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The Colombian reform of health system, adopted by Law 100 of 1993, constitutes a public policy with great pretensions and significant institutional and financial changes. The main goal refers to universal insurance coverage, financed with public resources, with a state direction and an administration entrusted to health promotion companies, who are responsible for guaranteeing access to the health benefits plan through the institutions that provide services. From this baseline, a look at the main regulatory changes is developed to answer the question of how much the system adopted by Law 100 has changed. As far as insurance is concerned, the system remains intact and has rather been strengthened, seeking universal coverage and improvements in access. The main changes have been in financing. After a cycle with low government contributions, since 2010 there have been greater fiscal resources and a lower share of contributions. On the institutional side, some improvements are presented, such as the creation of the entity that administers the resources of the system and the Institute for Technological Evaluation in Health, as well as the strengthening of price regulation and pharmaceutical policy, but the disappearance of the national council and the regulatory commission is a loss, which means a weakening of governance. ; La reforma colombiana al sistema de salud, adoptada mediante la Ley 100 de 1993, constituye una política pública con grandes pretensiones y cambios institucionales y financieros significativos. La meta principal se refiere a la cobertura universal del aseguramiento, financiada con recursos públicos, con una dirección estatal y una administración confiada a las empresas promotoras de salud, quienes se encargan de garantizar el acceso al plan de beneficios en salud a través de las instituciones prestadoras de servicios. A partir de esta línea base, se desarrolla una mirada sobre los principales cambios normativos para responder a la pregunta de qué tanto ha cambiado el sistema adoptado mediante la ...

La familia como unidad básica de la sociedad, ha sido tenida en cuenta en la época contemporánea, desde el estado y los diferentes contextos, en tal sentido, la constitución como ley fundamental del estado y quienes participaron en su elaboración, describen los lineamientos que enmarcan la planeación y ejecución de programas en respuesta a estrategias que propicien la consecución del bienestar y el progreso de la familia. Este artículo refiere aspectos especialmente relacionados con la salud familiar y el nuevo sistema de seguridad social, implementado desde 1993 con la ley 100, las conclusiones descritas se lograron con base en encuestas a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (lCBF), quien con sus políticas y programas busca manejar la multitud de problemas que día a día afectan a la sociedad en general y la familia colombiana en los estratos 1 y 2. ; The family like basic unit of the society, it has been kept in mind in the contemporary time, from the state and the different contexts, in such a sense, the constitution like fundamental law of the state and who participated in their elaboration, they describe the limits that frame the planeation and execution of programs in answer to strategies that propitiate the attainment of the well-being and the progress of the family. This article refers aspects specially related with the family health and the new system of social security, implemented from 1993 with the law 100, the described conclusions were achieved with base in surveys to officials of the Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (lCBF), who with their politicians and programs search to manage the multitude of problems that day by day affect to the society in general and the colombian family in the strata 1 and 2.

The family like basic unit of the society, it has been kept in mind in the contemporary time, from the state and the different contexts, in such a sense, the constitution like fundamental law of the state and who participated in their elaboration, they describe the limits that frame the planeation and execution of programs in answer to strategies that propitiate the attainment of the well-being and the progress of the family. This article refers aspects specially related with the family health and the new system of social security, implemented from 1993 with the law 100, the described conclusions were achieved with base in surveys to officials of the Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (lCBF), who with their politicians and programs search to manage the multitude of problems that day by day affect to the society in general and the colombian family in the strata 1 and 2. ; La familia como unidad básica de la sociedad, ha sido tenida en cuenta en la época contemporánea, desde el estado y los diferentes contextos, en tal sentido, la constitución como ley fundamental del estado y quienes participaron en su elaboración, describen los lineamientos que enmarcan la planeación y ejecución de programas en respuesta a estrategias que propicien la consecución del bienestar y el progreso de la familia. Este artículo refiere aspectos especialmente relacionados con la salud familiar y el nuevo sistema de seguridad social, implementado desde 1993 con la ley 100, las conclusiones descritas se lograron con base en encuestas a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (lCBF), quien con sus políticas y programas busca manejar la multitud de problemas que día a día afectan a la sociedad en general y la familia colombiana en los estratos 1 y 2.

