A través del proceso legislativo argentino, que arranca desde 1906, a la reforma introducida por la Ley 21.888, los fundamentos de la Institución están referidos a evitar las penas de encierro de corta duración; mínima suficiencia (si la advertencia basta no es necesario el encierro) y el fin práctico de descongestionar las cárceles. Con respecto al primero y segundo de los fundamentos indicados se ha dicho que si la función asignada a la pena de intimidación, corrección y readaptación social del delincuente, la condena de ejecución condicional tal como se la regimenta en nuestro Código cumple con la finalidad asignada a la pena, cuando en el caso evita el encierro con penas de corta duración, subordinadas a la capacidad de readaptación del delincuente.
El objeto de mi estudio son las formas de suspensión y sustitución de la ejecución de las penas privativas de libertad, medidas previstas y reguladas en el Capítulo III del Código Penal, en adelante CP, ex arts. 80 a 94 del mismo, así como los beneficios penitenciarios que pueden obtenerse a lo largo del cumplimiento de una pena privativa de libertad, esto es, las normas y leyes del Derecho Penitenciario. Procuro dar una orientación desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía y, especialmente, bajo el prisma del derecho de defensa, reconocido no sólo durante el procedimiento penal, sino también en la fase final de la condena mediante los beneficios que prevé la legislación penal y penitenciaria para el cumplimiento efectivo de las penas. Coincidiendo con la realización del presente estudio, se ha llevado a cabo una profunda reforma del CP, en especial de su tercer capítulo, mediante la LO 1/2015, de 30 de marzo, que modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, y que ocupará la mayor parte de mi investigación. Esta reforma ha comportado cambios sustanciales del CP, ya que el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales evidenciaban la necesidad de incluir determinadas modificaciones. Entre otras cosas, se introduce como novedad el supuesto de la prisión permanente revisable, pero además se modifican las reglas penológicas, el régimen de suspensión, sustitución, libertad condicional, antecedentes penales y comiso aplicado, novedades todas ellas que analizo detalladamente. Igualmente, la reforma cambia el modo de valorar el cumplimiento de la responsabilidad civil y la sustitución de la prisión por expulsión del territorio nacional, aspectos ambos que también se estudian en la presente tesis. Todos estos cambios sustanciales en el CP me han obligado a reorientar todo el contenido de la investigación, que finalmente ha dado lugar a la presente tesis, que se ha estructurado en seis partes. La primera abarca los supuestos generales y especiales de suspensión; en la segunda analizo los beneficios de la ...
[spa] El objeto de mi estudio son las formas de suspensión y sustitución de la ejecución de las penas privativas de libertad, medidas previstas y reguladas en el Capítulo III del Código Penal, en adelante CP, ex arts. 80 a 94 del mismo, así como los beneficios penitenciarios que pueden obtenerse a lo largo del cumplimiento de una pena privativa de libertad, esto es, las normas y leyes del Derecho Penitenciario. Procuro dar una orientación desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía y, especialmente, bajo el prisma del derecho de defensa, reconocido no sólo durante el procedimiento penal, sino también en la fase final de la condena mediante los beneficios que prevé la legislación penal y penitenciaria para el cumplimiento efectivo de las penas. Coincidiendo con la realización del presente estudio, se ha llevado a cabo una profunda reforma del CP, en especial de su tercer capítulo, mediante la LO 1/2015, de 30 de marzo, que modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, y que ocupará la mayor parte de mi investigación. Esta reforma ha comportado cambios sustanciales del CP, ya que el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales evidenciaban la necesidad de incluir determinadas modificaciones. Entre otras cosas, se introduce como novedad el supuesto de la prisión permanente revisable, pero además se modifican las reglas penológicas, el régimen de suspensión, sustitución, libertad condicional, antecedentes penales y comiso aplicado, novedades todas ellas que analizo detalladamente. Igualmente, la reforma cambia el modo de valorar el cumplimiento de la responsabilidad civil y la sustitución de la prisión por expulsión del territorio nacional, aspectos ambos que también se estudian en la presente tesis. Todos estos cambios sustanciales en el CP me han obligado a reorientar todo el contenido de la investigación, que finalmente ha dado lugar a la presente tesis, que se ha estructurado en seis partes. La primera abarca los supuestos generales y especiales de suspensión; en la segunda analizo los beneficios de la sustitución de las penas privativas de libertad; la tercera lo es a razón del cumplimiento de las penas de prisión, a saber los beneficios penitenciarios y el régimen y tratamiento que prevé la ley penitenciaria; en la cuarta parte estudio la última etapa del cumplimiento de una pena privativa de libertad, a saber la libertad condicional; la quinta se centra en la libertad vigilada y, finalmente, la prisión permanente, contemplada en el nuevo CP, ocupa la última y sexta parte.
