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En este ensayo se examina la concepción hobbesiana de ley natural para poner de presente algunas tensiones y dificultades que ésta genera dentro del pensamiento político del autor. Así se mostrará que la posición de Hobbes en torno a la justicia no puede inscribirse completamente dentro del positivismo legal sino que, acercándose éste, mantiene vestigios de la tradición iusnaturalista que no se compaginan muy bien con el planteamiento de un Estado absoluto. Además, se discuten algunos presupuestos e implicaciones del contractualismo y se pone de presente que esta metodología tampoco resulta del todo consecuente con la idea de un Estado autoritario. ; This essay deals with Hobbes notion of natural law in order to point out some tensions and difficulties brought by this notion into his political thought. The article shows that the Hobbes idea of justice cannot be completely inscribed in legal positivism but, coming close to it, maintains some vestiges of the natural law tradition, which, however do not correspond very well with his idea of an absolute state. In addition, the essay considers some notions and propositions of contractualism and points out its incompatibility with authoritarianism.

La construcción de indicadores sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado interno colombiano, que se deriva de las órdenes impartidas en la sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2004, y en específico del auto de seguimiento 092 de 2008 —a partir del cual la Corte decidió proteger los derechos de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado—, se ha convertido en elemento central para la fijación de políticas criminales en el país en materia de violencia sexual. Este proceso de construcción de indicadores ha sido además caracterizado por una participación activa y conjunta entre organizaciones no gubernamentales feministas, la Corte Constitucional y el gobierno colombiano. Este artículo busca ilustrar cómo esta manera conjunta de construcción de indicadores, en especial con la intervención de lo que acá denomino feminismo punitivo, puede tener la capacidad de determinar políticas públicas criminales dirigidas a establecer la forma en que el Estado debe lidiar con la violencia sexual, incluyendo la ocurrida por fuera del contexto del conflicto armado interno. La discusión estará fundamentada en la idea de los indicadores como tecnología de gobierno y su uso como manera de legitimar lo que ha sido denominado "nuevas formas de control formal penal sobre delitos sexuales ; The construction of indicators on sexual violence in the Colombian armed conflict result from the statement of the unconstitutional state of affairs issued by the Court in sentence T-025 of 2004 and especially in writ 092 of 2008 through which the Court decided to protect the rights of women who are victims of forced displacement caused by the armed conflict. This construction has been established as crucial for the guidelines of public criminal policy in the country. This process of constructing indicators has been characterized by an active participation of feminist NGOs and by a collective construction process including the women's movements, the Constitutional Court and the Government. This paper aims at illustrating how this way of constructing indicators, especially with the involvement of what I call punishment feminism, may have the potential to determine public criminal policies intended to guide the way the state should deal with sexual violence, even sexual violence that occurs outside the context of internal armed conflict. The discussion will be based on the idea of the indicator as a government technology and its use as a way to legitimize what has been named "new formal punitive control on sexual crimes."

El presente artículo es una reflexión derivada de una investigación y aborda la problemática de las restricciones impuestas a la autonomía privada para configurar el procedimiento arbitral, derivadas de la fórmula de constitucionalización de esta figura. Para ello, realiza un ejercicio comparativo sobre la amigable composición como un ejemplo de mecanismo de solución de controversias cuyo carácter contractual, reconocido únicamente en el plano legal, privilegia en mayor medida la autonomía de la voluntad en la determinación de su trámite. Así, para demostrar que el constituyente y el legislador colombiano habrían podido privilegiar en mayor medida la autonomía de la voluntad en el arbitraje, se analizan las similitudes de este mecanismo con la amigable composición. De esta manera, mediante una investigación sobre las raíces, la evolución normativa y jurisprudencial de la amigable composición en Colombia y en el derecho comparado, se identifica el porqué de las grandes diferencias prácticas en la forma de llevar a cabo estos dos trámites. ; In this paper, the author analyzes the restrictions imposed on party autonomy to set the arbitration procedure, derived from Constitutional Law inter alia. He does so, through a comparative exercise that deals with the case of amigable composición as an example of ADR whose contractual nature favors party autonomy. In order to demonstrate that the constituent and the Colombian legislator could have further favor party autonomy in arbitration, the author analyses the similarities between these two mechanisms. Thus, through an investigation on the roots, regulation and jurisprudential evolution of amigable composición in Colombia and in comparative law, he identifies why there are so many differences in the practice of these proceedings.

