resta ahora desvelarlos, generalizarlos y potenciarlos, haciéndolos en primer lugar visibles en el Derecho positivo español ahora que está pendiente la transposición de las últimas Directivas, avanzando un paso adelante en lo establecido al respecto por el ordenamiento de la Unión. Permitiéndome el atrevimiento en este mismo instante de avanzar en esta defensa primigenia de los principios generales de promoción del desarrollo humano y de promoción de la sostenibilidad ambiental en el ámbito del Derecho global de la contratación pública, de la Unión Europea y del Derecho español de contratación pública, que quizás más tarde que temprano se acaben por implantar en el Derecho global, pero dónde seguro más temprano que tarde acabarán implantándose es en el ámbito espacial del Derecho global de la contratación pública en la Unión Europea, de forma que puede que dichos principios se tornen en obligatorios en la próxima (quinta) generación de Directivas de la Unión Europea en materia de contratación pública a través de la plasmación imperativa de los hoy llamados criterios o cláusulas sociales (socio-laborales) y medioambientales, sino incluso antes, de forma más reducida y sesgada aunque no expresa, en la venidera transposición al ordenamiento jurídico interno nacional español de la que es ahora la cuarta de generación de Directivas sobre contratación pública, Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE. Del estudio realizado esa es la tendencia que proyecta seguir el ordenamiento jurídico comunitario, ergo, español. Porque si estos dos principios ya son parte en realidad de nuestros ordenamientos jurídicos (comunitario y nacional) porque no incluirlos entonces también expresamente en la contratación pública al nivel jurídico, interpretativo y dogmático de principios generales. Reconocidos, como se ha demostrado en el estudio, estos principios generales de promoción del desarrollo humano y de sostenibilidad ambiental por el TJUE, los encontramos también en los Tratados de la Unión, como el de Ámsterdam, el de Funcionamiento de la Unión Europea o el último de los Tratados, el de Lisboa; en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea con rango de Derecho primario; como obligatorios los acoge igualmente Constitución española y todos los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Porque todas las normas de ámbito global, regional o nacional estudiadas y citadas en este trabajo, que buscan una acción positiva a favor del medioambiente o de los aspectos sociales, encuentran cobijo, como no podía ser de otra forma y dentro del pleno respecto al principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, en nuestra Constitución, incardinándose al amparo del mandato contenido por ejemplo en sus artículos 10, 14, 15 y 45.2 y del derecho que recoge el apartado primero de este mismo precepto constitucional, de forma que es lícito promover por las Administraciones Públicas y poderes adjudicadores como interés general los aspectos medioambientales y sociales en el marco de las políticas de contratación pública. Siendo que estos principios generales como he venido reiteradamente defendiendo resultan legales, obligatorios, necesarios y rentables social, medioambiental y económicamente a corto, medio y largo plazo, constituyendo en la antesala del ordenamiento jurídico de la contratación pública la herramienta que permita promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social y cumplir con el mandato imperativo que marca, sin ir más allá de nuestras fronteras, nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 9.2 de su norma suprema. Es decir, no es ni siquiera necesario descifrar estos principios generales en el conjunto de nuestros ordenamientos, están presentes pero en cierta medida obviados, olvidados, máxime en una materia que supone aproximadamente de media el 25% de la ejecución del presupuesto de gasto de las Administraciones Públicas. Requieren, por consiguiente, de un impulso, defensa, promoción y aspiración para ser consignados expresamente de manera positiva en el ordenamiento jurídico de la contratación pública, en igualdad de lugar y condiciones que otros principios generales totalmente aceptados. Se trata de principios generales que son legales porque se encuentran incorporados en los pilares de las normas fundamentales de la Unión Europea y de España y obligatorios porque como obligatorios los acogen también los mandatos que realizan a los poderes públicos ambos ordenamientos jurídicos a través de sus normas más supremas y fundamentales. Su carácter de necesario es una realidad global, regional y local que nos sobrepasa como individuos diariamente. Su también necesaria e imprescindible rentabilidad se justifica porque en el equilibrio de las poblaciones sociales y del medioambiente se encuentra en definitiva el desarrollo sostenible, económico