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La referencia que el encabezamiento del trabajo hace a la doctrina nos conduce primeramente a examinar qué significa ésta y cómo deben entenderse sus fundamentos para una categoría jurídica nueva en el medio como el Derecho Social. El significado del término doctrina en el Derecho como en el resto de las ciencias sociales es, sucintamente, el de formulación y desarrollo de enunciados teóricos en relación a una determinada realidad y en orden a su explicación, mantenimiento o modificación. La actividad doctrinaria supone, por tanto, 1) partir de unos ciertos supuestos epistemológicos; 2) poner en juego un determinado sistema de valoraciones (correspondientes a una base explícita o implícita de principios); 3) observar rigor y coherencia en el método y en el discurso; y 4) tener vocación de arribar a conclusiones formulativas. Específicamente en referencia a la doctrina en el Derecho, se dice que "la actividad teórica es necesaria para la confección de leyes; prepara la labor legislativa, ofreciendo el esquema de la organización jurídica, de modo que el legislador pueda conocer la situación presente y prever, en lo posible, la eficacia futura de una norma; señala los límites y la orientación aconsejable a las leyes, conforme a las exigencias de la justicia y de la realidad política y social; muestra, por último, el modo para que las disposiciones legales consigan exactamente sus fines".

Se presentan tres disposiciones legales de permanente vigencia y actualidad y otras complementarias, con el propósito de facilitar su divulgación, comprensión y estudio y, que a la vez, sirva de elemento válido de consulta en el trabajo. Pero de manera especial, se propone crear conciencia en todos los estamentos del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE sobre la necesidad de su práctica y estricta observancia, por constituir los principios legales básicos de la moral administrativa. ; There are three legal provisions of permanent validity and topicality and other complementary ones, in order to facilitate their dissemination, understanding and study and, at the same time, serve as a valid element of consultation at work. But in a special way, it is proposed to raise awareness in all levels of the NATIONAL LEARNING SERVICE about the need for its practice and strict observance, as it constitutes the basic legal principles of administrative morality. ; Decreto ley 222 de 1983 -- Ley 11 de 1973 -- Decreto ley No. 128 de 1976 -- Estatuto de personal Decreto 2464 de 1970 -- Delitos contra la administración pública. ; na ; Documento sin fecha, se aproxima fecha a la década ; 28 páginas

La referencia que el encabezamiento del trabajo hace a la doctrina nos conduce primeramente a examinar qué significa ésta y cómo deben entenderse sus fundamentos para una categoría jurídica nueva en el medio como el Derecho Social. El significado del término doctrina en el Derecho como en el resto de las ciencias sociales es, sucintamente, el de formulación y desarrollo de enunciados teóricos en relación a una determinada realidad y en orden a su explicación, mantenimiento o modificación. La actividad doctrinaria supone, por tanto, 1) partir de unos ciertos supuestos epistemológicos; 2) poner en juego un determinado sistema de valoraciones (correspondientes a una base explícita o implícita de principios); 3) observar rigor y coherencia en el método y en el discurso; y 4) tener vocación de arribar a conclusiones formulativas. Específicamente en referencia a la doctrina en el Derecho, se dice que "la actividad teórica es necesaria para la confección de leyes; prepara la labor legislativa, ofreciendo el esquema de la organización jurídica, de modo que el legislador pueda conocer la situación presente y prever, en lo posible, la eficacia futura de una norma; señala los límites y la orientación aconsejable a las leyes, conforme a las exigencias de la justicia y de la realidad política y social; muestra, por último, el modo para que las disposiciones legales consigan exactamente sus fines".

El documento compila leyes, decretos, resoluciones y conceptos asociados al SENA y el subsidio familiar desde 1957 hasta 1971 ; The document compiles laws, decrees, resolutions and concepts associated with SENA and the family subsidy from 1957 to 1971 ; Decreto 118 de 1.957 -- Decreto 1521 de 1.957 -- Decreto 249 de 1.957 -- Ley 188 de 1.959 -- Decreto 2838 de 1.960 -- Decreto 437 de 1.961 -- Decreto 875 de 1.961 -- Decreto 3151 de 1.962 -- Concepto sobre aprendizaje -- Ley 1a. de 1.963 -- Ley 58 de 1.963 -- Decreto 2978 de 1.963 -- Concepto sobre contratación de aprendices -- Decreto 714 de 1.965 -- Concepto sobre paz y salvo -- Concepto sobre subsidio familiar y SENA -- Ley 69 de 1.966 -- Decreto 245 de 1.967 -- Decreto 1366 de 1.967 -- Decreto 677 de 1.968 -- El subsidio familiar -- Decreto 1050 de 1.968 -- Decreto 3123 de 1.968 -- Decreto 3136 de 1.968 -- Decreto 3134 de 1.968 -- Decreto 1847 de 1.969 -- Decreto 548 de 1.971 -- Resolución No. 1952 de 1.971 ; 87 páginas

El trabajo plantea una serie de reflexiones acerca de las consecuencias y los condicionamientos que el cambio político que está viviendo nuestro país comporta respecto a la problemática de la delincuencia y de su tratamiento jurídico, que no puede ser contemplada al margen de la correlación de fuerzas que determine el proceso de desarrollo democrático. Un planteamiento «alternativo» de la cuestión sólo es posible insertando los proyectos político-criminales en un marco más amplio de «política social», tomando como base jurídica los principios constitucionales. En este contexto, al Derecho penal le incumbe una función positiva y limitada a su naturaleza de «último recurso», por lo que es preciso revisar los intereses que son objeto de su protección y las formas a través de las cuales ésta se ejerce, con un sistema sancionatorio diferenciado.

