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Este trabajo pretende realizar una aproximación, desde un punto de vista criminológico y del Derecho Penal, al tema de los delitos sexuales contra niños menores de trece años. Básicamente desde la perspectiva del delincuente y de manera más tangencial desde la de sus víctimas en la medida en que la elección de la víctima cualifica o determina en muchas ocasiones al delincuente. Para ello hemos utilizado una metodología predominantemente documental (aunque sin olvidar metodología de análisis estadístico, jurisprudencial y métodos cualitativos como la entrevista), con la finalidad de revisar las últimas publicaciones sobre el tema, así como la principal literatura científica sobre el tema, especialmente la anglosajona. El tema es inmenso, aun acotándolo desde la perspectiva del delincuente, pero tal y como BERISTAIN nos acostumbraba a decir en clase, allá por 1989 citando a San Ignacio ¿quien a su vez lo dijo en torno al 1535- que "no el mucho saber harta y satisface el ánima sino el sentir y gustar las cosas internamente". Así pues, y siguiendo el consejo de ambos, el tema, aunque ya desde ahora reconocemos que peca de amplitud y que deja numerosos campos de investigación abiertos, ha sido un tema fascinante de estudiar y que sin duda me acompañará durante toda mi carrera investigadora. De igual forma, hemos abordado parte de las investigaciones cualitativas mediante entrevistas a personas-informantes clave como psicólogos especialistas en atención a víctimas de agresiones, médicos forenses, jueces, fiscales y policías. La entrevista no deja de ser, como describe perfectamente la definición de Bingham y Moore (citados en Perpiñá, 2012), como una conversación con un propósito, por lo que se establece una comunicación interactiva entre dos personas, en este caso con la finalidad de recabar sus opiniones como especialistas respecto a distintas facetas del problema, siempre referido a sus áreas de experiencia. Las opciones de entrevista vienen diferenciadas por su estructura. Con estructura nos referimos al "grado de especificación y estandarización de sus distintos elementos/componentes, tales como: preguntas, respuestas, secuencia de las preguntas (fijación de una secuencia), registro y elaboración de la información e incluso de la interpretación de la información. En ese sentido, hay entrevistas estructuradas, no estructuradas y semi-estructuradas" (Perpiñá, 2012, pág. 30). Para este caso hemos elegido la realización de entrevistas semi-estructuradas con un guión o un interrogatorio básico pero al mismo tiempo abierto a posibles derivas en el transcurso de la entrevista, de acuerdo con las aportaciones que los/as entrevistados/as nos puedan realizar. Respecto al grado de dirección en las entrevistas se eligió un estilo directivo por cuanto el propósito principal era obtener tanta información de carácter fiable como fuera posible. En este trabajo que dividiremos en dos partes, comenzaremos realizando un examen previo sobre conceptos tales como la sexualidad, la violencia sexual y la delincuencia sexual. Además, mencionaremos las diferentes teorías existentes sobre la delincuencia sexual y practicaremos un análisis jurídico-penal y criminológico sobre los diferentes delitos sexuales tipificados en el Código Penal español (y debido a la reciente modificación del Código Penal por la L.O. 1/2015, examinaremos los cambios que dicha normativa ha realizado respecto a nuestro objeto de estudio). Después examinaremos cuestiones referentes a la epidemiología, frecuencia y duración de los abusos, edad y sexo de las víctimas, así como los diferentes perfiles de agresor o agresora sexual de menores y el de las víctimas. En la segunda parte, estamos interesados en realizar un estudio de las consecuencias jurídicas aplicables en nuestro país a los delincuentes catalogados como peligrosos con un examen particularmente detallado de la medida de libertad vigilada. Nos interesa determinar ¿Cuál es la forma jurídico-penal más apropiada para lidiar con esta problemática? ¿Se debe cerrar la puerta y tirar la llave, como muchos defienden (casi todos en privado) al asumir que nos hallamos ante delincuentes peligrosos de carácter multirreincidente que no tienen ningún deseo de dejar de cometer esos delitos? ¿Sería posible crear centros ad hoc para este tipo de delincuentes peligrosos donde se llevaran a cabo programas de tipo rehabilitador? Intentaremos dar respuesta desde un análisis y un fundamento adecuado a todas estas preguntas de difícil solución tanto en el plano teórico como en el de la vida real. El método científico tiene un porqué de su existencia y este no es otro que la reflexión metodológica, la que da su profundidad a una investigación. Tras realizar varias lecturas sobre el tema de los delincuentes peligrosos imputables y su tratamiento jurídico penal posterior al cumplimiento de la pena privativa de libertad, consistente básicamente en nuestro país en que se les puede imponer, en atención a su peligrosidad, la medida de seguridad de libertad vigilada (Incluida en la reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 10/2010 de 22 de junio, de modificación del Código Penal), surgió la inquietud investigadora sobre los delincuentes peligrosos sexuales y concretamente de los que atentan contra los niños y cuyos casos son aireados sobradamente en los medios de comunicación. El problema, a nuestro juicio, va más allá de la misma medida de seguridad, y de la posible injusticia, o no, que supone su imposición tras el cumplimiento de la pena) y es la peligrosidad de esos delincuentes y su demonización y alienación como el "otro", son los delincuentes incorregibles que hay que apartar de la sociedad, inocuizarles, son el enemigo a batir y en la guerra vale todo. En palabras de FOUCAULT (2002, pág. 258) el delincuente es "unidad biográfica, núcleo de peligrosidad, representante de un tipo de anomalía". Esta alienación de los delincuentes sexuales es para McALINDEN (2014, págs. 192-3), junto con la concentración de los recursos en los abusadores sexuales que ya conocemos, hace que los riesgos para los niños disminuyan en la esfera pública y en la privada. El hecho de que entendamos que los agresores sexuales forman parte de nuestra comunidad, y que son en parte fruto de ella, es muy importante para ser conscientes de los riesgos existentes, fuera y dentro de la familia. A pesar de los pesares tenemos que considerar que esos "otros" no son sino personas, personas que han cometido un delito y que se supone que son delincuentes irreductibles que la sociedad ha de vigilar. Así pues la primera pregunta que nos planteamos es: ¿Quiénes son esos delincuentes irreductibles? Para centrarnos en un tema más concreto, la elección del tema de los delitos sexuales contra niños menores de trece años surgió por la curiosidad profesional. En mi vida como práctica del derecho y tanto en mi trabajo con víctimas y/o agresores como abogada, así como ejerciendo la acción penal como Fiscal Sustituta, y específicamente en el curso de mi trabajo con víctimas como asesora jurídica en un Centro de la Mujer de Castilla la Mancha (y en la actualidad como miembro del Servicio Aragonés de la Mujer del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza), había tenido participación en algunos asuntos que me habían hecho (re)plantearme cuestiones sobre mi trabajo: ¿Por qué un abuelo comenzaba de pronto a abusar sexualmente de su nieta/o? ¿O un padre a abusar sexualmente de su hija/o durante años? ¿O ese desconocido que abordaba a un/a menor en un parque? ¿Podría existir algún problema de alteración neuronal que la Justicia no había contemplado y su abogado/a no había alegado? ¿O bien era simplemente un ser abyecto que abusaba de su nieta con ánimo de satisfacer su lujuria? ¿Tal vez abusaron de él y a su vez abusó también de su hija? ¿Tenía alguna distorsión cognitiva? o ¿Carecía de empatía con los sentimientos de su víctima? En definitiva, ¿Por qué? Así pues, este es el momento de mayor dificultad: centrar el problema, proceder a su identificación y formulación (Ruiz Olabuénaga, 2012, pág. 11) . La selección del tema era pues, clara: los abusos sexuales a niños menores de trece años desde una perspectiva criminológica y (principalmente) del agresor, distinguiendo en su tipología por su relación con la víctima: pariente o familiar, conocido y/o desconocido. Abordando también la posibilidad, pocas veces contemplada de la agresora sexual femenina y de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. La elección del tema, como ya he dicho con anterioridad, viene dada por una parte, por el interés profesional y también personal de saber más sobre este tema, que trascendía y a la vez impulsaba a lo académico. Por otra parte, es un tema de eminente actualidad ante los movimientos sociales y el empuje de los medios de comunicación sobre los delincuentes peligrosos, así como la violencia sexual sobre la mujer como una forma más de violencia de género. Basta mencionar algunos de los temas que han sido objeto de rabiosa actualidad en el proceso de creación durante los casi 6 años de esta Tesis Doctoral, como el de la niña Mari Luz, y su asesino (delincuente sexual reincidente, que debería haber estado en prisión en el momento de la comisión del ilícito); el escándalo durante el verano de 2013 del pederasta condenado en Marruecos y liberado por medio de un indulto, al parecer por un error administrativo; el del abusador sexual canario que aprovechaba su influencia sobre niños de cinco a ocho años a los que impartía clases de karate que saltó a los medios de comunicación el 16 de septiembre de 2013 y que estuvo más de 20 años realizando su trabajo como conductor de autobús escolar; los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica denunciados por Su Santidad en fechas recientes y por último el caso del pederasta del barrio de Ciudad Lineal (Madrid), que según los medios de comunicación con la amplísima cobertura que le dieron al asunto, tanto ha atormentado a la ciudadanía y que fue definido por la Delegada del Gobierno como enemigo público número uno, y para cuya captura se recabó (según los medios de comunicación) la ayuda del F.B.I. estadounidense. Continuando con lo expuesto, el problema objeto de estudio no es sino conocer en mayor profundidad la dimensión de los sujetos peligrosos en relación con las agresiones y abusos sexuales contra niños y niñas (haciendo alusión especialmente a las víctimas menores de 13 años de edad), desde una perspectiva criminológica y centrándome en las características de delincuente de manera principal y solo de forma más incidental de la víctima y comisión delictiva. La intención de este trabajo es realizar un abordaje interdisciplinar principalmente de la figura del delincuente desde la perspectiva del derecho penal, penitenciario y de la psicología criminal; es decir, un abordaje interdisciplinar y principalmente criminológico. Aunque tampoco descuidaremos el embrión primigenio de esta Tesis Doctoral: el análisis de la medida de seguridad post-penitenciaria de la libertad vigilada, como consecuencia jurídica estrella implantada en nuestro país desde el año 2010, relativa a los delincuentes peligrosos. La Criminología es definida por GARCIA-PABLOS (1988, pág. 41) como "la ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado". Así pues, y como ya he mencionado con anterioridad, el abordaje de este trabajo va a ser eminentemente criminológico, y vamos a intentar dar una visión del tema sobre dos de los pilares de la criminología: delincuente y control social (éste último