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La presente investigación se ha desarrollado para cumplir con nuestro objetivo y deseo de determinar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal consolida la celeridad procesal en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo 2014. El tema se circunscribe al campo del Derecho Penal, específicamente a la institución procesal vigente. Nuestro deseo e interés para materializar la investigación ha sido dar a conocer a los operadores de justicia la innecesaria investigación judicial y juzgamiento del procesado, si previamente existe acuerdo entre el imputado y el Fiscal, el trabajo es de mucha importancia para evitar la sobre carga procesal que mucho daño y descontento significa en lo ciudadanos que siguen proceso penal en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo. Nuestra hipótesis planteada fue la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal para consolidar el principio de celeridad y economía procesal en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, 2014. La simplificación del procedimiento parte del modelo del principio del consenso sustentado en la aceptación de cargos del imputado. El método aplicado en la investigación fue el método inductivo, porque se partió de casos particulares y luego fueron generalizados para una reforma legislativa. Se empleó también método dialéctico, porque me permitió reflejar la esencia del fenómeno jurídico y sus contradicciones con la realidad social jurídica. El tipo de investigación fue descriptivo y explicativo, por tratarse de una investigación jurídica formal que busca describir y explicar la necesidad de aplicar la institución procesal de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común para los efectos de consolidar la celeridad procesal y alcanzar la justicia social rápida. Por la naturaleza de la investigación, el diseño empleado fue no experimental y el ex post facto, porque nuestro objeto de estudio fueron hechos pasados. La población o el universo estuvo compuesta por el total de resoluciones en las que se aplicaron la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común de enero a diciembre del año 2014, en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, en plena vigencia del Nuevo Código Procesal penal, sumándose a ello, ochenta abogados en materia penal. La muestra fue cinco únicos casos y con sentencia firme donde se aplicó la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común y cuarenta abogados. Las técnicas utilizadas para el éxito de nuestra investigación fue la revisión documental y bibliografía relacionadas con el tema de la investigación, la estadística descriptiva, basadas en el análisis de los datos obtenidos y la técnica de la representación gráfica, para ilustrar los datos obtenidos en forma de cuadro. Los contenido plasmadas en la formulación del problema, estas, fueron confrontadas con las respuestas alcanzadas por los encuestados. ; Tesis

This thesis studies with rigor the consequences generated by placing procedural subjects who have no legitimacy to act passively in the Contentious Administrative Proceedings in the Second Specialized Permanent Labor Court of Ascope of the year 2009 to 2011, as in judicial practice in the aforementioned judged which is supported of the Local Education Management Unit of Ascope, Regional Management La Libertad and Public Prosecutor of the Regional Government La Libertad, without question, if legally they all have passive legitimacy to act in such processes. In this investigation it has been revised ninety six cases investigated in the Second Specialized Permanent Labor Court of Ascope of the Superior Court of Justice of La Libertad in the years 2009 to 2011; as well as survey has been applied to judges of the Superior Court of Justice of La Libertad who know administrative proceedings. This last one with the purpose to determine the way how to handle the Processes Contentious Administrative, such as the emplaced ones which are involved in these, and the consequences generated by admitting the intervention of procedural subjects that would not be called by law to defend the interests of the state. This led us as a result, that being the Regional Public Prosecutor who exercises the judicial defense of the interests of the regional governments, should be the only one to intervene as a defendant in the administrative proceedings; otherwise, the consequences generated by placing to procedural subjects who have no legitimacy to act passively in the administrative proceedings are the violation of the principles of equality, swiftness and procedural economy, which undoubtedly causes the increased load of procedures unnecessary for the Second Labor Court of Ascope. ; La presente tesis estudia con riguridad las consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011, dado que en la práctica judicial en el referido Juzgado se admite el emplazamiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de Educación La Libertad y Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad, sin cuestionarse, si jurídicamente todos ellos tienen legitimidad para obrar pasiva en dichos procesos. En ésta investigación se ha revisado noventa y seis expedientes tramitados en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope de la Corte Superior de Justicia de La Libertad de los años 2009 al 2011; así como, se ha aplicado encuesta a Magistrados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que conocen Procesos Contenciosos Administrativos. Esto con la finalidad de determinar la forma como se tramitan los Procesos Contenciosos Administrativos, como los emplazados intervienen en éstos, y las consecuencias que se generan al admitir la intervención de sujetos procesales que no serían los llamados por ley para defender los intereses del Estado. Esto nos condujo como resultado, que al ser el Procurador Público Regional quien ejerce la defensa judicial de los intereses de los Gobiernos Regionales, debe ser el único que debe intervenir como parte demandada en los Procesos Contenciosos Administrativos; de no ser así, las consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos son la vulneración a los principios de igualdad, celeridad y economía procesal, lo que indudablemente origina incremento de carga procesal innecesaria en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope. ; Tesis

