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From the intersection between International Law and International Political Economy, this article aims to reread Susan Strange's contributions and apply them to the investor-state dispute settlement regime, a topic that was not studied by the author. Therefore, the article examines how the retreat of the State impacts investor-State dispute settlement regime; and how the structural power of transnational corporations is expressed in specific cases of disputes. The article closes by linking the previous ideas to the covid-19 pandemic crisis and the "return of the State". ; Desde la intersección entre el Derecho Internacional y la Economía Política Internacional, el presente trabajo tiene como objetivo realizar una relectura de los aportes de Susan Strange aplicándolos al régimen de solución de controversias inversor-Estado, tema no estudiado por la autora. Por consiguiente, se examina cómo impacta la retirada del Estado en el régimen de solución de controversias inversor-Estado; y de qué manera se expresa el poder estructural de las empresas transnacionales en casos concretos de controversias. El artículo cierra vinculando las ideas anteriores con la crisis de la pandemia de covid-19 y el "retorno del Estado".

Investor – State dispute settlement mechanisms, that are part of more than 3000 bilateral investment treaties and other legal instruments, have been the center of numerous critics during the last years. Therefore, firstly this paper analyses the risks of International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) or Permanent Court of Arbitration, among others, which were identified by referents in academia, civil society and governments. The paper specifically the designation of arbitrators, the lack of an instance of appeal, the wide concept of protected investment and social factor in investment arbitration, specially arbitrator's gender and nationality. Additionally, the paper studies some of the different ways towards the investor – State dispute settlement reform or attempts of partial improvement of the system and develops specific examples. For example the carved – out of some areas of investor – State dispute settlement, such as the case of measures of tobacco control of the Transpacific Partnership Agreement; the constitution of an Investment Court System as it is proposed by the European Union in the international treaties that area being under negotiation with third parties; or the exclusion of investor – State dispute settlement of investment protection agreements, for example the new Brazilian model of Cooperation and Facilitation Investment Agreement. ; Los mecanismos de solución de controversias inversor - Estado previstos en más de 3000 tratados bilaterales de inversión y otros instrumentos jurídicos han sido centro de numerosas críticas en los últimos años. En esta línea, en primer lugar, se analizarán los riesgos que entraña el sistema arbitral del Centro de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) o la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), entre otros, y que han sido identificados desde el ámbito académico, social y gubernamental. Este trabajo analizará específicamente la conformación de los tribunales arbitrales, la ausencia de una instancia de apelación, la inclusión de ...

En medio de la crisis de legitimidad del régimen de solución de controversias inversor-Estado, la dinámica de la relación Estado-empresas transnacionales impacta en tres áreas. En primer lugar, permea en la conducta de los Estados que, a posteriori de controversias emblemáticas o congelamiento normativo, abandonaron el régimen o propusieron acuerdos "balanceados". Asimismo, la dinámica se retroalimenta con los casos concretos de controversias, especialmente aquellos que involucran temas de derechos humanos (medioambiente sano, salud pública, derecho humano al agua, etc.). Y, finalmente, se manifiesta en la transición hacia el nuevo concepto de soberanía (soberanía regulatoria), con base en la protección del espacio de política pública, cuyo centro es el derecho de regular, especialmente en materia de derechos humanos y otras áreas de interés público.

En primer lugar, este artículo describe las características de la solución de controversias inversor-Estado como un régimen internacional, dentro de un espacio mayor: la protección de inversiones extranjeras. En segundo lugar, el trabajo se focaliza en el examen del régimen a la luz del modelo institucional de las relaciones internacionales, e identifica tres instancias de resistencia del modelo relacional: el retiro del CIADI –Bolivia, Ecuador y Venezuela-, el planteo de alternativas a los mecanismos de resolución de disputas actuales –sistema de tribunales de inversiones propuesto por la Unión Europea-, y la recuperación de la competencia de resolver en los tribunales locales aquellos conflictos jurídicos surgidos con inversores extranjeros –Sudáfrica-.
Palabras clave: Solución de controversias inversor-Estado; relaciones internacionales; modelo relacional; modelo institucional, Estados

En la situación socio-política en la que vivimos, resulta desafiante buscar y analizar mecanismos alternativos a la justicia ordinaria para la solución de los conflictos que se suscitan dentro del país. Ecuador está atrapado en una de las crisis más graves de la historia. Se ha vulnerado el ordenamiento jurídico, desde su base constitucional; rige una justicia politizada y corrupta que no otorga las garantías básicas de independencia, eficacia y predictibilidad.Resulta por ello un reto analizar nuevos medios para la solución de conflictos. Entre ellos, el arbitraje que en los últimos tiempos ha cobrado gran relevancia para los Estados, sobre todo como medio para promover inversiones extranjeras que sin lugar a dudas, son muy importantes para las economías de los países en desarrollo como el Ecuador. ; En la situación socio-política en la que vivimos, resulta desafiante buscar y analizar mecanismos alternativos a la justicia ordinaria para la solución de los conflictos que se suscitan dentro del país. Ecuador está atrapado en una de las crisis más graves de la historia. Se ha vulnerado el ordenamiento jurídico, desde su base constitucional; rige una justicia politizada y corrupta que no otorga las garantías básicas de independencia, eficacia y predictibilidad.Resulta por ello un reto analizar nuevos medios para la solución de conflictos. Entre ellos, el arbitraje que en los últimos tiempos ha cobrado gran relevancia para los Estados, sobre todo como medio para promover inversiones extranjeras que sin lugar a dudas, son muy importantes para las economías de los países en desarrollo como el Ecuador.

El artículo no presenta resumen.

Este trabajo analiza la importancia que revisten para los países de América Latina los principales mecanismos y convenciones de solución de controversias sobre comercio e inversiones internacionales, que son el complemento inseparable de estos últimos. El aumento espectacular de las controversias que administran estos mecanismos refleja el impacto que el comercio y las inversiones internacionales hoy tienen en el desarrollo económico. Sin embargo, a pesar del progreso en el plano internacional, la mayoría de los países todavía no han modernizado sus legislaciones internas, con lo cual esta tarea continúa pendiente. La incorporación a las mencionadas convenciones trae consigo múltiples responsabilidades tanto para los gobiernos como para las empresas latinoamericanas. Ellas incluyen mantene

El acceso a la justicia es una vía de garantía de este derecho humano a la ciudadanía mediante su administración. En el estado mexicano el artículo 17 Constitucional dispone de mecanismo heterocompositivo (juicio) y autocompositivo (negociación, mediación, conciliación, arbitraje) aplicables en diversas materias y conforme a su normativa. En ese sentido, es importante considerar la profesionalización de los facilitadores a cargo de llevar la gestión de conflictos de mecanismos que requiere considerar ser aplicados desde los principios de los mismos a partir de la justicia alternativa. Aunque hay un avance en la materia este documento expone la justicia alternativa a partir de los mecanismos alternativos en México.

El acceso a la justicia es una vía de garantía de este derecho humano a la ciudadanía mediante su administración. En el estado mexicano el artículo 17 Constitucional dispone de mecanismo heterocompositivo (juicio) y autocompositivo (negociación, mediación, conciliación, arbitraje) aplicables en diversas materias y conforme a su normativa. En ese sentido, es importante considerar la profesionalización de los facilitadores a cargo de llevar la gestión de conflictos de mecanismos que requiere considerar ser aplicados desde los principios de los mismos a partir de la justicia alternativa. Aunque hay un avance en la materia este documento expone la justicia alternativa a partir de los mecanismos alternativos en México.