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La administración de justicia es una función pública que debe ser suministrada de manera eficiente y oportuna por el Estado. En Colombia su administración corresponde a la Rama Judicial, la cual esta conformada por las jurisdicciones ordinarias, Contencioso-Administrativa, Constitucional, especiales de los pueblos indígenas de paz, y por la Fiscalía General de la Nación que también contribuyen a la prestación de servicio público, Para los fines del trabajo todas estas entidades serán agrupadas en un solo sector. Las distintas jurisdicciones dependen de la naturaleza de los conflictos que puedan suscitarse. Mientras que los litigios entre los particulares son resueltos por la Jurisdicción ordinaria, las controversias entre el estado y los particulares y entre las distintas entidades estatales son competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La Reforma Constitucional de 1991 introdujo cambios sustanciales en la organización de la Rama Judicial. En particular, creó la jurisdicción y las especiales y además el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación que es el órgano encargado de la investigación penal, antes desarrollada por la propia Rama a través de los jueces de instrucción criminal. Estas reformas dieron lugar a una expansión del gasto Estatal en Justicia y a una leve recuperación de los indicadores de rendimiento. Desde hace varias décadas, la administración de justicia en Colombia se ha caracterizado por la permanente congestión de los despachos judiciales, por el bajo rendimiento en el trámite de los procesos, por la mala distribución geográfica de los recursos y por una inadecuada planeación sectorial. Como resultado de esta situación, se ha generado un ambiente de impunidad y de poca credibilidad en el sistema. Las reformas a los códigos de procedimiento fueron el mecanismo de mayor utilización por parte de las autoridades para solucionar la crisis hasta principios de los noventa. En este trabajo se describe la evolución del gasto estatal en justicia y se analiza de manera general el comportamiento reciente de los indicadores de desempeño sectorial tomando en consideración las reformas institucionales de los últimos años y la mayor asignación de recursos por parte del Gobierno. Para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta la información de gasto disponible en La Contraloría General de la República, las estadísticas e laboradas por el Consejo Nacional Penitenciario y carcelario INPEC. Así mismo, se revisó el inventario sobre el rendimiento de la Justicia elaborado por el Instituto SER de investigaciones en 1993. Es importante destacar que la producción de estadística sobre justicia presenta dificultades debido a la periodicidad con la cual se elaboran y a la falta de homogeneidad de las cifras. El trabajo está dividido en seis secciones incluyendo esta introducción. En la segunda se describe brevemente la organización del poder judicial a partir de la Reforma Constitucional de 1991. En la tercera se analiza la evolución del gasto sectorial a nivel agregado y por entidades. En la cuarta sección se describe la problemática del sector a través del comportamiento de una serie de indicadores de rendimiento. En la quinta se expone, de manera general, el nexo entre la situación penitenciaria y la administración de justicia en el país. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.

El tema del control del aparato a través del cual actúa el Estado, también llamado administración estatal, adquiere gran relevancia debido a la evolución del concepto del control, que ya no se restringe a la simple detección de errores y corrección de desviaciones del pasado, sino que aparece como un valioso auxiliar de la toma de decisiones capaz de reorientar acciones y metas hacia lo que es mejor para las organizaciones y sus integrantes. En tal sentido, verificar la exactitud con que se cumplen las decisiones de gobierno, evitar desviaciones, redefinir metas a alcanzar y cursos de acción a transitar, hacen del control una función importante que es necesario estudiar, comprender, explicitar. El trabajo indaga en los sistemas y modalidades del control público en la Nación, precisando las características de la administración estatal y de los órganos encargados de su control. ; The issue of control of the device through which the state acts, also called state administration, is more relevant due to the evolution of the concept of control, which is no longer restricted to simple error detection and correction of deviations of the past but which appears as a valuable aid decision making can redirect actions and goals to what is best for organizations and their members. In this sense, verify the accuracy compliance with government decisions, avoid deviations, has reached redefine goals and courses of action has to travel, make an important control that is necessary to study, understand, explain. The paper focuses on the systems and procedures of public control in the nation, stating the characteristics of the state administration and control bodies. ; Fil: Fernández, María Inés Alicia. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Este artículo aborda desde un enfoque sociojurídico la problemática de las empresas de propiedad estatal en la prestación de los servicios públicos que se comprometen a garantizar, resaltando la necesidad de implementar un conjunto de prácticas, procesos y sistemas para dirigir y controlar las empresas de propiedad estatal, de forma tal, que regulen las relaciones entre accionistas y/o propietarios, junta directiva, alta gerencia, y entre la empresa y los grupos de interés, para así poder enfrentar los desafíos que se presentan durante la gestión pública, para lo cual se propone el fortalecimiento de la gobernanza, por medio de lineamientos de gobierno corporativo, que lleven a generar dinámicas organizadas, administradas con liderazgo y en ejercicio de la autoridad, mediante procesos de toma de decisiones independientes y deliberadas, con el fin de hacer palpable y eficiente para la prestación del servicio y su impacto en la sociedad. Se evidencia que las Empresas Públicas Estatales-EPE, con frecuencia no generan sistemas, ni procesos eficientes, para dirigir y controlar el desempeño de la misma, y evitar que la toma de decisiones dentro de las juntas directivas este viciada, por lo cual es necesario establecer códigos de buen gobierno corporativo, que fijen normas y estándares de actuación a las juntas directivas, que propendan por una toma de decisiones correcta e independiente, de manera técnica e informada, para que el direccionamiento y liderazgo de la EPE, se base en objetivos claros que alcance metas a corto, mediano y largo plazo.