La presente investigación se titula: APLICACIÓN DEL MECANISMO TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INMEDIATO Y EN EL TRÁMITE DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA- TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN FLAGRANCIA, DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DEL CALLAO, PERÍODO 2016 – 2017. El incremento del tráfico ilícito de drogas a generado, así como la delincuencia organizada una carga excesiva en la administración de justicia. Es importante mencionar que a partir del 29 de noviembre de 2015, cuando entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1194, que regula el Proceso Penal Inmediato, lo que significa que los juzgados de investigación preparatoria tramiten con prontitud y eficacia, sin embargo a ello se suma que no existen los medios materiales y tecnológicos requeridos trayendo como consecuencia la falta de celeridad responsable. En la presente investigación se ha trabajado con una investigación aplicada con diseño correlacional, la muestra estuvo constituida por 60 profesionales entre ellos, fiscales, asesores, abogados defensores y litigantes. Llegando a la conclusión La aplicación del mecanismo terminación anticipada no influye en el desarrollo del proceso inmediato, pero si en el trámite de los delitos contra la salud pública- tráfico ilícito de drogas en flagrancia, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior del Callao

Los organismos genéticamente modificados, implican muchísimas ventajas para la economía y la alimentación, sin embargo se desconocen sus posibles efectos en la salud y el medioambiente; lo que se relaciona con la obligación del Estado de garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable. Las autorizaciones que el Estado otorga sobre la liberación al ambiente, de estos organismos, deben estar supeditadas al derecho a un medio ambiente sano y la participación de las comunidades indígenas en la determinación de políticas que permitan el uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan.

En este artículo se expone la organización de los fondos documentales del Archivo Municipal y del Juzgado de Bera de Bidasoa. Para su estudio, el primero ha seguido el orden de las series del Cuadro de Clasificación de la Comunidad Foral: órganos de gobierno, secretaría, servicios municipales, hacienda, regadíos, elecciones, guerra y asuntos militares y fondos especiales. El segundo ha establecido estos grandes apartados en su cuadro de clasificación: gobierno, asuntos civiles, asuntos penales, diligencias judiciales y registro civil.