En el presente trabajo se hace un estudio del conflicto interpretativo que han mantenido históricamente las altas Cortes colombianas desde que hicieron sus primeros pronunciamientos, respecto al alcance del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que desde su entrada en vigencia hace ya más de dos décadas aún hoy se mantiene vigente, respecto si la transición legislativa amparó a sus beneficiarios para que se les aplicara las normas anteriores, para el reconocimiento y liquidación de sus pensiones, respecto a la edad, semanas de cotización, monto, e Ingreso Base de liquidación "IBL". Este último se ha convertido en tema de discordia o choque de trenes entre las altas cortes, ya que desde el comienzo el Consejo de Estado estableció que el mismo estaba integrado dentro del concepto "monto" del inciso segundo del referenciado articulo 36, y por su parte la Corte Suprema de Justicia quien siempre ha mantenido la tesis contraria, argumentando que el "IBL" para calcular la cuantía de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición estaba reglamentado en el inciso tercero de la misma codificación. El tema se convierte aún más conflictivo cuando la Corte Constitucional unifica la jurisprudencia que había mantenido históricamente en todas sus salas y que compartían la tesis del Consejo de Estado respecto de decir que el "IBL" estaba inmerso en el régimen de transición al hacer parte del concepto "monto", para cambiar su postura y decir que el mismo no hacía parte del régimen de transición dándole de esta manera la razón a la Corte Suprema de Justicia. ; In the present work, a study is made of the interpretative conflict that the Colombian high courts have historically maintained since they made their first pronouncements, regarding the scope of the transition regime provided for in article 36 of Law 100 of 1993, and that since its entry in force more than two decades ago, it is still in force today, with respect to whether the legislative transition protected its beneficiaries so that the previous rules were applied to them, for the recognition and settlement of their pensions, regarding age, weeks of contribution, amount, and Base Income of liquidation "IBL". The latter has become a matter of discord or train crash between the high courts, since from the beginning the State Council established that it was integrated within the concept "amount" of the second paragraph of the referenced article 36, and for its The Supreme Court of Justice, who has always maintained the contrary thesis, argues that the "IBL" to calculate the amount of the pensions of the beneficiaries of the transitional regime was regulated in the third paragraph of the same codification. The issue becomes even more conflictive when the Constitutional Court unifies the jurisprudence that it had historically maintained in all its chambers and that shared the thesis of the Council of State regarding saying that the "IBL" was immersed in the transitional regime by being part of the concept "amount", to change its position and say that it was not part of the transitional regime, thus giving reason to the Supreme Court of Justice. ; CRAI-USTA Tunja

95 p. (pdf) ; El presente trabajo investigativo pretende realizar un estudio constitucional, legislativo, jurisprudencial y doctrinario sobre una parte del Sistema General de Pensiones, esto es, sobre el régimen de transición, el cual se encuentra consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y así mismo, ha sido modificado en diversas ocasiones, tanto por leyes ordinarias1, como por el parágrafo transitorio de un acto legislativo2, los cuales a final de cuentas lo que pretendieron fue reducir el impacto económico que genera el sostenimiento de las mesadas de los pensionados.

