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Esta tesis doctoral efectúa un análisis jurídico-critico de doctrina y jurisprudencia sobre el tema de la legalidad penal respecto a quienes han integrado organizaciones criminales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al igual que para los agentes del Estado, o inclusive los civiles que han patrocinado o financiado el conflicto armado no internacional ocurrido en Colombia. El estudio comprende la tensión y la prescripción de los crímenes de lesa humanidad en medio de la justicia transicional en un escenario como el colombiano. En consecuencia, la investigación está enfocada a examinar la justicia transicional en Colombia y de forma transversal el instituto de la prescripción, y los crímenes de lesa humanidad, lo anterior por cuanto permite así divisar los principales fundamentos para determinar si la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es o no valida en términos jurídicos, y en especial si está acorde con el principio de legalidad en un contexto de justicia transicional. Recurre a la historia del principio de legalidad, junto a toda la jurisprudencia y doctrina existente, y de ese modo hacer evidente que la legalidad es un principio de carácter general, por el cual ningún hecho puede ser considerado como delito sin que una ley anterior lo haya previsto como tal. En efecto, se estudia en Colombia la legalidad, sus características, clasificación y sus exigencias, limitaciones y prohibiciones que se imponen al Estado para garantizar a los ciudadanos un axioma de valoración de lo justo. Plantea la aplicación del principio de favorabilidad señalado en el acto legislativo 01 del 4 de abril de 2017, según esta norma las decisiones que tome la jurisdicción especial para la paz adoptarán una interpretación obligatoria del principio de favorabilidad, lo que evidentemente genera tensiones entreprescripción e imprescriptibilidad y entre la legalidad flexible e inflexible, de ahí que analiza el debate en el ámbito internacional y puntualizando en las sentencias del Tribunal de Justicia y Paz ...

La tesis desarrolla una propuesta teórica encaminada a incluir la experiencia de las mujeres en las transiciones democráticas, mediante la articulación de la justicia transicional con una perspectiva de género. La justicia transicional es un campo en estructuración, cuyo desarrollo está dinamizado por los estándares internacionales de derechos humanos y cruzado por múltiples tensiones. Por esto, es casi imposible que asegure justicia plena para las víctimas. Sin embargo, es susceptible de ser enriquecido de forma que contribuya efectivamente a alcanzar la paz sin sacrificar los derechos de las víctimas y sin reproducir exclusiones. Para esto, articularlo con una perspectiva de género resulta fundamental, pues ésta contribuye a visibilizar la dimensión de género de la violencia, así como a reconocer las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres y que deben ser transformadas para lograr una auténtica transición democrática. / Abstract. The thesis develops a technical proposal aimed at including the experience of women in democratic transitions, through articulating transitional justice with a gender perspective. Transitional justice is a field under construction, and its development is dynamized by the international standards of human rights and is crossed by multiple tensions. Therefore, it is almost impossible for it to guarantee full justice for the victims. Nevertheless, it is susceptible to enrichment so that it contributes effectively to obtaining peace without sacrificing the rights of the victims and without reproducing exclusions. For this, the articulation with a gender perspective becomes fundamental, as this contributes to the visibilization of the gender dimension of the violence, as well as the recognition of the multiple forms of discrimination that women face, and that should be transformed in order to achieve an authentic democratic transition. ; Maestría

El propósito de este escrito es aportar algunos elementos críticos para el entendimiento de la justicia transicional. En primer lugar, porque la justicia transicional supone que debe haber un proceso judicial, en el cual, según se quiera mirar, se impondrán castigos proporcionados o se concederán perdones responsabilizantes y eso supone, entonces, que en un proceso judicial se producirá la verdad, la justicia y la reparación, objetivos completamente esquivos a cualquier proceso judicial. En segundo lugar, se pretende señalar que la justicia transicional es el último salvavidas que se ha lanzado para rescatar la legitimidad del derecho penal, después de las demoledoras críticas que le habían hecho la criminología crítica y el abolicionismo.

Resumen Cuando una sociedad intenta hacer una transición de situaciones de conflicto armado a paz o de regímenes dictatoriales a democracias, debe tomar decisiones políticas que garanticen los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, pero que permitan pactos entre las partes implicadas. En este contexto el derecho a la reparación es el centro de álgidos debates. Por eso, en este artículo se propone visibilizar las reparaciones simbólicas como parte de la reparación integral y como importante mecanismo para que las sociedades en transición logren superar los hechos victimizantes sin olvidarlos y para que estos no se repitan; entonces, los simbolismos reparadores buscarán nombrar y dignificar a las víctimas, recordar la verdad y solicitar perdón asumiendo responsabilidades. Abstract When a society tries to make the transition from armed conflict to peace, or dictatorships to democracies, political decisions must be taken to ensure international standards concerning the rights of victims of human rights violations, but allowing agreements between the parts involved. In this context, the right to reparation is the peak center of discussions.So, this article proposes to visualize the symbolic reparations as part of the internal reparation and as an important mechanism so that societies in transition can overcome the victimizing facts without forgetting them, and in order to stop them too. Then, the repairing symbolism would seek to appoint and dignify the victims, to remember the truth, taking responsibilities, and asking for forgiveness.

