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This article is about judicial reform in the Southern Cone in the 1990s. It shows that for Argentina and Chile, procedural c ; Este artículo trata sobre las reformas judiciales en Sudamérica, durante los años /n 90. Muestra que tanto en el caso de la Argentina como en el de Chile, las reformas a los códigos de procedimiento estuvieron motivadas por tres factores centrales, vinculados con el doble pro­ceso de democratización y liberalización económica: i) la preocupación con la violación de dere­chos humanos que provenía de los pasados regímenes autoritarios; ii) el deseo de crear ambientes legales estables tanto para los derechos de propiedad como para la inversión extranjera; y iii) la preocupación pública en torno a tasas de criminalidad cada vez más altas. Las reformas consti­tucionales que afectaron a las Cortes Supremas tanto en la Argentina como en Chile estuvieron vinculadas por razones estrictamente auto-interesadas. En última instancia, estas reformas fue­ron el resultado de compromisos políticos entre la izquierda y la derecha en respuesta a parti­culares eventos nacionales. En Uruguay, los frustrados intentos por desarrollar reformas en el código de procedimientos criminales y en el ámbito de la Corte Suprema pueden atribuirse a una combinación de falta de voluntad política, la carencia de apoyo a las mismas reformas judi­ciales, y una falta de recursos económicos. Notablemente, el análisis muestra que en ninguno de los tres países examinados las agencias internacionales han jugado un rol significativo a la hora de promover reformas u ofrecer asistencia financiera o técnica en favor de los cambios en los códigos de procedimiento o en la organización de las Cortes Supremas. Ello sugiere que estos dos tipos de reformas judiciales en el Cono Sur han sido motivados, ante todo, a partir de deman­das nacionales, y no a partir de una presión internacional –lo que muestra una diferencia impor­tante en el contexto de reformas que distinguió a estos tres países latinoamericanos–, y el que se dio en otros países de la región.

Este artículo trata sobre las reformas judiciales en Sudamérica, durante los años 90. Muestra que tanto en el caso de la Argentina como en el de Chile, las reformas a los códigos de procedimiento estuvieron motivadas por tres factores centrales, vinculados con el doble pro­ceso de democratización y liberalización económica: i) la preocupación con la violación de dere­chos humanos que provenía de los pasados regímenes autoritarios; ii) el deseo de crear ambientes legales estables tanto para los derechos de propiedad como para la inversión extranjera; y iii) la preocupación pública en torno a tasas de criminalidad cada vez más altas. Las reformas consti­tucionales que afectaron a las Cortes Supremas tanto en la Argentina como en Chile estuvieron vinculadas por razones estrictamente auto-interesadas. En última instancia, estas reformas fue­ron el resultado de compromisos políticos entre la izquierda y la derecha en respuesta a parti­culares eventos nacionales. En Uruguay, los frustrados intentos por desarrollar reformas en el código de procedimientos criminales y en el ámbito de la Corte Suprema pueden atribuirse a una combinación de falta de voluntad política, la carencia de apoyo a las mismas reformas judi­ciales, y una falta de recursos económicos. Notablemente, el análisis muestra que en ninguno de los tres países examinados las agencias internacionales han jugado un rol significativo a la hora de promover reformas u ofrecer asistencia financiera o técnica en favor de los cambios en los códigos de procedimiento o en la organización de las Cortes Supremas. Ello sugiere que estos dos tipos de reformas judiciales en el Cono Sur han sido motivados, ante todo, a partir de deman­das nacionales, y no a partir de una presión internacional –lo que muestra una diferencia impor­tante en el contexto de reformas que distinguió a estos tres países latinoamericanos–, y el que se dio en otros países de la región. ; This article is about judicial reform in the Southern Cone in the 1990s. It shows that for Argentina and Chile, procedural c

Fil: Acuña, Carlos. Universidad de San Andrés. Departamento de Humanidades; Argentina. ; Fil: Alonso, Gabriela. Universidad de San Andrés. Departamento de Humanidades; Argentina.