A finales del siglo XIX se crearon modelos de aseguramiento en salud en Europa con el fin de cubrir de forma integral y universal a la población, reformas de modelos sanitarios en Suramérica a mediados del siglo XX y Colombia con la ley 100 de 1993 concebida con enfoque de mercado, regido por las leyes de oferta y demanda, bajo el modelo neoliberal, por el Consenso de Washington y la banca mundial. Estudios realizados detallan con preocupación que el rumbo del sistema de salud en Colombia ha sido distinto a lo planteado tanto en calidad, derechos humanos, dignidad humana, eficiencia, integralidad, cobertura, equidad y acceso, ocasionando una inadecuada atención; en cuanto a otros estudios, concluyen que el enfoque del sistema puede afectar la atención humanizada. Esta investigación pretendió conocer los efectos que genera el Sistema General Seguridad Social en Salud en la atención humanizada que brinda la Clínica del Occidente de Bogotá D.C, a través de metodología cualitativa descriptiva-interpretativa, se aplicó entrevista semiestructurada a líderes de área y grupo focal a la asociación de usuarios. Se logró describir asociaciones causales, mayor información, entendimiento de fenómenos con énfasis en los significados, experiencias y la percepción de cada participante. ; Abstract. In the late 19th century of the model were created of insurance in health in Europe, in order to offer it of integral and universally to the population, reforms of sanitary models in South America in the middle of the 20th century and Colombia with the law 100 of 1993 conceived an approach of market, been ruled by the laws of offer and demand, under the neoliberal model for the Consensus of Washington and the world banking. Realized studies detail with worry that the course of the system of health in Colombia has been different from the raised so much in quality, rights human, dignity humanizes, efficiency, totality, coverage, equity and access, causing an inadequate care, as for other studies, conclude that the approach of the system can affect the humanized attention. This investigation tries to know the effects generates the General Social Security System in Health in the humanized care that offers the "Clínica del Occidente" from Bogotá D.C, across qualitative descriptive - interpretive methodology, it has been applied interview semi-structured to leaders of area and focal group to the users' association. It was possible to describe causal associations, major information, to understand phenomena giving emphasis to meanings, experiences and perception of every participant. ; Maestría

La construcción del sistema de pensiones en Colombia inició desde 1821, creando los denominados montepíos o fondos militares, una figura de origen español implementada en América, que consistía en entidades de ayuda mutua, para beneficiar a los huérfanos y viudas de quienes fallecieron en las campañas libertadoras y en la guerra de independencia. A lo largo de la historia, el Estado ha implementado los modelos de pensiones basado en cálculos actuariales que también usa la industria aseguradora para estructurar los ramos de seguros y poder asumir los riesgos, garantizando la cobertura y la indemnización de los siniestros que presenta la población de trabajadores, como consecuencia directa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Para este efecto, el empleador y el trabajador hacen un esfuerzo económico para amparar los riesgos, pagando los respectivos aportes. En la actualidad existen 33.070 pensionados por invalidez laboral, que reclaman ante sus fondos el derecho a su pensión de vejez o jubilación. Sin embargo, hoy en día las entidades objetan ese tipo de reclamación, asimilándose a las compañías de seguros, argumentando que los trabajadores al obtener el reconocimiento de pensiones de invalidez, no tienen derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, ya que no se pueden pagar de manera simultánea como lo enuncia el literal j del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 128 de la constitución política de Colombia. Para reconstruir el derecho comparado, escogimos el modelo chileno, con el cual implementaron las pensiones en el año 1980. Para esta acción, dispusieron por Ley, que los empleadores incrementarán el 18% del salario a los trabajadores existentes, a cambio que el asalariado comprará su propia seguridad social como parte de un esquema económico que se basó en la teoría del liberalismo desarrollada por Adam Smith. Al momento de la reforma pensional de Chile, América Latina, fue el punto de inflexión de su transformación económica y para esa época varios países iniciaron ...

