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La noción de plan general que contienen todas las leyes de las Comunidades Autónomas está obsoleta porque no responde a las necesidades públicas. El trabajo propugna una nueva visión jurídica de la planificación desligada de la asignación de derechos y acorde con las tendencias predominantes del derecho comparado.

The regime of political autonomy recognized to local corporations resists widely the comparison with the other countries of our environment. The fact that the competences on the local regime is shared between the State and the Autonomous Community has prevented a proper articulation between the different instances of power, without the province have found its own place in the distribution of powers. The 2013 reform failed in its attempt to reduce local powers since the Constitutional Court annulled very important aspects of that reform. The great challenge of the local regime is not to increase their own powers, but to be the ordinary Administration for citizens in the large and medium municipalities through the delegation of powers of the State and the Autonomous Communities. ; El régimen de autonomía política reconocido a las corporaciones locales resiste con ventaja la comparación con los demás países de nuestro entorno. El hecho de que la competencia sobre el régimen local sea compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma ha impedido una debida articulación entre las distintas instancias de poder, sin que la provincia haya encontrado un lugar propio en la distribución de competencias. El intento de la reforma de 2013 de reducir las competencias propias locales ha fracasado, ya que el Tribunal Constitucional anuló aspectos muy importantes de dicha reforma. El gran reto del régimen local no es incrementar sus competencias propias, sino ser en los municipios grandes y medianos la administración ordinaria para los ciudadanos a través de la delegación de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

El régimen de autonomía política reconocido a las corporaciones locales resiste con ventaja la comparación con los demás países de nuestro entorno. El hecho de que la competencia sobre el régimen local sea compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma ha impedido una debida articulación entre las distintas instancias de poder, sin que la provincia haya encontrado un lugar propio en la distribución de competencias. El intento de la reforma de 2013 de reducir las competencias propias locales ha fracasado, ya que el Tribunal Constitucional anuló aspectos muy importantes de dicha reforma. El gran reto del régimen local no es incrementar sus competencias propias, sino ser en los municipios grandes y medianos la administración ordinaria para los ciudadanos a través de la delegación de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

The author sees the New Law as marking a major national legislation break with its predecessor of 6/98.The paper underscores these changes in matters concerning the exercise of those attributions of the Stateit specifies and the way these will affect Autonomous Regional Government. The outcome of this is hereseen as the establishing of a new referential environmental paradigm for ground use legislation along witha strengthening of public responsibility for town and country planning that can but incide upon agreementsin this field and the developer. ; La nueva Ley 8/2007 cambia profundamente la perspectiva de la legislación estatal frente a laLey 6/98. El trabajo destaca las novedades en el ejercicio de los títulos competenciales que corresponden alEstado y sus consecuencias para la legislación de las Comunidades Autónomas. El resultado es la configuraciónde un nuevo paradigma ambiental en la legislación de suelo y un reforzamiento de la responsabilidadpública sobre el urbanismo llamada a tener un notable impacto sobre los convenios urbanísticos o sobreel Agente Urbanizador.

<p align="justify">La Unión Monetaria exige disciplina presupuestaria, pero al mismo tiempo, reduce drásticamente las posibilidades de una gobernación independiente. El trabajo examina el desfase entre el debate político interno en España y las posibilidades reales de una política autónoma, una vez que el Tribunal de Justicia (asunto "Pringle") ha recordado los severos límites de la solidaridad europea. Por último se analizan críticamente algunas de las reformas legislativas recientes.
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<p align="justify"><b>The European Monetary Union demands a budgetary discipline. Nonetheless, at the same time, it drastically reduces the possibilities of autonomous decision making. This paper examines the mismatch between the political debate in Spain and the actual possibilities for independent policy making; particularly, once the ECJ has recalled (in the "Pringle" case), the severe obligations arising out of the European solidarity principle. The paper concludes with a critical analysis of some of the recent regulatory reforms.
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The European Monetary Union demands a budgetary discipline. Nonetheless, at the same time, it drastically reduces the possibilities of autonomous decision making. This paper examines the mismatch between the political debate in Spain and the actual possibilities for independent policy making; particularly, once the ECJ has recalled (in the "Pringle" case), the severe obligations arising out of the European solidarity principle. The paper concludes with a critical analysis of some of the recent regulatory reforms. ; La Unión Monetaria exige disciplina presupuestaria, pero al mismo tiempo, reduce drásticamente las posibilidades de una gobernación independiente. El trabajo examina el desfase entre el debate político interno en España y las posibilidades reales de una política autónoma, una vez que el Tribunal de Justicia (asunto "Pringle") ha recordado los severos límites de la solidaridad europea. Por último se analizan críticamente algunas de las reformas legislativas recientes.