control social lo será, para el caso que nos ocupa, de carácter formal: el del Derecho Penal). Por supuesto, habrá referencias a la víctima, como no podría ser de otra forma, pero hemos decidido centrar este trabajo de manera más básica en la problemática de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales con la perspectiva criminológica del delincuente. Nuestro deseo habría sido realizar un abordaje más amplio que habría incluido un análisis detallado de la situación de la víctima, pero tal vez eso debería ser objeto de un manual de abusos sexuales en la infancia y no de esta Tesis Doctoral, como es el caso. Por lo que la decisión de centrarnos en el delincuente y las consecuencias jurídicas del delito por él cometido es asumida de manera perfectamente consciente y habida cuenta de la numerosísima literatura sobre el tema, también somos conscientes de que cualquier intento de ser exhaustivo será baldío. Así pues, ¿cuál es la pretensión técnica de este trabajo? Pues bien, nos proponemos establecer un marco teórico desde los ámbitos de la Criminología y del Derecho Penal con una revisión de la literatura existente, en su mayor parte anglosajona, por lo que, como se observará en la bibliografía anexa, la mayor parte de las fuentes proceden de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) y de los Estados Unidos de América (en adelante Estados Unidos), así como de la española más relevante. Para ello, y con el objetivo de tener acceso a las mejores fuentes y especialistas, conté con la experiencia de realizar dos estancias, de tres y cuatro meses respectivamente en los años 2011 y 2012, en el Instituto de Criminología de Cambridge (dentro de mi programa de Doctorado en Derecho Penal), bajo la supervisión del Dr. Lösel y Dr. Sherman y gozando de la sabiduría generosa de sus profesores y miembros de la comunidad universitaria. Así pues, durante dicha estancia, y otras dos semanas en la biblioteca de la Queen¿s University of Belfast en el verano de 2014, he contado con el acceso a las mejores revistas especializadas, así como a gran número de publicaciones en habla inglesa que de otra forma hubiera sido imposible conseguir. Además, hemos realizado un análisis de la legislación, (incluyendo en apartados específicos aparte las novedades aportadas por la reciente modificación del Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, ya que no entrará en vigor hasta el 1 de julio de 2015) y de jurisprudencia española existente, además de intentar profundizar en los motivos ulteriores que acontecen en el (in)existente clima de política criminal ordenada de nuestro país. Es mi intención, -unida y/o derivada de las inquietudes en materia de neurociencias de mi Director de Tesis Dr. D. Eduardo Demetrio Crespo, y de las que me ha contagiado sanamente- intentar ahondar en el concepto científico de peligrosidad y realizar una revisión de las medidas aplicables a los delincuentes peligrosos en nuestro país, con comparativas a lo largo del texto con la situación en otros países como Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. En lo que se refiere al concepto científico de peligrosidad, la hipótesis es multi e interdisciplinar, como la misma formación de la doctoranda. La vida es un compendio de cosas, mezclamos en nuestra vida diaria lo académico, lo afectivo y lo prosaico, cuestiones como elaboración de alimentos, reparar un grifo atascado, escribir un artículo académico, preparar un juicio; en definitiva, somos seres inter y multidisciplinares. Ahora bien, en cuanto a academicismo se refiere, parecen existir límites que no se deben cruzar. Si somos civilistas debemos abstenernos de introducirnos y navegar en las procelosas aguas del derecho penal y del mismo modo, si somos juristas, no podemos escribir en materias relativas a la psicología o a la medicina. Está bien, es correcto y adecuado dividir el conocimiento en diferentes áreas, a fin de sistematizarlo y mejorar su estudio, pero en ocasiones, hemos de darle la vuelta a todo lo que hacemos e intentar un mestizaje académico que no va sino a enriquecer todas sus facetas restantes. Así que, aunque he de confesar en primer lugar, las múltiples objeciones y reparos personales que tuve, previos a comenzar a escribir sobre temas psicológicos, porque no soy psicóloga, aunque tengo formación en psicología que adquirí de forma pareja a mi formación como jurista, mientras cursaba el Diploma Superior en Criminología en la Universidad del País Vasco, durante mis estudios en la Licenciatura de Criminología cursada en la Universidad de Murcia y en el estudio del grado de Psicología en la UNED en el que estoy inmersa en la actualidad. Pese a ello, una suerte de timidez y de plantearme en todo momento si estoy siendo acertada y gracias a múltiples revisiones por parte de amigos y amigas, profesionales psicólogas/os y médicos forenses que con gran generosidad han ido comentando y realizando valiosas aportaciones a este trabajo. Anticipo que las críticas y sugerencias que estos generosos amigos me han realizado durante la realización de este trabajo, sobre todo, van unidas a los sesgos de nuestras "deformaciones profesionales" debidas a nuestras áreas de estudio de procedencia. A los psicólogos y psicólogas no les parece un trabajo suficientemente psicológico y a los juristas no les parece que el fondo de la tesis planteada sea suficientemente jurídico. Ambos tienen razón por cuanto el enfoque del presente trabajo es eminentemente criminológico y por tanto interdisciplinar, como mi propia formación. Hemos de entender que el abordaje de este trabajo es complejo por sus múltiples facetas y si realizamos una aproximación desde únicamente un área de conocimiento, posiblemente será reduccionista en exceso. Cuando realizamos acercamientos al mundo de la Psicología, se nos enseñó que somos resultado de una suma de factores. Ya lo decía Ortega y Gasset cuando decía "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo" en su obra "Meditaciones del Quijote" de 1914. El ser humano, todos y cada uno de nosotros, tenemos nuestras particularidades. En un primer momento somos genéticamente prácticamente inimitables. La probabilidad de que exista una persona igual a nosotros, aparte de los gemelos univitelinos, es prácticamente inexistente1. Así pues, venimos "de serie" -permítasenos la analogía con un coche-, con una serie de elementos: podemos gozar de una mayor o menor inteligencia, o de capacidad de empatía y sensibilidad por los demás; factores estos que vienen determinados por la herencia, por la 1 En palabras de ABRIL y colaboradores (Abril Alonso & Ambrosio Flores, 2005, pág. 331): "una persona tiene del orden de 50.000 genes, de los cuales como mínimo, 3.350 difieren de un cromosoma homólogo a otro (alelos), el número de gametos distintos que puede producir es del orden de 23350, cifra que pone de manifiesto lo improbable de que, dejando a un lado los gemelos monocigóticos, existan o hayan existido alguna vez dos seres humanos idénticos. Cada individuo es un experimento nuevo, único, que afronta el ambiente de una forma particular y quizá novedosa pudiendo abrir con ello nuevas posibilidades a su especie.".genética; son pues esencialmente biologicistas. Aparte, nuestra propia maduración va incorporando nuevos elementos a nuestro vehículo llamado cerebro, aprendemos, cambiamos comportamientos, suprimimos unos y modulamos otros, siempre en relación con nuestro medio ambiente. Así pues, somos resultado de nuestro propio yo con la maduración y la interacción con el medio ambiente2. Lo que hace a un individuo peligroso puede estar en sus genes (o no); es decir, puede ser algo que heredamos como una tendencia a la agresividad o también puede ser adquirido en el tiempo. Como cualquier herencia de tipo económico, podemos mantenerla, ahorrar e incrementarla, o dilapidarla. Podemos contar con los mejores genes, pero si nacemos en un lugar desfavorecido, en una familia desestructurada o en un momento histórico de debacle, nuestra deriva puede ser peligrosa y encaminarnos o vernos abocados hacia un comportamiento delictivo. Del mismo modo, la forma en que afrontamos las cosas que nos van sucediendo, partiendo siempre de la base genética con la que contamos, también nos va modelando: aprendemos cada minuto, cada segundo, cosas nuevas, no sólo cosas que podemos hacer, sino también lo que no debemos hacer. El estado de la cuestión de los delincuentes peligrosos en España y de su tratamiento jurídico penal, y de los pederastas en concreto, está pendiente de la entrada en vigor de la L.O. 1/2015 en el mes de julio. Una modificación más del Código Penal de la democracia que en este país, en palabras de MAROTO CALATAYUD (2013, pág. 46) "parece un deporte nacional" y que desde el año 95 lleva ya -y casi hemos perdido la cuenta-, 26 reformas (y con la próxima reforma (L.O. 1/2015, ya publicada en el BOE, a la que ya hemos aludido y que entrará en vigor el día 1 de julio de 2015, la número 27). Por ello, consideramos que eso es, a nuestro juicio, una deriva político criminal, un legislar a golpe de telediario que no puede ni debe continuar3. La política criminal y el Código Penal (como reflejo legislativo o reglas 2 Así pues, los factores que interactúan para que una persona se desarrolle son: la genética, la maduración y el medio ambiente, por lo que a priori podríamos considerar poco útil, desde un punto de vista científico echar la culpa a un solo factor, por ejemplo una persona puede tener una serie de déficits neurales que le puedan abocar a una pedofilia, pero también puede haber existido una incorrecta socialización del sexo sufrida en la infancia por ejemplo al haber sufrido abusos él o ella misma, y una falta de control de impulsos y de empatía que actúan como una explosión y donde el deseo por obtener la gratificación sexual con el menor sea tan grande que se obvia el daño que se le puede producir a éste o ésta o a un posible castigo penal para el caso de que se le aprehendiera. Además, como en casi todo, achacar la causalidad de los crímenes a unos u otros factores va por modas o por descubrimientos científicos. Ya CARELLI (1912, pág. 577) en un apéndice a la obra "La criminología" de GARÓFALO (1912), hablaba sobre la excesiva importancia que se había dado a los factores sociales y se hacía eco del pensamiento de FERRI "que bajo las más distintas situaciones políticas y religiosas y en las situaciones más difíciles de la vida, hay quienes siguen siendo honrados y otros que delinquen.". De igual forma, para GARÓFALO lo importante era el factor orgánico, (de tipo congénito y hereditario), mientras que a los factores sociales y ambientales solo les achacaba un valor secundario (García-Pablos de Molina, 2014). 