La regulació de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) s'adequa a la legislació bàsica i a la normativa de desenvolupament sobre administració electrònica. Fins i tot, s'ofereixen alguns serveis addicionals que no estan previstos entre els que constitueixen el contingut mínim i els serveis a disposició dels ciutadans recollits en la norma reglamentària. Es tracta d'una regulació necessària perquè funcioni l'Administració electrònica, especialment en el camp tributari i en l'Administració estatal, que sempre ha estat pionera en aquesta matèria. En aquesta regulació, exerceixen un paper molt important els principis rectors de la seu electrònica. La normativa estableix de forma clara i expressa l'obligació que les seus electròniques se subjectin als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. Així mateix, una de les qüestions més importants de la regulació de la seu electrònica és el règim de responsabilitat del titular d'aquesta seu. L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d'aquesta seu. La identificació de les seus electròniques mitjançant els sistemes de signatura electrònica és també una qüestió transcendental en el funcionament d'aquestes seus i en el de l'Administració electrònica, en general. A més, actualment són cada vegada més nombrosos els supòsits d'actuació administrativa automatitzada i, per tant, cal regular clarament els sistemes de signatura electrònica en aquests casos. En relació amb això, cal destacar l'experiència en el camp tributari, pel que fa a l'expedició dels certificats tributaris, quan es regula la verificació del contingut, l'autenticitat i la validesa del certificat per mitjà de l'anomenat codi segur de verificació. ; The regulation of the Electronic Office of the State Tax Agency is in line with basic legislation and the rules for development of electronic administration. Some additional services are also offered which are not included in the minimum content or the services at the disposal of the citizens foreseen in the regulatory norms. The regulation is necessary so that electronic administration functions correctly, particularly in the area of tax collection and the State Administration, which has always been pioneering in these matters. In this regulation, the governing principles of the electronic office have a very important role. Clearly and expressly established is the obligation that the electronic office is subject to the principles of official advertising, responsibility, quality, security, availability, accessibility, neutrality and interoperability. In addition, one of the most important matters of regulation of the electronic office is that of the title holder's responsibility. The establishment of an electronic office carries with it the title holder's responsibility with respect to the integrity, accuracy and updating of the information and services which can be accessed through it. The identification of electronic offices through systems of digital signatures is also a major factor in their operation and of electronic administration in general. In addition, the number of automatic administrative functions is constantly increasing, so it is necessary to clearly regulate the systems of digital signatures in these cases. In relation to this, it is important to highlight the experience in tax matters concerning the issuing of tax certificates, when checking the content, authenticity and validity of the certificate is regulated through the secure verification code. ; La regulación de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adecua a la legislación básica y a la normativa de desarrollo sobre Administración electrónica. Incluso, se ofrecen algunos servicios adicionales que no están contemplados entre los que constituyen el contenido mínimo y los servicios a disposición de los ciudadanos previstos en la norma reglamentaria. Se trata de una regulación necesaria para que funcione la Administración electrónica, en especial en el campo tributario y en la Administración estatal, que siempre ha sido pionera en esta materia. En esta regulación, desempeñan un papel muy importante los principios rectores de la sede electrónica. Se establece por la normativa de forma clara y expresa la obligación de que las sedes electrónicas se sujeten a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Asimismo, una de las cuestiones más importantes de la regulación de la sede electrónica es el régimen de responsabilidad del titular de la misma. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. La identificación de las sedes electrónicas mediante los sistemas de firma electrónica es también una cuestión trascendental en el funcionamiento de dichas sedes y en el de la Administración electrónica, en general. Además, actualmente son cada vez más numerosos los supuestos de actuación administrativa automatizada y, por consiguiente, es necesario regular con claridad los sistemas de firma electrónica en estos casos. En relación con este asunto, hay que destacar la experiencia en el campo tributario, en relación con la expedición de los certificados tributarios, cuando se regula la verificación del contenido, la autenticidad y la validez del certificado por medio del denominado código seguro de verificación.

En este trabajo se describen las principales reformas de que fue objeto el estado chileno durante el gobierno autoritario, y se analizan sus consecuencias para las finanzas publicas y la administracion estatal, en la perspectiva de que estas experiencias permitan alimentar la refexion sobre los procesos de modernizacion en otros paises de America Latina. Del analisis se desprende que las transformaciones generaron una efectiva modernizacion que, sin embargo, no siempre fue acompanada de los cambios institucionales necesarios para asegurar su viabilidad futura, tarea que en buena medida debio asumir el nuevo gobierno democratico

The State Administration plays a decisive role in planning, because it is responsible, as a representative of collective or community interests, for the direction of social processes capable of being ordered to a extent compatible with the philosophy and political structure of the Nation.It is the only body in social life that can have an overview and necessary impartiality, as well as the only one that has sufficient technical, economic and human resources to lead ''development''.The management of collective processes is mainly done through legislation and administration.Management performs management and planning tasks.The former concern the needs and interests present, whereo ''the latter are to change the existing situation with a view to achieving the long-term objectives defined by the plan'' ; La Administración del Estado juega un papel decisivo en la planificación, porque a la misma corresponde, como representante de los intereses colectivos o comunitarios, la dirección de los procesos sociales susceptibles de ser ordenados en una medida compatible con la filosofía y la estructura política de la Nación. Es el único órgano de la vida social que puede tener la visión de conjunto y la necesaria imparcialidad, así como es el único que tiene los suficientes recursos técnicos, económicos y humanos para dirigir el ''desarrollo''. La dirección de los procesos colectivos la realiza principalmente mediante la legislación y la administración. La administración realiza tareas de gestión y de planificación. Las primeras se refieren a las necesidades e intereses presentes, en tanto que ''las segundas consisten en modificar la situación existente con vistas a alcanzar los objetivos a largo plazo definidos por el plan''