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La evolución del trabajo y sus nuevas formas de organización han incidido profundamente en el poder de dirección. Los cambios en las organizaciones productivas, por la pérdida de centralidad del trabajo industrial de fábrica siguiendo al modelo taylorista, la aparición de nuevas formas de prestación subordinada de trabajo, deslocalizaciones empresariales, las externalizaciones y la tercerización, sumada al impacto de las nuevas tecnologías en la empresa, han transformando la idea de empresa con una unidad de mando, concentrada en su poder absoluto. Sumado a la abolición de la categoría profesional en el contexto flexibilizador en que se inserta el derecho laboral europeo y su antítesis la conservación de la categoría profesional en la legislación laboral latinoamericana, lleva al análisis y la búsqueda de nuevas limitaciones que centrarán el objeto de este estudio. Este contexto tiene estrecha relación con las prácticas flexibilizadoras que comenzaron en América Latina en la década de 1980 y que se encuentran hoy insertadas en el derecho laboral europeo. Sus consecuencias tuvieron gran repercusión en la Organización Internacional del Trabajo cuanto se intenta poner límites con la aprobación del Convenio 158 sobre terminación de la relación laboral, el cual tuvo como base restringir el arbitrio empresarial en este campo. La doctrina laboral fue conteste en estudiar cuatro categorías de límites a este impulso flexibilizador, a saber: límites sociales, sindicales, políticos y jurídicos. Con la finalidad de abordar un estudio comparativo donde se analicen los regímenes jurídicos laborales que refieren al poder de dirección y su relación con los derechos fundamentales de los trabajadores, el comportamiento de los operadores jurídicos en los dos modelos de relaciones laborales (español y uruguayo), es que se llega al estudio primero de los límites al poder de dirección para luego focalizar el análisis de la profesionalidad del trabajador como uno de los límites al poder de dirección del empleador. Se estudian dos regímenes distintos en su conformación, uno regulado con un estatuto de trabajadores (español) y otro con una discreta o liviana regulación de las relaciones laborales (el uruguayo). Este último conteste con sus orígenes de inmigración europea de principios del siglo XX y el sindicalismo anarquista de la época, pero contando actualmente con una activa participación del Estado en la conformación del diálogo social. Se estudia el ordenamiento jurídico laboral español que ve reforzado el poder de dirección del empleador, tanto en materia de derecho individual del trabajo como colectivo, por ejemplo dejando a la unilateralidad de la empresa la decisión del descuelgue de un convenio colectivo, y la antítesis a este sistema (uruguayo) que conforme a su contexto político social regional de América Latina, basado principalmente en la participación de las partes profesionales deja librado al diálogo social la conformación de los salarios, la descripción de las categorías, las condiciones laborales, y la actualización de los salarios. Sistema de relaciones laborales que se nutre del conflicto, pero se focaliza hacia la negociación y la apertura del diálogo entre las partes como fin para encaminar las relaciones laborales y reglamentar el trabajo. Las dificultades en la investigación se reflejan al describir las variaciones que tuvieron los regímenes jurídicos en los últimos años, uno con una tendencia flexibilizadora y otro con una significante estrategia protectora hacia el sector trabajador basada como se hizo referencia en el diálogo social. La dificultad es mayor al examinar el caso español al estar este ordenamiento en un permanente cambio normativo que ha hecho modificar las leyes más importantes prácticamente con frecuencia anual a partir de las reformas del 2010, 2011, la muy radical del 2012 y en fin sus posteriores desarrollos en 2013 y 2014. Además, el mandato legislativo de la Ley 20/2014 para la refundición en textos legislativos de las normas reformadas, ha culminado en la emanación de una serie de decretos legislativos de promulgación muy reciente y que por tanto no han podido ser recogidos en la presente tesis. En concreto, el Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. El texto no cambia el contenido normativo, pero en el presente trabajo de investigación no se ha podido reformular el apartado de citas sobre la base de este nuevo texto legal. II. ASPECTOS QUE ENCUADRAN EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y LOS DESARROLLAN. El trabajo se divide en cuatro capítulos más un último capítulo (quinto) el que comprende las conclusiones. El capítulo PRIMERO trata sobre el poder de dirección del empleador y la regulación colectiva del mismo. Primero se hace referencia al concepto, contenido y fundamentos del poder de dirección del empleador. Seguidamente se hace referencia al poder de dirección del empleador y la regulación colectiva. Paso seguido se estudia la procedimentalización del poder de dirección, los derechos de información y consulta analizando el derecho comunitario, español y el enfoque latinoamericano desde la perspectiva uruguaya. En cuanto al concepto contenido y fundamentos del poder de dirección del empleador se ha remarcado el reconocimiento de un poder privado ejercido por el titular de la organización productiva. La generalización del trabajo asalariado como fórmula universal de aprovechar la fuerza de trabajo y aplicarla a los procesos de producción de bienes y servicios en un contexto de economía de mercado o de libre empresa, ha permitido que los juristas de todas las culturas jurídicas actuales - una vez desaparecido el llamado "bloque socialista tras la caída del muro en 1989 - reconozcan como un elemento característico de las relaciones de trabajo la existencia de un poder privado sobre las personas que es ejercido por el titular de la organización productiva. Este "poder privado" es regulado y configurado por las respectivas normas laborales de los ordenamientos nacional-estatales de manera muy semejante, lo que lógicamente ha repercutido de forma clara en el tratamiento doctrinal del mismo. En el presente apartado se pretende utilizar de forma conjunta las aportaciones de la doctrina laboralista tanto española como uruguaya sobre la definición del concepto y significado del poder de dirección empresarial, para de esta manera, remarcando la consideración homogénea de este poder, se pueda sin embargo resaltar las diferentes formas de aproximación al mismo a través de la forma en la que se conciben jurídicamente las relaciones laborales, estrictamente contractuales en España, de forma relacionista en Uruguay. Sin embargo, el resultado, como se puede ver, puede ser plenamente convergente en cuanto a las consecuencias, extensión y, especialmente, límites al mismo. Con referencia al poder de dirección del empleador y la regulación colectiva El ordenamiento jurídico establece límites de naturaleza colectiva que se ubican en la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y la presencia de órganos de representación de los trabajadores en las empresas y centros de trabajo. Determinadas decisiones del empresario como la movilidad geográfica o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo requieren previas consultas o acuerdos con los representantes de los trabajadores. La negociación colectiva puede establecer acuerdos y preceptos que delimitan la competencia del empresario y particularmente regulan su organización dentro de la empresa. Este es un tema que se entronca con la llamada promoción de la flexibilidad interna en las empresas y que constituye un denominador común de las últimas reformas laborales españolas. Consecuentemente se afirma que las limitaciones al poder de dirección presentan un carácter variable en el sentido que no están enmarcadas en un contexto solo jurídico, sino que conviven con variables económicas y políticas que hacen que sean más estrictas o no en función de momento histórico político que atraviesa el país. Esta afirmación contextualizadora sobre el tema puede comprobarse acudiendo a la experiencia latinoamericana en general y a las situaciones de cambio político que se vivieron con la llegada del siglo XXI, tras la terrible década privatizadora y neoliberal de finales del siglo pasado. En especial en Uruguay se vieron reforzadas con la apertura del diálogo social y el fortalecimiento de la negociación colectiva por rama de actividad. En Uruguay, el punto de partida es diferente, el diálogo social encauza el desequilibrio en las relaciones laborales. El derecho a la libertad sindical, la existencia de sindicatos realmente autónomos de las empresas y del Estado aparece como requisito fundamental para la existencia del diálogo social. Ejemplos convenios del sector de la industria de la alimentación en cuanto límites a procesos de tercerizaciones prohibiéndolos para el sector de producción y límites a la sustitución de puestos de trabajos permanentes por encargados o supervisores. La situación uruguaya es por tanto la opuesto a una reforma como la española que se basa en la descentralización negocial a nivel de empresa y la preferencia por este ámbito de negociación reforzado por la ampliación de las decisiones unilaterales del empleador para modificar las condiciones de trabajo. La doctrina es consecuente en señalar la influencia de la crisis económica del sistema capitalista que lleva a teorizar e imponer mecanismos de flexiseguridad en la relación de trabajo, supuestamente en defensa de la competitividad y del empleo, que residencian la viabilidad de las empresas en un efectivo reforzamiento de los poderes empresariales desde la capacidad de imponer condiciones contractuales hasta facilitar la extinción pasando por la ausencia de cautelas públicas o representativas de los trabajadores en las diversas vicisitudes de la relación de trabajo, e incluso debilitando el papel sindical en la negociación colectiva, impulsando la micro negociación de empresa y permitiendo la inaplicación unilateral de lo pactado en determinadas circunstancias, quebrando incluso por mandato legal la fuerza vinculante de los convenios, garantizada en España en su texto constitucional (art.37.1 CE). Pero en las relaciones laborales no solo existen limitantes relacionadas con lo sustancial de los actos de organización y gestión sino que actúan también sobre la forma como estos se canalizan, es decir de "condicionamientos al modo en que se deben ejercer estos, el compromiso de respetar determinados institucionalizados en los que intervienen los destinatarios del acto final o sus representantes para garantizar que se tenga en cuenta cualquier interés contrapuesto individual o colectivo sobre los que va a incidir el ejercicio del poder empresarial." Esto es lo que se ha denominado como procedimentalización del poder de dirección del empleador donde la toma de decisiones no es compartida por los trabajadores, sino que se racionaliza mediante procedimientos de información y consulta en la toma de decisiones de la empresa. La procedimentalización se resuelve en el reconocimiento de los derechos de información y consulta consagrados a favor de los representantes de los trabajadores en la empresa que, pretenden que la situación de desigualdad en la relación laboral sea menos distante. Se trata de un conjunto de "contrapoderes" del ordenamiento comunitario, además de su recepción en los ordenamientos nacionales y en el sistema de negociación colectiva. Los deberes y poderes de información suponen un proceso de democratización del poder empresarial a través de una transparencia creciente de su ejercicio. Se analizó la normativa comunitaria, la normativa española pero resulta de interés destacar el caso uruguayo donde la ley de negociación colectiva para el sector privado (ley 18566 de 2009) en su artículo 4to hace mención al derecho de información estableciendo el mismo. Esto no tendría mayor significancia sino es que las organizaciones de empleadores han presentado recurso de queja ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT al entender que se está violando el CIT 98 sobre derecho de sindicalización y negociación colectiva, ratificado por Uruguay desde 1954. Según las organizaciones querellantes esta disposición no garantiza sanciones por eventuales excesos de los representantes sindicales y considera que todas las partes en la negociación, gocen o no de personería jurídica deber ser responsables ante eventuales violaciones del derecho de reserva de las informaciones que reciban en el marco de la negociación colectiva. El Comité de Libertad Sindical pidió al gobierno que vele por el respeto de este principio. Seguidamente en los capítulos SEGUNDO y TERCERO se estudian los límites al poder de dirección del empleador Para su mejor estudio siguiendo a la doctrina se ha clasificado los límites en internos y externos . Mientras que los límites externos hacen referencia fundamentalmente a obligaciones legales de carácter imperativo que restringen directamente la formas de ejercicio de las potestades empresariales, como clásicamente sucede con el necesario respeto por parte de los empleadores de los derechos fundamentales del trabajador y las libertades públicas, o de otras prescripciones legales de carácter imperativo, como en materia de salud laboral, o de otro tipo, los límites internos al poder de dirección del empleador son los que tienen que ver con el ámbito de la prestación debida y la forma de desarrollarla. Se trata de delimitar si frente a los frenos constitucionales, y legales, (además de los impuestos por los convenios colectivos), cabe también apelar a las instituciones civiles de la buena fe, abuso de derecho o fraude a la ley, así como a los criterios de razonabilidad y arbitrariedad como forma de ejercicio correcto del poder empresarial referido. En primer lugar, en vemos el capítulo segundo donde se estudian los límites internos al poder de dirección Se debe considerar la regularidad del poder en el sentido que las decisiones sobre el trabajo deben dictarse por quien tiene competencia para ello y que esta decisión debe estar enmarcada en las condiciones y circunstancias fijadas para el trabajo debido. Doctrinariamente se sostiene que "el poder de dirección tiene por base jurídica el contrato de trabajo; el compromiso contractual no solo lo legitima sino que también lo delimita, pues el trabajo debido condiciona la obediencia debida" , lo que implica que el contrato de trabajo limitaría la actuación del empleador, es decir plantea una renovación de instrumentos de tutela del trabajo desde la protección del contratante débil y el redescubrimiento del contrato como instrumento de limitación de los poderes empresariales. Este tipo de argumentos tendrían una difícil aceptación en el ordenamiento jurídico del Uruguay. En efecto, la doctrina uruguaya ha puesto un gran énfasis en señalar que el contrato de trabajo es considerado un contrato de adhesión, por tanto, inhábil para configurar un límite efectivo al poder empresarial, se señala que "corresponde poner acento en la circunstancia de que el contrato de trabajo es normalmente redactado por el empleador y que, por lo tanto, las ambigüedades o dudas deben entenderse en su contra Es decir que para la doctrina uruguaya podría afirmarse que son los límites externos los que debe exclusivamente tenerse en cuenta en forma a priori. Para proseguir con la línea argumental iniciada, me detuve, en el examen de la vertiente contractual de la relación de trabajo, analizando sus elementos más importantes LA PROTECCIÓN DEL TRABAJO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE TRABAJO. Para su mejor estudio se subdivide en 1. Relación jurídico-bilateral entre dos sujetos: empleador y trabajador. 2. Relación entre autonomía y norma estatal y colectiva. En cuanto a la relación jurídica bilateral entre dos sujetos se dijo que: El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona, se obliga a prestar una actividad en provecho y bajo la dirección de otra y ésta a retribuirla. Constituye una relación jurídico-bilateral entre dos sujetos que se obligan recíprocamente: por una parte a trabajar (desarrollar una actividad o prestación en forma subordinada o bajo la dirección de otra), y por la otra a remunerar el trabajo prestado en las condiciones pactadas. Esta relación tendrá consecuentemente tres efectos: un efecto socio económico (la cesión ab initio de los frutos del trabajo); un efecto estrictamente organizativo, compuesto por las obligaciones entre las partes nacidas con el contrato (obligación de trabajar y remunerar el trabajo); la conformación de un acuerdo de voluntades que no significan voluntades negociadas en virtud de ser caracterizado el contrato de trabajo dentro de la figura: contrato de adhesión. En cuanto a la Relación entre autonomía individual y norma estatal y colectiva decimos que: La ley y el convenio colectivo son los determinantes del contenido del contrato de trabajo, este acuerdo y la propia negociación entre las partes (como se ha hecho referencia), se encuentra condicionado por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado y por el convenio colectivo. Es decir que el acuerdo individual de voluntades sobre el hecho de prestar un servicio remunerado se encuentra determinado "desde fuera" del mismo tanto por las disposiciones imperativas de la norma estatal como de las cláusulas de los convenios colectivos, que en el sistema español, constituyen el elemento regulativo central de las condiciones de trabajo y de empleo por ramas de actividad y por empresas, y a los que la ley otorga, si las partes firmantes reúnen determinados requisitos de representatividad, eficacia normativa y personal general, "erga omnes". Se establece la inderogabilidad por la autonomía individual de las condiciones -menos favorables o simplemente contrarias- de trabajo y empleo fijadas normativa o convencionalmente. El tema se ha suscitado en la práctica a través de la estipulación de acuerdos individuales entre empresario y trabajador modificativos de la regulación colectiva de las condiciones pactadas distintas de las reguladas en el convenio colectivo a cambio de una cierta mejora retributiva para los trabajadores que lo realizan. Es decir salvo que se den los supuestos o condicionamientos previstos en la normativa, no son admisibles "acuerdos derogatorios de convenios colectivos", y tales supuestos pueden comprender tres situaciones como sintetiza la doctrina: cuando así lo requiera la situación económica de la empresa en las llamadas cláusulas de descuelgue (Artículo 82.3 párrafo 3ro. ET). En su nueva redacción la modificación o inaplicación de las condiciones establecidas en los convenios estatutarios se rige por lo dispuesto en el art. 82.3 ET al que se remite el art. 41.6 ET. En principio cabe la modificación de cualquier tipo de convenio estatutario (sectorial de cualquier ámbito territorial o de empresa, grupo de empresas o pluralidad de empresas), incluso la admisión de la modificación del convenio de empresa permite pensar que este puede inaplicarse en parte de la empresa, por ejemplo, determinados centros de trabajo, si existen razones que lo justifiquen. En el mismo sentido la inaplicación, por ejemplo, del convenio de un grupo de empresas podría hacerse solo en alguna de las empresas del grupo. Serán las razones que justifiquen la medida las que determinarán el ámbito en el que deba producirse la inaplicación del convenio. El listado de materias lo proporciona el art. 41 , es aplicable a todos los convenios, no solamente a los sectoriales como en la regulación anterior. Conforme al procedimiento del art. 41 ET, las condiciones de trabajo establecidas en acuerdo o pacto de empresa o en convenios colectivos extra estatutarios podrán ser modificadas sin ningún tipo de restricción de manera unilateral por el empresario, siempre que dicha modificación posea carácter individual, es decir que dicha modificación no afecte un número de trabajadores superior al previsto en el art. 41.2 (diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores en la inmensa mayoría de las ocasiones, dados los datos del sistema productivo español), corresponderá al empresario unilateralmente la decisión de la modificación, de aspectos tan importantes como la jornada, la cuantía salarial o el régimen de trabajo a turnos. En el caso de que la modificación supere los anteriores límites, la decisión también será, en última instancia unilateral, pero con el requisito de llevar a cabo un período de consultas de quince días previo a la toma de decisión empresarial. En cuanto a la indeterminación de las razones justificativas de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo podría estar encaminada a permitir la reducción unilateral del salario en aras de favorecer la competitividad de la empresa. Como afirma la doctrina en suma la reforma del 2012 parece dar cobertura normativa al dumping social, una interpretación del art. 41.1 ET en este sentido manifiesta una contradicción al espíritu del art. 151 TFUE que establece como objetivo de la UE y de los Estados miembros "la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso" hallándose subordinada a tal fin "la necesidad de mantener la competitividad de la economía del UE". Seguidamente se estudia EL PROYECTO CONTRACTUAL Y SU CUMPLIMIENTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Una vez situado el papel del contrato en el sistema normativo laboral, conviene precisar el alcance de este instrumento en la determinación del contenido de la relación laboral. 1. El objeto del contrato de trabajo: obligaciones correlativas de trabajar y de remunerar el trabajo prestado. La obligación de trabajar se compone de dos grandes vertientes: una determinada cuantitativamente y otra determinada cualitativamente. Pero no podemos referirnos a estas vertientes sin antes hacer referencia al objeto del contrato en sí. Es decir, el objeto del contrato será válido si es lícito posible y determinado. A través de la determinación del objeto se facilita que las partes contratantes tengan sobre el mismo un cierto conocimiento, una noción inequívoca del contenido del acuerdo. En consecuencia, el consentimiento ha de ser dado sobre un elemento determinado, como poco, en cuanto a su especie. a. Determinación cuantitativa del objeto del contrato. Se compone por la cantidad de actividad a que se obligó el trabajador, es lo que se refiere al tiempo de trabajo. b. Determinación cualitativa del objeto del contrato: Precisiones sobre el sistema español y uruguayo El tipo de trabajo en concreto la categoría a desempeñar al que se compromete el trabajador, constituye lo que se denomina la determinación cualitativa del objeto contractual. Lo que se valora es el tipo de trabajo en concreto que el empleador requiere y al que se compromete el trabajador, tipo de trabajo que se delimita a partir de los rasgos profesionales objetivados en un oficio, en una profesión o en el conjunto de destrezas y habilidades que requiere la calificación profesional para un trabajo determinado para el que el contratante está capacitado por poseer la aptitud o titulación requerida. En la determinación cualitativa de la obligación de trabajar lo que se valora es la profesionalidad del trabajador a través del trabajo concreto que se obliga a prestar. Normalmente el "sistema de encuadramiento profesional vendrá dado por la negociación colectiva. El proyecto contractual individual "selecciona" la inserción de la capacitación profesional del trabajador en las competencias y destrezas clasificadas colectivamente. b. 1- El sistema de clasificación profesional en España Los sistemas de clasificación profesional se suelen agrupar en tipos comunes. Sin perjuicio de lo que luego se dirá, en España era común hablar de una clasificación por grupos profesionales o por categorías. La reforma del 2012 restringe la posibilidad hasta ahora en manos de la autonomía colectiva, de optar entre dos tipos de agrupaciones. Con la desaparición de las categorías profesionales se produce una determinación menos estricta de la prestación laboral, elemento que favorece la flexibilidad interna en las empresas e incrementa las facultades organizativas del empresario. Pasamos seguidamente a describir el nuevo funcionamiento a partir de la reforma del 2012. Los cambios en la movilidad funcional han tenido lugar sólo en la reforma del 2012 y se han articulado básicamente operando sobre el sistema de clasificación profesional. Los más destacados se encuentran en los arts. 22 y 39 del ET, la desaparición de la categoría profesional hace que el grupo profesional sea el elemento de referencia para la configuración del sistema de clasificación profesional. En la práctica el resultado será muy significativo posibilitando órdenes empresariales que lleven al límite la capacidad profesional de los trabajadores poniendo en cuestión peligrosamente la dignidad profesional. Esto es así no solo como consecuencia directa de los cambios normativos de los artículos 22 y 39 del ET sino también por los efectos derivados del conjunto de las modificaciones normativas impuestas. Implicará perseguir un aumento de la producción con menos puestos de trabajo. La cobertura de las lagunas funcionales justificará la exigencia de trabajadores más polivalentes en un nuevo espacio de flexibilidad interna funcional o mediante la aplicación del art. 39. 