3 La necesidad de un diagnóstico previo es vital.con carácter previo a la implantación de cualquier medida legislativa. Es absolutamente imperativo. Antes de modificar algo hay que conocerlo en profundidad. A título del juego del máximo exponente de control social formal), se están convirtiendo, en parte de la campaña política donde parece que endurecer la legislación penal es una buena fuente de votos. En palabras de DOWNES y MORGAN (2002, pág. 386), "las campañas de hoy en día generalmente conllevan uno o más gestos hacia lo que debería hacerse con algún grupo en particular de desviados -psicópatas depredadores o pedófilos, por ejemplo- que son desde épocas recientes, los sujetos más sucios y aberrantes". Endurecer el Derecho Penal en época electoral parece ser que genera pingües réditos electorales en forma de votos4. Para evitar este, a nuestro juicio, "uso indebido del derecho penal", tenemos que establecer unas líneas político-criminales serias y basadas en estudios criminológicos bien fundamentados y propiciados desde el Estado, que es quien está en posesión de todos los datos estadísticos. En las ciencias sociales, de manera imperativa a una intervención social previa, -que sería similar en este caso, ya que estaríamos hablando de un control social formal que se realizaría en base a la aplicación de una ley- habría que realizar de manera previa, un diagnóstico de la realidad y ello sólo se consigue con estudios científicos sobre el estado de la cuestión y con una confección detallada, y con criterios homogéneos, de unas estadísticas rigurosas que nos permitan evaluar esa realidad para después arbitrar mecanismos que nos faculten para atajar la problemática ya acotada. En definitiva, para realizar cambios, para mejorarla. Por otra parte, hay que señalar que el melón de la constitucionalidad de las medidas de seguridad a imponer tras el cumplimiento de una pena para sujetos imputables está abierto. El hecho de que estén funcionando en otros países, no quiere decir que deban ser incorporadas en nuestro país sin más. Tenemos que tener una escrupulosidad y rigurosidad especial que nos haga plantearnos que, si implantamos una medida o una pena, ésta cumpla con todos los parabienes constitucionales, y en especial que se respete el principio de de ejemplo, y respecto al tema sanitario y a la denegación de asistencia médica a los inmigrantes en situación irregular o en situación regular que no estuvieran incluidos en ningún régimen de la Seguridad Social como titulares o beneficiarios (con las siguientes excepciones: la atención de urgencias, embarazadas durante el preparto, parto y postparto y menores de edad) el mes de abril de 2015 se anunció por parte del Gobierno del Partido Popular ¿que fue quien implantó la medida en primer término, por motivos económicos- una rectificación de dicha política, aduciendo colapso en las urgencias, a pesar de que los profesionales sanitarios ya indicaban, de manera previa a su implantación, los graves riesgos para la salud pública en enfermedades infecto- contagiosas que dicha medida acarrearía, además de la saturación de los servicios de urgencias. 4 Parece casual que la nueva reforma del Código Penal, con un mayor rigor punitivo (con medidas como la implantación de la prisión permanente revisable -alegando la necesidad de proporcionalidad para los delitos más graves y olvidando en el camino el principio de humanidad, el de dignidad de las personas y la necesidad de que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reeducación y reinserción social (artículo 25.2 CE), la supresión de las faltas y su reconversión (de muchas de ellas) en delitos leves, y un mayor ámbito de aplicación de la medida de seguridad de libertad vigilada) a pocas semanas de las elecciones autonómicas y locales y a unos meses de las elecciones generales. legalidad y que estén orientadas a la reeducación y reinserción social del delincuente de conformidad con el artículo 25.2 de la Constitución Española. Precisamente, en el momento en que imprimo y reviso estas líneas, ha sido apresado el denominado "pederasta de Ciudad Lineal", que ha conllevado una serie de loas y alabanzas en los medios de comunicación respecto a la labor policial y las futuras reformas que endurecerán, aún más, el código penal en vías de reforma. No podemos consentir, como juristas, que el código penal sea un arma electoral. El derecho penal no "arregla" nada en nuestra sociedad; únicamente son parches que no dan soluciones de justicia social y que no acaban con la violencia estructural de la sociedad en la que vivimos. Hay que plantearse si tenemos o no normas que protegen a nuestros conciudadanos y a nosotros mismos. En vez de crear normas nuevas o endurecer las existentes, tal vez sería mejor implementar las que ya tenemos, mejorar el sistema penal y hacer que la justicia, además de ser justa, sea rápida en dar satisfacción a las demandas de las víctimas (y de tener normas que sean consecuentes con la realidad que pretenden regular). Por otra parte, dedico parte de mi investigación al tratamiento que dan los medios de comunicación a los agresores sexuales de menores sin relación familiar con los mismos, y al fenómeno del moral panics en torno a estos sujetos. Múltiples líneas de investigación podrían ser derivadas de este tema en nuestro país, habida cuenta de la diferencia de trato (y tiempo dedicado en prime time) que se observa en programas líderes de audiencia en casos como el del pederasta de Ciudad Lineal con respecto a los casos de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes que se han "destapado" en fechas recientes o a otros casos de abusos sexuales intrafamiliares. Para introducir al lector/a de este trabajo, aunque ya hemos aludido que se ha distribuido en dos partes, la primera dedicada a la sexualidad y violencia con un análisis criminológico del agresor sexual de menores y la segunda parte corresponde más a un análisis de índole penal del tratamiento jurídico-penal del agresor sexual de menores donde examinaremos de manera especial la medida de seguridad de libertad vigilada. Respecto a la parte primera examinaremos: En el Capítulo I una serie de cuestiones introductorias sobre la sexualidad y la violencia. En concreto respecto a la violencia sexual y las diferentes teorías que se han arbitrado para la descripción y posible explicación de dichos fenómenos. En el Capítulo II veremos diferentes cuestiones previas sobre la víctima, de justicia restaurativa y mediación, así como determinadas cuestiones sobre el fenómeno de la violencia sexual sobre menores tales como cuestiones epidemiológicas, consecuencias de los abusos para las víctimas, la prevención de los abusos y el binomio "abusado-abusador". Por otra parte, el Capítulo III, va dirigido al depredador sexual de menores, el tratamiento informativo del fenómeno por los medios de comunicación y cómo este fenómeno se ha convertido un moral panics contemporáneo. También examinaremos aproximaciones erróneas al fenómeno, los denominados mitos sobre los agresores sexuales y las posibles influencias biológicas sobre la cuestión. Respecto al Capítulo IV intentaremos establecer un perfil criminológico del agresor en función de su relación (o no) con la víctima distinguiendo por una parte entre: abuso familiar o extra-familiar; y por otra en función de características del autor en concreto: la agresora sexual femenina, las agresiones sexuales generadas por parte de sacerdotes, el agresor sexual menor de edad y realizaremos un análisis sobre el agresor como "enfermo mental" analizando los supuestos de pedofilia y psicopatía de manera concreta. Pasando ya a la segunda parte del trabajo, en la que el análisis es más de tipo jurídico- penal, empezaremos con el Capítulo I con una crítica de la ¿Política criminal española?, de la oportunidad del castigo penal y su fundamento, para pasar después al análisis somero de los tipos delictivos referentes a los delitos sexuales contra niños menores de 13 años, haciendo una referencia a las modificaciones generadas por la L.O. 1/2015 de reforma del código penal. En el Capítulo II, y aprovechando mi estancia en Cambridge con la bibliografía más moderna sobre el tema, examinaremos la cuestión de la peligrosidad criminal y de la valoración del riesgo, con atención a las herramientas actuariales (además de hacer otras referencias a las mismas a lo largo del texto). Respecto al Capítulo III veremos las diferentes opciones jurídicas para afrontar la cuestión del depredador sexual violento imputable, con una muy especial referencia a la libertad vigilada y con referencias a la custodia de seguridad y a las medidas de registros existentes en otros países. Ya por último en el Capítulo IV veremos las cuestiones relativas al tratamiento de índole psicológico de los agresores sexuales de menores, de su crisis y examinaremos los tratamientos cognitivos conductuales así como los tratamientos orgánicos, valoraremos la cuestión de la eutanasia que se suscitó recientemente para un agresor sexual de Bélgica y describiremos el apoyo comunitario a delincuentes sexuales de menores.

Desde la perspectiva de fines del siglo XX, los regímenes políticos de la España de los años veinte y treinta aparecen como una secuencia de ensayos en respuesta a la profunda crisis sufrida por el sistema de la Restauración (1876-1923). Bajo ese enfoque, la Segunda República (1931-1936) se nos muestra inscrita en el esfuerzo por encontrar una nueva alternativa tras el fracaso de la Dictadura primorriverista (1923-1930) y las dictablandas del general Dámaso Berenguer y del almirante Juan Bautista Aznar. No es, pues, una cuestión casual acortar cronológicamente nuestro objeto de estudio entre el 13 de Septiembre de 1923 y el 18 de Julio de 1936. En esas fechas se gestó el desplazamiento de los antiguos partidos dinásticos por otros grupos de la que sería la derecha autoritaria Alfonsina (conservadores subversivos, en calificación de Gil Pecharromán) y, más tarde, por el movimiento republicano y los socialistas. Lo entonces acontecido sirvió de referente para posteriores actuaciones políticas, desde la valoración ideológica de sus elementos rechazables, corregibles o asumibles. Ciertamente, hay que subrayar que las costumbres y la vida cotidiana de los españoles cambió sustancialmente entre 1923 y 1936. La tímida pero imparable introducción de nuevos medios de transporte transformó el paisaje urbano. El automóvil, dirigido hacia la locomoción individual de los consumidores más pudientes, comenzaba a proliferar por las vías de las principales ciudades, forzando la ampliación de calles y modificando los usos habituales de la red pública. En paralelo, el crecimiento demográfico de las urbes impulsó tanto la construcción de viviendas (la más de las veces desordenada y de escasa calidad) como la expansión del Metropolitano (Madrid, Barcelona), al igual que las líneas de tranvías y los autobuses de enlaces con la provincia. Estos últimos, junto a los camiones, vinieron a completar el transporte de personas y mercancías por ferrocarril, estimulando el tendido de numerosos kilómetros de caminos vecinales y carreteras provinciales. También la radio irrumpió a mediado de los veinte. De lámparas para los de mayores posibilidades y de galena para el común de las gentes, los receptores comenzaron a formar parte del mobiliario doméstico, canalizando las noticias que antes sólo llegaban a través de la prensa. Por su parte ésta, comenzó a difundir información gráfica gracias a los últimos adelantos técnicos. La expansión del telégrafo y del teléfono contribuyeron a la mejora de las comunicaciones, aunque sujetos a la protección menopolística de la Dictadura (Telefónica, CAMPSA, Tabacalera, Compañía Arrendataria de Fósforos, etc.). Fueron también los años del avance de la aviación y de la promesa de los dirigibles, acariciando algunos la posibilidad de convertir a Sevilla en el aeropuerto terminal de Europa (Tomás de Martín-Barbadillo). Por último y para concluir el cuadro de aquellas innovaciones modernizadoras, cabe subrayar cómo la mujer se incorporó lenta pero inexorablemente a la vida pública (participación en el plebiscito de 1926, ingreso creciente en la población activa, nombramientos de concejalas en 1928, estreno del voto femenino en las elecciones de 1933). Buena parte de estos fenómenos se amplificaron en la Sevilla que estaba preparándose para celebrar con el máximo ornato la tan esperada como retrasada Exposición Iberoamericana (1929). Al sensible crecimiento