SUMMARY: I. INTRODUCTION. - II. CHARACTER OF THE BASIC GENERAL EDUCATION SERVICE. - III. PROPERTY OF NATIONAL SCHOOLS: 1. BACKGROUND. 2. DECREE OF JUNE 15, 1934. 3. PRIMARY INSTRUCTION ACT OF JULY 17, 1945. 4. ACT OF DECEMBER 22, 1953. 5. ACT OF DECEMBER 16, 1964. 6. ACT OF DECEMBER 21. OF 1965. 7. DECREE OF FEBRUARY 2, 1967. - IV. LEGAL ORIGIN AND CURRENT STATUS OF MUNICIPAL PUBLIC SCHOOLS. - V. HISTORICAL EVOLUTION OF STATE CHARGES. - VI. LEGAL ORIGIN AND LEGAL NATURE OF MUNICIPAL OBLIGATIONS WITH REGARD TO BASIC GENERAL EDUCATION: 1. LISTING OF OBLIGATIONS. 2. HISTORICAL EVOLUTION. 3. ASSURANCE OF COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS. 4. LEGAL NATURE OF MUNICIPAL OBLIGATIONS. - VII. CURRENT LEGISLATION ON STATE CHARGES: 1. DEROGATORY PROVISION OF THE GENERAL LAW OF EDUCATION. 2. LAW OF BASES OF THE STATUTE OF LOCAL REGIME. 3. ARTICULATED TEXT OF OCTOBER 6, 1977. - VIII. CONCLUSIONS. ; SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. — II. CARÁCTER DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. — III. PROPIEDAD DE LOS COLEGIOS NACIONALES: 1. ANTECEDENTES. 2. DECRETO DE 15 DE JUNIO DE 1934. 3. LEY DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA DE 17 DE JULIO DE 1945. 4. LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1953. 5. LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1964. 6. LEY DE 21 DE DICIEMBRE DE 1965. 7. DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1967. — IV. ORIGEN LEGAL Y ESTADO ACTUAL DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS MUNICIPALES. — V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CARGAS ESTATALES. — VI. ORIGEN LEGAL Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA: 1. ENUMERACIÓN DE OBLIGACIONES. 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 3. ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 4. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES. — VII. LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE CARGAS ESTATALES: 1. DISPOSICIÓN DEROGATORIA DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 2. LEY DE BASES DEL ESTATUTO DE RÉGIMEN LOCAL. 3. TEXTO ARTICULADO DE 6 DE OCTUBRE DE 1977. — VIII. CONCLUSIONES.

SUMMARY: I. Introduction. — II. The regulation prior to the 1978 Constitution. — III. Regulation from the 1978 Constitution: 1. The question in the constitution. 2. The legal and regulatory regulation: A) Transfers to pre-autonomous entities and the autonomous communities. B) Post-constitutional legal and regulatory provisions: a) Legal challenges, b) Direct control by the State, c) Suspension of agreements. — IV: The Sentences of the Constitutional Court in order to the subject: 1. The basic budgets. 2. Incidence of the Judgments in the current regulation. — V. The current Draft Law on the Bases of Local Administration: 1. Legality control itself. 2. Other issues related to the control of legality: A) Applicable state legislation. B) Shared competences. C) State powers. — VI conclusions on the state of the question in general: 1. Regarding the autonomous communities. 2. Regarding local authorities. ; SUMARIO: I. Introducción. — II. La regulación anterior a la Constitución de 1978. — III. La regulación a partir de la Constitución de 1978: 1. La cuestión en la constitución. 2. La regulación legal y reglamentaria: A) Las transferencias a los Entes preautonómicos y a las Comunidades autónomas. B) Disposiciones legales y reglamentarias posconstitucionales: a) Las acciones legales de impugnación, b) El control directo por el Estado, c) La suspensión de acuerdos. — IV: las Sentencias del Tribunal Constitucional en orden al tema: 1. Los presupuestos básicos. 2. Incidencia de las Sentencias en la regulación vigente. — V. El actual Proyecto de Ley de Bases de la Administración Local: 1. El control de legalidad propiamente dicho. 2. Otras cuestiones relacionadas con el control de legalidad: A) Legislación estatal aplicable. B) Competencias compartidas. C) Competencias estatales. — VI conclusiones sobre el estado de la cuestión en general: 1. Respecto de las comunidades autónomas. 2. Respecto de los entes locales.