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El autor menciona que el gobierno salvadoreño ha venido dando preocupantes muestras de opacidad en el manejo de los fondos públicos. Si por un lado el gobierno ha venido negando el acceso a información y evadiendo las instituciones de control, por el otro lado ha podido disponer de millonarios fondos sin mayor contraloría. Ya existen señales alarmantes al respecto.

La presencia de dos partidos polares fuertes canaliza buena parte del descontento hacia el partido opuesto (en Guatemala la dispersión partidaria contribuyó a la emergencia ciudadana, como en Honduras lo hizo la ruptura del bipartidismo). La alternancia del poder gubernamental también canaliza algunas de las esperanzas ciudadanas de que la situación puede cambiar. En El Salvador ha venido funcionando una institucionalidad más fuerte que los vecinos, especialmente si nos remitimos a la Sala de lo Constitucional y cuando la institucionalidad funciona bien la acción de calle se debilita. Sin embargo, el sistema político se deteriora y va perdiendo credibilidad, la esperanza de cambio se agota pues la alternancia no produjo un futuro de cambio sino reproducción ampliada de vicios del pasado, y la institucionalidad se debilita con los reiterados intentos partidarios de control o anulación de instituciones independientes como la Sala de lo Constitucional. Esto puede llevar a la emergencia del ciudadano, a la movilización del poder ciudadano.

Según Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 30 en el ranking de estados corruptos del mundo, empatada con Botsuana, y el 13 entre los de la UE [.].

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ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 51, No. 567-568, 1996: 86-89.

En el presente artículo, el autor afirma que la forma de combatir la corrupción es a través de la democracia. Partiendo de la base de que la sociedad civil es el medio conductor para evitar la corrupción, analiza la participación de aquella en la solución de este fenómeno. Asimismo, se pone énfasis en el papel del gobierno y de las asociaciones para la creación de una democracia que, a la larga, deberá combatir al "mal comportamiento de la política", como es denominada la corrupción. El autor demuestra que hay un vínculo intrínseco entre las formas democráticas de organizar las instituciones y el ejercicio de la política, llevando esto a resolver la corrupción.

El objetivo del artículo es analizar el impacto que la corrupción y la impunidad tienen sobre las violaciones a derechos humanos. Para ello, se realizaron varios modelos estadísticos. Se observó que existen ciertos tipos de violaciones a los derechos humanos que se perpetran mediante actos de corrupción. En la medida en que ni el acto de corrupción ni esa violación sean sancionados, la impunidad se convierte en un contexto que incentiva al perpetrador a seguir cometiendo los mismos actos de corrupción, lo que generará nuevas violaciones a derechos humanos. Cuando la corrupción y la impunidad se conjugan, ambas se convierten en patrones estructurales de violaciones a los derechos humanos.