A través del proceso legislativo argentino, que arranca desde 1906, a la reforma introducida por la Ley 21.888, los fundamentos de la Institución están referidos a evitar las penas de encierro de corta duración; mínima suficiencia (si la advertencia basta no es necesario el encierro) y el fin práctico de descongestionar las cárceles. Con respecto al primero y segundo de los fundamentos indicados se ha dicho que si la función asignada a la pena de intimidación, corrección y readaptación social del delincuente, la condena de ejecución condicional tal como se la regimenta en nuestro Código cumple con la finalidad asignada a la pena, cuando en el caso evita el encierro con penas de corta duración, subordinadas a la capacidad de readaptación del delincuente.
El proceso laboral en fase de ejecución se hace merecedor de un estudio pormenorizado que incida en la cuestión incidental como instrumento garantizador de la efectividad de las resoluciones judiciales. Por ello esta tesis doctoral ofrece un estudio histórico, normativo y doctrinal de los incidentes, se valora su tramitación procesal y su efectividad en orden a ofrecer la preceptiva garantía de audiencia a las partes así como su virtualidad para la consecución de la adecuada seguridad jurídica en el marco de un proceso judicial regido así mismo por los principios de legalidad e igualdad. El análisis del incidente de ejecución incide también en la salvaguarda que el proceso debe ofrecer al principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales. Al mismo tiempo se ofrece una investigación que parte de una normativa reciente dada la entrada en vigor de la Ley 36/2011 reguladora de la Jurisdicción Social, conjugando esta norma con aquéllas otras que supletoriamente son de aplicación en sede incidental , identificando sus aciertos y confirmando sus errores, con análisis de su virtualidad para ofrecer la agilidad procesal necesaria y ello en la fase de ejecución. Al respecto no puede olvidarse el incremento de competencias a favor de los Secretarios Judiciales lo que aconseja como se lleva a cabo en esta investigación, un estudio que delimite y profundice si las finalidades y objetivos de la distribución competencial se han logrado alcanzar. Todo ello acompañado de un análisis jurisprudencial minucioso que ayude a la aplicación y comprensión normativa, al mismo tiempo que facilite el ejercicio profesional en el ámbito de la cuestión incidental analizada. Así se aborda el estudio en seis capítulos donde se desarrollan los aspectos más trascendentales de la figura. Concretamente el primer Capítulo efectúa un análisis de la importancia del proceso de ejecución partiendo de la justificación constitucional y legislativa de la figura y ello sin olvidar su uso en la práctica judicial, su afectación por las normas procesales para la implantación de la nueva oficina judicial y para el incremento de las funciones de las Secretarías Judiciales, analizando su finalidad y virtualidad para alcanzar objetivos transaccionales y ello sin olvidar el modo en el que el desarrollo de la ejecución se ve afectado por el sistema de organización territorial de la Justicia, por la fragmentación de la misma en las unidades judiciales que adscritas a distintos partidos judiciales ofrecen una visión por objetivos del desarrollo de la función jurisdiccional de ejecución en los procesos laborales. El segundo Capítulo se subdivide en etapas siendo que la primera (1900-1958) se centra en la dispersión normativa e insuficiencia de la regulación normativa para resolver los problemas procesales laborales en sede de ejecución y ello para entrar en la segunda etapa (1958-1980) con la entrada en vigor del Texto Refundido de Procedimiento Laboral de 1958 que se verá complementado con distintos Decretos en orden a garantizar la adaptación procesal a la cambiante situación político-laboral española y así se finaliza con la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores en 1980 que abre la última etapa de las analizadas (1980-1995), para llegar a la situación actual con la reciente aprobación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social . El tercer Capítulo centra ya el objeto de la tesis doctoral, partiendo de la legislación más reciente en la materia y abordando la figura del incidente y su diferencia con la cuestión incidental. Desgrana las características propias de la figura, como su flexibilidad y menor complejidad y ello en comparación con el trámite procesal del juicio oral, incidiendo en sus fines , todos ellos orientados en definitiva a la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva. Finaliza este capítulo con la necesaria observancia de la legalidad que lo