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Se exponen las características principales del procedimiento de discusión y aprobación de las leyes en el parlamentarismo histórico español, con particular referencia a dos grandes periodos: el de la restauración monárquica 1876-1923, muy influido por las prácticas anteriores, y el de la segunda República 1931-36. Se estudia cómo funcionaba en la realidad, más allá de lo dispuesto en la Constitución y en los reglamentos parlamentarios. A tal efecto se han seguido los avatares de diversas leyes de ambos periodos. Entrambos existía una profunda cercanía, manifestada en las facilidades para presentar iniciativas y enmiendas y para consumir turnos de palabra. De otra parte, el debate político se centraba en las sesiones plenarias, durante las cuales la comisión dictaminadora seguía jugando un papel relevante. Los proyectos importantes se debatían artículo por artículo y luego se votaban en su totalidad.

Analiza la garantía extrainstitucional de participación de las personas y grupos sociales en el procedimiento legislativo para exigir, mediante la deliberación, la adecuación material de los proyectos de ley a la Constitución y a los estándares del corpus iuris de derechos humanos. Presenta el tratamiento adoptado por la Asamblea Nacional a las observaciones sociales a proyectos de ley, concluyendo que no se han generado espacios verdaderamente democráticos y que el procedimiento no está reglado integralmente por lo que no se garantiza, en la práctica, que la decisión de incorporar o no las observaciones sociales sea debidamente motivada por parte del legislador.

El artículo tiene como objetivo estudiar el fenómeno de la descentralización legislativa en España e Italia, que se caracteriza por una mutación orgánica de los comités legislativos dentro del marco hacerlo parlamento en el Estado social y democrático de derecho.

Reflexión sobre la obra: García Martínez, María Asunción. El procedimiento legislativo. Publicaciones del Congreso de los Diputados. Madrid, 1987.

La regulación de las enmiendas en el procedimiento legislativo en el Senado es una cuestión clave si se tiene en cuenta, por un lado, la posición constitucional de la Cámara en el sistema bicameral español y, por otro, los plazos de dos meses en el procedimiento ordinario o de veinte días en los supuestos de urgencia con que cuenta la Cámara para enmendar los textos legislativos que envía el Congreso de los Diputados.
Los problemas más importantes se producen en el momento de decidir sobre la admisibilidad de las enmiendas atendiendo al cumplimiento de requisitos formales y materiales, de congruencia con el texto legislativo, y también se derivan de la posibilidad de introducir modificaciones en las diversas fases del procedimiento legislativo.

SUMARIO: I. Introducción.—II. Algunas soluciones en el Derecho Comparado a la función desempeñada por la Ponencia.—A. El «rapporteur» francés.—B. El «relatóte» en Italia.—C. El «report» en Gran Bretaña.—D. Otros supuestos del Derecho parlamentario comparado.— III. Tratamiento jurídico y político de las Ponencias en el Derecho español: A. Breve reseña histórica.—B. Reconocimiento jurídico actual de la figura.—C. Regulación reglamentaria: naturaleza y funciones de la Ponencia en el desarrollo del procedimiento legislativo. Sus diferencias con otros supuestos del Derecho Comparado.—D. Desfiguración de la Ponencia y pérdida de la original justificación y relevancia del trabajo en Comisión.—E. Reflexiones finales.

Rencesión sobre la obra: SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando: Por un nuevo procedimiento legislativo. Ed. Dykinson S.L. 2015, 114 págs.

Este artículo argumenta que la Corte Constitucional de Colombia debería declarar inconstitucionales las leyes que no han tenido una deliberación suficiente en el Congreso. Enapoyo de esa tesis se analizan los fundamentos teóricos del deber de deliberación, los debates del derecho comparado y las contradicciones de la jurisprudencia constitucional.