The judicial system reforms in special to the prosecution' criminal cases,to need for apply models integrate these law standards or institutional change,with multidisciplinary perspectives and will be shown how the phenomenonis perceived by judicial system operator and various aspects law penal.Likewise,actual effect or impacts on administrative level, information systems,analysis' variables, aspect infrastructure economy, financial change, to plan thecultures impact and the development politics the reform process, because if itapproach is unknown, deleted or wrong it can to discontinue the new process.Additionally, the information' problems can to berelationed or connected andtransfer, affecting to time, the access to time the materials for litigate supportthese allegations in the audiences litigate. ; Las reformas a los sistemas de justicia y en especial a los mecanismos depersecución y enjuiciamiento criminal requieren para su implementación dediseños y modelos, que integren las variables normativas o de cambio institucional,con lógicas y ópticas multidisciplinarias, que abarquen aspectos ligadosa los impactos en la gestión de los actores y operadores del sistema de justiciapenal, impactos en los niveles administrativos, impactos en los sistemas de informaciones,análisis de las variables asociadas a los temas de infraestructura,cuantificación financiera del cambio, dimensionamiento de los impactos culturalesy análisis de la gestión política de los procesos de reforma. Prescindir deeste enfoque arriesga problemas tales como dilación de procesos judiciales porerrores en los mecanismos de organización del despacho judicial o dilacionesligadas a cálculos errados en los números de operadores necesarios para actuaren el nuevo proceso. Los problemas de implementación pueden estar asimismoligados a problemas en los sistemas de información y traspaso de información,impidiendo que se tenga a tiempo los materiales para litigar y fundar peticionesen las audiencias, entre otros aspectos.

On transitions to viable democracy in Latin America (Marini, 1976), Mexico was part of the regional waves of judicial reforms implemented since the 1980s that would modernize the political system by adapting its regulatory frameworks to neoliberalism and international trade in the late twentieth century. These reforms have increased the weight of the judiciary in the State structure, enabling it to resolve conflicts in the political arena. Then, the judiciary began a process of politicization while politics became the object of judicialization, where the law is used as a strategic tool to achieve particular interests while neglecting social welfare.In this way, the judicial route was institutionalized to continue the political war in democratic contexts, giving rise to lawfare as a resource against the non-neoliberal governments that the Latin American majorities have chosen in the 21st century. From this perspective, this article seeks to make visible a series of elements that could be shaping a lawfare process against the political project chaired by Andrés Manuel López Obrador: in the strategic sectors of electricity, hydrocarbons, infrastructure and telecommunications;in lawsuits against potential political leaders;and in the judicialization of the 2021 elections. Keywords: Judicial reforms; neoliberalism; judicialization; lawfare; AMLO ; En las transiciones a la democracia viable en América Latina (Marini, 1976), México formó parte de las olas regionales de reformas judiciales implementadas desde la década de 1980 que modernizarían el sistema político adaptando sus marcos regulatorios al neoliberalismo y el comercio internacional de fines del siglo XX. Estas reformas han incrementado el peso del poder judicial en la estructura estatal, habilitándolo como autoridad para dirimir conflictos del terreno de la política. Así, el poder judicial inició un proceso de politización mientras que la política se fue tornando objeto de judicialización, donde el derecho es usado como herramienta estratégica para alcanzar intereses particulares descuidando el bienestar social. De esta manera, se institucionalizó la vía judicial para continuar la guerra política en contextos democráticos, dando origen al lawfare como recurso en contra de los gobiernos no neoliberales que las mayorías latinoamericanas han elegido en el siglo XXI. Este artículo busca visibilizar los elementos que estarían perfilando procesos de lawfare contra el proyecto político presidido por Andrés Manuel López Obrador: en los sectores estratégicos de la energía eléctrica, los hidrocarburos, la infraestructura y las telecomunicaciones; en las demandas judiciales contra liderazgos políticos potenciales; y en la judicialización de las elecciones de 2021. Palabras clave: Reformas judiciales; neoliberalismo; judicialización; lawfare; AMLO

Desde hace más de una década se discute en torno a los problemas de imagen y legitimidad que afectan a gran parte de los poderes judiciales de América Latina. En muchos países de la región –y esto no resulta novedoso– las encuestas indican de manera sostenida que los niveles de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia son preocupantemente bajos (ver informes de Latinobarómetro). Las causas detrás de este diagnóstico son múltiples: falta de independencia de los jueces, obstáculos para el acceso a la justicia, ineficacia del poder judicial para hacer frente a la inseguridad ciudadana y casos de corrupción judicial, entre otras.

Desde hace más de una década se discute en torno a los problemas de imagen y legitimidad que afectan a gran parte de los poderes judiciales de América Latina. En muchos países de la región –y esto no resulta novedoso– las encuestas indican de manera sostenida que los niveles de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia son preocupantemente bajos (ver informes de Latinobarómetro). Las causas detrás de este diagnóstico son múltiples: falta de independencia de los jueces, obstáculos para el acceso a la justicia, ineficacia del poder judicial para hacer frente a la inseguridad ciudadana y casos de corrupción judicial, entre otras.

