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El tema de cómo debemos tratar a los animales no genera acuerdo en la población española. En el debate sobre los toros en España esta confrontación es muy clara. Si los argumentos principales, desde una perspectiva animalista, deberían ser los que anteponen los derechos de los animales a no ser maltratados sin excepción, cuando se habla de tauromaquia son prevalentes los argumentos que tienen que ver con el reparto competencial, el tema cultural o la cuestión identitaria. Una muestra muy representativa de esta confrontación la encontramos en los debates parlamentarios que precedieron a la Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural. Estos debates pueden ser, por tanto, un buen punto de partida para examinar el predominio de los argumentos especistas en la discusión pública sobre la llamada "fiesta nacional" -una discusión donde incluso la supuesta defensa de los animales se hace en clave antropocéntrica. ; The question of how we should treat animals does not find agreement among the Spanish population. In the debate on bulls in Spain, this conflict is very clear. If the main arguments from an animalist perspective must be those that give prevalence to the unequivocal rights of animals to not be abused, when speaking about bullfighting, the arguments related with the distribution of competencies, the cultural topic, or the identity question, become prevalent. A highly representative example of this conflict can be found in the parliamentary debates that preceded Law 18/2013 for the regulation of bullfighting as cultural heritage. These debates may therefore be a good starting point for examining the predominance of speciesist reasoning in public discourse on the supposedly "national festival" - a discussion in which even the supposed defense of animals is made in an anthropocentric tone.

La criminalisation primaire dans la justice des mineurs espagnole s'est transformée sous la pression, d'une part, des mouvements de victimes et, d'autre part, de la tendance à exiger des institutions judiciaires une réalisation concrète de la sécurité. Mais la pratique judiciaire semble résister à ce souhait au niveau de la criminalisation secondaire. D'un côté, les opérateurs judiciaires et sociaux – par routine ou par conviction – continuent à travailler avec le mineur qui a commis un délit dans une perspective de prévention spéciale positive, en laissant les modifications juridiques jouer uniquement un rôle de légitimation du système. D'un autre côté, les victimes n'ont presque jamais recours aux mesures légales prévues pour leur protection.

La infancia y lo que consideramos como tal ha evolucionado notablemente en los últimos años. Resulta evidente que los nuevos tiempos han impuesto una mirada diferente sobre los menores y con ella se ha alentado una transformación en las normas que regulan sus comportamientos y en la respuesta a los mismos. Parece que se mira cada vez con más recelo a los jóvenes y menores y, en ocasiones, su consideración y calificación como peligrosos se traduce en la adopción de decisiones legislativas que tratan de controlarlos y de gestionarlos como otro de los muchos riesgos sociales. Más precisamente, en España, la nueva legislación penal de menores ha ido incorporando previsiones que tratan de controlar estas situaciones de peligro generadas y ocasionadas por niños y jóvenes

Desde el año 2015, tras los atentados en la revista Charlie Hebdo, la política antiterrorista se ha vuelto uno de los ejes centrales de la gobernanza en los países europeos. Como respuesta a la amenaza terrorista los diferentes Estados han desarrollado, aprobado e implementado políticas antiterroristas que pueden suponer un perjuicio para determinados derechos fundamentales. El estudio de la respuesta al terrorismo suele centrarse en la actividad de los Estados tomando a los individuos como un elemento pasivo receptor de esas políticas. En esta tesis doctoral se argumenta que la población es un elemento activo en la respuesta al terrorismo, si bien no como un agente participante en el proceso de toma de decisiones políticas, sí como un elemento generador de contexto en el cual las políticas antiterroristas resultan coherentes. Sobre la cuestión de por qué se aceptan las restricciones en libertades en un contexto de amenaza terrorista se argumenta aquí que esa aceptación, y la respuesta al terrorismo, se da con un ánimo de mantener las jerarquías sociales preexistentes a la aparición de esa amenaza terrorista. Para comprobar la hipótesis se desarrolla un modelo, denominado "tensión-distensión", basado en el efecto rally 'round the flag propuesto por John Mueller (1970) y la Teoría de la Dominación Social de Jim Sidanius y Felicia Pratto (1999). En dicho modelo se argumenta que, ante la aparición de una amenaza terrorista, se producirá una respuesta por parte de la población del país que desembocará en la generación de un contexto propicio para la aplicación de políticas antiterroristas destinadas a mantener la estructura social existente. Una vez propuesto el modelo éste se aplica en los tres casos seleccionados: Francia, Reino Unido y España.