vegetativo de la ciudad se le sumó la inmigración atraída por los puestos de trabajo del proyectado Certamen, precipitando el hacinamiento en barriadas periféricas surgidas sin orden ni concierto (Cerro del Águila, Villalatas, Amate). Y es que Sevilla mostraba sensibles contrastes. Por un lado, sufría frecuentes inundaciones y también, paradójicamente, un deficiente suministro de aguas, responsabilidad de una empresa extranjera (The Seville Water Works Company Limited). Contaba con un sistema de alumbrado para la Exposición (farolas diseñadas por Aníbal González), mientras muchos ciudadanos carecían de suficiente fluido eléctrico. Capital orgullosa de sí, pero capaz de plegarse a los designios de José Cruz-Conde (el tercer hombre más influyente de España, después del Alfonso XIII y de Primo, según el diplomático Carlos Morla Lynch). Feudo aparente del conservador marqués de Torrenueva y, a la vez, centro de disturbios estudiantiles que tantos problemas dieran al gobernador, conde de San Luis, y al ministro de la Gobernación, marqués de Hoyos. Baluarte anarquista y comunista durante la República, radical y socialista en las elecciones de 1931, pero también vivero de la primera sublevación grave contra el régimen nacido el 14 de abril (Sanjurjo). Cuna de líderes republicanos (Martínez Barrio, José Díaz) y campo de experimentos del Nuevo Orden tras el 18 de julio. A la vez cofrade y crisol de huelgas violentas. Foco destacado de la Masonería española y lugar de nacimiento de la Liga Católica. Ciudad semindustrial y terciaria en medio de una provincia agrícola. Es en esas coordenadas cronológicas y espaciales donde emplazamos el objeto de estudio: la Diputación Provincial de Sevilla. Un análisis fundamentado en la respuesta a estos dos interrogantes: 1ª) ¿qué puede aportar el estudio de las instituciones político-administrativas al conocimiento de la España contemporánea?; y 2ª) ¿por qué elegir dentro del conjunto de este tipo de organismos a la entidad provincial? El Estado, como comunidad de personas asentadas en un territorio fijo y sujetas a una dirección política común, se encuentra constituido por tres elementos básicos: población, territorio y poder (Andrés de Blas, Ramón Cotarelo). Este último –es decir, el poder o la capacidad para imponer obediencia desde una autoridad- se sirve de dos tipos de instrumentos (Duverger): los ideológicos (legitimidad, soberanía) y los materiales (órganos y aparatos del Estado). Planteado este esquema conceptual, se entiende que el estudio de las instituciones político-administrativas resulta imprescindible para observar las formas de ejercer el poder. Lo llamativo es que este relevante campo de investigación no haya despertado todavía el suficiente interés entre los estudiosos, mientras que otras cuestiones como el movimiento obrero, el papel del sindicalismo o la politología –especialmente la de los partidos externos al sistema- sí han recibido brillantes tratamientos, tanto en forma de síntesis globales como en obras de rango local. Es decir, hasta no hace mucho se ha analizado más la historia de los contra-poderes que el comportamiento preciso del propio poder, bien por las influencias ideológicas derivadas de la coyuntura política de los últimos años del franquismo y la transición democrática, bien por la acumulación de trabajos en determinadas parcelas historiográficas marcando tendencia generales, consideradas dignas de atención. Compárese, a modo de ejemplo, el número de monografías sobre la historia del sindicalismo con aquéllas otras que tratan de los organismos públicos responsables, en mayor o menor medida, de paliar las causas de la conflictividad social. Diseccionar las pautas de comportamiento de las instituciones (insistimos, soportes del poder) obliga a mostrar también las interrelaciones gobernantes-gobernados. No se trata sólo de esbozar la composición de unas corporaciones, saber quién ocupa determinados cargos o precisar el origen de la selección del personal político (sea por elecciones o por nombramiento gubernativo). Es todo eso, pero también lo es enlazar su actuación gestora con las realidades materiales y humanas objetivas sobre las que hubo de desplegarse. Este estudio sobre la Diputación Provincial de Sevilla ha sido realizado sobre la premisa de no perder esos referentes de la realidad. Otro aspecto a resaltar en la parcela de la historia de las instituciones lo constituye su interacción con la política. Ya durante el siglo XIX y la gestación del Estado liberal no pocos tratadistas se esforzaron en deslindar las esferas de lo político y lo administrativo. Ante el panorama de la creciente politización del funcionamiento del Estado y el enraizamiento del fenómeno caciquil, la práctica totalidad de los proyectos de reforma de la Administración recogieron declaraciones de expresa –y teórica- separación entre el apasionado campo de las luchas partidistas y el área –supuestamente neutra- de las decisiones de gobierno. Hasta tal punto llegaron a calar estos mensajes en la opinión pública que no fue excepcional el que un gobernador, un concejal o un diputado provincial formulasen públicos votos por dejar "en las puertas" su utillaje político y prometieran dedicarse a la gestión de los asuntos públicos bajo la más estricta independencia. Sin embargo, esos propósitos se hicieron tan inviables como el total divorcio entre la figura del político y del gestor público. Y es que, naturalmente, la Política y la Administración son dos asuntos distintos pero comparten intersecciones en los órganos del Estado, en las corporaciones y en los cargos públicos. Sabido es que el político es una figura y la función que pueda desempeñar en el aparato del Estado es otra. Ambas poseen, evidentemente, mucho en común, aunque presentan diferencias sustanciales. Es en este punto donde la historia de las instituciones tiene bastante que ofrecer al campo de la historia política. Comprendida dentro de ésta se encuentran: los programas; las pugnas ideológicas; los organigramas de las formaciones políticas; las campañas electorales; la génesis, desarrollo y evolución de las agrupaciones; el funcionamiento de los partidos; y, entre otros extremos, los individuos políticos. Ahora bien, ese conjunto de elementos se guía por determinadas conductas que pueden cambiar parcial o totalmente (de hecho, lo hacen) cuando el político o un partido pasa a asumir responsabilidades públicas. En este aspecto, fue bien relevante el cambio de actitud que registraron los partidos externos antes de 1923 en Sevilla: cuando eran beneficiarios del encasillado, guardaban sus baterías más agresivas contra el caciquismo de las formaciones dinásticas. Tampoco sería menor la transformación de republicanos y socialistas a la hora de ocupar los ayuntamientos o las diputaciones provinciales a raíz del cambio de abril de 1931. Valga una muestra: Hermenegildo Casas, presidente de la Diputación Provincial durante el primer bienio, abandonó su agresividad verbal como miembro del Ayuntamiento hispalense de 1930. Es más: su gestión al frente del organismo de la provincia le desmarcó de su propio partido (PSOE), del que acabaría saliendo en 1934. Creemos conveniente, por tanto, completar la historia política con las conclusiones aportadas por este tipo de estudios. Por último, resulta muy útil el análisis de las instituciones –y, dentro de éstas, de las locales- para inferir el modelo de Estado en que están inscritas y en qué medida cumplen su función ante los ciudadanos. Ese enfoque constituye, a nuestro juicio, un ángulo privilegiado para comprender tanto los problemas del edificio estatal español durante el primer tercio del siglo XX (déficit, desestructuración, ineficacia) como el arranque de las alternativas regionalistas o nacionalistas, que tuvieron sus orígenes no sólo en componentes culturales (lengua, tradición) sino en la escasa operatividad que el Estado centralizado brindó a sus ciudadanos-contribuyentes. Y es que los responsables políticos durante la Dictadura primorriverista y la Segunda República no corrigieron las inercias y los vicios del edificio estatal. Si Primo de Rivera no se atrevió a suprimir las diputaciones provinciales, tampoco los gobernantes republicanos reorganizaron en profundidad la estructura del Estado –adjetivado como integral- salvo el reconocimiento de algunas autonomías (Cataluña). Y todavía resulta una cuestión pendiente. Baste recordar la última polémica suscitada por el cuestionamiento de los gobernadores civiles como figuras adecuadas dentro del Estado de las autonomías. Lo afirmado en párrafos anteriores avala suficientemente el valor de la historia de las instituciones político-administrativas. Ahora bien, ¿qué particularidades ofrecen las diputaciones para ser objetos de estudio? Varias son las razones que justifican la opción. En primer lugar, las diputaciones eran piezas estratégicas dentro del sistema político-administrativo español. Encargadas de velar por los intereses de las provincias, estaban emplazadas entre el Gobernador Civil y los ayuntamientos, lo que les convertía en elementos clave en coyunturas electorales durante la Restauración. Muchos reformistas a comienzos de siglo las consideraban auténticas lacras, viveros de caciquismo y paradigmas de la corrupción. En general, eran fieles obedientes a las consignas de Gobernación, transmitidas a través del gobernador de turno, y atendían regularmente el sometimiento político de las localidades de la provincia. Pero no es solo ésta la única vertiente atractiva de las diputaciones para los investigadores. De hecho, después de 1923 siguen presentando un enorme interés por la entrada en vigor del Estatuto Provincial de José Calvo Sotelo, en aquel entonces director general de Administración Local (marzo 1925). Aquella obra legislativa superaba a la vieja Ley Provincial de 1882 tanto en sus aspectos técnicos como en sus efectos prácticos: las diputaciones recibieron competencias y un sensible reforzamiento de sus recursos, alentando el desarrollo de una amplia actividad en materia de obras públicas y beneficencia. Obviamente, cabe adjudicar parte de aquel desenvolvimiento material a la coyuntura de bonanza económica de los años veinte, pero también es cierto que los responsables de las corporaciones provinciales durante los gobiernos Berenguer/Aznar y las nuevas comisiones gestoras republicanas reconocieron las cualidades del Estatuto, al plantear proyectos de reforma inspirados en él. Es decir, la abundancia material de los años veinte no hizo sino realzar las capacidades potenciales intrínsecas del Estatuto Provincial. Con independencia de lo expuesto, la elección de la provincia como ámbito de análisis merece otros comentarios. En primer lugar, si situamos el centro de nuestro enfoque sobre la Diputación, conviene metodológicamente abrir el campo de estudio al conjunto global de los municipios de la provincia y, también, al Gobierno Civil. Bajo ese primas pretendemos superar el estrecho marco local al que están referidos la mayor parte de los trabajos disponibles. Actualmente asistimos a una proliferación de la historia local –tal vez excesiva- que, si bien resulta imprescindible, por otra complejiza cada vez más la elaboración de posteriores síntesis, aparte desniveles cualitativos. Por ello, juzgamos interesante el análisis de escalas intermedias como pueden ser la provincia o la región, siempre y cuando la temática seleccionada lo permita. La provincia, aunque nacida de la mano del legislador, ha cobrado carta de naturaleza tanto para el sistema político-administrativo como para los ciudadanos. Incluso el actual Estado