4 del ET que podría conducir a procesos de reclasificación. En el mismo sentido en la configuración legal del sistema de clasificación profesional desaparecen las referencias a las categorías profesionales (art. 22.1 ET), con el objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional. En consecuencia, los grupos profesionales ya no podrán integrar tanto diversas categorías profesionales como distintas funciones o especialidades profesionales sino tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades. La abolición de la categoría profesional como elemento clasificatorio es una medida que se presenta para contribuir a la flexibilidad interna. Dado que el sistema de clasificación profesional está vinculado al contenido de la prestación laboral y por lo tanto a la movilidad funcional la desaparición de las categorías profesionales tiene como finalidad ampliar el objeto del contrato y al mismo tiempo los efectos prácticos de las órdenes empresariales relativas al cambio de funciones. En este sentido la reforma del artículo 22 del ET parece indicar que la categoría ya no podrá ser elemento clasificatorio que se utilice para acordar el objeto cierto que sea materia del contrato. Aunque la estructura de los sistemas de clasificación profesional suele ser bastante compleja necesariamente uno de sus elementos deberá ser un grupo profesional cuya utilización en el pacto contractual para el acto de clasificación determinará al mismo tiempo los límites del poder de dirección del empresario. Esto es lo que indica el art. 20 del ET al vincular, la dirección del empresario directamente al trabajo convenido. Por tanto, una ampliación del objeto del contrato conduce necesariamente hacia una extensión de las facultades empresariales elemento éste central de la flexibilidad interna referida a las funciones tal y como está concebida en esta reforma. El reforzamiento de los poderes empresariales se complementa con la modificación del art. 39 ET en lo relativo a los límites empresariales en la movilidad funcional. Ahora, el sistema de clasificación profesional tiene como único referente al grupo profesional ya no existe más la rigidez de la categoría profesional. La doctrina al respecto afirma que la expresión grupo profesional está teñida de una gran dosis de indeterminación, reveladora innegablemente de las propias dificultades de la clasificación profesional. Los grupos habituales son los de los operarios y de los subalternos, administrativos y técnicos que, a su vez, pueden dividirse en otros subgrupos, pero se revisa esa concepción y se tiende más a trabajar con fundamento en el grupo profesional como cuadro amplio de funciones que luego se acota en razón a valores como los de responsabilidad, iniciativa, mando, autonomía que vienen a representar una realidad polivalente del trabajo prestado. b. 2.- El sistema de clasificación profesional y el derecho uruguayo. Por su parte haciendo un comparativo el modelo latinoamericano en especial el uruguayo surge un total antagonismo siendo inviable de trasladar como consecuencia de su historia política sindical. Resultaría inviable su aplicación visto que es un modelo asentado en una negociación por rama de actividad con un marco jurídico y doctrinario arraigado en las categorías profesionales. Sería impensable instalar un sistema como el español, primero por su historia legislativa (ley de 1943), segundo porque la organización sindical tiene como bandera la defensa y respeto de las categorías profesionales, hoy es causa principal de conflictos colectivos y demandas judiciales. En especial contra empresas multinacionales y empresas de capital extranjero que organizan su forma de producción desde sus países. En cuanto a los LIMITES EXTERNOS al poder de dirección Un derecho fundamental es ante todo un derecho creado o reconocido por la Constitución y esto no significa otra cosa sino preexistencia del derecho mismo al momento de su configuración o delimitación legislativa, significa que la propia Constitución ha definido una determinada situación jurídica en términos que la hacen identificable o discernible para el intérprete y que, además la Constitución ha determinado también -o no ha excluido- la necesaria consideración de esa situación jurídica como derecho a partir de la entrada en vigor de la norma que lo enuncia. El reconocimiento de la eficacia de los derechos y libertades fundamentales en el marco del contrato de trabajo, se ha iniciado con una cronología variable en los países de régimen constitucional. El punto de arranque de la eficacia en las relaciones privadas de los derechos fundamentales también llamada eficacia horizontal se ha de situar en primer término en el principio de Estado Social de Derecho, cuya realización impone una concepción de las relaciones entre Estado y Sociedad, para la consecución de los intereses generales y de los principios y valores constitucionales. Los derechos fundamentales en general se caracterizan por ser derechos de aplicación inmediata, supone ante todo que el derecho preexiste a la ley, no podrá ser desfigurado por esta sin incurrir en constitucionalidad, desfiguración a la que la Constitución española llama quiebra o conculcación de un contenido esencial (artículo 53.1) que viene a declarar así que el derecho es anterior al momento de la intervención legislativa. Importa señalar que son derechos de aplicación inmediata también conforme al régimen jurídico uruguayo. El trabajador es poseedor de derechos fundamentales en razón de su persona, llamados derechos fundamentales inespecíficos, es decir son derechos que anteceden a la relación laboral y que forman parte de su personalidad por tanto no son suspendidos durante la ejecución del contrato de trabajo. Es decir, son derechos reivindicables ante el empleador en tanto se expresan en el marco de una relación laboral. Es también una constante en espacios supranacionales como la Unión Europea, aunque la carencia en el ordenamiento jurídico comunitario de un texto escrito con eficacia jurídica vinculante ha hecho que el Tribunal de Justicia de la CE tuviera una numerosa jurisprudencia al respecto, "habiendo configurado un régimen específico enfocado al reconocimiento y protección de los derechos humanos dentro del ámbito del derecho europeo". El Tribunal ha incorporado al ordenamiento jurídico comunitario los derechos fundamentales a través de tres fundamentos. En primer lugar mediante la utilización de concepto jurídico de principios generales de derecho, afirmando que tales derechos están comprendidos dentro de estos principios, significando que en el ordenamiento jurídico comunitario existen principios que exigen el respeto de los derechos fundamentales, en segundo lugar el TJ se va a dirigir hacia los ordenamientos nacionales, invocando como fuente de inspiración las tradiciones constitucionales comunes, y en tercer lugar el TJ ha utilizado en progresión cuantitativa y cualitativa los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección de los derechos fundamentales, entre ellos el CEDH y la Carta Social Europea. . En el derecho latinoamericano se ha señalado la existencia de un bloque de constitucionalidad, los derechos fundamentales del trabajador en tanto persona forman parte de este bloque el cual se encuentra integrado por los derechos humanos y garantías expresamente reconocidos en la Constitución y por los derechos humanos implícitamente reconocidos por ser inherentes a la persona humana o a la forma republicana de gobierno y los reconocidos de fuente internacional. No obstante, se ha expuesto por parte de la doctrina laboral que el proceso de continuo crecimiento del bloque de constitucionalidad, por la suma de las disposiciones de fuente interna, internacional, regional y comunitaria, puede generar diversos problemas interpretativos. La doctrina laboral entre otros ha defendido la autoejecución y autoaplicabilidad de los derechos humanos laborales, en cuanto tales integran el bloque de constitucionalidad de cada Estado, tienen por tanto vocación de plenamente autoejecutables y además de crear obligaciones a los Estados, pueden producir efectos y ser invocados en los conflictos entre particulares. solución ajustada a derecho, es no considerar aplicable la norma que vulnera los derechos anteriormente reconocidos. La Constitución española también reconoce al trabajador determinados derechos como ciudadano lo cual son de aplicación inmediata no necesitando de ningún otro instrumento jurídico para incorporarlos a la legislación laboral. No obstante, lo expuesto se ha observado un cambio de paradigma en la jurisprudencia laboral del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De este modo y en un análisis pormenorizado moderna doctrina contemporánea ha podido comprobar este cambio en la labor garante de determinados Derechos Sociales, muy vinculada antes de 1986 a la independencia temática de la Política Social respecto de las políticas económicas, que ha dado lugar a un nuevo modo de reinterpretación de los Derechos Laborales a la luz de las exigencias económicas y mercantiles. El filtro económico con el que ahora el Tribunal de Justicia comienza a leer aquellos fallos de Derechos laborales indiscutibles y autónomos con los que se construyó el modelo social europeo, se ha convertido en un modus operandi natural que ha puesto en entredicho la solidez misma del entramado jurídico de este modelo. Así se puede ver en los fallos recaídos en la STJCE de 11.12.2007, Viking, STJCE de 18.12.2007 Laval, STJCE de 3.4.2008 Ruffert, vienen a cuestionar la dinámica separada del mercado de Derechos básicos para el funcionamiento del propio sistema de relaciones laborales en Europa. El capítulo cuarto estudia LA TUTELA DE LA PROFESIONALIDAD COMO LÍMITE DE LOS PODERES EMPRESARIALES. LA PROFESIONALIDAD COMO LÍMITE JURÍDICO AL PODER DE DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR. Tras la exposición de los límites del poder de dirección -internos y externos- nos centramos en el análisis concreto de la relación entre la profesionalidad del trabajador estudiado no sólo como un resultado del intercambio contractual sino como un dato previo al mismo ligado a la persona del trabajador y que como tal es manifestación de la dignidad de éste. Analicemos con más detalle: Si bien el estudio de la profesionalidad posee varias aristas, este trabajo se centra en el estudio de la profesionalidad dentro de la relación de trabajo, y como bien que posee el trabajador ligado a los derechos de la personalidad. Desde nuestro ángulo de estudio, la profesionalidad aparece como una cualidad inherente al sujeto, es decir constituye "un cúmulo de conocimientos, habilidad, experiencia, práctica o esfuerzo físico específico, que en la relación de trabajo resultan necesarios para realizar un tipo de actividad determinada". Siendo la profesionalidad como ha señalado la doctrina laboral española un patrimonio profesional , el cual forma parte de la persona, es este patrimonio que lo distingue de otros sujetos que puedan poseer la misma profesión u oficio. Es decir, la profesionalidad desde su aspecto objetivo se encuentra constituida por los conocimientos y habilidades que discierne una profesión de otra, pero en su aspecto subjetivo está compuesta por las cualidades personales del trabajador, sus expectativas de promoción y ascenso, sus habilidades y destrezas adquiridas en su vida laboral. Este patrimonio profesional que posee el trabajador no se ciñe a las aptitudes requeridas para un puesto de trabajo, o las adquiridas a través del propio trabajo. En él se contemplan todas las que el trabajador posee sean o no contratadas, en cada acto clasificatorio concreto. Estos derechos profesionales están ligados a la dignidad humana y contribuyen al desarrollo de la personalidad del individuo. Es así que la profesionalidad dice la doctrina laboral constituye "un bien del trabajador" y como tal deberá ser protegido, y es a través de los valores ligados a la dignidad de la persona (constitucionalmente establecidos), que se logra imponer esa protección, limitando así los poderes empresariales. La doctrina laboral española ha distinguido entre la profesionalidad estática y dinámica. En su aspecto estático se señala que cada trabajador posee una capacitación o formación adecuada para el puesto de trabajo que pretende desempeñar, esta cualificación requerida es la que el deudor (trabajador) se compromete a realizar al inicio de la relación contractual. En su aspecto dinámico conforma lo que se ha entendido como ese patrimonio profesional adquirido por el trabajador "lo que se traduce en el término de promoción profesional". Desde esta noción de la profesionalidad, se construye una dimensión político-ciudadana a través del engarce de ésta en el reconocimiento de un derecho cívico en la constitución española cuyo artículo 35 reconoce y tutela, dentro del derecho al trabajo. Desde esta perspectiva, pues son reconocidos constitucionalmente como derechos fundamentales: el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción profesional, derechos preexistentes a la norma, reconocidos en el texto constitucional y que deben encontrar su espacio y garantía en el ordenamiento jurídico todo. Este punto, el de la tutela de la profesionalidad derivada de esa vertiente político-ciudadana señalada, es el objeto de análisis. Como se ha dicho la profesionalidad ha recibido especial tutela en el ordenamiento constitucional español, consagrando el artículo 35 explícitamente el derecho fundamental "al trabajo", a "la libre elección de profesión u oficio" y a la "promoción a través del trabajo". Por tanto, el legislador no puede limitar este derecho a través de normas que afecten la efectividad del mismo, sino que toda normativa debe tener presente que estos derechos revisten la categoría de derechos fundamentales. Es decir, la acción tutelar del legislador tiene como efecto la reducción del ámbito obligacional del deudor de actividad. Supone que ciertas prestaciones exigibles al trabajador, cualquiera que sea su origen, y realizables por el mismo en base a su aptitud, devienen dispensadas de su cumplimiento cuando perjudiquen su profesionalidad. El objetivo es la tutela de un bien de carácter personal no valorable patrimonialmente. Esta perspectiva se explica adecuadamente si se integra en el análisis del alcance del reconocimiento del derecho al trabajo. En cuanto a su contenido existen varias posturas doctrinales relativas al contenido o alcance del derecho al trabajo, pero la más importante y de mayor adhesión la constituye aquella que considera que posee un alcance amplio. En un alcance amplio presentaría una pluralidad de manifestaciones e imbricaciones múltiples. Así la conexión con diversas materias es constante: tales como el ingreso al trabajo, ocupación efectiva, cláusulas de seguridad sindical, huelga, extinción del contrato, protección por desempleo. Cotejando la jurisprudencia y la doctrina científica española, el derecho al trabajo presentaría un contenido amplio, en primer lugar, porque estaría directamente ligado a los derechos de la personalidad, dado que el contenido de los derechos profesionales se encuentra directamente unido a la dignidad del trabajador (artículo 10.1 CE), en segundo lugar, porque este derecho se encuentra conectado con otros derechos como el derecho a la ocupación efectiva, consagrado en el artículo 4.2 a del ET. De modo que el derecho constitucional al trabajo proyecta su eficacia hacia un doble destinatario: 1. Los poderes públicos como garantes de una legislación orientada a su pleno desarrollo y fiscalizador de los posibles incumplimientos y 2. El empresario que, si bien no puede ser compelido a la asignación directa de un puesto de trabajo en la fase precontractual, una vez perfeccionado el contrato ha de abstenerse de cualquier actuación contraria al derecho comentado. Pasando por tanto a convertirse la ocupación efectiva en el presupuesto nuclear y existencial del derecho al trabajo, cuya vulneración vaciaría de contenido y operatividad al mandato constitucional, formando parte de su contenido esencial. Continuando con el estudio de la protección dinámica de la profesionalidad se encuentra reconocida en la promoción profesional y la libertad de elección de profesión u oficio. Se trata de un derecho ciudadano que requiere su formulación desde el contrato de trabajo mismo, de manera que dentro de este marco se ha de garantizar la promoción profesional, la expectativa de ascenso, el derecho a la carrera profesional. El reconocimiento de la promoción profesional implica también reconocer un derecho a una carrera profesional, no obstaculizar el mejoramiento de las cualificaciones profesionales, además la protección de la profesionalidad se lleva a cabo en el reconocimiento de la libertad de elección de profesión u oficio, dado que se trata de la protección del desarrollo de los conocimientos y habilidades que puede adquirir el trabajador y la posibilidad de ejercerlos. Cabe precisar que el estudio de la formación profesional implica ámbitos diversos multidisciplinarios, y aún desde una perspectiva laboral ofrece dos campos de acción, uno enmarcado en las políticas de empleo y capacitación para la obtención de mejores puestos de trabajo y otra dentro de la relación laboral. Será ésta última y su conexión con la profesionalidad del trabajador la que ocupó nuestro objeto de estudio. La formación a la que aludimos es aquella que se encuentra íntimamente con la profesionalidad del trabajador es decir la que conlleva a formar al trabajador para su mejor desempeño en el puesto de trabajo y la que se adquiere como consecuencia directa del desarrollo de las habilidades propias del cargo. De ahí que como se alude este derecho a la formación tiene relación directa con la expectativa de promoción dentro de la empresa, con el derecho a una carrera profesional, y con el derecho a la ocupación efectiva y a la ocupación convenida en el proyecto contractual. Es decir, existe otro tipo de formación profesional, donde es la misma empresa que obliga al trabajador a formarse e incluso a reciclarse a los efectos de dotar de los conocimientos necesarios para afrontar las nuevas tecnologías en la empresa, y es aquí donde el derecho a la formación profesional aflora como derecho en sí cuando algunos trabajadores son relegados en cursos de formación y sus expectativas de promoción decrecen. Por tanto, la formación del trabajador entendida como el proceso de adquisición de aptitudes a través de la práctica o desempeño de su profesión, se verá perjudicada también en la medida que le sean asignadas funciones al trabajador que lejos de potenciar sus cualidades profesionales vienen a degradárselas. A continuación, se avoca el estudio a la tutela de la profesionalidad del trabajador en el régimen jurídico uruguayo La doctrina y jurisprudencia en Uruguay menciona dentro de los elementos del contrato de trabajo a la profesionalidad. No se ha desarrollado, por tanto, la vertiente constitucional que relaciona la libre elección de profesión y oficio con un derecho ciudadano que debe orientar la estructura y la dinámica del contrato laboral. Además, ha recibido un tratamiento no muy importante al calificarlo como elemento residual para determinar la relación laboral. Es decir que para la doctrina y jurisprudencia uruguaya la profesionalidad ha sido estudiada como un elemento no esencial del contrato de trabajo de tal forma que debería darse todos los demás para conformar un contrato de trabajo. Sin embargo, si bien no es considerada un elemento esencial del contrato de trabajo, desde una óptica diferente se comienza a hablar de profesionalidad y certificación de competencias. Así que diversos programas de formación profesional contribuyen a expandir esta visión enraizada con el derecho de formación profesional, el derecho a la promoción y ascenso y así también la recualificación de trabajadores que se encuentren al amparo de seguro por desempleo. La industria de la construcción sector sensible frente a cualquier cambio económico financiero que afecta la estabilidad de puestos laborales que ha hecho su primer avance en materia de certificación de competencias. En el entendido de la empresa como órgano de formación de trabajadores especializados y como escuela técnica en algunas profesiones. La certificación de competencias alude a la profesionalidad en el sentido de distinción de competencias adquiridas en el desarrollo de la profesión u oficio, alude a la formación profesional dentro del sector empresarial, considerando las cualidades desarrolladas y aptitudes adquiridas durante la relación laboral. No obstante, creemos que la profesionalidad ha ocupado y ocupa un lugar relevante, aunque no haya sido enfocada como tal, numerosos son los juicios hoy en día que se presentan ante los estrados uruguayos cuyo objeto procesal se encuentra relacionado con la profesionalidad del trabajador. A título de ejemplo lo podemos constatar en sentencias nacionales las que son incorporadas al presente estudio, en donde la profesionalidad no se sustancia en la relación laboral como un mero elemento secundario. Sino que por el contrario pasa a ser un elemento decisivo, el perjuicio a la carrera profesional, la existencia o no de un daño al derecho al ascenso son elementos sustanciales en la decisión. Cabe precisar por otra parte que el sistema jurídico uruguayo carece de normativa reguladora de la movilidad funcional y geográfica, con lo cual se ha delegado un margen amplio a la doctrina científica y a la jurisprudencia de los tribunales de trabajo. La defensa del trabajador debe centrarse en su dignidad, en la profesionalidad como valor añadido a su personalidad. Cómo se inserta este concepto de profesionalidad en Uruguay? La profesionalidad va más allá de la categorización profesional, contiene elementos subjetivos que hacen que un trabajador se pueda diferenciar de otro que ocupa el mismo puesto o desempeña igual categoría, por tanto, el daño que pueda ocurrir en los cambios de función, o que llevan a la privación de la misma, y que lesionen su dignidad, el derecho al trabajo, el derecho a la promoción, a la formación, verán su amparo a través de lo dispuesto por los artículos constitucionales 72 y 332. Por lo que ese grupo de derechos profesionales preexiste a la intervención legislativa y son resistentes ante una intervención legislativa o de cualquier operador jurídico. Por tanto, aquellas órdenes que vulneren un derecho fundamental como la igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo, el derecho a la formación profesional, y atenten contra la dignidad del trabajador, podrían ser declaradas nulas al haberse afectado un derecho integrante del bloque de constitucionalidad. III. Se han arribado a las siguientes CONCLUSIONES que a modo de síntesis se exponen: 1. El respeto de los derechos fundamentales del trabajador opera como límite infranqueable al poder de dirección del empleador. 2. La profesionalidad como ha señalado la doctrina laboral conforma el patrimonio profesional que posee todo trabajador, el cual no se encuentra limitado a las aptitudes requeridas para un puesto de trabajo, o las adquiridas a través del propio trabajo. Es así que la profesionalidad constituye "un bien del trabajador" y como tal deberá ser protegido, y es a través de los valores ligados a la dignidad de la persona, que logra imponer esa protección, limitando así los poderes empresariales. 3. En el ordenamiento español la profesionalidad posee un reconocimiento constitucional en el art. 35 que consagra el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, y a la promoción a través del trabajo. Estos derechos profesionales no se encuentran consagrados en la constitución uruguaya con la misma técnica legislativa que empleó el constituyente español, pero si se encuentran consagrados a través del art. 72 de la Carta magna en el entendido que estamos ante derechos fundamentales. Por tanto, se encuentran reconocidos en la constitución y gozan de toda la protección constitucional. 4. Es necesaria la intervención en el sistema español de la negociación colectiva en la delimitación de la estructura de la profesionalidad por sectores o ramas de producción. Mientras que el sistema uruguayo puede decirse que tiene las bases para sustentarla a partir de la convocatoria de los Consejos de Salarios, lo que ha derivado en un fuerte desarrollo de la negociación colectiva por rama de actividad y una creciente sindicalización. Por tanto, sigue siendo el convenio colectivo el instrumento necesario para canalizar esta construcción como limitativa del poder del empresario y como orientadora de las relaciones laborales.

