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El presente artículo analiza críticamente el origen kelseniano y la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional como expresión de la jurisdicción constitucional, examinando las diversas teorías que la estudian, no sin antes detallar la necesaria diferenciación entre defensa de la Constitución, control de la constitucionalidad, justicia constitucional y jurisdicción constitucional. Así, se explican las teorías que entienden al Tribunal Constitucional como órgano único, como órgano legislativo (negativo), como órgano jurisdiccional, como órgano político y como órgano de control de la constitucionalidad.

Mediante el presente trabajo se analiza la naturaleza jurídica y política de la jurisdicción constitucional, cuya máxima expresión es el Tribunal Constitucional, organismo autónomo que al interior del ordenamiento jurídico permite el control de poderes y, a la vez, garantiza los valores propios de la democracia. Tras repasar brevemente su desarrollo en el tiempo, así como el rol que este juega en el Estado de Derecho, se examina entre otros aspectos, su dimensión política y los límites a su ejercicio, sopesando las consecuencias de sus decisiones. Finalmente se concluye en que la legitimidad del Tribunal Constitucional depende de una regulación coherente que asegure su independencia y autolimitación.

Luego de 42 años de vigencia, en el año 2018 se inició un proceso de reforma a la Constitución de la República de Cuba de 1976. Tras el proceso de consultas ciudadanas del que derivaron algunas modificaciones al proyecto inicial, el 24 de febrero de 2019 es aprobada la nueva Constitución de la República de Cuba. En el Título V Derechos, deberes y garantías se introduce el Capítulo VI Garantías de los derechos, en el que se incorpora una garantía jurisdiccional de los derechos. El artículo 99 introduce una figura novedosa en los 46 años que median entre la desaparición del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales en 1973 y la aprobación de la Constitución de 2019. Sin embargo, no son pocos los debates que se generan en la academia cubana y foránea en torno a la regulación de derechos y la efectividad de las garantías establecidas para su salvaguarda. Son estos los ejes sobre los que se analiza críticamente la peculiaridad de la garantía jurisdiccional de los derechos introducida en el artículo 99 de la Constitución de la República de Cuba tras la reforma de 2019.