de las autonomías ha corroborado la vigencia de las viejas provincias de Javier de Burgos. Y además –subrayamos esta cualidad- las provincias significaban mucho más en las década de los veinte y los treinta que hoy. En el caso de Sevilla, según el censo de 1930, la capital aglutinaba unos 228.000 habitantes mientras que en la provincia vivían 576.000; es decir: la suma de los municipios rurales doblaba sobradamente los efectivos demográficos de la capital. Es más, 17 localidades agrupaban a 267.000 ciudadanos, lo que indica la existencia de auténticas agrociudades con un peso demográfico y económico nada desdeñable dentro del conjunto provincial. Estos ingredientes bastan para justificar esta línea de investigación: la historia de Sevilla no es sólo la de la capital, sino también la de su entorno provincial y la de las mutuas interrelaciones entre ambas. Indudablemente, si alguna institución nos sirve para contemplar una amplia panorámica de la provincia, ésa es la Diputación Provincial. Sus diversas y heterogéneas áreas de gestión abarcaban tanto las obras públicas como la beneficencia, la enseñanza y el control de los ayuntamientos, las comunicaciones y la administración provincial de las elecciones… Suficientes argumentos para dedicar no sólo uno, sino varios trabajos monográficos a estas cuestiones. El afirmar que las diputaciones constituyen una interesante parcela de trabajo no es ningún descubrimiento original. Desde finales de los años setenta y a lo largo de los ochenta han aparecido una serie de valiosas obras sobre estas instituciones, aunque los esfuerzos pioneros se remontan a casi hace treinta años. Fue el profesor Cuenca Toribio uno de los primeros que se internó en este campo al publicar en 1963 un artículo titulado "Los orígenes del la Diputación sevillana" (Archivo Hispalense, nº 118, marzo-abril 1963). Entre 1964 y 1966; en la misma revista, el entonces cronista oficial de la provincia, Manuel Justiniano y Martínez realizó un esbozo de la historia de la Diputación hispalense durante la Dictadura y la República. A escala más general y en 1966, la Diputación Provincial de Barcelona promovió una obra colectiva en varios volúmenes sobre la historia de estos organismos bajo el título de La Provincia. Ya en la década de los setenta vieron la luz otros trabajos locales –véase el apéndice bibliográfico-, como fueron los de Salcedo Izu (Navarra, 1972), Lladonosa Pujol (Lérida, 1974), González Mariñas (Galicia, 1978) o Piña Homs (Baleares, 1979), aparte uno colectivo titulado: Asistencia hospitalaria. Estudios de las Diputaciones Provinciales, (1978). Pero la definitiva consolidación se produjo en la década de los ochenta y comienzos de los noventa, al aparecer un buen número de monografías sobre diputaciones, alguno de cuyos títulos recogemos aquí: Manuel Santana Molina (La Diputación provincial en la España decimonónica); José González Casanovas (Las Diputaciones Provinciales en España, 1812-1985); Fariña Fajardo y Pereira Figueroa (La Diputación de Pontevedra, 1836-1986), Borja de Riquer (ed.), (Historia de la Diputaciò de Barcelona); Enrique Orduña Rebollo (Evolución histórica de la Diputación Provincial de Segovia, 1833-1990); Pedro Ortega Gil (Evolución legislativa de la Diputación Provincial en España, 1812-1845. La Diputación Provincial de Guadalajara); Encarnación Lemus López (Extremadura, 1923-1930. La historia a través de las Diputaciones Provinciales); José Ángel Semas y José Antonio Armillas (La Diputación de Aragón: gobierno aragonés del reino a la comunidad autónoma); aparte los trabajos, aún inéditos o en curso de realización sobre los organismos provinciales de Valladolid (Heliodoro Pastrana) o León (Luis Carlos Sen Rodríguez). El IV Symposium de Historia de la Administración (cuyas Actas fueron publicadas por el Instituto Nacional de Administración Pública en 1983) y el Symposium Internacional sobre Organización del Estado Moderno y Contemporáneo en Italia y España, celebrado en Barcelona en 1991, significaron dos hitos historiográficos en esta materia al poner al día el estado de la cuestión. El elenco de trabajos citado conforma un grupo internamente heterogéneo. Cada uno trata períodos distintos y tienen sus propios enfoques, estableciendo paradigmas de referencia muy dispares. Dentro de este conjunto hemos seleccionado las pautas metodológicas consideradas más pertinentes y adecuadas para la elaboración de la presente Tesis Doctoral. A continuación planteamos cuáles han sido los objetivos, las hipótesis generales y la metodología que han orientado las coordenadas de esta obra. El análisis de la trayectoria histórica de una Diputación puede abordarse desde numerosas premisas y ángulos. Tras analizar la bibliografía disponible hemos optado por delimitar nuestra área de investigación en dos direcciones. En primer lugar, algo obligado: acotar el tratamiento de los que representa la institución. Esta se ofrece como órgano político (la corporación provincial) y como organismo administrativo. Si la primera vertiente es de por sí suficientemente amplia (todo lo relacionado con la dimensión política de la entidad), la segunda –es decir, las distintas líneas de gestión- pronto se reveló ante nosotros como un campo inabarcable en toda su complejidad. No cabía, consecuentemente, hacer sólo una historia de la beneficencia o de las obras públicas provinciales en profundidad y, por ello, decidimos mostrar un esbozo general de la variada actividad gestora de la Diputación en sus epígrafes correspondientes. Una panorámica que contiene campos de estudio de alto interés, señalando a los establecimientos benéficos y sanitarios dependientes de la Diputación como merecedores en un futuro de obras monográficas bajo perspectivas cronológicas más amplias. Hecha la anterior advertencia, conviene precisar otra observación previa de calado aún más hondo si cabe, por cuanto define el estilo global del estudio realizado. Si hemos restringido el terreno de la gestión administrativa a unas pinceladas generales, no ocurre así con las interacciones de la Diputación respecto de otras instituciones político-administrativas y la propia realidad provincial. Y es que no concebimos procedente historiar la trayectoria de este tipo de entidades sin tener presente el contexto representado por los gobiernos civiles o los ayuntamientos. Una institución exenta, esto es, presuponiéndola sin interconexiones con sus inmediatos órganos jerárquicos (superiores o inferiores) encierra un error de partida que puede desembocar en unas conclusiones metodológicamente erróneas o, cuando menos, incompletas. En el caso que nos ocupa, no podríamos responder a muchos interrogantes sin tener en cuenta extremos como cuál fue el marco legal de estos organismos, quién fue gobernador en determinadas coyunturas o en qué situación se hallaba socio-económicamente la provincia. Es más, los diputados provinciales fueron en muchas ocasiones concejales o diputados en Cortes. En consecuencia, las instituciones hay que analizarlas insertas en el ámbito de la estructura estatal al que pertenecieron. Eso es justamente lo que hemos hecho en el caso de la Diputación Provincial sevillana. Establecidos el marco propuesto, formulamos una serie de hipótesis de trabajo generales y otras, más concretas y específicas, según los aspectos de las materias tratadas. Siguiendo el método comúnmente utilizado (formulación, contraste de hipótesis, verificación-síntesis y elaboración de conclusiones), hemos de reconocer con toda honestidad que algunas de nuestras premisas se modificaron en el transcurso de la investigación ante la consulta de las fuentes. Así, por ejemplo, le ocurrió a la apreciación previa sobre el balance general de la Diputación primorriverista sevillana en su aspecto gestor, considerada a priori menor de lo que en realidad fue. El asunto de la persistencia del caciquismo más allá de 1923 fue otro de los interrogantes planteados en las primeras fases del proceso. En nuestro análisis pudimos confirmar para la corporación provincial sevillana una clara permanencia de viejos políticos, tal y como demostrarse en sus trabajos Javier Tusell pero, igualmente, constatamos la emergencia de figuras nuevas en el espectro de la derecha autoritaria, aceptando por consiguiente la opinión de Gómez-Navarro. Matices y definiciones conceptuales han resultado elementos obligados en la elaboración de una síntesis entre ambos fenómenos, en apariencia dispares. Por último, resultó sorprendente comprobar cómo el balance de la Diputación sevillana durante la Segunda República fue más pobre de lo que podría creerse, aparte el sorprendente grado de politización alcanzado en la vida administrativa de esta institución y las artes neocaciquiles practicadas por los partidos hegemónicos en la Sevilla de aquellas fechas. Sobre las fuentes utilizadas podemos distinguir cinco grandes grupos en orden a una clasificación de los centros de documentación donde hemos trabajado: a) archivos provinciales o locales; b) nacionales; c) privados; d) hemerotecas; y e) bibliotecas. En primer lugar, figuran los archivos provinciales o locales, destacando naturalmente el de la Diputación Provincial de Sevilla. Este archivo presenta sus fondos modernos perfectamente catalogados, pero su documentación contemporánea –considerada aún como administrativa- no se encuentra totalmente organizada. El inventario que utiliza es de 1964 y es objeto de reactualización hoy en día. En el año 1995 estos fondos fueron objeto de traslado, al cambiar la sede de la Diputación desde la Plaza del Triunfo al antiguo cuartel de Intendencia. Hasta ese año, la documentación utilizada en este trabajo se partía entre la biblioteca y el archivo de legajos propiamente dicho. La primera, amplia y muy completa, contenía los documentos encuadernados; entre ellos, el Boletín Oficial de la Provincia o las series de Actas de la corporación provincial (Pleno, Comisión Permanente, Comisión Gestora). Los legajos y carpetas quedan referidos a las áreas competencia de la Diputación (Secretaría, Intervención, elecciones, quintas, beneficencia, etc), aunque su ordenación no es absolutamente correcta. Por ejemplo, no resultó extraño encontrar documentos sobre caminos vecinales de comienzos de los veinte dentro de una carpeta que prometía guardar actas electorales de los treinta. La prolongación de este estado de cosas procede más de la falta de recursos que de una ausencia de preocupación sincera y real por mejorar la organización de estos fondos. Así lo demuestra el que la directora de este archivo, Antonia Herrera Heredia, publicase en el Ministerio de Cultura una obra titulada Manual de organización de fondos de corporaciones locales. El Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (1980). De cualquier modo y para nuestros propósitos, la asimetría organizativa de los fondos custodiados en la Diputación ha producido un uso desigualmente intenso de sus documentos. Esta carencia ha debido ser cubierta con otras fuentes indirectas. Los archivos municipales, en cambio, lo hallamos en un estado razonablemente bueno gracias a la preocupación de las áreas o delegaciones de Cultura de los ayuntamientos y el apoyo prestado por la Diputación Provincial, que ha contribuido a la labor de inventario y publicación de los fondos locales, en ocasiones en mal estado y dispersos- la consulta de archivos en diversos municipios (Alcalá del Río, Carmona, Morón, Lora, etc) nos ha proporcionado un amplio soporte documental del que ya conocíamos su valor. Al fin y al cabo, lo que en su día fue nuestro primer trabajo de investigación (un análisis de la política municipal