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Tras años de incesantes esfuerzos y cinco semanas de intensas y difíciles negociaciones, se aprobó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI), presentado para su firma el 17 de julio de 1998 en Roma. Este acontecimiento histórico es un importante paso en la batalla contra la impunidad y hacia un mayor respecto del derecho internacional humanitario. Durante demasiado tiempo ha sido posible cometer atrocidades con total impunidad, lo que ha dado carta blanca a los criminales para que siguiesen cometiendo delitos. Está claro que el sistema de represión estipulado en el derecho internacional tiene sus deficiencias y que ha llegado el momento de adoptar nuevas normas y crear nuevas instituciones para garantizar el enjuiciamiento efectivo de los crímenes internacionales. Un tribunal penal, nacional o internacional, no detiene el crimen pero puede tener poder de disuasion y, por consiguiente, puede ayudar a disminuir el número de víctimas. Por lo tanto, bienvenidos sean los resultados logrados en Roma, con la esperanza de que el nuevo Tribunal pueda desempeñar su cometido sin restricciones.

El 15 de junio de 1998, dará comienzo en Roma una conferencia diplomática de cinco semanas de duración con la misión de poner remedio, con la aprobación de un tratado para la constitutión de un tribunal penal international permanente, a una de las más persistentes deficiencias existentes en el sistema de aplicación del derecho internacional humanitario. Aunque el esfuerzo actual de las Naciones Unidas para instituir un tribunal de esta índole se inició hace medio siglo con la propuesta formulada en 1947 por Henri Donnedieu de Vabres, el juez francés del Tribunal Militar International de Nuremberg, es aún escasamente sabido que la primera propuesta seria de creación de este tribunal fue la realizada hace más de siglo y cuarto por Gustave Moynier, uno de los fundadores, y durante mucho tiempo, presidente del Comité International de la Cruz Roja. Moynier luchó con muchos de los mismos problemas a los que se enfrentarán los redactores de los estatutos en la Conferencia Diplomática de 1998, y los aciertos y carencias de su propuesta siguen siendo válidos.

IntroduzioneLe vicende ditangentopolie le relative conseguenze politico-istituzionali hanno conferito all'intervento giudiziario un rilievo maggiore che in passato rispetto ai complessi rapporti tra poteri dello Stato e tra governanti e governati. La magistratura, soprattutto quella penale, mostra di aver acquisito una consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni nell'ambito del sistema politico come forse mai in precedenza nella storia della repubblica. Ci si interroga ancora oggi, a tre anni di distanza dall'inizio ditangentopoli, sul perché l'intervento dei magistrati abbia accelerato la crisi del regime democratico italiano e favorito l'inizio di una fase di transizione. Ci si chiede, inoltre, in che misura, con quali conseguenze e per quanto tempo ancora gli attori giudiziari saranno in grado di conservare un potenziale di influenza così ampio sul sistema politico e sulla funzionalità di istituzioni governative e parlamentari.