La participación en Colombia es un tema que ha venido generando diversas opiniones entre los analistas expertos en el tema, definiéndola unos como un "proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política" para otros la definen como un derecho "toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país" Colombia posee una amplia y compleja infraestructura para la participación ciudadana. Hoy puede decirse que la ciudadanía ha comenzado a comprender la importancia de asumir responsabilidades públicas, de intervenir en la definición de los asuntos de su entorno, de cruzar iniciativas y esfuerzos colectivos, incluidos los del Estado a través de sus distintas agencias locales, a fin de perfilar un futuro menos incierto. La gente percibe cada vez con mayor claridad que puede incidir .y que, de hecho, ha incidido en las decisiones públicas. La apertura de canales de participación ha logrado dar vida a nuevos lenguajes y prácticas que han transformado las coordenadas del ejercicio de la política en su sentido más amplio, como inserción de los individuos y de los grupos en la definición de los asuntos colectivos. ; Instituto de Ciencias de la Salud CES ; INTRODUCCIÓN 5 Planteamiento del problema Justificación Objetivos Metodología 1. MARCO CONCEPTUAL QUE RIGE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD 11 1.1 CONCEPTO D EPARTICIPACION 11 1.2 PARTICIPACION EN SALUD 18 1.3 ANTECEDENTES D ELA PARTICIPACION EN SALUD 26 1.3.1 Sistema Nacional de salud y la ley 100 de 1990 26 1.3.2 Ley 100 de 1993 34 1.4 MECANISMOS DE PARTCIPACION SOCIAL EN SALUD 38 2. COMPORTAMIENTO D ELA PARTCIPACION SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 53 2.1 INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 53 2.2 COMENTARIOS FINALES DE LOS INESTIGADORES 63 3. RECOMENDACIONES QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD EN LAS INSTI TUCIONES DEL SISTEMA 66 CONCLUSIONES 70 BIBLIOGRAFIA 72 ANEXOS 74 ; Especialización ; Participation in Colombia is a subject that has been generating diverse opinions among expert analysts on the subject, some defining it as a "social process that results from the intentional action of individuals and groups in search of specific goals, based on diverse interests and in the context of concrete plots of social relations and power. It is, in short, a process in which different social forces, depending on their respective interests (class, gender, generation), intervene directly or through their representatives in the march of collective life in order to maintain, reform or transform the current systems of social and political organization "for others define it as a right" everyone has the right to participate in the government of their country, directly or through freely chosen representatives. Everyone has the right of access, under conditions of equality, to public functions in their country " Colombia has a wide and complex infrastructure for citizen participation. Today it can be said that citizens have begun to understand the importance of assuming public responsibilities, of intervening in the definition of the affairs of their environment, of crossing initiatives and collective efforts, including those of the State through its different local agencies, in order to to outline a less uncertain future. People are seeing more and more clearly that they can and do have influence on public decisions. The opening of channels of participation has managed to give life to new languages and practices that have transformed the coordinates of the exercise of politics in its broadest sense, as the insertion of individuals and groups in the definition of collective affairs.

