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Con la transposición de la Directiva 2011/83/EU sobre derechos de los consumidores, al ordenamiento español, por medio de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, se ha incorporado al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TR-LGDCU) un nuevo concepto legal de "contenidos digitales", con novedosas medidas de protección para el consumidor que contrate su suministro, tanto con soporte material como sin él (esto es, tanto off line mediante CDs, DVDs, Blu-Ray o similar, como enteramente on line, mediante contratación electrónica por internet y acceso mediante descarga de canciones, películas, programas, aplicaciones, videojuegos, etc., visualización en tiempo real o streaming u otro tipo de servicios digitales en línea). Los principales instrumentos jurídicos de tutela del consumidor en este campo se centran en nuevos requisitos de información precontractual sobre la funcionalidad y la interoperabilidad de los contenidos digitales con otros dispositivos, así como en el reconocimiento del derecho de desistimiento también para los contratos sobre contenidos digitales suministrados sin soporte material, matizado con diversas excepciones y particularidades. Sin embargo, la incorporación de estos conceptos y medidas al ordenamiento español despierta dudas sobre la aplicación de otras reglas ya existentes, como las relativas a la conformidad en la compraventa, la responsabilidad civil, otros deberes informativos, etc., cuyo acomodo resulta necesario. Asimismo, el derecho de los consumidores a esta nueva información obliga a los empresarios a expresar con claridad los usos permitidos, prohibidos o limitados del contenido digital con respeto al marco legal de la propiedad intelectual (copia privada, medidas técnicas de protección, posibilidad de reventa, etc.), que no siempre es plenamente nítido o conocido por el consumidor. Además del estudio de las nuevas reglas, su impacto en las antiguas y su relación con las normas de propiedad intelectual, se proponen aquí algunos cambios legislativos para mejorar la transposición y para tener en consideración los derechos de los consumidores en el proceso de revisión de las normas europeas de propiedad intelectual y de consumo. ; With the transposition of the Directive 2011/83/EU on consumers' rights, by Spanish Act 3/2014 of 27 March, a new legal concept of "digital content" has been inserted in the Consolidated Text of the Consumer Protection Act, along with other new measures in favour of the consumer who contracts its supply, both with or without a tangible medium (i.e., offline via CDs, DVDs, Blu-Ray or the like; online via e-contracts and access through download of songs, films, software, apps, videogames…, streaming or any other kind of online digital services). The main legal tools in this field are twofold: on one hand, new items of pre-contractual information regarding functionality and interoperability of digital contents with other devices, and, on the other hand, the granting of a nuanced right of withdrawal, with exceptions and specialities, also for contracts on digital content supplied without a tangible medium. However, the incorporation of those concepts and measures into the Spanish legal system arises new doubts on the application of existing rules to them, such as the norms on conformity in sales, liability for products and services, other information duties, etc., whose adaptation to digital contents is due. Furthermore, consumers' right to this new information sets a duty on the trader to express in plain and intelligible language the allowed, forbidden or restricted uses of the digital content within the frame of intellectual property law (private copy, technological measures, resell and exhaustion, etc.); this legal framework on copyright is not always clear or even known by consumers. Apart from the study of the new rules, their impact in the existing ones and their relation with the rules on intellectual property, this paper proposes some legislative changes both to improve the Spanish transposition and to take into consideration the rights of consumers in the European process of review of the legislation on copyright and consumer protection.