sustenta, en concreto del artículo 238 LRJS y de las diferencias en el tratamiento procesal del incidente laboral en relación con el incidente civil y el contencioso, así como las relaciones de supletoriedad entre las distintas regulaciones. El cuarto capítulo procede a abordar el incidente centrando su objeto en la competencia, legitimación y postulación. Podrá comprobarse en este apartado cómo se han ampliado las competencias de los Secretarios Judiciales respecto a las Judiciales y cómo el aspecto subjetivo, es decir, la legitimación podría por sí sola ser objeto de una tesis doctoral independiente y ello por lo apasionante y complicado que supone determinar qué sujetos están o no legitimados en el proceso incidental. El quinto capítulo entra a desgranar el esquema procesal del incidente, incidiendo en la admisibilidad o no de la figura, desarrollando las reglas generales de su aplicación sin olvidar las especialidades y las posibilidades de recurrir las resoluciones judiciales dictadas en el seno de su tramitación. También aborda la procedencia en el abono de intereses, costas e imposición de sanciones por mala fe derivadas de la propia tramitación incidental. El capítulo sexto ofrece un estudio individualizado de las distintas cuestiones incidentales que pueden abordarse en el trámite incidental, analizando las especificidades de cada una de ellas y cómo esas peculiaridades pueden influir en los aspectos y reglas generales y especiales de aplicación al incidente de ejecución. Finalmente no puede dejarse de mencionar la existencia de unas conclusiones valorativas de la eficacia jurídica de la institución estudiada, con propuestas para una mejor aplicación práctica y una mejor regulación legal.
En los procesos penales por ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales en el periodo de la política de Seguridad Democrática, ni los jueces ni la fiscalía han identificado la sistematicidad - elemento característico del delito de lesa humanidad- con una política estatal diseñada a nivel nacional, esto se debe, en parte, a que no se ha profundizado lo suficiente en la relación del móvil y el modus operandi en el análisis de la sistematicidad. Este trabajo explora el concepto de sistematicidad como elemento del delito de lesa humanidad empleado en la jurisprudencia colombiana, identifica las consecuencias de su tratamiento judicial y caracteriza la relación entre el móvil y el modus operandi como sus elementos en casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el periodo de la política de "seguridad democrática". (texto tomado de la fuente) ; In criminal trials for extrajudicial executions committed by state agents in the period of Democratic Security Policy, neither judges nor prosecution had identify systematicity -characteristic element of crime against humanity- as a state policy designed at national level, this is due in part, to the fact that they had not gone enough in depth on the relationship between motive and modus operandi in the systematicity analysis This paper explores the concept of systematicity as an element of the crime against humanity, applied in Colombian criteria of case-law, identifies the consequences of its judicial treatment and characterizes the relationship between motive and modus operandi as its elements in cases of extrajudicial executions committed in the period of the Democratic Security Policy. ; Maestría
Sumario: I. Inicio de la ejecución. 1. Cuestiones generales. A. Legitimación para solicitar la ejecución. B. Juzgado competente para la ejecución. C. Forma de solicitar la ejecución. D. Intervención de Abogado y Procurador. E. Costas de la ejecución. 2. Ambito de la ejecución. 3. Momento desde el que puede solicitarse la ejecución. A. Medidas Provisionales. B. Medidas fijadas por los cónyuges en el convenio regulador. C. Pronunciamientos de la sentencia definitiva. 4. Régimen transitorio de las ejecuciones en la nueva LEC. A. Sentencias dictadas antes de entrar en vigor la nueva LEC y que se encuentra pendientes de resolución del recurso de apelación. B. Ejecuciones que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la nueva LEC. II. La ejecución de los pronunciamientos de contenido económico. 1. Medidas de garantía ante el impago de pensiones. 2. Solicitud de ejecución. 3. Auto despachando ejecución. 4. Oposición del ejecutado por las causas establecidas en la LEC y en el CC. A. Pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia. B. Caducidad de la acción ejecutiva. C. Pactos y transacciones que se hubieren convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público. D. Compensación. E. Pluspetición o exceso. F. Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter o representación con que demanda. G. Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia pronunciamiento de condena. 5. Otras causas de oposición. A. Supuesto en el que el hijo tiene ingresos propios, aunque convive en el domicilio familiar. B. Proporcionalidad de los alimentos al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. C. Interposición de una demanda de modificación. D. Estar conviviendo el cónyuge beneficiado de la pensión compensatoria con una tercera persona o haber accedido a un trabajo remunerado. E. Haber formado el deudor una nueva familia. F. Situación de desempleo del progenitor. G. No haber ejercido el derecho de visitas. H. Estar trabajando el otro conyuge y ganar más dinero que él. I. Descuento de los meses de vacaciones. J. Haberse impugnado la paternidad por parte del obligado al pago de la pensión alimenticia. K. Extinción de la pensión alimenticia del cónyuge tras la sentencia de divorcio. L. Existencia de una reconciliación temporal durante la época en la que se reclaman las pensiones. M. Traslado voluntario del hijo mayor de edad al domicilio del progenitor obligado al pago de alimentos. N) Cambio tácito de la guarda y custodia o convivencia temporal del hijo menor de edad con el progenitor no custodio. 6. Tramitación de la oposición del ejecutado. A. Sustanciación y resolución de la oposición por defectos procesales. B. Sustanciación de la oposición por motivos de fondo. 5. Otras cuestiones relacionadas con el pago de las pensiones. A. Administración de la pensión alimenticia. B. Prestación de los alimentos en casa del alimentante. III. La ejecución del pronunciamiento de atribución del uso de la vivienda. IV. La ejecución del pronunciamiento sobre atribución de guarda y custodia. V. La ejecución del pronunciamiento sobre régimen de visitas.
Para El Salvador y el resto del mundo, el 2020 ha sido difícil de enfrentar con una pandemia que ha agudizado los problemas fiscales, económicos y sociales. Los problemas obedecen al confinamiento, restricciones a la movilidad de los ciudadanos y el cierre de fronteras con el propósito de frenar la propagación del virus. A pesar de que estas medidas son para el beneficio de la salud de los ciudadanos, tienen como contrapartida un costo que se asume el Gobierno en el ámbito fiscal, pues se han registrado fuertes caídas en los ingresos tributarios y excesivos gastos. También el sector privado se ve seriamente afectado por la reducción de la actividad económica, la caída en las ventas y cierres de comercios. Finalizado el 2020, se realiza un informe sobre la ejecución presupuestaria. El análisis se realiza de manera mensual, visualizando las fuentes de financiamiento que se han utilizado; así mismo, se analiza el gasto público por clasificador económico, en el que se refleja la ejecución del gasto corriente, gasto de capital, aplicaciones financieras y gasto de contribuciones especiales.
Jornada Ejecución Penal y Políticas Carcelarias (2016 : Bernal). Jornada Ejecución Penal y Políticas Carcelarias. Especialización en Criminología. Bernal, Argentina: Secretaría de Posgrado, Universidad Nacional de Quilmes. (Intercambios. La letra del Encuentro ; 4) ; Introducción / Hernán Olaeta -- Presentación y bienvenida a la jornada / Hernán Olaeta y Marta Monclús Masó -- Primer panel: "Hacia una transformación de las políticas carcelarias y la ejecución penal. Diagnóstico, desafíos y propuestas -- Presentación de los expositores / Ana Clara Pieschestein -- Reflexiones sobre la reforma de la ejecución penal de encarcelamiento y la política carcelaria / Leonardo Filippini -- Diagnóstico, desafíos y propuestas para la reforma de la política carcelaria / Gustavo Plat --La función de la pena y su vinculación con la protección de los derechos humanos / Paula Litvachky -- Preguntas, debate del auditorio y presentación de expositores del segundo panel: " El papel de las universidades en la formación del personal penitenciario. Experiencias, identificación de dificultades y de buenas prácticas" -- Presentación de la Tecnicatura Superior en Ejecución Penal de la Universidad Nacional de Quilmes / Rodolfo Brardinelli -- La Licenciatura en Tratamiento Penitenciario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora / Indiana Guereño -- Identidad y práctica penitenciaria / Karina Mouzo -- La formación del personal penitenciario: estándares internacionales y realidad en las cárceles federales / Marta Monclús Masó -- Preguntas, debate del auditorio y presentación del tercer panel: "Transformaciones actuales de la prisión en las sociedades contemporáneas" -- Apuntes sobre orden y realciones de poder en la prisión contemporánea / Máximo Sozzo.