durante la Segunda República en Lora del Río) significó el primer aporte en un campo que, ahora, con el presente estudio sobre la Diputación Provincial se desarrolla en profundidad a una escala más amplia. Por otro lado, hemos considerado imprescindible la consulta de otros fondos localizados en Sevilla, hasta la fecha sorprendentemente inéditos. La exhumación de este tipo de documentos trasciende como mucho la mera anécdota de su descubrimiento, pues gracias a sus informaciones hemos podido reconstruir con mayor precisión biografías personales y profesionales de la galería de figuras aquí tratadas. Entre éstos archivos destacarían principalmente dos: el de la Capitanía General de Sevilla y el de la Prisión Provincial. Ninguno de los dos se encuentra en una situación óptima y no resultó sencillo el acceso a los mismos pero, como compensación, ofrecieron informaciones extraordinariamente valiosas. Nuestras consultas en la Capitanía General nos ha proporcionado una imagen más precisa de lo que significaron las delegaciones gubernativas o el grado de censura durante la Dictadura de Primo de Rivera, entre otros extremos. El de la Prisión Provincial –de reciente ordenación- ha permitido precisar el perfil biográfico de muchas de las autoridades que fueron represaliadas en 1936. Otros archivos locales consultado como el del Gobierno Civil (prácticamente reducido a sus libros registro de asociaciones), el Histórico Provincial o el de Hacienda también han sido objeto de nuestra atención, aunque su importancia para nuestro estudio se encuentra en un segundo plano. En cuanto a los archivos de impronta nacional hemos visitado los siguientes, al considerarlos ineludibles: Archivo Histórico Nacional; Archivo Histórico Nacional-Sección Guerra Civil; Archivo General de la Administración y Servicio Histórico Militar. La temática y el período tratados justifican su consulta, aunque la utilidad de los mismos ha sido muy variable. Así, si los archivos nacionales de Madrid y Salamanca nos han resultado muy fructíferos, no cabe decir lo mismo del Servicio Histórico Militar o el de la Administración. Del primero, naturalmente, sólo esperamos información castrense sobre el período primorriverista, dominado por la militarización de buena parte de las estructuras públicas (Navajas Zubeldia) y, hasta cierto punto, nos ha servido para complementar algunas informaciones obtenidas en la Capitanía General de Sevilla. Sin embargo, el segundo defraudó nuestras expectativas. El Archivo General de la Administración alberga un copioso conjunto documental, si bien su complejo sistema de inventario no permite un acceso ágil al documento. Por otro lado, es difícil hallar allí información concreta sobre una provincia determinada al no corresponder en ocasiones los contenidos reales del legajo con su descripción. Estos problemas devienen de la reciente creación del Archivo y de la transferencia a su sección de Gobernación de los fondos el Ministerio del Interior y del antiguo archivo que existía en Guadalajara (palacio del Infantado). Ambos cuerpos documentales no ofrecían una óptima catalogación y, como añadidura, han presentado problemas para fusionarlos correctamente. Las carencias encontradas en estos centros sobre el tema que estábamos tratando y el exigible afán por documentar al máximo la investigación nos llevaron también a consultar otros archivos como el de Segovia, la Fundación Pablo Iglesias o la Fundación de Investigaciones Marxistas, éstas últimas en Madrid. Otras dos inspecciones de interés han sido las realizadas en el Archivo Nacional de Cataluña (donde se conserva la documentación relativa a la Mancomunidad catalana) y la Fundación Francisco Largo Caballero que completaron nuestra indagación, además de sugerirnos líneas de trabajo post-doctorales. Las hemerotecas han representado otra fuente de información, en especial las municipales de Sevilla y Madrid, aparte la utilización de alguna prensa local conservada en colecciones particulares. Con todo, conviene precisar algunos extremos con respecto al uso de la prensa en la parcela de la historia política y de las instituciones. Por un lado, hay que advertir que las informaciones periodísticas sobre las instituciones político-administrativas locales o provinciales ocupaban espacios muy pequeños o casi marginales en los rotativos. Tal vez el Ayuntamiento de la capital se escapa un poco a esta regla por las consecuencias inmediatas que su gestión representaba para los lectores de la capital, o sea, la mayor parte de la clientela de la prensa escrita por aquel entonces. Pero, en el caso de la Diputación y los municipios de la provincia, las informaciones se limitaban muchas veces a extractar las sesiones celebradas y a la publicación de algunos anuncios. Sólo en coyunturas de crisis política o sonados recambios en las corporaciones, la prensa dejaba traslucir algo más que la frialdad de las simples fuentes oficiales o actas transcritas. Estas excepciones se dieron con relativa frecuencia durante los años republicanos y menos durante la Dictadura, debido a la censura ejercida sobre los medios de comunicación. Desde luego, el sexenio no se reveló de una dureza extrema en cuanto a censura de prensa se refiere, pero sí la practicó en grado suficiente como para interferir las labores del historiador. Valga un solo ejemplo: el cese de José Cruz-Conde como gobernador civil de Sevilla. El final del mandato de una figura tan señera, que además era director de la Exposición Iberoamericana y estaba dotado de grandes influencias políticas, se reflejó en la prensa de pasada, aludiendo ambiguamente a un roce con el gobernador militar: el infante Don Carlos. El conflicto, en realidad, tenía más calado del que puede sospecharse de la lectura de los periódicos de aquel entonces. Tras el roce entre Cruz-Conde y el infante latió el conflicto de los Artillero, cuerpo al que pertenecía el primero: aquella fue la oportunidad de los crecientes enemigos de la Dictadura para sacudirse un baluarte del primorriverismo en Sevilla. Tampoco faltaron ciertas sonrisas entre lo más destacado de la escena social hispalense ante la despedida de Cruz-Conde. En lo tocante a su falta de profundidad en los aspectos más espinosos, puede aplicarse similares consideraciones a las fuentes oficiales. Evidentemente, éstas son imprescindibles para reconstruir la gestión administrativa y las directrices generales de una actuación, pero no son completas ni cubren todos los aspectos que interesan a un historiador. Por ejemplo, entre la documentación conservada en las instituciones no se encuentra normalmente correspondencia particular de los políticos, papeles de extraordinaria utilidad para comprender muchas de las decisiones políticas adoptadas, con quiénes se relacionaban los políticos, qué calidad tenían esos contactos epistolares, etc. en otro orden de cosas, tampoco las fuentes oficiales aclaran muchas de las sutilezas de la gestión administrativa: un acuerdo puede estar perfectamente recogido en las actas de la corporación y, sin embargo, dejar de cumplirse; unos fondos destinados para un menester pueden desviarse suavemente hacia objetivos menos confesables; el nombramiento de un funcionario puede reunir todos los requisitos legales pero, en verdad, procedía de una compleja maniobra caciquil en unas oposiciones, el beneficiario de la concesión de una obra –directa o por el sistema de subasta- presentaba, en apariencia, una mediocre oferta pero era familiar de uno de los diputados provinciales, etc. además, la propia complejidad burocráticas favorece el desorden documental de los fondos institucionales. Siendo esto así, nos parecía obligado acudir a otro tipo de fuentes: los archivos privados. Precisamente, desde el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla se viene promoviendo desde hace algún tiempo la exhumación de conjuntos documentales particulares. La labor es ardua por varias razones. En primer término, porque no existe una cultura de conservación del patrimonio documental en muchas de las familias más insignes que, en su día, marcaron una época y, en consecuencia, la información puede haberse perdido. En otras ocasiones, porque existen documentos pero en un mal estado de conservación o muy incompletos. Por último, puede darse el caso de que el fondo esté incluso organizado pero, curiosamente, nadie sabe de él, bien por celo de quienes lo custodian, bien porque nadie le ha prestado la debida atención. Este último grupo es el que debe merecer los esfuerzos de recuperación más intensos. En el curso de la investigación hemos indagado sobre la existencia de archivos privados de apellidos que figuraron al frente de la Diputación Provincial de Sevilla. Desafortunadamente, no hemos hallado indicio alguno en la mayor parte de los casos. Los descendientes del presidente de la Diputación durante la Dictadura, José María López-Cepero, no han mantenido bajo su propiedad ninguno de los papeles que poseyeron en su día. Tampoco se ha conservado rastro de la documentación de Pedro Parias y lo mismo caber afirmar de la mayor parte de os miembros de la Diputación. Sin embargo, nuestra búsqueda tuvo fortuna al encontrar dos fondos especialmente trascendentes para este estudio. Nos referimos al archivo de José Cruz-Conde (hallado en el domicilio particular de la familia en Córdoba) y a los fondos del presidente de la Diputación Hermenegildo Casas, en México. Ambos han resultado fundamentales para nuestra investigación al haber pertenecido a figuras clave en la política sevillana de aquellos años: Cruz-Conde fue mucho más que un gobernador civil, en realidad el indiscutible amo de la escena pública en la provincia (y en Córdoba) entre 1926 y 1929; Hermenegildo Casas, el principal líder socialista hispalense al comienzo de la República y presidente de la Diputación entre 1931 y 19354. Bien es verdad que los archivos privados no suelen ser cuantitativamente copiosos. De hecho, el de Hermenegildo Casas se encuentra muy esquilmado debido a las pérdidas que sufrió en su largo periplo hacia el exilio mexicano. Sin embargo, sus escasos documentos nos dicen mucho de su trayectoria masónica y de sus principios ideológicos, acercándoos a los pliegues más íntimos de su fibra humana: todavía en los años setenta ensalzaba su andalucismo y fervor por Sevilla en cada ocasión que se le presentaba. Algunos hallazgos en ese pequeño fondo muestran otras dimensiones distintas a las de la lucha política. La oración fúnebre pronunciada por el socialista Juan Simeón Vidarte con motivo del fallecimiento de Casas (1967) en toda una muestra de militancia masónica y de fraternal compañerismo más allá de las siglas de partido y de las controversias que les separaron durante la Segunda República. Al archivo de Cruz-Conde es acreedor de mayores comentarios. Su contenido puede dividirse en dos bloques principales: a) el de diversos asuntos particulares; y b) el de su correspondencia. En el primero apareen documentos relacionados con su situación económica particular (gestionada por la casa Lázaro and Brothers de Madrid), diversos títulos y certificados, recortes de prensa, el proyecto de reforma de Sevilla (1926) que fue rechazado por él, papeles relativos a la Exposición Iberoamericana, organización de Renovación Española en Córdoba y, entre otros, una interesante memoria sobre la situación política antes de la Dictadura y durante el Directorio Militar. El segundo apartado está compuesto por su correspondencia, organizada y en buen estado de conservación. Ojear esas cartas equivale a realizar un recorrido a través de todo un elenco de personales que caracterizaron