Este artículo argumenta que la Corte Constitucional de Colombia debería declarar inconstitucionales las leyes que no han tenido una deliberación suficiente en el Congreso. Enapoyo de esa tesis se analizan los fundamentos teóricos del deber de deliberación, los debates del derecho comparado y las contradicciones de la jurisprudencia constitucional.

[ES] El presente trabajo aborda de forma comparada las etapas del procedimiento legislativo ordinario de dieciocho países latinoamericanos. A través del estudio de las Constituciones nacionales y reglamentos internos se busca trazar, de forma sistemática, las rutas utilizadas en los distintos casos para la presentación, tratamiento y aprobación de leyes. ; [EN] This article addresses through comparative analysis the stages of the ordinary legislative process in eighteen Latin American countries. Through a study of the national Constitutions and internal regulations, it aims to track for the different cases, the variety of forms of presentation, debate and approval of laws in the region.

El derecho a la participación social en el procedimiento legislativo es una expresión de la democracia participativa y deliberativa y contribuye al cumplimiento de la responsabilidad estatal de adecuar materialmente todo proyecto de ley a la Constitución y a los estándares de protección de los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. A partir de un diálogo interepistémico entre los conocimientos y las prácticas de la democracia de la comunidad indígena, con los conocimientos occidentales del derecho, de la teoría política y de la perspectiva decolonial, se evidencia el origen y evolución histórica de este derecho, así como los mecanismos para alcanzar su pleno ejercicio ante las limitaciones del contexto planteadas por el modelo económico capitalista y el patrón de poder colonial. Luego del abordaje de los alcances y limitaciones del marco constitucional, legal y reglamentario del derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se evalúa su aplicación en la génesis legislativa de la Ley de Minería, evidenciando las razones que de terminaron su impugnación por inconstitucionalidad y el rol de la Corte Constitucional al actuar sobre el tema. Ante la ausencia del respeto al derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se propone institucionalizar el mecanismo de control previo de constitucionalidad de proyectos de ley por parte de la justicia constitucional.

El presente trabajo estudia la relación entre la teoría del Estado de Derecho, la democracia y el constitucionalismo desde el punto de vista teórico y en función del control formal de constitucionalidad de las leyes como uno de los medios para garantizar la vigencia de una forma de gobierno democrática. Se pone en evidencia la instrumentalidad de los procedimientos y la misma se aborda desde los tres aspectos de un sistema constitucional como son: función, estructura y procedimientos de la función legislativa. Se trata de una perspectiva sustancial y democrática que permite extraer de los principios y contenidos constitucionales reglas procedimentales y estructurales para el proceso de formación de la ley y establecer la función que cumplen para la salud del sistema democrático. Los valores y derechos se encuentran presentes en este trabajo pero de ellos se propone un punto de vista jurídico que permita su efectivo control, y así garantizar su materialización durante el trámite de formación de una ley. Todo esto resultará necesario, mucho más en tiempos como los nuestros, donde la reflexión sobre el ejercicio y actividad de los poderes públicos ha sido relegada al segundo plano. Este trabajo, en síntesis, recalca en la garantía de los derechos y la materialización de los valores y principios por medio de las normas del procedimiento y del esfuerzo por perfeccionarlos. De estos aspectos depende la vigencia, de lo que en términos del artículo uno de la Constitución ecuatoriana, es un Estado constitucional de derechos y justicia. El trabajo se limita al estudio jurídico-dogmático del poder legislativo y las relaciones sociopolíticas que se presentan durante la formación de la ley. Todo ello conectado al control formal de constitucionalidad del procedimiento legislativo realizado por la Corte Constitucional. Algunas anotaciones históricas permitirán comprender el origen de la institución parlamentaria y su ideología. Por otra parte, el derecho comparado permitirá apreciar el contraste entre los aciertos y desaciertos del diseño del procedimiento legislativo que se encuentra vigente en nuestro país. Así entendidos, los valores y principios tienen contenido y eficacia jurídica; develar esas características es fundamental para controlar el cumplimiento de la Constitución.