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Objetivos: examinar el contexto en el que se produjo la reforma local de 2013 y analizar los principales actores que intervinieron en ella. Metodología: análisis de la abundante documentación que se produjo entre 2012 y 2013. También se emplea la observación directa del autor del artículo del proceso de reforma y la evaluación posterior del impacto de la ley. Resultados: muestran el distinto peso de los actores implicados y cómo el texto definitivo muestra el equilibrio entre algunos de ellos. Conclusiones: el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) alineó la reforma con la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria. El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) destacó la importancia del tamaño de la población en la eficiencia de los servicios municipales. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda reforzó el control financiero del Estado. La Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) no alcanzó sus objetivos principales. El colectivo de habilitados nacionales solo consiguió volver a la situación anterior a 2007. Por su parte, las comunidades autónomas ejercieron un veto en algunos aspectos esenciales de la reforma. Las sentencias del Tribunal Constitucional afectaron parcialmente a la reorganización de las competencias municipales. Finalmente, los partidos políticos tuvieron un impacto variable en el texto final.