Desde la década de 1980, la migración laboral ha venido feminizándose cada vez en mayor medida en el este y sudeste asiáticos. Para principios del siglo XXI, se estimaba que había más de dos millones de mujeres trabajando en la región, lo que constituye un tercio de la población migrante. Casi todas las mujeres migrantes se desempeñan en labores reproductivas, como el trabajo doméstico y los servicios sexuales, en hogares de particulares y sectores comerciales informales. No obstante la gran necesidad de proteger su bienestar y sus derechos humanos, los gobiernos de los países de destino ven a los migrantes simplemente como una fuerza laboral que se requiere para cubrir la escasez de mano de obra local, e ignora las medidas de protección y las políticas en función del género. Por su parte, bajo la presión para incrementar los ingresos de divisas extranjeras, los países que constituyen la fuente de esta fuerza laboral alientan a sus mujeres a migrar y a remitir sus ganancias, pero ante la competencia mundial, los gobiernos de estos países han mostrado poco interés en el bienestar de las mujeres migrantes. En el contexto de los antecedentes poco alentadores en materia de derechos humanos de los países del este y sudeste asiáticos, los actores no estatales han adquirido una importancia creciente en la defensa de los derechos de los migrantes, lo que han logrado a través de redes locales y transnacionales. Las raíces de la migración–feminizada y que por lo tanto tiene en cuenta consideraciones de género–en el este y sudeste asiáticos se encuentran en el rápido pero desigual desarrollo económico de la región, caracterizado por la desigualdad y el conflicto que producen las diferencias de género, clase social y nacionalidad. La transferencia de mujeres extranjeras de la región desde economías de bajos ingresos (Filipinas, Tailandia, Indonesia y Viet Nam, entre otros) hacia países de altos ingresos (Singapur, Malasia, la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Taiwán Provincia de China, la República de Corea y Japón) intensifica la actual desigualdad de género, injusticia económica y discriminación étnica. Sin embargo, la migración internacional es un proceso contradictorio que, si bien brinda a las mujeres migrantes oportunidades para la movilidad social, también las somete a abusos y explotación. La mayoría de las mujeres migrantes son trabajadoras independientes empleadas por contrato que buscan trabajo en el exterior a fin de aumentar los ingresos familiares y sus ahorros personales. El empoderamiento resulta de su resistencia diaria a las estructuras de poder existentes, así como de la oportunidad de acumular recursos personales y colectivos. El análisis de las políticas de inmigración de Asia y de los patrones de migración de las mujeres revela que existen seis categorías de mujeres migrantes con sus respectivas características: • trabajadoras domésticas • animadoras (trabajadoras sexuales) • trabajadoras no autorizadas • esposas inmigrantes • trabajadoras capacitadas • trabajadoras que comparten un patrimonio étnico con la población que las recibe (como los brasileños de origen japonés en el Japón y los chinos de ascendencia coreana en la República de Corea). Estas seis categorías de mujeres migrantes se diferencian entre sí en razón de las condiciones de traslado al otro país, de empleo y de protección legal, por lo que difieren en cuanto a las formas en que enfrentan las prácticas desiguales y discriminatorias que encuentran en sus lugares de destino. En consecuencia, los ciudadanos conscientes y las organizaciones no gubernamentales recurren a diferentes acciones civiles y contramedidas para mejorar los derechos de las mujeres migrantes. Los gobiernos de los estados importadores de mano de obra del este y sudeste asiáticos tienen niveles distintos de tolerancia política frente a las actividades de la sociedad civil, por lo que existen diferencias importantes en cuanto a las capacidades y los recursos con que cuentan sus sociedades civiles para la acción colectiva. La bibliografía sobre este tema identifica tres niveles de efectividad de las acciones civiles y de la resistencia de la mujer en Asia. El primer nivel agrupa a Singapur y Malasia, donde la aplicación de estrictas políticas de inmigración, rígidos sistemas de contratación laboral y bajos grados de tolerancia del activismo cívico por parte del Estado limitan seriamente las acciones a favor de las trabajadoras migrantes. El segundo nivel reúne al Japón y la República de Corea, donde los estrictos controles fronterizos y las grandes cantidades de trabajadores, combinados con un relativamente alto grado de tolerancia de la acción colectiva, permiten a muchos grupos y organizaciones desafiar la autoridad del Estado y brindar asistencia legal y cultural a los trabajadores migrantes. En el tercer nivel se encuentra la Región Administrativa Especial de Hong Kong, donde, a pesar de una estricta política de inmigración y un rígido sistema de contratación laboral, el legado colonial británico permite a los trabajadores migrantes defender abiertamente sus derechos económicos y emprender acciones colectivas. La frecuencia de las manifestaciones de trabajadoras migrantes, en particular de las trabajadoras domésticas filipinas en Hong Kong, destaca la importancia de establecer redes transnacionales que permitan estrechar los vínculos entre los trabajadores migrantes en los países fuentes de la mano de obra y las naciones receptoras. La creciente presencia de un movimiento transnacional de protección en toda la región de Asia facilita los esfuerzos de las organizaciones civiles por mejorar los derechos y el bienestar de las trabajadoras migrantes. En conclusión, la feminización de la migración ha incrementado la desigualdad y la injusticia basadas en el género, la clase social y la nacionalidad en Asia. Pero al mismo tiempo, ha abierto nuevas oportunidades para que las mujeres migrantes puedan aumentar los ingresos familiares y la creciente sociedad civil de Asia pueda desafiar las políticas y prácticas opresivas que afectan a las trabajadoras migrantes. A pesar de que persisten muchos obstáculos legales e institucionales a la justicia social en los países que importan mano de obra, las acciones civiles de ciudadanos y trabajadores migrantes constituyen un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras migrantes. ; Since the 1980s, labour migration has been increasingly feminized in East and Southeast (hereafter E/SE) Asia. By the beginning of the twenty-first century, more than two million women were estimated to be working in the region, accounting for one third of its migrant population. Most female migrants are in reproductive occupations such as domestic work and sex services, in private households and informal commercial sectors. Despite the great need to protect their welfare and human rights, governments of their destination countries view migrants as merely a workforce to meet labour shortages, and ignore protective measures and gender-sensitive policies. Under pressure to increase foreign revenues, labour-source countries encourage their women to migrate and remit their earnings from abroad, but in the face of global competition, governments of source countries have shown little interest in their migrant women's welfare. In the context of the E/SE Asian countries' bleak records of human rights practices, non-state actors have assumed increasing importance in advocating migrants' rights, which they have done through local and transnational networks. Feminized, and therefore gendered, migration in E/SE Asia has its roots in the region's rapid but uneven economic development, which is characterized by the inequality and conflict that differences of gender, class and nationality produce. The transfer of foreign women within the region from the low-income economies (the Philippines, Indonesia, Viet Nam, Pakistan, Bangladesh among others) to the high-income ones (Singapore, Malaysia, Hong Kong Special Administrative Region (SAR), Taiwan Province of China, the Republic of Korea and Japan) intensifies existing gender inequality, economic injustice and ethnic discrimination. International migration is, however, a contradictory process that, while providing migrant women with opportunities for social mobility, also subjects them to abuses and exploitation. The majority of Asia's migrant women are independent contract workers seeking employment abroad in order to augment family incomes and personal savings. Empowerment results from their everyday resistance to existing power structures, and from the opportunity to accumulate individual and collective resources. An analysis of Asia's immigration policies and women's migration patterns reveals six widely recognized and designated categories and characteristics of the women involved: • domestic workers • entertainers (sex workers)• unauthorized workers • immigrant wives • skilled workers • workers who share an ethnic heritage with that of the host population (such as Japanese-Brazilians in Japan and Korean-Chinese in the Republic of Korea). These six categories of migrant women differ from one another in the conditions of their border crossing, employment and legal protection, and they therefore differ in the ways in which they resist the unequal and discriminatory practices they encounter at their destinations. Consequently, concerned citizens and non-governmental organizations choose different civil actions and counteractive measures to enhance migrant women's rights. The governments of labour-importing states in E/SE Asia vary in their political tolerance of civil-society activities. There are thus significant differences in the capacities and resources that their civil societies have for collective action. The existing literature indicates three levels of effectiveness of civil actions and women's resistance in Asia. The first is found in Singapore and Malaysia, where strict immigration policies, rigid labour contract systems and low degrees of state tolerance for civil activism severely curtail pro-migrant actions. The second level characterizes Japan and the Republic of Korea, where tight border controls and large numbers of undocumented workers, combined with relatively high degrees of tolerance for collective action, allow many groups and organizations to challenge state authority and provide legal and cultural assistance to migrants. The third level is manifest in Hong Kong SAR, where despite a strict immigration policy and rigid labour contract system, the British colonial legacy permits migrants to openly pursue economic rights and collective action. The frequency of demonstrations by migrants, especially Filipino domestic workers in Hong Kong SAR, highlights the importance of transnational networking that links migrants in sending and receiving countries. The growing presence of a transnational advocacy movement throughout Asia facilitates the efforts of civil organizations to enhance migrants' rights and welfare. In conclusion, feminized migration has increased inequality and injustice based on gender, class and nationality in Asia. It has also, however, opened up opportunities for migrant women to increase family incomes and for Asia's growing civil society to challenge oppressive policies and practices affecting migrants. Although many legal and institutional barriers to social justice remain in labour-importing countries, civil actions by citizens and migrants comprise significant steps toward the realization of migrant workers' rights. ; Depuis les années 80, les travailleurs migrants en Asie de l'est et du sud-est sont de plus en plus des femmes. Au début du XXIème siècle, on estimait que plus de deux millions de femmes, soit un tiers de la population migrante, travaillaient dans la région. La plupart des immigrées ont des emplois liés à l'économie de reproduction: elles sont employées de maison ou engagées dans l'industrie du sexe, travaillent dans des ménages privés ou le secteur commercial informel. Bien que leur bien-être et leurs droits aient un grand besoin d'être protégés, les gouvernements des pays d'accueil ne voient dans les immigrées qu'une force de travail capable de remédier à la pénurie de main-d'oeuvre et ne se soucient guère de prendre des mesures de protection ou d'appliquer des politiques nuancées selon le sexe. Pressés d'accroître leurs recettes en devises, les pays d'émigration encouragent leurs ressortissantes à émigrer et à rapatrier leurs gains de l'étranger et, face à la concurrence mondiale, leurs gouvernements s'intéressent peu au bien-être de celles qui ont émigré. Vu les pratiques des pays de l'Asie de l'est et du sud-est en matière de droits de l'homme et leur triste bilan dans ce domaine, des acteurs non étatiques ont pris de plus en plus de place dans la défense des droits des migrants, qu'ils assument par le biais de réseaux locaux et transnationaux. La féminisation des migrations en Asie de l'est et du sud-est, avec toutes les spécificités que cela suppose, vient du développement économique rapide mais inégal de la région, qui se caractérise par des disparités et des différences entre sexes, entre classes et entre nationalités qui engendrent des conflits. Les femmes se déplacent à l'intérieur de la région, quittant les pays à faible revenu (Philippines, Thaïlande, Indonésie et Viet Nam notamment) pour les pays à revenu élevé (Singapour, Malaisie, Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, Province chinoise de Taiwan, République de Corée et Japon) et ce déplacement accentue les inégalités entre les sexes, l'injustice économique et la discrimination ethnique déjà existantes. Les migrations internationales sont cependant des phénomènes contradictoires qui, tout en offrant aux migrantes des chances de mobilité sociale, les exposent en même temps à des abus et à l'exploitation. La majorité des migrantes d'Asie sont des travailleuses contractuelles indépendantes qui cherchent un emploi à l'étranger pour grossir les revenus de leur famille et leur épargne personnelle. Elles acquièrent leur autonomie en résistant jour après jour aux structures de pouvoir en place, et en accumulant tout ce qu'elles peuvent gagner à titre individuel et collectif. Une analyse des politiques migratoires d'Asie et des caractéristiques des migrations féminines fait apparaître six catégories largement reconnues, qui définissent les femmes par des caractéristiques données: • employées de maison • entraîneuses (travailleuses du sexe) • travailleuses clandestines • épouses d'immigrés • travailleuses qualifiées • travailleuses qui ont un patrimoine ethnique commun avec la population du pays d'accueil (tels que les Nippo-Brésiliennes au Japon et les Sino-Coréennes en République de Corée). Ces six catégories de femmes immigrées se distinguent les unes des autres par les conditions dans lesquelles elles ont franchi la frontière, leur emploi et la protection que leur offre la loi et donc aussi par leur mode de résistance aux pratiques inégalitaires et discriminatoires auxquelles elles sont confrontées dans le pays d'accueil. Les modes d'action et de lutte que choisissent les citoyens concernés et les organisations non gouvernementales pour faire valoir les droits des migrantes varient en conséquence. Les gouvernements des Etats de l'Asie de l'est et du sudest qui importent de la main-d'oeuvre tolèrent à des degrés divers les activités de la société civile, de sorte que les capacités et moyens d'action collective dont celle-ci dispose varient sensiblement selon les pays. Il ressort de la littérature existante que l'on peut distinguer trois niveaux d'efficacité parmi les actions tentées par la société civile et la résistance des femmes en Asie. C'est à Singapour et en Malaisie qu'elles sont les moins efficaces: de strictes politiques d'immigration, des systèmes rigides d'attribution de contrats de travail et un Etat peu tolérant envers le militantisme civil réduisent sévèrement les actions de défense des droits des migrantes. Le second niveau correspond au Japon et à la République de Corée, où de sévères contrôles aux frontières et une multitude de travailleuses sans papiers, mais aussi une tolérance assez grande à l'égard de l'action collective, permettent à de nombreux groupes et organisations de contester l'autorité de l'Etat et d'apporter une assistance juridique et culturelle aux migrantes. Le troisième niveau est atteint dans la RAS de Hong Kong où, malgré une politique d'immigration stricte et un système rigide d'attribution des contrats de travail, l'héritage colonial britannique permet aux migrantes de faire valoir ouvertement leurs droits économiques et de mener une action collective. La fréquence des manifestations d'immigrées, en particulier d'employées de maison philippines dans la RAS de Hong Kong, montre l'importance des réseaux transnationaux qui relient les migrantes des pays d'origine et des pays d'accueil. La présence de plus en plus forte d'un mouvement de défense transnational dans toute l'Asie rend plus facile la tâche des organisations civiles qui s'emploient à défendre les droits et le bien-être des migrantes. En conclusion, la féminisation des migrations a aggravé les inégalités et l'injustice fondées sur le sexe, la clase et la nationalité en Asie. Elle a cependant donné aux femmes migrantes la possibilité de grossir les revenus familiaux et a permis à une société civile en expansion en Asie de contester les politiques et pratiques qui ont pour effet d'opprimer les migrants. Bien qu'il reste de nombreux obstacles juridiques et institutionnels à la justice sociale dans les pays importateurs de main-d'oeuvre, certaines des actions menées par les nationaux et les migrants marquent un progrès sensible vers la réalisation des droits des travailleurs migrants.

Welcome to the second issue of IASSIST Quarterly for the year 2023 - IQ vol. 47(2).
I am very happy with the 'International' in IASSIST. It is important to learn from outside your own center. In this issue we have a focus on the United States and some African countries with a special focus on South Africa. The first article investigates LibGuides across the many states of the United States. The second article is centered on one of the data resources often found in the LibGuides pages, but the data itself is about all of the United States. In the third article we shift to the African continent and the described project has a base in South Africa with a connection to the United Kingdom - still part of Europe although not of the EU - and with research being conducted in several African countries. We can't promise to cover the whole world in each IQ issue – but this issue is quite international.
The first article is 'Taking count: A computational analysis of data resources on academic LibGuides in the U.S.'. Cody Hennesy, Alicia Kubas and Jenny McBurney have undertaken the task of collecting links to data and statistical resources from over 10,000 LibGuide pages at 123 R1 research institutions in the United States. The LibGuides platform has become the universal resource discovery platform in academic libraries in the U.S. LibGuides not only support researchers, they also help librarians in orientation among the many resources. The authors reach the conclusion that freely available resources from U.S. government agencies are the most widely used. Resources requiring paid licenses or memberships (like ICPSR) are also frequent. The analysis suggest traditional licensed statistical resources are more likely to be shared than complex microdata resources. Data cleaning of the nearly 200,000 links from the 10,000 guide pages was an essential part of the analysis. The authors cite the data scientist joke that 90% of the work is data cleaning, and they find that the actual number for the cleaning and normalization in this analysis was even larger, performed through Python and OpenRefine. The data process included accessing the LibGuide pages based on the keywords of 'data' and 'statistic' and then extracting the content links. The links were then cleaned, filtered and further normalized. The data cleaning showed a high degree of inconsistency and dead links, leading the authors to suggest a more centralized management of data resources. The most frequently found links to resources are through ICPSR and data.gov, and a table with the 20 most common resources shows that even the most uncommon resource among these 20 are included in more than 73% of the institutions. This demonstrates a high consistency across the institutions. However, the authors remark that they believe that the very few institutions that didn't include a link to the popular data.gov would benefit from having information about this resource available for their researchers. Cody Hennesy and Jenny McBurney are the Journalism & Digital Media Librarian and a Social Sciences Librarian at the University of Minnesota, Twin Cities, and Alicia Kubas is a librarian at the U.S. Government Publishing Office.
The second article concerns metadata from IPUMS projects at the Institute for Social Research and Data Innovation (ISRDI) at the University of Minnesota (note, these are among the central sources of data LibGuides, mentioned several times in the first article). The authors are Diana L. Magnuson, curator and historian at the Institute for Social Research and Data Innovation, and Wendy L. Thomas, now retired curator from the same institution. The title is 'Expanding our perspective: building a sustainable metadata culture'. The article describes the learning obtained by ISRDI through the submission of an application for certification to the Core Trust Seal (CTS). When applying for certification the institution must document that it follows the standards and guidelines for the certification. In the case of the CTS - as in many other cases of certification - the building of a portfolio of documentation of procedures makes the applicant more self-aware of its history, as well as of the routines delivering the final products. The conclusion is also that the certification process has led to a better internal understanding at the ISRDI that can support future development as well as preserve the work done. IPUMS has over the last thirty years created the world's largest accessible database of census microdata starting with the 1880 Historical Census Project that has been extended in both time directions and now covering more than a hundred years. Naturally, processing of data has changed over the years and keeping track of the documentation proved difficult. The decision to use digital object identifiers (DOIs) led to a persistency and uniqueness that supported the users. This also had internal benefits as references and publications were more easily trackable and the preservation work more accurate and complete for each product version. Among the figures of the article, you will find the workflow using the open archival information system (OAIS) model as well as the IPUMS business process model.
The third article concerns the dilemma of personal data protection versus the benefit of using data for life improvement. The title of the submission is 'Data management instruments to protect the personal information of children and adolescents in sub-Saharan Africa' and concerns health research in this group. On the one hand the researchers naturally must follow the data regulations as they appear in the Protection of Personal Information (POPI) Act in South Africa and the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union, and with special attention to high-risk and vulnerable groups such as children and adolescents. On the other hand, these vulnerable groups are also at risk from a health viewpoint, especially from infectious diseases like infantile paralysis, measles and pneumococci. Research and data collected from children has contributed to the development of vaccines, which has led to a dramatic reduction in child mortality and improvements in the quality of life. The project described is a large-scale one that involves many countries and many researchers, making governance and data management crucial to achieving data availability and data security. The article discusses the strategies and instruments used, and addresses the many considerations from both ethical sides and when building a data management plan and decisions on sharing data. The authors behind the article are Lucas Hertzog, Jenny Chen-Charles, Camille Wittesaele, Kristen de Graaf, Raylene Titus, Jane Kelly, Nontokozo Langwenya, Lauren Baerecke, Boladé Hamed Banougnin, Wylene Saal, John Southall, Lucie Cluver, and Elona Toska. Many of these are affiliated to the Centre for Social Science Research at the University of Cape Town in South Africa and some are connected to the University of Oxford. It is important to mention that in addition to the central participation from South Africa and the UK, the project is based on partnerships with researchers in Zambia, Malawi, Nigeria, Lesotho, Tanzania, and Kenya.
