El resultado electoral peruano ha despejado la principal incertidumbre que se mantuvo durante todo el proceso electoral: quién será el próximo gobernante del Perú. Sin embargo, ha abierto un gran número de incógnitas. Los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial peruana han acabado con la principal incertidumbre, la de quién será el próximo gobernante del Perú. Sin embargo, quedan abiertas numerosas cuestiones, muchas de ellas vinculadas a la política interna del país y otras a los múltiples realineamientos regionales que se están produciendo. Entre los primeros, el mayor desafío del nuevo Gobierno es el de la gobernabilidad, que tiene varios frentes, comenzando por las alianzas políticas y parlamentarias que garanticen la continuidad del nuevo Gobierno. Otro tema destacado es el futuro de Ollanta Humala y de su Partido Nacionalista, una cuestión no menor dados los distintos derroteros (más institucionales unos, más radicales y violentos otros) que pueden recorrer los autoproclamados seguidores peruanos de Hugo Chávez.
La elección de un miembro no permanente para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en representación de América Latina se convirtió en un duelo entre Venezuela y EEUU ante la práctica pasividad de la mayor parte de los países de la región. Finalmente será Panamá quien a partir del 1 de enero de 2007 sustituya a Argentina en uno de los dos sitios que le corresponden a América Latina en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tras una encarnizada lucha, ni Guatemala ni Venezuela lograron su objetivo y, forzados por diversas razones, terminaron proponiendo a Panamá como candidato de consenso en representación del grupo regional de América Latina y el Caribe (GRULAC). En este proceso, convertido en una especie de duelo entre Venezuela y EEUU, la mayor parte de los países de la región se convirtieron en meros y pasivos espectadores, sin tomar una posición activa en relación con las distintas posturas enfrentadas, en un proceso que les incumbía directamente.
El artículo discute la situación política que viven las distintas comunidades indígenas en la región andina y la necesidad de su integración plena a la vida democrática. Si bien la situación de cada país es diferente, la exclusión y la pobreza se han convertido en un serio factor de exclusión que debe ser combatido con las políticas públicas adecuadas. La plena integración de los indígenas al sistema democrático es un freno importante a ciertas derivas populistas, actualmente presentes en la región. ; The article discusses the political situation of the various native communities in the Andean region and the need for their full integration to democratic life. Although conditions are different in each country, marginalisation and poverty have become serious factors in their exclusion from society, and this must be countered with the appropriate public policies. The full integration of the indigenous population to a democratic system should be an effective curb to certain populist tendencies currently present in the region.
Pese a las múltiples convocatorias a la unidad latinoamericana, más intensas que nunca, las relaciones bilaterales comienzan a ser interferidas por diversos conflictos que afectan a buena parte de los países de la región. Si bien las llamadas a la unidad latinoamericana, muchas apoyadas en la retórica bolivariana, son más intensas que nunca, las relaciones bilaterales se han comenzado a complicar, especialmente en algunos puntos más calientes que otros. Esto se observa en diversos casos: (1) las relaciones entre Colombia y Venezuela atraviesan uno de sus períodos más críticos y la política de rearme venezolana poco tranquiliza las aguas de la zona andina o incluso más allá; (2) los avances del liderazgo brasileño en América del Sur no terminan de convencer, por distintas razones, ni a Argentina ni a México; (3) la elección del nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, ha evidenciado algunos problemas con Perú y Bolivia, junto a algunos desencuentros con México, consecuencia directa de dicha elección; y (4) Cuba, cuyo régimen es incapaz de encajar cualquier crítica, pese a sentirse legitimado para intervenir en los asuntos de los otros países de la región, mantiene relaciones más o menos tensas con México, Chile, El Salvador y Perú, entre otros. Esta lista alude a aquellos casos que en estos momentos están más o menos activos, pero no cubre todos los conflictos bilaterales, azuzados algunas veces por la cuestión energética, un problema crítico, como han puesto de manifiesto las tensiones entre Chile y Argentina por el incumplimiento de un contrato de abastecimiento de gas. En las páginas siguientes se pretende dar cuenta del estado de las relaciones bilaterales en América Latina y de la forma en que éstas pueden incidir en los procesos de integración regional en marcha.
