Los recursos en el proceso contencioso-administrativo: restricciones y limitaciones
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In: Revista de estudios de la administración local y autonomica, p. 29-48
ISSN: 1989-8975
La aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, supone la introducción de un nuevo trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas con rango legal y reglamentario, regulado en su artículo 133. Este trámite, de carácter preceptivo, refuerza la participación ciudadana, al garantizarse en una fase muy temprana, previa al procedimiento normativo en sentido propio, cuando todavía no existe una propuesta redactada del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento y todas las opciones están abiertas. Sin embargo, nada dice este precepto sobre los efectos jurídicos que se anudan a la omisión –o práctica inadecuada– de la consulta pública previa, a pesar de ser ésta una cuestión de gran relevancia y que, en el fondo, determina la efectividad real de este trámite. Sobre esta cuestión versa este trabajo que, ante el silencio de la LPACAP, pretende aportar herramientas a los operadores jurídicos que ilustren sobre cuáles deben ser los efectos jurídicos de la omisión de este trámite en el procedimiento de elaboración de normas reglamentarias. Con este fin, se analizan tanto las diferentes interpretaciones ofrecidas por la doctrina como la jurisprudencia recaída hasta el momento.
The passing of Spanish Law 39/2015, of 1 October, on Common Administrative Procedures for Government Administrations introduced a new public consultation procedure that must take place prior to the drafting of legal rules with legal and regulatory status, as established under its section 133. That mandatory procedure enhances public participation because it occurs during a very early phase when all options are still open, prior to the initiation of the actual legislative process and before any draft versions of laws or regulations have been produced. However, the Law does not address the legal effects resulting from the omission –or improper exercise– of that initial public consultation, despite the significance of the matter as a factor that fundamentally determines the actual effectiveness of the procedure. This article addresses this issue in view of its absence from the legislation and in an effort to provide those working in the field of law with tools to help determine the legal effects of the omission of that procedure during development of laws and regulations. To this end, the various interpretations offered in the literature and in existing case law are analysed. ; La aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, supone la introducción de un nuevo trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas con rango legal y reglamentario, regulado en su artículo 133. Este trámite, de carácter preceptivo, refuerza la participación ciudadana, al garantizarse en una fase muy temprana, previa al procedimiento normativo en sentido propio, cuando todavía no existe una propuesta redactada del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento y todas las opciones están abiertas. Sin embargo, nada dice este precepto sobre los efectos jurídicos que se anudan a la omisión –o práctica inadecuada– de la consulta pública previa, a pesar de ser ésta una cuestión de gran relevancia y que, en el fondo, determina la efectividad real de este trámite. Sobre esta cuestión versa este trabajo que, ante el silencio de la LPACAP, pretende aportar herramientas a los operadores jurídicos que ilustren sobre cuáles deben ser los efectos jurídicos de la omisión de este trámite en el procedimiento de elaboración de normas reglamentarias. Con este fin, se analizan tanto las diferentes interpretaciones ofrecidas por la doctrina como la jurisprudencia recaída hasta el momento.
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In: RVAP 107; Revista Vasca de Administración Pública / Herri-Arduralaritzarako Euskal Aldizkaria, Issue 107, p. 87-141
ISSN: 2695-5407
La política de mejora de la regulación, impulsada por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico y por la Unión Europea, se ha
desarrollado en España de forma reciente y ha recibido un impulso significativo
en 2015, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas. Esta Ley incluye un nuevo
Título ¿el VI¿, destinado a regular la iniciativa legislativa y la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones. En él se recogen algunas previsiones sobre
el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad para dictar normas con rango
de ley, el ejercicio de la potestad reglamentaria, los principios de buena regulación,
la evaluación normativa, la publicidad de las normas, la planificación normativa
y la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas con rango de ley y reglamentos. Este trabajo se centra en el análisis de las
novedades incorporadas en esta materia por la citada Ley 39/2015 desde una perspectiva
local, dada la aplicación de sus previsiones a todas las administraciones
públicas y, por consiguiente, también a las administraciones locales. El objetivo
primordial es analizar la incidencia de esta Ley sobre la potestad normativa local
y, en consecuencia, determinar las principales novedades que se incorporan en
esta materia en el ámbito local, con el fin de apuntar algunos retos, problemas e
incertidumbres que su aplicación puede suscitar y aportar posibles soluciones.
Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak eta Europar
Batasunak bultzatutako erregulazioa hobetzeko politika gero eta gehiago garatu
da Espainian eta 2015ean bultzada esanguratsua jaso du, urriaren 1eko 39/2015 Legea,
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, onartuta.
Lege horrek titulu berria dakar ¿VI.a¿ legegintza-ekinbidea eta erregelamenduak
eta bestelako xedapenak emateko ahalmena arautzeko. Bertan, legegintza-ekinbidea
eta lege mailako arauak egiteko ahala erabiltzeari, erregelamenduak egiteko ahala
erabiltzeari, erregulazio onaren printzipioei, araudiaren ebaluazioari, arauen publizitateari,
arauen plangintzari eta herritarrek lege mailako arauak eta erregelamenduak
egiteko prozeduran parte hartzeari buruzko xedapen batzuk jasotzen dira. Lan horrek
arlo horretan 39/2015 Legeak sartutako berritasunak aztertzen ditu, tokiko ikuspegitik,
haren xedapenak administrazio publiko guztiei eta, beraz, toki-administrazioei
ere, aplikatzen baitzaizkie. Helburu nagusia Legeak tokiko arauak egiteko ahalean
daukan eragina aztertzea eta, ondorioz, arlo horretan tokiko eremuan sartzen diren
berritasun nagusiak zehaztea da, haren aplikazioak ekar ditzakeen erronka, arazo eta
zalantza batzuk ikusteko eta balizko irtenbideak emateko.
Policies to improve regulation promoted by the Organisation for
Economic Co-operation and Development and the European Union have recently
been applied in Spain and in 2015 received a significant boost with the passing of Law 39/2015, of 1 October, on common administrative procedure for the public
administrations. This Law includes a new Section (VI) which regulates legislative
initiative and the power to create regulations and other provisions. The law
contains provisions regarding the execution of legislative initiative and the power
to create regulations with the force of laws, the exercising of regulatory power,
the principles of good regulation, regulatory evaluation, regulatory publicity,
regulatory planning and the participation of citizens in the process of creating
legislation with the force of laws and regulations. The present study analyses the
changes made to local regulatory powers by the aforementioned Law 39/2015,
given that its provisions are applicable to all public administrations and, therefore,
also to the local administrations. The primary objective is to analyse the effect
of this Law on local regulatory powers and, therefore, to determine the principle
new changes that have been made to local regulatory powers, with the aim of
identifying the challenges, problems and uncertainties that may arise through the
application of the Law and to propose possible solutions.
In: RVAP 99-100; Revista Vasca de Administración Pública / Herri-Arduralaritzarako Euskal Aldizkaria, Issue 99-100, p. 819-846
ISSN: 2695-5407
La reciente aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno plantea su articulación y coordinación
con otras normas sectoriales que cuentan con regulaciones específicas del acceso a
la información para determinados ámbitos. En la medida en que el derecho de acceso a la
información ambiental cuenta con una normativa específica, recogida, en el ámbito estatal,
en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
este trabajo analiza la articulación entre esta Ley y la Ley 19/2013, con el fin de determinar
en qué medida resulta aplicable en este ámbito sectorial la Ley 19/2013 y cuáles son las
relaciones entre ambas legislaciones. Con esta finalidad, tras examinar el contenido de la
disposición adicional primera de la Ley 19/2013, que establece las pautas de relación entre
esta Ley y las normativas específicas de acceso a la información, analiza en particular el
alcance de la supletoriedad de la Ley 19/2013 sobre la regulación del derecho de acceso a
la información ambiental recogida en la Ley 27/2006 y hace especial referencia a aquellos
aspectos más problemáticos, como el régimen jurídico del silencio administrativo o el régimen
de garantías del derecho de acceso.
Informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko
abenduaren 9ko 19/2013 Lege onartu berriak beste sektore batzuetako arautegiekin artikulatzeko
eta koordinatzeko modua planteatzen du, eremu batzuetako informazioa eskuratzeari
buruzko arloan. Ingurumen-informazioa eskuratzeari buruzko eskubideak arautegi
zehatz bat du ¿uztailaren 18ko 27/2006 Estatu Legea, ingurumenaren gaian informazioa
eskuratzeko, publikoki partehartzeko eta justiziara jotzeko eskubideak arautzen dituena¿,
eta lan honek aztertzen du Lege hori nola artikulatu 19/2013 Legearekin, sektore horretan
19/2013 Legea zenbateraino aplika daitekeen eta bi legeen arteko harremanak zein diren.
Helburu horrekin, 19/2013 Legeko lehen xedapen gehigarria aztertu ondoren ¿Lege horren
eta informazioa eskuratzeko arautegi zehatzen arteko harreman-ildoei buruzkoa¿, lan honetan
aztertzen da 19/2013 Legeak zenbateraino ordezkatzen duen 27/2006 Legean jasotako
ingurumen-informazioa eskuratzeko eskubidearen arautegia, eta arazo nagusiak aipatzen
dira, adibidez administrazio-isiltasunaren araubide juridikoa edo informazioa eskuratzeko eskubidearen
bermeen araubidea.
The recent passing of Act 19/2013 of December 9th on transparency,
access to public information and good governance sets out its articulation and coodination
with other sectorial norms that have specific regulations in some areas regarding the
access to information. As right of access to enviromental information has its specific
normative in the State, Act 27/2006 of July that governs rights of access to information,
public participation and access to justice in the field of enviroment, this work analyzes
the articulation between this Act and Act 19/2013 in order to establish the relationships
between both legislations. With this purpose and after studying the content of the first
additional provision of Act 19/2013 that states the guidelines for the relationship between
this Act and the specific rules about access to information, it analyzes in particular the scope of the supplementarity of Act 19/2013 over the regulation of the right to access to
enviromental protection as stated by Act 27/2006 and it makes special reference to those
more problematic aspects as the legal regime to administrative silence or the regime of
the guarantees to the right of Access.
This paper analyses the body of law governing the right to access environmental information in Spain, paying particular attention to law 27/2006, of July 18th, which regulates the right of access to information, public participation and access to justice on environmental issues. The analysis focuses on both the active aspects of access to environmental information (the obligation that the public authorities have to collect and communicate environmental information) and the passive aspects (the right to request access to environmental information). Particular attention is paid to the advances made by this legislation and its possible implications, but no attempt is made to conceal the problems of application that it still has to face and the pending challenges. ; Este trabajo analiza el régimen jurídico del derecho de acceso ala información ambiental en España, realizando un análisis minucioso de su regulación, actualmente contenida en la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participaciónpública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se analiza tanto la vertiente activa del acceso a la información ambiental (la obligación de recogida y difusión de información ambiental por parte de las autoridades públicas) como su vertiente pasiva (el derecho de acceso a la información ambiental previa solicitud), destacándose los avances que ha supuesto esta legislación y sus virtualidades, pero sin ocultar los problemas de aplicación a que todavía se enfrenta y los retos pendientes. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Derecho ambiental y libertadde servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades» (DER2010-19343), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.
BASE
In: RVAP 92; Revista Vasca de Administración Pública / Herri-Arduralaritzarako Euskal Aldizkaria, Issue 92, p. 247-291
ISSN: 2695-5407
este trabajo, tras realizar una aproximación general a la configuración
de la prohibición de discriminación y al derecho a la instrucción en el
Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, analiza la prohibición de discriminación racial en conexión con el
ejercicio del derecho a la instrucción en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Para ello, examina cuatro sentencias relevantes recaídas en
este ámbito (casos D.H. y otros contra República Checa, que ha dado lugar a dos
sentencias ¿una de la Sección 2.ª y otra de la Gran Sala¿; Sampanis y otros contra
Grecia; y Orsus y otros contra Croacia), en las que se plantea si las medidas
adoptadas por determinados Estados en relación con la escolarización de niños de
etnia gitana son o no discriminatorias. También se realizan algunas consideraciones
en torno a la evolución jurisprudencial en este ámbito y sus consecuencias.
