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Although it is true that The Mexican Constitution highlights in some of its articles the need to respect values, ideology and beliefs of any citizen, regardless his or her preference or sexual orientation, the everyday social interactions reveal that the individual guarantees are not fulfilled as stated in our Magna Carta. In Mexico, the right not to be discriminated against was discussed and approved in August 2001 by the legislators in the framework of the Constitutional Reform. Undoubtedly, this is an important advance in legal matters. However, what does the reality lived in our country tell us, when the right to free exercise of sexual preference continues to be ignored and is even more linked to practices of family and social discrimination and harassment? In that sense, what is the role that government institutions should play with respect to sexual diversity? Furthermore, how could universities and institutions of higher education contribute to the construction of an ethical and political system that applies the right to equality with the recognition of difference? Unquestionably, the subject gives more than what we will discuss in this paper. However, we intend to contribute with it to Mexican university research on sexual diversity. To do this, we will start from a review of the legal frameworks that accompany this theme in our country, as well as a review of some national surveys on sexual discrimination, plus some central axes on which higher education institutions have focused their policies investigations and finally, we will recover some reflections derived from a research in Interuniversity Network. All this with the sole desire to contribute to the breaking of the heteronormative gender canons and help in the free choice of the subject for the exercise of their sexuality. ; Si bien es cierto que la Constitución Mexicana resalta en algunos artículos la necesidad de respetar los valores, la ideología y las creencias de cualquier ciudadano, sin importar su preferencia u orientación sexual, las interacciones cotidianas sociales revelan que no se cumplen las garantías individuales tal y como lo señala nuestra Carta Magna. En México, el derecho a no ser discriminados fue discutido y aprobado por los legisladores en el marco de la Reforma Constitucional en agosto de 2001. Sin duda, se trata de un avance importante en materia jurídica. Empero, ¿qué nos indica la realidad vivida en nuestro país, cuando el derecho al ejercicio libre de la preferencia sexual se sigue ignorando y más aún se vincula con prácticas de discriminación y hostigamiento familiar y social? En ese sentido, ¿cuál es el papel que deben jugar las instituciones gubernamentales con respecto a la diversidad sexual? Más aún, ¿cómo podrían las universidades e instituciones de educación superior contribuir en la construcción de un sistema ético y político que aplique el derecho a la igualdad con el reconocimiento de la diferencia? Indiscutiblemente que el tema da para más que lo que expondremos en este escrito. Sin embargo, pretendemos aportar con el mismo a la investigación universitaria mexicana en materia de diversidad sexual. Para ello, partiremos desde una revisión a los marcos jurídicos y legales que acompañan esta temática en nuestro país, así como una revisión a algunas encuestas nacionales sobre discriminación sexual, más algunos ejes centrales en los que las instituciones de educación superior han centrado sus políticas e investigaciones y, finalmente, recuperaremos algunas reflexiones derivadas de una investigación en Red interuniversitaria. Todo ello con el único deseo de contribuir en la ruptura de los cánones de género heteronormativos y coadyuvar en la elección libre del sujeto para el ejercicio de su sexualidad.