Pese a la creciente retórica sobre las trabas externas que frenan el proceso de integración latinoamericano, los principales problemas vienen de dentro del continente. Se suele señalar que los principales obstáculos que frenan el proceso de integración latinoamericano vienen de fuera y que por lo general se relacionan con la postura de los gobiernos de los Estados Unidos, más interesados en la política del "divide y vencerás" que en la potenciación de la unificación. Se trata de la misma teoría que en el siglo XIX hablaba de la "balcanización" de América Latina. Sin embargo, y más allá de la retórica expresada en distintos foros, como se pudo ver por ejemplo en la última Cumbre de las Américas, celebrada a principios de noviembre en Mar del Plata, Argentina, las causas principales hay que buscarlas en la realidad interna de la región. En este sentido, el presente análisis se centra en dos excesos y un déficit. Los excesos se vinculan con el nacionalismo y la retórica, mientras que el déficit alude a la falta de liderazgo.
De forma tradicional, la política exterior española hacia América Latina ha primado lo global frente a las relaciones bilaterales, especialmente con los países más importantes de la región. El principal objeto de reflexión en las próximas páginas de este trabajo es profundizar en la tensión entre lo global y lo bilateral, intentando analizar cuál es la opción más conveniente para la política española hacia América Latina.
La última Cumbre de las Américas celebrada en Monterrey ha generado un amplio seguimiento por parte de la prensa internacional. En la explicación de lo ocurrido en ella ha primado más el tópico que el análisis, la descripción que la reflexión. Entre los lugares comunes vinculados a los resultados y conclusiones de la cumbre regiomontana están los siguientes: 1) la cumbre fue un fracaso; 2) en ella se produjo un renacer del antinorteamericanismo, que se vio acompañado de una actitud más independiente de los países latinoamericanos frente a EEUU (lo que, en definitiva, significa que la Cumbre fue evaluada en sentido Norte-Sur); y 3) hemos asistido a la consolidación de un nuevo eje latinoamericano (Caracas-Brasilia-Buenos Aires), de orientación izquierdista, y con preocupación por lo social frente al materialismo de Washington. El presente análisis intenta responder a algunas de estas cuestiones, matizándolas adecuadamente, a fin de poder avanzar en el entendimiento de las relaciones hemisféricas. En la Cumbre de las Américas, celebrada en Monterrey los pasados 12 y 13 de enero se reunieron los mandatarios de los 34 países que forman parte del sistema panamericano. Cuba no participó de la cumbre, por no pertenecer a dicho sistema, ya que fue expulsada de la OEA (Organización de Estados Americanos) en 1961, cuando, tras la Revolución Cubana, se estimó que su régimen era incompatible con la institucionalidad regional. La agenda de la Cumbre era apretada y contenía temas sumamente diversos como el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), la seguridad hemisférica y la lucha contra el terrorismo, la defensa de la democracia y el combate contra la corrupción y las desigualdades sociales y la necesidad de enfrentarse a la pobreza. Más allá de las discusiones plenarias, y las intensas negociaciones bilaterales (la verdadera comidilla de la Cumbre), existía el compromiso de elaborar una Declaración Final, la Declaración de Nuevo León, que expresara, por consenso, el sentir de los mandatarios presentes. Era complicado acercar las posiciones enfrentadas de EEUU y Venezuela, por poner solo un ejemplo, lo que terminó descafeinando claramente el documento final. Pese a ello, las discusiones fueron abiertas e importantes y permitieron restablecer el diálogo panamericano, prácticamente hibernado desde los atentados del 11-S.
La frontera con Venezuela es la más activa y problemática de todas las que tiene Colombia con el conjunto de sus vecinos, tal como se ha demostrado con la muerte de nueve guardias nacionales venezolanos en los últimos días de 2003, tras varios enfrentamientos entre la Guardia Nacional y paramilitares colombianos. Junto a este incremento reciente de la presión, la linde compartida de 2.219 kilómetros de extensión, contempla diariamente diversas expresiones delictivas, como la actividad de terroristas –guerrilleros y paramilitares–, narcotraficantes, cuatreros y contrabandistas de todo tipo, condición y producto, pero también asiste, desde una atalaya privilegiada, a la degradación constante de la economía venezolana, agravada por la evolución del tipo de cambio entre el bolívar y el dólar, que ha afectado negativamente al comercio transfronterizo (al menos en una dirección).