La demandante ALALPI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Con fecha 25 de setiembre del año 2009 interpuso demanda indemnización por responsabilidad civil, contra DISTRIBUIDORA CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y RICARDO GRIS PERCOVICH, a fin que el juzgado le otorgue la indemnización por daños y perjuicios que comprende el Daño Emergente y el Lucro Cesante, y que cumplan con pagar a la demandante en forma solidaria, la suma de Trescientos mil 00/100 Nuevos Soles (S/ 300,000.00), ya que el codemandado RICARDO GRIS PERCOVICH había resuelto el contrato de SERVICIOS DE REPARTO Y CONBRANZA inobservando las causales de resolución contenidas en el contrato. Al contestar la demanda los codemandados argumentan que se resolvió el contrato de acuerdo con la cláusula séptima, que facultaba a las partes a ponerle fin en cualquier momento previa notificación notarial con una anticipación de siete días. Mediante Resolución Número once – SENTENCIA, de fecha 11 de marzo del 2011, el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, declara fundada en parte la demanda y ordena que la demandada cumpla con pagar a favor de la demandante la suma de S/. 43,436.70 por concepto de daño emergente y 167,580.12 por concepto de lucro cesante, improcedente la demanda interpuesta contra Ricardo Eugenio Gris Percovich. La demandada interpuso recurso de apelación, solicitando que la recurrida sea revocada y reformándola, la declare infundada ya que la sentencia incurre en graves errores de interpretación. Mediante Resolución Número Veinticinco – Sentencia de Vista, de fecha 04 de noviembre del 2011, la Sala Civil Mixta de Loreto, resuelve confirmar la sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, revocaron la misma sentencia y reformándola ordenaron que la demandada pague la suma de S/ 13,043.55 por lucro cesante e infundada la demanda por daño emergente. Ante ello la demanda el 28 de diciembre de 2011interpone recurso de casación pues al momento de emitir la sentencia se infringe la normativa contenida en el artículo 1351, 1352 y 1353 del Código Civil. Por lo que con fecha 23 de mayo de 2012, la Corte Suprema, resuelve, declarar IMPROCEDENTE el recurso de casación ya que no cumple con el tercer requisito de procedencia del artículo 388 del Código Procesal Civil. ; La demandante LIZETH RAMIREZ ARICARA interpuso demanda de amparo ante el Segundo Juzgado Civil de Maynas contra la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO el 12 de abril del 2011, a fin que el juzgado reponga las cosas al estado anterior de la violación de sus derechos constitucionales, disponiendo su reposición en su puesto habitual de trabajo, por haber sido despedida sin expresión de causa (despido incausado) y sin haberle otorgado el derecho de defensa, con motivo de celebrar Contratos de trabajo de naturaleza accidental y el Contrato de emergencia, lo cual se encontraban desnaturalizados, según lo previsto en el Decreto Legislativo 728. La demandada al contestar la demanda solicita que se le declare improcedente pues la demandante debe acudir a la vía laboral como vía igualmente satisfactoria, de acuerdo como señala el precedente vinculante 206-2005 AA/TC. Mediante resolución número siete - sentencia, de fecha 23 de agosto de 2011, el Juez del Segundo Juzgado Civil de Maynas, declara FUNDADA la demanda, sostiene que la demandante desarrollaba funciones de naturaleza permanente, desnaturalizando con esto los contratos, razón por la cual solo podía ser despedida por causa justa relacionado con su capacidad o conducta. No estando conforme con la sentencia la demandada interpuso recurso de apelación pues refiere que no se ha tenido en cuenta el precedente vinculante 206-2005 AA/TC. Mediante Resolución número trece – sentencia de vista, de fecha 12 de enero de 2012, la Sala Civil Mixta de Loreto, resuelve: REVOCAR la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda, REFORMÁNDOLA declaro infundada la demanda ya que sostiene que la naturaleza especial de los contratos modales suscritos entre las partes tiene por objeto, precisamente, la contratación temporal de una actividad permanente del empleador. Ante ello la demandante el 28 de marzo de 2012 interpone recurso de agravio constitucional pues la causa objetiva de los contratos no está especifico. Por lo que El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por haberse acreditado la desnaturalización del contrato de emergencia ya que la causa objetiva que invoca no es la adecuada para sustentar la emergencia. ; Trabajo de suficiencia profesional