Submissions of papers for the IASSIST Quarterly are always very welcome. We welcome input from IASSIST conferences or other conferences and workshops, from local presentations or papers especially written for the IQ. When you are preparing such a presentation, give a thought to turning your one-time presentation into a lasting contribution. Doing that after the event also gives you the opportunity of improving your work after feedback. We encourage you to login or create an author profile at https://www.iassistquarterly.com (our Open Journal System application). We permit authors to have 'deep links' into the IQ as well as deposition of the paper in your local repository. Chairing a conference session or workshop with the purpose of aggregating and integrating papers for a special issue IQ is also much appreciated as the information reaches many more people than the limited number of session participants and will be readily available on the IASSIST Quarterly website at https://www.iassistquarterly.com. Should you be interested in compiling a special issue for the IQ as guest editor(s) you can also contact the IQ. Take a look at the instructions, layout, and contact at:
https://www.iassistquarterly.com/index.php/iassist/about/submissions
On a personal note, I have since 1997 been the editor of the IASSIST Quarterly. All good things must end. New people will take over and improve the journal. I find there have been many improvements in the IQ during my tenure. Special thanks to my good friends Walter and Jane for their work on the journal. For many years, Walter Piovesan helped with layout and production, and he established contact with the Open Journal System staff before retiring from the IQ editorial team. Jane Roberts turned my Danglish into English in my IQ editorials. I am very happy to quit now, especially because you IASSISTers will have very competent replacements in Michele Hayslett and Ofira Schwartz. They have already for long worked behind the scenes at IQ, and have also edited the recent special issue on Systemic Racism. The IQ is in good hands.
Karsten Boye Rasmussen - June 2023

John Cochrane's blog has always been a favorite of mine. It's provocative. It's entertaining. And it invariably leads me to reflect on a variety of notions I have floating around in my head. In his latest piece,  he asks an interesting question: How does the Fed come up with its inflation forecast? What sort of model might be embedded in the minds of FOMC members? I like the question and the thought experiment. My comments below should not be construed as criticism. Think of them more as thoughts that come to mind in a conversation. (It's more fun to do this in public than in private.)John begins with the observation that while the Fed evidently expects inflation to decline as the Fed's policy rate is increased, at no point in the transition dynamic back to 2% inflation is the real rate of interest very high. To quote John (italics in original): the Fed believes inflation will almost entirely disappear all on its own, without the need for any period of high real interest rates. Of course, this is in sharp contrast with the Volcker disinflation, an episode that demonstrated, in the minds of many, how a persistently high real rate of interest was needed to make inflation go down (some push back in this paper here).John believes that the current inflation was generated in large part by a big fiscal shock in the form of a money transfer (an increased in USTs unsupported by the prospect of higher future taxes). I'm inclined to agree with this view, though surely there other factors playing a role (see here). John asks how this type of shock can be expected to generate a transitory inflation with the real interest rate kept (say) negative throughout the entire transition dynamic. Below, I offer a simple model that rationalizes this expectation. Whether it's the model FOMC members have in their heads, I'm not sure. (Well, I happen to know in the case of two FOMC members, but I won't share this here.)Formally, I have in mind a simple OLG model (see, here). The model is Non-Ricardian (the supply of government debt is viewed as private wealth). The model's properties are more Old Keynesian than New Keynesian. The model is also consistent with Monetarism, except with the supply of base money replaced with the supply of outside assets (i.e., all government securities--cash, reserves, bills, notes and bonds). So, I'm thinking about my model beginning in an hypothetical stationary state. The real economy is growing at some constant rate (say, zero). The supply of outside assets consists of zero interest securities (monetary policy is pegging the nominal interest rate to zero all along the yield curve). This supply of "debt" is also growing at some constant rate. Debt is never repaid--it is rolled over forever. Indeed, the nominal supply of debt is growing forever. New debt is used to finance government spending. The real primary budget deficit is held constant. The government is running a perpetual budget deficit via bond seigniorage; see here. The steady-state inflation rate in this economy is given by the rate of growth of the supply of nominal outside assets. (It is also possible that the inflation rate is determined by shifts in the demand for USTs; see here, for example). The real interest rate (on money) is negative. OK, now let's consider a large fiscal shock in the form of a one-time increase in the supply of outside assets (i.e., a helicopter drop of money that is never reversed).  The effect of this shock is to induce a transitory inflation (a permanent increase in the price-level). An increase in the nominal supply of money at a given interest rate at full employment makes the cost of living go up -- it makes the real debt go down. And oh, by the way, the debt-to-GDP ratio is declining thanks in part to inflation:This is despite the persistent negative real interest rate prevailing in the economy. I mean, what else might one imagine from a one-time injection of money? Is this is what the Fed is thinking? (This is what I'm thinking!) Note: an increase in the interest rate in this model would unleash a disinflationary force, but this would only serve to speed up the transition dynamic. As it turns out, this simple story seems consistent with what I take to be John's preferred theory of inflation. The large fiscal shock here is unaccompanied by the prospect of future primary budget surpluses. The effect is to increase the price level (i.e., a temporary inflation). Maybe the Fed has John's FTPL model in mind? Neither of these stories line up particularly well with the New Keynesian model, which emphasizes interest rate policy as *the* way inflation is controlled. There are, however, many strange things going on in this model. First, while no explicit attention is paid to fiscal policy, the fiscal regime plays a critical role in determining model dynamics (basic assumption is lump-sum taxes and Ricardian fiscal regime). Second, the Taylor principle that is needed to determine a locally unique rational expectations equilibrium is an off-equilibrium credible threat to basically blow the economy up if individuals do not coordinate on the proposed equilibrium (I learned this from John here.)  By the way, Peter Howitt provides a different (and in my view, a more compelling) explanation for the "Taylor principle" here--published a year before Taylor 1993. Given these shortcomings, why are we even using this model as a benchmark? This is another good question. John presumably picks this model because he sees no better alternative for modeling monetary policy via an interest rate rule. If he wants an alternative, he can read my paper above. Or, he can appeal to his own class of models extended to permit a liquidity function for USTs. These models easily accommodate stable inflation at negative real rates of interest. But whether this is how FOMC members organize their thinking, I'm not sure.In any case, John picks an off-the-shelf NK model and assumes that it adequately captures what is in the mind of many FOMC members. Let's see what he does next (Modeling the Fed). He writes: "The Fed clearly believes that once a shock is over, inflation stops, even if the Fed does not do much to nominal interest rates. This is the "Fisherian" property. It is not the property of traditional models. In those models, once inflation starts, it will spiral out of control unless the Fed promptly raises interest rates." [I think he meant "threatens to raise interest rates.]Comment 1: I'm not sure what he means by a "Fisherian" property. (Note: the Fisher equation holds in the OLG model I cited above--though the real rate of interest is not generally fixed in those settings.) Comment 2: Conventional models? I presume he means Woodford's basic NK model. It seems likely to me, however, that FOMC members may have other "conventional" models in their heads -- like the Old Keynesian model or the Old Monetarist model--both of which continue to be taught as standard fare in undergraduate curricula.  OK, so John considers a very basic IS-PC model and considers two alternative hypotheses for how inflation expectations are determined. The first hypothesis is a simple adaptive rule (see also Howitt's work above). The second hypothesis is perfect foresight (rational expectations) -- which, by the way, implicitly embeds knowledge of the Ricardian fiscal regime. Under the adaptive expectations model, inflation explodes. Under the rational expectations hypothesis, inflation largely follows the Fed's actual forecast. Maybe this is what the Fed is thinking? The Fed has rational expectations? Except that I'm not really sure what this means. John does give us a further hint though. He goes on to say "Not only is the Fed rational expectations, neo-Fisherian, it seems to believe that prices are surprisingly flexible!" Right. So the Neo-Fisherian hypothesis is that to get a permanently lower rate of inflation, the Fed must (at least eventually) lower its policy rate (and vice versa to raise the rate of inflation). I've questioned this hypothesis in the past (see here). But what's going on here now? Is John suggesting that the FOMC is made up of closet Neo-Fisherians? Steve Williamson would no doubt be pleasantly surprised. John writes: "The proposition that once the shock is over inflation will go away on its own may not seem so radical. Put that way, I think it does capture what's on the Fed's mind. But it comes inextricably with the very uncomfortable Fisherian implication. If inflation converges to interest rates on its own, then higher interest rates eventually raise inflation, and vice-versa." No, I'm afraid the conclusion that inflation is transitory (even with negative real rates) is NOT inextricably linked to the Neo-Fisherian proposition. It is only inextricably linked this way in a class of economic models that: [1] are pretty bad; and [2] highly unlikely to be in the heads of most FOMC members. 

Hoy en día, la Web se considera una herramienta importante que se puede utilizar para realizar numerosas tareas, las cuales potencian el desarrollo de la vida. Las más importantes son obtener conocimientos y aprender nuevas habilidades. Se puede utilizar una amplia variedad de dispositivos para acceder a la misma. La Web promueve un cambio considerable para las personas con discapacidad, eliminando las barreras de comunicación e interacción en comparación con los desafíos del mundo físico. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten que las personas con discapacidad se integren mejor social y económicamente en sus comunidades. Para las personas con discapacidad, el acceso a la tecnología significa tener vidas más independientes, acceder a información y servicios. Las TIC ofrecen excelentes niveles de flexibilidad y personalización para usuarios con discapacidad. Las TIC juegan un papel fundamental en la creación de oportunidades para las personas con discapacidad en todas las etapas de la vida. Pueden usar aplicaciones para buscar profesionales, controlar su tratamiento, evaluar sus actividades terapéuticas, realizar evaluaciones de diagnóstico y ayudar a los pacientes a completar tareas de forma independiente. Con la aparición de la Web a través del internet es como que se democratiza el acceso a la información y servicios existiendo al momento millones de páginas web en las cuales se ofrece todo tipo de información y servicios. En el ámbito de la tecnología los teléfonos móviles inteligentes ahora se puede escuchar música, tomar fotos, hacer y ver videos, se tiene acceso a redes sociales y se dispone de una gran variedad de aplicaciones. De esta manera aparecen las aplicaciones móviles, que pueden haber de varios tipos nativas de cada sistema operativo, o hibridas que pueden ejecutarse en un móvil o en un navegador web, es decir la misma aplicación se puede utilizar de manera sencilla pero muy efectiva en tu teléfono inteligente, y por otro lado se puede tener esta aplicación en pantalla de un computador de escritorio o computador portátil. Las personas con discapacidad pueden lidiar con tres tipos de barreras cuando se relaciona con el entorno circundante: ambiental, actitudinal y digital. Las barreras digitales surgen cuando la tecnología no se puede cambiar a un diseño más accesible. En este contexto: ¿Se puede construir software de calidad utilizando experiencia de usuario y prototipado para desarrollar aplicaciones web y móviles para personas con discapacidad? Se plantean tres fases para dar respuesta a esta pregunta: 1. La primera fase se identifica el problema a través de un estudio exploratorio que da como resultado que en Ecuador existe una falta de uso de software en instituciones que ofrecen servicios a personas con discapacidad. 2. La segunda fase se realizó una revisión sistemática de la literatura en la cual se buscaba conocer cuáles eran los factores relevantes de calidad que debían tener aplicaciones web y móviles los cinco factores principales son diseño, contenido, funcionalidad, accesibilidad, usabilidad. 3. La tercera fase se refiere a la propuesta para desarrollo de Software para personas con discapacidad. Se inicia con la recopilación de aplicaciones web y móviles, la investigación de productos de software ha revelado que existe un grado de dificultad para encontrar software existente diseñado para ayudar a las personas con discapacidad a mejorar sus habilidades de aprendizaje. Se propone la creación de un catálogo prototipo inicial de software, analizando los recursos existentes y la asociación de características de discapacidad con los atributos de cada software existente diseñado para discapacidad intelectual. Se encontró que existen tres aspectos a considerar para desarrollar el catálogo: tipo de catálogo, acceso y especificaciones de la categorización. Además, es importante distinguir entre los tipos de catálogos, los sitios web propios de los desarrolladores y los sitios web de los promotores. Se debe tener en consideración el acceso al software no debe exceder los 3 a 5 clics para acceder; y que los usuarios prefieren categorizar el catálogo por tipo de discapacidad porque están familiarizados con las discapacidades de acuerdo con sus antecedentes. Para seleccionar las aplicaciones que iban a formar parte del catálogo se debía conocer su calidad, para esto se realiza una evaluación de aplicaciones web y móviles. Para autismo, síndrome de Down y la parálisis cerebral, que constituyen las discapacidades más comunes desde el punto de vista médico. En la presente tesis se evaluó la calidad de las aplicaciones web y móviles utilizando la herramienta Mobile Apps Rating Scale (MARS). Los resultados mostraron que las aplicaciones evaluadas necesitaban mejoras en personalización e interactividad. Además, se ha establecido una lista de aplicaciones basada en puntajes MARS, la cual es útil para terapeutas, padres y personas con discapacidad. Sin embargo, los 18 ítems de MARS son extensos y tediosos para terapeutas, padres de familia y personas con discapacidad por lo cual se propuso un modelo para identificar los ítems que representan los factores de calidad más relevantes. Para lo cual se realizó dos estudios: 1. El primer estudio utilizó análisis de componentes principales para identificar los factores subyacentes de calidad más relevantes. En el estudio se seleccionó y evaluó un grupo de 285 Apps en español, dirigidas a personas con discapacidad intelectual, incluyendo autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, que se ejecutan en diversas plataformas. Los probadores de software y un grupo especializado de profesores de personas con discapacidad formaron el equipo evaluador. Los resultados generales muestran que la estética y la funcionalidad son las categorías más adecuadas para mejorar la calidad de las aplicaciones. Este estudio contribuye al conocimiento existente sobre la mejora de la calidad de las aplicaciones para ayudar a la calidad de vida de las personas con discapacidad. 2. El segundo estudio, determina los factores de calidad más relevantes de las aplicaciones para personas con discapacidad, para lo cual se utilizó el enfoque abductivo para la generación de una teoría explicativa. En primer lugar, el enfoque abductivo se refería a la descripción de los resultados, establecida por la evaluación de la calidad de las aplicaciones, utilizando la herramienta MARS. Sin embargo, debido a las restricciones de las salidas MARS, no se pudo establecer la identificación de factores críticos de calidad, lo que requirió la búsqueda de una respuesta para una nueva regla. Finalmente, la explicación del caso (último componente del enfoque abductivo) para probar la nueva hipótesis de la regla. Este problema se resolvió aplicando un nuevo modelo cuantitativo, combinando técnicas de minería de datos, que identificó los ítems de calidad más relevantes de MARS. Este estudio es un segundo intento de mejorar la herramienta MARS, con el objetivo de brindar a los especialistas datos relevantes, reduciendo los efectos del ruido, logrando mejores resultados predictivos para potenciar sus investigaciones. Además, ofrece una evaluación de calidad concisa de las aplicaciones relacionadas con la discapacidad. Con todo lo aprendido, en la recopilación de aplicaciones web y móviles, en la evaluación de estas con la herramienta MARS, se hace una propuesta de un nuevo enfoque para desarrollo de software para personas con discapacidad. En líneas generales se trata del diseño y desarrollo de un artefacto utilizando experiencia de usuario y prototipado; para lo cual se aplicó estos conceptos en dos aplicaciones: la primera aplicación es un catálogo digital para personas con discapacidad motora, a través de este catálogo las personas puedan encontrar y usar las aplicaciones de una manera fácil y rápida. La segunda aplicación es Helpdys la cual ayuda al diagnóstico y tratamiento de niños con dislexia. El catálogo digital para personas con discapacidad motora, identifico que el problema de los sitios web o catálogos es que no brindan información confiable, búsqueda fácil y acceso intuitivo a estas aplicaciones, lo que genera dificultades de acceso a la información. Para lo cual se ofreció como solución el desarrollo el catálogo usando experiencia de usuario y prototipado. El catálogo obtuvo una puntuación de calidad satisfactoria en función de la satisfacción de los usuarios finales y terapeutas a la hora de encontrar recursos tecnológicos para utilizar en sus actividades profesionales y asistenciales. Este trabajo de investigación contribuye a los interesados en desarrollar software para personas con discapacidad y animarlos a crear y diseñar sus implementaciones en base a este estudio. La aplicación Helpdys, identifico a la dislexia como un trastorno del lenguaje relativamente común que generalmente se ignora en las comunidades rurales, la cual dificulta los procesos de aprendizaje de los niños y, en algunos casos, es la causa de la deserción escolar o la violencia en las escuelas. Se desarrollo una aplicación web y móvil que contribuye al diagnóstico y tratamiento de los niños con dislexia, la aplicación ofrece juegos y actividades didácticas. Como parte del método las mejoras de la aplicación se implementaron y probaron de inmediato en la escuela "Escuela Línea Equinoccial" (Ecuador), demostrando su utilidad para su uso futuro en el sistema educativo. La aplicación puede ser una herramienta valiosa para que los niños con dislexia progresen con éxito en la escuela, aumentando su autoconfianza y, por lo tanto, ayudándoles a alcanzar su máximo potencial como adultos capaces de hacer una contribución positiva a la sociedad. De esta manera se probó el nuevo enfoque de desarrollo de software basado en experiencia de usuario y prototipado para personas con discapacidad.