Desde hace tres décadas se ha producido un repliegue del Estado y surgió una nueva expresión instrumental: el Estado garante, que se presenta como alternativa al Estado prestacional. La tesis se sirve de esa construcción doctrinal del Estado garante e invita a una ampliación de su alcance más allá de los sectores donde ha demostrado su éxito. Se propone imitar su filosofía en todos los servicios públicos administrativos y sociales que no requieran el ejercicio de la autoridad pública. Para ello, sistematiza las fórmulas con las que facilitar dicho objetivo mediante la teoría de las tres eses -3S- (denominada así por los tres verbos que comparten esa letra como inicial: Suprimir-Sustituir-Simplificar). Con ella se pretende facilitar un esquema o herramienta general de reflexión y decisión para la elaboración de la agenda política y el policy making en todas las actividades y sectores de la acción pública. El argumento de la tesis sigue el siguiente discurso expositivo: (i) Primero, la observación, sobre la situación actual del sector público y el comportamiento sociopolítico de los grupos sociales que integran el ámbito público. (ii) Seguidamente la reflexión, sobre los procesos de transformación del Estado de bienestar y sobre su dimensión así como sobre la relevancia del problema que se plantea y las consecuencias de la inacción. (iii) A continuación la acción o la generación de propuestas de solución, que se concretan en la teoría de las 3S. (iv) Y, finalmente, la reacción o advertencia de resistencias y dificultades que se opondrán a la acción propuesta. Así, en la primera parte se plantea el problema, el diagnóstico: qué ineficiencias son inherentes al sector público y a continuación se explica por qué esa ineficiencia es sistémica, para lo que se describen los factores políticos, jurídicos y sociales que la cronifican y que conducen al fracaso de los intentos de solución. Ese fracaso, unido a las tendencias demográficas y los déficits crónicos motivan el reto de encontrar nuevos modelos y respuestas para que tanto los derechos civiles y políticos como la sostenibilidad del bienestar queden garantizados (segunda parte). Con la teoría de las 3S (tercera parte) se propone cómo dar respuesta a las preguntas y objetivos planteados, cómo rediseñar la Administración pública y los sistemas de gobierno mediante un proceso de supresión-sustitución-simplificación derivado de una reflexión responsable sobre el papel y el alcance del Estado, sin renunciar al bienestar, proceso igualmente útil para las futuras decisiones en el diseño e implementación de políticas públicas. Pero las resistencias sociales y políticas al cambio (cuarta parte) generan confusión y dificultan el necesario cambio de un Estado prestador a un Estado garante. Así, los grupos de interés que se benefician del statu quo nos alertan del supuesto desmantelamiento del Estado de bienestar. Pero no es ese desmantelamiento lo que se pretende, sino su reestructuración institucional y operativa, tal como se viene planteando en Europa en los últimos 40 años. Esta tesis y sus tres eses invitan a rediseñar la forma de gobierno en las democracias occidentales, porque ya no cabe el statu quo de gasto e intervención. Individuos, asociaciones y empresas han de recuperar la res pública. Se trata de aplicar el principio de subsidiariedad y equilibrar el actual reparto de responsabilidades: la responsabilidad social activa (de implicación) de la sociedad civil y la responsabilidad pasiva (de autolimitación) del sector público.

A través de un análisis del fenómeno de la delincuencia organizada y la violencia en México, se reflexiona sobre la necesidad de contar con herramientas que coadyuven al entendimiento de las tecnologías y así utilizarlas como instrumentos de protección y prevención de la violencia. Una figura interesante es la de las autoridades frente a la regulación de estas tecnologías atendiendo al rol que desempeñan con los delitos cometidos a través de ellas. En este contexto, no podemos olvidar la transformación de la que han sido protagonistas los grupos delictivos gracias a estas mismas tecnologías, como usuarios, como victimarios y como consumidores de información, que se entrelazan para fortalecer los vínculos y delinquir. Las TIC han permitido que los grupos delictivos logren especializarse, por ejemplo, en robos y secuestros a través de las redes sociales más populares como Facebook y Twitter. Es así como exploramos las formas y transformaciones de las TIC y la implicación de diversos delitos cometidos a través de ellas. El efecto que han tenido en la sociedad, que de verla como un medio de comunicación efectivo y en tiempo real, también se ha convertido en una herramienta engañosa para quienes no saben cómo funcionan las tecnologías y depositan su confianza en el ciberespacio al brindar a extraños información personal. Por otra parte, el papel de los medios digitales de información, ha sido parte importante en toda esta transformación. De hecho, se han adaptado para hacer "periodismo digital", donde el periodista cuenta con menos espacio y menos caracteres para llamar la atención del usuario. Lo que definitivamente ha ocasionado que los medios digitales busquen la información lo más rápido posible para ganar a la competencia y publicar primero para sus usuarios. En este camino se pierde veracidad y rigurosidad. Son estos cambios que en general, la sociedad mexicana ha tenido en todos los niveles a raíz de las TIC que nos permite analizar el rol del periodismo digital y el consumo de información en contextos de violencia. Los medios de comunicación y los periodistas son parte crucial en cualquier democracia, por lo tanto, tienen una responsabilidad social no sólo como informadores o comunicadores, sino también como transformadores sociales.

La medida de Libertad Vigilada es un clásico entre los recursos de medio abierto con los que ha contado el Juez de menores a lo largo de la historia de la justicia de menores; fundamentalmente, porque en teoría su contenido educativo y la supervisión que realiza el educador, permite una mejor adaptación de la intervención a las circunstancias y a la evolución del menor. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación empírica realizada de manera comparada en tres provincias españolas, Zaragoza, Málaga y Toledo, en la que se ha tratado de conocer con detenimiento cómo se ejecuta esta medida, para conocer mejor cómo se concreta en la práctica. En concreto, uno de los principales objetivos que se plantea este trabajo es analizar si realmente la medida de Libertad Vigilada consigue individualizar la respuesta que se proporciona a los menores infractores, tanto a las circunstancias psicosociales del menor cuando éste comete el delito, como a la evolución del mismo a lo largo de la ejecución de la medida. Los resultados de la investigación sugieren que a pesar de la respuesta especial y distinta que se da en la justicia de menores que pretende valorar las circunstancias psicosociales del menor, se aprecia cierta homogeneidad en las intervenciones.