Delito politico, estrategias de defensa juridica, derecho penal y derechos humanos en Colombia una reflexión critica

Este artículo es resultado parcial de la investigación Doctoral sobreprotección de datos personales que el autor realiza en el Doctorado de laFacultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Sepretende pretende establecer si Colombia, a la luz de la actual legislaciónpuede considerarse como un país que garantiza un nivel adecuado de protección de los datos personales frente a las exigencias de la Unión Europea que se derivan, especialmente, de la Directiva 95/46/CE.El que un país tenga un nivel adecuado de protección de datos personaleses un requisito que, entre otros, facilita la transferencia internacional dedicha información hacia el mismo. Con ello, no sólo se crea un escenarioadecuado de protección de los derechos de las personas sino que se generan ventajas competitivas para consolidar o forjar nuevos negocios. ; This article is a partial result of the doctoral investigation about data protection that the autor is doing during his studies in the Doctorate in Juridical Science Program of the Pontificia Universidad Javeriana Law School. It intends to establish if Colombia, in light of its current legislation, can be considered as a country that guarantees an adequate level of personal information protection. Particularly, constant reference will be made to basic European standards in such matter.The fact that a country has an adequate level of personal information protection is a requirement that, among other things, facilitates the international transfer of such information, and not only creates a suitable scenario for the protection of persons rights, but competitive advantages are also generated in order to consolidate or create new businesses.

We dealed with here the long process events experienced by indigenous the communal property in Venezuela from its origins in century XVI, the anticorporative policy of the Borbones, to its extinction or suppression, when institutionalizing the individual property in Venezuela in century XIX, by referring particular to the Venezuelan Mérida. The analysis includes/understands the factors that took part in their progressive deterioration, propiciadores of the application of the legislation that determined its liquidation to culminate a stage of the individual dilemma versus community that characterized the agrarian policy of century XIX. ; Tratamos aquí el largo proceso de acontecimientos experimentados por la propiedad comunal indígena en Venezuela desde sus orígenes en el siglo XVI, la política anticorporativa de los Borbones, hasta su extinción o supresión, al institucionalizarse la propiedad individual en el siglo XIX, con referencia particular a la Mérida venezolana. El análisis comprende los factores que intervinieron en su progresivo deterioro, propiciadores de la aplicación de la legislación que determinó su liquidación para culminar una etapa del dilema individuo versus comunidad que caracterizó la política agraria del siglo XIX.

El derecho internacional ha sido reiteradamente cuestionado por su carácter excluyente y sus usos imperiales. Estas críticas describen de manera precisa muchas de sus estructuras y dinámicas. Sin embargo, el derecho internacional puede ser un instrumento útil para proteger los intereses legítimos de los Estados del Sur Global, en general, y de los distintos grupos sociales y culturales que los componen, en particular. El uso estratégico de sus normas y procedimientos pueden contribuir eficientemente a alcanzar estos objetivos. No obstante, para entender el potencial emancipador o de resistencia social que tiene el derecho internacional es necesario complementar las discusiones y críticas teóricas con el examen de las formas concretas a través de las cuales el Sur Global hace uso del derecho internacional para resistir o transformar su realidad social. El artículo, siguiendo esta línea de argumentación, explora la manera como el derecho internacional puede ser usado como una herramienta para proteger los intereses de algunos de los grupos mas vulnerables del Sur Global: las comunidades indígenas y negras culturalmente diversas. Este análisis se hace a partir de un estudio de caso. El artículo examina el proceso que se inicia con la presentación de la acción publica de inconstitucionalidad que se presentó ante la Corte Constitucional colombiana en contra de la Ley General Forestal y que termina con la sentencia C-075 de 2008 que declaró su inconstitucionalidad. El análisis de este proceso se divide en dos partes: en la primera parte se examina la manera como el derecho internacional y el derecho nacional se entretejieron para la protección de los derechos de las minorías culturales colombianas. En la segunda parte, se presentan las razones jurídicas y políticas que explican porqué en Colombia, así como en otros países del Sur Global, el derecho internacional ambiental y el derecho internacional de las minorías culturales pueden ser (y son) usados eficientemente en las Cortes nacionales.Este artículo de investigación hace parte de un proyecto más amplio que tiene como objetivo examinar las relaciones entre derecho de interés público y minorías culturales. ; International law has been repeatedly challenged for its exclusionary character and its imperial uses. These critiques describe many of its structures and dynamics in a precise manner. However, international law may be a useful instrument for protecting the legitimate interests of the States of the Global South in general, and of the distinct social and cultural groups that form them, in particular. Yet, in order to understand international law's potential for emancipation or social resistance, it is necessary to complement theoretical critiques with the examination of concrete forms through which the Global South makes use of international law to resist or transform its social reality. However, this theorization must emerge, at least in part, from the particular experiences that social movements and organizations have had with the use of international law for the defense of their communities, their lands, and their natural resources. This article explores the ways in which international law may be used as a tool to protect the rights and natural resources of some of the most vulnerable groups in the Global South: indigenous peoples and culturally diverse black communities. This analysis proceeds by means of a case study. This chapter examines the strategic litigation project that began when a public action of unconstitutionality was brought before the Colombian Constitutional Court against the General Forestry Law (GFL), and that culminated with ruling C-075 of 2008 declaring the law unconstitutional. The analysis of this strategic litigation project is divided in two parts: the first part examines the way in which international law and national law are interwoven for the protection of the rights of Colombian cultural minorities and of the environment. The second part presents the legal and political arguments that explain why, in Colombia as well as in other countries of the Global South, international environmental law and the international law on cultural minorities may be (and are) used effectively in national courts.