Esta tesis pone en evidencia la regresión pensional que se produce con la línea jurisprudencial contenida en las sentencias de tutela SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU 395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-068 de 2018, SU-140 de 2019 y SU-182 de 2019, emitidas por la Corte Constitucional, que excluye el ingreso base de liquidación (IBL) del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, para liquidarlo ordena se aplique lo consignado en esta nueva legislación (artículos 21 y 36) . Sustenta tal postura en que si se aplicara la legislación anterior para establecer el IBL, las finanzas del sistema pensional colapsarían en perjuicio del interés general, la equidad, la solidaridad y afectaría la cobertura de futuras generaciones. Muy por el contrario, sostenemos los autores que tal postura es contraria a la Constitución Política y a normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que la tal fragilidad del sistema pensional es una falacia, pues son muchos los dividendos o utilidades que generan los recursos que capta. Sumado a lo anterior, creemos que las pensiones al construirse con aportes, su diseño legal está delineado de tal manera que sea rentable, y si ello, hipotéticamente, no ocurre, el problema es del diseño legal y tal fracaso no puede ser asumido por los trabajadores. Por otro lado, consideramos que los afiliados al sistema cumplen con los principios de solidaridad, equidad e interés general cuando realizan sus aportes, por tanto no se les puede exigir más esfuerzos y mucho menos reduciendo las pensiones. Finalmente, creemos que tal postura jurisprudencial está derogando los principios del derecho laboral individual como la favorabilidad, la inescindibilidad y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda, por principios colectivistas y abstractos no susceptibles de demostración como la solidaridad, el interés general, la equidad, entre otros, que en nada su pueden contraponer a derechos laborales como las pensiones, de construcción individual, que protege a personas de la tercera edad y que tienen la naturaleza de sociales y fundamentales. ; This thesis highlights the pension regression that occurs with the jurisprudential line contained in the tutelage judgments SU-230 of 2015, SU-427 of 2016, SU 395 of 2017, SU-631 of 2017, SU-068 of 2018, SU-140 of 2019 and SU-182 of 2019, issued by the Constitutional Court, which excludes the base income for liquidation (IBL) of the transition regime of Law 100 of 1993 and, therefore, to liquidate it, it orders the application of the provisions in this new legislation (articles 21 and 36). He supports such a position that if the previous legislation were applied to establish the IBL, the finances of the pension system would collapse to the detriment of the general interest, equity, solidarity and would affect the coverage of future generations. On the contrary, the authors maintain that such a position is contrary to the Political Constitution and to the norms of the American Convention on Human Rights, since the fragility of the pension system is a fallacy, since there are many dividends or profits generated by the resources it captures. In addition to the above, we believe that pensions, when built with contributions, their legal design is outlined in such a way that it is profitable, and if this, hypothetically, does not occur, the problem is of legal design and such failure cannot be assumed by the workers. On the other hand, we consider that the members of the system comply with the principles of solidarity, equity and general interest when they make their contributions, therefore we cannot demand more efforts from them, much less reducing pensions. Finally, we believe that such jurisprudential stance is repealing the principles of individual labor law such as favorability, inseparableness and interpretation favorable to the worker in case of doubt, by collectivist and abstract principles not susceptible of demonstration such as solidarity, general interest, equity, among others, that cannot be set against labor rights such as pensions, individually constructed, which protects the elderly and which are social and fundamental in nature. ; Magister en Derecho Administrativo ; Maestría

Debido a inconsistencias en el sistema de salud colombiano se creó en 1993 la Ley 100, encargada de velar por el cumplimiento de los parámetros que le permita a la comunidad gozar de una buena calidad de vida, con el cumplimiento de los planes y programas que el Estado desarrolla para proporcionar la cobertura integral de los servicios de salud, pensión y riesgos profesionales. Sin embargo, los problemas para la comunidad no terminaron ahí; pues a dichas debilidades del sistema se le sumó la falta de entendimiento de la ciudadanía a dicha ley. Por esta razón en el programa Saludhable del Canla TRO planteó la realización de una sección llamada "En claves Ley 100", donde el objetivo primordial es presentar dicha ley de una manera sencilla, con un lenguaje claro y conciso. Para la realización de la sección se hizo uso de los métodos y técnicas de la Investigación periodística; pues a lo largo del proyecto se trabajó sobre diversas problemáticas de la sociedad, analizando situaciones e indagando posibles soluciones; todos ellos obtenidos a través de entrevistas. Fue así como "En claves Ley 100" se emplearon diferentes elementos de la producción audiovisual como la voz off, pasos en cámara del periodista, imágenes de apoyo y entrevistas a expertos en diversos temas que dieron su declaración para generar mayor credibilidad. Como propuesta propia, se implementó el uso de testimonios en las notas, es decir, personas del común que compartieron sus experiencias en determinado tema de la salud. En tal sentido, el presente proyecto beneficia a los ciudadanos que poseen inconvenientes con la Ley 100 de 1993; al tiempo que inicia una preparación personal de los periodistas que desean especializarse en temas científicos y que no poseen la academia que los eduque en esta área tan compleja. ; The well-known Law 100 was created in Colombia as a response to many inconsistencies in the National Health Service. Aimed to provide a better life quality to the Colombian society. This law is entitled to look after the accomplishment and the total covering of the programmers offered by the Colombian Government, as well as the retirement and professional risks insurance scheme. But the problems for the community didn't end there, now they don't understand the law. For this reason in the program Saludhable was planned a section called "En Claves Ley 100" where with both clear and comprehensible graphic and literal information regarding the Law 100 of 1993, in order to help people understand it. Lots of research was conducted during the realization of the TV show. Many journalists took part of the realization of the notes as well. The Interview was chosen as the main method because of its particular clearness and spontaneity, besides the reliability and commonness that characterizes it. We also proposed the use of witnesses who shared their opinion and experiences about many aspects regarding health care. Very well selected techniques of audiovisual production were used in the creation of each segment of En Claves 100. Voice off, tocamera-walking, help and support images, as well as interviews with experts such as auditors, doctors, judges, directors of relevant institutions and even their solicitors, who gave their opinion as to generate higher reliability. Each note is emitted on an edition of an approximate length of 2 and 5 minutes, which is exactly the time needed to create a dynamic enjoyable educative material. Finally, the present project benefits the people who have disadvantages with the Law 100 of 1993; at the time that it initiates a personal preparation of the journalists who want to specialize in scientific topics and who don't possess the academy that educates them in this area.