Lan honetan, lehen-lehenik, hurbilpen orokor bat egingo dugu
Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenak jasotzen
dituen diskriminazio-debekuaren eta hezkuntzarako eskubidearen eraketari;
eta ondoren, arraza-diskriminazioaren debekuak hezkuntzarako eskubidearekin
duen lotura aztertuko dugu, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentziaren
esparruan. Horretarako, eremu horretako lau epai esanguratsuri helduko
diegu: Giza Eskubideak eta beste batzuk Txekiar Errepublikaren aurka kasua, bi
epai sortarazi dituena (bata Bigarren Sekzioarena, eta bestea Sala Nagusiarena);
Sampanis eta beste batzuk Greziaren aurka kasua, eta Orsus eta beste batzuk
Kroaziaren aurka kasua. Kasu horietan planteatzen den auzia da ea estatu jakin
batzuek ijito etniako umeak eskolaratzeko abiarazi dituzten neurriak diskriminatzaileak
diren ala ez. Horretaz gainera, gogoeta batzuk egingo ditugu alor horretako jurisprudentziaren
bilakaeraz eta beraren ondorioez.
After a general approximation to the configuration of the
prohibition of discrimination and of the right of instruction by the European
Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, this
work analyzes the prohibition of racial discrimination in relation with the exercise
of the right of instruction within the case law of the European Court of Human
Rights. For this purpose, four relevant judgments on the subject (cases D.H and
others against the Czech Republic, which produced two rulings: one by the Second
section and other by the Grand Chamber; Sampanis against Greece; and Orsus
and others against Croatia) where it arose whether the measures adopted by
some States in relation to the schooling of kids from the gypsy ethnic group are
or not discriminatory are studied. Some considerations regarding the evolution by
the case law regarding this area are also carried out and their consequences.
In: Revista de estudios de la administración local y autonomica
ISSN: 1989-8975
In: RVAP 80; Revista Vasca de Administración Pública / Herri-Arduralaritzarako Euskal Aldizkaria, Issue 80, p. 55-109
ISSN: 2695-5407
Este trabajo, tras analizar brevemente la evolución del servicio público de televisión en la legislación audiovisual, se centra en el estudio de la configuración de la televisión de titularidad del Estado como servicio público en el marco de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. Con esta finalidad, analiza, en primer lugar, la configuración de la radio y la televisión de titularidad estatal como servicio público esencial, el objeto de este servicio público y las obligaciones de servicio público que se derivan para la Corporación RTVE; y, en segundo lugar, los tres nuevos instrumentos que se incluyen en la Ley para la concreción de la función de servicio público: el mandato-marco (aprobado en
diciembre de 2007 por el Pleno del Congreso de los Diputados y por el Pleno del Senado), el contrato-programa y el sistema de contabilidad analítica.
Lan honetan, ikus-entzunezkoen arloko legerian telebistaren zerbitzu publikoak izan duen bilakaera aztertzen da labur-labur. Ondoren aztertzen da Estatuaren irrati eta telebistari buruzko ekainaren 5eko 17/2006 Legearen esparruan nola dagoen eratuta Estatuaren telebista-zerbitzu publikoa. Horretarako, lehenbizi honako hau begiratzen da: Estatuaren irrati eta telebista nola dagoen eratuta funtsezko zerbitzu publiko gisa, zein den zerbitzu publiko horren helburua eta zerbitzu publiko horretatik RTVE Korporazioarentzat ondorioztatzen diren betebeharrak; eta, bigarrenik, zeintzuk diren zerbitzu publikoaren eginkizuna zehazte aldera lege horretan sartzen diren hiru tresna berriak, alegia, agindu-esparrua (Diputatuen Kongresuaren
Osokoak eta Senatuaren Osokoak 2007ko abenduan onartua), kontratu-egitasmoa eta kontabilitate analitikoko sistema.
After a brief analysis of the evolution of the public service of television within the
broadcasting legislation, this work focuses on the study of the configuration of the television owned by the State as public service in the frame of the Act 17/2006 of June 5, on radio and television owned by the State. With this aim, it is firstly analyzed the configuration of the radio and television owned by the State as a essential public service, the scope of this public service and the obligations of this public service for the Spanish Broadcasting Corporation
(RTVE); and, secondly, the three new instruments included in the Act for the concreteness of the function of the public service: the frame-order (passed in December 2007 by the plenary session of the Congress of Deputies and of Senate), the programme-contract and the system of costs accounting.