la vida política de los años veinte y parte de los treinta. En ellas, cartas recibidas o copia de las contestadas, se recogen decenas de firmas, como las de Eduardo Aunós, el conde de Bustillo, Federico Berenguer, Manuel Blasco Garzón, Hermenegildo Casas, Carlos Cañal, José Calvo Sotelo, el duque de la Unión de Cuba, José María Gil Robles, José María Pemán y Pemartín, José Antonio Primo de Rivera, José Yanguas, etc. Con todo, los avatares del tiempo y de la Guerra Civil produjeron lamentables mellas en esta modélica organización de un archivo privado: no figura, por ejemplo, ningún cruce epistolar con el marqués de Estella. Aparte lo descrito, el archivo de Cruz-Conde también contiene algunos papeles menores sin catalogación precisa y un interesante diario escrito de puño y letra por don José a lo largo de sus asilos diplomáticos en el Madrid de la guerra civil (1936-1939). El ex-gobernador de Sevilla estuvo implicado en los preparativos del Alzamiento del 18 de Julio en Córdoba pero, sin embargo, las circunstancias de última hora (muerte de Calvo Sotelo) y los requerimientos del general García de la Herrán le hicieron permanecer en Madrid. El fracaso de la sublevación obligó a Cruz-Conde a buscar asilo diplomático en diversas legaciones y embajadas (Perú, Argentina, República Dominicana) hasta acabar sus días en el Hospital francés a fines del mes de enero de 1939. Precisamente, este diario es objeto de un estudio que estamos llevando a cabo y que verá la luz en un futuro próximo. Tanto la tarea de extraer información para la presente Tesis Doctoral como la profundización biográfica en la figura de José Cruz-Conde han sido posibles mediante la amabilidad de su familia y, muy especialmente, de Antonio Cruz-Conde, sobrino-nieto del que fuera director de la Exposición, a quien agradecemos su colaboración desde estos párrafos. Han sido también de sumo valor las aportaciones de las publicaciones de la época. Hemos examinado una ingente bibliografía política de los años veinte y treinta en la Biblioteca Nacional (Madrid) y en otros centros como la Biblioteca Arús o la comúnmente conocida como Biblioteca Figueras, ambas en Barcelona. Singular énfasis queremos poner en la segunda porque en ella hemos encontrado obras que no se hallaba en la Nacional y, sin duda, recoge referencias bibliográficas de sumo interés para los analistas del siglo XX español. Por otro lado, también hemos accedido a otros centros como la Biblioteca del Ministerio del Interior, la de Administración Pública, la del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) o la del Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP). Tal y como el lector puede intuir, entre estas bibliotecas existen bastantes duplicidades y sería bastante racionalizador simplificarlas en una sola, correctamente dotada y organizada. La Biblioteca del Parlamento Andaluz y, sobre todo, la de la Universidad de Sevilla también han sido objeto de nuestras consultas. Por último, quisiera agradecer la disposición de Eduardo Ybarra al dejarnos investigar en su acogedora biblioteca particular. Volviendo al análisis de las fuentes originales consultadas y para cerrar este apartado, conviene hacer una última mención sobre la historia oral, son de sobra conocidos los argumentos en pro y en contra de la historia realizada a partir del recurso de las entrevistas personales. Nosotros hemos utilizado este recurso excepcionalmente y con la debida precaución por dos razones. De entrada, porque los entrevistados no son de primera mano (todas las personalidades que nos interesaban habían fallecido ya) y, en segundo lugar, porque son familiares de la figura que había motivado nuestra atención. Por todo ello, sólo han sido tomadas en cuenta cuando no existía documentación o cuando, indirectamente, hemos podido comprobar la veracidad de sus informaciones. Particularmente, he de agradecer la cooperación que nos prestaron la hija del marqués de Castellón (diputado provincial por el distrito de Utrera-Marchena entre 1924-1925), las familias de López-Cepero y de Muñoz Conde, Elena Casas Ordoñez (hija de Hermenegildo Casas) y, de nuevo, Antonio Cruz-Conde. Dicho lo anterior, la estructuración definitiva de los capítulos que siguen obedecen a un planteamiento cronológico en el que se intercalan núcleos temáticos específicos, todo ello precedido de un primer capítulo introductorio donde se traza una síntesis de las diputaciones provinciales desde su nacimiento hasta 1923, acercándonos a la situación vivida por la Diputación sevillana poco antes de la irrupción de la Dictadura primorriverista. Como queda indicado, el capítulo introductorio describe la génesis y evolución de los organismos provinciales en el siglo XIX. Las diputaciones fueron piezas en la construcción del Estado liberal en España y, como tales, sufrieron los avatares políticos del primer tercio de la pasada centuria. Nacidas sobre el papel en la Constitución de 1812, vivieron con interrupciones los primeros años de su existencia. Tras el Trienio Liberal, esos órganos desaparecieron durante la segunda etapa absolutista del reinado de Fernando VII y no sería hasta 1833 cuando tuvo lugar su definitiva implantación. La división territorial diseñada por Javier de Burgos les otorgó un dominio delimitado sobre el que ejercer su gestión, mediatizada ésta por la guerra carlista. El reinado de Isabel II y el sexenio revolucionario transfirieron cartas de naturaleza tanto a las provincias como a las instituciones político-administrativas encargadas de administrarlas (además de las diputaciones, también los gobiernos civiles). El segundo epígrafe del capítulo se dedica a valorar el papel de estos organismos dentro del sistema de la Restauración canovista y sus profundas raíces caciquiles. Por último, se concluye con una aproximación al estado en que se encontraba la Diputación Provincial de Sevilla en los años finales de la crisis del sistema. La sublevación de Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, irrumpió bajo una aureola de propósitos regeneradores envueltos en dictados autoritarios, constituyendo un auténtico impacto para las diputaciones. Precisamente, el capítulo segundo se inicia con un esbozo acerca de lo que significó en Sevilla la última corporación provincial del turno y en qué forma ésta hubo de asumir las normas del Directorio Militar. El entonces presidente de la Comisión –Serasúa Barandiarán- supo acomodarse a la nueva situación manteniendo unas relaciones más que cordiales con el gobernador civil: el general Francisco Perales Vallejo. Aquel fue uno de los primeros gestos de entendimiento entre los viejos políticos y las autoridades militares, en principio tan firmemente anticaciquiles como regeneradoras. Y es que los enérgicos proyectos de la Dictadura se fueron domesticando al poco de acceder al poder. Incluso, el dictador acarició la idea de suprimir de un plumazo los viveros de caciquismo representados por las diputaciones, pero todo quedó en una mera sustitución de corporaciones en enero de 1924, a excepción de las provincias vascongadas que conservaron sus diputados. En la sevillana, todos los miembros del pleno provincial fueron reemplazados por otros entre los que se contaron figuras de la vieja política pero, también, la emergencia de hombres nuevos (sobre todo católicos). La segunda parte del capítulo aborda las transformaciones acontecidas en la Administración Local de la provincia de Sevilla, de acuerdo con nuestro objetivo de incardinar a la Diputación dentro de la jerarquía institucional. En consecuencia, se tratan los cambios producidos en el Gobiernos Civil y en los ayuntamientos, reservando un apartado al fenómeno de los delegados gubernativos, bisturí anticaciquil en la última epidermis municipal y supuesto espejo de las virtudes que habrían de conducir el futuro del país. El ruido de las primeras purificadoras fue mucho mayor de lo que en realidad se consiguió, aunque ciertas cosas sí llegaron a cambiar. La persistencia de caciques no implicó la subsistencia del caciquismo anterior al 13 de Septiembre de 1923 y, de hecho, la gestión de los organismos administrativos registró notables modificaciones. Un ejemplo fue la actividad desplegada por la Diputación dirigida por el abogado católico José María López-Cepero y Muru entre enero de 1924 y marzo de 1925. Precisamente, en ésta última fecha Calvo Sotelo publicó su Estatuto Provincial gracias al cual la actividad de las diputaciones mejoró sensiblemente durante casi cinco años. El tercer bloque de contenidos está dedicado al estudio del desarrollo de aquel Estatuto para el caso sevillano. Una vez expuesto en el segundo capítulo su significado legislativo y sus innovaciones, en éste se contemplan los efectos palpables producidos por el Estatuto en combinación con los acontecimientos políticos que se dieron cita en la Sevilla del período 1925-1930. Fue entonces cuando se fraguó el mayor esfuerzo económico de la institución provincial, en forma de caminos vecinales, mejoras en la beneficencia y contribución a la puesta a punto de la Exposición Iberoamericana. Esa gestión se adecuó a las pautas marcadas por el régimen, secundadas y suscritas plenamente por las dos figuras que ocuparon la presidencia de la Diputación en aquellos años: José María López-Cepero (abril 1925 – junio 1928) y Pedro Parias (julio 1928 – enero 1930). No obstante, el consenso alcanzado en lo administrativo se conjugó con una serie de crisis políticas –conectadas con el progresivo desgaste del régimen- entre las que destacamos la del Ayuntamiento (1927) y la de la Diputación (1928). La actuación del gobernador civil José Cruz-Conde es la clave de aquellos sobresaltos políticos en su afán por controlar el status quo de la Unión Patriótica (UP) y, sobre todo, por llevar a buen término la citada Exposición. No dudó en sustituir a los católico-mauristas por el apoyo incondicional de los grupos económicos (Unión Comercial) que apostaban decididamente por la celebración del Certamen, promesa para el desarrollo del comercio exterior. Relacionado con aquel auge de las élites económicas reservamos un espacio para el estudio de un fenómeno hasta la fecha prácticamente inédito: el rotarismo. De hecho, el Rotary Club de Sevilla experimentó un sensible auge entre 1927 (fecha de su inauguración) y 1930, militando en esta cantidad diputados provinciales pertenecientes a actividades industriales, mercantiles o profesiones liberales. Finalmente, la caída de Cruz-Conde, los últimos reajustes políticos, el balance presupuestario de las corporaciones provinciales primorriveristas y el significado de la III Asamblea de diputaciones, organizada en Sevilla, jalonan la fase terminal de la Dictadura en nuestro estudio. El cuarto capítulo refiere lo que fue el crítico año de 1930. Hemos centrado especial atención en los meses que median entre la Dictadura y la República porque, además de servir de bisagra a los dos períodos que determinan este trabajo, durante el mismo se planteó la reforma del marco legal de las diputaciones. En ese año, incluso bajo una atmósfera revisionista contra lo ejecutado durante el sexenio, nadie quiso volver a la vieja Ley Provincial de 1882, decantándose la mayor parte de las diputaciones por realizar una reforma a partir de lo plasmado en el Estatuto de Calvo Sotelo. Esa postura equivalió a reconocer la superioridad de la legislación provincial primorriverista respecto de la de la Restauración. Actitud aún más significativa por cuanto en 1930 muchos personajes de la vieja política se habían reincorporado a los ayuntamientos y diputaciones. En Sevilla, los conservadores –acaudillados