La Ley de Justicia y Paz, recientemente aprobada por el Congreso de la República, ha sido objeto de un gran debate nacional e internacional. Sus mayores detractores han sido organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que argumentan que este instrumento no satisface los parámetrosinternacionales de verdad, justicia y reparación. Sin embargo es fundamental que más allá del análisis puramente legal, se tengan en cuenta las particulares circunstancias de una democracia amenazada por poderosas organizaciones armadas al margen de la ley, y de un Estado históricamente débil que, sin embargo, está haciendo su mejor esfuerzo pararecuperar el monopolio de la fuerza y restablecer el imperio de la ley en todo el territorio mediante la implementación de una política de seguridad democrática que en sólo tres años ha conseguido un significativo mejoramiento en los índices de graves violaciones a los derechos humanos. Pero este esfuerzo no puede desconocer que una solución exclusivamente militar, que conduzca a la aplicación de parámetros de justicia propios de una situación de normalidad es no sólo difícilmente alcanzable, sino excesivamente costosa en términos humanos y materiales. Por ello el gobierno ha ofrecido una salida negociada a todos aquellos grupos que demuestren su voluntad de paz y declaren un cese de hostilidades con verificación internacional. Esta política de paz y reconciliación requiere un marco jurídico que pondere los intereses de la paz con los de la justicia, y ofrezca incentivos a miembros de grupos armados al margen de la ley que decidan dejar las armas y desmovilizarse. Este marco jurídico, que facilita los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva es la Ley de Justicia y Paz, de cuyo estudio puede deducirse un fuerte compromiso con los derechos de las víctimas. No sólo porque se han consagrado de manera expresa, sino porque se han creado unas instituciones y se han fortalecido otras para garantizar su implementación. ; The "Justice and Peace Law", recently passed by the Colombian Congress has been subject to keen debate. Human Rights NGO has criticized it because it does no comply with human rights standards regarding, truth, justice andreparation. However, beyond the legalistic analysis, it is important to bear in mind the particular circumstances of a democracy threaten by powerful irregular armed groups and of a historically weak State that is, however, presently doing its best to regain the monopoly of force and reestablish the rule of law over theterritory by the implementation of a democratic security policy that has, in only three years, shown positive results in terms of an important reduction of human rights violations. Nevertheless, this effort cannot ignore the fact that a militarysolution that allows for the implementation of strict standards of justice is not only unfeasible but also very costly both in human and material resources. Therefore, the Government has offered a negotiated settlement to all illegal groups that demonstrate their commitment to peace and declare a cease of hostilities with international verification. This peace and reconciliation policy needs a legal framework that reaches an appropriate balance between peace and justice and offers incentives to members of irregular armed groups who decide to surrender weapons and demobilize. This legal framework, that facilitates peace processes as well as individual and collective demobilization, is precisely the "Justice and Peace law", which shows an important commitment to victim's rights, not only because it has incorporated those rights expressly, but also because it has, for those rights to be implemented, created new institutions and strengthened other already in place.

The "Justice and Peace Law", recently passed by the Colombian Congress has been subject to keen debate. Human Rights NGO has criticized it because it does no comply with human rights standards regarding, truth, justice andreparation. However, beyond the legalistic analysis, it is important to bear in mind the particular circumstances of a democracy threaten by powerful irregular armed groups and of a historically weak State that is, however, presently doing its best to regain the monopoly of force and reestablish the rule of law over theterritory by the implementation of a democratic security policy that has, in only three years, shown positive results in terms of an important reduction of human rights violations. Nevertheless, this effort cannot ignore the fact that a militarysolution that allows for the implementation of strict standards of justice is not only unfeasible but also very costly both in human and material resources. Therefore, the Government has offered a negotiated settlement to all illegal groups that demonstrate their commitment to peace and declare a cease of hostilities with international verification. This peace and reconciliation policy needs a legal framework that reaches an appropriate balance between peace and justice and offers incentives to members of irregular armed groups who decide to surrender weapons and demobilize. This legal framework, that facilitates peace processes as well as individual and collective demobilization, is precisely the "Justice and Peace law", which shows an important commitment to victim's rights, not only because it has incorporated those rights expressly, but also because it has, for those rights to be implemented, created new institutions and strengthened other already in place. ; La Ley de Justicia y Paz, recientemente aprobada por el Congreso de la República, ha sido objeto de un gran debate nacional e internacional. Sus mayores detractores han sido organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que argumentan que este instrumento no satisface los parámetrosinternacionales de verdad, justicia y reparación. Sin embargo es fundamental que más allá del análisis puramente legal, se tengan en cuenta las particulares circunstancias de una democracia amenazada por poderosas organizaciones armadas al margen de la ley, y de un Estado históricamente débil que, sin embargo, está haciendo su mejor esfuerzo pararecuperar el monopolio de la fuerza y restablecer el imperio de la ley en todo el territorio mediante la implementación de una política de seguridad democrática que en sólo tres años ha conseguido un significativo mejoramiento en los índices de graves violaciones a los derechos humanos. Pero este esfuerzo no puede desconocer que una solución exclusivamente militar, que conduzca a la aplicación de parámetros de justicia propios de una situación de normalidad es no sólo difícilmente alcanzable, sino excesivamente costosa en términos humanos y materiales. Por ello el gobierno ha ofrecido una salida negociada a todos aquellos grupos que demuestren su voluntad de paz y declaren un cese de hostilidades con verificación internacional. Esta política de paz y reconciliación requiere un marco jurídico que pondere los intereses de la paz con los de la justicia, y ofrezca incentivos a miembros de grupos armados al margen de la ley que decidan dejar las armas y desmovilizarse. Este marco jurídico, que facilita los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva es la Ley de Justicia y Paz, de cuyo estudio puede deducirse un fuerte compromiso con los derechos de las víctimas. No sólo porque se han consagrado de manera expresa, sino porque se han creado unas instituciones y se han fortalecido otras para garantizar su implementación.

