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Haití es el país más pobre y más desigual de América Latina, lo era antes del terremoto y lo es hoy en día. En la actualidad, la comunidad internacional tiene una presencia activa en Haití y entre los actores más importantes están los Estados de América Latina a través de la Unión de Repúblicas Suramericanas (UNASUR) y la participación activa en la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). En este artículo se profundizan en las distintas iniciativas que llevan a cabo de manera coordinada los países latinoamericanos en Haití. En base a las cuales se podrá observar una tensión entre una política internacional con objetivos pluralistas que apelan a la solidaridad regional, los rasgos realistas que muestran intereses particulares de los países que la llevan a cabo y los resultados efectivos de la presencia latinoamericana en Haití.

La base de este artículo es una investigación realizada entre el 2017 y el 2018 desde la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Uno de sus propósitos fue indagar dinámicas de conflicto sobre procesos de contaminación y acceso al agua potable en la zona atlántica y norte de Costa Rica, en determinados espacios territoriales en los cuales es notoria la interacción entre recurso hídrico, producción piñera y comunidades.

El artículo plantea que en el escenario regional ha surgido una "tecnocracia" que gobierna a favor de unas clases dominantes modernas. Se debate la presencia de un binomio de poder conformado por la clase política y la clase económica dominante, quienes en alianza con el capital internacional, están interesados en montar el Tratado de Libre Comercio (TLC) como parte de su proyecto de dominación que estaría articulado a otras estrategias de alcance regional y global; de ahí que lo presenten como un proyecto "mesiánico" mediante el cual la sociedad podrá salvarse de la catástrofe, de la ruina. Estos y otros elementos obviados en este apretado resumen, sugieren una relectura del fenómeno político regional y particularmente nacional, en el tanto existe un trasfondo y un sentido específico alrededor de las medidas jurídico-políticas que se están decidiendo, lo cual hipotetizamos que estarían provocando una "ingobernabilidad" orquestada desde las clases dominantes

El presente ensayo tiene como finalidad presentar una visión general de laevolución de la educación en Colombia en la década de 1980. Dada la vastedaddel tema la reflexión se centrará en los siguientes aspectos: en primerlugar el papel que se asigna a la educación en los planes de desarrollo de losdistintos gobiernos de la década, luego se analizan los programas y reformaseducativas más importantes que se impulsan en el período los programas deformación y capacitación de docentes y finalmente algunas consideracionessobre las perspectivas que se vislumbran para la educación colombiana con laconstitución de 1991. Este documento recoge el resultado de algunos trabajos,investigaciones, documentos y mis reflexiones personales sobre el tema y,por consiguiente, más que un texto acabado es un material perfectible.

The Constitutional Court bring us to this concept by stating that (…) the loss of investiture is a real judgment of political responsibility culminating in the imposition of sanctions or penalties of jurisdictional nature, of disciplinary type which punishes transgression of the irreproachable Code of Conduct of Congressmen (…). This is equivalent, due to its effects and severity, to the destitution of high public senior functionaries (…). (Constitutional Court, Judgment C-319 of 1994). Then, we may understand that the loss of investiture is a public action; which constitutes a political responsibility judgment since its results depends from the exercise of a political right, such as the right to be elected, a jurisdictional determination of disciplinary nature, due to the fact that it is performed by a jurisdictional body, and the actuation of the congressmen is analyzed to determine if it is or not appropriate. In the procedure to be given to the action must be fully observed the principles of the due process according to Article 29 of Political Constitution, especially as it is the manifestation of the punitive power of the State, which should be subject to the guarantees of due process and legality of the offense and the penalty or sanction. By analyzing the characteristics of the loss of investiture, we found out that "It limits or reduces some fundamental rights provided by the Constitution such as the right to elect or to be elected, which cannot be subject to inappropriate limitations or undue restrictions". Therefore, in addition to understand the way of the institution, its effects and consequences, we pretend to understand whether it violates or ignores fundamental rights such as due process, double instances, and, consequently, the lifetime penalty which could not be called otherwise that "political death". ; La Corte Constitucional nos acerca al concepto diciendo que (…) la pérdida de investidura, constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga la transgresión al código de conducta intachable de los congresistas, (…) equiparable por sus efectos y gravedad, a la destitución de los altos funcionarios públicos (…). (Corte Constitucional, Sentencia C319 de 1994) Podemos entender, entonces, que la pérdida de investidura es una acción pública; que constituye un juicio de responsabilidad política, dado que de su resultado dependerá el ejercicio de un derecho político; como lo es el de ser elegido, de carácter jurisdiccional de tipo disciplinario; puesto que lo adelanta un órgano jurisdiccional, y se evalúa el actuar del congresista para determinar si es o no adecuado, y en el trámite que se le dé a dicha acción deben observarse a plenitud los postulados del debido proceso, consagrados en el Artículo 29 constitucional, más aún cuando es la manifestación de la potestad sancionatoria del Estado, la cual debe estar sometida a las garantías del debido proceso y de legalidad de la falta y de la sanción. Al analizar las características de la Perdida de Investidura encontramos que "Limita o reduce algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de elegir o ser elegido, el cual no puede ser sometido a restricciones indebidas". Por lo tanto, además de comprender el camino de la institución, sus efectos y consecuencias, pretendemos entender si en su aplicación se vulneran o desconocen derechos fundamentales como el debido proceso, la doble instancia y, en consecuencia, la sanción vitalicia que no pude denominarse de otra forma que "muerte política".

El presente artículo plantea una reflexión teórica sobre lo que denominamos: el carácter social del agua, en cuya expresión se condensa la génesis misma de la evolución humana dado el vínculo vital e histórico de los seres humanos con el preciado líquido. Sin embargo, tal como lo afirmamos en la reflexión propuesta, el nexo del recurso hídrico con lo social, o más bien con necesidades sociales fundamentales, es disuelto históricamente por nuestro alejamiento de las fuentes hídricas naturales de modo que, por razones de acceso al preciado líquido, tal vínculo –fetichizado según algunos autores- se torna indefectiblemente dependiente de intermediaciones tecnológicas y humanas e inversiones económicas que hace más compleja su explicación y, por lo tanto, necesario el uso de referentes y categorías teóricas duras como lo es la teoría marxista del valor.

Resumen ejecutivo de informe que estudia cómo ocurre la captura de políticas públicas por parte de las élites, qué mecanismos son los que utilizan y qué factores pueden facilitar o reducir su capacidad de instaurar sus privilegios por encima de los demás. Nuestro interés es estudiar el rol jugado por las élites económicas y políticas en el debate, diseño e implementación de políticas públicas y entender si esto ha sido determinante o no en el mantenimiento o reforzamiento de la desigualdad. Para esto, hemos decidido enfocarnos en una de las políticas centrales para enfrentar la desigualdad y la pobreza: la política fiscal. Sin embargo, creemos que las recomendaciones pueden ser aplicadas a cualquier ámbito de la política pública que busque reducir desigualdades (políticas de empleo, productivas, agrarias, etc.). El debate sobre la desigualdad es esencialmente político. Es hora de enfrentar la captura del Estado. Las democracias deben cumplir el rol de garantizar que los conflictos de intereses se discutan en la arena pública y que sus resultados lleven a garantizar el respeto a los derechos y el beneficio del conjunto de la población. La participación ciudadana, tanto social como política, es clave para asegurar un contrapeso a los intereses de las élites en el debate público.