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La marginación estructural de la región fronteriza colombiano-ecuatoriana proporciona un terreno fértil para la propagación de los conflictos violentos colombianos en el territorio ecuatoriano. La cooperación al desarrollo (CD) debería contribuir a la contención a largo plazo de las economías de la droga y el desplazamiento asociado mediante programas transectoriales y transfronterizos. Se debe fomentar un enfoque integral y participativo para construir la infraestructura estatal, sobre todo en las áreas de justicia, educación, salud y empleo.
La creación de confianza y reconciliación son prerequisitos esenciales tanto para procesos de paz como para procesos de (re)integración. También las programas para exiliados colombianos traumatizados en Ecuador que incluyen tanto a las víctimas como a los agresores deberían incluir estos components. CD puede apoyar el trabajo social, las instituciones de educación pública y especialmente las instituciones de la Iglesia que gozan de confianza y autoridad en la región. La cooperación al desarrollo debe combinar la labor educativa en los municipios y en los sectores de educación y salud con la reducción de obstáculos financieros o burocráticos. Las medidas que apoyan a los defensorías públicas y las asociaciones de víctimas.
Al brindar asesoramiento sobre la formalización de las microempresas en los programas de capital semilla (capital inicial para montar un negocio), CD puede facilitar la transición de los beneficiarios del sector informal a un estado formal. Aquí, los proveedores deberían, en principio, extender las medidas a toda la población vulnerable (colombiana, ecuatoriana y venezolana). La dimensión regional de los desplazamientos requiere una política humanitaria y de desarrollo a largo plazo coordinada regionalmente que tenga en cuenta a los desplazados colombianos y venezolanos por igual. CD puede contribuir a esto brindando asesoramiento experto a los ministerios competentes y apoyando iniciativas regionales como el Proceso de Cartagena.