también, de los pueblos y los Estados. Pero si su existencia en el ordenamiento jurídico es tan manifiesta, por qué incluirlos expresamente. Entonces por qué hemos incluido el resto de principios generales del primer grupo si se encontraban en la misma situación: por qué tienen un perfil más económico, los aquí patrocinados también, consiguiendo, a la vez, ese crecimiento social, ambiental y económico sostenible. Por lo tanto he aquí mi apuesta y mi crítica constructiva. Nos encontramos en el momento idóneo para introducir y plasmar como Derecho positivo los principios generales de desarrollo humano y de sostenibilidad ambiental en el marco nacional de las normas de contratación pública, haciéndolos de este modo visibles, omnipotentes y omnipresentes en los actuares de los órganos de contratación y en las mentes y conciencias de los políticos, de los gestores y de los operadores jurídicos y económicos de los contratos públicos. A nadie se le escapa ya la existencia de los otros principios generales, los por todos conocidos y aceptados, y sí a muchos todavía los hoy todavía denominados 'aspectos' socio-laborales y medioambientales. Esta es una realidad cotidiana, muy utilizada también por quienes infravaloran esta concepción del Derecho administrativo y del Derecho de la contratación pública, para qué exigir con respecto al adecuado cumplimiento de las normas sociales, laborales y medioambientales si ya todo está en el resto del ordenamiento jurídico, si bien la experiencia determina que no se detienen a reflexionar que sí se exija, sin embargo, la honorabilidad del licitador desde el punto de vista deudor de la Hacienda Pública o de la Seguridad Social si también son ya obligaciones que establece la correspondiente normativa. La misma limitada visión que supone el creer por los órganos de contratación que no les compete, cuando en realidad las competencias de una Administración Pública, de un poder público, no son compartimentos estancos que se agotan en la unidad u órgano creado al efecto, sino que abarcan y obligan al conjunto de la Administración o poder público como persona jurídica única, pensemos por ejemplo en las competencias de medioambiente, de igualdad de la mujer, de menores, de personas con discapacidad, de bienestar social, de empleo y un largo etcétera, son competencias de todos, son competencias transversales, amparadas además por la obligación de acción de los poderes públicos contenida en el artículo 9.2 de la Constitución española. Es así que he abogado al inicio de este estudio por la inclusión de estos principios generales en el ordenamiento jurídico global de la contratación pública, en el Derecho de la Unión Europea y en el sistema de contratación pública español. Ocurriendo que para este último se ubica el momento perfecto con la incorporación de las nuevas Directivas y la aprobación de la que será nuestra próxima normativa nacional sobre contratación administrativa, todavía en trámite. Como anteriormente señalé, hemos perdido un preciado tiempo en la implantación de la contratación electrónica favorecedora de los principios generales también por sus posibilidades de transparencia. Seguro que otro tiempo maravilloso perderemos también en el Derecho de la Unión Europea de la contratación pública para la implantación de los principios generales que ahora defiendo, confiando en que este hecho se produzca. No perdamos pues la extraordinaria la oportunidad que se nos brinda con la transposición de las nuevas Directivas incorporando a nuestro sistema nacional de contratación pública estos novedosos principios generales en el ámbito de la contratación pública, puede que adelantándonos así a otros actores, dando ejemplo y haciendo justicia social y medioambiental con el dinero que es de todos. Porque, en conclusión, la inclusión en nuestro Derecho positivo más actual de estos principios de promoción del desarrollo humano y de promoción de la sostenibilidad ambiental, depende únicamente de las personas que tienen la capacidad de decidir e influir en las normas de contratación pública y del esfuerzo que las mismas hagan en tal sentido, porque si nadie se cuestiona la inclusión en el pórtico de la normativa de contratación pública del principio general de eficiencia en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y de control del gasto; si es posible también establecer en los contratos públicos un objetivo basado en el 100% en el aspecto económico, por qué cuestionarse entonces la inclusión y existencia de estos principios generales que como mandato obligatorio nos imponen nuestros ordenamientos jurídicos si los mismos resultan a su vez rentables para el conjunto de la sociedad formada por todos nosotros. Empecemos, por tanto, a corregir la trayectoria y tendencia del actual Derecho administrativo y de la contratación pública por el principio, por los principios.