En las últimas décadas, el Banco Mundial (BM)se ha transformado en un agente que promueve reformas económicas, legales y judiciales en los llamados países en desarrollo. A lo largo de los años ochenta del pasado siglo y en el contexto de la crisis de la deuda, este organismo comenzó a condicionar la concesión de créditos a la introducción de reformas legales, entre otras, en las áreas financiera, laboral y en el ámbito de los servicios públicos. A inicios de los años noventa, amplió sus exigencias hasta incluir reformas en los aparatos judiciales, las cuales estaban dirigidas a ofrecer un ambiente institucional adecuado para el funcionamiento óptimo de los mercados capitalistas. En los últimos veinte años, esta institución, creada inicialmente para financiar la reconstrucción de Europa y para aportar capital a los países recién salidos del proceso de descolonización, presta cerca del 25% de sus fondos con la pretensión de obtener reformas institucionales en América Latina, África, el sudeste asiático y Europa oriental. ; Contenido Introducción Capítulo I. LA AMPLIACIÓN DEL PAPEL POLÍTICO DEL BANCO MUNDIAL: ANTECEDENTES, FORMULACIÓN E IMPLICACIONES DE LA AGENDA DE LA GOBERNANZA 1.1 Los principales giros del Banco Mundial: una periodización 1.1.1 Primera etapa: el paso al desarrollo y los préstamos por proyecto 1.1.2 Segunda etapa: el "descubrimiento" del tema de la pobreza 1.1.3 Tercera etapa: los préstamos para las reformas estructurales 1.1.4 Cuarta etapa: la introducción de los problemas de la gobernanza 1.2 La conceptualización de la gobernanza 1.3 La politización expresa del mandato del Banco Mundial a través de la gobernanza 1.4 Las transformaciones de la supuesta identidad apolítica 1.5 La gobernanza y la perspectiva del modelo de desarrollo neoliberal Capítulo II. EL ESTADO DE DERECHO SEGÚN EL BANCO MUNDIAL 2.1 El Estado de derecho como conjunto de límites al poder político 2.1.1 Las limitaciones formales en el Estado de derecho 2.1.2 Las limitaciones sustanciales en el Estado de derecho 2.1.3 La división de poderes 2.1.4 Estado de derecho y democracia 2.2 Los conceptos de Estado de derecho en el Banco Mundial 2.2.1 De la rule of law al Estado de derecho 2.2.2 La credibilidad política y regulatoria: el Estado de derecho como conjunto de limitaciones formales 2.2.3 El Estado de derecho a través del poder judicial 2.2.4 La aproximación comprehensiva al desarrollo: un Estado de derecho con límites sustanciales 2.2.5 El Estado de derecho como parte indivisible del desarrollo 2.2.6 El nuevo concepto de Estado de derecho 2.2.7 La estrategia del Banco Mundial sobre los derechos humanos y su relación con el Estado de derecho 2.2.8 El variante concepto de Estado de derecho en el Banco Mundial Capítulo III. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ENFOQUE DEL BANCO MUNDIAL ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE DERECHO Y DESARROLLO ECONÓMICO 3.1 Max Weber: el derecho formal y la calculabilidad para la acción económica 3.1.1 La racionalidad formal del derecho, la empresa moderna y los contratos 3.1.2 La relación general entre derecho y economía 3.1.3 El "problema inglés" 3.2 Douglas C. North: las instituciones como respuesta a la incertidumbre 3.2.1 El vínculo entre instituciones y crecimiento económico 3.2.2 El carácter endógeno de las instituciones 3.3 La econometría de la relación entre instituciones y crecimiento económico 3.3.1 Los indicadores institucionales 3.3.2 Las asociaciones estadísticas entre indicadores institucionales y económicos 3.3.3 ¿Qué dicen y qué no dicen las asociaciones estadísticas? 3.4 Crecimiento económico sin derecho formal. La experiencia asiática 3.4.1 El legalismo técnico para la intervención en la economía 3.4.2 Las redes de reputación como proveedores de certidumbre . 3.4.3 North y Weber a la luz del caso asiático 3.5 Estado de derecho y crecimiento económico: una relación por definir Capítulo IV. EL BANCO MUNDIAL Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES EN AMÉRICA LATINA: EL CASO DE BOLIVIA 4.1 El origen de la reforma judicial en Bolivia: una condición del Banco Mundial 4.2 La administración de justicia boliviana heredada de las dictaduras 4.3 El proceso y contenido de las reformas judiciales en Bolivia 4.3.1 Los nuevos actores y líneas organizativas de la administración de justicia boliviana 4.4 El proyecto de reforma judicial del Banco Mundial en Bolivia 4.4.1 Objetivos y componentes del proyecto de reforma judicial 4.4.2 Las actividades desarrolladas como parte del primer proyecto de reformas judiciales 4.4.3 La segunda etapa de las reformas judiciales 4.4.4 El PRI y el último intento del Banco Mundial por reformar la justicia boliviana 4.5 La reforma judicial en Bolivia y el papel del Banco Mundial: imposición antidemocrática y fracaso Conclusiones Anexos Anexo 1. Principales programas de reforma judicial en América Latina y El Caribe (1984-2004) y costo en millones de dólares (1994-2002) Anexo 2. Algunos impactos del proceso de reformas judiciales en Bolivia Bibliografía