Per quale motivo esistono differenze nell'aspettativa di vita tra persone nate in Paesi e continenti diversi, o tra persone che abitano in quartieri diversi di una stessa città? Come mai le persone con un livello inferiore di istruzione hanno un rischio maggiore di andare incontro a complicanze e a mortalità precoce a causa di malattie croniche? In che modo lo status sociale influenza gli esiti di salute di una persona? Come mai le persone migranti sono state esposte ad un maggior rischio di ospedalizzazione per l'infezione da Sars-CoV-2? Le diseguaglianze in salute, vale a dire quelle differenze sistematiche, prodotte socialmente (dunque evitabili e modificabili, quindi ingiuste) presenti tra diversi gruppi di popolazione sia all'interno di una nazione che tra nazioni (Whitehead 1992; Acheson 1998; Braveman 2003; Marmot 2016), sono ormai diffuse in tutto il mondo e risultano abbondantemente documentate con evidenze scientifiche. Le loro cause sono da ricercare non in fattori genetici o biologici, ma in quelli che vengono chiamati i determinanti sociali di salute, vale a dire tutti quei fattori sociali, economici, politici, culturali, ambientali che influenzano la salute delle persone (Dahlgren 1991; CSDH 2008). Parlare di diseguaglianze significa aggiungere un significato morale al termine differenze, dunque provocare ad una presa di posizione in particolare da parte di coloro che lavorano in ambito sanitario e socio-sanitario. Tale lavoro di tesi del Dottorato di Ricerca in "Malattie infettive, Microbiologia e Sanità Pubblica" parte dal presupposto che "pensare alla medicina semplicemente come a una scienza o a un'attività scientifica è non soltanto riduttivo ma sostanzialmente sbagliato. La medicina, in quanto pratica, prevede azioni che esprimono una trama di significati e fini. Gli aspetti etici non possono essere visti come giustapposti, ma debbono essere considerati intrinseci a essa. Ogni decisione e ogni azione portate avanti in questo settore non sono neutrali, cioè non possono prescindere dalla dimensione etica; ciò significa che la natura della medicina deve essere studiata e insegnata a partire da una prospettiva etica." Il presente elaborato non entrerà nel merito della teoria sui determinanti sociali di salute, né nella descrizione delle diseguaglianze in salute e nell'assistenza sanitaria abbondantemente documentate a livello di letteratura. Consapevole della loro esistenza, che non può essere semplicemente studiata o messa in evidenza attraverso dati epidemiologici ma rispetto alla quale è necessario prendere posizione (Heath 2010), tale lavoro approfondisce l'ambito della formazione universitaria (in particolare degli studenti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie) considerandolo uno dei punti fondamentali su cui fare leva per agire un reale cambiamento nella società, contrastare efficacemente le diseguaglianze in salute e impegnarsi per una maggiore giustizia sociale. Si è partiti dunque da alcune domande sullo stato attuale dei Corsi di Laurea per professionisti sanitari e sociosanitari: tali corsi sono in grado di formare professionisti capaci di rispondere ai bisogni di salute delle persone e delle comunità che andranno a servire? Come rispondono alle sfide che l'epoca della globalizzazione e della complessità pone? Come affrontano il tema della responsabilità sociale (in altre parole, che ruolo intendono assumere nei confronti dell'ingiustizia sociale e il suo impatto sulla salute)? I contenuti e le modalità con le quali la formazione viene portata avanti possono infatti perpetuare o addirittura aggravare le diseguaglianze presenti se non si tiene conto della loro esistenza, dei loro meccanismi di generazione e della necessità di agire per promuovere una maggiore equità; appare dunque necessario un profondo rinnovamento culturale. In modo significativo anche Papa Francesco ha innescato un processo a livello mondiale sul tema della formazione che coinvolge i diversi livelli educativi, comprese le università, e che porterà all'elaborazione di un "Patto Globale sull'Educazione" (Global Compact on Education). "Nella storia esistono momenti in cui è necessario prendere decisioni fondanti, che diano non solo un'impronta al nostro modo di vivere, ma specialmente una determinata posizione davanti ai possibili scenari futuri. Nella presente situazione di crisi sanitaria — gravida di sconforto e smarrimento — riteniamo che sia questo il tempo di sottoscrivere un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l'umanità intera, nel formare persone mature. Oggi ci è richiesta la parresìa necessaria per andare oltre visioni estrinsecistiche dei processi educativi, per superare le semplificazioni eccessive appiattite sull'utilità, sul risultato (standardizzato), sulla funzionalità e sulla burocrazia che confondono educazione con istruzione e finiscono per atomizzare le nostre culture; piuttosto ci è chiesto di perseguire una cultura integrale, partecipativa e poliedrica. Ci serve il coraggio di generare processi che assumano consapevolmente la frammentazione esistente e le contrapposizioni che di fatto portiamo con noi; il coraggio di ricreare il tessuto di relazioni in favore di un'umanità capace di parlare la lingua della fraternità. Il valore delle nostre pratiche educative non sarà misurato semplicemente dal superamento di prove standardizzate, bensì dalla capacità di incidere sul cuore di una società e di dar vita a una nuova cultura." Attraverso tale elaborato ci si propone da un lato di sintetizzare e sistematizzare quello che è stato il percorso di riflessione e di azione portato avanti negli ultimi anni in Italia sul tema della formazione in Salute Globale, (paradigma della salute basato sulla teoria dei determinanti sociali, che si pone l'obiettivo di contrastare le diseguaglianze e promuovere una maggiore giustizia sociale), dall'altro di dare a tale approccio formativo nuovo impulso arrivando ad elaborare proposte che possano essere valutate e accolte a livello accademico. Il primo capitolo espone il quadro presente a livello internazionale relativo alla formazione in Salute Globale. Dopo aver sinteticamente descritto cosa si intende con il termine Salute Globale, riassumendo le definizioni presenti in letteratura, vengono esposti i risultati di una ricerca bibliografica relativa al tema della "formazione in Salute Globale", con un focus specifico sulla formazione universitaria di base (vale a dire durante i Corsi di Laurea). Nel capitolo ci si sofferma in modo particolare sul tema delle "competenze" in Salute Globale (Global Health Competencies), descrivendo i principali stimoli e lavori pubblicati sul tema. Viene inoltre riportato il trascritto dell'intervista all'epidemiologo Michael Marmot sul tema della formazione in Salute Globale. Tale intervista è stata realizzata nel corso del presente Dottorato. Il secondo capitolo descrive quanto avvenuto in Italia relativamente al tema della formazione in Salute Globale, a partire dalla costituzione della RIISG – Rete Italiana per l'Insegnamento in Salute Globale – e dalla definizione che tale rete ha fornito del termine "Salute Globale". Pur nella consapevolezza che la Salute Globale non costituisce una disciplina a parte con i suoi specifici argomenti ma piuttosto un approccio applicabile nei diversi contesti in cui si ha a che fare con la salute, si è scelto di riprendere e riproporre i lavori della RIISG relativi ai contenuti/ obiettivi dei corsi, alle metodologie didattiche e alla valutazione. Viene inoltre definito il termine di "Palestra di Salute Globale", relativo a quelle esperienze formative che avvengono al di fuori delle aule universitarie e che spesso hanno sugli studenti un impatto maggiore rispetto a quello della didattica frontale. A conclusione del capitolo viene riportato il paper elaborato dalla RIISG nel 2015 "Ripensare la formazione medica", nel quale i fondamenti relativi alla visione della salute e alla visione pedagogica della RIISG. Nello terzo capitolo vengono descritte alcune esperienze formative, portate avanti in aula e al di fuori del contesto universitario, che sono state oggetto di indagine e valutazione (relativamente all'impatto a medio e lungo termine) nel corso del presente Dottorato di Ricerca; si tratta in particolare del Corso Elettivo in 'Salute Globale ed Equità in Salute' offerto dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dall'Anno Accademico (A.A.) 2008-2009, delle palestre di Salute Globale proposte agli studenti, del tirocinio offerto da oltre venti anni agli studenti di medicina presso il Poliambulatorio della Caritas Diocesana di Roma. I risultati di tali indagini vengono presentati nel capitolo. Sono inoltre esposti i dati dell'ultima mappatura dei Corsi in Salute Globale che vengono attualmente svolti in Italia, realizzata sempre nel corso del Dottorato per l'A.A. 2018-2019. Il quarto capitolo affronta nei suoi diversi paragrafi alcuni riferimenti del contesto culturale nel quale ci si trova, con lo scopo di mettere in evidenza come l'approccio di Salute Globale e la formazione ad essa relativa sia coerente con diversi input presenti a livello della società: importanti documenti ed iniziative proposte da Papa Francesco – in collaborazione con i leader delle altre grandi religioni monoteistiche e in dialogo con ogni persona - sulle tematiche dell'ecologia integrale, della fratellanza umana e dell'educazione; gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile proposti dalle Nazioni Unite; la tematica della Terza Missione dell'Università; il contesto della pandemia da SARS-CoV-2 con le diseguaglianze ad essa connesse. La descrizione di tali tematiche conferma l'attualità e la necessità di tale approccio, che vuole essere in linea anche con quanto affermato dalla Rettrice della Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni nella sua prolusione per l'inaugurazione dell'A.A. 2020-2021 dal titolo: Diseguaglianze, mobilità sociale e istruzione: quale ruolo per l'Università? "Abbiamo sempre più bisogno di università pubbliche che si pongano al servizio di tutti gli esseri umani, nella didattica nella ricerca e nella Terza missione…. a disposizione di questo progetto complessivo, questa che chiamerei la Quarta missione dell'Università: la missione volta a favorire la crescita delle persone, anche e soprattutto, a favorire la crescita di chi è più svantaggiato, di chi è nell'angolo, a favorire un pluralismo vero ed esteso, che sia capace di porre tutte e tutti, finalmente e sostanzialmente, su uno stesso piano di potenzialità, di opportunità e di meriti". Nelle conclusioni vengono formulate proposte per portare avanti e diffondere l'approccio formativo in Salute Globale a livello universitario in Italia.

The instrumental use of Muslim women's experiences as a symbol and justification for Western countries interventions is not a new business and was not employed for the first time in the post September 11th "war on terror" campaigns. Indeed, the production of stereotypes of Muslim women in political platforms can be tracked back to different colonial enterprises. Clearly, as Lughod (2002) has highlighted, the consistent resort to a cultural framing through the equation women/religion/suffering has always been a tool to hide political and economic interests and consequently to bury more complex political and historical developments. In the academic sphere, debates on Muslim women also widened. However, as Lila Abu-Lughod (2002) contended, the efforts were almost put solely on denouncing the great violent and oppressive contexts where those women were living under the barbaric violations perpetrated to them by Islamist movements. Otherwise, if a scholar tried to problematize the cultural framing of Muslim women's questions, she (or he) would very likely be accused of cultural relativism (Lughod, 2002). Therefore, a sole and unproblematic focus on the suffering of Muslim women is not only futile, but also contributes to reify the old Orientalist perceptions on Islam and Muslim women, and to provide intellectual foundations for Western imperialist wars. The objective of this article, on the contrary, is to raise another set of questions, which I believe to be more urgent. These questions aim at both unpacking Muslim women as a discursive category, and understanding the major challenges their experiences impose on secular feminist conceptions of agency. I contend that addressing these questions is more urgent for different reasons. Firstly, I argue vigorously that apart from the obsessive and somehow blind criticism that religion is inherently patriarchal and consequently oppressive to women, scholarship especially from within feminist theory remained oblivious to a more systematic and self-reflexive engagement with religion and Muslim women. In addition, I argue that surprisingly, even in a period of post-Orientalist deconstruction, which supposedly would have already dismissed those essentialist and repressive accounts of Muslim women and Islam, subtle but very important remnants can still be found on the so called "corrective" postcolonial feminist scholarship on Muslim women. Indeed, there is a plurality of work on Muslim women in the social sciences. However, they are scattered and apparently separated by their own agendas and claims, with very few attempts at dialogue or debate. Hence, a systematic account of this diversity has been missing, one which could provide an up to date appraisal of the state of scholarship and activism on Muslim women, and build a firm foundation for advancing knowledge both of the subject itself and on interdisciplinary efforts like the one I advance here. Therefore, while doing a systematic and critical literature review, oriented specifically by an interdisciplinary approach, I expect this article to fill part of this gap and raise crucial questions in order to build knowledge of the intersection between Muslim women's studies and feminist theory. It is here where more research is certainly needed in order to reduce the gulf that exists between both areas. The introduction of this article outlines briefly the ways through which Muslim women have been approached as a discursive category, constructing stereotypes of Muslim women in political platforms, as well as on the academic stage. Politically, the production of stereotypes can be tracked back to different colonial enterprises and more recently to the interventions by Western countries that comprised the "war on terror" campaign. On the academic stage, these stereotypes were reproduced in the sole efforts to denounce the great violent and oppressive contexts where those women are living, as previously mentioned. The first section is concerned with the exclusion of religion and more specifically of Muslim women's experiences from history and feminist knowledge production, including IR feminist studies. I acknowledge that the ontological and epistemological openness in feminist and gender studies in international relations and other areas ensured the recognition of the existence of differences and of multiple "layers" of identities which affect sexed bodies in distinct ways. These were crucial to challenge Eurocentric narratives as the only legitimate source of knowledge production. However, I put forward in this section that despite a greater plurality in feminist studies, there is still a silence from feminist theorists regarding religious women's experiences, and hence, the importance of religion to women (Salem, 2013). Using the work of Phyllis Mack (2003) I argue that one of the reasons for this gap resides in the metanarrative of secularization, which is the basis of secular feminist scholarship. Within this analytical framework, I analyse how the conceptions of agency and emancipation underlying the different strands of secular feminism are limiting to the different voices and experiences of Muslim women. The second section addresses the challenges Islamic feminism imposes to feminist notions of agency. As religion is seen as inherently patriarchal and oppressive to women, Islamic feminism or any other effort to pursue gender equality from within an Islamic framework would be taken as contradictory or incompatible. By locating the struggle within a religious framework, and at the same time claiming for the existence of what seems to be the untouchable foundations of Islam, Islamic feminists are cast away from secular feminisms. I argue that those experiences of activists and scholars make serious challenges to the notions of agency based on rationality and secularity as the only pillars whereby women can struggle for and reach gender equality. As a result, Islamic feminism(s)'s experiences also help to unsettle and complicate some binaries which feminist theory has been contributing to reify, such as secular/spiritual; reason/obscurantism; science/religion; freedom/oppression; modern/backward. In the third section, the article discusses some of the piety women's movements anchored on Saba Mahmood's work on pietistic agency, firstly in order to highlight the inability of most feminist scholarship in capturing the diversity of Muslim women's voices; second to denounce the perilous nature of encapsulating women's agency solely within "the entelechy of liberatory politics". These movements advance very different agendas and orientations from the Islamic feminist ones. Those agendas are precisely what denounce the subtle but very important remnants of Orientalist assumptions, particularly its adherence to secular-liberal values, and the teleological conceptions of modernity (Lakhani, 2008). I conclude the article arguing that rather than neglecting the important achievements feminism promoted in the lives of women in different parts of the world, the main intention of this work was to provincialize (to borrow the expression from Chakrabarty) the secular and liberal accounts of agency, feminism, empowerment, freedom and so on, locating them in the historical, political and cultural context that produced the desires that animate them. ; Este artículo tiene la intención de abordar algunas preguntas importantes que apuntan tanto a desempacar a las mujeres musulmanas como una categoría discursiva, como a comprender los principales desafíos que sus experiencias imponen a las concepciones feministas seculares de la agencia. Por un lado, aparte de una crítica ciega de que alguna manera la religión es intrínsecamente patriarcal y, en consecuencia, opresiva para las mujeres, la producción intelectual feminista, incluyendo la producción feminista en el campo de las Relaciones Internacionales (RI), ha sido ajeno a las experiencias de las mujeres musulmanas y aparentemente indiferente a un compromiso y diálogo sistemáticos con el tema de la mujer y la religión. Además, a pesar de la capacidad de los feminismos poscoloniales, en su mayoría ancorados en lentes de deconstrucción pos orientalista, para capturar la "diferencia" en las voces de las mujeres musulmanas, parece que aún permanecen remanentes sutiles pero muy importantes de interpretaciones represivas de las mujeres musulmanas en esta literatura supuestamente "correctiva". Ciertamente, existe una gran pluralidad de trabajos sobre mujeres musulmanas. Sin embargo, están dispersos y aparentemente separados por sus propias agendas y reclamos, con muy pocos intentos de diálogo o debate. Por consiguiente, falta un relato sistemático de esta diversidad, que podría proporcionar un significativo estado del arte de la producción intelectual y el activismo sobre las mujeres musulmanas, construyendo una base firme para avanzar en el conocimiento tanto sobre el tema en sí, como sobre esfuerzos interdisciplinarios como el que se intenta hacer en este trabajo. Por lo tanto, mientras se hace una revisión sistemática y crítica de la literatura, orientada específicamente por un enfoque interdisciplinario, es esperado que este artículo llene parte de esta brecha y plantee preguntas cruciales para construir conocimiento sobre la intersección de los estudios de las mujeres musulmanas y la teoría feminista, donde más investigación es ciertamente necesaria para reducir el abismo que existe entre ambas áreas. La introducción de este artículo describe las formas en que se ha abordado a las mujeres musulmanas como una categoría discursiva. La primera sección se ocupa de la exclusión de la religión y más específicamente de las experiencias de las mujeres musulmanas de la historia y la producción de conocimiento feminista. La segunda sección aborda los desafíos que el feminismo islámico impone a las nociones feministas de agencia. Posteriormente, el artículo analiza algunos de los movimientos de mujeres piadosas anclados en el trabajo de Saba Mahmood sobre la agencia pietista, en primer lugar, para resaltar la incapacidad de la mayoría de los estudios feministas para captar la diversidad de las voces de las mujeres musulmanas; en segundo lugar, para denunciar lo peligroso de encapsular la agencia de las mujeres únicamente dentro de "la entelequia de la política liberadora".

A partir del año 2012, comenzaron a tomar estado público en la región del noroeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina) conflictos en relación a las aplicaciones de agroquímicos y la delimitación de zonas de amortiguación o exclusión en las intermediaciones urbanas-rurales. Sin embargo, no todas las localidades evidencian el mismo estado de tratamiento y avance en materia legislativa que regule dichos espacios. Concretamente, el establecimiento sobre qué es lo que debe producirse, como debe ser producido, bajo qué condiciones, entre tantas otras cuestiones. Atendiendo que General Villegas es una ciudad que hasta la actualidad no cuenta con legislación en torno a los modos de producción en los territorios de borde, en el año 2019 dimos inicio a un proceso investigativo, el cual tiene como objetivo analizar tensiones y disputas en torno a las prácticas agropecuarias que se configuran en el periurbano, tanto por sujetos intersectoriales como extrasectoriales. Se trata de una ciudad cabecera del partido homónimo. De manera sucinta, podemos reconocer que esta localidad se encuentra ubicada en una zona agrícola-ganadera; en la cual se registra una tendencia ascendente del monocultivo de soja transgénica. Según datos arrojados por el Ministerio de Agroindustria de la Nación en relación a la campaña 2017/2018, el partido de General Villegas tiene el mayor uso de agroquímicos de la provincia, acumulando 4.500.000 litros; estimativamente unos 125 litros por habitante. Además, alcanza el 95% de superficie sembrada con cultivos transgénicos, particularmente unas 263.210 ha de sojas sembradas. El actual contexto pandémico tensiona el curso de la pesquisa, el avance del trabajo de campo y el encuentro con los sujetos locales. Fue un proceso que se vio —en algún sentido— truncado. De esta manera, nos preguntamos: ¿Cuáles desafíos metodológicos se presentan en nuestras pesquisas a partir del contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio? ¿Cómo configurar herramientas analiticas que nos permitan desplegar otros acercamientos a nuestros referentes empíricos? ¿De qué manera y en qué medida los registros fotográficos pueden constituirse como una estrategia privilegiada frente al confinamiento y distanciamiento social? A partir del planteamiento de estos interrogantes, el presente ensayo visual tiene como objetivo presentar, de la mano de la fotografía, la cotidianidad de la conflictividad ambiental por el uso de agroquímicos en General Villegas, puntualizando en las particularidades de los diversos sujetos intrasectoriales como extrasectoriales. Adherimos a una perspectiva que privilegia la vida cotidiana de los sujetos, en tanto dimensión que nos permite observar y relacionar las tendencias generales que forman parte de las experiencias particulares, como también considerar su historicidad (Ezpeleta y Rockwell, 1983). Sin embargo, frente a las profundas mudanzas configuradas en nuestros trabajos investigativos por la presencia del mencionado virus, la fotografía adquiere otra relevancia en relación al registro de la cotidianidad. Ciertos fenómenos sociales al ser transportados a otros soportes, se posibilita privilegiar el plano sensible y expresar su profundidad. De esta manera, apropiarse de la imagen en la práctica antropológica, permite enriquecer nuestros argumentos no de manera ilustrativa, sino como complemento de las narrativas etnográficas (Meirelles, 2016).Introducirnos al trabajo de campo con estas estrategias re-configuradas, nos posibilita focalizar la mirada en ciertos sucesos locales y desplegar otras lecturas a los registros generados. A través de un esfuerzo analitico y descriptivo, pudimos vislumbrar la conflictividad en los paisajes locales, la exposición y los riesgos a los ciertos sujetos someten cotidianamente a vecinos de la localidad. Es importante señalar que existen diferencias y desigualdades en la contaminación espacial y física. Observamos que aquellos expuestos día a día al sufrimiento ambiental, son vecinos y vecinas que residen en viviendas contiguas a producciones transgénicas. Además, generamos registro visual de un evento-clave que tuvo lugar el 20 de Julio del corriente año; fecha en el que se conmemora el día de la Bandera en Argentina. Por ello la Sociedad Rural convocó a un "banderazo" nacional por la posible expropiación de Vicentin. Se trata de una empresa cerealera y de oleaginosas con gran relevancia en la región, la cual entró en default principalmente por contraer una deuda millonaria con el Banco de la Nación Argentina. En este contexto, el gobierno presidido por Alberto Fernández integró en la agenda pública la posibilidad de iniciar un proceso de transformación hacia una administración de carácter público. En General Villegas numerosos automóviles de alta gama, y otros no tanto, se movilizaron bajo el lema "defensa de propiedad privada y la República". A manera de "caravana" fueron aproximadamente cien vehículos los que congregaron con bocinazos y banderas de Argentina de por medio. Sin ánimos de realizar generalizaciones, este suceso nos permite avizorar la presencia de un empresariado agroindustrial local, que en términos de posicionamiento social, no solo territorializa el modelo de agronegocios sino también, co-construye un poder hegemónico local junto al Estado empresarial, representado en este caso por el municipio de la localidad.Palabras clave: Trabajo de campo - Pandemia - Cotidianidad - Periurbano - Conflicto socio-ambiental - Agronegocios. Ficha técnica:Autor:Guillermina Carreño.Fotografías: Guillermina Carreño. Dirección y texto: Guillermina Carreño.Edición de imagen: Guillermina Carreño.A partir de 2012, os conflitos relacionados às aplicações de agroquímicos e à delimitação de zonas tampão ou de exclusão nas intermediárias urbano-rurais começaram a assumir status público na região noroeste da província de Buenos Aires (Argentina). No entanto, nem todas as localidades mostram o mesmo estado de tratamento e progresso nas questões legislativas que regulam esses espaços. Especificamente, o estabelecimento do que deve ser produzido, como deve ser produzido, em que condições, entre muitas outras questões. Como o General Villegas é uma cidade que até agora não possui legislação sobre os modos de produção nos territórios fronteiriços, em 2019, iniciamos um processo investigativo, que visa analisar tensões e disputas em torno de às práticas agrícolas configuradas no periurbano, tanto por sujeitos inter-setoriais quanto por extra-setoriais. É uma cidade líder da festa homônima. Resumidamente, podemos reconhecer que esta cidade está localizada em uma área agrícola-pecuária; em que há uma tendência ascendente na monocultura de soja GM. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Agroindústria da Nação em relação à campanha 2017/2018, o partido General Villegas tem o maior uso de agroquímicos da província, acumulando 4.500.000 litros; estimados 125 litros por habitante. Além disso, atinge 95% da área plantada com culturas transgênicas, particularmente cerca de 263.210 ha de soja plantada.O atual contexto de pandemia enfatiza o curso da pesquisa, o progresso do trabalho de campo e o encontro com os sujeitos locais. Foi um processo que foi - em certo sentido - truncado. Desse modo, nos perguntamos: que desafios metodológicos são apresentados em nossa pesquisa a partir do contexto de isolamento social, preventivo e obrigatório? Como configurar ferramentas analíticas que nos permitem exibir outras abordagens para nossas referências empíricas? De que maneira e em que medida os registros fotográficos podem ser constituídos como uma estratégia privilegiada contra o confinamento e o distanciamento social? Com base nessas questões, este ensaio visual tem como objetivo apresentar, da mão da fotografia, o cotidiano do conflito ambiental decorrente do uso de agroquímicos no General Villegas, apontando as particularidades dos diversos sujeitos intra-setoriais como extra-setoriais. Aderimos a uma perspectiva que privilegia o cotidiano dos sujeitos, como uma dimensão que nos permite observar e relacionar as tendências gerais que fazem parte de experiências particulares, bem como considerar sua historicidade (Ezpeleta e Rockwell, 1983). Porém, diante das profundas mudanças configuradas em nosso trabalho de pesquisa devido à presença do vírus mencionado, a fotografia adquire outra relevância em relação ao registro da vida cotidiana. Certos fenômenos sociais, quando transportados para outros suportes, tornam possível privilegiar o plano sensível e expressar sua profundidade. Dessa forma, a apropriação da imagem na prática antropológica nos permite enriquecer nossos argumentos não de maneira ilustrativa, mas como complemento às narrativas etnográficas (Meirelles, 2016). Ao nos apresentarmos ao trabalho de campo com essas estratégias reconfiguradas, podemos focar nosso olhar em determinados eventos locais e exibir outras leituras nos registros gerados. Através de um esforço analítico e descritivo, pudemos vislumbrar o conflito nas paisagens locais, a exposição e os riscos que determinados indivíduos apresentam diariamente aos residentes locais. É importante notar que existem diferenças e desigualdades no espaço e na poluição física. Observamos que aqueles expostos diariamente ao sofrimento ambiental são vizinhos que moram em casas próximas a produções transgênicas. Além disso, geramos um registro visual de um evento importante que ocorreu em 20 de julho do corrente ano; data em que o dia da bandeira na Argentina é comemorado. Por esse motivo, a Sociedade Rural chamou uma "bandeira" nacional para a possível expropriação de Vicentin. É uma empresa de cereais e oleaginosas com grande relevância na região, que entrou em default principalmente por contrair uma dívida de um milhão de dólares com o Banco de la Nación Argentina. Nesse contexto, o governo presidido por Alberto Fernández integrou na agenda pública a possibilidade de iniciar um processo de transformação em direção a uma administração pública. No general Villegas, numerosos automóveis de luxo, e outros nem tanto, foram mobilizados sob o lema "defesa da propriedade privada e da República". Como "caravana", havia aproximadamente cem veículos reunidos com buzinas e bandeiras da Argentina no meio. Sem querer generalizar, este evento permite vislumbrar a presença de um empreendedor agroindustrial local que, em termos de posicionamento social, não apenas territorializa o modelo do agronegócio, como também co-constrói um poder hegemônico local junto ao estado empresarial, representado em neste caso pelo município da cidade.Palavras-chave: Trabalho de campo - Pandemia - Cotidiano - Periurbano - Conflito socioambiental - Agronegócio. Ficha técnica: Autor: Guillermina Carreño.Fotografías: Guillermina Carreño. Direção e texto: Guillermina Carreño.Edição de imagem: Guillermina Carreño.

