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Vols. 1- cover debates of the 4th Parliament, 4th Session- ; Mode of access: Internet.

La conflictividad social y política del tercer cuatrimestre del gobierno demócrata popular puede ser caracterizada a partir de dos grandes nudos problemáticos: en primer término, una polarización regional de la política (en la que el enfrentamiento entre Guayaquil y el Gobierno Central ha tomado muchas veces matices violentos) que ha agudizado, como nunca antes, el debate y la necesidad de viabilizar formas de descentralización y/o regionalización del Estado y la Nación; y, en segunda instancia, un frontal rechazo a la política estatal, sobre todo en lo relativo al manejo de la crisis bancaria, de parte de numerosos grupos sociales y partidos políticos de oposición.

La situación por la que está atravesando en estos últimos meses el país confirma la idea de la fragilidad de las bases políticas de sostenimiento del régimen, ya que se minan con asombrosa rapidez las posibilidades de construir "adeptos", y no se producen actores sociales y políticos que se posicionen en torno de los planteamientos económicos y políticos del régimen. Las fracturas, arduamente soldadas por el presidente de la república y sólo por él, dentro del partido gobernante, sin duda han contribuido a la intensificación del desprestigio y la inconformidad con la conducción gubernamental de la crisis.

Numbering includes vol. designation. ; 3rd Parliament, 2nd session-21st Parliament, 3rd session also called no. 1-276 ; Mode of access: Internet. ; Index issued separately for each session.

El presente análisis cubre el período comprendido entre Agosto de 1986 y Abril de 1987. Su evolución está dada fundamentalmente por tres tipos de acontecimientos que aglutinaron a las fuerzas sociales y políticas: el paquetazo económico del 11 de Agosto de 1986, el Secuestro del presidente Febres Cordero en Taura el 16 de Enero de 1987 y el temblor de Marzo y su utilización por parte del ejecutivo para decretar el alza de la gasolina y el transporte.

Aunque la conflictividad tiende a disminuir, en este cuatrimestre se ha relacionado con el conflicto de las universidades de posgrado FLACSO y la Universidad Andina Simón Bolívar, frente a la modificación de la LOES; la Reforma a la Ley de Cesantías y pensiones militares-ISSFA, las denuncias de corrupción en Petroecuador y finalmente las inscripciones para las elecciones de febrero del 2017.

El segundo cuatrimestre del gobierno demo-cristiano empieza a consolidar ciertas características particulares de los conflictos socio-políticos que ya se detectaron en el periodo anterior. Se trata de una suerte de manejo "sobre-politizado" de conflictos originados por discrepancias a la hora de definir la política económica del régimen.

El margen de iniciativa y de eficacia de los actores de la conflictividad social es cada vez más restringido. Los automatismos e instituciones de la sociedad suprimen las iniciativas de toda conflictividad sin necesidad de reprimirla. Si con anterioridad las alteraciones y cambios en la conflictividad eran mayores y más frecuentes, durante los últimos años se imponen más bien las continuidades y ligeras oscilaciones entre un período y otro.

Continuas paralizaciones de servicios públicos, escenarios de conflicto local y regional; pugna por la consecución de espacios de poder a nivel sindical e institucional; cambios en la correlación de fuerzas al interior del Palacio de Carondelet y del Congreso Nacional, y recurrentes amenazas de rompimiento de la alianza gubernamental por parte de los nuevos actores políticos ubicados en la estructura estatal; constituyen los principales elementos que rodean el escenario político ecuatoriano en el segundo cuatrimestre del presente año. En ese contexto también se ubica el desacierto presidencial en el manejo de la institucionalidad militar y en el surgimiento, fundamentado o no, de la viabilidad del proceso de dolarización.

La conflictividad sociopolítica de este cuatrimestre está enmarcada en las tensiones producidas por las demandas locales y regionales insatisfechas por el gobierno central; los ofrecimientos de entrega de recursos a distintos organismos públicos con marcado tinte populista y clientelar que nos remite a una adelantada campaña electoral; a los efectos políticos que se generan por las denuncias de corrupción en esferas del Ministerio de Economía; a la incapacidad gubernamental para procesar los reclamos de los sindicatos públicos, y a las pocas acciones y atención que se ha desplegado últimamente en la frontera norte.

Los altos niveles de conflictividad registrados en enero y febrero del presente año (63.14%) que se generaron en un ambiente de fuerte tensión política y en el que desempeñaron un papel crucial las intensas movilizaciones indígenas desarrolladas en todo el país, junto a la represiva intervención estatal, aparecen como las causas de los coletazos conflictivos que se observan en el mes de marzo con una proporción de conflictividad del (29.01%) dentro del cuatrimestre a considerar en este análisis.

El cuatrimestre analizado ha estado marcado por la inconsistencia y lentitud de respuesta gubernamental frente a las demandas poblacionales en materia de política social que originaron varios conflictos sectoriales. En efecto, el manejo y recuperación de la cartera vencida y los mecanismos de pago de las deudas mantenidas por diversas empresas con la banca cerrada estatal; la falta de claridad en la política de precios para la producción y comercialización del banano; la constante amenaza de crisis energética que puede paralizar el sector comercial y productivo del país; la lentitud con la que se ha venido tratando la ley de seguridad social; y, los altos índices de inseguridad ciudadana que soporta el país desde hace algunos meses, constituyen los escenarios principales donde se ha desenvuelto la conflictividad socio política ecuatoriana.

Como ha sido ya habitual en el comportamiento del régimen a lo largo de su administración, los acuerdos y negociaciones con los diversos sectores del espectro político se caracterizan por su corta duración, falta de operatividad y, fundamentalmente, la ausencia de un proyecto político que los sustente. Endicho escenario, las posibilidades de estabilidad y crisis resultan distanciadas por linderos frágiles y de difícil estimación por parte de observadores y analistas.

A pesar de pronósticos apocalípticos y las constantes amenazas a la institucionalidad provenientes desde diversos sectores sociales, principalmente alineados con el ex gobernante Pachacutik, las estrategias gubernamentales han causado efectos ciertos y válidos en su empeño de mantenerse a como de lugar en el solio presidencial. De hecho, los pactos y acuerdos alcanzados con los principales partidos políticos de la costa, el cambio de funcionarios, e incluso de orientaciones en las principales carteras de estado; y, la agresiva política de ampliación de clientelas electorales y castrenses a través del fortalecimiento del partido oficial; dejan entrever un panorama político nacional en el que, al menos de momento y mientras se mantenga la coyuntura citada, el régimen parecería tener carta abierta para maniobrar políticamente en varios. ámbitos. No obstante, el peligro de los entretelones de autoritarismo e irrespeto a los derechos fundamentales constituyen una tendencia marcada que se debe atender muy de cerca.

La dirección que había tomado la discusión de la reforma constitucional a comienzo del año, fue interrumpida por el conflicto territorial con el Perú. Las propuestas políticas y las nuevas medidas de ajuste apelaron a la únidad nacional como fórmula de legitimación. Las mprivatizaciones, se encuentran en un impasse por la falta de acuerdos en el parlamento en torno a las reformas constitucionales que las viabilicen. Sin embargo el hecho de fondo tiene que ver con el papel de una instituci6n clave: las fuerzas armadas. En una época de declive de actores sociales y partidos políticos, se presenta como la institución que marca las coordenadas de los cambios políticos. En tanto que el prestigio de los jefes militares les dota de una aureola que será capitalizada como un liderazgo político.