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El tema del libro es la protección de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en un contexto de justicia transicional. Su objetivo es contribuir a la reflexión teórica sobre la justicia y los estándares internacionales que hoy protegen estos derechos, así como contribuir a su defensa y promoción en contextos transicionales. En este sentido, el libro está dirigido a quienes trabajan, desde la teoría, en temas de justicia transicional y en derecho internacional de los derechos humanos, a funcionarios del Estado interesados y/o responsables de estos temas, a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a organizaciones sociales vinculadas y/o interesadas en temas de justicia transicional, a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a profesionales de distintas disciplinas interesados en el tema de la justicia transicional, a profesores universitarios vinculados a los temas de justicia transicional y derecho internacional de los derechos humanos y a estudiantes interesados a este tema. El contenido del libro se desarrolla en cinco capítulos, que abordan cada uno de los derechos y su concreción en un contexto como el de Colombia.

En este trabajo se exponen las diferencias que oponen la concepción occidental de justicia a la de pueblos indígenas de América Latina. Se parte de las disposiciones internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y se analiza la reforma al artículo 2 de la Constitución mexicana para demostrar que todas estas normas legales anulan el contenido de los Acuerdos de San Andrés en cuanto a la administración de justicia autónoma por parte de los pueblos indígenas.

Definir la democracia no es solo un problema académico sino que es también ineludiblemente un acto político. Tantos y tan variados y a veces contrapuestos conceptos de supuestamente un mismo fenómeno nos develan la lucha subyacente respecto a algo que ha devenido en un símbolo de nuestra época. Hoy que la democracia ha alcanzado tanta legitimidad pese a sus límites y deficiencias no es sorprendente que cada sector político y académico busque precisar sus contenidos y alcances. Pero más que una reseña de los diversos conceptos de democracia lo que interesa en el presente ensayo es indagar las consecuencias institucionales de algunos conceptos prototípicos de democracia. Justamente, la dimensión política del concepto se muestra también en tales consecuencias, y entre éstas nos interesa aquí las relativas al tipo de jurisdicción electoral que se deriva de uno u otro concepto de democracia. El presente ensayo aborda esta temática en dos planos: primero en un plano teórico o doctrinal, al examinar las relaciones entre justicia electoral y derechos constitucionales; y segundo, en un plano empírico, al analizar el caso ecuatoriano tanto en su evolución histórica como en el actual modelo de la Función Electoral. En consecuencia las metodologías usadas son interdisciplinarias, como suele ser frecuente en temas de Derecho Electoral; en la parte doctrinal el énfasis metodológico se halla en los métodos jurídicos y los conceptos de la teoría política, mientras que la sección empírica recurre al análisis histórico y metodologías desarrolladas por la teoría de la división de poderes desarrolladas en la Ciencia Política.

Bien se podría afirmar que la Justicia Mediática es uno de los problemas más implicantes y a la vez desatendidos de la realidad democrática contemporánea. De la procesión consistente en el demos-kratos se van marginando progresivamente la administración de justicia –entiéndase: de orden por lo que infra se tratará- formal, el mandato legislativa, y muy particularmente la distribución de poderes sobre la que, desde mucho antes de Montesquieu, descansa todo sistema de pesos y contrapesos, cuyo desbalance tiende, indefectiblemente, hacia el desorden en cualquiera de sus dos expresiones: anarquismo o autoritarismo.Lejos de toda sospecha innecesaria y más bien desde una aproximación epistemológica, se ensaya este aporte de univocidad con la intención de motivar la discusión necesaria e inevitable relativa a la incidencia de la opinión pública, que a su vez es creada y en ocasiones hasta suplantada por los medios masivos de comunicación, sobre la administración de "justicia".Interesa aquí, el traslape de dos roles profesionales socialmente importantes en tanto cohesionadores –o no-: el juez y el periodista.La penetración de la tecnología como medio de largo e íntimo alcance acentúa la influencia y hasta alteración de ámbitos de acción pública y privada, siendo que las empresas comunicadoras propenden a la deslegitimación y al consecuente debilitamiento de las estructuras públicas visibles y la potenciación de los periodistas como nuevos agentes socializadores, e incluso, más allá, promotores del orden y hasta de la intelectualidad.La tensión básica entre el derecho a la información y otro fundamento de la humanidad, cual es el honor de cada persona, se trata aquí in extenso, considerando de paso el problema de las problemáticas exacerbadas por el cálculo mediático y mediatizado de quienes sin medir consecuencias, propenden a criminalizar al margen del código penal y a "impunizar" o lo que es igual: a crear círculos intocables, al margen del código procesal penal y la ética más cauta.

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ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 61, No. 696, 2006: 1065-1082.

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ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 61, No. 693-694, 2006: 765-778.

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ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 61, No. 691-692, 2006: 611-623.

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ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 61, No. 687, 2006: 127-137.

La justicia política es para Aristóteles el tercer requisito esencial que debe mantener el cuerpo ciudadano actuando deliberativamente para que exista una digna de tal denominación y que pueda realizar su finalidad específica. Hoy en día se ve claramente que esta megafinalidad consiste en obtener el florecimiento armónico de los valores morales de cada uno en todas sus dimensiones, mediante la mutua colaboración'. No tan curiosamente, este concepto de justicia política ha sido completamente dejado a un lado en las ciencias sociales, inclusive en las normativas. En las escuelas de Derecho y de Ciencias Políticas se habla profusamente de las justicias particulares aristotélicas: justicia conmutativa, justicia distributiva, justicia correctiva o rectificatoria y justicia legal, y hasta algunos le incorporan una justicia social. Pero no se oye hablar de la justicia política, que Aristóteles considera la más importante y englobante de todas las demás y a la que dedica un capítulo entero en la Ética Nicomaquea (y 6) y en la Ética Eudemia (Iv 6) y de la que dice en los Magna moralia: «Pero aquí estudiamos únicamente a la justicia política [.] Desde el punto de vista en que nos hemos colocado, y encontrándose lo justo en la comunidad política, se sigue de aquí que las ideas de la justicia y del hombre justo se refieren especialmente a la justicia politica».

En cada nación se identifican elementos de conflictos que aluden a vulnerar o violar derechos humanos transgrediendo la dignidad de la persona. El sistema de administración de justicia debe considerar elementos sustanciales para dar respuesta de forma eficaz y pronta a la misma. En ese sentido, el reconocimiento y validez de las normas de origen externo e interno dan pauta para ejercer y garantizar los derechos reconocidos en la carta magna del estado mexicano. En ese sentido, el presente documento aborda de forma descriptiva aspectos generales de la justicia transicional que tiene por objeto de que los responsables acrediten la responsabilidad de sus actos, exista justicia y se logre la reconciliación; para ello, el sistema de justicia interno debe tener una coalición en los mecanismos de acceso y administración de justicia heterocompositiva y autocompositiva.