Full list of authors: Hodgkin, S. T.; Harrison, D. L.; Breedt, E.; Wevers, T.; Rixon, G.; Delgado, A.; Yoldas, A.; Kostrzewa-Rutkowska, Z.; Wyrzykowski, Ł.; van Leeuwen, M.; Blagorodnova, N.; Campbell, H.; Eappachen, D.; Fraser, M.; Ihanec, N.; Koposov, S. E.; Kruszyńska, K.; Marton, G.; Rybicki, K. A.; Brown, A. G. A.; Burgess, P. W.; Busso, G.; Cowell, S.; De Angeli, F.; Diener, C.; Evans, D. W.; Gilmore, G.; Holland, G.; Jonker, P. G.; van Leeuwen, F.; Mignard, F.; Osborne, P. J.; Portell, J.; Prusti, T.; Richards, P. J.; Riello, M.; Seabroke, G. M.; Walton, N. A.; Ábrahám, P.; Altavilla, G.; Baker, S. G.; Bastian, U.; O'Brien, P.; de Bruijne, J.; Butterley, T.; Carrasco, J. M.; Castañeda, J.; Clark, J. S.; Clementini, G.; Copperwheat, C. M.; Cropper, M.; Damljanovic, G.; Davidson, M.; Davis, C. J.; Dennefeld, M.; Dhillon, V. S.; Dolding, C.; Dominik, M.; Esquej, P.; Eyer, L.; Fabricius, C.; Fridman, M.; Froebrich, D.; Garralda, N.; Gomboc, A.; González-Vidal, J. J.; Guerra, R.; Hambly, N. C.; Hardy, L. K.; Holl, B.; Hourihane, A.; Japelj, J.; Kann, D. A.; Kiss, C.; Knigge, C.; Kolb, U.; Komossa, S.; Kóspál, Á.; Kovács, G.; Kun, M.; Leto, G.; Lewis, F.; Littlefair, S. P.; Mahabal, A. A.; Mundell, C. G.; Nagy, Z.; Padeletti, D.; Palaversa, L.; Pigulski, A.; Pretorius, M. L.; van Reeven, W.; Ribeiro, V. A. R. M.; Roelens, M.; Rowell, N.; Schartel, N.; Scholz, A.; Schwope, A.; Sipőcz, B. M.; Smartt, S. J.; Smith, M. D.; Serraller, I.; Steeghs, D.; Sullivan, M.; Szabados, L.; Szegedi-Elek, E.; Tisserand, P.; Tomasella, L.; van Velzen, S.; Whitelock, P. A.; Wilson, R. W.; Young, D. R.-- This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ; Context. Since July 2014, the Gaia mission has been engaged in a high-spatial-resolution, time-resolved, precise, accurate astrometric, and photometric survey of the entire sky. Aims. We present the Gaia Science Alerts project, which has been in operation since 1 June 2016. We describe the system which has been developed to enable the discovery and publication of transient photometric events as seen by Gaia. Methods. We outline the data handling, timings, and performances, and we describe the transient detection algorithms and filtering procedures needed to manage the high false alarm rate. We identify two classes of events: (1) sources which are new to Gaia and (2) Gaia sources which have undergone a significant brightening or fading. Validation of the Gaia transit astrometry and photometry was performed, followed by testing of the source environment to minimise contamination from Solar System objects, bright stars, and fainter near-neighbours. Results. We show that the Gaia Science Alerts project suffers from very low contamination, that is there are very few false-positives. We find that the external completeness for supernovae, CE = 0.46, is dominated by the Gaia scanning law and the requirement of detections from both fields-of-view. Where we have two or more scans the internal completeness is CI = 0.79 at 3 arcsec or larger from the centres of galaxies, but it drops closer in, especially within 1 arcsec. Conclusions. The per-Transit photometry for Gaia transients is precise to 1% at G = 13, and 3% at G = 19. The per-Transit astrometry is accurate to 55 mas when compared to Gaia DR2. The Gaia Science Alerts project is one of the most homogeneous and productive transient surveys in operation, and it is the only survey which covers the whole sky at high spatial resolution (subarcsecond), including the Galactic plane and bulge. © S. T. Hodgkin et al. 2021. ; This work has made use of data from the European Space Agency (ESA) mission Gaia (https://www.cosmos.esa.int/gaia), processed by the Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC, https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium). Funding for the DPAC has been provided by national institutions, in particular the institutions participating in the Gaia Multilateral Agreement. Further details of funding authorities and individuals contributing to the success of the mission is shown at https://gea.esac.esa.int/archive/documentation/GEDR3/Miscellaneous/sec_acknowl/. We thank the United Kingdom Particle Physics and Astronomy Research Council (PPARC), the United Kingdom Science and Technology Facilities Council (STFC), and the United Kingdom Space Agency (UKSA) through the following grants to the University of Bristol, the University of Cambridge, the University of Edinburgh, the University of Leicester, the Mullard Space Sciences Laboratory of University College London, and the United Kingdom Rutherford Appleton Laboratory (RAL): PP/D006511/1, PP/D006546/1, PP/D006570/1, ST/I000852/1, ST/J005045/1, ST/K00056X/1, ST/K000209/1, ST/K000756/1, ST/L006561/1, ST/N000595/1, ST/S000623/1, ST/N000641/1, ST/N000978/1, ST/N001117/1, ST/S000089/1, ST/S000976/1, ST/S001123/1, ST/S001948/1, ST/S002103/1, and ST/V000969/1. This paper made use of the Whole Sky Database (WSDB) created by Sergey Koposov and maintained at the Institute of Astronomy, Cambridge with financial support from the Science and Technology Facilities Council (STFC) and the European Research Council (ERC). We thank the William Herschel and Isaac Newton Telescopes on the Roque de los Muchachos Observatory, La Palma, Spain, as well as the Optical Infrared Coordination Network for Astronomy (OPTICON) for their support of this project through telescope time, especially during the commissioning and verification phases. We thank the Copernico 1.82 m telescope (Mt. Ekar, Asiago Italy) operated by INAF Padova for supporting the project through telescope time (under the Large Programme Tomasella-SNe) during the verification phases. We acknowledge observations taken as part of the PESSTO project collected at the European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere under ESO programme 199.D-0143. Authors at the ICCUB were supported by the Spanish Ministry of Science, Innovation and University (MICIU/FEDER, UE) through grant RTI2018-095076-B-C21, and the Institute of Cosmos Sciences University of Barcelona (ICCUB, Unidad de Excelencia 'María de Maeztu') through grant CEX2019-000918-M. This work is supported by Polish NCN grants: Daina No. 2017/27/L/ST9/03221, Harmonia No. 2018/30/M/ST9/00311, Preludium No. 2017/25/N/ST9/01253 and MNiSW grant DIR/WK/2018/12 as well as the European Commission's Horizon2020 OPTICON grant No. 730890. The Authors would like to thank the Warsaw University OGLE project for their continuous support in this work. AB acknowledges financial support from the Netherlands Research School for Astronomy (NOVA). AG acknowledges the financial support from the Slovenian Research Agency (grants P1-0031, I0-0033, J1-8136, J1-2460). AH was funded in part by the Leverhulme Trust through grant RPG-2012-541 and by the European Research Council grant 320360. AP acknowledges support from the NCN grant no. 2016/21/B/ST9/01126. CM acknowledges support from Jim and Hiroko Sherwin. DAK acknowledges support from the Spanish research projects AYA 2014-58381-P, AYA2017-89384-P, from Juan de la Cierva Incorporación fellowship IJCI-2015-26153, and from Spanish National Research Project RTI2018-098104-J-I00 (GRBPhot). EB and STH are funded by the Science and Technology Facilities Council grant ST/S000623/1. TW was funded in part by European Research Council grant 320360 and by European Commission grant 730980. GC acknowledges the Agenzia Spaziale Italiana (ASI) for its continuing support through contract 2018-24-HH.0 to the Italian Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). GD acknowledges the observing grant support from the Institute of Astronomy and Rozhen NAO BAS through the bilateral joint research project "Gaia Celestial Reference Frame (CRF) and fast variable astronomical objects" (during 2020-2022, leader is G. Damljanovic), and support by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia (contract no. 451-03-68/2020-14/200002). G. Marton acknowledges support from the EC Horizon 2020 project OPTICON (730890) and the ESA PRODEX contract no. 4000129910. MF is supported by a Royal Society - Science Foundation Ireland University Research Fellowship NB acknowledges support from the research programme VENI, with project number 016.192.277, which is (partly) financed by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). NI is partially supported by Polish NCN DAINA grant no. 2017/27/L/ST9/03221. PAW acknowledges research funding from the South African National Research Foundation. RWW was funded by the Science and Technology Facilities Council grant ST/P000541/1. V.A.R.M.R. acknowledges financial support from Radboud Excellence Initiative, the Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) in the form of an exploratory project of reference IF/00498/2015/CP1302/CT0001, FCT and the Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) through national funds and when applicable co-funded EU funds under the project UIDB/EEA/50008/2020, and supported by Enabling Green E-science for the Square Kilometre Array Research Infrastructure (ENGAGE-SKA), POCI-01-0145-FEDER-022217, and PHOBOS, POCI-01-0145-FEDER-029932, funded by Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) and FCT, Portugal. ZKR acknowledges funding from the Netherlands Research School for Astronomy (NOVA). ZN acknowledges support from the ESA PRODEX contract nr. 4000129910. ; With funding from the Spanish government through the Severo Ochoa Centre of Excellence accreditation SEV-2017-0709. ; Peer reviewed

Perennial crops play a valuable role in agricultural economics, as they provide goods for export and jobs for the workforce as well as contribute significantly to economic prosperity at the national level. Vietnam has a high potential for perennial crop development, and thereby achieve an explosive growth in agricultural commodities. In terms of perennial crops, Vietnam now ranks among the top five international exporters of coffee, pepper and cashew. Vietnam is the second-largest producer of coffee worldwide, while it is the leading exporter of pepper globally. In 2018, the planted area of the dominant perennial crops (coffee, pepper, rubber, tea and cashew nut) reached around 2.2 million hectares (ha) nationwide, an increase of 9,000 ha compared to 2017. The Western Highlands has the largest region of perennial crop production with an area of 1.151 million ha. Dak Lak province has favorable conditions of soil (1,450 ha of basaltic soils of volcanic origin, which equals two thirds of the total basaltic soil area nationwide), as well as weather and amount of arable land, which creates an advantageous situation for the culture of perennial crops. Remarkably, the planted area of coffee and pepper dominated production at about 30% of the whole country's production in 2018, respectively. Over the years, perennial crops have changed considerably being usual dynamics of requirements. Despite its advantages and positive development trends, provincial perennial crop production has faced numerous constraints due to price fluctuation, unpredictable climatic trends, and incidence of pests and diseases. Thus, perennial crop production needs further research to ensure more evidence. Based on a systematic survey, focus group discussion, key informant interviews and participatory observation, this research project was undertaken to evaluate the practices and socio-economics of perennial crop systems in Dak Lak province, namely monocultures and intercropping systems. The aims of this project are to understand the distinct stages of perennial crop systems and to identify the socio-economic benefits of different systems concentrating on coffee and pepper crops. Additionally, the remaining aim of the study finds determinants affecting the farm's decision of adoption. The results provide critical references for farmers and policymakers on implementation or decision to plant a particular perennial crop and strategies. The findings show that the type of crop that was planted by the farmers evolved considerably in terms of crop types, crops grown, farm size, type of system and an increase of total cultivated surface. In addition, under driving forces including socio-economic transformation, political changes and ecological movement, perennial crop systems are well changed. Indeed, for many years, perennial crop systems have experienced an evolution through five stages, namely large-scale coffee and rubber plantations; perennial crop systems which are state-owned farms and cooperatives; intensified perennial crop systems; mixed crop systems, and the specialized and diversified perennial crop systems. At present, perennial crop systems are put into practice which take into account climate change, marketing and losses of fertile lands. These systems include monocultures and intercropping, which are two representative models of perennial crop systems which are investigated in this study. Simultaneously, a comparative assessment of the socio-economic benefits between two monocultures (coffee and pepper mono cropping) and an intercropping system (coffee and pepper intercropping) is presented in which the intercropping is more efficient than the monoculture under the context of constraints on key resources, risk and uncertainty. Respectively, intercropping is not only demonstrated to have high economic returns and limitations of economic risk due to the volatile market but also to have the benefits of extended seasonal employment and attraction for women as farmworkers on small farms. In other words, coffee and pepper intercropping is the most desirable option to obtain socio-economic benefits in perennial crop systems. In addition, the classifications in different approaches and groups producing are also organized to clarify these economic performances by cost-benefit analysis. The further results are obtained that intercropped farm approaches, especially in intercropped coffee farms (ICFs) generate more economic earnings than intercropped pepper farms (IPFs) while group producing coffee (GpC) appears to be more appropriate for smallholders than group producing pepper (GpP) does. At the same time, conclusions from binary and multiple logistic regression analysis highlight factors affecting decision-making of farms' decision in adopting. These factors include household characteristics, farm profits and crop profiles. This study supplies information that will allow farmers to develop productive planning with respect to choosing suitable perennial crop systems, and assist policymakers in forming small-scale perennial crop production strategies in Dak Lak province. In addition, the factors highlighted here are taken into account in the development of perennial crops. ; Les cultures pérennes jouent un rôle essentiel dans l'économie agricole, car elles fournissent des biens destinés à l'exportation et des emplois pour la main-d'œuvre, tout en contribuant de manière significative à l'essor économique au niveau national. Le Vietnam a connu un fort potentiel de développement des cultures pérennes, et atteint ainsi une croissance explosive des produits agricoles. En termes de cultures pérennes, le Vietnam se classe désormais parmi les cinq premiers exportateurs internationaux de café, de poivre et de noix de cajou. Le Vietnam est le deuxième producteur mondial de café et le premier exportateur de poivre au monde. Fait remarquable, les superficies plantées en café et en poivre dominent la production, avec respectivement environ 30 % de la production de l'ensemble du pays en 2018. Au fil des ans, les cultures pérennes ont considérablement évolué étant donné la dynamique habituelle des besoins. Malgré ses avantages et les tendances positives de son développement, la production provinciale de cultures pérennes a dû faire face à de nombreuses contraintes dues à la fluctuation des prix, aux tendances climatiques imprévisibles et à l'incidence des parasites et des maladies. Par conséquent, la production de cultures pérennes nécessite des recherches plus approfondies afin d'obtenir davantage de preuves. Sur la base d'une enquête systématique, de discussions de groupe, d'entretiens avec des informateurs clés et d'une observation participative, ce projet de recherche a été entrepris pour évaluer les pratiques et la socio-économie des systèmes de cultures pérennes, à savoir les monocultures et les systèmes de cultures intercalaires. Les objectifs de ce projet sont de comprendre l'évolution des systèmes de cultures pérennes dans le temps et l'espace, et d'identifier les avantages socio-économiques des différents systèmes en se concentrant sur les cultures de café et de poivre. En outre, le dernier objectif de l'étude consiste à trouver les déterminants qui influent sur la décision d'adoption de l'exploitation. Les résultats fournissent des références essentielles aux agriculteurs et aux décideurs politiques sur la mise en œuvre ou la décision de planter une culture pérenne particulière et sur les stratégies à adopter. Les résultats montrent que les cultures pérennes ont considérablement évolué en termes de types de cultures, de cultures cultivées, de taille des exploitations, de types de systèmes et d'augmentation de la surface totale cultivée. En outre, sous l'effet de moteurs tels que la transformation socio-économique, les changements politiques et le mouvement écologique, les systèmes de cultures pérennes ont bien changé. En effet, depuis de nombreuses années, les systèmes de cultures pérennes ont connu une évolution en cinq étapes, à savoir les grandes plantations de café et d'hévéas ; les systèmes de cultures pérennes qui sont des exploitations agricoles d'État et des coopératives ; les systèmes de cultures pérennes intensifiées ; les systèmes de cultures mixtes et les systèmes de cultures pérennes spécialisées et diversifiées. Actuellement, les systèmes de cultures pérennes sont mis en pratique en tenant compte du changement climatique, de la commercialisation et des pertes de terres fertiles. Ces systèmes comprennent les monocultures et les cultures intercalaires, qui sont deux modèles représentatifs des systèmes de cultures pérennes, qui sont étudiés. Simultanément, l'évaluation comparative des avantages socio-économiques entre deux monocultures (monoculture de café et de poivre) et un système de cultures associées (culture intercalaire de café et de poivre) a montré que la culture intercalaire est plus efficace que la monoculture dans le contexte de contraintes sur les ressources clés, de risque et d'incertitude. Il est respectivement démontré que les cultures intercalaires ont non seulement un rendement économique élevé et une limitation du risque économique en raison de la volatilité du marché, mais aussi qu'elles présentent les avantages d'un emploi saisonnier prolongé et qu'elles attirent les femmes en tant que travailleuses agricoles dans les petites exploitations. En d'autres termes, la culture intercalaire du café et du poivre est l'option la plus souhaitable pour obtenir des avantages socio-économiques dans les systèmes de cultures pérennes. En outre, les classifications dans les différentes approches et groupes de production sont également organisées pour clarifier ces performances économiques par une analyse coût-avantage. Les autres résultats obtenus montrent que les approches de cultures intercalaires, en particulier les plantations intercalaires de café (ICF), génèrent plus de revenus économiques que les plantations intercalaires de poivrons (IPF), tandis que la production groupée de café (GpC) semble plus appropriée pour les petits exploitants que la production groupée de poivrons (GpP). Dans le même temps, les conclusions de l'analyse de régression logistique binaire et multiple mettent en évidence les facteurs qui influent sur la prise de décision concernant l'adoption des exploitations. Ces facteurs comprennent les caractéristiques des ménages, les bénéfices des exploitations agricoles et les profils des cultures. Cette étude fournit des informations qui permettront aux agriculteurs de développer une planification productive en ce qui concerne le choix de systèmes de cultures pérennes appropriés, et d'aider les décideurs politiques à élaborer des stratégies de production de cultures pérennes à petite échelle à Dak Lak. En outre, les facteurs mis en évidence ici sont pris en compte dans le développement des cultures pérennes.