Todo mercado cotiza expectativas, el problema es que, en el caso del suelo, esas expectativas son producto fundamentalmente de la acción de los poderes públicos (caso del suelo urbanizable) o de la esperanza en esa acción reclasificatoria (caso del suelo rústico). ¿Debe la comunidad cuando priva a un particular de la propiedad del suelo cotizar las expectativas? En caso de respuesta afirmativa: ¿Qué expectativas deben valorarse? La nueva Ley de Suelo establece que se calcula el valor por el método residual en el suelo urbanizado, y por el método de capitalización de la renta real o potencial en el suelo rural. La diferencia esencial con la legislación procedente no está tanto en el cambio de método de valoración como en el hecho de que la ley prescinde de la clasificación de suelo y, por tanto, se centra en la situación real del suelo en el momento de la valoración.
Merkatu orok igurikapenak kotizatzen ditu; arazoa da, lurzoruaren kasuan, igurikapen horiek batik bat aginte publikoen (lurzoru urbanizagarriaren kasuan) edo birsailkapen-ekintza horretan dagoen esperantzaren (landa-lurzoruaren kasuan) produktu direla. Partikular bat lurzoruaren jabetzaz gabetzen duenean, komunitateak kotizatu behar ditu igurikapenak? Baiezko erantzunaren kasuan: zer igurikapen balioetsi behar dira? Lurzoruaren Lege berriak ezartzen du balio hori lurzoru urbanizatuko hondar-metodoaren bidez kalkulatu behar dela, eta errenta erreal edo potentzialaren kapitalizazioko metodoaren bidez, landa-lurzoruan. Aurreko legeriarekiko funtsezko diferentzia ez datza balioespeneko metodoa aldatzean, baizik eta beste egitate honetan: legeak albo batera uzten du lurzoruaren sailkapena, eta, beraz, lurzoruaren egoera errealean zentratzen da, balioespeneko unean duen egoeran.
Every market values expectations; the problem is that in the case of land, those expectations are mainly the result of Public Authorities¿ acts (in the case of the land which may be developed) or of the hope in reclassification (in the case of rural land). Should the Community that deprives the particular from the property of rural land estimate the value of his or her expectations? If the answer is positive, which are the expectations to be valued?. The new Act on Land sets up that the value is to be determined by the residual method in the developed land, and by the capitalization of the real or potential earnings in rural land. The essential difference with previous legislation does not lie in the change of valuation methodology but in the fact that this Act dispenses with the classification of land and therefore it focuses on the real situation of land when it is effectively valued.

The author sees the New Law as marking a major national legislation break with its predecessor of 6/98.The paper underscores these changes in matters concerning the exercise of those attributions of the Stateit specifies and the way these will affect Autonomous Regional Government. The outcome of this is hereseen as the establishing of a new referential environmental paradigm for ground use legislation along witha strengthening of public responsibility for town and country planning that can but incide upon agreementsin this field and the developer. ; La nueva Ley 8/2007 cambia profundamente la perspectiva de la legislación estatal frente a laLey 6/98. El trabajo destaca las novedades en el ejercicio de los títulos competenciales que corresponden alEstado y sus consecuencias para la legislación de las Comunidades Autónomas. El resultado es la configuraciónde un nuevo paradigma ambiental en la legislación de suelo y un reforzamiento de la responsabilidadpública sobre el urbanismo llamada a tener un notable impacto sobre los convenios urbanísticos o sobreel Agente Urbanizador.

The paper sees the Bill as allowing for a peaceful co-existence as between State and novel Valencian legislation on all but a few points having to do with the valuing of land open to building. The author, however, notes that the Bill has been unable to escape from its origins as a piece of City and Territorial Planning legislation as to basic guarantees even though, because of this, it must thus go against Constitutional Court sentence 6111997. He finds the text of this legal document littered with City and Territorial Planning terminology (Comprehensive Planning, Consolidated Ground, Areas of Administrative Responsibility, General and Local Systems, etc.) which he feels should no longer have any place in such a project. ; El Proyecto permite la coexistencia pacífica entre la legislación estatal y la novedosa legislación valenciana, salvo algunos aspectos relativos a la valoración del suelo urbanizable. No obstante, el Proyecto no ha podido prescindir de su concepción inicial como ley urbanística de mínimos, que desautoriza la Sentencia 61/1997. Es perceptible en el texto legal la continua referencia a término s urbanísticos (planeamiento general, suelo consolidado, ámbitos de gestión, sistemas generales y locales, etc.) que, en rigor, deberían estar ausentes de la ley.

Presentación del número.