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Durante la VIII Legislatura se han producido una serie de acontecimientos en el ámbito de la configuración territorial del Estado que han alterado lo que se ha conocido como la «paz social autonómica». Las reformas de algunos Estatutos de autonomía debieron estsar precididas, como en 1981 y en 1992, de un pacto entre las principales fuerzas políticas. Singularmente, la reforma del Estatuto de Cataluña plantea el problema de su adecuación a la Constitución. Temas como el blindaje de competencias, las cláusulas sobre inversiones o las previsiones sobre el agua merecen un análisis específico. Si no se remedia por el Tribunal Constitucional, asistiremos a una deconstrucción del Estado autonómico, curiosamente proporcionada por partidos minoritarios y por coyunturales alianzas políticas.

En este artículo se hace un análisis crítico del funcionamiento del Estado Autonómico durante la gestión de la pandemia. Se presta especial atención a la centralización y la descentralización en larestricción de los derechos fundamentales, a la participación de las autonomías en la toma de decisiones, al papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a la coordinación ejercida por el Estado. Se defiende que en nuestro Estado Autonómico había dos formas, igualmente legítimas, de gestionar la pandemia: centralizadamente a través de la legislación de emergencia o descentralizadamente a través de la modificación de la legislación orgánica sanitaria. En la práctica ni se ha reformado la legislación sanitaria que hubiera permitido una gestión descentralizada sin estado de alarma en un marco de seguridad jurídica ni se ha reformado la legislación de emergencia que permitiera una gestión descentralizada dentro del estado de alarma. Mientras que la gestión centralizada de la pandemia de la primera fase fue conforme a lo establecido constitucional y legalmente, la gestión descentralizada durante la segunda y tercera fase hubiera requerido de reformas legislativas que no se han producido. Las consecuencias han sido la inseguridad jurídica durante la segunda fase y la falta de control político y rendición de cuentas durante la tercera fase.

En este artículo se hace un análisis crítico del funcionamiento del Estado Autonómico durante la gestión de la pandemia. Se presta especial atención a la centralización y la descentralización en la restricción de los derechos fundamentales, a la participación de las autonomías en la toma de decisiones, al papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a la coordinación ejercida por el Estado. Se defiende que en nuestro Estado Autonómico había dos formas, igualmente legítimas, de gestionar la pandemia: centralizadamente a través de la legislación de emergencia o descentralizadamente a través de la modificación de la legislación orgánica sanitaria. En la práctica ni se ha reformado la legislación sanitaria que hubiera permitido una gestión descentralizada sin estado de alarma en un marco de seguridad jurídica ni se ha reformado la legislación de emergencia que permitiera una gestión descentralizada dentro del estado de alarma. Mientras que la gestión centralizada de la pandemia de la primera fase fue conforme a lo establecido constitucional y legalmente, la gestión descentralizada durante la segunda y tercera fase hubiera requerido de reformas legislativas que no se han producido. Las consecuencias han sido la inseguridad jurídica durante la segunda fase y la falta de control político y rendición de cuentas durante la tercera fase. This article makes a critical analysis of the functioning of the Autonomous State during the management of the pandemic. Special attention is paid to centralization and decentralization in the restriction of fundamental rights, to the participation of the autonomies in decision-making, to the role of the Interterritorial Council of the national Health System and to the coordination exercised by the State. It is argued that in our Autonomous State there were two equally legitimate ways of managing the pandemic: centrally through emergency legislation or decentralized through the modification of organic health legislation. In practice, neither health legislation has been reformed that would have allowed decentralized management without a state of alarm in a framework of legal certainty, nor has emergency legislation been reformed to allow decentralized management within a state of alarm. While the centralized management of the pandemic in the first phase was in accordance with the constitutional and legal provisions, the decentralized management during the second and third phases would have required legislative reforms that have not occurred. The consequences have been legal uncertainty during the second phase and the lack of political control and accountability during the third phase.

El artículo tiene como objeto la cuestión de la organización territorial del Estado español a la luz de la Constitución Española de 1978. El estudio examina, de una parte, la contestación que desde determinados nacionalismos se hace al ordenamiento constitucional vigente y, de otra, las lecturas distintas del texto constitucional que conducen a la negación de concepciones que el constituyente consideró fundantes del mismo orden constitucional. La cuestión principal analizada es el perfil de Estado autonómico diseñado en la Constitución Española.