En el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, el accionante José Carlos Vela Amasifuen interpone demanda de Desalojo por ocupación precaria contra Alejandrina Zumaeta Pinedo quien se encontraba ocupando parte del bien inmueble submateria del demandante ubicado en la Calle Echenique número novecientos noventa y nueve, inscrito con el Código de Predio P12012320; solicitando al juzgado se pronuncie ordenando a la demandada desocupar y entregar al actor el bien sub litis. El Juez de primera instancia declara FUNDADA la demanda, en consecuencia, ordena que la demandada ALEJANDRINA ZUMAETA PINEDO cumpla con restituir al actor JOSÉ CARLOS VELA AMASIFUEN, la parte que viene ocupando del inmueble de su propiedad ubicado en la Calle Echenique N° 999. La demandada interpone recurso de apelación. El Colegiado de la Sala Civil, revoca la sentencia de primera Instancia que declaró fundada la demanda; reformándola, la declara IMPROCEDENTE. El accionante interpone recurso de casación. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica resuelve declarando FUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Carlos Vela Amasifuen, en consecuencia, declararon NULA la sentencia de vista y actuando como sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada y ordenó que la demandada cumpla con restituir al demandante la parte que viene ocupando del inmueble de su propiedad. ; En el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, la accionante Gladys Martínez Khan interpone demanda de acción constitucional de amparo, por vulneración a su derecho constitucional al trabajo al haber sido despedida sin expresión de causa, a fin de que se le restituya su derecho fundamental vulnerado reponiéndole a su centro de trabajo con contrato indeterminado por haberse desnaturalizado el contrato sujeto a modalidad y se ordene su reposición como trabajadora a plazo indeterminado. El Juez de primera instancia declara fundada la demanda, pues argumenta que se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo consagrado en los artículos 22° y 27° de la Constitución Política del Estado, además del derecho a acceder a un puesto de trabajo conlleva el derecho a no ser despedido sino por causa justa configurándose con ello un despido sin imputación de causa, debiendo, por tanto, ampararse la demanda. El demandante interpuso recurso de apelación. El Colegiado de la Sala Civil Mixta C.S.J. Loreto, revoca la sentencia de primera Instancia que declaró fundada la demanda; reformándola, la declara nula. Además, declara nula la Resolución N° 14 que declara fundada la excepción de incompetencia, por tanto, declarando nulo todo lo celebrado. El Tribunal Constitucional emite su sentencia, declarando fundada la demanda por haberse comprobado la afectación del derecho al trabajo; en consecuencia, declara Nulo el despido arbitrario. Asimismo, ordena que la Empresa Electro Oriente S.A. reponga a Doña Gladys Martínez Khan, como trabajadora a plazo indeterminado en el cargo de auxiliar de compras; o en otro de similar puesto categoría en el plazo de dos días. ; In the Second Specialized Civil Court of Maynas, the plaintiff José Carlos Vela Amasifuen files a lawsuit for Eviction for precarious occupation against Alejandrina Zumaeta Pinedo who was occupying part of the plaintiff's submaterial real estate located at Echenique Street number nine hundred and ninety-nine, registered with the Property Code P12012320; requesting the court to rule ordering the defendant to vacate and deliver the sub litis property to the plaintiff. The judge of first instance declares the lawsuit FOUNDED, consequently, he orders that the defendant ALEJANDRINA ZUMAETA PINEDO comply with restoring the actor JOSÉ CARLOS VELA AMASIFUEN, the part that has been occupying the property of his property located at Calle Echenique N ° 999. The defendant files appeal. The Collegiate of the Civil Chamber, revokes the judgment of first Instance that declared the claim founded; reforming it, it declares it IMPROPER. The plaintiff files a cassation appeal. The Transitory Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of the Republic resolves by declaring FOUNDED the appeal filed by José Carlos Vela Amasifuen, consequently, they declared the hearing sentence NULL and acting as the seat of instance, CONFIRMED the appealed sentence and ordered that the defendant complies with restoring to the plaintiff the part that has been occupying the property of his property. ; In the First Specialized Civil Court of Maynas, the plaintiff Gladys Martínez Khan files a constitutional action for amparo, for violation of her constitutional right to work, having been fired without expression of cause, in order to have her right restored fundamental violated by replacing her work center with an indeterminate contract for having distorted the contract subject to modality and her replacement as an indefinite-term worker is ordered. The judge of first instance declares the claim founded, as he argues that his constitutional right to work enshrined in articles 22 and 27 of the Political Constitution of the State has been violated, in addition to the right to access a job entails the right not to be fired except for just cause, thereby configuring a dismissal without imputation of cause, and therefore, the claim must be protected. The plaintiff filed an appeal. The Collegiate of the Mixed Civil Chamber C.S.J. Loreto, revokes the judgment of first Instance that declared the claim founded; reforming it, it declares it null. In addition, it declares Resolution N ° 14 null and void, which declares the incompetence exception founded, therefore, declaring everything that has been celebrated null and void. The Constitutional Court issues its judgment, declaring the claim founded because the right to work has been found to be affected; consequently, it declares the arbitrary dismissal null and void. It also orders that Empresa Electro Oriente S.A. replace Doña Gladys Martínez Khan, as an indefinite-term worker in the position of purchasing assistant; or in another of similar category position within two days.