Este estudio analiza la actitud hacia el pasado represivo, así como el conocimiento, impacto y valoración que las diferentes generaciones argentinas tienen acerca de las medidas transicionales implementadas en relación a la dictadura militar. La muestra se compone de personas que vivieron dicho periodo siendo ya adultas (n = 62) y personas que nacieron después del inicio de la democracia (n = 203). De los resultados se extrae que los más jóvenes son quienes menos conocimiento tienen sobre el pasado y quienes más información desean tener, más importancia conceden a las medidas que contribuyen la difusión de lo ocurrido, la defensa de los derechos humanos, la reparación a las víctimas o los cambios institucionales. Además, son quienes con más eficacia perciben en los juicios por delitos de lesa humanidad que se están celebrando en la actualidad, quienes menos deseo muestran de reconciliarse y quienes más participan en actividades de recuerdo de las víctimas y referidas a la defensa y promoción de los derechos humanos.AbstractThis study analyzes the attitude towards the repressive past and the knowledge, impact and valuationthat the different generations in Argentina have about the transitional measures implemented in relationto the military dictatorship. The sample is composed by people who lived in the mentioned period being already adults (n=62) and people who were bornafter the beginning of the democracy (n= 203).Results show that younger people are the oneswith less knowledge on the past although theyare wishing to have more information about it.They grant more importance to measures suchas the diffusion of what happened, the defenseof human rights, the reparation to victims or theinstitutional changes and they also perceive higherefficacy in trials for crimes against humanity thatare taking place today. Furthermore, they showto have the least desire for reconciliation but arethe ones who participate more in activities inorder to remember the victims and to defend thehuman rights.KeywordsArgentina, human rights, transitionaljustice, generations.

Este artículo explora distintas dimensiones de la justicia transicional en Guatemala, enfocándose en los distintos intentos por parte de organizaciones de víctimas y de derechos humanos para juzgar el delito de genocidio, los cuales alcanzaron una sentencia histórica en un tribunal nacional en mayo de 2013. La tesis principal plantea que la capacidad de las organizaciones querellantes para reproducir acciones coordinadas multidireccionales (hacia arriba, hacia abajo y hacia el exterior) a lo largo de su proceso de movilización sociolegal posibilitó la capitalización de recursos necesarios para la construcción, sostenimiento y culminación de la demanda. Se concluye que la confluencia de la acción colectiva en derechos humanos y el cúmulo de experiencias en el campo de especialización legal son elementos imprescindibles para el avance de la justicia transicional en Guatemala.

ResumenEl artículo analiza la interacción entre la Justicia Transicional y las Infraestructuras para la Paz. Para ello, se presentan algunas de las características del conflicto armado y los procesos de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante el periodo 1982-2016, así como los antecedentes de la Justicia Transicional en dicho país. Además, se examinan las Infraestructuras para la paz, entendidas como mecanismos que generan dinámicas de interdependencia entre distintos grupos sociales para la construcción de paz. Derivado de un análisis documental se concluye que, en el caso colombiano, la Justicia Transicional interactúa con las Infraestructuras para la Paz al vincular el cumplimiento de las sanciones restaurativas con las acciones para el desarrollo territorial comunitario realizadas desde los Comités Locales de Paz.Palabras clave: Construcción de paz, Víctimas, Participación social, Conflicto armado, FARC Infrastructures for Peace and Transitional Justice in Colombia AbstractThe article analyzes Colombia's interaction between its Transitional Justice and its Infrastructures for Peace. For this purpose, the article presents some of the characteristics of the armed conflict and negotiation processes associated to the Revolutionary Armed Forces of Colombia during the period 1982-2016 along with the country's Transitional Justice background. In addition, itexamines the Infrastructures for Peace, understood as mechanisms that generate interdependence dynamics between different social groups for peacebuilding. From a documentary analysis, it is concluded that Colombian Transitional Justice interacts with its Infrastructures for Peace by connecting the compliance of restorative sanctions to the actions for the community territorial development carried out by Local Peace Committees.Key Words: Peacebuilding, Victims, Social participation, armed conflict, FARC Acerca del proceso editorial y sus publicaciones la revista Reflexiones utiliza la licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)