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La cultura política se ha constituido en los últimos cincuenta años (mitad del siglo XX), en una ruta paradigmática, que se ha desarrollado desde orientaciones teóricas instaladas en las sociedades occidentales, y especialmente, en los países entendidos como "desarrollados" e "industrializados". Es producto de una corriente académica de origen en la Ciencia Política estadunidense y europea (del norte), que entendió una manera de aconductar a las grandes masas poblacionales (fundamentalmente) urbanas, para que entendieran, atendieran y obedecieran los mandatos de un sistema político y de instancias administradoras del poder público, mediante una suerte de instructivos que conducirían al individuo a un tipo de actuación, en dirección favorable de aquellos intereses definidos como correctos para la sociedad del capital. En gran medida, aquellas orientaciones, estarían ajustadas a lo que las instancias normativas de las sociedades, definirían como lo que se debe hacer en el marco de la ley, al tiempo que la ley se asimila como la justicia - lo justo.

El objetivo de este trabajo es analizar, a grandes rasgos, el incipiente panorama de la ciudadanía digital en México, en el marco de los grandes procesos de restructuración capitalista y del arduo tránsito hacia la democracia en el país. La metodología utilizada parte de un análisis histórico-estructural, el cual considera a la realidad social como una "totalidad relacional" que funciona y se desarrolla desde diversas dimensiones, articuladas en un mismo entramado histórico-social. Después de revisar dicho escenario, este trabajo explora los principales retos que enfrenta la construcción y desarrollo de la ciudadanía digital en México en la actualidad.

La participación política, tanto de los extranjeros que residen en Argentina como de los argentinos que residen en el exterior, constituye el tema a desarrollar en el artículo. Ambos colectivos comparten limitaciones a través de leyes que los discriminan de forma total o parcial en relación con los derechos electorales. Para su identificación, se realiza un estudio empírico con énfasis en el marco legal que permite constatar si se considera o no al migrante como un actor político, habilitado a participar activamente en la vida pública y formar parte de la voluntad común como sujeto activo. Se desprenden importantes hallazgos que muestran un heterogéneo escenario del marco legislativo que habilita el voto en elecciones nacionales, provinciales y municipales (según el caso). Se sostiene que circunscribir la ciudadanía a la nacionalidad o la residencia constituye un abordaje simple y poco coherente en relación con los procesos de movilidad humana contemporáneos. Una ciudadanía abierta, inclusiva y flexible, resulta más afín con un verdadero orden democrático.

En este artículo se analiza cómo la subjetividad política y la ciudadanía influyen en la capacidad de las mujeres sobrevivientes para afrontar los conflictos armados. Al realizar una revisión sistemática de literatura disponible en bases de revistas indexadas se encontró que en las crisis bélicas las mujeres son sometidas a violencias de género, en contextos patriarcales que las marginan como sujetos de derechos. Aunque no es un estudio de carácter inductivo, los resultados de esta investigación son valiosos en tanto resaltan la capacidad reflexiva y transformadora de las prácticas de las mujeres como aporte para la moderación de los conflictos. Ello, a su vez, reconstruye su posición como ciudadanas y agentes sociales comprometidos con la justicia y los derechos en sus comunidades.

Este artículo traza la cambiante articulación de la ciudadanía en relación tanto con lo nacional como con lo global. Al concebir la ciudadanía como un contrato teorizado de manera incompleta entre el Estado y el ciudadano, y ubicando su indagación en dicho punto de incompletud, la autora abre la discusión en torno a la construcción de lo político. La tesis central es que lo inacabado de la institución formal de la ciudadanía posibilita que quienes resulten ajenos a ésta, demanden una expansión de las inclusiones. Es quien queda fuera -ya se trate de un ciudadano forzado a pertenecer a las minorías, o de una persona inmigrante- quien ha continuado modificando la institución a lo largo del tiempo y del espacio. Los momentos de inestabilidad vuelven a este fenómeno particularmente visible. El período actual de la globalización es de esta naturaleza, pese a que se trata de una desestabilización parcial. En este escenario se conforman nuevos tipos de actores políticos que modifican la relación entre Estado e individuo al tiempo que reformulan lo político.

Las sociedades globalizadas contemporáneas son, cada día más, sociedades plurales desde el punto de vista cultural y religioso. Frente a la diversidad, los Estados nacionales ensayan diferentes soluciones de regulación jurídica. Respuestas tales como la segregación o la asimilación total de los grupos minoritarios se muestran incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Dentro de las respuestas que sí son compatibles con esos estándares, pueden vislumbrarse dos líneas. Por un lado, un igualitarismo formal enraizado en la tradición liberal-republicana que resulta ciego a las particularidades identitarias en pos del mantenimiento de la igualdad formal. Por otro, las propuestas de reconocimiento de derechos en razón de la pertenencia a un determinado grupo identitario, ampliación que obliga sin embargo a renunciar a una parte del ideal de igualdad jurídica formal.

En las últimas dos décadas y con el llamado "fracaso del multiculturalismo" emerge un debate importante sobre la formulación de las políticas de integración de los inmigrantes en Europa.Aunque estas políticas deben apuntar a fortalecer la participación de los inmigrantes en todos los ámbitos de la sociedad y a favorecer procesos interculturales, en la práctica los migrantes deben asumir la entera responsabilidad de su integración. Considerando el contexto internacional económico y político actual, Europa enfatiza su rechazo a la migración no occidental y sus políticas tienden a reforzar las medidas de control y el establecimiento de criterios estrictos de selección. Como ilustra el caso de la comunidad latinoamericana, la eficacia de las políticas de integración es limitada y los inmigrantes están participando en las sociedades receptoras por medio de las redes cívicas informales y las actividades transnacionales creadas por ellos mismos, más que por las políticas diseñadas para integrarlos. El resurgimiento de los conceptos de ciudadanía y de identidad nacional como una estrategia para la integración y la cohesión social, así como la urgencia con que se implementan estas políticas -mientras que éstos son procesos que requieren perspectivas de más largo plazo- están conduciendo a la ineficacia por no decir al fracaso de estos esfuerzos legislativos.

Se analiza las relaciones entre ciudadanía, política y educación, y a partir de ello, sepropone un modelo para la formación de ciudadanos en la escuela, para la formación de la ciudadanía que incluye: propósitos de la enseñanza, papel de los contenidos en este proceso, formas para llevar a cabo enseñanza - aprendizaje y evaluación del aprendizaje.

La Escuela de DDHH y Ciudadanía (EDHC), surge como respuesta a las exigencias de las comunidades campesinas en el paro agrario nacional desarrollado en el 2013 (Colombia), donde se visibilizaron territorios con sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, infracciones del Derecho Internacional Humanitario y la falta de diálogo entre Estado y ciudadanía. En este sentido, esta experiencia de formación, cobra especial importancia para el reconocimiento del conflicto, el conflicto armado, el contexto y la diversidad social en los territorios. bases para la construcción colectiva de Paz y de sociedad.