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La implementación de las nuevas tecnologías o TIC's en el sector turístico se ha visto favorecida, en los últimos años, por las posibilidades que Internet ofrece de poder comprobar instantáneamente la existencia real del proveedor del servicio, la veracidad del servicio prestado o las condiciones en que se presta. El aumento de la contratación electrónica de servicios turísticos exige que los proveedores de estos servicios y los turistas tengan en cuenta las diferentes normas jurídicas que resultan de aplicación en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, principalmente, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), las normas reguladoras del consumo, en concreto, el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU) y su modificación por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, así como las diferentes normas autonómicas reguladoras del turismo que existen en la actualidad. En definitiva, un estudio detallado de las implicaciones que la contratación electrónica de servicios turísticos supone realizar una descripción legal del régimen jurídico que resulta de aplicación a los diferentes oferentes e intermediarios que intervienen esta nueva modalidad contractual y a los denominados paquetes dinámicos de turismo. ; The implementation of new technologies or ICTs in the tourism sector has been favored in recent years by the power of the Internet to be able to instantly check the existence of the service provider, the veracity or the conditions of the service. The increase in electronic trading on tourist services requires that providers of these services and tourists take into account the different legal standards which apply in the area of services of the information society, mainly Law 34/2002 of 11 July, Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSI), the rules of consumption, in particular the Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 November, approving the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary laws (TRLGDCU) and its amendment by Law 3/2014, of March 27, and the various regional regulations governing tourism that exist today. In short, a detailed study of the implications of electronic trading on tourist services is currently supposed to perform a legal description of the legal regime is applicable to different suppliers and intermediaries involved this new type of contract and the so-called dynamic tourism packages. ; La presente comunicación se realiza en el marco del Proyecto de Investigación AICO/2015/047 de la Generalitat Valenciana.

La implementación de las nuevas tecnologías o TIC's en el sector turístico se ha visto favorecida, en los últimos años, por las posibilidades que Internet ofrece de poder comprobar instantáneamente la existencia real del proveedor del servicio, la veracidad del servicio prestado o las condiciones en que se presta. El aumento de la contratación electrónica de servicios turísticos exige que los proveedores de estos servicios y los turistas tengan en cuenta las diferentes normas jurídicas que resultan de aplicación en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, principalmente, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), las normas reguladoras del consumo. Por otra parte, la nueva Directiva 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados ofrece una nueva regulación aplicable a los viajes combinados y a los denominados "servicios de viaje combinado" que resultan de aplicación a las nuevas formas de contratación on line de servicios turísticos. ; In recent years, the implementation of new technologies or ICTs in the tourism sector has benefitted from the power of the Internet to enable the instant checking of whether a service provider exists or the veracity and conditions of the service. The increase of e-commerce in tourist services requires the providers of these services and the tourists to take into account the different legal standards which apply to the information society services, particularly Law 34/2002 of 11 July, on Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSI), the rules of consumption. Furthermore, the new Directive 2015/2302 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements provides new regulations for package travel and the so-called "package services " which apply to new forms of online tourism service procurement. ; El presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación AICO/2015/047 de la Generalitat Valenciana.

La normativa comunitaria regula las ayudas otorgadas por los Estados miembros y su control para evitar el falseamiento de la competencia en el mercado interior. La excepción temporal aplicada como base jurídica para llevar a cabo el rescate de las entidades bancarias como consecuencia de la crisis económica ha impulsado la necesidad de reforzar los sistemas nacionales de supervisión financiera y la conveniencia de contar con una regulación supranacional. Como respuesta a la crisis económica, la Unión Europea ha emprendido una serie de cambios institucionales y reglamentarios encaminados a fortalecer la estabilidad del sector financiero partiendo de un mecanismo único de supervisión y de un mecanismo único de resolución para las entidades de crédito. ; Community rules governing aid granted by Member States and their control to avoid distortions of competition in the internal market. The temporary derogation applied as a legal basis for carrying out the rescue of banks as a result of the economic crisis has highlighted the need for the limitations of national systems of financial supervision and the convenience of a supranational regulation. In response to the economic crisis, the European Union has undertaken a number of institutional and regulatory changes aimed at strengthening the stability of the financial sector based on a single monitoring mechanism and a single resolution mechanism for credit institutions.