Centrándose en la masacre de la Plaza Bulnes, ocurrida el 28 de enero de 1946, este artículo reflexiona sobre la naturaleza de la protesta social, la militancia política y la violencia estatal en Chile. El análisis de los hechos que aquí se plantea, influenciado por la historia de género, deconstruye el ethos masculinista de la protesta sindical al mismo tiempo que devela los soterrados lazos familiares que contribuyeron a la perduración del activismo político y social a lo largo del siglo recién pasado. En términos empíricos, este artículo contribuye a enriquecer nuestro conocimiento sobre la masacre al basarse no sólo en la prensa contemporánea sino en el proceso abierto por el Segundo Juzgado Militar de Santiago, hasta ahora no consultado por otros historiadores.Palabras clave: protesta social, militancia política, violencia de Estado, espacio público, Confederación de Trabajadores de Chile, Partido Comunista de ChileThis article reflects on social protest, political activism, and state violence in twentieth-century Chile, using the well-known but little-studied massacre of Plaza Bulnes as a case study. Drawing on the concept of gender, I highlight the masculine ethos of protesting workers while bringing to light the hidden family networks that sustained social and political activism throughout the century. The research is based on the press and the previously unexamined Military Court case.Keywords: social protest, political activism, state violence, public and private, gender, Communist Party of Chile

Summary in October 2014, the Law on Insolvency and Entrepreneurship entered into force in Chile, which renews the old bankruptcy system, creating the new voluntary liquidation insolvency procedure. Therefore, in order to comply with this request, it is necessary to indicate a list of assets by the debtor company in order to pay its creditors. The discussion in the case-law arises when that undertaking has no assets to deliver the proceedings, which will be left to the court's decision to accept or reject the application for voluntary liquidation, taking into account the wording of the legislature in Law No 20720. ; Resumen En octubre del año 2014, entró en vigor en Chile, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que renueva el antiguo sistema de quiebras, creando el nuevo procedimiento concursal de liquidación voluntaria. Por ello, es necesario para dar curso a dicha solicitud, la necesidad de indicar un listado de bienes por parte de la empresa deudora para el pago a sus acreedores. La discusión jurisprudencial se genera cuando dicha empresa, no tiene bienes para entregar al proceso, lo que quedará a la decisión del juez aceptar o rechazar la solicitud de liquidación voluntaria, teniendo en cuenta lo indicado por el legislador en la Ley n.º 20720.

