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The Democratic Security Policy was proposed as a line of action with the purpose of regaining control once and for all, on the part of the State, of those areas which were under the control of illegal armed groups. The recovery of national sovereignty in each of the municipalities in the country will be carried out by means of a plan to strengthen the armed forces, the application of justice, and with the cooperation of the community in compliance with the duty of solidarity and self-defense. The process of the recovery of national sovereignty will consist of three phases, namely: recovery, maintenance and consolidation. The consolidation stage will also be covered by the Integral Security Policy and Defense for Prosperity, of President Santos. The Democratic Security Policy rests on constitutional support such as the obligation on the part of the President of the Republic to conserve and recover public order, and the duty of citizens to collaborate with the authorities by reporting criminal acts. The Democratic Security Policy relies, on the other hand, on case-law support from the Constitutional Court, such as sentence C-572/97. However, this also generates tension with the constitutional requirements peculiar to a Social State of Law and with respect to International Humanitarian Law ; La Política de Seguridad Democrática se proponía como línea de acción, retomar el control definitivo por parte del Estado de aquellas zonas que se encontraban bajo la influencia de los grupos armados ilegales. La recuperación de la soberanía del Estado en cada uno de los municipios del país se haría a través, de una parte, de un plan de fortalecimiento de la fuerza pública y la administración de justicia y, de otra parte, con la participación de las comunidades en cumplimiento del deber de solidaridad y de legítima defensa. El proceso de recuperación de la soberanía nacional cubriría tres fases a saber: recuperación, mantenimiento y consolidación. La etapa de consolidación sería cubierta, también, por la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, del Presidente Santos. La política de Seguridad Democrática se soportaba en respaldos constitucionales como la obligación del Presidente de conservar y recuperar el orden público y el deber de los ciudadanos de colaboración con las autoridades en cuanto a la denuncia de actos criminales. La política de Seguridad Democrática contaba con apoyos jurisprudenciales de la Corte Constitucional como la Sentencia de C- 572/97. Pero también generaba tensiones frente a los requerimientos constitucionales propios de un Estado social de Derecho y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.