Colombia and Venezuela are two neighbor countries with a strongbrotherhood due to a relatively common history. In the colonial period,the Province of Venezuela was under the jurisdiction of the Nuevo Reinode Granada, today, Colombia. Thereafter, in 1830, The Gran Colombiadissolution takes place, giving rise to Colombia and Venezuela as independentRepublics. The Republican period has been turbulent and rugged in both countries, and the Constitutional evolution in both countries accountfor the socio-political events of the two Nations. This article approachesto a comparative study of the legislation on social security based on the constitucionalisation of the right to social security and its main legislativedevelopment: Law 100 of 1993 in Colombia and Organic Law of the System of Social Security of 2002 in Venezuela. ; Colombia y Venezuela son dos países hermanos y vecinos, con una historiarelativamente común. En el periodo colonial, la Provincia de Venezuelaestuvo bajo la jurisdicción del Nuevo Reino de Granada, hoy, Colombia.Posteriormente, en 1830, se disuelve la Gran Colombia; en consecuencia,Colombia y Venezuela pasan a formar repúblicas independientes. Elperiodo republicano ha sido convulso y accidentado en ambos países y laevolución constitucional tanto en uno como en el otro país da cuenta delacontecer sociopolítico de las dos naciones. El presente artículo constituyeuna aproximación al estudio comparado de la legislación en materia deseguridad social sobre la base de la constitucionalización del derecho a laseguridad social y su desarrollo legislativo principal: Ley 100 de 1993, en el caso de Colombia, y Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social del2002, en el caso de Venezuela.

RESUMEN: A pesar de los avances logrados con la aprobación de la Ley 100 de 1993 y los ajustes introducidos mediante la Ley 797 de 2003, el déficit del sistema pensional persiste y su solución exige conocer las causas que lo originan para combatirlas de inmediato. Es necesario, en este sentido, emprender tres acciones: i) aceptar como deuda pública la imprevisión al fondear el sistema para no cargarle el problema a las nuevas generaciones; ii) conseguir el equilibrio de los regímenes especiales, bien sea con las debidas cotizaciones o con apoyo de impuestos generales, o bien mediante el desmonte de beneficios; iii) resolver la coexistencia de los regímenes pensionales contemplados en la Ley 100. ; ABSTRACT: In spite of the achievements of the Law 100 of 1993 and the adjustments produced by Law 797 of 2003, the deficit of the retirement system persists and resolving it demands the knowledge of its causes. Three actions must be implemented in order to combat such deficit: i) accepting the current retirement expenditures as public debt in order to alleviate the burden to future generations who are not responsible for the mistakes made by present generations and the government; ii) achieving equilibrium of special regimes by appropriate allowances or by general tax support, and iii) solving the coexistence of the retirement regimes embraced by Law 100.

