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En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 3, n. 2, 2010, pp 411-432 ; Como en cualquier tipo de arbitraje, el arbitraje de inversiones se fundamenta en el acuerdo de las partes. El consentimiento al arbitraje tanto por parte del Estado receptor de la inversión como por parte del inversor es un requisito indispensable para la competencia del tribunal arbitral. De forma tradicional el consentimiento se otorgaba a través de un acuerdo directo entre el inversor y el Estado receptor de la inversión. Pero en los últimos años, el consentimiento resulta de una oferta unilateral realizada por el Estado receptor de la inversión, que se contempla en su legislacion o en un Tratado internacional, que posteriormente es aceptada por el inversor. Este trabajo analiza cuando este tipo de disposiciones constituyen una oferta inequívoca de arbitraje y cuando, por el contrario, constituyen promesas futuras e incluso una simple consideración general favorable hacia este método de solución de controversias. Una interpretación correcta de estas cláusulas tiene una decisiva importancia si observamos que algunos países, especialmente de Latinoamérica, están empezando a diseñar estrategias para limitar su exposición al arbitraje, comenzando por la denuncia de la Convención CIADI. ; Like any form of arbitration, investment arbitration is always based on an agreement. Consent to arbitration by the host State and by the investor is an indispensable requirement for a tribunal's jurisdiction. Traditionally this would take place by a direct agreement between the host State and the investor. But in the last years, consent result from a unilateral offer by the host State, expressed in its legislation or in a treaty, which is subsequently accepted by the investor. This article analyzes when these provisions constitute an unequivocal offer to arbitrate and when contain simple promises of future consent or hold out a general prospect of sympathetic consideration. A correct interpretation of these clauses has today great importance, if we observe that some countries, especially in Latin America, have started to design strategies to limit their exposure to investment arbitration, beginning by the denunciation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (The ICSID Convention).

En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 3, n. 2, 2010, pp 411-432 ; Como en cualquier tipo de arbitraje, el arbitraje de inversiones se fundamenta en el acuerdo de las partes. El consentimiento al arbitraje tanto por parte del Estado receptor de la inversión como por parte del inversor es un requisito indispensable para la competencia del tribunal arbitral. De forma tradicional el consentimiento se otorgaba a través de un acuerdo directo entre el inversor y el Estado receptor de la inversión. Pero en los últimos años, el consentimiento resulta de una oferta unilateral realizada por el Estado receptor de la inversión, que se contempla en su legislacion o en un Tratado internacional, que posteriormente es aceptada por el inversor. Este trabajo analiza cuando este tipo de disposiciones constituyen una oferta inequívoca de arbitraje y cuando, por el contrario, constituyen promesas futuras e incluso una simple consideración general favorable hacia este método de solución de controversias. Una interpretación correcta de estas cláusulas tiene una decisiva importancia si observamos que algunos países, especialmente de Latinoamérica, están empezando a diseñar estrategias para limitar su exposición al arbitraje, comenzando por la denuncia de la Convención CIADI. ; Like any form of arbitration, investment arbitration is always based on an agreement. Consent to arbitration by the host State and by the investor is an indispensable requirement for a tribunal's jurisdiction. Traditionally this would take place by a direct agreement between the host State and the investor. But in the last years, consent result from a unilateral offer by the host State, expressed in its legislation or in a treaty, which is subsequently accepted by the investor. This article analyzes when these provisions constitute an unequivocal offer to arbitrate and when contain simple promises of future consent or hold out a general prospect of sympathetic consideration. A correct interpretation of these clauses has today great importance, if we observe that some countries, especially in Latin America, have started to design strategies to limit their exposure to investment arbitration, beginning by the denunciation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (The ICSID Convention).

En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 6, n. 2, 2013, pp 377-396 ; Una vez que el Derecho aplicable es elegido, a fin de regir el contrato entre la entidad soberana y el inversor o simplemente a fin de regir toda su relación económica, el inversor suele sentir la necesidad de proteger tal elección, asegurándose de que la entidad soberana no la modifica introduciendo nuevas condiciones en su relación o nueva normativa. Es habitual que los inversores traten de alcanzar estos objetivos introduciendo cláusulas de estabilización en los contratos de inversión. La clasificación, validez y efectos de tales cláusulas está sujeta a cierta controversia porque, entre otras cuestiones, puede afectar a la soberanía legislativa de los estados. ; Once the applicable law is chosen in order to govern the contract between the sovereign entity and the investor or simply in order to govern their economic relationship as a whole, the investor usually feels the need to protect that choice, making sure the sovereign entity does not alter it by introducing new conditions in their relationship or new regulations. It is common that investors try to achieve these purposes by introducing stabilisation clauses in investment contracts. The classification, validity and effects of such clauses is subject to some controversy because, among other issues, it may affect the legislative sovereignity of states.