Con la transposición de la Directiva 2011/83/EU sobre derechos de los consumidores, al ordenamiento español, por medio de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, se ha incorporado al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TR-LGDCU) un nuevo concepto legal de "contenidos digitales", con novedosas medidas de protección para el consumidor que contrate su suministro, tanto con soporte material como sin él (esto es, tanto off line mediante CDs, DVDs, Blu-Ray o similar, como enteramente on line, mediante contratación electrónica por internet y acceso mediante descarga de canciones, películas, programas, aplicaciones, videojuegos, etc., visualización en tiempo real o streaming u otro tipo de servicios digitales en línea). Los principales instrumentos jurídicos de tutela del consumidor en este campo se centran en nuevos requisitos de información precontractual sobre la funcionalidad y la interoperabilidad de los contenidos digitales con otros dispositivos, así como en el reconocimiento del derecho de desistimiento también para los contratos sobre contenidos digitales suministrados sin soporte material, matizado con diversas excepciones y particularidades. Sin embargo, la incorporación de estos conceptos y medidas al ordenamiento español despierta dudas sobre la aplicación de otras reglas ya existentes, como las relativas a la conformidad en la compraventa, la responsabilidad civil, otros deberes informativos, etc., cuyo acomodo resulta necesario. Asimismo, el derecho de los consumidores a esta nueva información obliga a los empresarios a expresar con claridad los usos permitidos, prohibidos o limitados del contenido digital con respeto al marco legal de la propiedad intelectual (copia privada, medidas técnicas de protección, posibilidad de reventa, etc.), que no siempre es plenamente nítido o conocido por el consumidor. Además del estudio de las nuevas reglas, su impacto en las antiguas y su relación con las normas de propiedad intelectual, se proponen aquí algunos cambios legislativos ...

Con la transposición de la Directiva 2011/83/EU sobre derechos de los consumidores, al ordenamiento español, por medio de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, se ha incorporado al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TR-LGDCU) un nuevo concepto legal de contenidos digitales, con novedosas medidas de protección para el consumidor que contrate su suministro, tanto con soporte material como sin él (esto es, tanto off line mediante CDs, DVDs, Blu-Ray o similar, como enteramente on line, mediante contratación electrónica por internet y acceso mediante descarga de canciones, películas, programas, aplicaciones, videojuegos, etc., visualización en tiempo real o streaming u otro tipo de servicios digitales en línea). Los principales instrumentos jurídicos de tutela del consumidor en este campo se centran en nuevos requisitos de información precontractual sobre la funcionalidad y la interoperabilidad de los contenidos digitales con otros dispositivos, así como en el reconocimiento del derecho de desistimiento también para los contratos sobre contenidos digitales suministrados sin soporte material, matizado con diversas excepciones y particularidades. Sin embargo, la incorporación de estos conceptos y medidas al ordenamiento español despierta dudas sobre la aplicación de otras reglas ya existentes, como las relativas a la conformidad en la compraventa, la responsabilidad civil, otros deberes informativos, etc., cuyo acomodo resulta necesario. Asimismo, el derecho de los consumidores a esta nueva información obliga a los empresarios a expresar con claridad los usos permitidos, prohibidos o limitados del contenido digital con respeto al marco legal de la propiedad intelectual (copia privada, medidas técnicas de protección, posibilidad de reventa, etc.), que no siempre es plenamente nítido o conocido por el consumidor. Además del estudio de las nuevas reglas, su impacto en las antiguas y su relación con las normas de propiedad intelectual, se proponen aquí algunos cambios legislativos ...