In: Revista Vasca de Administración Pública / Herri-Arduralaritzarako Euskal Aldizkaria; RVAP 76, Issue 76, p. 79-123
ISSN: 2695-5407
In: Revista de investigações constitucionais, Volume 8, Issue 2, p. 347
ISSN: 2359-5639
In: RVAP 97; Revista Vasca de Administración Pública / Herri-Arduralaritzarako Euskal Aldizkaria, Issue 97, p. 291-325
ISSN: 2695-5407
Este trabajo analiza el impacto de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones
industriales en el régimen jurídico de la inspección ambiental. Con este fin, tras
realizar una aproximación general a esta Directiva y señalar sus aspectos más destacables,
se centra en el examen de la regulación de la inspección ambiental en
ella contenida, aspecto muy novedoso por ser la primera vez que se incluye una
regulación mínima de la inspección ambiental, que hasta ahora únicamente había
sido objeto ¿a nivel comunitario¿ de una recomendación sin valor normativo, en
una Directiva. Concretamente, se analizan las obligaciones establecidas para los
Estados miembros en esta materia, que se traducen principalmente en la obligación
de establecer un sistema de inspección medioambiental de las instalaciones
y de formular planes de inspección a partir de los cuales se elaborarán programas
de inspección medioambiental prefijada, que incluyan la frecuencia de las visitas a
los emplazamientos para los distintos tipos de instalaciones. También se realizan
algunos apuntes sobre la transposición de esta Directiva en España, teniendo en
cuenta que recientemente se ha aprobado la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que
se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
que, junto con su reglamento de desarrollo ¿actualmente en trámite¿, garantizará
la transposición de la Directiva.
Lan honetan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2010/75/EB Zuzentarauaren eragina aztertzen da. Horretarako, lehenik eta behin,
Zuzentarauaren inguruabarrak eta alderdi azpimarragarrienak adierazten dira,
eta, ondoren, ingurumen-ikuskaritzaren araubidean murgiltzen da. Oso gai berria
da, ingurumen-ikuskaritzari buruzko gutxieneko araudi bat sortu den lehenengo
aldia baita; orain arte, arau-baliorik gabeko Europako gomendio bat besterik ez
zegoen. Hain zuzen ere, Estatu kideei gai horretan ezarritako betebeharrak aztertzen
dira lanean; instalazioen gaineko ingurumen-ikuskaritzako sistema bat ezartzekoa,
eta aurrezarritako ingurumen ikuskaritzako programen oinarrian egongo
diren ikuskaritza planak osatzekoa, instalazioak bisitatzeko maiztasuna instalazioaren
beraren motaren arabera finkatuta. Era berean, Zuzentaraua Espainiara
egokitzeari buruzko oharrak egiten dira, aintzat hartuta orain dela gutxi ekainaren
11ko 5/2013 Legea onartu dela, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari
buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea eta hondakinen eta lurzoru kutsatuen gaineko
uztailaren 28ko 22/2011 Legea aldatzen dituena. Lege berri horren eta egun
izapidetzen ari diren garapen-erregelamenduen bidez, bermatuta geldituko da
Zuzentarauaren egokitzea.
This study analyses the impact of Directive 2010/75/EU of the
European Parliament and the Council, of 24 November 2010, on industrial
emissions on the legislation governing environmental inspection. To this end,
after providing a general discussion of the Directive and pointing out its most
outstanding features, we focus on the regulation of environmental inspection
that it contains. This is its most novel feature because it is the first time that a
minimal regulation of environmental inspection has been included in a directive
(to date, within the community, it had only been the object of a recommendation
of no normative value). In particular, our study focuses on the obligations of
the member states in this area, which are largely to set up a system by which
installations can be environmentally inspected and inspection plans drafted on the
basis of which programmes for routine environmental inspection will be drawn
up that include the frequency of site visits for different types of installations. Also
discussed is the transposition of the Directive in Spain, bearing in mind that Law
5/2013, of 11 June, has recently been passed to modify Law 16/2002, of 1 July,
on the integrated prevention and control of pollution, and Law 22/2011, of 28
July on waste and polluted soil which, in conjunction with their regulation for
implementation, guarantee the transposition of the Directive.