La Constitución no es solo un documento jurídico, sino nuestro principal instrumento de gobierno y símbolo de la unidad nacional. Para lograr estos fines se requiere que el intérprete y el operador constitucional se ajusten estrictamente a los objetivos declamados por la reforma; y encausen la práctica constitucional del país hacia una cultura que priorice el control sobre el ejercicio del poder; y el interés general sobre el político partidario. Con independencia de la discusión sobre el acierto o el error de las reformas introducidas al Poder Judicial; o de la técnica constituyente y legislativa utilizada, cabe aún la oportunidad de contribuir a la realización de mejores desarrollos normativos e interpretativos para amortiguar las deficiencias constitucionales, reglamentarias y prácticas que han sido señaladas.

El primer año de gobierno de César Gaviria le ha dado al país orientaciones que alteran, sin duda, su fisonomía institucional. Ha habido cambios importantes en los principios constitucionales, en la normatividad jurídica, en la dinámica de los partidos y de su representación política, en los derroteros económicos para configurar un nuevo esquema de desarrollo. No obstante, existen dudas sobre la efectividad real que todas esas reformas puedan tener en la persistente crisis social que afecta al país. Análisis Político consultó tales inquietudes con tres personas vinculadas, por distintas razones, al actual proceso de reforma: Edmundo López Gómez, senador de la República, Pablo J. Cáceres, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Armando Novoa, presidente de la Comisión Especial Legislativa.

Este artigo aborda a importância da distribuição de poderes de agenda e de veto dos cidadãos e dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para viabilizar a implementação de reformas pró-mercado no Brasil, na Argentina e no Uruguai em perspectiva comparada. Nesse sentido, o artigo aborda os temas da flexibilidade constitucional, da dinâmica de formação das leis e da presença ou ausência de revisão judicial. A hipótese subjacente a este artigo é a de que quanto mais rígida a Constituição – variável que envolve o poder de agenda e de veto dos cidadãos, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário – mais bem desenhado deve ser o jogo político para a viabilização de implementação das reformas. Para exemplificar este artigo, foram analisadas as reformas previdenciárias implantadas nos países em estudo.Palavras-chave: reformas pró-mercado; rigidez constitucional; revisão judicial.

Desde la transición a la democracia el discurso político ha identificado a la demora judicial como la evidencia de la injusticia e ineficiencia de la justicia penal en la Provincia de Buenos Aires. Estos discursos sobre la demora judicial han permitido que se lleven a cabo una serie de reformas en el sistema de justicia penal, la cuales han reestructurado las prácticas organizacionales al punto de constituir una nueva y diferente estrategia de producción de justicia. Este artículo utiliza el enfoque de la gubernamentalidad introducido por Foucault para identificar, describir y comprender estos discursos y prácticas, y las estrategias y tácticas detrás de ellos. ; Since the transition to democracy the political discourse has projected court delay court as evidence of injustice and inefficiency in the criminal justice of the Province of Buenos Aires. These discourses of court delay have enabled a number of reforms in the criminal justice system, which has reshaped organisational practices to the extent of constituting a new and different strategy of producing justice. This article uses the Foucauldian govermentality framework to identify, describe and make sense of those discourses and practices, and the strategies and tactics behind them. ; Instituto de Cultura Jurídica (ICJ)