En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 6, n. 2, 2013, pp 377-396 ; Una vez que el Derecho aplicable es elegido, a fin de regir el contrato entre la entidad soberana y el inversor o simplemente a fin de regir toda su relación económica, el inversor suele sentir la necesidad de proteger tal elección, asegurándose de que la entidad soberana no la modifica introduciendo nuevas condiciones en su relación o nueva normativa. Es habitual que los inversores traten de alcanzar estos objetivos introduciendo cláusulas de estabilización en los contratos de inversión. La clasificación, validez y efectos de tales cláusulas está sujeta a cierta controversia porque, entre otras cuestiones, puede afectar a la soberanía legislativa de los estados. ; Once the applicable law is chosen in order to govern the contract between the sovereign entity and the investor or simply in order to govern their economic relationship as a whole, the investor usually feels the need to protect that choice, making sure the sovereign entity does not alter it by introducing new conditions in their relationship or new regulations. It is common that investors try to achieve these purposes by introducing stabilisation clauses in investment contracts. The classification, validity and effects of such clauses is subject to some controversy because, among other issues, it may affect the legislative sovereignity of states.

Resulta paradójico que las diferentes normas institucionales y arbitrales de que disponen las partes en litigio hayan sido tradicionalmente escasas con respecto a su transparencia procesal, al dejar, en gran medida, esas cuestiones a la discreción de las partes, o, a falta de acuerdo, al tribunal arbitral. Los problemas de procedimiento en el arbitraje internacional son cada día más frecuentes, de mayor complejidad y de máxima preocupación. Cuestiones estas que, junto al interés público, son objeto de interés en el presente artículo.

Al regular la jurisdicción del Centro, el artículo 25 del Convenio del CIADI, determina la dimensión subjetiva de las controversias, limitándolas, exclusivamente, a aquellas que tengan lugar entre un Estado y un nacional de otro Estado contratante. No obstante, como consecuencia del crecimiento exponencial de la inversión pública internacional a través de empresas estatales, se plantea un debate interesante respecto de la posibilidad de que estas entidades adquieran ius standi ante los tribunales arbitrales de inversión. Si bien, a partir del denominado "test de Broches" los árbitros han permitido su comparecencia, es necesario establecer criterios adecuados y precisos que permitan clarificar la competencia ratione personae de los tribunales arbitrales de inversión en las controversias que involucren a las empresas estatales.

El régimen de arbitraje de inversiones entre la Unión Europea (UE) y Singapur ha pasado del arbitraje de diferencias Estado-inversor propuesto por el borrador del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Singapur del 2015 a un Sistema de Tribunales de Inversiones en el borrador del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Singapur (APIUES) del 2018. Esta evolución se fundamenta en: a) los cambios de forma y fondo introducidos por el APIUES; y, b) un análisis comparativo de los sistemas de tribunales de inversiones previstos en el APIUES, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la UE y los Estados Unidos, y el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá.Recibido: 10 febrero 2019Aceptado: 21 junio 2019Publicación en línea: 31 julio 2019

En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 5, n. 3, 2012, pp 759-766 ; El arbitraje ha adquirido durante los últimos años una creciente importancia como forma de resolución de los litigios relacionados con inversiones extranjeras. En buena medida, eso se debe al hecho de que los tratados bilaterales de inversión celebrados entre muchos Estados prevén la posibilidad de someter a arbitraje los litigios relativos a inversiones realizadas por los ciudadanos y las empresas de cada uno de los Estados partes en el territorio de otro Estado parte. La competencia para celebrar dichos tratados era, hasta hace pocas fechas, exclusivamente de los Estados. Sin embargo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye a la Unión la competencia para celebrar acuerdos bilaterales relativos a la inversión directa extranjera con terceros Estados. Esa competencia suscita diversos problemas relacionados con el régimen de resolución por arbitraje de los litigios relativos a las inversiones comprendidas en esos tratados, entre los cuales se destacan la aplicabilidad del arbitraje CIADI en el marco de los tratados europeos de inversión, la admisibilidad de acumulación de procesos arbitrales Europeos relativos a inversiones, la legitimidad de los Estados Miembros de la Unión Europea para intervenir en los procesos arbitrales de que esta sea parte, y la subsistencia de los tratados bilaterales de inversión nacionales y de sus cláusulas de arbitraje. ; In recent years, arbitration has gained growing significance as a means of settling disputes related to foreign investments. To a large extent, this is due to the fact that bilateral investment treaties entered into between many countries provide for the possibility of submitting to arbitration disputes arising from investments made by individuals or companies of each contracting State in the territory of another contracting State. Until recently, the competence to enter into such treaties belonged exclusively to States. However, the Treaty on the Functioning of the European Union has empowered the Union to conclude bilateral treaties with third States concerning direct foreign investment. This new competence is raises several problems related to the settlement by arbitration of disputes concerning investments comprised in the scope of such treaties, including the applicability of ICSID arbitration within the framework of European investment treaties, the admissibility of the consolidation of claims in European investment arbitrations, the legitimacy of Member States' intervention in arbitration proceedings to which the European Union is a party and the subsistence of national bilateral investment treaties and their arbitration clauses.