Il presente lavoro di ricerca persegue l'obiettivo di delineare i caratteri della figura del consumatore e dell'evoluzione che lo ha interessato attraverso un'analisi della normativa europea secondaria e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il Capitolo I ha ad oggetto le tappe principali e più significative della nascita ed evoluzione storica della politica a tutela del consumatore fin dalla Carta Europea dei consumatori del 1973, nella quale non solo si è definita per la prima volta la figura del consumatore ma sono stati elencati anche i suoi quattro diritti fondamentali: il diritto alla protezione e all'assistenza; il diritto al risarcimento del danno per la circolazione dei prodotti difettosi e per la diffusione di messaggi menzogneri; il diritto all'informazione e all'educazione e il diritto alla rappresentanza. Il momento di svolta si è avuto di lì a poco con l'approvazione, il 14 aprile 1975, della risoluzione del Consiglio, con la quale si è dichiarato l'intento della Comunità Europea di realizzare l'armonizzazione delle varie normative nazionali sul tema. Successivamente, se il Trattato di Maastricht ha consacrato come settore autonomo la politica di protezione dei consumatori, dedicando il Titolo XI alla "Protezione dei consumatori", il Trattato di Amsterdam ha, invece, introdotto la protezione dei diritti e degli interessi dei consumatori quale obiettivo immediato dell'Unione Europea. Dopo un'analisi storica del diritto dei consumatori, si tenterà un'analisi delle tecniche utilizzate a questo scopo dal legislatore europeo, dalla c.d. armonizzazione minima fino a quella "mirata". In una prima fase, il consumatore viene identificato esclusivamente quale mezzo attraverso cui raggiungere la piena realizzazione del mercato unico. Se, dunque, originariamente l'Europa ha guardato al consumatore come soggetto (razionale) semplicemente bisognoso di protezione, si è successivamente assistito ad un cambio di atteggiamento volto, invece, a considerarlo come "motore" del mercato interno. È in questo cambio di prospettiva che si inseriscono gli studi delle nuove scienze psicologiche e cognitive che hanno dimostrato i limiti cognitivi di cui soffrono gli individui. In particolare, il Capitolo II sarà dedicato all'analisi degli studi che hanno perseguito l'obiettivo di costruire un modello concreto di agente economico. Grazie ad essi si è potuto abbandonare il presupposto della teoria economica classica secondo cui il consumatore è un individuo razionale che, semplicemente, ha bisogno di essere informato. Ecco allora che la protezione dei consumatori passava (e passa tutt'ora) attraverso l'imposizione, a carico del professionista, di ingenti obblighi informativi, atteso che il consumatore sarebbe stato comunque in grado di gestire in maniera efficiente un enorme flusso di dati. Detti studi hanno contribuito alla nascita di un nuovo metodo di analisi, la Behavioral Law & Economics, che critica il modello dell'homo oeconomicus in quanto astratto e irrealistico. Secondo questo approccio, l'inefficienza non deriva solamente da asimmetrie informative ma altresì da una capacità non ottimale di elaborare le informazioni da parte degli agenti economici: l'individuo, anche avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie su tantissimi prodotti o servizi, non è comunque in grado di sfruttarle interamente. Pertanto, nel Capitolo III, ci si chiederà se, tanto nel diritto europeo dei mercati quanto in quello dei contratti, risulti possibile affermare che il legislatore europeo abbia attinto ai risultati delle scienze comportamentali. In questo senso, la Direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti con il consumatore, considera non vincolanti per il consumatore solamente quelle clausole che non sono state oggetto di trattativa individuale e che determinano "un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto". E' chiaro che tale normativa vuole proteggere non tanto il consumatore che non ha abbastanza informazioni ma quello che non può processarle tutte. Allo stesso modo, all'interno della normativa sulle pratiche commerciali sleali, previste dalla direttiva 2005/29/CE, si è perseguito l'obiettivo di reprimere gli abusi posti in essere dalle imprese attraverso l'utilizzo di tecniche di manipolazione o di pressione psicologica degli agenti economici. Da un lato, ai sensi dell'art.6 della direttiva in esame, sono considerate ingannevoli (e quindi vietate) tutte quelle pratiche commerciali che, in qualsiasi modo, possano ingannare il consumatore medio (anche se "l'informazione è di fatto corretta") spingendolo ad osservare un comportamento economico che non avrebbe altrimenti adottato. Dall'altro lato, ex art.8, vengono considerate aggressive quelle pratiche idonee a limitare considerevolmente la libertà di decisione del consumatore medio, non solo mediante molestie o coercizione ma anche attraverso "indebito condizionamento". Tale direttiva, se è vero che ha ad oggetto il consumatore "normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvenuto" (considerando n. 18), fa riferimento altresì ai soggetti dotati di particolari fattori di vulnerabilità: a tal proposito, l'art.5 dispone che se la pratica è idonea ad influenzare il comportamento di un gruppo di consumatori "particolarmente vulnerabili a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità", essa deve essere valutata in riferimento al membro medio del gruppo. Identico scopo, mutatis mutandis, ha anche la disciplina relativa all'etichettatura dei prodotti agroalimentari oggetto di disciplina da parte del regolamento (UE) 1169/2011. Il legislatore, consapevole che spesso il consumatore che acquista un prodotto alimentare non ha né tempo né le competenze tecniche per leggere e comprendere il significato di tutte le indicazioni apposte sull'etichetta di un prodotto, ha individuato non soltanto quelle indicazioni che devono necessariamente essere inserite sull'etichettatura (senza le quali si presume che il consumatore non sia messo nelle condizioni di poter assumere una scelta libera e consapevole) ma soprattutto le modalità di redazione delle stesse. All'interno poi delle direttive di settore si osserverà che l'Unione non soltanto ha iniziato a considerare anche categorie "speciali" di consumatori vulnerabili (si pensi al concetto di "povertà economica" nel settore energetico) oltre che a predisporre strumenti di protezione per i "clienti", indipendentemente dallo status o meno di consumatori. Si pensi, a titolo di esempio, alla direttiva in materia di mercati degli strumenti finanziari, c.d. MiFID II, che classifica i clienti in tre categorie, ciascuna con una diversa intensità di protezione. In particolare, la categoria considerata più debole risulta quella dei "clienti retail" che ha diritto ad una protezione più pregnante e intensa. Tale classificazione non è però rigida, atteso che si consente di chiedere ad essi di essere trattati come clienti professionali (finendo per godere così di un livello di protezione meno intenso) anche se la scelta deve essere sottoposta alla preventiva valutazione del professionista. Qui non si apprezzerà unicamente che la categoria di "cliente retail" non coincida esattamente con quella di consumatore, ma soprattutto l'attenzione del legislatore europeo ai risultati della Behavioural Finance per cui "gli investitori sembrano commettere sistematicamente errori, di ragionamento e di preferenze, difficilmente conciliabili con l'assunto di razionalità delle scelte". Queste considerazioni si concretizzano tanto nell'imposizione all'intermediario finanziario di obblighi di valutazione e categorizzazione del cliente in base alla sua concreta e specifica situazione finanziaria, quanto nella predisposizione del c.d. "questionario MiFID" che dovrebbe tenere conto, nella formulazione delle domande al cliente, dei bias cognitivi studiati dalle scienze comportamentali. La Sezione II del presente lavoro di ricerca persegue invece il precipuo intento di mostrare che la frammentazione della figura del consumatore non risulta essere un fenomeno esclusivamente europeo. In un'ottica comparativa con l'ordinamento giuridico americano, se è vero che in riferimento al mercato dei prodotti alimentari anche il legislatore statunitense si preoccupa di individuare le c.d. nutrition facts da apporre sull'etichetta, differente è invece la materia della protezione dei marchi. In particolare, quanto alle fonti normative, mentre in Europa la materia delle "indicazioni geografiche" viene disciplinata da una normativa appositamente predisposta (basti pensare al Regolamento (UE) 1151/2012), negli Stati Uniti non esistono norme ad hoc ma una pluralità di disposizioni previste in materia di marchi commerciali, concorrenza sleale e sicurezza dei consumatori. Essendo gli Stati Uniti il paese che più degli altri ha visto un aumento nell'utilizzo dell'e-commerce, il legislatore d'oltreoceano ha ritenuto recentemente di predisporre una diversa disciplina per tutelare il consumatore che acquista online. In particolare, il legislatore americano, attraverso l'adozione del SANTA Act e dello SHOP SAFE Act, ha voluto soprattutto garantire al soggetto che acquista sul market place, tutele più efficaci ed effettive contro le possibili lesioni causate dalla vendita di prodotti contraffatti o difettosi. La peculiarità di questo ordinamento è il sistema di c.d. responsabilità oggettiva del produttore, atteso che la parte lesa non deve dimostrare la colpa ovvero il dolo del produttore per poter ottenere il risarcimento del danno. Ove, tuttavia, il consumatore riesca a dimostrare l'esistenza anche dell'elemento soggettivo, non soltanto otterrà un risarcimento a titolo di compensazione per il danno patito, ma, in aggiunta, un quid pluris: i punitive damages. Infine, gli ultimi paragrafi del presente elaborato saranno dedicati allo studio del mercato bancario e della normativa antitrust: nel primo si osserverà come le esigenze di tutelare il risparmiatore americano, tipicamente inesperto, abbiano imposto la preferenza per strumenti di public enforcement, tra i quali spicca sicuramente la c.d. class action. Viceversa, nella normativa antitrust, al fine di far valere ed ottenere il risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale, risulta possibile individuare l'utilizzo di un sistema basato sul c.d. private enforcement.

The paper aims to articulate an "encounter" between Autonomist Marxism (AM) and World-Ecology (WE), that is, between two theoretical paradigms increasingly discussed at the global level, but so far never analyzed in close connection to one another. AM is a current of unorthodox Marxism that is characterized, methodologically, by the partiality of the point of view, the constitutive unity of thought and conflict, the ambivalence of the working-class condition (labor force / abstract labor within capital, working class / living labor against capital), and the centrality of class composition. Politically, AM proposes two main innovations: the practice of refusal of work, and the so-called Copernican revolution, according to which class struggle comes first and capitalist organization follows suit (instituting, therefore, a causal and incremental link between workers' unrest and capitalist development).WE can be defined as a global conversation that develops the analysis of the world-system along distinctively environmental lines: capitalism, therefore, does not have an ecological regime, but rather is an ecological regime, i.e. a specific way of organizing nature. Beyond any residue of Cartesian dualism, the concept of world-ecology refers to an original mixture of social dynamics and natural elements that make up the capitalist mode of production in its historical development, and in its tendency to become a world-market. In this framework, the capitalist theory of value imposes space as flat and geometric, time as homogeneous and linear, and nature as external, infinite, and free.The aim of this paper is to show that, although the two perspectives relate to the question of the (ecological) crisis in a very different way, they can be effectively integrated if juxtaposed on a different level - that of the historico-political analysis of the question concerning the environment. Both approaches originally rework Marx's crisis theory, but they do not completely avoid the polarization that marked its evolution: development vs. catastrophe.AM tends to renew the tradition that sees the crisis as a moment of development and historicizes it through original interpretations of the cycle of struggles 1968-1973, claiming its defeat was "peculiar" as it imposed a change in the structure of capitalist valorization in the direction of an expansion of its accumulation base. The causes of this transition are to be found in the intersection between the financialization of the economy, the cognitization of labor and, above all, the becoming-productive of the sphere of social reproduction. On the other hand, WE elaborates the so-called "breakdown" theory in unprecedented fashion. The starting point is a convincing reconstruction of the historical succession of long waves of economic cycles through an articulation of underproduction (of ecological surplus) and overproduction (of commodities). Thus, WE provides an instrumental ecological counterpoint to the socio-centric reading of AM through the fundamental notion of negative value — the most innovative analytical element with regard to the neoliberal form of crisis theory. However, the general discursive strategy follows that of every breakdown theory ever since the "classical" debate within the Second International. Therefore, it is aimed at showing that, although the crises of the twentieth century were developmental (that is, they fostered the capitalist restructuring at a higher level), the crisis we live through nowadays presents itself as epochal in that its result is deemed to be an inevitable collapse.The convergence between the two paradigms —which is actually a rather demanding theoretical exchange, and as such require some deep rethinking for both positions— can take place through a re-reading of the historical process of politicization of ecology. Although it is customary to date it between the mid-seventies and the following decade —i.e. after the great cycle of Fordist conflicts— in recent years a different hypothesis is being tested: that such politicization occurred not only a decade earlier, but also, and above all, because of rather than despite the struggles of the workers' movement (in close connection with the rise cycle of revolutionary feminism). With particular regard to the Italian context, the struggles against noxiousness, which multiplied between the end of the 1960s and the beginning of the 1970s, and often in opposition to the confederal unions, were the first to fiercely criticize the so-called monetization of risk; that is,the idea that wage increases and/or organizational benefits could "compensate" for exposure to pollutants, even hazardous ones. Although this criticism would never become common sense of trade union action, such occurrence does not deny that it was first of all the strength of organized workers that blew up the compensatory mechanism and (im)posed the ecological question as politically unavoidable. Only at a later stage will the environmental movement emerge along with a new post-materialist sensitivity among the urbanized intermediate strata.Against this background, the paper proposes an analysis of neoliberal green economy —i.e. the capitalist attempt to internalize the ecological limit, turning it from obstacle to valorization, through an innovative strategy of accumulation— as simultaneously assuming the form of development (in accordance with AM hypothesis) and of anti-development (in accordance with WE hypothesis). From this plausible "convergence" could then emerge a political interpretation of the contemporary ecological crisis, capable of questioning the relationship between capitalism and nature by avoiding both catastrophism and the elective affinity between the logic of profit and the logic of environmental protection.In this unprecedented context, WE can grasp the second aspect through the concept of negative value, which correctly conveys the message that climate change, health-related emergencies, and the narrowing of waste borders make the ecological crisis an unprecedented everyday reality in the history of capitalism. In fact, negative value implies an internal contradiction of the dynamics of capital and, above all, an ontological challenge to the valorization project, therefore to capitalist civilization tout court.On the other hand, AM is in a privileged position to make sense of the shift from the rhetoric of limits to growth, which somehow alluded to environmental noxiousness as a crisis of capitalism, to a rhetoric of growth of limits, which identifies these latter as drivers of accumulation, as "filters" that turn the ecological constraint into a crisis for capitalism. Furthermore, AM can now show that commodities traded on environmental markets contain value as they are produced by hybrid units of labor (reproductive / informational) and nature (financialized). However, the developmental potential of such green economy must also be relativized. In fact, the process of enhancing the "free" activity of nature seems, at least until now, to be unable both to "repair" the environmental damage already done and to provide widespread social protections potentially able to compensate for the class polarization that invariably accompanies the multiplication of financial dividends. What neoliberal capitalism lacks is an inclusive mechanism capable of (partially) socializing financial profits either through a decarbonization of the economy, or through the formation of a new middle class (or both). ; Este artículo pretende articular un encuentro entre el operaísmo y la ecología-mundo, es decir, un encuentro entre dos paradigmas teóricos cada vez más objeto de debate a nivel global, pero que, hasta el momento, no han sido analizados en estrecha relación. El operaísmo es una corriente del marxismo heterodoxo caracterizada por centrarse en la ambivalencia de la condición de la clase obrera (fuerza de trabajo/trabajo abstracto dentro del capital, clase obrera/trabajo vivo contra el capital) y la noción de la composición de clases sociales. La ecología-mundo puede definirse como un diálogo internacional que desarrolla el análisis del sistema-mundo desde una perspectiva ambiental: el capitalismo, por lo tanto, no tiene un régimen ecológico, sino que es un régimen ecológico, es decir, constituye un modo especifico de organizar la naturaleza. El objetivo de este artículo es demostrar que, a pesar de que las dos perspectivas se relacionan con la cuestión de la crisis (ecológica) de forma muy distinta, ellas pueden integrarse eficazmente si son yuxtapuestas a otro nivel: el del análisis histórico-político de la cuestión medioambiental. En su origen, ambos planteamientos revisan la teoría de la crisis de Marx, pero no eluden la polarización que caracteriza su evolución: mientras que el operaísmo tiende a reafirmar la tradición que considera la crisis como un momento de desarrollo, la ecología-mundo desarrolla la teoría de la brecha metabólica de un modo bastante inaudito. La convergencia entre estos dos paradigmas —lo que, en realidad, constituye un exigente intercambio teórico y que, por lo tanto, requiere una intensa reflexión por parte de ambas posiciones— puede producirse a través de una relectura del proceso histórico de la politización de la ecología. Aunque se suele situarlo entre mediados de los años setenta y la siguiente década —tras el gran ciclo de conflictos fordistas—, en los últimos años se está comprobando una hipótesis distinta: esta politización no sólo ocurrió una década antes, pero también, y, sobre todo, sucedió debido a, y no a pesar de, las luchas del movimiento obrero (en estrecha relación con el surgimiento del feminismo revolucionario). En ese contexto, la economía verde neoliberal —es decir, el intento capitalista de internalizar el límite ecológico, transformándolo de un obstáculo a la valorización a una estrategia innovadora de acumulación— asume simultáneamente la forma de desarrollo (en línea con la hipótesis postulada por el operaísmo) y la de antidesarrollo (en línea con la hipótesis defendida por la ecología-mundo). De esta "convergencia" plausible podría emerger entonces una interpretación política de la crisis ecológica contemporánea capaz de cuestionar la relación entre el capitalismo y la naturaleza, al evitar tanto el catastrofismo como la afinidad electiva entre la lógica del beneficio y la lógica de la protección medioambiental.