Mediante el Criterio jurisdiccional de los Juzgados Penales Unipersonales en la tipificación de los delitos contra el honor Arequipa – 2010 al 2015, se aborda el problema sobre sí aparte de Dolo, el Juez Penal, debe de exigir un animus (animus injuriandi, animus calumniandi y animus difamandi) en la tipificación subjetiva de los Delitos Contra el Honor. (Código Penal, 1991: artículos 130, 131 y 132) El Honor es un derecho fundamental y constitucional, que no se valora de la misma manera entre las personas. Comprende las relaciones de reconocimiento ante sí y ante los demás, que nadie tiene el derecho de menoscabarla. El Tribunal Constitucional ha establecido importantes precisiones sobre el Honor (por ejemplo: las personas jurídicas son también titulares de Honor desde una concepción objetiva). Es importante precisar que la vía penal para proteger el Honor es válida, a pesar que hubo intentos legislativos sobre la despenalización de los delitos de Injuria, Calumnia y Difamación. La doctrina nacional consultada, al respecto tiene tres posiciones: La primera, que los animus (animus injuriandi, animus calumniandi y animus difamandi) no se deben de emplear, porque es suficiente con el dolo para determinar la tipicidad subjetiva en los delitos contra el Honor. La segunda, que además del dolo, el tipo subjetivo en estos delitos requiere de los animus. Y, la tercera, que el dolo y los animus tienen el mismo significado, por eso, si se emplea el animus no afectaría en nada para determinar la tipicidad subjetiva en los delitos contra el Honor. Lo que nos lleva afirmar que, ni la misma doctrina se pone de acuerdo con sus opiniones para determinar la tipicidad subjetiva en los delitos contra el Honor. La jurisprudencia nacional penal emplea sólo el dolo, el dolo y el animus como un elemento subjetivo distinto al dolo, el animus como equivalente del dolo. Lo cual, demuestra que no existe uniformidad de los criterios jurisdiccionales de los jueces penales unipersonales, lo que atentaría el juicio de predictibilidad en la tipificación subjetiva de los delitos contra el honor. Ello se corroboró al analizar las sentencias emitidas entre los años 2010 al 2015 por los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (Primer Juzgado Unipersonal Penal, Segundo Juzgado Unipersonal Penal y Tercer Juzgado Unipersonal Penal), donde se obtuvo como resultado: que, algunos Jueces Penales exigen el Dolo y el Animus (animus injuriandi, animus calumniandi y animus difamandi); otros Jueces equiparan los animus con el dolo; y, la mayoría de Jueces, sólo exigen el Dolo en la tipificación subjetiva de los delitos contra el Honor. Y hubo casos en los que no se fundamenta el tipo subjetivo de los delitos contra el honor Los jueces penales que emplean sólo el dolo en la tipificación subjetiva de los delitos contra el honor, sustentan ello, en la doctrina y mayoritariamente en sus propias interpretaciones que hacen de estos tipos penales. Mientras que, los jueces penales que, además del dolo aplican los animus, se sustentan en la doctrina nacional y en sus propias interpretaciones. Y, finalmente, los jueces penales que, equiparan los animus con el dolo, lo amparan en la doctrina, la jurisprudencia no vinculante y sus propias interpretaciones. Es por eso que, la problemática jurídica en los delitos contra el Honor no está en su regulación - Delito de injuria (Artículo 130), Delito de calumnia (Artículo 131) y Delito de difamación (Artículo 132) – sino en la falta de uniformidad de los criterios jurisdiccionales de los jueces penales unipersonales, lo cual, atentaría el juicio predictible en la tipificación de los delitos contra el honor. Ante estas evidencias obtenidas en la investigación realizada, vemos que lo más razonable para solucionar la problemática jurídica en los delitos contra el Honor, es que los jueces unipersonales penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, empleen sólo el dolo en la tipificación subjetiva de los delitos contra el honor, para establecer la responsabilidad penal, debido a que nuestro Código Penal en su artículo 11 define que "son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley", excluyendo así, otros elementos distintos al dolo, como es el animus en la tipificación subjetiva de los delitos contra el Honor. Logrando así, la uniformidad de los criterios jurisdiccionales de los jueces penales unipersonales, que garantizaría el juicio predictible en la tipificación de los delitos contra el honor. Justamente, la presente obra intelectual incorpora importantes aportes en base a una investigación jurídica, netamente descriptiva, basada en el análisis de sentencias emitidas los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con el respaldo de una amplia revisión doctrinal y jurisprudencial. Palabras Clave: Criterio jurisdiccional - delitos contra el honor.

El artículo relata una experiencia personal en un caso de petición de derecho al olvido que ha terminado en tres juzgados diferentes. El primer apartado explica lo sucedido entre mayo y junio de 2019 tras una petición formulada a la Universidad de Alicante. El segundo adelanta algunas conclusiones de una investigación sobre distintos sumarios instruidos en el Juzgado Militar de Prensa. Y, finalmente, reflexiono sobre los límites entre la memoria y la historia a partir del conflicto protagonizado desde 2019. ; The article relates a personal experience in a case of a claim for the right to be forgotten that has ended up in three different courts. The first section of this article details what has happened during May and June 2019 following a request made to the University of Alicante. The following section presents some of the conclusions raised from an investigation into different cases judged by the Spanish Military Press Court. Finally, the article discusses on the limits between memory and history based on the conflict that has been taking place since 2019.

La ley orgánica 1/96 sobre Protección Jurídica del niño, establece una medida de protección denominada acogimiento familiar preadoptivo, en aquellos supuestos en donde se valora como irreversible el retorno a la familia de origen del niño, y en donde se dispone de una familia alternativa para la integración social de los niños. La regulación del régimen de visitas compete, en primer lugar, a la administración responsable de la protección a la infancia y, en segundo lugar, a la Fiscalía de Menores, quien a través del Juzgado de Familia podrá regular judicialmente el régimen de visitas. El desarrollo de estas visitas y su plasmación en actos concretos está mediatizado por la complejidad de la situación y por las circunstancias relacionadas con la estabilidad emocional del niño, consecuencia del desequilibrio producido por la desestructuración familiar anterior. La no-justificación del régimen de visitas puede plantearse cuando existen problemas emocionales que hacen tambalear el equilibrio del acogimiento familiar y, sobre todo, en los casos en que está en juego la integración social del niño, a través de su familia acogedora.