por el marqués de Torrenueva- dominaron toda la estructura político-administrativa de la provincia, desde el Gobierno Civil a los ayuntamientos pasando, lógicamente, por la Diputación. El objetivo político de los gobiernos Berenguer y Aznar radicó en preparar las próximas citas electorales, definitivas para el futuro curso político del país y el sostenimiento de la monarquía de Alfonso XIII. Pero no pudo lograrse por falta de consenso entre las propias filas monárquicas, aderezado además por el progresivo crecimiento de las dificultades económicas. Problemas políticos y económicos actuaron como una auténtica pinza sobre aquellas corporaciones transitorias e incapaces de desarrollar una labor gestora a medio plazo. La Diputación sevillana acusó todos estos factores, aunque con la mejor voluntad intentara sobreponerse a ellos. Creó –algo tardíamente- la Caja de Ahorros Provincial (el precedente de la actual Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez) con una mínima infraestructura y bajo un contexto desfavorable para las imposiciones. Por otro lado, consiguió ganar un pulso al propio Gobierno Berenguer cuando éste intentó resumir el cobro de las contribuciones del Estado en la provincia, cesión efectuada durante la Dictadura. Algunos logro, pues, se registraron en el haber de la Diputación presidida por el conservador Manuel Sarasúa. Sin embargo, poco pudieron hacer los monárquicos ante el impacto de las elecciones del 12 de abril de 1931. Los sorprendentes resultados que arrojaron las urnas precipitaron la proclamación del régimen republicano, transformando radicalmente el perfil político de la provincia de Sevilla. Precisamente, el quinto capítulo centra su interés en el análisis pormenorizado de los primeros meses de República, fechas en las que se operó una deliberada planificación republicanizadora de las corporaciones locales. De ahí la relevancia que le otorgamos al estudio de las elecciones municipales del 12 de abril y 31 de mayo de 1931. Junto a ello, analizamos las características de los nombramientos gubernativos efectuados en el Gobierno Civil y en la Diputación Provincial (ésta pasaría a ser dirigida por una Comisión Gestora designada por el gobernador y los partidos). De gran interés ha resultado el examen de los rasgos neocaciquiles adquiridos por algunos políticos republicanos y el constatar la conversión de personajes antes adscritos a las filas monárquicas, corroborando en ambos extremos las observaciones de Shlomo Ben Ami en su Anatomía de una transición. Por otro lado, se trata el controvertido rema de la Masonería y sus relaciones con el mundo de la política a través de los órganos de la estructura administrativa local. Hemos cuantificado qué número de masones ocupó cargos políticos en el Gobierno Civil, la Diputación y los ayuntamientos para, con posterioridad, delimitar las fronteras de la fraternidad masónica y los compromisos partidistas. ¿Influía la masonería en la política republicana a través de los hermanos emplazados en cargos de representación? ¿Ejercitó la Orden el recurso a las vías de favor o, por el contrario, fue instrumentalizada por los hermanos para conseguir beneficios particulares? Son cuestiones planteadas y a las que pretendemos responder –según la documentación consultada- en su correspondiente epígrafe. En último lugar, realizamos un somero examen de los resultados de las elecciones generales de 28 de junio de 1931 (además de las parciales de 12 de julio y 4 de octubre) con la finalidad de conocer cuál era el pulso político de la provincia en esas fechas. Llegados a este punto, procedemos al examen de la gestión provincial republicana durante el primer bienio, prácticamente coincidente con la presidencia del socialista Hermenegildo Casas Jiménez. En ese balance abordamos un heterogéneo abanico de asuntos: la transformación ideológica de la beneficencia; el fomento de las obras públicas como fórmula para conjurar el desempleo, la politización del organismo administrativo; etc. Especial relieve le concedemos al papel desempeñado por la Diputación –gracias a los empeños de Casas- en la dirección del proceso autonómico para la región andaluza. Los avatares políticos nacionales y el desgaste de los republicanos-socialistas tuvieron su traducción en Sevilla y en su Diputación. Por un lado, Hermenegildo Casas abandonó el PSOE y se unió al grupo de disidentes del PRR, encabezados por Diego Martínez Barrio; por otro, las elecciones de 1933 cambiaron el espectro político y, en consecuencia, la corporación fue renovada a favor de una sólida mayoría radical liderada por el médico José Manuel Puelles. No obstante, aquella Diputación tuvo una corta existencia (febrero-septiembre 1934) debido a la crisis del PRR, muy acusada en las filas del radicalismo sevillano. Casi todos los cuadros del partido siguieron a Martínez Barrio, dejando unos huecos rellenados con personajes procedentes de la vieja política o de las derechas moderadas, bajo el control de Guillermo Moreno Calvo, subsecretario en los gobiernos lerrouxistas. En consecuencia, la corporación provincial propiamente rectificadora fue la dirigida por José Prieto Carreño, con un perfil político lerrouxista y cedista, más el añadido de algún agrario. La labor de rectificación emprendida por aquellos diputados no tuvo éxito. Tal y como describimos en el capítulo séptimo, las dificultades económica y la precariedad del marco legal de la Diputación fueron factores adicionales en la crisis política casi permanente del lerrouxismo hispalense (siempre en reorganización). Al final, el escándalo Nombela y el hundimiento político de Guillermo Moreno Calvo dieron al traste con los equipos políticos del PRR tanto en la Diputación como en los ayuntamientos. No faltaron lerrouxistas que ensayaran aproximaciones hacia la operación centrista tejida por el gabinete del Portela Valladares y, de hecho, uno de ellos fue el presidente José Prieto Carreño. Incluso, curiosamente, el ex-socialista Hermenegildo Casas aceptó durante una semana asumir la presidencia de la Diputación poco antes de las elecciones del 16 de febrero de 1936. Sin embargo, todos estos propósitos quedaron desbaratados tras el triunfo del Frente Popular en las urnas. Al igual que los demás comicios, las elecciones de febrero son analizadas para extraer el mapa político de la provincia. Con dicho análisis arranca el último capítulo, centrado en los recambios introducidos por el Gobierno Azaña en las instituciones político-administrativas sevillanas. A la Diputación volvió José Manuel Puelles de los Santos con una mayoría de diputados martinbarristas, aunque sin faltar representantes de los demás partidos: PSOE, Izquierda Republicana y comunistas. Lógicamente, prestamos suma atención a la gestión desplegada por aquella corporación en su esfuerzo por recuperar las líneas de trabajo del primer bienio, incluyendo la reactivación del proceso autonómico. De especial interés se han revelado las elecciones a compromisarios celebradas en abril de 1936 con motivo de la caída de Alcalá-Zamora como presidente de la república. Los compromisarios que habrían de elegir a Manuel Azaña como nuevo jefe del Estado estuvieron integrados en Sevilla mayoritariamente por miembros del Frente Popular, ante unas derechas que se abstuvieron de presentar candidatos. El rechazo de una parte del espectro de partidos a participar en esas elecciones era una muestra de hasta qué grado se había deteriorado la convivencia política. La República se había convertido en un régimen de una parte del país, en parte por la instrumentalización de unos y en parte por la desafección de otros. La Guerra Civil sería la trágica consecuencia de esa ruptura. Esta obra está inscrita en las líneas de trabajo abiertas en el Departamento de historia Contemporánea en torno al tema Política y políticos en la Sevilla contemporánea. Agradezco desde estos párrafos la colaboración de sus miembros y, en especial, a María Parias y Leandro Álvarez, con quienes he tenido el gusto de intercambiar puntos de vista en el proceso de elaboración de la presente Tesis Doctoral. Quiero reconocer, igualmente, las conversaciones, contraste de pareceres y densas jornadas de trabajo que he sostenido con el director del presente estudio, profesor Alfonso Braojos, a quien me une no sólo el compartir proyectos intelectuales sino también una bien fundada amistad. No resulta posible hilvanar todos aquellos nombres con quienes, de un modo u otro, sostengo deuda de gratitud. Asumiendo los riesgos de una sucinta relación y disculpando los probables olvidos, quiero referir en primer lugar el amable trato dispensando por el personal de los archivos consultados, en especial el de la Diputación Provincial de Sevilla, tanto por l que se refiere a su actual directora, Carmen Barriga, como a las encargadas del servicio, siempre atentas a mis peticiones y valiosas informadoras de los fondos allí custodiados. Iguales consideraciones he de consignar respecto de los empleados de la Hemeroteca Municipal. También el director de la prisión provincial Sevilla-1, Javier Romero, es acreedor de mi reconocimiento al facilitarme los trámites pertinentes ante instituciones Penitenciarias y el acceso a la documentación recientemente ordenada. Por otro lado, las consultas en la Capitanía General de la Segunda Región Militar hubieran permanecido en un mero deseo a no ser por los permisos concedidos por el Capitán General y los buenos oficios del comandante Carpintero y del capitán Subirá. Con independencia de los favores concedidos por los titulares de documentación particular y reiterándoles mi gratitud, quiero hacer mención a todos aquellos investigadores con los que he cambiado impresiones, ofreciéndome ideas estimables. Largas horas de charla y amistad he compartido con Manuel Ruiz Romero hablando de temas políticos en relación con el proceso autonómico andaluz durante la Segunda República. Una relación ésta que no sólo ha sido fecunda sino que comenzó con la mayor honestidad profesional que puede haber entre dos investigadores: intercambiándose información extraída de los archivos que cada uno había visitado. Igual transparencia y honradez intelectual he encontrado en el profesor y compañero Juan Ortiz Villalba. Su amplio conocimiento sobre la historia cordobesa me han servido para profundizar en los aspectos biográficos de José Cruz-Conde, objeto de un futuro proyecto investigador. También he encontrado colaboración y ayuda en otros colegas que han abordado el tema de la historia de las diputaciones. Entre ellos quiero destacar , en primer lugar, a la profesora Encarnación Lemus (Universidad de Huelva) y a los profesores Eduardo Alonso Olea (Universidad del País Vasco), Manuel Requena Gallego (Universidad de Albacete), Pedro Carasa Soto (Universidad de Valladolid) y José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja). Los aportes bibliográficos facilitados por la biblioteca de la Facultad de Derecho y el Instituto García Oviedo han resultado imprescindibles para completar los repertorios de obras de referencia. La última sección de agradecimientos, tal como corresponde a lo más importante, va dirigida a mis seres más queridos: mis padres que compartieron conmigo los primeros pasos de esta investigación y, especialmente, mi mujer, sin cuyo aliento, sacrificio, compresión y ayuda esta obra no habría tenido objetivo mi meta. A todos ellos, pues, y a todos los que no han sido mencionados, se dirige mi pública gratitud. Naturalmente y siendo justa la advertencia, las imprecisiones o ausencias que el lector pueda encontrar son de exclusiva responsabilidad del autor.