ABSTRACT: This essay approaches the effects that the reform to the General System of Social Security or Satatute 100 of 1993 have brought on to the practicing dentist in its political dimensions, educational processes and professional practice, and how these dimensions are being transformed as a product of an excluding and merchantilist system, affecting in a specific manner the work environment, the professional practice, the social profile obtained by the dentist and generating along the way a deep crisis in the educational models that project it socially and politically. ; RESUMEN: Este ensayo aborda los efectos que la Ley de reforma al Sistema General de Seguridad Social o Ley 100 de 1993 ha traído sobre la práctica odontológica en sus dimensiones política, procesos formativos y de práctica profesional, y cómo éstas dimensiones vienen siendo transformadas, producto de un sistema excluyente y mercantilista; afectando de manera específica el ámbito del trabajo, el quehacer profesional y el perfil social alcanzado por el odontólogo y de paso generando una profunda crisis en los modelos formativos que lo proyectan social y políticamente. ; RESUMEN: Este ensayo aborda los efectos que la Ley de reforma al Sistema General de Seguridad Social o Ley 100 de 1993 ha traído sobre la práctica odontológica en sus dimensiones política, procesos formativos y de práctica profesional, y cómo éstas dimensiones vienen siendo transformadas, producto de un sistema excluyente y mercantilista; afectando de manera específica el ámbito del trabajo, el quehacer profesional y el perfil social alcanzado por el odontólogo y de paso generando una profunda crisis en los modelos formativos que lo proyectan social y políticamente.

ABSTRACT: Unemployment has been one of the main factors that have obstructed the achievement of universal health insurance in Colombia, just as Law 100 of 1993 proposed to reach. Those workers that had a history of labour life and lost their posts lack health insurance in a large percentage as well as their close relatives. In this way, they remain exposed to lose the family economical resources if any of the members requires health services he/she should pay for. Objective: the primary objective of this research was to establish the socio-economic characteristics of this population, its level of health insurance and the duration of the employment-unemployment cycle in the country. The results are to be used in a second phase that pretends to design and validate an intervention strategy to guarantee the maintenance of the health insurance of this population. Methods: it was a descriptive-retrospective study that used quantitative analysis techniques. Data was taken from official records of Colombian government, as well as from previous studies related with the matter. Results: principal finds show a persistent growing of participation of workers who lost their posts as part of the total unemployed population in the country. A high proportion of them (56%) have a medium educational level and a high percentage (57.8%) belongs to the medium socio-economic stratum. It is remarkable too that the mean duration of unemployment grew from 27.5 weeks in 1992 to 58.2 weeks in 2002. ; RESUMEN: Uno de los obstáculos que ha tenido Colombia para lograr el objetivo de la Ley 100 de 1993 de universalizar el aseguramiento en salud ha sido el alto nivel de desempleo durante toda la década trascurrida desde entonces. Los trabajadores cesantes (aquellos que han tenido historia de vinculación laboral y que han perdido su empleo) constituyen con sus familias una población que en alto porcentaje carece de aseguramiento en salud, con lo cual queda expuesta al riesgo de pérdida del patrimonio familiar cuando alguno de sus integrantes se vea precisado a demandar atención que debe financiarse con los propios recursos. Objetivo: esta investigación se propuso precisar las características socioeconómicas y del aseguramiento en salud de los trabajadores cesantes, así como los ritmos temporales de empleo-desempleo en el país, buscando que sus resultados sirvan de base para el desarrollo de una segunda fase que diseñará y validará una estrategia de intervención para garantizar la sostenibilidad de su aseguramiento. Metodología: se trató de una investigación descriptiva-retrospectiva que utilizó técnicas de análisis cuantitativo. La información se obtuvo de bases de datos oficiales del gobierno colombiano y de estudios previos que tienen relación con el tema. Resultados: los resultados muestran una creciente participación de los trabajadores cesantes dentro del conjunto de la población desempleada del país, destacándose que una alta proporción de ellos (56,0%) han accedido a la educación media y que un alto porcentaje (58,7%) pertenecen al estrato socioeconómico medio. También resalta que la duración media del tiempo de cesantía pasó de 27,5 semanas en 1992 a 58,2 semanas en el año 2002.