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El presente artículo analiza la situación actual del Derecho Penal, en el contexto de las exigencias de una seguridad ciudadana, que cada vez afecta en mayor medida a los sistemas penales latinoamericanos. Esta situación conduce hacia una crisis de las funciones garantistas de prevención del delito y de las penas arbitrarias. Ante los desafíos que muestra la delincuencia de hoy día, los sistemas penales han optado por responder con un derecho penal máximo mediante reformas legislativas a la ley penal de dudosa constitucionalidad, ya que contravienen los principios de un derecho penal garantista. El expansionismo de la ley penal con el endurecimiento excesivo de las penas se presenta como el antídoto del problema de la inseguridad ciudadana; sin embargo, no hace más que conducir hacia el menoscabo de un sistema constitucional democrático. Lejos de la protección a la seguridad ciudadana, se está fomentando la inseguridad jurídica.

Esta es una complición de los artículos del boletin del mismo nombre. En este periodo, el Comité editorial del Boletín Ciudad Segura se panteó como estrategia diversificar los temas que constituyen el debate academíco y político respecto a la seguridad ciudadana, y se ha propuesto visibilizar fenómenos de violencia y criminalidad poco reconocidos por los actores de las políticas públicas en este campo

<p>Se puede percibir, claramente, tres aspectos. El<br />primero se refiere a una visualización desproporcionada<br />de los asuntos relacionados con<br />la (in)seguridad ciudadana. Estudios realizados<br />en Chile y Argentina manifiestan cómo<br />ha aumentado –de forma notoria en las dos<br />últimas décadas– la presencia de los temas<br />criminales en la agenda periodística, tras lo<br />cual nos preguntamos ¿qué ha motivado ese argumento?</p>