El triunfo de Hugo Chávez en el referéndum revocatorio del 15 de agosto pasado ha puesto sobre la mesa una serie de interrogantes, como el futuro de la revolución bolivariana, el de la oposición y el de la proyección exterior venezolana en el resto de América Latina. En consonancia con la mayoría de las encuestas previas, el presidente Hugo Chávez se impuso en el referéndum revocatorio con el 59,25% de los votos, mientras el Sí, la oposición, sólo logró el 40,74%. En una elección con una elevada participación para los niveles venezolanos, la abstención apenas superó el 30%. Pese a las acusaciones de fraude realizadas por la oposición, los resultados han beneficiado al gobierno que, al igual que tras los confusos sucesos del 11 de abril de 2002, ha salido reforzado, tanto por sus propios aciertos como por los errores de sus oponentes. A partir de aquí surgen varias dudas: ¿cómo incidirán estos resultados en la gobernabilidad del país?; ¿se desarrollará un diálogo fecundo entre gobierno y oposición para desactivar la crispación y el enfrentamiento, avanzando en la pacificación o, por el contrario, se mantendrá la polarización?; ¿podrá la oposición sobreponerse a la derrota y aprovechar convenientemente su sólido respaldo popular para convertirse en alternativa de gobierno?; ¿modificará Chávez su discurso continental bolivariano y antiimperialista, para avanzar en un proyecto de integración latinoamericana basado en el diálogo y la concordia entre pueblos y gobiernos y no en el enfrentamiento y el apoyo a grupos terroristas, como las FARC, o partidarios de la violencia como los piqueteros argentinos o el MIR boliviano? Las respuestas a estas cuestiones se vinculan a la continuidad o no del carácter populista del régimen, pero también al mantenimiento de los elevados ingresos petroleros, en una combinación que algunos analistas llaman petropopulismo.
El conflicto colombiano corre serios riesgos de afectar a sus vecinos (de hecho, ya lo está haciendo). Si bien las respuestas de unos y otros no están a la altura de las circunstancias, comienzan a percibirse algunos cambios en las respuestas a la violencia organizada.
Numerosos analistas de la realidad latinoamericana hablan de una nueva oleada de gobiernos populistas en la región y de la probable conformación de un eje populista que incluiría a los gobiernos de Caracas, Quito y Brasilia, que se sumarían al régimen castrista. ¿Son fundados estos temores? Los triunfos electorales de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y del comandante Lucio Gutiérrez en Ecuador han hecho sonar demasiadas alarmas sobre el futuro político de América del Sur. Numerosos observadores y analistas estiman que se puede conformar un eje populista con graves consecuencias para la estabilidad y la gobernabilidad de la región, una situación estimulada, y agravada, por la crisis de numerosos partidos políticos, tradicionales o no. Sin embargo, más allá de la protesta del electorado latinoamericano contra una particular situación política, económica y social y a favor de ciertas opciones alternativas, las diferencias entre los tres casos mencionados son extremas, por más que en bastantes circunstancias estas comparaciones sean alentadas por el presidente venezolano Hugo Chávez para reforzar sus propuestas rupturistas en relación con la política hemisférica de Estados Unidos y con la proyección internacional de la República Bolivariana.
La evolución de la crisis iraquí se manifiesta en las distintas regiones del mundo con tomas de postura de los gobiernos y de la opinión pública ante la evolución de los hechos. En América Latina, pese a su cercanía a EEUU, unos y otros, con las debidas excepciones, se muestran bastante reacios a involucrarse en el conflicto. El conflicto iraquí ha desnudado una serie de contradicciones latentes en el nuevo orden internacional, un orden que se ha ido construyendo no sin dificultades (y a veces con mucha improvisación) después de la caída del Muro de Berlín. El fin de la Guerra Fría vació de contenido, o limitó los ya existentes, a una serie de instituciones creadas a mediados del siglo pasado para responder adecuadamente a lo que se entendía como amenaza comunista. Es el caso de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), que en 2002 fue denunciado por México, después de que el presidente Fox proclamara su defunción en los días previos a los atentados terroristas del 11-S (ver México abandona el TIAR, 26/9/2002, ARI 57/2002). América Latina, en un mundo globalizado como el actual, no puede quedarse al margen, pese a las pretensiones de sus líderes y de su opinión pública. Mientras el estado de la opinión es claramente contrario a la guerra, las tomas de postura de los políticos muestran indecisiones y contradicciones, prueba evidente que se reacciona frente a los acontecimientos en lugar de adoptar una postura de conjunto ampliamente discutida a lo largo del continente.
Varios artículos de prensa han coincidido en señalar que la política española en relación a la crisis de Irak afectará negativamente las tradicionales relaciones entre España y América Latina. Sin embrago, el problema ofrece numerosas aristas, muchas de las cuales dependen del comportamiento de los distintos actores en el futuro próximo. Numerosas voces han señalado que la clara toma de postura del Gobierno español en el conflicto iraquí, a partir de una reinterpretación de las relaciones transatlánticas y de las consecuencias que se deben extraer para nuestro país, tendrá graves repercusiones en las relaciones con América Latina. Más allá de las generalizaciones, no siempre factibles, el problema no sólo debe ser visto desde una perspectiva global, sino también bilateral, país a país, y aquí es donde fallan tanto los análisis mencionados como la política española. Uno de los principales elementos de juicio para sostener esta tesis es el fracaso diplomático cosechado con el viaje del presidente Aznar a México. El principal problema aquí planteado es la forma en que se abordaron las relaciones transatlánticas y si a la hora de hacerlo se tuvo en cuenta a América Latina y su especial vínculo con España.