La sucesión de empresa o subrogación empresarial es una figura que se encuentra recogida en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, E.T.). El objetivo de este trabajo es analizar, desde un punto de vista tanto teórico como práctico, la forma en la que esta figura se concreta en nuestro ordenamiento jurídico, nuestra jurisprudencia y en un caso real concreto y complejo como el que aquí se expone. Para ello estructuraré el trabajo en cuatro grandes capítulos. El primero constituirá una aproximación al concepto de la sucesión empresarial. Los siguientes consistirán en el análisis pormenorizado de un caso real sobre sucesión de empresa siendo, el segundo capítulo, sobre su tramitación en vía administrativa ante la Tesorería General de la Seguridad Social, el tercero, sobre la vía judicial tramitada ante el Juzgado Contencioso Administrativo y, por último, el cuarto capítulo versará sobre la fase de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. El trabajo termina con un capítulo de carácter concluyente en el que, analizada la regulación jurídica española, la jurisprudencia y la aplicación en un asunto particular, se plantean las conclusiones a las que se ha llegado tras el estudio.

Luego de que las hipótesis de conflicto limítrofes y la Doctrina de Seguridad Nacional perdieran vigencia en la planificación militar a partir de la década de 1980, los militares suramericanos debieron adoptar nuevas misiones organizacionales. Desde entonces, la mayoría de las fuerzas armadas identificaron la defensa de los recursos naturales como una de sus misiones fundamentales. Más recientemente, el Consejo de Defensa Suramericano la incorporó como uno sus los objetivos prioritarios. La idea que anima este trabajo es que los Estado no responden a las amenazas de manera lineal como predice el realismo de raíz estructural. En cambio, adoptamos un programa de investigación realista neoclásico donde las percepciones y las instituciones domésticas condicionan la implementación de políticas de defensa (TALIAFERO ET AL). Nuestra tesis sostiene que la estrategia militar sobre protección de recursos naturales responde a la conjunción entre dos factores. Primero, el origen percibido de la amenaza (externo o doméstico). Segundo, el plano de respuesta operativa juzgado como más adecuada para neutralizarla (convencional o no convencional). En el caso de Suramérica, identificamos tres modelos estratégicos de defensa de los recursos: convencional (origen externo/ respuesta convencional); civilista (origen externo/ respuesta no convencional); y nacional-desarrollista (origen doméstico/ respuesta no convencional). Además, identificamos tres casos ideales para cada uno: Brasil (convencional), Argentina (civilista) y Bolivia (nacional-desarrollista). El trabajo se estructura en secciones donde primero se da cuenta de la transición de las Fuerzas Armadas a nuevas misiones luego de 1980 (DIAMINT; HERZ); segundo, se identifican las fuentes intelectuales del pensamiento latinoamericano interesadas en la defensa de los recursos naturales (MEIRA MATTOS; FORNILLO; CARDOSO ET AL); tercero, se describen los tres modelos estratégicas y su implementación efectiva en los casos nacionales; por último, se analiza la coordinación de la política de defensa de recursos naturales en el marco del CDS. ; Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)

En el presente artículo se examina cuál ha sido la reacción de ETA y su entorno civil, la autodenominada "izquierda abertzale", ante las disidencias individuales o colectivas que han juzgado como una traición a la patria vasca. En primer lugar, las escisiones obreristas de ETA (ETA berri y ETA VI Asamblea) en la dictadura franquista. En segundo término, la heterodoxia de Euskadiko Ezkerra durante la Transición y la disolución a principios de los ochenta de un sector de ETA político-militar. Tercero y último, los activistas de ETA militar que han colaborado con la policía o han optado por la reinserción individual. De esta manera, se pretende comprender mejor la cultura política del nacionalismo vasco radical. ; This article focuses on the reactions of ETA and its civil environment –the so-called "patriotic left"- todissident groups or individuals it labeled as traitors to the Basque Country: first, ETA's left-wing splits–ETA berri and ETA VI- during the Dictatorship of General Franco. Second, the heterodoxy of EuskadikoEzkerra in the process of Spain's Transition to democracy and the disintegration of ETA's politicalmilitarywing in the early 1980s. And finally, ETA's military wing activists who ended up collaboratingwith the police forces or assimilated themselves into society. In the end, this essay aims to reach a betterunderstanding of the political culture of Basque radical nationalists.