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Desde la aprobación de la ley electoral en 1985 las disposiciones sobre la financiación de las campañaselectorales se modificaron dos veces en la primera mitad de los años noventa. Los partidos políticosque promovieron los cambios los justificaron por razones de equidad y de control del gasto públicoen un período de recesión económica. Pero los utilizaron principalmente para alcanzar otros finesno declarados, como resolver sus problemas financieros trasladando los costes de las campañas al presupuestopúblico y mejorar su credibilidad, dañada por los escándalos de financiación irregular de losque dieron cuenta los medios de comunicación de la época. Un importante logro de las reformas fueestablecer un techo efectivo al gasto electoral. En nuestra opinión, esto no habría sido posible antesporque desde la restauración de la democracia los partidos se encontraban atrapados en un dilema delprisionero, en el que el control del gasto era una estrategia dominada. Pero en los primeros añosnoventa los dos partidos mayoritarios en el parlamento, enfrentados a preocupantes deudas electoralesy votantes descontentos con sus operaciones financieras, utilizaron las reformas de la financiaciónelectoral como un mecanismo de coordinación para alcanzar un equilibrio eficiente de Pareto.