La lucha del gobierno colombiano contra la delincuencia organizada, se llame ésta narcotráfico, terrorismo, contrabando de armas o de precursores químicos, lavado de dinero, corrupción, etc, amenaza de forma constante y creciente con extenderse a los países vecinos, algunos de los cuales ya han comenzado a sentir los primeros coletazos de un problema de difícil y lenta solución. Pese a todo, hasta la fecha ha sido materialmente imposible establecer una estrategia común, de ámbito regional, que permita al conjunto de los países implicados avanzar decididamente en la erradicación de todas estas lacras. Buena prueba de esta situación es la negativa casi generalizada de los vecinos de Colombia (al igual que los restantes países de América del Sur), con la única excepción de Panamá, de reconocer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como organizaciones terroristas. Se trataba de una exigencia planteada repetidamente por el presidente Álvaro Uribe a los demás gobiernos de la región y formalmente explicitada en una Cumbre regional celebrada en Bogotá, en marzo de 2003, entre los países andinos más Brasil y Panamá, a fin de encontrar respuestas comunes a problemas compartidos. En buena medida, a esta situación se llega por la falta de comprensión del conflicto colombiano: ¿es sólo un problema de Colombia, encapsulado dentro de sus fronteras, o se trata ya de una cuestión que ha rebasado los límites geográficos colombianos para infectar a toda la región? Es obvio que las respuestas que se den condicionarán las actitudes políticas y militares de unos y de otros y el análisis de las mismas es uno de los objetivos de este trabajo. En las páginas que siguen profundizaré en las implicaciones regionales del conflicto que azota a Colombia, lo que implica no sólo responder a la pregunta sobre la dimensión geográfica del problema (¿nacional, regional?), sino también analizar las distintas formas en que los problemas colombianos de seguridad y orden público amenazan a los países vecinos y las políticas y respuestas de distinta índole que unos y otros ensayan frente a estas cuestiones. También se intentará determinar la forma en que la probable evolución del conflicto, dado el reforzamiento de las fuerzas de seguridad colombianas y su mayor capacidad operativa, incidirá en un futuro próximo en las cuestiones que aquí nos ocupan. Una creciente ofensiva policial y militar sobre los tradicionales "santuarios" insurgentes obligará, con bastante seguridad, a las FARC, ELN y AUC a buscar refugio más allá de las fronteras. Al mismo tiempo, la represión y los crecientes obstáculos al funcionamiento tanto del terrorismo como del narcotráfico y de otras formas de delincuencia organizada tienen el riesgo de aumentar la corrupción en los países vecinos, en la búsqueda de refugios y garantías para la prosecución de la acción delictiva. Comienzan a verse algunas señales inquietantes, como el tráfico de armas, municiones y explosivos del ejército ecuatoriano a las FARC (en las que no sólo aparecen implicados militares ecuatorianos sino también un obispo anglicano de la misma nacionalidad), o medicamentos del servicio de salud panameño con el mismo destino. Por ello, prestaré especial atención a la evolución de las relaciones fronterizas entre Colombia y todos sus vecinos, con los que comparte 6.301 kilómetros de frontera, con 67 municipios (que tienen 3.659.337 habitantes) y 12 departamentos.También atenderé a las diferentes respuestas que los gobiernos de la región han dado, y siguen dando, frente a los desafíos planteados, aunque como ya se ha mencionado, el análisis detallado de las distintas relaciones bilaterales colombianas se realizará en la Segunda Parte de este trabajo. En este punto, parece que podríamos estar cerca de un punto de inflexión, a la vista de las recientes declaraciones del presidente Lagos, de algunas iniciativas regionales y, muy especialmente, de ciertas actitudes de las fuerzas armadas peruanas y de los gobiernos ecuatoriano y brasileño. Como se verá, la principal excepción y el mayor inconveniente para alcanzar una activa actitud regional de consenso, solidaria con Bogotá, es la postura del presidente venezolano, el comandante Chávez, que frente al conflicto colombiano tiene una agenda propia, bien por cuestiones bilaterales como por su proyecto bolivariano, de matriz populista, que pasa por reconocer a las FARC como parte beligerante.
