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La regla general que rige en nuestro Derecho es que los actos administrativos obligan directamente y producen efecto desde que se dictan y notifican y que, en caso de incumplimiento voluntario por el interesado, cuando el acto le imponga un comportamiento, la Administración puede proceder a su inmediata ejecución sin necesidad de acudir a un juez. Frente a esa regla general, el legislador ha retrasado la eficacia de las sanciones administrativas a un momento posterior en el art. 138.3 Ley 30/1992 y otros preceptos similares de leyes sectoriales.
No obstante, uno de los objetivos de la Ley de reforma 18/2009, de 23 de noviembre, ha sido que las multas de tráfico produzcan efectos y puedan ejecutarse cuanto antes y ello no encuentra inconvenientes ni en la presunción de inocencia ni en la tutela judicial efectiva, pero dicha ley lo ha hecho de una forma tal que parece haber incurrido en una flagrante contradicción que, pese a todo, puede ser superada mediante una interpretación integradora y armoniosa de la ley.

The general rule that applies in our Law is that the administrative acts force directly and produce effect since they are dictated and notify and that, in case of voluntary breach for the interested party, when the act imposes a behavior on him, the Administration can proceed to his immediate execution without need to come to a judge. Opposite to this general rule, the legislator has delayed the efficiency of the administrative sanctions to a later moment in the art. 138.3 Law 30/1992 and other similar rules of sectorial laws. Nevertheless, one of the aims of the Law of reform 18/2009, of November 23, has been that the fines of traffic produce effects and could be executed as soon as possible and it finds disadvantages neither in the presumption of innocence nor in the judicial effective guardianship, but the above mentioned law has done it of a such form that seems to have incurred a flagrant contradiction that, despite everything, can be overcome by means of an of integration and harmonious interpretation of the law. ; La regla general que rige en nuestro Derecho es que los actos administrativos obligan directamente y producen efecto desde que se dictan y notifican y que, en caso de incumplimiento voluntario por el interesado, cuando el acto le imponga un comportamiento, la Administración puede proceder a su inmediata ejecución sin necesidad de acudir a un juez. Frente a esa regla general, el legislador ha retrasado la eficacia de las sanciones administrativas a un momento posterior en el art. 138.3 Ley 30/1992 y otros preceptos similares de leyes sectoriales. No obstante, uno de los objetivos de la Ley de reforma 18/2009, de 23 de noviembre, ha sido que las multas de tráfico produzcan efectos y puedan ejecutarse cuanto antes y ello no encuentra inconvenientes ni en la presunción de inocencia ni en la tutela judicial efectiva, pero dicha ley lo ha hecho de una forma tal que parece haber incurrido en una flagrante contradicción que, pese a todo, puede ser superada mediante una interpretación integradora y armoniosa de la ley.

Presentación del número.

Este artículo da una mirada al derecho administrativo sancionador en España. Parte de diferenciar entre derecho penal y derecho administrativo sancionador. De igual forma, distingue entre sanción e infracción administrativa. También hace un estudio detenido sobre los principios constitucionales que hacen parte de la potestad sancionatoria administrativa, enumerando entre ellos los de legalidad, tipicidad, de defensa, igualdad, non bis in idem, etc. De igual forma, nos introduce en la organización sancionatoria española haciendo énfasis en las competencias de investigación e inspección, y concluye con el funcionamiento de la Unión Europea en esta materia. ; Este artigo dá uma olhada ao direito administrativo sancionador na Espanha. Parte de diferenciar entre o direito penal e o direito administrativo sancionador. De igual forma, distingue entre sanção e infração administrativa. Também faz um estudo detido sobre os princípios constitucionais que fazem da potestade sancionatória administrativa, enumerando entre eles os de legalidade, tipicidade, de defensa, igualdade, non bis in idem, etc. Da mesma forma, introduze-nos na organização sancionatória espanhola fazendo ênfase nas competências de investigação e inspeção, e conclui com o funcionamento da União Europeia nesta matéria. ; From a differentiation of criminal law procedure and administrative inquiry, this article analyzes an aspect of administrative law in Spain. It also distinguishes from infringement and administrative penalty. In addition, it studies the undelying constitutional principies of this kind of inquiry and how this procedure is organized in Spain an in the European Union