Global Governance has been increasingly used in the study of International Relations which, thanks to its versatility and utility, has generated an expansion of its conceptual, methodological, and practical scope. Regional governance is a useful derivation because it makes it easier to understand, from a more precise perspective, how global issues with local repercussions are solved. In this sense, the article shows that security governance in Latin America is characterized by enduring balance of power practices, geopolitics, and mistrust between different parties. At the same time there is coexistence between the historical intention to establish security communities, to find resolutions to controversies, and to solve disputes through institutional instruments, principles, and values that favor peaceful means. In other words, in the region we are in the presence of a hybrid security governance, with practices that evolve over time in accordance with three key factors: the behavior of States and other agents, the capacity of institutions to overcome structural and conjunctural challenges, and finally, the effects of changes in perceptions of organized crime and other ideological and political challenges. Therefore, this article consists of three parts. In the first, the definitions and scope of global governance will be reviewed. Subsequently, its utility will be validated for the comprehension of regional orders and the characteristics that are forged there. Finally, it will be used to expose the hybrid characteristics in Latin America throughout the 21st century. Traditionally, since its inception as a scientific discipline, the explanations provided by International Relations,have been the subject of multifaceted debates. In fact, it was through these great debates, sometimes theoretical and in other cases methodological, that the discipline grew in terms of academic and research production, as well as in the political scope for decision-making. This led to the creation of a true field of study, which took as its initial object of study the area of war and peace between nations, before later moving on to cooperation, the environment, and other issues of the contemporary international agenda. Likewise, governance has been an ideal vehicle to give greater scope and heterogeneity to explanations of processes and empirical events, ones which go beyond traditional theoretical approaches such as realism, institutional liberalism or constructivism. Along the same lines, this progressive academic production has stimulated the specialization and concentration of governance in regional orders, since it allows a clearer reflection on the historical patterns of behavior among the members. This offers a more nuanced explanation of the challenges present,the responses required for structural or conjunctural issues, and the eventual emergence of distinctive elements between different groups. Security governance has mainly focused on four challenges to solve. First, the expansion of the research agenda to specific contexts; second, the greater attention that academic production should give to the relationship between intergovernmental organizations and other non-state actors in defined spaces; third, the predominance of explanations on security in the Euro-Atlantic region and, finally, the need to further link the security governance agenda to debates on region and regionalism. In the same way, the construction and specific behaviors developed in the regions cannot be detached from global dynamics. In this sense, regardless of the geographical character of a region such as Europe or South America, these are mainly political factors, as Hurrell well recognizes, that regional dynamics are a historical social construction, which has been politically contested and criticized. with the intention of recognizing patterns of continuity and transformation, which facilitate the identification of dynamics that particularize and distinguish between them. In this sense, Latin America has not neglected the use of governance, as a concept and as a valid analysis methodology to understand the distinctive characteristics that have made up a particular set of elements that, on the one hand, endure over time and, on the other hand, have recently changed. When referring to security, the opposing points of view show the emergence and incipient development of a heterogeneous, incomplete, and controversial governance. The main objective of this article, based on a hybrid and eclectic approach, will be to understand the evolution of the concept of governance and establish the characteristics of security for Latin America. Thus, in matters of security governance, this article highlights the hybrid character from two lines of argument; on the one hand, there are defenders of a vision based on geopolitics, the balance of power and the latent tension between states; and on the other, there is one more oriented to analyze security characteristics from a constructivist, associative and cooperative perspective. Indeed, Adler and Greve presented an interesting initial reflection on the subject, in the sense that both are necessary for the holistic understanding of the movements, not always ascending, that states carry to equip themselves with instruments and mechanisms that enable them. They allow you to live together in a more harmonious and peaceful way. First, some authors situate regional governance in mainly realistic terms, in which the dynamics of balance of power between states continue to prevail two hundred years after independence. They underline, for example, realities of ungovernability, while a series of specific variables, among which at least five stand out: first, the old geopolitical tensions between states continue to determine situations of conflict and mistrust; secondly, the competencies of individual and personal leaders in provision of common goods and dispute resolution stand out. Third, regional disputes have continued to be fueled both by internal competition - that is, between the states of the region - and, at the same time, by permissiveness in the face of the influence of external powers; Fourth, the importance of the quality of democracy for the countries of the region, which facilitates internal governance processes and strengthening the rule of law and, finally, the link between security and the economy in terms of economic development, that is, the effect of economic independence and economic autonomy in strengthening state security. Second, there is the most interpretive line of reflection on reality, highlighting that beyond the instruments of power and geopolitical, political processes and new ideological realignments must be understood, in which the following variables can be highlighted: first, the internal factors that condition or reinforce the international action of the States; second, the regional redefinition based on the creation of alternative multilateral forums, beyond the OAS, such as CELAC, UNASUR or ALBA, in which there are also components not only of trade and integration, but also of security and, finally, the little regional cooperation in security with low institutional, political and budgetary density. ; La gobernanza global es un enfoque que se incorpora con mayor interés en el estudio de las Relaciones internacionales. Su versatilidad y utilidad amplían el alcance conceptual, metodológico y práctico de la disciplina, lo cual permite investigar y explicar las interacciones y procesos en ocasiones poco claros que se producen entre actores de distinta naturaleza. Desde esta aproximación, la Gobernanza se ha erigido como una herramienta que amplía las explicaciones de los enfoques conceptuales y metodológicos tradicionalmente utilizados, en otras palabras, la gobernanza es un enfoque multidisciplinario y reflexivo que logra desvanecer fronteras interpuestas por los lentes teóricos convencionales y adicionalmente genera nuevas comprensiones entre lo global y lo local. Con base en lo anterior, se ha abierto y estimulado la utilización de la gobernanza al estudio de los órdenes regionales, pues aquellos se encargan de gestionar la agenda internacional, variada y compleja, ubicándose en un punto medio entre dinámicas globales y afectaciones locales. En ese sentido, ha contribuido a fortalecer una comprensión holística de los patrones históricos de comportamiento entre los miembros que los conforman, otorgándole mayor profundidad, ampliación y reflexividad a los procesos y desafíos allí presentes, así como a las respuestas requeridas a disyuntivas estructurales y coyunturales que evolucionan o emergen. En ese sentido, América Latina ha vivido en los últimos veinte años importantes transformaciones en la forma en la que se relacionan los estados y otros actores. La agenda de seguridad no ha sido ajena al fenómeno, por el contrario, el estudio de la gobernanza de seguridad se ha insertado como una categoría adicional de estudio. Así las cosas, la seguridad contemporánea emerge de una combinación entre estructuras políticas, sociales y culturales, que reflejan tendencias históricas, así como nuevos marcos de comprensión analítica, generando un espacio gris, híbrido y heterogéneo. El objetivo central de este artículo es establecer aquellas variables teóricas y prácticas necesarias para el estudio de la gobernanza híbrida de seguridad en América Latina a lo largo del siglo XXI a partir de un enfoque metodológico analítico, ecléctico y situado que señale los elementos distintivos y al mismo tiempo disputados o enfrentados que le han dado forma a la región. Se señala entonces que, la gobernanza híbrida seguirá alterando las definiciones tanto de seguridad como de región, conforme se alteren las dinámicas de poder, los principios y valores que guían el comportamiento de los agentes involucrados y la eficacia que tengan las organizaciones regionales para la gestión de los desafíos presentes y futuros. Para lo anterior, este escrito consta de tres partes. En la primera, se hará una revisión exhaustiva de las definiciones y alcance de la gobernanza global para así facilitar la comprensión sobre su utilidad teórica, revisando algunas críticas. Posteriormente se validará su beneficio para formular nuevos marcos de comprensión acerca de los órdenes regionales y las características que allí se forjan y, finalmente, se empleará para mostrar cómo ha consolidado una estructura heterogénea, disputada y conflictiva que no se ha terminado de completar o de desarrollar en América Latina.

Contemporary hostility towards Muslims at the global level and the consolidation of Islam in the geopolitical context as an anachronic alterity to the West cannot be understood without addressing the dynamics of the LGBTQ globalization framework. Although this hostility has so far encompassed very diverse areas like the compatibility of Islam with democracy, the regulation of the visibility of Islam in the public space, and the institutionalization of Islam and its relation to immigration, currently there has been an intensification of a praxis of control over some Muslim subjects by contemporary nation-states. These practices have been accompanied by a certain rhetoric on antiterrorism, securitization, nationalism and patriotism, where the LGBTQ question has played a fundamental role. This phenomenon highlights the emergence of a specific form of Islamophobia—referred to as 'queered Islamophobia' in this article—related to what Puar (2007) coined as 'homonationalism' more than a decade ago to denounce an aspect of modernity marked by a convergence between diverse state practices, transnational LGBTQ politics and the emergence of new Islamophobic discourses nourished by the neoliberal instrumentalization of LGBTQ. The homonationalist logic is underpinned by a culturalist discourse that promotes a dichotomous view of the world, where the West —modern, secular and LGBTQ friendly— finds itself face to face with its alter ego —orientalized, anachronistic, Islamic fundamentalist and LGBTQ phobic. This confrontation becomes effective through the transnational production of two antagonistic subjects. National homosexual subjects can only exist outside the limits of religion embodying agency and resistance, and their national legitimacy is done at the expense of their depoliticization and their participation in the subalternization discrimination and criminalization of Muslim sexual-racial subjects. They, in turn, embody neo-Orientalist ideas that link Islam with a lack of agency, depravity and/or sexual repression and LGBTQ phobia, and seem to be invariably evaluated through the lens of LGBTQ Western neoliberal secularism. The theoretical construction of Muslim sexual-racial subjects and so-called Muslim homophobia is, at this time, central to debates on values and securitization in the West and is used to justify repressive antiterrorist measures within Western nation-states (Haritaworn, 2008). Hostility towards gender and sexual diversity connected to Islam and/or Muslims has been conceptualized in different ways. Authors like Abraham (2010) refer to it as hegemonic Muslim homophobia, while Massad (2008) categorizes it as Islamic resistance to Western imperialism. In either case, it seems clear that the assumption of religiosity, in the Geertzian (1966) sense, constitutes a determining element when defining what a Muslim is —or is not— and explains their attitudes towards LGBTQ (Rahman, 2014). The problem is particularly acute considering the urgent need to address LGBTQ phobia as a compendium of geographical, cultural, sociopolitical, economic and legislative factors that goes beyond the strictly religious question. Indeed, the current rejection towards LGBTQ based on traditionalist interpretations of Islam —'Islamicate LGBTQ phobia' in short— and the growing institutionalized repression against sexual and gender minorities in Islamicate nation-states are part of a problem with many elements that cannot be understood without addressing some issues. Firstly, the relationship between gender and sexual diversity in relation to the Islamic tradition is complex. The second question concerns the influence of colonialization and neocolonialization on the gradual transformation of the traditional forms of sex/gender diversity that developed in the historic lands of Islam, as well as on social perception and the legislation adopted regarding these forms in the aforementioned states. The emergence of sexual liberation movements in the United States and Europe in the 1970s entailed an ongoing process of homosexualization (Roscoe, 1997) through which contemporary globalized LGBTQ categories have spread around the world (Rao, 2015). When combined with the rise of Islamic fundamentalism and the emergence of Islamicate nation-states, this process has constituted a threat to the continuity of the traditional forms of sex/gender dissidence. This phenomenon would not have been possible without the construction of an invented tradition of Muslim homophobia that is being instrumentalized both in the West—through the disciplinary apparatus of nation-states—and in Muslim-majority countries—through certain forces linked to Islamic fundamentalism—with the common purpose of legitimizing control over the internal order of the societies of both frameworks (Rahman, 2015). The main objective of this article is to review the state of the art of Islam in LGBTQ globalization by looking at the specific historical forms in which knowledge linked to each of these two axes is constituted, as well as the social practices, forms of subjectivities and power relations inherent to such knowledge from the point of view of surveillance, control and banishment strategies. This exercise will be materialised through the analysis of the two hegemonic oppositional positions of Islam and gender and sexual diversity—one of Islamicate LGBTQ phobia and the other of queered Islamophobia—through which Muslims in general and LGBTQ Muslims in particular are subalternized, discriminated against and criminalized today both in the West and in Muslim-majority countries. To that end, the present article proposes a queer approach that aims to contributes to international studies—and the contemporary debates within them—in which LGBTQ issues in relation to Islamic tradition are largely missing. In this regard, while the connections between race, ethnicity, religion, religion, class, gender, sexuality, state and nation have been addressed by certain disciplines of the social sciences, there is still reluctance to take queer contributions into account and, even more so, to frame them within the umbrella of the recently named field of Queer International Relations (Weber, 2016). For the purpose of this work, and without wishing to provide here a specific definition of a queer approach, what is really at stake in any queer research is not so much a specific methodological proposal, but rather a substantial political commitment to place gender and sexuality at the forefront of social science analysis, challenging, in so doing, the hegemonic orders denounced in their research. The queer approach is understood here, therefore, in the sense of moral and political commitment and counter-hegemonic denunciation, rather than in terms of disloyalty to conventional academic methods to which certain queer theorists refer. The article is structured in four sections: introduction, theoretical-methodological approach, discussion and conclusions. The introductory section clarifies from a critical anthropological perspective the relevance of the reconceptualization of religion as a category of analysis when approaching the study of Islam. The section on theoretical and methodological approach reflects on the implications of putting queer studies and international relations in conversation. The first discussion heading, focusing on Islamicate LGBTQ phobia, reflects on the relationship between sexual and gender dissidences, Islamic tradition and Muslim identity, as well as on the influence of colonization and neo-colonization on the current state of these dissidence within Muslim-majority countries. The second discussion heading, dealing with queered Islamophobia, delves into the framework of homonationalism and the consolidation of LGBTQ as a requirement for access to citizenship and as a civilizational marker of Muslim otherness. Finally, I present some brief conclusions and outline some possible future lines of research. ; El objetivo de este artículo es la elaboración de un estado de la cuestión sobre el islam en el marco de la globalización LGBTQ atendiendo a las formas históricas específicas en que se constituye el conocimiento vinculado a cada uno de estos dos ejes, además de las prácticas sociales, las formas de subjetividad y las relaciones de poder inherentes a tales conocimientos desde el punto de vista de las estrategias de vigilancia, control y prohibición. Este trabajo se ha llevado a cabo a través del análisis de las dos posiciones hegemónicas de oposición entre islam y diversidad sexual y de género —una, de LGBTQfobia islamizada, la otra, de islamofobia queerizada— sobre la base de las cuales las personas musulmanas, incluyendo las LGBTQ, son subalternizadas, discriminadas y criminalizadas en la actualidad, tanto en Occidente como en los países de mayoría musulmana. Este trabajo propone un enfoque queer a través del cual poner en conversación las Relaciones Internacionales y los estudios transnacionales y/o globales queer en torno a las conexiones contemporáneas entre raza, religión, clase, género, sexualidad, estado y nación desde un compromiso de denuncia contrahegemónica. Con el fin de profundizar en todas estas cuestiones el artículo está estructurado en cuatro secciones: introducción, enfoque teórico-metodológico, dos epígrafes de desarrollo y conclusiones. El apartado introductorio clarifica, desde una perspectiva antropológica crítica, la pertinencia de la reconceptualización de la religión como categoría de análisis a la hora de abordar el estudio del islam. El primer epígrafe de desarrollo, centrado en la LGBTQfobia islamizada, analiza los múltiples elementos geográficos, culturales, sociopolíticos, económicos y legislativos que componen esta problemática. El segundo epígrafe de desarrollo, dedicado a la islamofobia queerizada, profundiza en el ensamblaje del homonacionalismo y constata la consolidación de lo LGBTQ en tanto que requisito de acceso a la ciudadanía y como marcador civilizacional de la alteridad musulmana. Finalmente, en el apartado de conclusiones, se presenta un resumen de los resultados del trabajo y se pincelan algunas posibles futuras líneas de investigación.

En la segunda sección del evento Economía de la Informalidad Conferencia 2020, se presento el Keynote Speaker: Comercio e informalidad en presencia de las fricciones y regulaciones del mercado laboral a cargo de Costas Meghir (Profesor de Economía, Yale University) quien nos habló sobre las regulaciones del mercado en tiempos de Covid-19. Durante su charla, Costas se centró en la explicación y ampliación de sus paper, en el que trabajó en coautoría con Rafael Dix-Carneiro, Pinelopi Goldberg y Gabriel Ulyssea. Y con el que busca comprender los efectos del comercio sobre el mercado laboral y el bienestar, en un mercado laboral con un sector informal grande, muy regulado, pero con poca capacidad de hacer cumplir las normas. Dicho esto, según Meghir, a la informalidad se le puede definir para los trabajadores, como aquellos que no tienen un empleo permanente y estable, con contrato, y no tienen afiliación ni beneficios a salud y seguridad social; y, para las firmas, como aquellas que no son visibles para las autoridades tributarias y el gobierno, y evaden ilegalmente las regulaciones del mercado laboral. Es preciso mencionar que, las implicaciones de la existencia de informalidad son perniciosas principalmente por dos razones: en primer lugar, una importante evasión fiscal que obstaculiza la capacidad fiscal y el suministro de bienes públicos; en segundo lugar, podría implicar una asignación sustancialmente incorrecta de recursos y obstaculizar el crecimiento, ya que las empresas no productivas pueden sobrevivir evadiendo impuestos y evitando el cumplimiento de las regulaciones del mercado laboral. Adicionalmente, los empleados informales no tienen estabilidad laboral, seguro al desempleo, ni reciben contribuciones a la seguridad de parte de sus empleadores. Brasil, donde se experimentó un episodio de liberalización comercial relativamente rápido e intenso a principios de la década de 1990, pese a que sigue siendo una economía relativamente cerrada, constituye un caso de estudio relevante por varias razones. Primero, tiene regulaciones laborales estrictas y onerosas que se aplican de manera imperfecta y un gran sector informal: casi dos tercios de las empresas, el 40% del PIB y el 48% de los empleados son informales. En segundo lugar, el caso brasileño es típico de los países en desarrollo, especialmente en América Latina, donde la fuerza laboral urbana empleada informalmente promedia más del 50%, esta cifra varía del 35% en Chile al 80% en Perú. En tercer lugar, tiene una disponibilidad y calidad de datos únicas, lo que permite la observación directa de la informalidad para los trabajadores y las empresas. Las principales conclusiones de los experimentos hipotéticos que se llevaron a cabo fueron: 1). Los aranceles a las importaciones tienen efectos insignificantes sobre el bienestar y la informalidad. Aranceles por encima del 50% reducen el ingreso per capita, incrementan la informalidad principalmente en manufactura, e incrementan el desempleo. 2). En general, los efectos (relativos) de la liberalización del comercio sobre el bienestar y los resultados del mercado laboral no son muy diferentes en una economía con un gran sector informal en comparación con una economía sin un sector informal. Lo más interesante es que la erradicación de la informalidad tiene efectos positivos en la productividad, pero reduce el ingreso per capita dad la reducción que se presenta en las variedades. Pequeñas reducciones en la informalidad también reducen el desempleo. 3). Los efectos de eliminar la informalidad dependen de otras regulaciones como la del salario mínimo. Su eliminación podría incrementar el desempleo. 4). El incremento del salario mínimo incrementa el desempleo y la informalidad. 5). El sector informal funciona como un amortiguador cuando la economía se ve afectada por shocks negativos. Los efectos de un impacto negativo de la productividad agregada sobre el desempleo y el bienestar son mayores en una economía sin un sector informal. Sin embargo, las ganancias en bienestar derivadas de la erradicación de la informalidad son tan grandes que es difícil justificar la indulgencia hacia el sector informal sobre la base de que funciona como un amortiguador en tiempos económicos difíciles. 6).Un choque de productividad positivo no conduce a una menor informalidad. Los resultados sugieren lo contrario, ya que el progreso tecnológico aumenta los ingresos agregados, conduce a una reducción del umbral de productividad de entrada al sector informal. 7). El aumento de la apertura comercial, unas políticas más laxas en el mercado laboral y el crecimiento económico no son suficientes (por sí mismos) para compensar la mala asignación causada por una pobre supervisión de la regulación de las normas del mercado laboral. Por lo tanto, el artículo recomienda que los gobiernos se esfuercen por lograr una mejor vigilancia que force a los actores del mercado a cumplir con la normatividad que rige al mercado laboral, para por esa vía lograr reducir la informalidad. La forma en que los gobiernos deberían implementar este aumento en la aplicación es un tema interesante para futuras investigaciones. ; In the second section of the Economics of Informality Conference 2020 event, the Keynote Speaker: Trade and informality in the presence of labor market frictions and regulations was presented by Costas Meghir (Professor of Economics, Yale University) who spoke to us about the market regulations in times of Covid-19. During his talk, Costas focused on the explanation and expansion of his papers, in which he co-authored with Rafael Dix-Carneiro, Pinelopi Goldberg and Gabriel Ulyssea. And with the one that seeks to understand the effects of trade on the labor market and well-being, in a labor market with a large informal sector, highly regulated, but with little capacity to enforce the rules. That said, according to Meghir, informality can be defined for workers, as those who do not have a permanent and stable job, with a contract, and do not have affiliation or benefits to health and social security; and, for firms, such as those that are not visible to tax authorities and the government, and illegally evade labor market regulations. It should be mentioned that the implications of the existence of informality are pernicious mainly for two reasons: first, significant tax evasion that hinders fiscal capacity and the supply of public goods; second, it could involve a substantially misallocation of resources and hamper growth, as non-productive firms can survive by evading taxes and avoiding compliance with labor market regulations. Additionally, informal employees do not have job stability, unemployment insurance, nor do they receive security contributions from their employers. Brazil, where a relatively rapid and intense episode of trade liberalization was experienced in the early 1990s, despite still being a relatively closed economy, is a relevant case study for several reasons. First, it has strict and onerous labor regulations that are imperfectly enforced and a large informal sector: nearly two-thirds of companies, 40% of GDP, and 48% of employees are informal. Second, the Brazilian case is typical of developing countries, especially in Latin America, where the urban labor force employed informally averages more than 50%, this figure ranges from 35% in Chile to 80% in Peru. Third, it has unique data availability and quality, allowing direct observation of informality for workers and businesses. The main conclusions of the hypothetical experiments that were carried out were: 1). Import tariffs have negligible effects on welfare and informality. Tariffs above 50% reduce per capita income, increase informality, mainly in manufacturing, and increase unemployment. 2). In general, the (relative) effects of trade liberalization on welfare and labor market outcomes are not very different in an economy with a large informal sector compared to an economy without an informal sector. The most interesting thing is that the eradication of informality has positive effects on productivity, but reduces per capita income the reduction that occurs in varieties. Small reductions in informality also reduce unemployment. 3). The effects of eliminating informality depend on other regulations such as the minimum wage. Its elimination could increase unemployment. 4). Increasing the minimum wage increases unemployment and informality. 5). The informal sector functions as a buffer when the economy is hit by negative shocks. The effects of a negative impact of aggregate productivity on unemployment and welfare are greater in an economy without an informal sector. However, the welfare gains from the eradication of informality are so great that indulgence towards the informal sector is difficult to justify on the grounds that it functions as a buffer in difficult economic times. 6) A positive productivity shock does not lead to less informality. The results suggest the opposite, since technological progress increases aggregate income, leading to a reduction in the productivity threshold for entering the informal sector. 7). Increased trade openness, looser labor market policies, and economic growth are not enough (by themselves) to compensate for the misallocation caused by poor oversight of labor market regulations. Therefore, the article recommends that governments strive to achieve better surveillance that forces market actors to comply with the regulations that govern the labor market, in order to reduce informality. How governments should implement this increased enforcement is an interesting topic for future research.