La falta de transposición formal en España del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas venía generando importantes dudas, debate doctrinal y soluciones judiciales contradictorias acerca de si dicho silencio suponía una autorización para el control judicial como abusivas de las cláusulas relativas al objeto principal del contrato y a la propia relación calidad/precio. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de junio de 2010 (caso Caja Madrid) dictaminó que un Estado miembro podía elevar el nivel de protección de los consumidores y permitir ese control, sin ser obligatoria la transposición de dicho inciso, y aludió a que ese era el supuesto del Derecho español. Al amparo de estas afirmaciones, el Tribunal Supremo español dictó algunas sentencias en las que, con ciertas ambigüedades y contradicciones, asumía esa doctrina como el Derecho vigente en España. Con mejor criterio, la importante sentencia del Tribunal Supremo (TS) (Pleno) de 9 de mayo de 2013 sobre las cláusulas suelo en los intereses variables de los préstamos hipotecarios, rectifica esos pronunciamientos y concluye, conforme a la regla contenida en la Directiva, que no es posible dicho control judicial sobre las cláusulas que contienen objeto principal del contrato (incluido el precio), salvo que aquéllas no estén redactadas con la debida transparencia. Este ensayo incide en las razones técnicas por las que la STJUE no podía tener el alcance que aparentemente se le dio, analiza críticamente las SSTS dictadas sobre el particular entre 2010 y 2013 y toma en consideración los razonamientos y consecuencias de la nueva doctrina jurisprudencial. The lack of formal implementation of article 4.2 of the Directive 93/13/EEC on unfair terms into the Spanish legal system had raised important doubts, highly controversial debate in doctrine and contradictory judgments interpreting whether that silence meant to allow the courts the control as unfair terms of those dealing with the main subject-matter of the contract and the adequacy between price and goods in exchange. The Court of Justice of the European Union (ECJ) in its judgment of 3 June 2010 (case Caja Madrid) pointed out that any Member State may increase the consumers' level of protection by allowing that control, since the transposition of the cited rule is not compulsory and, furthermore, it indicated that this was the case of the Spanish legislation. With the support of those statements, the Spanish Supreme Court assumed in some ambiguous and contradictory judgments that this was the law in force in Spain. Better grounded, the relevant judgment approved by the Plenary of the Supreme Court at 9 May 2013 has revoked this doctrine in a case dealing with the so-called "floor terms" on the variable interests in mortgage credits. The new case law settled by this judgment indicates that it is not possible the judicial control of the stipulations with contain the main subject matter of the contract (price included), unless they are not in plain intelligible language. This paper explains the technical reasons why the ECJ judgment could not have the meaning and impact which purportedly had been defended, it contains a critical study of the judgments ruled by the Supreme Court between 2010 and 2013 and takes into account the reasons and consequences derived from the new case law.

This paper analyses the existing divergence between the systems of land registers in the Member States of the European Union and its impact in a partially harmonized field as European contract law. Taking as a starting point the notion of the registration as an additional formality required to gain full effectiveness of the contract before third parties, the acquis communautaire is reviewed while looking for some rules that deal with rights in rem that may be registered (i.e. reservation of title, timesharing) with land contracts or with mortgaged credits. From a comparative law approach several problems are studied that have to be tackled by all the registration systems (like the role of registration in the transfer of property, the contractual form entering the Register, the registration gap). The idea of computerization of registers as a possible path towards convergence is also explored, taking into account the patterns the English e-conveyance and e-registration, as designed by LRA 2002, the EU Eulis project and the International Register of the unidroit Convention of Cape Town of 2001 on international securities in mobile equipment. Finally, the possibilities for a harmonization of the existing registration systems and the present convergence features are evaluated.

The decision of the German Federal Supreme Court was based on the following set of facts: the defendant sold the claimant several properties in 1993 for an overall price of 1.7 million DM. In § 12 of the notarised contract it stated:
'The vendor undertakes to repurchase the … property on the request of the purchaser up until 30.6.1996. The request must be made to the vendor in writing before 31.3.1996. The repurchase will then take place in accordance with the conditions of this contract for a sale price of 1.7 million DM.'
By an agreement of 6.2.1994 the defendant granted the claimant an interest-free loan of 300,000 DM with provision that in the case of a repurchase this sum would be set off against the purchase price to be demanded by the claimant. The remainder of the purchase price was to be settled via an extension of credit. In 1995 the claimant demanded that the property be repurchased by 31.1.1995. The defendant refused this, objecting that the condition of the object of the sale had deteriorated significantly during the time that it had been in the claimant's possession, through the fault of the latter.
The Landgericht rejected the claim, the Oberlandesgericht gave judgment for the claimant, with the proviso that the property be sold without any guarantee as to its size or condition, but that the vendor's rights arising from § 498 (2) BGB should remain unaffected.
The defendant's appeal to the Supreme Court led to this decision being quashed. In the opinion of the Supreme Court § 497(1) BGB was not applicable to the right of resale, since the parties had not included this right in their agreement as a right on the part of the purchaser to modify the terms of the contract, but rather as an obligation to repurchase on the part of the vendor. Furthermore, neither §498 (2) second sentence BGB nor § 498 (2) first sentence BGB were applicable by analogy to the resale of immovable property, because of the difference in the framework of the parties' interests. In so far as the parties had structured the right of resale as a personal obligation, the purchaser could only require the conclusion of a contract of repurchase if he at the same time made good the defects that had emerged in the interim period.
On the following pages, the authors examine the decision from the point of view of Belgian, Spanish and Greek law.